Cursa con alcance resolución 335/2009, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que resuelve licitación pública que indica
- Fecha
- 4 de febrero de 2010
- Fuentes legales
- ley 18575 art/8, ley 19880 art/7, dfl 1/19653/2000 sepre
- Descriptores
- cenabast
- Cita
- Dictamen N° 6.369 de 2010
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 67.334 de 2012
- Aplica Dictamen N° 55.254 de 2012
- Aplica Dictamen N° 28.910 de 2012
- Aplica Dictamen N° 22.763 de 2012
- Aplica Dictamen N° 18.532 de 2012
- Aplica Dictamen N° 81.259 de 2011
- Aplica Dictamen N° 75.340 de 2011
- Aplica Dictamen N° 71.488 de 2011
- Aplica Dictamen N° 63.199 de 2011
- Aplica Dictamen N° 53.037 de 2011
- Aplica Dictamen N° 53.036 de 2011
- Aplica Dictamen N° 52.712 de 2011
- Aplica Dictamen N° 52.537 de 2011
- Aplica Dictamen N° 48.484 de 2011
- Aplica Dictamen N° 46.437 de 2011
- Aplica Dictamen N° 40.897 de 2011
- Aplica Dictamen N° 37.101 de 2011
- Aplica Dictamen N° 33.290 de 2011
- Aplica Dictamen N° 20.550 de 2011
- Aplica Dictamen N° 79.588 de 2010
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 6.369 Fecha: 04-II-2010 Esta Contraloría General ha procedido a tomar razón de la resolución N° 335, de 2009, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que resuelve la licitación pública ID 5599-118-LP09. No obstante, cumple con hacer presente que la aludida adjudicación ha sido aprobada por el acto en examen y remitida a este Organismo Fiscalizador para su control preventivo de legalidad, con evidente retraso, ya que dicha resolución fue dictada el 19 de noviembre de 2009 e ingresada a esta Contraloría General con fecha 7 de enero de 2010. La demora señalada, tal como lo ha informado esta Contraloría General, entre otros, en sus dictámenes N°s. 53.114 y 27.815, ambos de 2008, implica una infracción tanto al artículo 8° de la ley N° 18.575, que impone a los órganos de la Administración del Estado, el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites pertinentes. Se debe tener especialmente presente, además, que las primeras fechas de entrega fijadas del producto adjudicado ya transcurrieron. Atendido lo anterior, ese Organismo Público deberá adoptar, en lo sucesivo, las medidas que sean necesarias a fin de que sus actos administrativos se dicten y envíen a trámite de toma de razón oportunamente cuando ellos deban producir sus efectos en una determinada fecha, tal como ocurre en la especie. Con el alcance señalado, se ha dado curso regular al instrumento referido.
nombre reservado
Contralor General de la República