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Derecho público chileno

DictamenN° 83.475 de 201319 dic 2013

Se abstiene de emitir un pronunciamiento jurídico por carecer de competencia para intervenir en la materia planteada

Fecha
19 de diciembre de 2013
Materia
Probidad, transparencia e inhabilidades
Criterio
Aplica Jurisprudencia
Fuentes legales
ley 18695 art/40 inc/3, Ley 18695 art/89, ley 18575 art/52, ley 18755 art/53, ley 18695 art/76 lt/f, ley 18695 art/77
Descriptores
Mun, abstención, probidad, concejal
Cita
Dictamen N° 83.475 de 2013

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Este documento se refiere a

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° 83.475 Fecha: 19-XII-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor nombre reservado, concejal de la Municipalidad de San Joaquín, denunciando que otro edil del mismo municipio, la señora nombre reservado incurrió en las irregularidades que indica, las cuales, según el recurrente, constituyen conductas que atentan en contra de la probidad administrativa. Sobre la materia, cumple manifestar que en atención a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 40 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, resultan aplicables a los concejales las normas que consagran el principio de la probidad administrativa, establecido en los artículos 52 y 53 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer presente que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 89 de la indicada ley N° 18.695, a los concejales no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal. Al respecto, este Organismo Contralor ha explicitado a través de los dictámenes N°s. 12.998, de 2011, y 74.983, de 2012, entre otros, que los concejales no tienen el carácter de funcionarios públicos y, por tanto, no están sujetos a responsabilidad administrativa, procediendo únicamente perseguir las eventuales responsabilidades civiles y penales que pudieren afectarles, en sede jurisdiccional o bien, en caso que ciertas situaciones sean susceptibles de calificarse como contravenciones al principio de probidad administrativa, requerirse por cualquier concejal la declaración de cesación en el cargo ante el tribunal electoral regional respectivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76, letra f), y 77 de la mencionada ley N° 18.695. Como es posible advertir de lo referido precedentemente, esta Entidad Fiscalizadora carece de potestades sancionatorias respecto de los concejales, así como tampoco -en términos generales- tiene competencia para fiscalizar sus actuaciones (aplica dictamen N° 11.330, de 2010). En consecuencia y en mérito de lo expuesto, este Organismo de Control debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado. Saluda atentamente a Ud. nombre reservado

Contralor General de la República