Inaplicabilidad de Precepto Legal

009U0S bene (der Santiago, seis de septiembre de dos mil once.

VISTOS:

Con fecha 28 de octubre de 2010, y mediante oficio

N* 236-2010, el Juez de Policía Local de Pencahue ha

requerido a esta Magistratura la declaración de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos

7% y 11 del Decreto Ley N”* 2.974 de 1979, que establece

normas especiales sobre créditos que se otorguen a

pequeños empresarios agrícolas y relativos a la prenda

agraria, en el marco del proceso ejecutivo especial Rol

N? 047-2010, caratulado “Instituto de Desarrollo Agropecuario con nombre reservado”.

Los preceptos impugnados disponen:

Artículo 7”.- Conocerá de las cuestiones

que tengan su origen en los actos 0

contratos sujetos a las disposiciones del

presente decreto ley, el Juez de Policía

SECRETARIA Local Abogado de la comuna en la cual

tenga su domicilio el pequeño empresario

agrícola que sea parte en la operación.

Sin embargo, cuando se trate de la

ejecución de una obligación caucionada,

será también competente, a la elección

del demandante, el Juez de Policía Local Abogado de la comuna en que se encuentre

ubicado el predio hipotecado o en que se

encuentren las especies pignoradas o que

corresponda al domicilio del fiador oO

codeudor solidario, tratándose de

cauciones personales.

Toda convención sobre prórroga de

jurisdicción es nula.

Si algunos de los Jueces de Policía

Local de las comunas indicadas en el

inciso anterior no fuere abogado, será 00008 obert. y ib competente el que lo sea del Juzgado de

Policía Local más cercano.

Conocerá de los recursos que procedan

en contra de las resoluciones dictadas

por los Jueces de Policía Local antes

indicados, de conformidad al

procedimiento establecido en los incisos

tercero y siguientes del artículo 31 del

decreto supremo N” 307, de 1978, de

Justicia, que fijó el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la ley

número 15.231, el Juez de Letras de Mayor

Cuantía en lo Civil del Departamento

respectivo, cualquiera que fuere la

cuantía del negocio. Si hubiere dos o más

juzgados, conocerá el de turno.

Artículo 11.- El Vicepresidente

Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario mediante resolución que

deberá publicarse en el Diario Oficial,

podrá dar calidad de receptor judicial a

funcionarios de la Planta Directiva,

Profesional, Técnica y Administrativa de

dicho Instituto, para que permanentemente

o en casos determinados practiquen las

actuaciones inherentes a ese cargo en los

juicios a que se refiere este decreto

ley.

Los funcionarios que tengan la calidad

de receptores en virtud de lo dispuesto

en el inciso anterior, quedarán sometidos

en el desempeño de las funciones que

cumplan en tal carácter, a la autoridad

del juez ante quien ejerzan tales

funciones. El juez deberá comunicar al

jefe directo del funcionario las faltas O v000S

abusos que éste cometiere, para los

efectos de la aplicación de las sanciones

administrativas que correspondan, sin

perjuicio de la responsabilidad civil y

penal en que pueda incurrir.

El tribunal requirente expone que, mediante la

respectiva resolución de liquidación de crédito por

$1.381.881l, se inició el proceso ejecutivo aludido,

practicándose las notificaciones por un receptor ad hoc

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11

impugnado.

Tras practicarse búsquedas sin resultado positivo

para notificar al deudor, éste se apersonó (fs. 10)

solicitando la nulidad de lo obrado, así como de las

notificaciones, y oponiéndose a la ejecución.

Señala el demandado que la preceptiva impugnada

otorga un trato especial al ejecutante en cuanto a la

competencia y el procedimiento, vulnerándose de ese modo

la garantía constitucional de ¡igualdad ante la ley

establecida en el numeral 2” del artículo 19 de la Carta

Fundamental, estableciendo además una remisión a una

norma derogada para la resolución de los recursos en

contra de las resoluciones que se dicten.

Añade que, según las normas generales, los procesos

ejecutivos son de competencia de la Justicia civil, en

este Caso del tribunal civil de Talca, pero que en

aplicación de cuerpo legal se le otorga competencia en la

materia a un tribunal de policía local, con secretaria no

letrada y con poco personal, que funciona en el edificio

consistorial.

Agrega que el receptor es un funcionario de la

entidad ejecutante, por lo que se impide con esto que los

auxiliares de la administración de justicia que

habitualmente ejercen estas funciones sean quienes

practiquen las notificaciones que correspondan.

000059 ¡0 Señala que todo lo expuesto se produce por

aplicación de una norma preconstitucional, no acorde con

el artículo 4” de la Constitución Política, excluyendo al

tribunal de letras en lo civil y a los receptores

judiciales idóneos.

Con fecha 9 de noviembre de 2010, la Segunda Sala de

esta Magistratura acogió a tramitación el requerimiento,

sin suspender el procedimiento, y confirió traslado para

resolver acerca de su admisibilidad.

Fuera de plazo y sin constituir en forma el poder

respectivo, comparece el apoderado del ejecutado en la

gestión invocada, reiterando los argumentos del juez

requirente.

A fojas 34 se declaró admisible el requerimiento y

posteriormente se confirió traslado acerca del fondo del

asunto.

A fojas 50, el Director Regional (s) del Instituto de Desarrollo Agropecuario del Maule, sin acreditar tal

calidad, comparece solicitando el rechazo del

requerimiento y señalando que no existe vulneración

alguna a la igualdad ante la ley, ya que la normativa

impugnada supera los exámenes de idoneidad, necesariedad

y proporcionalidad, aclarando que tales normas fueron

dictadas ¡para facilitar el acceso al crédito y la

constitución de garantías, todo ello en favor de los

agricultores Y no del Instituto de Desarrollo Agropecuario, al no devengarse costos en las

notificaciones. Agrega que en el ejercicio de esta

función los funcionarios son ministros de fe, con deber

de imparcialidad y sujetos a la autoridad de un juez.

Expone que la jurisdicción de policía local es

también un beneficio para el pequeño agricultor, pues

sólo acerca al tribunal, y no lo obliga a ir a las

grandes ciudades.

A fojas 53 comparece el Director Nacional del

Instituto de Desarrollo Agropecuario, quien contesta el 906030 monenlo.

requerimiento señalando que no se logra visualizar la

coherencia entre lo reclamado y lo dispuesto por la

normativa en cuestión, reiterando lo argumentado por el

Director Regional (s) y agregando que es infundada la

imputación de falta de imparcialidad hacia los receptores

ad hoc. Afirma que los receptores particulares ejercen

funciones a Cambio de honorarios y que no se puede

sospechar que darán beneficios a quien los contrató, ya

que eso es Juzgarlos a priori y desconocer la naturaleza

de su labor.

Señala que el fundamento del requerimiento es la

falta de infraestructura y personal del tribunal, pero

que la inaplicabilidad no es la vía de solución para

ello.

Concluye señalando que esta normativa lleva 31 años

de vigencia y que no vulnera la igualdad ante la ley,

significando una ayuda a un sector vulnerable de la

sociedad.

Habiéndose traído los autos en relación, el día 7 de

abril de 2011 (f3. 74) tuvo lugar la vista de la causa.

La causa quedó en estado de acuerdo el día 30 de

junio de 2011.

CONSIDERANDO :

I. EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL SOMETIDO A

RESOLUCIÓN DE ESTA MAGISTRATURA.

PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, N* 6”,

de la Constitución Política de la República dispone que

es atribución del Tribunal Constitucional “resolver, por

la mayoría de sus miembros en ejercicio, la

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en

cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario

o especial, resulte contraria a la Constitución”;

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional expresa

en su inciso undécimo que, en este caso, "la cuestión

podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el

juez que conoce del asunto” y agrega que “corresponderá a 990091 d y e?

pare cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin

ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre

que verifique la existencia de una gestión pendiente ante

el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del

precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que

establezca la ley”;

TERCERO: Que, de este modo, para que prospere la

acción de inaplicabilidad es necesario que concurran los

siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia

de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o

especial; b) que la solicitud sea formulada por una de

las partes o por el juez que conoce del asunto; Cc) que la

aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar

decisiva en la resolución de un asunto y sea contraria a

la Constitución Política de la República; d) que la

impugnación esté fundada razonablemente; y e) que se

cumplan los demás requisitos legales;

CUARTO: Que, en relación al primer requisito, en

el caso de autos se solicita la inaplicabilidad por

inconstitucionalidad de los artículos 7” y 11 del Decreto

Ley N” 2.974 de 1979 -que establece normas especiales

sobre créditos que se otorguen a pequeños empresarios

agrícolas y relativos a la prenda agraria-, en el marco

de la gestión pendiente del proceso ejecutivo especial

Rol N* 047-2010, caratulado “Instituto de Desarrollo Agropecuario con nombre reservado”, por lo

que existe gestión pendiente que se sigue ante un

tribunal especial;

QUINTO: Que, en lo que se refiere al segundo

requisito, la inaplicabilidad es formulada por el Juez de Policía Local de Pencahue, tribunal especial en que se

encuentra radicado el proceso ejecutivo ya indicado;

SEXTO: Que, en el caso de autos, se impugnan los

artículos 7” y 11 del Decreto Ley N” 2.974 de 1979, que pueden resultar decisivos para la resolución del asunto y

que establecen que:

Artículo 7%.- Conocerá de las cuestiones

que tengan su origen en los actos 0

contratos sujetos a las disposiciones del

presente decreto ley, el Juez de Policía

Local Abogado de la comuna en la cual

tenga su domicilio el pequeño empresario

agrícola que sea parte en la operación.

Sin embargo, cuando se trate de la

ejecución de una obligación caucionada,

será también competente, a la elección

del demandante, el Juez de Policía Local Abogado de la comuna en que se encuentre

ubicado el predio hipotecado o en que se

encuentren las especies pignoradas o que

corresponda al domicilio domicilio reservado

codeudor solidario, tratándose de

cauciones personales.

Toda convención sobre prórroga de

jurisdicción es nula.

Si algunos de los Jueces de Policía

Local de las comunas indicadas en el

inciso anterior no fuere abogado, será

competente el que lo sea del Juzgado de

Policía Local más cercano.

Conocerá de los recursos que procedan

en contra de las resoluciones dictadas

por los Jueces de Policía Local antes

indicados, de conformidad al

procedimiento establecido en los incisos

tercero y siguientes del artículo 31 del

decreto supremo N* 307, de 1978, de

Justicia, que fijó el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la ley

número 15.231, el Juez de Letras de Mayor 090043 penenfs 7 Les Cuantía en lo Civil del Departamento

respectivo, cualquiera que fuere la

cuantía del negocio. Si hubiere dos o más

juzgados, conocerá el de turno.

Artículo 11.- El Vicepresidente

Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario mediante resolución que

deberá publicarse en el Diario Oficial,

podrá dar calidad de receptor judicial a

funcionarios de la Planta Directiva,

Profesional, Técnica y Administrativa de

dicho Instituto, para que permanentemente

o en casos determinados practiquen las

actuaciones inherentes a ese cargo en los

juicios a que se refiere este decreto

ley.

Los funcionarios que tengan la calidad

de receptores en virtud de lo dispuesto

en el inciso anterior, quedarán sometidos

en el desempeño de las funciones que

cumplan en tal carácter, a la autoridad

del juez ante quien ejerzan tales

funciones. El juez deberá comunicar al

jefe directo del funcionario las faltas o

abusos que éste cometiere, para los

efectos de la aplicación de las sanciones

administrativas que cCorrespondan, sin

perjuicio de la responsabilidad civil y

penal en que pueda incurrir.;

SÉPTIMO: Que, según se ha señalado en la parte

expositiva de esta sentencia, el juez requirente pretende

la inaplicabilidad de los preceptos legales recién

transcritos, aduciendo, en síntesis, que dichas

disposiciones infringen la igualdad ante la ley

establecida en el numeral 2” del artículo 19 de la Carta

Fundamental;

6060:4

/noocilo 7 Cacho OCTAVO: Que de lo dicho se desprende que en la

especie han concurrido todas las exigencias y requisitos

constitucionales y legales para que este Tribunal se

pronuncie sobre el problema de fondo planteado por el

Juez requirente. Así, corresponde analizar, en esta fase,

los razonamientos jurídicos de las partes y la veracidad

de las infracciones constitucionales denunciadas respecto

del precepto legal aplicable a la referida gestión

judicial;

II. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA INFRACCIÓN A LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

NOVENO: Que, previo al análisis de

inconstitucionalidad en la aplicación de las normas

impugnadas, es necesario conceptualizar brevemente el

carácter voluntario y especial del acceso al crédito

establecido en el Decreto Ley 2.974, de 1979;

DÉCIMO: Que de acuerdo a lo que dispone el

artículo 1% del citado decreto ley, los sujetos que

quepan dentro de la categoría enunciada en la norma

podrán acceder voluntariamente a un crédito en las

condiciones que se establecen. En efecto, “feln las

operaciones de crédito que el Banco del Estado de Chile,

la Corporación de Fomento de la Producción, los bancos

comerciales y los de fomento, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y los demás organismos e instituciones

financieras realicen con los pequeños empresarios

agrícolas para financiar la adquisición de insumos 0

asistencia técnica, para llevar a efecto programas de

desarrollo predial o para proporcionar capital de

explotación de sus predios, las partes podrán acogerse a

las disposiciones especiales que en el presente decreto

ley se contienen, sin perjuicio de la aplicación

supletoria de las normas generales de derecho.” [Énfasis

agregado];

UNDÉCIMO: Que, sumado a lo anterior, es preciso indicar que los elementos que diferencian el decreto ley 10

VUUDOS Acncita y lo de otras normas de préstamo y cobro de dinero, tienen por

objeto facilitar el otorgamiento de crédito bancario a

los pequeños empresarios agrícolas, simplificando

trámites y procedimientos para tal efecto, esto es, el

Decreto Ley N” 2.974 es una norma especial;

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, debe reconocerse, primero, el carácter voluntario de acceso a

las reglas del decreto ley en comento para acceder al

crédito por ciertas personas y, en segundo lugar, que

reviste una naturaleza especial que tiene por objeto la

simplificación de trámites para la consecución de dicho

fin;

DECIMOTERCERO: Que, en el asunto sometido a esta

Magistratura, el Juez de Policía Local de Pencahue afirma

que los artículos 7” y 11 del Decreto Ley 2.974, de 19709,

vulneran la igualdad ante la ley, esto es, establecerían

discriminaciones arbitrarias no toleradas por la Carta

Fundamental;

DECIMOCUARTO: Que, en primer término, el artículo

7% del decreto ley en análisis establece reglas de

competencia para el conocimiento de un asunto

controvertido que tenga su origen en los actos O

contratos sujetos a aquél;

DECIMOQUINTO: Que, conforme a los argumentos del

juez requirente, el hecho de que la norma se remita -para

el conocimiento de los recursos- a otra que no se

encuentra vigente, sumado a que se entregue competencia

al Juez de Policía Local Abogado con secretaría no

letrada y con poco personal, contraría la igualdad ante

la ley;

DECIMOSEXTO: Que, como primera cuestión, debe

precisarse que en todo sistema Jurídico, por íntegro que

sea, existen disposiciones pertenecientes a él que se

remiten a normas no vigentes, y es tarea del adjudicador

=y del intérprete- resolver el problema, pues se

encuentra sujeto a la regla de inexcusabilidad, según lo 12

6y0b00 moneda yola VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en efecto, como señala la

sentencia de este Tribunal Rol N” 519, “la existencia de

un trato diferente para una Cierta categoría de

demandados no es suficiente para concluir que ello es

contrario a la Carta Fundamental, pues ésta no prohíbe

establecer diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente;

esto es, careciendo de fundamento razonable que pueda

justificarlas”;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, habida cuenta de ello, debe

indicarse que esta norma es de general aplicación para

todos aquellos sujetos que se sometan al referido decreto

ley, sin que éste haga diferencias entre ellos;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en efecto, esta

Magistratura ha señalado que “la igualdad ante la ley se

traduce, entre otras expresiones, en los caracteres de

¿ h generalidad y abstracción característicos de este tipo de Ap TARIA normas, lo cual supone que todos los gobernados son

destinatarios de ellas” (Rol N* 986);

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en el caso en concreto, no

se fundamenta de qué modo y no se expresa de qué forma se

generan consecuencias jurídicas ¡intolerables para el

demandado en autos, que justifiquen una declaración de

ilnaplicabilidad por inconstitucionalidad, máxime si el

Decreto Ley 2.974, de 1979, contiene normas especiales de

general aplicación que tienen por objeto la facilitación

de acceso al crédito de ciertos sujetos y su acceso es

voluntario;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en consecuencia, debe

desecharse la alegación de que el precepto legal

impugnado contraviene la igualdad ante la ley;

VIGÉSIMO SEXTO: Que, adicionalmente, se impugna

la normativa del Decreto Ley 2.974 de 1979, por cuanto

afectaría el principio de que Chile sea una república

democrática, sin especificar la manera en que se produce

dicha vulneración al artículo 4” de la Ley Fundamental;

11 990057

dispone el artículo 76, inciso segundo, de la

Constitución Política de la República. Además, el propio

sistema Jurídico le otorga mecanismos para ello (es más,

el propio artículo 1” del Decreto Ley N” 2.974, en su

frase final dispone que "..las partes podrán acogerse a

las disposiciones especiales que en el presente decreto

ley se contienen, sin perjuicio de la aplicación

supletoria de las normas generales de derecho.) [Énfasis agregado];

DECIMOSÉPTIMO: Que, en segundo lugar, no se ve cómo la remisión .a una norma derogada provocaría una

discriminación arbitraria, en el entendido que esa

remisión implique consecuencias Jurídicas dadas y no por

resolver por el adjudicador;

DECIMOCTAVO: Que, respecto de la falta de personal

para la resolución de conflictos por parte del Juez de Policía Local de Pencahue, esta Magistratura no es la

llamada para pronunciarse al respecto, pues “no legisla

ni administra, ni entra a calificar la bondad de las

disposiciones legales o administrativas sometidas a su

control. Sólo debe resolver si dichos actos se ajustan o

no a los preceptos constitucionales.” (Rol N* 591);

DECIMONOVENO: Que, por otra parte, acorde a lo

afirmado por el juez requirente, el artículo 11 del

Decreto Ley 2.974, de 1979, impide que los auxiliares de

la administración de Justicia que habitualmente realizan

ciertas funciones (receptores en este caso), sean los que

efectivamente las ejerzan;

VIGÉSIMO: Que debe considerarse que del solo hecho

de que las personas que se sometan a las disposiciones

del decreto ley en análisis, quedan sujetas a reglas

especiales y distintas a las de otros deudores, no se

sigue, necesariamente, que haya una vulneración de la

igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N* 2”

de la Carta Fundamental;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que el juez solicitante afirma

que las normas impugnadas fueron establecidas, según su

requerimiento, por el “legislador preconstitucional, no

acorde además con lo dispuesto por el artículo 4* de

nuestra Constitución”;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que esta consideración abstracta e inespecífica no toma en cuenta que la Constitución de

1980, respecto del ordenamiento Jurídico preexistente a

su vigencia, no configuró una discontinuidad de nuestro

derecho. El constituyente previó, mediante disposiciones

transitorias, la incompatibilidad sobreviniente respecto

de materias que, por razones de forma y fondo, cambian

las fuentes del derecho en nuestro ordenamiento. En tal

sentido, la legislación adoptada bajo la forma de un

decreto ley, hoy se rige por las reglas generales del

artículo 66 de la misma Carta, que establece los quórums

por los cuales una norma legal se aprueba, modifica o

deroga. Y en la especie no ha concurrido una modalidad SECRETARIA modificatoria o derogatoria de este cuerpo legal

impugnado;

VIGÉSIMO NOVENO: Que, por las motivaciones expuestas, procede rechazar la acción de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad presentada.

Y VISTO lo prescrito en los artículos 19, número 3,

inciso quinto, y 93, incisos primero, N”* 6%, y undécimo,

de la Constitución Política de la República, así como en

las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica

Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE: QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE

INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS UNO. OFÍCIESE AL EFECTO AL JUEZ DE POLICÍA LOCAL DE PENCAHUE QUE CONOCE DE LA

GESTIÓN SUB LITE.

Redactó la sentencia el Ministro señor Gonzalo García Pino. Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol 1846-10-INA.

NN | NJ)

DS IS

y 496009 Ñ

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, señor nombre reservado

nombre reservado, y por los Ministros señores Marcelo Venegas Palacios, Hernán Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney, Iván Aróstica Maldonado y Gonzalo García Pino.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín. Qu | ¡ v00100

m.0.0.

Santiago, 6 septiembre de 2011.

OFICIO N* 6.594

Remite sentencia,

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta

Magistratura con fecha 6 de septiembre de 2011 en el proceso Rol N” 1.846-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos

Rol N* 047-2010 del Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Dios guarde a V.E.

ADE LA FLENFE SEGUN Secretaria

AS.E, EL , PRESIDENTE DE LA REPUBLICA . « DON nombre reservado

%-** PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

vyv1vÍ Cánto emo Santiago, 6 de septiembre de 2011.

m.0.0.

OFICIO N”* 6.595

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta

Magistratura con fecha 6 de septiembre de 2011 en el proceso Rol N” 1.846-10-INA, sobre

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos

Rol N” 047-2010 del Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado

Secretaria

SENADO DELA REPÚBLICA DE CHILE AS.E. EL | PRESIDENTE DEL. SENADO 06 SET. 2011 _ DON nombre reservado

nombre reservado

SENADO DE LA REPUBLICA VALPARAISO voviva

9 cinko

Santiago, 6 de septiembre de 2011.

m.0.o.

OFICIO N” 6.596

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta

Magistratura con fecha 6 de septiembre de 2011 en el proceso Rol N* 1.846-10-INA, sobre

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos

Rol N* 047-2010 del Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado, / Presidente

nombre reservado

taria

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA. CÁMARA DE DIPUTADOS gar DON nombre reservado

CÁMARA DE DIPUTADOS VALPARAISO m.0.0.

Santiago, 6 de septiembre de 2010.

OFICIO N?* 6.597

Remite sentencia.

SEÑOR JUEZ nombre reservado DE PÓLICIA LOCAL DE PENCAHUE:

Remito a US. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta

Magistratura con fecha 6 de septiembre de 2011 en el proceso Rol N* 1.846-10-INA, sobre

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos

Rol N* 047-2010 del Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Saluda atentamente a US.

A 4 UL meras ETTO Presidente

nombre reservado

Secretaria

SEÑOR JUEZ DEL nombre reservado POLICÍA LOCAL DE PENCAHUE - nombre reservado

nombre reservado nombre reservado nombre reservado 891 PENCAHUE. VII REGIÓN.

vuyyic4

Santiago, 6 de septiembre de 2011.

m.0.0.

Señor

nombre reservado

domicilio reservado

Pencahue

Región del Maule

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 6 de septiembre en curso, en el proceso Rol N* 1846-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 7 y 11 del Decreto Ley N* 2974, de 1979, en los autos Rol N” 047-2010, sobre juicio ejecutivo sustanciados ante el Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Saluda atentamente a Ud.

Ma e la e Olguín.

Secretaria. eos

tochile.cl * erea.techile,cl Santo Domingo N* 689 * Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 + Fax [56-2]640 1825 + secreOtaria 609103 Leórtio Lomao Santiago, 6 de septiembre de 2011.

m.0.0.

Señor

nombre reservado

nombre reservado 1465

Santiago.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 6 de septiembre en curso, en el proceso Rol N* 1846-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 7 y 11 del Decreto Ley N? 2974, de 1979, en los autos Rol N* 047-2010, sobre juicio ejecutivo sustanciados ante el Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Saluda atentamente a Ud.

la FúénteUU to Secretaria. e

Santo Domingo N* 689 * Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 » Fax (56-2]640 1825 + secretaria Otcchile.cl » www.techile.cl Santiago, 6 de septiembre de 2011.

m.0.0.

Señor

nombre reservado

domicilio reservado

Pencahue

Región del Maule

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 6 de septiembre en curso, en el proceso Rol N* 1846-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 7 y 11 del Decreto Ley N* 2974, de 1979, en los autos Rol N* 047-2010, sobre juicio ejecutivo sustanciados ante el Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Saluda atentamente a Ud.

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¿EÓ A e mn a », SECRETARIA

ro

Marta de le-Fuénte Olguín.

Secretaria. ay

Santo Domingo N* 689 + Santiago de Chile * Teléfonos [86-2] 640 18 00 -6401820 - Fax [56-2] 640 18 25 + secretaria Otochile.cl * srarw.techileol pun

Santiago, 6 de septiembre de 2011.

m.o0.o.

Señor

nombre reservado

Instituto de Desarrollo Agropecuario

domicilio reservado

Talca.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 6 de septiembre en curso, en el proceso Rol N” 1846-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 7 y 11 del Decreto Ley N* 2974, de 1979, en los autos Rol N* 047-2010, sobre juicio ejecutivo sustanciados ante el Juzgado de Policía Local de Pencahue.

Saluda atentamente a Ud.

nombre reservado

Marta de la¡Fuente Secretaria.

aria + www.tcchile.cl O techile.cl Santo Domingo N*689 + Santiago de Chile » Teléfonos [56-2] 640 1800 - 6401820 * Fax [56-2] 640 1825 + secret