Cursa con alcances el decreto N° 27, de 2019, del Ministerio de Obras Públicas
- Fecha
- 21 de agosto de 2019
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- ley 18575 art/8, ley 19880 art/7
- Descriptores
- facultades cgr, toma de razón, obras públicas, modificación contrato concesión, interés público, demora tramitación
- Cita
- Dictamen N° 21.803 de 2019
Relaciones
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 17.347 de 2019
- Aplica Dictamen N° 12.230 de 2019
- Aplica Dictamen N° 11.547 de 2019
- Aplica Dictamen N° 26.836 de 2018
- Aplica Dictamen N° 11.784 de 2018
- Aplica Dictamen N° 38.221 de 2017
- Aplica Dictamen N° 36.936 de 2017
- Aplica Dictamen N° 25.641 de 2016
- Aplica Dictamen N° 92.694 de 2015
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 21.803 Fecha: 21-VIII-2019 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de interés público las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos” adjudicado por el decreto N° 845, de 1996, de ese Ministerio -formalizando lo dispuesto a través de las resoluciones exentas que indica-, y aprueba el convenio ad-referéndum N° 7.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que el acto administrativo en examen ha sido dictado y remitido para su toma de razón con retraso, toda vez que data del 25 de febrero de 2019, aprueba un convenio de 23 de enero de 2019 y las resoluciones exentas que formaliza se dictaron los años 2017 y 2018, siendo ingresado a este órgano fiscalizador el 30 de julio del presente año.
La demora aludida, tal como se le ha manifestado en reiterada jurisprudencia administrativa -vgr., dictámenes N°s 36.936, de 2017, 26.836, de 2018, 12.230 y 17.347, de 2019- implica una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes.
Asimismo, corresponde expresar que la formalización de las modificaciones de que se trata, ha debido dictarse y remitirse a trámite con la debida oportunidad, de modo tal que el control previo de juridicidad que se lleve a cabo pueda efectuarse en forma eficaz -lo que no ocurre en la especie, toda vez que se disponen medidas que se encuentran materializadas-, tal como se le ha señalado a ese ministerio respecto de situaciones similares, entre otros, a través de los dictámenes N°s 92.694, de 2015, 25.641, de 2016, 38.221, de 2017, 11.784, de 2018, 11.547 y 17.347, ambos de 2019, todos de este origen.
Finalmente, respecto al N° 7 del documento en examen, debe anotarse que se advierte un error en el año del decreto N° 113, del Ministerio de Obras Públicas.
Con los alcances que preceden, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.
Saluda atentamente a Ud., nombre reservado
Contralor General de la República