Cursa con alcance el decreto N° 141, de 2018, del Ministerio de Obras Públicas
- Fecha
- 22 de febrero de 2019
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- Ley 19880 art/7
- Descriptores
- Facultades CGR, toma de razón, obras públicas, concesión, modificación por razones de interés público
- Cita
- Dictamen N° 5.431 de 2019
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 21.888 de 2019
- Aplica Dictamen N° 21.887 de 2019
- Aplica Dictamen N° 16.155 de 2019
- Aplica Dictamen N° 12.109 de 2019
- Aplica Dictamen N° 11.548 de 2019
- Aplica Dictamen N° 11.393 de 2019
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 26.836 de 2018
- Aplica Dictamen N° 36.936 de 2017
- Aplica Dictamen N° 75.957 de 2016
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 5.431 Fecha: 22-II-2019 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Variante Vespucio – El Salto – Kennedy”.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que el acto administrativo en examen ha sido remitido para su toma de razón con retraso, toda vez que data del 6 de noviembre de 2018, y dispone la medida que indica a partir del 1 de enero de 2019, siendo ingresado a este órgano fiscalizador sólo el 17 de este último mes y año.
La demora aludida, tal como se le ha manifestado en reiterada jurisprudencia administrativa -vgr., dictámenes N°s 75.957 de 2016, 36.936 de 2017, y 26.836 de 2018- implica una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes.
Con el alcance precedente, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., nombre reservado
Contralor General de la República