Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A fojas 1, con fecha 29 de octubre de 2018, nombre reservado

nombre reservado deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 38, de la Ley N' 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y del artículo 50 B) de la Ley N* 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para que surta efectos en la causa caratulada “nombre reservado con nombre reservado Chile”, seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Ingreso Corte Policía Local N* 1915-2017.

Los preceptos legales impugnados disponen:

- Art. 38 L. 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local:

No procederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local

- Art. 50 B) L. 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los

Derechos de los Consumidores:

Los procedimientos previstos en esta ley podrán iniciarse por demanda, denuncia o querella, según corresponda. En lo no previsto en el presente Párrafo, se estará a lo dispuesto en la ley N* 18.287 y, en subsidio, a las normas del Código de Procedimiento Civil.

Conforme se indica en el requerimiento y consta de los antecedentes allegados al proceso, puede consignarse como antecedentes que la actora señora nombre reservado dedujo querella infraccional contra nombre reservado ante el 5% Juzgado de Policía Local de Santiago (Rol N* 19.065-2016), por infracción al derecho a acceso a información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor (de acuerdo al artículo 3% de la Ley N* 19.496), y demandó indemnización de perjuicios por daño emergente y daño moral con motivo del incumplimiento de obligaciones del proveedor, en razón del cobro por nombre reservado de la garantía estatal de un crédito de la actora, y su inclusión en el Boletín Comercial Dicom, sin haber agotado previamente la cobranza prejudicial la institución financiera (como ordena el artículo 6 de la Ley N* 20.027, que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior, y el artículo 35 de su Reglamento), y por infringir el artículo 37 de la misma ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que obliga al proveedor del crédito a realizar a lo menos una gestión útil cuyo fin sea el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por sentencia de 21 de agosto de 2017, el Juez de Policía Local rechazó la querella infraccional y la demanda civil. La actora apeló, y por sentencia de 3 de

octubre de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó la sentencia recurrida.

Luego, la requirente dedujo recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema en contra de la sentencia del tribunal de alzada, por errónea interpretación del artículo 3 b) de la Ley N* 19.496; por contravención formal del artículo 6% de la Ley N* 20.027 y su Reglamento, del artículo 37 g) de la Ley N* 19.496, y del texto del contrato suscrito por las partes; y por falsa aplicación de la ley, en cuanto al mismo artículo 3 b).

Encontrándose pendiente de proveer dicho recurso de casación, y paralizada la causa sub lite conforme a lo ordenado por este Tribunal Constitucional, es que se impetra el presente requerimiento de inaplicabilidad, en que se impugnan, precisamente, el artículo 38, de la Ley N* 18.287, en cuanto prescribe que no procederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local, y el artículo 50 B) de la Ley N* 19.496, en cuanto preceptúa que respecto de los procedimientos previstos en esta ley, en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en la ley N* 18.287 y, en subsidio, a las normas del Código de Procedimiento Civil.

Luego, y entrando al conflicto constitucional sometido a resolución de esta Magistratura Constitucional, afirma la requirente que los preceptos legales impugnados, cuya aplicación es decisiva en la gestión invocada, desde que de no ser declarada su inaplicabilidad, necesariamente su recurso de casación será declarado inadmisible. En efecto, los preceptos impugnados impiden a todo evento la procedencia del recurso de casación en el fondo contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en estos juicios por infracción a la Ley del Consumidor, sustanciados ante los Juzgados de Policía Local. Este impedimento absoluto, conforme se afirma en el requerimiento, vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, y la igualdad ante la ley, infringiéndose en el caso concreto los numerales 2 y 3, inciso sexto, del artículo 19 constitucional.

Así, dentro del debido proceso, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, han reconocido como integrante de dicha garantía el derecho al recurso o a impugnar la decisión de un tribunal, que le causa agravio, ante el superior jerárquico, para poder enmendar los errores en la aplicación del derecho.

Las disposiciones cuestionadas, asimismo, vulneran el principio de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que, sin fundamento objetivo y constitucionalmente razonable, se impide la procedencia del recurso de casación en los juicios regidos por la ley del consumidor sustanciados ante los jueces de policía local, donde, como acontece en la especie, el litigante demandó en su interés individual, generándose una diferencia procesal arbitraria en relación con las demandas por interés colectivo o difuso en que conocen los tribunales civiles ordinarios y donde sí es procedente la casación; con el consecuente menoscabo del derecho a defensa de la requirente.

000292 .,

dovieilo, peonza ¡olor

El requerimiento fue sustanciado por la Primera Sala de este Tribunal, que lo admitió a tramitación, suspendió el procedimiento en la gestión judicial en que incide, y declaró su admisibilidad, conforme a resoluciones de fojas 30 y 249.

Se hizo parte en autos nombre reservado Chile (fojas 221) y formuló oportunamente sus observaciones sobre el fondo, instando por el rechazo total del requerimiento, con costas (fojas 256).

Así, en su presentación de fojas 256 y siguientes, nombre reservado solicita se desestime el requerimiento, atendido que en el caso concreto no se vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso.

Desde luego, porque se trata de un requerimiento abstracto y que contiene una crítica genérica al sistema recursivo de la Ley N* 19.496, asunto de política legislativa que escapa del ámbito de la acción de inaplicabilidad.

Luego, porque el requerimiento carece de fundamento plausible, desde que no se afecta el derecho al recurso. Desde luego, porque como lo ha sentenciado este Tribunal constitucional, el artículo 19 N* 3 no establece un derecho a un recurso especifico, siendo el legislador soberano para determinar, en el marco del debido proceso, el régimen recursivo aplicable a cada tipo de procedimiento. En la especie, además, no se vulnera el derecho al recurso, ya que el actor pudo deducir recurso de apelación, siendo revisada la decisión del Juez de Policía Local por un tribunal superior, ajustándose así el procedimiento a las garantías del debido proceso legal.

Y, tampoco se infringe la igualdad ante la ley, desde que la comparación efectuada en el requerimiento no es pertinente, en cuanto pretende igualar el tribunal competente y el procedimiento aplicable a las demandas individuales, con las colectivas o difusas, siendo que se trata de sujetos legitimados diferentes y de asuntos cuya naturaleza no es asimilable. En la especie, la comparación debe efectuarse entre quienes se encuentran en la misma situación y, en ese punto, no se divisa diferenciación legal alguna, desde que la regla aplica tanto a demandante individual como al demandado, y ninguno puede interponer recurso de casación.

Diferente sería la situación si una parte pudiere interponer recurso de casación y la otra no, pero esa hipótesis no concurre en este caso, en que la regla aplica a todos por igual, asegurando la igualdad procesal de las partes.

Agrega nombre reservado que, la eventual declaración de inaplicabilidad sería inocua, pues en ese evento igualmente la casación en el fondo debería declararse inadmisible por aplicación de otros preceptos legales, como lo es el artículo so A de la Ley del Consumidor, y el artículo 1% de la Ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

Traídos los autos en relación a fojas 283, en audiencia de Pleno del día 18 de junio de 2019 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el relator, quedando adoptado el acuerdo, y la causa en estado de sentencia, con la misma fecha (certificado a fojas 290).

Y CONSIDERANDO:

| PRIMERO: Que, traídos los autos en relación y luego de verificarse la vista de la presente causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el siguiente resultado:

Los Ministros señores Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Nelson Pozo Silva y señora Maria Pía Silva Gallinato, estuvieron por rechazar el requerimiento.

Por su parte, los Ministros señora María Luisa Brahm Barril (Presidenta), y señores Iván Aróstica Maldonado, Cristián Letelier Aguilar, José Ignacio Vásquez Márquez y Miguel Ángel Fernández González, estuvieron por acoger el requerimiento.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anotado en el motivo precedente, se ha producido empate de votos, con lo cual, atendido el quórum exigido por el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Carta Fundamental, para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo asimismo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8% de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, el voto del Presidente no dirime un empate en este caso; y no habiéndose alcanzado la mayoría constitucional! necesaria para acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente rechazado.

Los fundamentos de los respectivos votos son los que se consignan a continuación.

l. VOTO POR RECHAZAR EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señores Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Nelson Pozo Silva y señora María Pía Silva Gallinato, estuvieron por rechazar el requerimiento de autos por las siguientes consideraciones:

D LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE

1, Que la gestión judicial pendiente ante la jurisdicción ordinaria consiste en Un recurso de casación en el fondo, deducido por la demandante y requirente de autos, contra la sentencia definitiva de segundo grado emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó sin modificaciones la de primera instancia, del 5*Juzgado de Policía Local de Santiago, la que a su vez desestimó la querella infraccional y demanda civil seguidas por la actora contra el banco nombre reservado

Chile, por presunta infracción de derechos cautelados en la Ley N%19.946, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, 000295, (5

El recurso de casación mencionado se encuentra actualmente radicado ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, que no se ha pronunciado aún sobre su admisibilidad, con motivo de haberse dispuesto por la 23, Sala de este Tribunal Constitucional la suspensión del procedimiento (fs. 30), ratificada por la Sala Tramitadora de la citada Corte, a fs. 220 de estos autos.

ID LA CUESTIÓN DE INAPLICABILIDAD

2”. Que el requerimiento solicita la inaplicabilidad del artículo 38 de la Ley N? 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Loca (/.02.1.984) y del artículo 50 B) de la Ley N* 19.946, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (7.03.1.997), por estimar que ambos preceptos legales infringen el derecho a un racional y justo procedimiento “en aquella parte que garantiza el llamado derecho al recurso y el principio de igualdad ante la ley en cuanto no establecer diferencias arbitrarias, ambos consagrados en nuestra Constitución Política ...” (fs. 7).

Observa -— citando la sentencia Rol 2677 de esta Magistratura (cc. 10? y 119) - que los preceptos de excepción contenidos en una ley, "en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas produciéndoles m | y sin fundamento o justificación, importan la comisión de diferencia arbitrarias” (fs.

noscabo

12). De manera que cuando se interponen querellas infraccionales y demandas civiles individualmente por infracción a la ley del consumidor, no es posible interponer recurso de casación en el fondo, conforme al artículo 38 de la Ley NO 18.287, en tanto que, cuando se interponen las mismas acciones basadas en el interés colectivo o difuso de los consumidores, sí es factible dicho recurso, al tramitarse ante los juzgados civiles, conforme a las reglas generales (fs. 10).

Añade que la proscripción del recurso de casación, por el artículo 38 de la ley N?

18.287, se afecta el derecho al recurso o derecho a impugnar, lo que carece de justificación racional y menoscaba efectivamente su derecho a la defensa.

11D El, DERECHO AL RECURSO Y EL DEBIDO PROCESO

3”. Que en este punto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), proporciona abundante evidencia sobre la forma en que ese órgano transnacional ha interpretado el alcance de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que el Estado de Chile, suscriptor de ese [tratado internacional aprobado por decreto supremo N* 873 (Relaciones Exteriores), publicado en el Diario Oficial de 5.01.1.991, se obligó a “respetar” esos derechos y garantías en el artículo 1.1 de su texto, sin perjuicio de su deber de su deber de respetar los mismos, sea contenidos en la Constitución o en los “tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, al tenor del inciso 29 del artículo 5? de nuestra propia Carta Fundamental, De allí la importancia

o,

el alcance atribuido al contenido de las respectivas garantías por los órganos ncargados de conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los ompromisos contraídos por los Estado Partes en la Convención, cuya nterpretación y aplicación es reconocida como "obligatoria de pleno derecho” por os Estados signatarios, en el artículo 62 del correspondiente instrumento nternacional;

z=z=ocn.

4. Que si bien la Convención Americana no prevé excepciones al derecho a ecurrir del fallo, como lo hace expresamente el Sistema Europeo (en el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), la Corte IDH ha indicado que no es per se contrario a la Convención Americana que se establezca en el derecho interno de los Estados que en determinados procedimientos, ciertos actos de trámite no son objeto de impugnación. (nombre reservado nombre reservado vs. Argentina, 23.11.2012, párr. 94).

Ha apuntado también que "/[IIndependientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida” (nombre reservado nombre reservado vs.

losta Rica, 2.07.2004, párr.. 165). Lo que los Estados no pueden hacer es “establecer

=

restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo”, ya que dicha posibilidad "debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho” (nombre reservado nombre reservado, cit., , parr. 161 y 164; nombre reservado nombre reservado

nombre reservado vs. Venezuela, 17.11.2009, párr. 90).

Es más, “[D]e acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos115, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario y eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que "no basta con la existencia formal delos recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos” (nombre reservado nombre reservado, cit., en la misma línea de los fallos en Casos: Baena Ricardo y otros, 28.11.2003, párr.. 95; Cantos vs. Argentina. Excepción Preliminar, 7.09.2001, párr..

37 y Constantine y otros vs. Trinidad y Tobago. Excepción Preliminar, 21.06.2002, párr. 121) (Lo subrayado es nuestro).

| La Corte IDH ha asumido entonces, respecto al derecho al recurso, una visión conforme al cual la existencia de un medio de impugnación que permita la revisión de la decisión jurisdiccional, ante un tribunal superior que reúna “las exigencias de competencia, independencia e imparcialidad que la Convención establece” (nombre reservado nombre reservado y otros vs. Perú”, 30.05.1999, parr. 161), cumple suficientemente con el estándar de garantía que fija el artículo 8.h) de la

| “o :

lonvención Americana;

5%, Que, como afirma con propiedad nombre reservado, “[N]Jo

existe un derecho a la casación, a la apelación ni a un recurso determinado. En

efecto, solo forma parte del debido proceso la existencia de un medio de impugnación que cumpla los requisitos antes enunciados, siendo indiferente el nombre que se le atribuya” (nombre reservado, nombre reservado: “¿Derecho a la Casación? Lectura a contracorriente de la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional”, en: Estudios Constitucionales Vol. 13, N* 2, Stgo., 2015, p. 470);

6%, Que la sentencia del 5% Juzgado de Policía Local de Santiago, que rechazó la querella infraccional y demanda civil de la actora, fue recurrida de apelación ante la Corte de Apelaciones competente, que confirmó la sentencia apelada (fs. 207). El procedimiento al efecto está determinado en el Título III de la Ley 18.287, que autofiza recurrir por la vía de este recurso contra la sentencia definitiva y concede amplias atribuciones al tribunal de alzada, que incluso puede pronunciarse sobre cualquier decisión del fallo de primera instancia, aunque en el recurso no se hubiera solicitado su revisión (art. 34).

En este contexto, la exclusión del recurso de casación en todos los juicios de Policía Local, prescrita en el artículo 38, impugnado de inaplicabilidad, se inserta en plenitud en el entramado garantístico de la Convención Americana, desde que la actual requirente tuvo la oportunidad de recurrir ante el tribunal de alzada previsto en la ley, que revisó lo resuelto, tanto en los hechos como en el derecho;

77. Que, del mismo modo, el enunciado impugnado del artículo 38 de la Ley N* 18.287, respeta la racionalidad y justicia del procedimiento, exigibles conforme al artículo 19.3%, inc. 6% de nuestra Carta Política. Tal requisito general debe ser leido en armonía con el parámetro instalado por la Corte Interamericana, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, independiente del valor infraconstitucional que la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha reconocido, en general, a los tratados internacionales sobre la materia como fuentes materiales del derecho.

La interdicción del recurso extraordinario de casación, como un medio ordinario de impugnación contra sentencia que el ordenamiento nacional sujeta a doble control, a través del recurso de apelación ante el tribunal superior competente, sin restricciones que limiten su conocimiento y decisión, es en el contexto descrito, una opción legislativa del todo legítima que se conforma plenamente con la norma constitucional reseñada y con los estándares internacionales sobre derecho al recurso.

Iv) EL ARTÍCULO 50B) DE LA LEY N* 19.496 Y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

8*, Que el mencionado artículo es controvertido solo por su relación con el artículo 32 de la Ley N* 18.287, en cuanto por su acápite segundo dispone due en lo no previsto en el párrafo correspondiente, "se estará a lo dispuesto en la ley N* 18.287 y, en subsidio, a las normas del Código de Procedimiento Civil”. Esa remisión determinaría una suerte de diferenciación arbitraria introducida por el legislador, como se indicó en la reflexión segunda anterior;

9. Que es efectivo que la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores dispuso, en su Título IV, que las acciones derivadas de [esa ley pueden ejercerse tanto a título individual, como en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores (art. 50, inc. 39). Estableció, asimismo, que las denuncias presentadas "en defensa del interés individual” pueden

eisponerss ante un juzgado de policía local (art. 50), en tanto que las acciones Le puedan comprometer el interés colectivo o difuso de los consumidores, derivadas de los artículos 16, 16 A y 16 B de la ley, se radicarán ante los tribunales ordinarios, de acuerdo a las reglas generales (art. 50 A, inc. final).

"[Eln lo no previsto por el procedimiento establecido en el párrafo 2* de este Título (fijado para ante los juzgado de policía local), se estará lo dispuesto en las leyes N%s. 18.287 y 15.231 y, en subsidio, a lo dispuesto en las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil” (art. 50 B). A su vez, en el caso del procedimiento contemplado en el párrafo 3" de este Título — aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores - en lo no previsto “se estará a lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Civil”,

El acápite inicial, en negritas, constituye el enunciado denunciado como contrario a la Constitución, en el caso concreto;

10%. Que el legislador distinguió, pues, claramente dos situaciones

procesales, relacionadas con la competencia de los tribunales de justicia para conocer de dos clases de acciones en defensa de los derechos de los consumidores, eh sus relaciones con los proveedores, Para ambos casos, configuró procedimientos distintos y ante magistraturas también diversas.

Respecto de las acciones de interés individual, se remitió a lo establecido eh las leyes sobre procedimiento y de juzgados de policía local y, solo en su defecto, a lo normado en la legislación procesal civil general. En lo que toca a las acciones para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, solo se estatuye que, en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil;

11%, Que la discriminación arbitraria se produciría porque en el segundo de estos procedimientos, la remisión formulada habilitaria a los agraviados por la sentencia de segundo grado a interponer en su contra un recurso de casación en el fondo, conforme a las normas generales del código procesal en lo civil. En tanto que esta posibilidad le estaria vedada a quienes litigaren ante la justicia de policía local, precisamente por el reenvío que hace el artículo 50 B de la ley de protección de los derechos de los consumidores a la misma normativa supletoria, pero que en este segundo evento no tendría operatividad, en razón de la improcedencia del recurso

de casación, dispuesta en el artículo 38 de la Ley N* 18.287;

12%. Que no es dificil apreciar que estamos en presencia de acciones distintas — unas para el resguardo de acciones ejercidas a título individual y las otras para la defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores - ;

sUjetas a procedimientos desiguales — el de policía local, en el primer supuesto y el reglado en el parrafo 3? de la Ley N* 19.496, en el segundo - ; con legitimados aftivos también diversos — solo el consumidor afectado en el caso de las acciones

dividuales (art. 50H, inc. 1% ), mientras que las acciones colectivas pueden ser deducidas por un grupo de interesados en número no inferior a 50 o por personas jurídicas determinadas (SERNAC, una Asociación de Consumidores (art. 51).

También la comparecencia en juicio se sujeta a reglas disímiles: cuando se ejercen acciones individuales, las partes pueden comparecer personalmente (art 54B), pero no lo pueden hacer ante los juzgados de policía local si la cuantía de los perjuicios excede de 4 unidades tributarias mensuales (art. 7%, inc. 2? de la Ley N* 18,287).

) - to e

Y por último, sin pretensión de ser exhaustivos, la sentencia en los procedimientos de policía local se subordinan a las reglas generales ilustradas en el artículo 3? del Código Civil, al tiempo que ante los juzgado de policía local, la sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad del o los demandados produce, por regla general, "efecto erga omnes” (art. 54, inc. 1% de la ley del consumidor);

13. Que el legislador es libre para configurar procedimientos diversos, en función de particularidades de los juicios, que hagan aconsejable o no mecanismos de tramitación más concentrados y breves o de más lato desarrollo; sistemas de apreciación de la prueba dispares; plazos de sustanciación divergentes, et«. Es por eso que el constituyente "estimó conveniente otorgar un mandato al legisla( or para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del

debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que algunos de dichos elementos

decían relación con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento,

bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador” (Rol 478, c. 14. En el mismo sentido, Roles 1518, C. 23; 1907, C. 51; 2166, c.

20 y 2682, c. 6, entre muchos otros);

14”. Que el ejercicio verificado por el legislador de la ley N* 19.496, por la via de la remisión al artículo 38 de la Ley N* 18.287, no ha importado que se exceda del principio de interdicción de la arbitrariedad, reconocido constitucionalmente en el artículo 19.2%, inc. 2 de la Ley Fundamental. Como lo ha expresado repetidamente esta Magistratura Constitucional, "la igualdad supone ... la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición; por lo que ella no impide que la legislación contemple, en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ...” Rol 53, c. 72. En igual sentido, roles 1812, C. 27 y 2022, C. 25). Es decir - como también se ha fallado — "la igualdad ante la ley presupone que se trate en forma igual a quienes son efectivamente iguales, |y solo a

ellos, y en forma desigual a quienes no lo sean” (Rol 811, c. 18);

15%. Que, como se ha demostrado, el artículo 50B de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, al remitirse al Código de Procedimiento Civil en el caso de existir un vacío en el procedimiento reglado para las acciones en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores, no solo determina una regla que no concierne al procedimiento sustanciado en autos, asociado a una acción de interés individual, sino que tampoco introduce una ordenación discriminatoria respecto de sujetos procesales que se encuentren en la misma situación, Hemos abundado sobre ello en la cavilación 123;

16”. Que, en atención a lo razonado, este requerimiento de inaplidabilidad será rechazado en todas sus partes.

10 li. VOTO POR ACOGER EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señora María Luisa Brahm Barril (Presidenta), y señores iván nombre reservado, Cristián Letelier Aguilar, José Ignacio Vásquez Márquez y Miguel Ángel Fernández González, estuvieron por acoger la acción deducida a fojas 1 de estos autos, en base a las razones que a continuación consignan:

1%, Que, las disposiciones legales censuradas impiden a la parte requirente interponer recurso de casación -en el fondo- contra la sentencia definitiva, en este caso dictada el 3 de Octubre de 2018, por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma lo resuelto por el juez del 5% Juzgado de Policía Local de Santiago que rechaza una querella infraccional y demanda civil relativa a la Ley N* 19.496, sobre Protección al Consumidor, en que tiene lugar el procedimiento establecido en la Ley NP 18.287;

2%, Que, en el caso de autos, el artículo 50 B) de la Ley N%19.496 se remite,

n cuanto al procedimiento a seguir a la Ley N%18.287, siendo entonces aplicable al

e caso concreto el artículo 38 de la Ley N*18,287, precepto que establece “No

p Tribunal ha conocido en ocasiones anteriores, como se pasará a explicar;

3%. Que, la casación es un recurso extraordinario, que permite a la Corte Suprema, que constituye el tribunal de casación en nuestro ordenamiento judicial, uniformar las normas jurídicas en su sentido y alcance. Atendido aquello es que no se puede considerar una nueva instancia, sino que trata de que a los hechos controvertidos se les haya aplicado correctamente el derecho. Conforme a lo cual, las sentencias dictadas por los tribunales de alzada en el marco del procedimiento

de Policía Local no se pueden revisar por la Corte de Casación en la correcta aplicación del derecho, por impedirselo las disposiciones legales impugnadas;

4%. Que, esta Magistratura se ha pronunciado anteriormente acerca del recurso de casación y la improcedencia de éste, estimando que “lo objetable es que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo en tal orden de exigencias arriesga a dejar indemnes algunas de esas infracciones” (STC Rol N*%3206 disidencia C.18). La doctrina sostiene el fundamento objetivo del legislador para establecer los recursos dentro del proceso “no es otro que el error humano” y agrega que ellos “cumplen una función social, como sería velar por la justa composición del conflicto (...) Es así como es de interés de la sociedad velar por el respeto del debido proceso de ley como derecho fundamental, lo cual se logra mediante los recursos de casación y nulidad” (Mosquera, M y Maturana € (2015) “Los Recursos Procesales” Ed. Jurídica, p136).

Por lo cual, “La ausencia de un recurso anulatorio efectivo respecto de decisiones que infrinjan la referida obligación, en cualquiera de las instancias del

rocederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local.”. Norma que este proceso, arriesga a dejarla indemne, con menoscabo injustificado de las partes y del interés público comprometido, consistente en la igual defensa de los derechos e intereses de los litigantes” (STC Rol N%3206 disidencia c.19).

De acuerdo a lo anterior, no se divisa justificación para impedir la procedencia del recurso de casación en el fondo y en la forma en los juicios de naturaleza local;

5% Que, la prohibición de interponer recurso de casación en el procedimiento reseñado, no tiene una explicación plausible, más aún cuando el legislador ha ensanchado la competencia de los juzgados de policía local en diversas materias. Indagada la historia fidedigna del establecimiento del artículo 38 de la Ley N*48.287, esta “no aclara los fundamentos que se tuvieron a la vista por el la islador al momento de prohibir el recurso de casación en los juicios de policia local, solamente se puede deducir de la discusión legislativa, que se quiso dar unh mayor expedición y eficacia a esta clase de procesos, considerando las materias que estos tribunales conocen; sin embargo, ello ha redundado en que la norma jurídica que impide la casación resulta ser contraria a la Constitución, lo que queda de

manifiesto en el caso concreto” (STC Rol N%3099 disidencia c.8);

6%. Que, al respecto, esta Magistratura ha expresado que "la rapidez en el juzgamiento es hostil al debido proceso, en cuanto, aquella trae como consecuencia el atentado a una sentencia adecuada y justa, dándose en ello lo que la Hoctrina denomina “prisa de gestión”, que se entiende como aquel procedimiento que tramitado rápidamente pugna con derechos y garantías esenciales de las partes en el juicio. Dicha prisa de gestión se observa en nuestro ordenamiento jurídico en diversos procedimientos y se hace más palmaria en el establecido por la disposición legal cuya constitucionalidad se objeta” (STC Rol N%099 disidencia 9);

Agregando que el debido proceso consiste en "la imperiosa necesidad de

que el procedimiento cumpla con determinadas exigencias, con el propósito que el accionar del demandante, en este caso, no se torne ilusorio, y por tante, en un estado de indefensión, y en este aspecto, el legislador al cumplir el mandato que la

Constitución le otorga al consagrar un sistema procesal debe considerar los distintos elementos que garanticen un proceso racional y justo, en los términos que el numeral 3, del artículo 19 constitucional establece” (STC Rol N*3099 disidencia

10);

7”. Que, el juicio de razonabilidad que se puede efectuar a la norma jurídica objetada, en un contexto de racionalidad y justo proceso, conlleva a estimar que no hay un fundamento de esa naturaleza, o para decirlo más claro, resulta alejado de justificación admisible que en el procedimiento de policía local sea improcedente la interposición del recurso de casación, imposibilitando a la Corte Suprema de uniformar la aplicación de la ley en materias de competencia de los | citados juzgados; |

12 | 8, Que, la casación en rigor presenta una serie de aspectos relevantes para constituirse en un medio jurídico de envergadura que insufla el Estado de Derecho.

Así la doctrina distingue entre la función nomofiláctica, definida como “la finalidad

de mantener, en la actividad de los magistrados encargados de definir el derecho, la

observancia de la ley”(P. Calamandrei, La Casación Civil, ed .bibliográfica,t. ll,año 1945, p.85), que en nuestro ordenamiento jurídico corresponde a la Corte Suprema

¿y la función uniformadora de la jurisprudencia, que asegura la igualdad y unidad del

derecho objetivo, que es materia de recursos establecidos más bien en el orden laboral;

| 9”. Que, resulta un despropósito, conforme a las funciones y fines de la casación, la improcedencia de ella en el proceso local particularmente de la casación en el fondo, por una doble razón: primero, impide a la parte, a quien le causa agravio la sentencia de alzada, reclamar los errores de derecho que contenga la sentencia apelada, y dichos errores hayan influido sustancialmente en la parte dispositiva de lo fallado. Es humanamente posible que tanto el juez de la instancia, como los magistrados del tribunal de alzada, dicten una sentencia, que a juicio de una de las partes, contenga infracciones de ley, siendo razonable el derecho de la parte a que dicho fallo lo revise el tribunal llamado a casar eventualmente la sentencia errónea. Y lo segundo, desde la perspectiva del tribunal de casación, al verse imposibilitado de conocer sentencias inapelables, dictadas por las Cortes de Apelaciones en materia de Policía Local, se restringe su competencia en su labor esencial de uniformar el derecho. Queda así un alero de la actividad jurisdiccional que está bajo la égida del tribunal de casación ¡impedido de revisar si efectivamente existió error de derecho o infracción de ley en la sentencia del caso, como ocurre en la especie que origina la acción de inaplicabilidad deducida en estos autos;

10%, Que, constituye una anomalía que, ante un evidente y manifiesto defecto de la sentencia que conozcan por vía de apelación, los tribunales de alzada tengan que hacer uso de lo dispuesto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, que consagra el recurso de casación en la forma de oficio, lo que denota la necesidad de contemplar en el procedimiento de policía local el recurso de casación.

Más aún tratándose de la Ley N* 19.496 que contiene normas sobre protección de los Derechos de los Consumidores y, por consiguiente, referidas a materias relacionadas con el orden público económico, es que el pronunciamiento del Tribunal de Casación resulta fundamental en asuntos de indudable interés

público, dado que atañe al funcionamiento de la libre competencia en la relación

empresa y cliente, como lo es el caso concreto de estos autos constitucionales;

11%, Que, desde la perspectiva constitucional, y teniendo presente los antecedentes del caso considerado, al impedirse al requirente deducir recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, hay una vulneración de las normas jurídicas impugnadas a la exigencia del artículo 19 N?3 inciso sexto de establecer por el legislador un procedimiento racional y justo, "racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso”“(STC Rol N* 1838 c.10).Así el examen acerca de la constitucionalidad arroja que el artículo 38 de la Ley N*18.287 produce directamente un efecto contrario a la Carta Fundamental en la gestión pendiente, y el artículo 50 B de la Ley N? 19.496 provoca el mismo resultado en forma indirecta, al preceptuar que “En lo no previsto en el presente Párrafo se estará a lo dispuesto en la ley N*18.287"procedimiento que declara improcedente la interposición del recurso de casación en los juicios de Policía Local;

12”. Que, en consideración a lo manifestado precedentemente, debe a juicio de los disidentes, declararse la inaplicabilidad de los preceptos legales censurados por resultar contrarios a la Constitución en el caso concreto.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N? 6%, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO PRIMERO, NUMERAL 6%, DE LA CARTA FUNDAMENTAL PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR HABER TENIDO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Redactó la sentencia, en cuanto al voto por rechazar, el Ministro señor

Domingo Hernández Emparanza, y respecto del voto por acoger, el Ministro señor Cristián Letelier Aguilar.

14 Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N* 5557-18-INA.

mea

Sra. nombre reservado,

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, y señor Miguel Ángel Fernández González.

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza, concurrió

al acuerdo y fallepero no NN Autoriza la Setretari

d ibuna! Constitucional, señora nombre reservado

nombre reservado.