Inaplicabilidad de los artículos 38 de la ley n?* 18.287, y 50 b, de la ley n? 19.496

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2020

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE

Sentencia

Rol 7760-2019

[8 de marzo de 2020]

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY N?* 18.287, Y 50 B, DE LA LEY N? 19.496

nombre reservado

EN EOS AUTOS INFRACCIONALES CARATULADOS “nombre reservado CON LATAM AIRLINES GROUP 5.A.”, SEGUIDOS ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE SANTIAGO BAJO EL ROL N? 29.429-2017, EN ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE SUPREMA, POR RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, BAJO EL ROL N?* 31.912-2019

VISTOS:

Con fecha 12 de noviembre de 2019, nombre reservado, ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 38 de la Ley N* 18.287, y 50 B, de la Ley N?* 19,496, en los autos infraccionales caratulados “nombre reservado con Latam Airlines Group S.A.”, seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago bajo el Rol N? 29.429-2017, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo, bajo el Rol N* 31.912-2019.

Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

“Ley N* 18.287 (..)

Artículo 38.- No procederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local.”.

“Ley N* 19.496 (.,)

Artículo 50 B.- En lo no previsto por el procedimiento establecido en el párrafo 2? de este Título, se estará a lo dispuesto en las leyes N*s. 18.287 y 15.231 y, en subsidio, a lo dispuesto en las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. En el caso del procedimiento contemplado en el párrafo 3? de este Título, en lo no previsto se estará a lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Civil.”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

* La requirente explica que ha sido deducido recurso de casación en el fondo ante la

Corte de Apelaciones de Santiago en el contexto de un proceso infraccional que se sustanció ante el 2” Juzgado de Policía Local de Santiago. Indica que en dicha causa denunció a la empresa Latam Airlines Group S.A. por infracción a normas de la Ley N? 19.496, en tanto, arguyó, el hecho de que se cancelara un vuelo de regreso a su parte por no haber tomado el pasaje de ida, previamente adquirido, vulneraría los principios de buena fe recogidos en dicho cuerpo legal, en lo que se refiere a los contratos de adhesión.

La sentencia de primera instancia, de junio de 2018, no dio lugar a la querella infraccional, rechazando la demanda civil. Dicha sentencia, apelada, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2019.

Fundó la actora un recurso de casación en el fondo, respecto de dicha sentencia de alzada, en que ésta sería errónea en la interpretación del artículo 16 literal a) de la Ley N? 19.496, contraviniendo formalmente dicha disposición, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 del mismo cuerpo legal.

No obstante, señala que las normas cuestionadas restringen la interposición de dicho recurso, impidiendo a su parte solicitar la corrección de los errores de derecho en que habría incurrido la Corte de Apelaciones de Santiago en la dictación de la sentencia de septiembre de 2019.

Dado lo expuesto refiere que se producen vulneraciones a la Constitución.

En primer término, la requirente de inaplicabilidad denuncia infracción al artículo 19 N? 3 de la Constitución, alegando vulneración al debido proceso, dentro del cual se encuentra el derecho al recurso, o derecho a impugnar, que busca asegurar el derecho de defensa del perjudicado por el error o la injusticia en el acto procesal, finalidad que debe extenderse, siempre, a todo tipo de proceso.

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De presentarse lo anterior, expone, se produciría un tratamiento desigual y arbitrario, así como injustificado, capaz de vulnerar el debido proceso. A diferencia de su parte, en que accionó individualmente, refiere que cuando se deducen querellas infraccionales y demandas civiles colectivas por infracciones a la Ley del Consumidor, es posible interponer recursos de casación en el fondo en contra de las sentencias de la Corte de Apelaciones.

Y esa, agrega, es una diferencia arbitraria. En la acción que dedujo no es posible interponer recurso de casación en el fondo, lo que vulnera, alega en segundo término, la disposición contenida en el artículo 19 N*2 de la Constitución, vinculada con la noción de debido proceso.

En la especie, indica que el fallar un asunto sin dar a conocer la ponderación de los hechos y el derecho, haciéndose cargo de los graves errores de derecho planteados, es una infracción al debido proceso, el que se reforzado por la imposibilidad que le legislador plantea al prohibir expresamente recurrir para ante el superior jerárquico,

esto es, la Corte Suprema.

La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que si los preceptos de excepción, en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas produciéndoles menoscabo sin fundamento o justificación, importa la comisión de una diferencia arbitraria, cuestión que sucede, en la especie, dada la eventual

aplicación de la normativa cuestionada.

Por lo expuesto solicita que el libelo sea acogido.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 19 de noviembre de 2019, a fojas 29, disponiéndose la suspensión del procedimiento. A su tumo, en resolución de fecha 10 de diciembre de 2019, a fojas 100, se declaró admisible, confiriendo traslados de estilo.

Traslados

Con fecha 31 de diciembre de 2019, evacúa traslado Latam Airlines Group S.A., solicitando el rechazo del requerimiento.

Comienza haciendo una relación de los hitos procesales de la gestión pendiente y enunciando las garantías constitucionales que la actora estima amagadas por la

aplicación de la normativa cuestionada.

Indica, en primer término, refiriéndose a la infracción al debido proceso, que todos sus elementos se han cumplido en la gestión pendiente, garantía que, por tanto, no se

ha visto afectada.

Refiere que en nuestro derecho el recurso de casación es extraordinario, por lo que el legislador lo establece respecto de determinadas sentencias y sobre específicas causales. Es un recurso excepcional, a diferencia de otros generales, como la apelación,

de general procedencia.

Así, el debido proceso no exige la necesidad de contar siempre con este recurso. Indica que la Constitución no contiene una idea preconcebida acerca de cuantos tribunales deben revisar una decisión de un asunto controvertido o de cómo se debe estructurar el proceso de revisión, ni menos, lo requisitos y condiciones con que debe contar una

sentencia.

La Constitución exige al legislador garantizar a las personas el acceso a impugnación que signifique revisión de lo fallado por un tribunal inferior, por otro superior. En lo

anterior, el legislador ostenta libertad para configurar el mecanismo de impugnación.

En el caso concreto fue dictada una sentencia de primera instancia. Se busca casar la sentencia dictada contra el fallo que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la requirente de inaplicabilidad. Así, el actor tuvo el derecho a impugnar la decisión de primera instancia y que ésta fuera debidamente revisada por un tribunal superior.

Ha tenido derecho a unjusto y racional procedimiento, gozando de todas las garantías procesales que entrega la ley y, especialmente, que su causa sea conocida en doble

instancia.

Agrega, en lo concerniente a la falta de argumentaciones en la sentencia de segunda instancia, conforme lo denuncia el requirente, que es habitual encontrar fórmulas en las sentencias que examinan este tipo de recursos el ocupar criterios sintéticos que parecen insuficientes. Sin embargo, la ley norma esta situación en el artículo 170, inciso final, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ello recoge criterios de economía procesal, permitiendo al sentenciador eludir formalismos, haciendo suyas las referencias que estaban latamente consideradas en la sentencia de primera

instancia.

Por último, indica la requerida, frente a la alegación de diferencias arbitrarias en los procedimientos establecidos en la Ley N? 19,496, que ello no es efectivo. Bajo la Ley del Consumidor las acciones de interés individual y aquellas que se promueven de interés colectivo o difuso, se promueven en procedimientos completamente diferentes. En el caso del interés individual, se ha establecido un procedimiento breve y sumario, que permite entregar una resolución pronta al asunto, apreciando prueba conforme sana crítica, y pudiendo comparecer el consumidor afectado son la asistencia de letrado.

A diferencia, las acciones de interés colectivo o difuso requieren de un procedimiento de lato conocimiento, el que permite determinar los hechos que configuran una afectación colectiva de derechos, determinar los consumidores afectados, sus grupos o subgrupos, recibir prueba que, por su naturaleza y complejidad debe ser apreciada 000126 .

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conforme reglas de prueba tasada, y determinar, eventualmente, las indemnizaciones

o compensaciones respectivas.

Así, son procedimientos distintos, llamados a proteger diferentes realidades. Por ello el negar el recurso de casación no es una decisión arbitraria, sino que plenamente justificada. Ambos procedimientos contemplan doble instancia, procediendo el

recurso de apelación.

No se vulnera la igualdad ante la ley ni la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Por el contrario, agrega la requerida, frente al reconocimiento legal de situaciones diferentes, se reconoce en ambos procedimientos las garantías de un

racional y justo procedimiento.

Agrega que el ejercicio de comparación es erróneo porque se intenta una comparación entre situaciones diferenciadas, no entre quienes se ubiquen en un plano de igualdad, La restricción se impone por igual a todos quienes se encuentran sometidos a un

procedimiento que se rija por la ley especial.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 21 de enero de 2020 se verificó la vista de la causa, oyéndose la

relación pública, y los alegatos por la parte de Latam Airlines Group S.A., del abogado don Guillermo Bofill Ferretti. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme fue

certificado por el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

D LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE

PRIMERO: La gestión judicial pendiente ante la jurisdicción ordinaria en respecto de la cual se pide la declaración de inaplicabilidad que motiva el requerimiento de estos autos constitucionales, consiste en un recurso de casación en el fondo, deducido por el demandante y requirente de autos, don nombre reservado, contra la sentencia definitiva de segundo grado emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 25 de septiembre de 2019, que confirmó sin modificaciones la de 8 de junio de 2018 del 2"Juzgado de Policía Local de Santiago, la cual, a su vez, desestimó la querella infraccional y demanda civil seguidas por el actor contra la empresa Latam Airlines Group S.A., por presunta infracción de derechos cautelados en la Ley N*19.946, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

El recurso de casación mencionado se encuentra actualmente radicado ante la Corte Suprema, la cual no se ha pronunciado aún sobre su admisibilidad, con motivo de haberse dispuesto por la 22, Sala de este Tribunal Constitucional la suspensión del procedimiento (fs. 29).

11) LA CUESTIÓN DE INAPLICABILIDAD

SEGUNDO: El requerimiento solicita la inaplicabilidad del artículo 38 de la Ley N?

18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local (07.02.1.984) y del artículo 50 B) de la Ley N* 19.946, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (7.03.1.997), por estimar que ambos preceptos legales infringen el derecho a un racional y justo procedimiento “en aquella parte que garantiza el llamado derecho al recurso y el principio de igualdad ante la ley en cuanto no establecer diferencias arbitrarias, ambos consagrados en nuestra Constitución Política ...” (fs. 4).

Los preceptos cuestionados disponen:

“No procederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local” (artículo 38 de la ley N”* 18.287).

“En lo no previsto por el procedimiento establecido en el párrafo 2” de este Título, se estará a lo dispuesto en las leyes N*s. 18.287 y 15.231 y, en subsidio, a lo dispuesto en las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. En el caso del procedimiento contemplado en el párrafo 3? de este Título, en lo no previsto se estará

a lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Civil,

TERCERO: Observa el requirente que los preceptos de excepción contenidos en una ley, “en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importan la comisión de diferencia arbitrarias” (fs. 6). De manera que cuando se interponen querellas infraccionales y demandas civiles individualmente por infracción a la Ley del Consumidor, no es posible interponer recurso de casación en el fondo, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N” 18,287, en tanto que, cuando se interponen las mismas acciones basadas en el interés colectivo o difuso de los consumidores, sí es factible dicho recurso, al tramitarse ante los juzgados civiles, conforme a las reglas generales. Lo anterior constituye una diferencia arbitraria, que no encuentra ninguna justificación racional, vulnerando de esta manera el principio de igualdad ante la ley consignado en el artículo 19 número 2 y al debido proceso del artículo 19 número 3 inciso sexto, ambos de la Constitución Política” (fs. 5).

Añade que la proscripción del recurso de casación, por el artículo 38 de la ley N* 18.287, afecta el derecho al recurso o derecho a impugnar, lo que carece de justificación racional y menoscaba efectivamente su derecho a la defensa.

CUARTO: Como el conflicto constitucional se enmarca en la imposibilidad de impetrar la nulidad de la sentencia definitiva que habría sido dictada con infracción de ley mediante el recurso de casación en el fondo, esta sentencia analizará

primeramente las cualidades particulares del recurso de casación en el fondo.

1D ¡CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.

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QUINTO: El recurso de casación en el fondo “es un acto jurídico procesal de parte agraviada con determinadas resoluciones judiciales, para obtener de la Corte Suprema que las invalide por haberse pronunciado con una infracción de ley que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, y que las reemplace por otra resolución en que la ley se aplique correctamente” (nombre reservado y nombre reservado, “Los Recursos Procesales”, Segunda edición, Editorial Jurídica de Chile, 2012, p. 294).

Según la doctrina nacional especializada el recurso de casación en el fondo presenta

las siguientes características:

a) Es un recurso extraordinario, por cuanto procede en contra de determinadas resoluciones judiciales y por una causal específica en materia civil, esto es, por haberse pronunciado la sentencia con una infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Es un recurso de nulidad, pero persigue otro objetivo, como es el reemplazo del fallo en que se cometió la infracción de ley por otro en que ésta se aplique

correctamente.

Cuando la Corte Suprema acoge un recurso de casación en el fondo pronuncia dos resoluciones, a saber, una sentencia de casación, en la que anula la resolución recurrida, denunciando la infracción de ley o error de derecho en que se ha incurrido,

y una sentencia de reemplazo, en la que resuelve el conflicto aplicando correctamente

el derecho.

c) Es un recurso de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema,

quien lo conoce en sala.

d) El recurso de casación en el fondo es de derecho estricto y formalista.

e) Se presenta directamente ante el Tribunal que dictó la resolución casable

(Tribunal a quo) para ante la Corte Suprema (tribunal ad quem) (artículo 771 CPC).

El tribunal a quo en el recurso de casación en el fondo es siempre una Corte de Apelaciones o un tribunal arbitral de segunda instancia, compuesto por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido asuntos de la competencia de dichas Cortes. Asimismo, puede revestir el carácter de tribunal a quo algún tribunal especial, como es el caso, v.gr., de las Cortes Marciales en la jurisdicción penal militar.

5 No constituye una instancia, porque la Corte Suprema no va a conocer ni

resolver las cuestiones de hecho de la causa, sino solamente las de derecho, y por las

* Tomado del libro “Los Recursos del Código de Procedimiento Civil en la doctrina y la jurisprudencia”, Tomo IL, del jurista nombre reservado, Ed. Thomson Reuters, 2015, pp. 616-619. En el mismo sentido, nombre reservado y nombre reservado, “Los Recursos Procesales”, Segunda edición, Editorial Jurídica de Chile, 2012; nombre reservado, “Derecho Procesal: Juicio Ordinario y Recursos Procesales”, Tercera edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991; nombre reservado, “De los Recursos Procesales”, Quinta edición, Editorial Distribuidora Universitaria Chilena, Santiago, 1980; nombre reservado, “Manual de Derecho Procesal”, Tomo IV, Editorial Librotecnia, Santiago, 2006 y nombre reservado, “Recursos Procesales Civiles”, Editorial LexisNexis, Santiago 2002.

infracciones de ley denunciadas en el recurso (arts, 805 y 807 CPC). Como dice nombre reservado “(...) mediante el recurso de casación en el fondo sólo se analiza la correcta aplicación de la ley, de suerte que si la sentencia impugnada contiene infracciones legales se dicta una nueva, haciendo una correcta aplicación de las disposiciones legales infringidas, respetando, en todo caso, los hechos en la misma forma como vienen establecidos en el fallo recurrido.” (“Manual de Derecho Procesal”, Quinta edición, Editorial Jurídica de Chile, Tomo IV, Santiago, 1997, p. 363).

g) Se establece en beneficio de las partes litigantes agraviadas (art. 771 CPC),

aunque h) Esrenunciable, sea expresa o tácitamente, dado que esté concedido a favor de

la parte agraviada.

IV) EL DERECHO AL RECURSO Y EL DEBIDO PROCESO

SEXTO: Al abordar este punto seguiremos, en lo que sea pertinente, lo expresado por esta Magistratura en las sentencias roles N%s 5557 y 7464 (y acumuladas), que rechazaron los requerimientos en que se solicitaba la declaración de inaplicabilidad

respecto del mismo artículo 38 de la ley N* 18.287.

En cuanto al derecho al recurso como un elemento integrante del debido proceso, cabe tener presente que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), proporciona abundante evidencia sobre la forma en que ese órgano transnacional ha interpretado el alcance de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que el Estado de Chile, suscriptor de ese tratado internacional aprobado por decreto supremo N* 873 (Relaciones Exteriores), publicado en el Diario Oficial de 5.01.1.991, se obligó a “respetar” esos derechos y garantías en el artículo 1.1 de su texto, sin perjuicio de su deber de su deber de respetar los mismos, sea contenidos en la Constitución o en los “tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, al tenor del inciso 2” del artículo 5? de nuestra propia Carta Fundamental. De allí la importancia del alcance atribuido al contenido de las respectivas garantías por los órganos encargados de conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estado Partes en la Convención, cuya interpretación y aplicación es reconocida como “obligatoria de pleno derecho” por los Estados signatarios, en el artículo 62 del correspondiente instrumento internacional;

SÉPTIMO: Si bien la Convención Americana no prevé excepciones al derecho a recurrir del fallo, como lo hace expresamente el Sistema Europeo (en el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), la Corte IDH ha indicado que no es per se contrario a la Convención Americana que se establezca en el derecho interno de los Estados que 000128

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en determinados procedimientos, ciertos actos de trámite no son objeto de impugnación. (nombre reservado nombre reservado vs. Argentina, 23.11.2012, párr. 94).

Ha apuntado también que “[Undependientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida” (nombre reservado nombre reservado vs. Costa Rica, 2.07.2004, párr. 165).

Lo que los Estados no pueden hacer es “establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo”, ya que dicha posibilidad “debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho” (nombre reservado nombre reservado, cit,, parr. 161 y 164; nombre reservado nombre reservado nombre reservado vs. Venezuela, 17.11.2009, párr. 90).

Es más, “[D]Je acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario y eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que 'no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos” (nombre reservado nombre reservado, cit., en la misma línea de los fallos en Casos: Baena Ricardo y otros, 28.11.2003, párr. 95; Cantos vs. Argentina. Excepción Preliminar, 7.09,2001, párr. 37 y Constantine y otros vs. Trinidad y Tobago. Excepción Preliminar, 21.06.2002, párr. 121).

La Corte IDH ha asumido entonces, respecto al derecho al recurso, una visión conforme al cual la existencia de un medio de impugnación que permita la revisión de la decisión jurisdiccional, ante un tribunal superior que reúna “las exigencias de competencia, independencia e imparcialidad que la Convención establece” (nombre reservado

nombre reservado y otros vs. Perú”, 30.05.1999, parr. 161), cumple suficientemente con el estándar de garantía que fija el artículo 8.h) de la Convención Americana.

OCTAVO: Como afirma con propiedad nombre reservado, “[N]Jo existe un derecho a la casación, a la apelación ni a un recurso determinado. En efecto, solo forma parte del debido proceso la existencia de un medio de impugnación que cumpla los requisitos antes enunciados, siendo indiferente el nombre que se le atribuya” (nombre reservado

nombre reservado: “¿Derecho a la Casación? Lectura a contracorriente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en: Estudios Constitucionales Vol. 13, N? 2, Stgo., 2015, p.

470).

NOVENO: La sentencia del 2? Juzgado de Policía Local de Santiago, que rechazó la querella infraccional y demanda civil del actor, fue recurrida de apelación ante la Corte de Apelaciones competente, la cual confirmó la sentencia apelada. El procedimiento al efecto está determinado en el Título III de la Ley 18.287, que autoriza recurrir por la vía de este recurso contra la sentencia definitiva y concede amplias

atribuciones al tribunal de alzada, que incluso puede pronunciarse sobre cualquier decisión del fallo de primera instancia, aunque en el recurso no se hubiera solicitado

su revisión (art. 34).

En este contexto, la exclusión del recurso de casación en todos los juicios de Policía Local, prescrita en el artículo 38, impugnado de inaplicabilidad, se inserta en plenitud en el entramado garantístico de la Convención Americana, desde que la actual requirente tuvo la oportunidad de recurrir ante el tribunal de alzada previsto en la ley, que revisó lo resuelto, tanto en los hechos como en el derecho.

DÉCIMO: Del mismo modo, el enunciado impugnado del artículo 38 de la Ley N* 18.287, respeta la racionalidad y justicia del procedimiento, exigibles conforme al artículo 19 N? 3, inc. 6”, de nuestra Carta Política. Tal requisito general debe ser leído en armonía con el parámetro instalado por la Corte Interamericana, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, independiente del valor infraconstitucional que la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha reconocido, en general, a los tratados internacionales sobre la materia como fuentes

materiales del derecho.

La interdicción del recurso extraordinario de casación, como un medio ordinario de impugnación contra sentencia que el ordenamiento nacional sujeta a doble control, a través del recurso de apelación ante el tribunal superior competente, sin restricciones que limiten su conocimiento y decisión, es, por lo tanto, en el contexto descrito, una opción legislativa del todo legítima que se conforma plenamente con la norma

constitucional reseñada y con los estándares internacionales sobre derecho al recurso.

V) EL ARTÍCULO 50B) DE LA LEY N* 19,496 y LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY

DÉCIMOPRIMERO: El mencionado artículo es controvertido solo por su relación con el artículo 38 de la Ley N* 18.287, en cuanto por su acápite segundo dispone que en lo no previsto en el párrafo 2? de la ley N” 19.496 (“Del procedimiento ante los juzgados de Policía Local”) del Título IV, sobre los procedimientos a que da lugar la aplicación de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, “se estará a lo dispuesto en la ley N* 18.287...y, en subsidio, a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil”.

DÉCIMOSEGUNDO: La Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores dispuso, en su Título TV, que las acciones derivadas de esa ley pueden ejercerse tanto a título individual, como en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores (art. 50, inc. 3%; estableciendo, asimismo, que las denuncias presentadas “en defensa del interés individual” pueden interponerse ante unjuzgado de policía local (art. 50), en tanto que las acciones que puedan

comprometer el interés colectivo o difuso de los consumidores, derivadas de los

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artículos 16, 16 A y 16 B de la ley, se radicarán ante los tribunales ordinarios, de acuerdo a las reglas generales (art. 50 A, inc. final).

DÉCIMOTERCERO: El legislador distinguió así claramente dos situaciones procesales, relacionadas con la competencia de los tribunales de justicia para conocer de dos clases de acciones en defensa de los derechos de los consumidores, en sus relaciones con los proveedores. Para ambos casos, configuró procedimientos distintos y ante magistraturas también diversas.

Respecto de las “acciones de interés individual”, se remitió a lo establecido en las leyes sobre procedimiento y de juzgados de policía local y, solo en su defecto, a lo normado en la legislación procesal civil general. En lo que toca a las “acciones para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”, solo se estatuye que, en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMOCUARTO: La discriminación arbitraria se produciría porque en el segundo

de estos procedimientos, la remisión formulada habilitaría a los agraviados por la

sentencia de segundo grado a interponer en su contra un recurso de casación en el

fondo, conforme a las normas generales del código procesal en lo civil. En tanto que

EN _ esta posibilidad le estaría vedada a quienes litigaren ante la justicia de policía local, Pao , Precisamente por el reenvío que hace el artículo 50 B de la ley de protección de los

' derechos de los consumidores a la misma normativa supletoria, pero que en este

segundo evento no tendría operatividad, en razón de la improcedencia del recurso de

casación, dispuesta en el artículo 38 de la Ley N* 18.287.

DÉCIMOQUINTO: No es difícil apreciar que estamos en a) presencia de acciones distintas: unas para el resguardo de acciones ejercidas a título individual y las otras para la defensa de intereses colectivos o difusos de los constumidores; b) sujetas a procedimientos desiguales: el de policía local, en el primer supuesto y el reglado en el párrafo 3? de la Ley N* 19.496, en el segundo; c) con legitimados activos también diversos: solo el consumidor afectado en el caso de las acciones individuales (art. 50H, inc. 1? ), mientras que las acciones colectivas pueden ser deducidas por un grupo de interesados en número no inferior a 50 o por personas jurídicas determinadas:

SERNAC, una Asociación de Consumidores, un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, en número no inferior a 50 personas (art. 51); d) la comparecencia en juicio se sujeta a reglas disímiles: cuando se ejercen acciones individuales, las partes pueden comparecer personalmente (art -54B), pero no lo pueden hacer ante los juzgados de policía local si la cuantía de los perjuicios excede de 4 unidades tributarias mensuales (art. 7%, inc. 2* de la Ley N* 18.287); y, por último, sin pretensión de ser exhaustivos, e) la sentencia en los procedimientos de policía local se subordinan a las reglas generales ilustradas en el artículo 3” del Código Civil, al tiempo que ante los juzgado de policía local, la sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad del o los demandados produce, por regla general, “efecto erga omnes” (art. 54, inc. 1? de la

ley del consumidor).

11 DÉCIMOSEXTO: El legislador es libre para configurar procedimientos diversos, en función de las particularidades de los juicios, que hagan aconsejable o no mecanismos de tramitación más concentrados y breves o de más lato desarrollo; sistemas de

apreciación de la prueba dispares; plazos de sustanciación divergentes, etc.

Es por eso que el constituyente “estimó conveniente otorgar un mandato al legislador para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador” (Rol 478, c. 14. En el mismo sentido, Roles 1518, c. 23; 1907, c. 51; 2166, c. 20 y 2682, c. 6, entre muchos otros).

DÉCIMOSÉPTIMO: El ejercicio verificado por el legislador de la ley N* 19.496, por la vía de la remisión al artículo 38 de la Ley N” 18.287, no ha importado, por lo tanto, que se exceda del principio de interdicción de la arbitrariedad, reconocido constitucionalmente en el artículo 19 N? 2, inc. 2%, de la Ley Fundamental.

Como ha expresado repetidamente esta Magistratura Constitucional, “la igualdad supone ... la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición; por lo que ella no impide que la legislación contemple, en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ...” Rol 53, c. 72. En igual sentido, roles 1812, c. 27 y 2022, c. 25). Es decir —como también se ha fallado — “la igualdad ante la ley presupone que se trate en forma igual a quienes son efectivamente iguales, y solo a ellos, y en forma desigual a quienes no lo sean” (Rol 811, c. 18).

DÉCIMOCTAVO: Como se ha demostrado, el artículo 50B de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, al remitirse al Código de Procedimiento Civil en el caso de existir un vacío en el procedimiento reglado para las acciones en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores, no solo determina una regla que no concierne al procedimiento sustanciado en autos -asociado a una acción de interés individual- sino que tampoco introduce una ordenación discriminatoria respecto de

sujetos procesales que se encuentren en la misma situación.

DÉCIMONOVENO: En atención a todo lo razonado, este requerimiento de inaplicabilidad será rechazado en todas sus partes.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N? 6, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

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SE RESUELVE:

1 QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIAP, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

IL. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de la Presidenta del Tribunal, Ministra señora -

MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y de los Ministros señores CRISTIÁN LETELIER SiS AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ sm Ex” GONZÁLEZ, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, por las siguientes

CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD

17. Que, el requerimiento de autos interpuesto por nombre reservado, tiene por objeto solicitar de esta Magistratura declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 de la Ley N*18.287 y 50 B de la Ley N*19.496, en la gestión judicial pendiente. Las normas objetadas son del siguiente tenor:

“Ley N"18.287:

Artículo 38: No procederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local.”

“Ley N*19.496:

Artículo 50 B: En lo no previsto por el procedimiento establecido en el párrafo 2? de este Título, se estará a lo dispuesto en las leyes N*s. 18.287 y 15.231 y, en subsidio, a lo dispuesto en las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. En el caso del procedimiento contemplado en el párrafo 3" de este Título, en lo no previsto se estará a lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Civil”;

2%, Que, el conflicto de constitucionalidad surge de la posibilidad de que el tribunal aplique las normas censuradas, en la causa Rol N*31.912-2019 tramitada ante la Corte Suprema y, por consiguiente, se le impida al requirente se resuelva recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma lo resuelto por el 2? Juzgado de Policía Local de Santiago.

13 En estas circunstancias, la requirente considera que se vulneraría el artículo 19 N*2 y N3 constitucional, al producirse una diferencia arbitraria, atendido al interés individual o colectivo que tengan las querellas infraccionales o demandas civiles que se interpongan en el procedimiento de protección al consumidor. En caso de que el interés sea individual, no procederá el recurso de casación en el fondo, como más adelante se explicará, infringiendo, además, la garantía del debido proceso,

especialmente del derecho al recurso.

Así lo expresó el libelo “cuando se interponen querellas infraccionales y demandas civiles individualmente por infracción a la ley del consumidor no es posible interponer recurso de casación en el fondo, al tramitarse conforme a las normas de la ley 18.287 que en su artículo 38 niega a todo evento el recurso de casación, mientras que cuando se interponen querellas infraccionales y demandas civiles por infracción a la ley del consumidor basadas en un interés colectivo o difuso si es posible dicho recurso, al tramitarse ante los juzgados civiles

correspondientes conforme a las normas generales” (fs 5).

Y respecto del N'3 del artículo 19 constitucional, la parte requirente estima que no se está asegurando el derecho al recurso, al impedir su interposición en ciertas situaciones como la de autos, argumentando que “En el caso concreto resulta atingente señalar que existe una indefensión constitucionalmente relevante, considerando que hay un efectivo menoscabo del derecho de defensa, al momento que se nos priva del derecho al recurso, que tiene como único objetivo corregir el vicio en que incurre la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago” (fs 6);

3”. Que, en síntesis, los preceptos legales impugnados impiden al requirente se resuelva el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia definitiva, en este caso, dictada el 25.09.2019 por la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol N*1789-2018, en que confirma la sentencia del 2? Juzgado de Policía Local de Santiago la que rechaza la denuncia por infracción de la Ley N*19.496 y, la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por la requirente en contra de LATAM AIRLINES GROUP S.A.;

ANTECEDENTES

4?. Que, cabe precisar que la Ley N*19.496 que “Establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”, en su artículo 50 B se remite en cuanto al procedimiento a seguir a la Ley N*18.287 que “Establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”, siendo entonces, aplicable al caso concreto el artículo 38 de la Ley N*18.287. De lo recién mencionado se infiere que, en materias de protección al consumidor, que sigue el procedimiento de policía local y cuando prime el interés

individual, no procederá el recurso de casación, tanto en la forma como en el fondo.

Este Tribunal ha conocido en ocasiones anteriores de las normas objetadas (STC Roles N?3099, 3100, 5557, entre otras), jurisprudencia que se tendrá presente en estos autos constitucionales;

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5%, Que, es menester señalar los antecedentes relevantes de la causa:

(a) Don nombre reservado interpone una denuncia y demanda de indenmización de perjuicios en contra de LATAM AIRLINES GROUP S.A., por supuestas infracciones a la Ley N*19,496, en relación a la venta de pasajes por parte de la denunciada.

(b) El 2? Juzgado de Policía Local de Santiago conoce de la referida denuncia y demanda. Con fecha 08.06.2018 rechaza la denuncia y demanda civil, por considerar que no existieron las infracciones declaradas, al tener el

denunciante pleno conocimiento de las condiciones de venta de los pasajes.

(c) Con fecha 26.07.2018 la denunciante presenta un recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, la que es confirmada el 25.09.2019 por la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N*1789-2018.

(d) Posteriormente, el 14.10.2019 la denunciante recurre de casación, fundado en que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 16 a) de la Ley N*19.496 (nulidad clausulas en los contratos de adhesión) y en que contravino formalmente tal artículo en relación con el artículo 23 de la misma ley, (norma que establece las situaciones en que el proveedor comete infracciones a la ley de protección al consumidor). Agrega que, si hubieren respetado las normas, el tribunal habría considerado que Latam Airlines Group S.A. vulneró los

derechos de los consumidores por aplicar cláusulas abusivas. La casación es respecto de la sentencia del tribunal de alzada, el que se tiene por interpuesto y es elevado ante la Corte Suprema, bajo el Rol N*31.912-2019, encontrándose

suspendida la tramitación;

6”. Que, de lo anteriormente expuesto se desprende que, en el caso concreto, la norma objetada no permite la revisión de los presuntos errores de derecho que pueda contener la sentencia de la Corte de Apelaciones. por encontrarse el requirente

impedido de recurrir de casación en el fondo;

EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO AL RECURSO

7”, Que, el debido proceso está contemplado en el inciso sexto, del N*3 del artículo 19 constitucional, que expresa “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Sobre ella, este Tribunal se ha referido en extenso, señalando que “El debido proceso contempla, entre sus elementos constitutivos el derecho al recurso, el cual consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo procedimiento necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones judiciales (STC Roles N*2743 C.26, 3119 C.19, 4572 C.13,

entre otras).

15 La doctrina también se ha pronunciado en este sentido, “impedir la revisión de los hechos es generar respuestas jurisdiccionales sujetas a errores que no garantizan la debida imparcialidad del juzgador, al no estar sujeto a control, examen o revisión de lo resuelto” (nombre reservado (2015) “Derecho al Recurso”, Ed. Jurídicas de Santiago, p.54);

8*, Que, de lo anterior, se colige que forma parte integrante del debido proceso el derecho a impugnar las resoluciones que causen agravio y, teniendo presente la historia fidedigna del establecimiento de esta garantía constitucional, esta Magistratura ha concluido que “se estimó conveniente otorgar un mandato al legislador para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador” (STC Rol N*481 c.7, en el mismo sentido 529, 1518, 2371, 5225, entre otras);

9, Que, en el mismo sentido, la doctrina ha sostenido que “La existencia de los recursos nace de la realidad de la falibilidad humana, que en el caso de la sentencia recae en la persona del juez, y en la pretensión de las partes de no aceptar la resolución que les cause un perjuicio por no haber acogido las peticiones formuladas en el proceso” (nombre reservado; nombre reservado (2010). Los recursos procesales. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 21);

RECURSO DE CASACIÓN

10%. Que, resulta oportuno efectuar algunas consideraciones acerca del recurso de casación. Para lo cual se tendrá presente sentencias precedentes de este Tribunal, respecto de la misma norma jurídica, como el voto por acoger en la sentencia rol N*5557-18, ocasión en que se impugnaron las mismas normas de estos autos constitucionales.

En primer lugar, la casación es un fecurso extraordinario, que permite a la Corte Suprema -que constituye el tribunal de casación en nuestro ordenamiento jurídico- uniformar los preceptos legales en su sentido y alcance.

La casación en rigor presenta una serie de aspectos relevantes para constituirse en un medio jurídico de envergadura que insufla el Estado de Derecho. Así la doctrina distingue entre la función nomofiláctica, definida como “la finalidad de mantener, en la actividad de los magistrados encargados de definir el derecho, la observancia de la ley” (P. Calamandrei, La Casación Civil, ed. bibliográfica, t. II, año 1945, p.85), que en nuestro ordenamiento jurídico corresponde a la Corte Suprema, y la función

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uniformadora de la jurisprudencia, que asegura la igualdad y unidad del derecho objetivo.

Por lo cual, “La ausencia de un recurso anulatorio efectivo respecto de decisiones que infrinjan la referida obligación, en cualquiera de las instancias del proceso, arriesga a dejarla indemne, con menoscabo injustificado de las partes y del interés público comprometido, consistente en la igual defensa de los derechos e intereses de los litigantes” (STC Rol N*3206 disidencia c.19);

11”. Que, en atención a lo expuesto y teniendo presente el caso concreto, las normas objetadas en materia de infracción a la ley del consumidor, desde que declaran improcedente la interposición del recurso de casación en tales juicios, queda la requirente en un estado de indefensión, al ver obstaculizada la facultad que tiene un tribunal superior para revisar sentencias que han sido dictadas con vicios o defectos,

lo que, además, ocasiona la vulneración de la garantía del debido proceso;

12. Que, al revisar la historia fidedigna del referido artículo 38, ésta “no aclara los fundamentos que se tuvieron a la vista por el legislador al momento de prohibir el recurso de casación en los juicios de policía local, solamente se puede deducir de la discusión legislativa, que se quiso dar una mayor expedición y eficacia a esta clase de procesos, considerando las materias que estos tribunales conocen; sin embargo, ello ha redundado en que la norma jurídica que impide la casación resulta ser contraria a la Constitución [...]” (STC Rol N*3100 voto disidente c.8);

137. Que, el juicio de razonabilidad que se puede efectuar a la norma jurídica objetada, en un contexto de racionalidad y justo proceso, conlleva a estimar que no hay un fundamento de esa naturaleza, o para decirlo más claro, resulta alejado de justificación admisible que en el procedimiento de policía local sea improcedente la interposición del recurso de casación, imposibilitando a la Corte Suprema de uniformar la aplicación de la ley en materias de competencia de los citados juzgados (STC Rol N*5557 voto por acoger c.7);

14?, Que, esta Magistratura ha señalado que “resulta un despropósito, conforme a las funciones y fines de la casación, la improcedencia de ella en el proceso local, particularmente de la casación en el fondo, por una doble razón: primero, impide a la parte, a quien le causa agravio la sentencia de alzada, reclamar los errores de derecho que contenga la sentencia apelada, y dichos errores hayan influido sustancialmente en la parte dispositiva de lo fallado. Es humanamente posible que tanto el juez de la instancia, como los magistrados del tribunal de alzada, dicten una sentencia, que, a juicio de una de las partes, contenga infracciones de ley, siendo razonable el derecho de la parte a que dicho fallo lo revise el tribunal llamado a casar eventualmente la sentencia errónea. Y lo segundo, desde la perspectiva del tribunal de casación, al verse imposibilitado de conocer sentencias inapelables, dictadas por las Cortes de Apelaciones en materia de Policía Local, se restringe su competencia en su labor esencial de uniformar el derecho. Queda así un alero de la actividad jurisdiccional que

está bajo la égida del tribunal de casación, impedido de revisar si efectivamente existió

17 error de derecho o infracción de ley en la sentencia del caso, como ocurre en la especie que origina la acción de inaplicabilidad deducida en estos autos” (STC Rol N*5557

voto por acoger c.9).

La garantía constitucional del debido proceso señala que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y agrega que corresponde al legislador establecer las garantías de un racional y justo procedimiento. La procedencia del recurso de casación en el fondo es uno de los instrumentos más importantes para dar eficacia a este derecho constitucional.” (STC Rol N“205 c.8);

DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

157, Que, vinculado a lo anterior, la requirente también considera que las normas objetadas ocasionan una discriminación arbitraria en el caso de estos autos constitucionales, pues se realiza una distinción en atención a las querellas infraccionales y demandas civiles por infracción a la ley del consumidor que se basan en un interés individual o colectivo. De esta forma, el artículo 50 B de la Ley N*19.496 al establecer que en lo que no se prevea en el procedimiento establecido en el párrafo 2”, esto es “Del procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”, se estará a lo dispuesto en la Ley N*18.287 y en subsidio en las normas del CPC. Pero que tratándose del procedimiento contemplado en el párrafo 3? “Del Procedimiento Especial para Protección del Interés Colectivo o Difuso de los Consumidores” se estará a lo dispuesto en las normas del CPC.

Por consiguiente, al hacer esta distinción, en caso de que las acciones sean ejercidas en virtud de un interés individual estarán afectas al artículo 38 de la Ley N”18.287 y no podrán interponer recurso de casación. Por el contrario, tratándose de acciones ejercidas en virtud del interés colectivo o difuso se regirán por las normas del CPC, no afectándoles el artículo 38 de la Ley N?18.827;

16”. Que, en relación a la garantía de no discriminación arbitraria, cabe señalar que este Tribunal ha expresado en variadas ocasiones que la igualdad supone la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condiciones, de tal forma “no se impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo, debiendo quedar suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de sus potestades, puede establecer regímenes especiales, diferenciados y desiguales, siempre que ello no revista el carácter de arbitrario” En palabras del Tribunal Constitucional español, “no toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella que se funda en una diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con criterios o juicios de valor

generalmente aceptados” (SIC 128/1987). De esta forma, un primer test para

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determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad y la circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentran en la misima situación prevista por el legislador (STC Rol N986 c.32, N*1951, c.16, entre muchas otras);

17”. Que, por consiguiente, al encontrarse la requirente impedida de interponer el recurso de casación en el fondo, sin existir una mayor justificación en ello, y teniendo presente que esta situación se habría evitado si el interés que tiene la requirente fuese velar por un interés colectivo y no individual, el precepto objetado ocasiona una

discriminación arbitraria;

CONCLUSIONES

18". Que, el examen de constitucionalidad efectuado respecto del artículo 38 de la Ley N*18.287 produce directamente un efecto contrario a la Constitución en la gestión pendiente. Por su parte, el artículo 50 B de la Ley N”19.496 produce el mismo resultado en forma indirecta, al remitirse al procedimiento de Policía Local en materias de protección al consumidor y, por consiguiente, declarando improcedente la interposición del recurso de casación en los juicios de Policía Local;

19”, Que, de lo considerado precedentemente es dable concluir que el efecto contrario a la Carta Fundamental se concreta, en la gestión pendiente, en dos órdenes de cosas:

una, que a la parte requirente se le impide el derecho al recurso, con lo cual de contener

lo fallado por el Tribunal de Alzada, errores de derecho que pudieran incidir en lo dispositivo de lo resuelto, hacen imposible su revisión y eventual enmienda. Por otra parte, un procedimiento racional y justo implica también el ejercicio de la jurisdicción, que permite al Estado garantizar la vigencia efectiva del derecho, y a las partes una solución efectiva y ajustada a la ley, situación que se inhibe al tribunal llamado por la Constitución y la ley a conocer de la casación, como lo es la Corte Suprema;

20". Que, los poderes públicos, cualesquiera sea su naturaleza y competencia, tienen la obligación de cumplir los preceptos establecidos en la Constitución. nombre reservado contrario, vulneran lo dispuesto en el artículo 6 constitucional.

Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y la disidencia, el Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N? 7760-19-INA

19 ¡MERO

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, DOMINGO HERNÁNDEZ EMPARANZA, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

Se certifica que el Ministro señor DOMINGO HERNÁNDEZ EMPARANZA concurrió al

Autoriza la Meza.

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