Inaplicabilidad de la parte que indica del artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol N° 11.909-21-INA [14 de julio de 2022]

____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DE LA PARTE QUE INDICA DEL ARTÍCULO 4°, INCISO FINAL, DE LA LEY N° 19.983

nombre reservado Y PÉREZ COTAPOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.

EN EL PROCESO SUSTANCIADO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, BAJO EL ROL N° 1701-2020 (POLICÍA LOCAL)

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, nombre reservado y Pérez Cotapos Construcciones Industriales S.A. deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad “respecto del artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, en la parte que sanciona la no entrega del recibo señalado en el artículo 5 letra c)

de la misma ley, con una indemnización a favor del denunciante por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción”, en el proceso sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 1701-2020 (Juzgado de Policía Local), sobre recurso de apelación.

Precepto legal impugnado

El precepto cuestionado dispone:

Artículo 4, inciso final:

“Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura.

Asimismo, queda prohibida la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de la factura, así como la no entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo 5°. En caso de infracción, el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del infractor aplicará una indemnización en favor del requirente, por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción. El propio afectado, cualquier interesado, y las asociaciones gremiales u otras que representen a empresarios de cualquier tipo, siempre que gocen de personalidad jurídica, podrán incoar la acción judicial tendiente a la aplicación de esta sanción, la que será conocida por el tribunal conforme a las disposiciones de la ley Nº 18.287. Para efectos de la percepción de la indemnización, el afectado requirente preferirá a cualquier interesado y éste, si tuviera interés económico comprometido previo al reclamo, a las referidas asociaciones.”.

Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

En relación a la gestión judicial pendiente que sirve de antecedente al libelo de inaplicabilidad, la parte requirente afirma que este corresponde a la causa Rol de ingreso Policía Local-1701-2020, seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, sobre recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 23 de junio de 2020, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Providencia en los autos Rol N° 34599-11-2019, que condenó a la actora a pagar al querellante infraccional y demandante una indemnización de $15.069.906.-, correspondientes al equivalente a dos veces el valor total de la Factura Electrónica que indica (N° 127). El fallo apelado, consigna precisamente que se “[…] infringió lo establecido en el inciso final del artículo 4 de la Ley 19.983, toda vez que realizo una actuación que restringió la libre circulación de un crédito que constaba en una factura, razón por la cual hará lugar a la querella de autos […]” y a la indemnización de perjuicios. La causa se encuentra actualmente pendiente en estado de relación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y suspendida, a la espera que esta Magistratura Constitucional dicte sentencia sobre el fondo de la inaplicabilidad impetrada.

Luego, y en cuanto al conflicto constitucional que se somete a resolución de este Tribunal, afirma la parte requirente que - en el caso concreto - el juez de policía local ha aplicado el inciso final del artículo 4, en relación con el artículo 5 c), de la ley N° 19.983, en orden a que la no entrega del recibo de la mercadería o del servicio prestado, da lugar a la aplicación de una indemnización a favor del vendedor o prestador del servicio, por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la factura. Entonces -indica la actora- es bastante claro que el inciso final del artículo 4 de la Ley N° 19.983 es igualmente decisivo en la resolución de la gestión pendiente invocada y que pende actualmente en recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Luego, afirma la parte requirente que esta aplicación infringe la Carta Fundamental, y genera efectos contrarios al artículo 19 constitucional, transgrediendo lo prescrito en sus numerales 2°, 3° y 24°.

Así, afirma la requirente que la ley configura una diferencia arbitraria y contraria al principio de proporcionalidad. Sobre la base de artículo 19 N°s 2, postula que en abstracto la finalidad de la ley es legítima, pues, partiendo de la base del debido funcionamiento del mercado y del cumplimiento contractual por las partes, el comprador o receptor del servicio, debe otorgar recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, configurando así, junto a otros requisitos, el mérito ejecutivo de la cuarta copia y su calidad de título de crédito cedible. La falta de dicho recibo es, entonces, sancionada por el legislador. Sin embargo, el problema de constitucionalidad radica no en el espíritu y finalidad del precepto impugnado, sino en la estructura jurídica con que ha nacido y opera el mismo. Una medida legislativa cuya motivación es, en principio, lícita y constitucional, deviene en arbitraria por su aplicación al caso concreto.

Se agrega que la norma cuestionada no es idónea ni necesaria para el fin buscado por el legislador. Se afirma que nada es más poco idóneo y gravoso para lograr la finalidad del legislador que obligar al supuesto deudor a tener que aceptar y recibir una factura cuya causa es controvertida, como ocurre en el caso sublite. En fin, la norma es desproporcionada en sentido estricto.

Luego, se genera una indemnización punitiva, a favor de quien no ha cumplido, generándole un enriquecimiento sin causa e injusto a costa del daño patrimonial del requirente, conculcándose, igualmente, el artículo 19 N° 24 constitucional, en cuanto al derecho de propiedad del actor, a quien se le aplica una sanción ascendente desde el doble hasta el quíntuple del valor de la factura. Además, el precepto impugnado establece una limitación u obligación al dominio que escapa su función social y sanciona al denunciado con una privación patrimonial arbitraria.

Se alega, en vinculación con lo expuesto, la infracción del derecho a un procedimiento racional y justo. Invocando el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, puesto que se expone que el precepto impugnado deja al requirente en abierta indefensión, ya que el denunciante sólo debe acreditar la no entrega del recibo. La ley no exige probar culpa o dolo, fijando un régimen punitivo de responsabilidad objetiva.

Tampoco requiere probar perjuicios reales y ciertos, ni su cuantía; ni existen baremos para que el juez fije el monto de la indemnización.

Y, como se señaló, se imposibilita procesalmente al denunciado poder justificar su incumplimiento acreditando la falta de prestación del servicio por el emisor de la factura, lo que claramente le restringe al actor su derecho de defensa reconocido constitucionalmente, porque el receptor de la factura no tiene instancia ni audiencia en el proceso.

Se citan por el requirente precedentes de fondo de este Tribunal en que se ha declarado inaplicable el mismo precepto legal impugnado, precisamente por infringir el debido proceso, como los contenidos en las STC roles N°s 7641-2019, 5884-2018 y 4123-2017.

Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue admitido a trámite y declarado admisible por la Segunda Sala del Tribunal. Construcciones y Montajes SpA presentó observaciones en sede de admisibilidad, solicitando a fojas 90 que el requerimiento se declarase inadmisible por falta de fundamento plausible, explicando previamente cuáles son los fundamentos de la querella infraccional y de la demanda civil.

Conferidos los traslados de fondo a las demás partes y a los órganos constitucionales interesados, no fueron formuladas observaciones de fondo al requerimiento.

Vista de la causa y acuerdo

A fojas 290, se ordenó traer los autos en relación y, en audiencia de Pleno del día 6 de abril de 2022 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, traídos los autos en relación y luego de verificarse la vista de la presente causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el siguiente resultado:

Los Ministros señor NELSON POZO SILVA, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y señor RODRIGO PICA FLORES, y la Suplente de Ministra señora NATALIA MUÑOZ CHIU estuvieron por rechazar el requerimiento deducido, en todas sus partes.

Por su parte, el Presidente, Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, y los Ministros señores JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y el Suplente de Ministro señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE, estuvieron por acoger el requerimiento.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anotado en el motivo precedente, se ha producido empate de votos, con lo cual, atendido el quórum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental, para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo asimismo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, el voto del Presidente no dirime un empate en tal caso;

y no habiéndose alcanzado la mayoría constitucional necesaria para acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente rechazado.

Los fundamentos de los respectivos votos son los que se consignan a continuación.

I. VOTO POR RECHAZAR EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señor NELSON POZO SILVA, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y señor RODRIGO PICA FLORES, y la Suplente de Ministra señora NATALIA MUÑOZ CHIU estuvieron por rechazar el requerimiento deducido, en todas sus partes, por las siguientes consideraciones:

I.- ANTECEDENTES FÁCTICOS.

1°.- La requirente es una sociedad cuyo objeto es construir obras civiles y montajes industriales, la presentación de toda clase de servicios relacionados con la construcción, tales como ejecución de proyectos de ingeniería civil, instalación, diseño, suministro y montaje de equipos y obras, la presentación de asesorías, consultorías y administración de negocios y proyectos relacionados con la construcción. En el cumplimiento de su giro, se le encomienda la construcción de un edificio, proyecto en que subcontrata las labores de moldaje a CYM. Refiere que en dicho contexto y en relación con la emisión del Estado de Pago N° 0011, se detectó incumplimientos laborales y previsionales de CYM, respecto de sus trabajadores quienes estaban en régimen de subcontratación laboral, razón por la cual no se cumplían todos los requisitos y condiciones establecidos en dicho Contrato para que CYM pudiera facturar y recibiera el pago del Estado de Pago.

Con fecha 20 de mayo de 2019, CYM emite la Factura Electrónica N° 127, la cual es reclamada por la requirente el día 22 de mayo de 2019, a través del sistema electrónico provisto por el Servicio de Impuestos Internos. Ello en virtud de que, por tratarse de un contratista, rige lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, el cual impone a los contratistas el deber de informar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a la empresa principal, la que tiene derecho a “retener las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo”. Dicha obligación de información y derecho de retención estarían además expresamente establecidos en el Contrato entre las partes.

2°.- Con fecha 20 de junio de 2019, CYM interpuso querella infraccional y demanda civil ante el Primer Juzgado de Policía Local de Providencia reclamando la infracción del artículo 4, inciso final y del artículo 5, letras c) de la Ley 19.983, por la “aceptación de la factura”, en relación con la Factura Electrónica N° 127 por la cantidad de $7.534.953.- solicitando al tribunal aplicar una indemnización equivalente a dos veces y hasta cinco veces el valor de la misma.

Con fecha 23 de junio de 2020, se dicta sentencia de primera instancia en que se acoge la denuncia y la demanda civil, condenando a la requirente a una multa de 3 UTM y una indemnización de $15.069.906.- correspondiente al equivalente a dos veces la Factura, por incurrir en infracción del artículo 4, inciso final, de la Ley 19.983. En contra de dicha sentencia, el 25 de agosto de 2020, la requirente interpone recurso de apelación, el cual se sigue ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol IC N° 1701-2020, la cual se funda, en primer lugar porque estimó que nombre reservado dio cumplimiento al procedimiento de rechazo de la Factura Electrónica N° 127, y , por la otra, acogió la querella infraccional, la cual se sustenta en el incumplimiento del procedimiento; en segundo lugar, porque consideró que el rechazo de la factura obedecía únicamente a una facultad legal ejercida por la requirente, omitiendo lo acordado expresamente en el Contrato; en tercer lugar por cuanto invirtió la carga de la prueba al establecer que su representada no acreditó el monto pendiente de obligaciones laborales y previsionales adeudados por CYM, en circunstancias que, ante la falta de los documentos que debía aportar CYM, no podían ser liquidadas las obligaciones adeudadas; en cuarto lugar por pronunciarse sobre aspectos que no eran parte de la controversia; y por último, acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios que se funda en una querella infraccional que debió ser rechazada, y sin que se hayan acreditado los perjuicios demandados civilmente.

II.- DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL

3°.- La cuestión constitucional planteada en estos autos consiste en dilucidar si esta Magistratura puede estimar al resolver sobre el estatuto de indemnización punitiva, establecido en el inciso final del artículo 4 de la ley 19.983, es idóneo, proporcionado y se ajusta a los estándares constitucionales del derecho a la igualdad, razonabilidad y justicia del proceso aplicable in situ y al derecho de propiedad.

4°.- Centrado el conflicto de constitucionalidad, los Ministros que suscriben este voto confirman lo ya expresado por esta Magistratura en pronunciamientos STC 1564 y, a posterioridad , en las disidencias de STC 4123, 5884 y 7641, cuyo razonar se explicitará en el presente voto.

III.- OPERACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURAS Y SU FINALIDAD

5°.- En términos generales, la factura es un documento formal que sirve de comprobante de las ventas realizadas y de los servicios prestados. Más específicamente, la factura constituye un comprobante de los objetos, artículos, productos o servicios incluidos en la operación; de las personas que participan en ella;

del hecho de haberse adquirido los bienes o servicios; y de la forma de pago pactada.

Por lo mismo, su elaboración, utilización, emisión y entrega, debe cumplir ciertas formalidades legales. Así, dicho documento debe emitirse una vez realizada la venta o prestado el servicio, debiendo siempre quedar consignado en la misma el valor total de la operación y el impuesto con que éste debe recargarse, en su caso.

Desde el punto de vista operativo, el vendedor emite cuatro ejemplares de la factura:

una original que se entrega al comprador o cliente; un duplicado, con valor tributario, el que queda en poder del vendedor que la emite; un triplicado, también con valor tributario, el que es entregado al comprador; y, desde la implementación de la Ley Nº 19.983, una cuarta copia cedible a la cual –cumplidas ciertas condiciones- se le otorgó mérito ejecutivo.

6°.- Como bien se explica en el Mensaje de la Ley Nº 19.983, el desarrollo del comercio ha impulsado a los empresarios y comerciantes a realizar distintos actos y contratos por los cuales se venden, ceden y transfieren entre ellos toda clase de créditos. Hay que tener presente que los saldos de precios impagos no constan regularmente, en títulos de créditos adicionales, generados expresamente para garantizar su pago, como letras de cambio o pagarés, sino que con frecuencia la deuda consta solamente de la factura, y por ello, es este documento, y no otro, el que permite al acreedor del crédito que consta en él, negociarlo con un agente financiero, y que éste o el acreedor original proceda a su cobro.

Por consiguiente, aquel que tiene mayores urgencias en obtener recursos líquidos tratará de ceder su crédito a aquel que cuenta con ellos, por un precio determinado, más bajo que el señalado en el mismo título. En este contexto ha adquirido importancia la industria del factoring, la cual se ha constituido en una alternativa de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se conoce como factoring el servicio que otorga una institución financiera consistente en la compra de las cuentas por cobrar (o créditos) que una empresa (cedente) puede ir generando en el desarrollo de su actividad comercial.

7°.- Con la dictación de la Ley Nº 19.983, reforzada luego por la modificación introducida por la Ley Nº 20.323, la factura pasó a ser considerada, bajo ciertas condiciones, como un título de valor, cedible y ejecutable expeditamente. De hecho, los objetivos principales de la primera ley antes mencionada fueron dos: (i) consagrar en forma específica un sistema de cesión del crédito contenido en la factura y (ii)

facilitar el cobro de la factura al emisor, sea vendedor o prestador de servicios o al cesionario del crédito respectivo. Y, en el caso de la modificación introducida por la segunda, se buscó dar solución a inconvenientes prácticos que perjudicaban la eficacia de la factura como título de valor cedible y ejecutable y con ello, la facilitación del financiamiento de corto plazo de las PYMES a través de la celebración de contratos de factoring.

Según la historia de la ley (Boletín Nº 4.928-26), estos inconvenientes se reflejaban, a modo de ejemplo, en la retención de la cuarta copia “cedible” por parte de la empresa deudora obligada al pago y en el inadecuado funcionamiento de ciertas formalidades exigidas para otorgar el “Acuse de Recibo” por parte del comprador.

En efecto, y utilizando las expresiones de este mismo Tribunal en la STC 1564, “el propósito que tuvo el legislador al introducir un cambio en las normas que regían las facturas con anterioridad a la vigencia de la Ley N.° 19.983, de fecha 15 de diciembre de 2004, [ha sido] favorecer la libre circulación de los créditos…” (c. 11º). “El legislador, al darle eficacia ejecutiva a las facturas y reforzar los medios que tiene el acreedor para lograr su cobro efectivo, busca amparar que no se interrumpa una verdadera cadena de pagos que existe a todo lo largo de la actividad económica comercial” (c. 13°).

IV.- LA FORMA DE ENERVAR DISCREPANCIAS RESPECTO DE LO CONSIGNADO EN LA FACTURA.

8°.- Hay que tener presente que, son dos los preceptos legales cuya inaplicabilidad se busca, los cuales si bien están vinculados, son autónomos en cuanto a su impugnación, ya que, por ejemplo, la impugnación de la frase final referida a la indemnización no depende de lo que se diga respecto la primera frase objetada: “la no entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo 5º”, es decir, la no entrega del recibo de las mercaderías o servicios que al momento de recepcionar una factura debe efectuar el comprador o beneficiario del servicio.

Sobre esta primera disposición legal, la parte requirente sostiene que su aplicación infringiría el artículo 19, Nº 2º, inciso segundo, ya que sería inidónea e innecesaria, dando lugar a una situación desproporcionada e injusta.

9°.- Los preceptos objetados establecen, primero, la forma de zanjar las discrepancias respecto de lo consignado en la factura, procurando evitar obstáculos por parte del receptor a su libre circulación y, segundo, un régimen de responsabilidad especial destinado a favorecer la eficacia o cumplimiento de lo primero.

La situación relevante a tener en cuenta consiste en que el receptor de la factura entiende que discrepa respecto de lo consignado en ella, esto es en la factura emitida por la empresa acreedora y en tal dilema lo que ha canalizado por la vía que establece la ley, nos encontramos ante un problema que escapa efectivamente al ámbito constitucional.

10°.- El régimen legal establece, por un lado, diversas vías y momentos para poder manifestar variados tipos de discrepancias y, por el otro, intenta evitar que la discrepancia se exprese no en la entrega de un recibo al momento de recepcionar la factura.

11°.- El verdadero examen de constitucionalidad debe radicarse en singularizar si hay algún sello de irracionalidad en la norma legal, lo cual obliga a entregar el recibo en el momento preciso de la entrega de la factura.

Sobre el particular, vale considerar lo reseñado previamente en el apartado III y, lo señalado en STC 1564:

“[E]l Informe de la Comisión Especial de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), señaló: ‘Las disposiciones legales sobre cesión de créditos personales o nominativos, contenidas en el Código Civil, como las normas contenidas en el Código de Comercio para la transferencia de títulos endosables o títulos al portador que provienen de actos de comercio, como, finalmente, las formas de transferencia de letras de cambio y pagarés que contiene la ley Nº 18.092, no responden a la particular naturaleza de la factura, ni a las características que este documento ha adquirido a lo largo de años de uso en las relaciones mercantiles’ (Informe Comisión de PYMES, Cámara de Diputados, Boletín Nº 3245-03, pág. 26.)” (c. 11º).

(…)

“[E]n la situación planteada el legislador ha sido claro al establecer el motivo de orden público económico que se persigue. Como lo señala expresamente el inciso cuarto del artículo 4° de la Ley 19.983, ese bien es ‘la libre circulación de un crédito que conste en una factura’. Para garantizar dicha protección, el legislador prohibió todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza destinada a prohibir o restringir la libre circulación de ese tipo de créditos, así como también -y con idéntico propósito- prohibió la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de la factura y ‘la no entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo 5°’ “(c.

31º).

12°.- Como puede apreciarse de la explicación ofrecida por el legislador y por la jurisprudencia de este Tribunal con ocasión de la STC 1564, estamos ante un cuerpo normativo estructurado coherentemente en torno a una finalidad cuya legitimidad no ha sido puesta en duda por ninguno de los intervinientes.

13°.- Así, pues, teniendo en consideración lo ya señalado, la postura a favor del acogimiento de este tipo de requerimientos centra con mayor intensidad su crítica en lo que parece considerar una radical y arbitraria diferenciación en el régimen de responsabilidad, en particular si se le contrasta con el sistema más comúnmente imperante en nuestro ordenamiento jurídico.

V.- INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA CONCEDER EFICACIA A LAS REGLAS QUE PROHÍBEN LA OBSTACULIZACIÓN A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LA FACTURA: NO ENTREGAR EL RECIBO AL MOMENTO DE RECEPCIONAR LA FACTURA.

14°.- El segundo tema controvertido es lo expresado en el petitorio del requerimiento de autos a fojas 32 cuando dice: “…en cuanto dicha norma sanciona la infracción de la obligación del comprador o beneficiario de otorgar recibo de la cuarta copia cedible de una factura con una indemnización punitiva de dos y hasta cinco veces el monto de la factura…”. La invocación es que carecería de razonabilidad el precepto cuestionado (artículo 4° inciso final de la Ley N°19.983).

La razonabilidad es una actitud de la razón práctica que por medio de la argumentación llega a la toma de decisiones. En los momentos de decisión se involucra un elemento de carácter deóntico obligatorio, de ahí que la razonabilidad debe ser inmanente a la aplicación de las normas y, por tanto, principio sine qua non del Estado constitucional de derecho.

En la particularidad, la requirente alega que se ha conculcado por el tribunal de primera instancia, en el caso concreto, quien deberá inhibirse a priori, de conocer y ponderar prueba que resulta decisiva y crucial para la defensa de su pretensión, además de las reglas de ponderación de la prueba legal tasada, afectándose de ese modo el derecho a defensa, el derecho a rendir prueba, a la igualdad de armas, y en general de aquellos principios y derechos que derivan de la garantía constitucional del debido proceso, sumado a una transgresión a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

15°.- Si se acepta como legítimo aspirar a que la ley se cumpla, la pregunta siguiente es cómo hacerlo sin que se sobrepase el marco mínimo de razonabilidad constitucionalmente aceptable. En este caso, como ya se ha señalado, se pone en duda la compatibilidad de la solución legislativa vigente con la garantía de no recibir de la ley un trato arbitrariamente discriminatorio, de no dar lugar a una situación procesal de indefensión y de no ver afectado su patrimonio sin existir una razón de interés público.

16°.- La Ley Nº 19.983, en su texto anterior a la introducción del mecanismo indemnizatorio vigente, sancionaba el incumplimiento de la entrega del recibo con una multa a beneficio fiscal del 50% del monto de la factura con un límite de 40 Unidades Tributarias Anuales y la fiscalización quedaba entregada al Servicio de Impuestos Internos.

A diferencia de lo que ha ocurrido en algunas ocasiones, estamos en presencia de un cambio legislativo sustentado en un diagnóstico explicitado de forma clara y razonada. En síntesis, ya al poco tiempo de haberse dictado la Ley Nº 19.983 se había llegado al convencimiento de que la sanción que sólo ascendía al 50% del monto de la factura resultaba ser un incentivo poco eficaz para garantizar el cumplimiento de la obligación. En el mismo sentido, se entendía que la fiscalización encomendada al Servicio de Impuestos Internos difícilmente podía rendir frutos tratándose de situaciones detectables por los particulares afectados y en que la dimensión tributaria no estaba en juego.

17°.- En seguida, es importante destacar que este tipo de requerimientos no buscan discutir si la Carta Fundamental establece o no una prohibición per se a las indemnizaciones punitivas. Como ya ha sido dicho en numerosas oportunidades por este Tribunal, nuestra Carta Fundamental no ha optado por un solo régimen de responsabilidad, de modo que el carácter atípico de las indemnizaciones punitivas en nuestro ordenamiento jurídico carece –por esa sola circunstancia- de consecuencias inconstitucionales.

Evidentemente, lo que sí puede plausiblemente discutirse es la razonabilidad constitucional del mecanismo específico de indemnizaciones dispuesto por el precepto legal impugnado para situaciones como las que ocurren con motivo de la emisión y cobro de una factura.

Al respecto, adelantamos que la existencia de un régimen de responsabilidad basado en indemnizaciones punitivas (más allá de la pertinencia del adjetivo asignado)

obedece a una lógica poco razonable, lo cual será explicitado como conflicto en el apartado siguiente. No en vano ha sido adoptado profusamente en otras legislaciones y no por casualidad ha sido también consagrado en algunos cuerpos legales nacionales.

A) Proporcionalidad de la sanción.

18°.- Por la mera omisión en estampar el recibo se impone una indemnización punitiva desproporcionada, estimando la actora constitucional que la infracción es eminentemente leve. Al respecto, nos remitimos a lo ya razonado a partir del acápite IV de este laudo. La obligación de entregar el recibo no es que sea meramente baladí, sino muy por el contrario, es de una entidad relevante.

19°.- Otro argumento que suele desplegarse para intentar demostrar que la indemnización punitiva produce o produciría un efecto desmesurado en términos patrimoniales es haciendo referencia a algún porcentaje de las utilidades. En este tipo de argumentación, sin embargo, no se da razón alguna que explique por qué dicha magnitud es exagerada o desproporcionada, más todavía considerando que se trata de un monto que no sólo tiene una finalidad disuasoria (como si se tratara de una sanción a beneficio fiscal), sino que también debe cubrir un monto a título de compensación por daños que bien pueden ir más allá del importe de la deuda consignada en la factura. Lo anterior sin considerar una tercera función relacionada con la sustitución de la función que originalmente se esperaba pudiera desempeñar un ente público de fiscalización como el Servicio de Impuestos Internos.

20°- La requirente también justifica su afirmación acerca de la desproporción en que se incurriría por parte del legislador diciendo que el mecanismo establecido obliga a pagar un monto que no se ajusta necesariamente con el daño efectivo incurrido por el acreedor afectado. El argumento descansa en una consideración irrelevante desde el punto de vista del infractor que ha de pagar una suma de dinero como consecuencia de un comportamiento ilícito. Para efecto de evaluar si es o no exagerado el monto fijado por ley a ser pagado por quien debe afrontar las consecuencias de haber cometido una infracción no debiera ser diferente si el pago se hace a título de multa a beneficio fiscal o en la forma de híbrida contemplada en la norma impugnada. De hecho, la redacción alternativa tenida a la vista por los legisladores consideraba el mismo monto, pero en la forma de una sanción pecuniaria a beneficio fiscal.

21°.- Utilizando el mismo razonamiento antes analizado, la parte requirente intenta demostrar la falta de razonabilidad del mecanismo contemplado en el precepto impugnado recurriendo a un blanco equivocado. En efecto, la requirente sustenta su argumentación obviando las circunstancias de que el monto de dinero a pagar tiene su origen en una infracción legal. Así, la actora va desplegando su argumentación de forma artificial al contrastar la norma legal impugnada con el régimen de responsabilidad extracontractual clásico del Código Civil.

Como consecuencia de lo señalado en las dos consideraciones previas, carece de sustento el reproche de la requirente consistente en que la aplicación del precepto impugnado exime a la vendedora de tener que acreditar el dolo o culpa de la parte incumplidora o la existencia y cuantía de los prejuicios y que, por lo mismo, la hace víctima de un trato desproporcionado o arbitrario, la coloca en una situación de indefensión sustantiva y adjetiva, y, por último, de privación inconstitucional del dominio.

22°.- Un argumento consistente en fundamentar la supuesta desproporción del monto en relación al beneficio que irrogaría para la contraparte. Nuevamente, el razonar de quienes están por acoger se centra no en el monto a ser pagado por ella a consecuencia de haber cometido una infracción, sino en lo desproporcionado que sería que el acreedor denunciante pudiera eventualmente beneficiarse más allá de lo que le correspondería si se tratara de una indemnización compensatoria por los daños efectivos. En otras palabras, la requirente parece cuestionarse la racionalidad del sistema indemnizatorio especial contemplado en la última oración del artículo 4º, inciso final, de la Ley Nº 19.983.

B) Razonabilidad del sistema de indemnizaciones punitivas.

23°.- Resulta pertinente recordar que uno de los reparos centrales a este mecanismo por parte de la requirente consistió en estimar que implicaba una afectación sustancial a su patrimonio en beneficio de su contraparte y, por lo mismo, sin una justificación de interés público que la avale, lo cual infringe el artículo 19, Nº 24º de la Constitución.

Por lo mismo, es importante destacar, en primer término, que la regulación legal sobre la materia excede el simple ordenamiento de relaciones particulares, sino que busca promover el funcionamiento de un sistema de alcance colectivo. La acción individual de cada agente económico dirigida a validar el carácter de título de valor, cedible y ejecutable de una factura importa una contribución a la consolidación y buen funcionamiento del sistema económico.

24°.- En el centro de un diseño legislativo que contemple la posibilidad de indemnizaciones punitivas reprochado por el requirente está, precisamente, la idea de lograr la observancia de las disposiciones que regulan la recepción de facturas, como ocurre con el precepto legal impugnado, y así propender a la efectividad del sistema en su conjunto. En esta materia no existe (ni es conveniente que exista por las razones ya advertidas por el legislador a propósito de la participación del Servicio de Impuestos Internos) un organismo público que fiscalice y persiga el cumplimiento de la ley. El sistema de ejecución y cumplimiento se basa en el esfuerzo de los particulares, no de una entidad pública que busque la aplicación de sanciones públicas a los infractores.

25°.- Lo recién señalado involucra desafíos que exigen una adecuada consideración de los incentivos dispuestos por la ley. Al respecto, es posible distinguir –en términos generales y teóricos- dos grandes tipos de incentivos para el logro de una efectiva observancia de la regulación sobre la materia.

Primero, desde el punto de vista de los incentivos a los potenciales infractores, hay que tener presente que, si el sistema descansara sólo en la compensación precisa del daño, se carecería de mecanismos disuasivos útiles para el respeto de obligaciones legales por los destinatarios de la norma. En otras palabras, estamos en presencia de un mecanismo cuya primera función es disuadir como si se tratara de una sanción a beneficio fiscal.

Del mismo modo, pero esta vez atendiendo a los incentivos de los actores particulares que accionan ante la justicia denunciando la infracción a una norma legal (y el pago de una indemnización), es posible identificar una segunda y tercera función adicional. La segunda función que ha de cumplir el mecanismo indemnizatorio especial establecido por el precepto impugnado consiste en entregar un monto de dinero a título de compensación por daños que bien pueden ir más allá del importe de la deuda consignada en la factura. Tal como ya ha sido reconocido por la STC 1564, se trata de una indemnización anticipada de perjuicios sujeta a límites.

Por último, la tercera función corresponde a aquella que, bajo otras circunstancias, podría haber cumplido un organismo administrativo como el Servicio de Impuestos Internos, esto es, promover por la vía de acciones judiciales privadas el cumplimiento de obligaciones legales. Y si el monto de dinero residual no permite hablar de un incentivo promocional propiamente tal, la idea es que al menos minimice los eventuales desincentivos que pueden originarse cuando los costos de transacción (de litigar) son demasiado altos en relación con el monto del daño ocasionado por el no pago de la factura en tiempo y forma. Esta tercera función ya ha sido validada en su constitucionalidad por este mismo Tribunal en la STC 2356 referida al artículo 16 B de la Ley Nº 18.410 (compensación legal automática a los usuarios por parte de empresas de distribución eléctrica ante un evento de interrupción del servicio de energía eléctrica), cuyo considerando 10º reproducimos a continuación:

“La norma impugnada permite remediar, entre otras cosas, los elevados costos de transacción a los cuales están afectos los usuarios. Desde una perspectiva en la que las personas ponderan racionalmente los costos y beneficios esperados de sus acciones, resulta altamente improbable que los usuarios logren obtener el resarcimiento debido.

En efecto, el costo que significa para los usuarios conseguir que se les compense es, en general, demasiado elevado en relación al monto de la pérdida ocasionada por la interrupción del suministro eléctrico. Por consiguiente, resulta importante destacar que la norma impugnada tiene un fuerte fundamento de razonabilidad”.

26°.- Que en el esquema de la razonabilidad de la norma cuestionada la elucidación sobre sus implicaciones lleva a precisar que se trata de un canon, en la medida que tal aproximación está dirigida a la búsqueda y construcción de caminos contra la arbitrariedad, el abuso y el autoritarismo, bajo la premisa de que el imperativo de la decisión jurídica razonable debe ser una exigencia esencial del Estado constitucional y democrático de derecho.

Dentro del sistema jurídico el sistema de canon marca la exigencia de un estándar una proporción ideal desde el punto de vista constitucional al momento de emitir el acto de autoridad. No se trata de un escueto principio, en tanto este se agota en un enunciado general que contiene un principio jurídico orientador para interpretar o integrar el derecho.

La pretensión que se constitucionalice el canon de razonabilidad se ha ido construyendo con base en las posibilidades de transformación de los diversos aspectos y dimensiones del derecho, que se encuentran vinculadas a la demanda y acceso a mayor justicia.

Por último, cabe tener presente que el proceso de constitucionalización de los derechos fundamentales, el canon de razonabilidad debe tener un lugar específico. Pero a la vez es parte de la estructura esencial del ordenamiento jurídico, donde el canon de razonabilidad implica el derecho a la argumentación, aunque no se agote en esto. La razonabilidad es un canon vinculado al valor justicia, donde su esencia se radica en el Estado constitucional de derecho.

VI.- CONCLUSIÓN

27°.- En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, los Ministros que suscriben el criterio por rechazar el requerimiento de autos, lo sustentan en que el precepto objetado, que es el artículo 4 inciso final de la Ley N°19.983, no es susceptible de cuestionarse por ser una disposición legal plenamente razonable de acuerdo a los fundamentos señalados en este voto.

II. VOTO POR ACOGER EL REQUERIMIENTO

El Presidente, Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, y los Ministros señores JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y el Suplente de Ministro señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE, estuvieron por acoger el requerimiento, por las razones que a continuación se indican:

1. La requirente, nombre reservado y Pérez Cotapos Construcciones Industriales S.A.

requiere de inaplicabilidad en contra del inciso final del artículo 4º de la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para que la sentencia de este Tribunal Constitucional surta efectos en la gestión judicial pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 1.701-2020, caratulada “Construcciones y Montajes SpA nombre reservado y nombre reservado c. Construcciones y Montajes SpA”.

La gestión pendiente consiste en el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia del Juzgado de Policía Local de Providencia de 23 de junio de 2020, fallo por el cual se condenó a la requirente (a) al pago de una multa de 3 UTM por infracción a lo dispuesto en el artículo 4º inciso final de la Ley Nº 19.983 y (b) al pago de una indemnización de dos veces el monto adeudado, equivalente a $ 15.069.906. Entre otros de los argumentos que aduce la requirente en el escrito de apelación que rola a fojas 58 y siguientes, se encuentra el que la resolución acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios “pese a no encontrarse acreditado en autos ninguno de los perjuicios demandados”. La requirente ha señalado en la gestión judicial el haber reclamado de la factura en conformidad al artículo 3 Nº 2 de la Ley Nº 19.983 por que a su juicio “no se cumplían todos los requisitos para que CYM [Construcciones y Montajes] facturara el Estado de Pago Nº 0011 aprobado” (fojas 47), como sería el no haber informado del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. En su escrito de contestación a esta querella la requirente cita, a fojas 49, la jurisprudencia de este Tribunal (en particular la sentencia 4.123-17) con el objeto de requerir del actor la acreditación de “la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que dice haber sufrido”.

A continuación se explicará el conflicto constitucional sometido a esta Magistratura (I), se harán ciertas consideraciones previas relativas a las cuestiones sobre las cuales no corresponde pronunciarse y a la historia del régimen jurídico de la factura (II), para luego entrar al fondo con los argumentos relativos a la igualdad ante la ley (III), el debido proceso (IV) y el derecho de propiedad; todo lo anterior siguiendo los argumentos contenidos en la jurisprudencia de este Tribunal que se ha expresado en los fallos roles Nºs 4.123-17 (27 de junio de 2019), 5.884-18 (7 de enero de 2020) y 7641-2019 (25 de marzo de 2020).

(I). Conflicto constitucional sometido a esta Magistratura

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 93, incisos primero, N° 6° y decimoprimero de la Constitución Política de la República, en la acción deducida en autos se solicita la inaplicabilidad del inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.983, que “Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura”, en atención a que su aplicación al caso específico de que se trata, resultaría contrario a los artículos 19 numerales 2°, 3 y 24° de la Carta Fundamental. El requerimiento especifica que la petición de inaplicabilidad del artículo 4º inciso final de la Ley Nº 19.983 es “en cuanto dicha norma sanciona la infracción de la obligación del comprador o beneficiario de otorgar recibo de la cuarta copia cedible de una factura con una indemnización punitiva de dos y hasta cinco veces el monto de la factura”.

3. El aludido artículo 4° de la Ley N° 19.983, en su texto modificado por la Ley N° 20.323, señala textualmente:

“Artículo 4°.- La copia de la factura señalada en el artículo 1°, quedará apta para su cesión al reunir las siguientes condiciones:

a) Que haya sido emitida de conformidad a las normas que rijan la emisión de la factura original, incluyendo en su cuerpo en forma destacada la mención “cedible”, y

b) Que en la misma conste el recibo de las mercancías entregadas o del servicio prestado, con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, rol único tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio de identificación de la persona que recibe, más la firma de éste último. En el evento que se omitiere consignar en el acto de recibo el nombre completo, rol único tributario o domicilio del comprador o beneficiario del servicio, se presumirá que son los que se consignan en la factura. Si se omitiere consignar el recinto de entrega, se presumirá entregado en el domicilio del comprador o beneficiario del servicio señalado en la factura.

En caso de que en la copia de la factura no conste el recibo mencionado, sólo será cedible cuando se acompañe una copia de la guía o guías de despacho emitida o emitidas de conformidad a la ley, en las que conste el recibo correspondiente. Para estos efectos, el emisor de la guía o guías de despacho deberá extender una copia adicional a las que la ley exige, con la mención “cedible con su factura”.

Para los efectos previstos en la letra b) y en el inciso anterior, se presume que representa al comprador o beneficiario del servicio la persona adulta que reciba a su nombre los bienes adquiridos o los servicios prestados.

Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura. Asimismo, queda prohibida la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de la factura, así como la no entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo 5°. En caso de infracción, el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del infractor aplicará una indemnización en favor del requirente, por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción. El propio afectado, cualquier interesado, y las asociaciones gremiales u otras que representen a empresarios de cualquier tipo, siempre que gocen de personalidad jurídica, podrán incoar la acción judicial tendiente a la aplicación de esta sanción, la que será conocida por el tribunal conforme a las disposiciones de la ley N° 18.287. Para efectos de la percepción de la indemnización, el afectado requirente preferirá a cualquier interesado y éste, si tuviera interés económico comprometido previo al reclamo, a las referidas asociaciones”;

4. Se reprocha por inconstitucionalidad el inciso final del artículo 4º de la Ley 19.983, especificando la requirente que la objeción es “en cuanto dicha norma sanciona la infracción de la obligación del comprador o beneficiario de otorgar recibo de la cuarta copia cedible de una factura con una indemnización punitiva de dos y hasta cinco veces el monto de la factura”. Por lo tanto, el inciso se objeta en la parte que dispone:

"así como la no entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo 5°"; y la parte que, sancionando esta conducta agrega: "En caso de infracción, el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del infractor aplicará una indemnización en favor del requirente, por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción". Es decir, es la no entrega del recibo de las mercaderías o servicios que al momento de su recepción debe efectuar el comprador o beneficiario del servicio (o su representante), la que se sanciona con una indemnización a favor del denunciante por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción, en el pasaje de la disposición que se reprocha.

5. La disposición cuestionada, en su integridad, fue objeto de control preventivo de constitucionalidad en la sentencia Rol N° 1.270 de este Tribunal, de 2 de diciembre de 2008, que recayó en el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modificó la Ley N° 19.983 “con el objeto de facilitar la factorización de facturas de pequeños y medianos empresarios (…)” (c. 1° de la sentencia mencionada).

6. Que, con ocasión del control preventivo obligatorio de la norma, esta Magistratura señaló, en el considerando 2° de su parte declarativa, lo siguiente:

“Que la disposición comprendida en el artículo único, N°2; letra b), del proyecto remitido, sólo en cuanto confiere una nueva atribución a los Juzgados de Policía Local, es orgánica constitucional y constitucional”.

7. Entonces, la sentencia citada se pronunció exclusivamente sobre el carácter orgánico constitucional del recién citado pasaje, esto es, aquél que entrega competencia para conocer de la controversia jurídica entre partes al Juzgado de Policía Local, dentro de un procedimiento de control obligatorio y abstracto de constitucionalidad. Por lo tanto, el objeto de dicho pronunciamiento es, por su naturaleza, distinto al control que esta Magistratura realiza en sede de inaplicabilidad y recae sobre otra parte de la misma disposición legal.

(II). Consideraciones previas

A. Cuestiones sobre las cuales el Tribunal Constitucional no se pronunciará

8. Conforme a lo señalado en el considerando anterior, se procederá a analizar la norma cuya inconstitucionalidad se reprocha en su aplicación al caso concreto, teniendo en consideración la naturaleza misma del instituto de la inaplicabilidad.

Como es sabido, no es tarea de esta Magistratura corregir en sede de inaplicabilidad, la falta de diligencia que pudiera haber tenido el solicitante o una de las partes en la gestión o juicio pendiente, para hacer valer los derechos que le confiere la ley. La atribución del Tribunal se reduce a constatar si la aplicación del precepto legal impugnado al caso concreto producirá efectos que pudieran ser considerados contrarios a lo preceptuado por la Constitución.

9. Además, es menester señalar que esta Magistratura tiene claro que no le corresponde, en el examen que debe realizar de esta acción, emitir pronunciamiento alguno respecto de las decisiones adoptadas por el tribunal que conoció o está conociendo de la gestión, ni en torno a las consideraciones que el juez a quo tuvo al resolver la denuncia infraccional, por equivocadas que éstas pudieren haber sido. Tal extremo es propio de la jurisdicción en que se encuentra radicado el asunto de fondo.

B. Historia del régimen jurídico de la factura

10. Las facturas han sido definidas por nuestra doctrina como “documentos que pueden emitir los contribuyentes de los impuestos del D.L. N° 825 en la enajenación de bienes corporales muebles y/o prestación de servicios, afectos o exentos que efectúan con cualquier persona natural o jurídica que hubiese adquirido los bienes para su reventa, uso o consumo o que tengan la calidad de prestadores de servicios.

“En cuanto a su naturaleza jurídica, se trata de un verdadero contrato escrito que justifica ingresos y egresos y que debe ser congruente principalmente con la caja y otros libros de contabilidad y es el título de dominio del comprador para hacerlo valer en distintas oportunidades”. (nombre reservado: “Facturas Falsas”. Editorial Puntolex S.A., Santiago Chile, 2006, p. 33).

11. De la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 19.983, de fecha 15 de diciembre de 2004, modificada por la Ley N° 20.323, de 29 de enero de 2009, es posible inferir que la intención del legislador fue facilitar o favorecer, por medio su normativa, la libre circulación de las facturas, dotándolas de menor rigidez y mayor eficacia.

12. En efecto, emana de tal historia fidedigna que el legislador tuvo en cuenta, al introducir esta preceptiva, tanto la necesidad de adecuar la naturaleza de la factura a las normas sobre transferencia de créditos personales o nominativos, como dotar a dicho instrumento de mayor agilidad para su cesión. Asimismo, pretendió eliminar las dificultades para el cobro del importe consignado en ella, para lo cual le confirió mérito ejecuto a la cuarta copia, consagrando supuestos cuya intención es la protección de los intereses de los involucrados en su cesión y, también, un procedimiento de reclamo contra el contenido de la factura, que amplió su espectro de aplicación más allá del simple reclamo que contempla el artículo 160 del Código de Comercio, que sólo alcanza al contrato de compraventa.

Así, el legislador, intentó darles eficacia ejecutiva a las facturas y reforzar los medios que tiene el acreedor para lograr su cobro efectivo, buscando asegurar que no se interrumpa una verdadera “cadena de pagos” que existe a todo lo largo de la actividad económica comercial.

13. No obstante lo anterior, fue necesaria su modificación por la Ley N° 20.323, de 29 de enero de 2019, ya que durante la aplicación de la ley se demostró que en los hechos no se cumplían algunos presupuestos, lo que restaba eficacia a sus normas. Así, las modificaciones que se propusieron tenían el preciso objeto de solucionar estos inconvenientes, de tal forma que la cesión de los créditos fuera materialmente eficiente y la factura cumpliera con los requisitos necesarios para llegar a ser título ejecutivo.

De esta manera, la misma moción que dio impulso a esta reforma, señala situaciones de hecho de frecuente ocurrencia, que impiden o dificultan la cesión del crédito contenido en una factura, como son: la oposición de las empresas a que sus proveedores cedan sus facturas a empresas de factoring; la retención de la cuarta copia cedible por parte de la empresa deudora, y la negativa de éstas a aceptar la notificación por parte de una empresa de factoring, de que una determinada factura le ha sido cedida por su proveedor. Todo esto - señala la propuesta legislativa - se opone abiertamente al espíritu que inspiró al legislador, orientado a neutralizar la posición dominante que ostentan algunas empresas (Historia de la Ley N° 20.323, Moción Parlamentaria, Cámara de Diputados, Boletín N° 4928-26, pp. 3 y 4).

Es en razón de ello que la iniciativa parlamentaria propone, en un principio, una modificación al artículo 4° que resguarde la libre circulación de un crédito mediante la entrega de la cuarta copia de la factura, prohibiendo no tan sólo las estipulaciones que la puedan afectar, sino también los acuerdos, convenios y actuaciones a los que se ve expuesto el vendedor debido a la posición dominante en que se encuentra el comprador.

Luego, es en la discusión en particular de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, que el representante del Ejecutivo propuso la necesidad de dar un carácter aún más coercitivo a la norma, señalando claramente las prohibiciones en esta materia, y estableciendo sanciones y procedimientos en caso de infracción. Asimismo, sostuvo que la principal diferencia entre la propuesta original contemplada en la moción, y la indicación del Ejecutivo, radica en que esta última prevé la aplicación de una pena, equivalente a una indemnización legal de perjuicios, por el mismo monto, pero en beneficio de quien ha resultado perjudicado con las conductas constitutivas de la infracción. Todo ello habida consideración de que el legislador siempre tuvo como objetivo mejorar la relación desigual y asimétrica que se da entre las micro y pequeñas y las grandes empresas, que propicia la actitud de esta últimas de impedir o dificultar la cesión de la cuarta copia de la factura. Sobre ello, los Diputados que integraron la Comisión respectiva estuvieron plenamente de acuerdo, lo que dio nacimiento a la actual redacción del artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983, cuya inaplicabilidad se reclama. (Historia de la Ley N° 20.232, Informe de Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, p. 19).

(III). Primer argumento de fondo: la igualdad ante la ley

14. Señalado lo anterior, pasaremos a hacernos cargo de los argumentos del requirente.

El primero de ellos es que la norma impugnada configura una diferenciación arbitraria y contraria al principio de proporcionalidad, sobre la base del artículo 19 N° 2, no concurriendo los elementos de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad de la sanción, por cuanto el legislador no consideró situaciones de recepción de facturas cuya causa es controvertida, ya sea por ser defectuosos o falsos los créditos que contienen. Se precisa que se trata de “una norma que se funda en el supuesto genérico de que los vendedores -PYMES o cualquier otro- siempre cumplan íntegramente sus contratos, entregando las mercaderías o prestando el servicio en tiempo y forma. Bajo aquel supuesto, parece razonable que el comprador tenga la obligación de estampar el recibo en la cuarta copia de la factura y que se sancione poderosamente el incumplimiento en acusar tal recibo. Pero aquel es un supuesto ingenuo, por no decir, falso, del legislador”.

Añadiendo luego que “Son infinitas las situaciones en que los vendedores entregan mercaderías o prestan servicios en tiempo, calidad o cantidad distintas a las contratadas por el comprador o beneficiario. Pensemos en el incumplimiento tardío, o en el incumplimiento parcial del vendedor, entregando tarde, menos o de modo defectuoso lo comprometido. Pensemos también en situaciones de incumplimiento total del vendedor, o derechamente, casos de estafa o fraude, cuando el emisor de una factura no ha entregado ninguna mercadería o prestado ningún servicio” (fojas 18, cursivas en el original).

15. Es menester considerar que nuestra Constitución no recoge explícitamente el principio de proporcionalidad, pero los intérpretes constitucionales no pueden sino reconocer manifestaciones implícitas de este principio, que devienen en su consagración general dentro del ordenamiento.

Así, la doctrina ha considerado que este principio se encuentra claramente integrado dentro de aquéllos inherentes del Estado de Derecho y está en la base de los artículos 6° y 7° de la Constitución, como así también en la prohibición de conductas arbitrarias (artículos 19 N° 2°) y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos (artículo 19 N° 26°). Asimismo, en el debido proceso, reconocido en el ordinal 3°, inciso 7° y en el reconocimiento de la igual repartición de tributos, recogido en el artículo 19, N° 21° de la Carta Fundamental. (ARNOLD, Rainer; MARTÍNEZ, nombre reservado; y ZÚÑIGA, Francisco: “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Estudios Constitucionales, año 10, N°1, 2012, pp. 86-87).

Por su parte, esta Magistratura ha detectado manifestaciones del principio en varios otros preceptos fundamentales, entre los cuales en el artículo 18, relativo a la proporcionalidad en el trato igualitario entre candidatos de partidos políticos e independientes (STC Rol N° 67-89). Se ha entendido igualmente que el artículo 19, numeral 2° opera como un parámetro de igualdad para evaluar la diferenciación (STC Rol N° 986-07, c. 32°) o como efecto de las consecuencias jurídicas de aplicar determinadas normas (STC Rol N° 1463-09, cc. 21° al 38°). En el artículo 19, numeral 3°, en lo que dice relación con la incidencia del debido proceso en una aplicación proporcional de penas penales, sanciones administrativas y medidas restrictivas (Rol N° 3000, c. 12°). Similar interpretación se ha extraído del artículo 19, numeral 7°, en lo que dice relación con arrestos proporcionales a un objetivo constitucionalmente válido (Rol N° 1518-09, cc. 13° y 14°), o en la proporcionalidad respecto de la determinación de incrementos de los beneficios a los pensionados, esta vez en relación con el artículo 19, numeral 18°, de la Constitución (Rol N° 790-07, cc. 30° al 36°).

Igualmente, existen variadas sentencias sobre la proporcionalidad de los tributos, propia de los artículos 19, numeral 20°, y 65, numeral 1°, así como en las limitaciones del derecho de propiedad. A todo lo anterior, finalmente, se suele agregar que el principio de proporcionalidad es estructurante de los estados de excepción constitucional, según lo disponen los artículos 39 y 44 de nuestra Carta Fundamental.

De todo lo cual se puede inferir el amplio reconocimiento en nuestra sistemática constitucional de este principio, independiente de su no consagración explícita.

16. Luego, es menester afirmar que no toda distinción de trato comporta una vulneración del derecho a la igualdad. Ello no ocurrirá cuando el trato diferencial “sea razonable, objetivo, proporcional y no lesione los derechos humanos”, como lo ha puntualizado la Corte IDH (Caso nombre reservado vs. Panamá de 23 de noviembre de 2010, párr. 248).

En similar tesitura, esta Magistratura Constitucional ha declarado que “[E]l juicio de igualdad exige analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos que excluyan la presencia de la arbitrariedad.

De este modo, resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la distinción, a lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas reguladas por la ley, su finalidad y los derechos del afectado, que debe estar en condiciones de tolerar tal afectación” (Rol 784, c. 20°. En el mismo sentido, roles 1170, cc. 13° y 15° y 2437, c. 35°, entre muchos otros).

17. Que tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional comparada dan cuenta de la socorrida utilización del denominado test de proporcionalidad, desarrollado por ALEXY y especialmente recogido por las cortes constitucionales europeas y con creciente frecuencia, en el entorno latinoamericano.

Conforme a su configuración dogmática, este instrumento metodológico – aplicable a toda intervención en el ámbito de la libertad y propiedad de las personas - es susceptible de desglosarse en cuatro elementos o subprincipios:

a) La intervención debe perseguir una finalidad legítima:

b) Tal finalidad debe ser adecuada e idónea para la promoción o realización de dicho objetivo legítima:

c) Al efectuar el jue el juicio de ponderación, debe preferir, entre varias alternativas de intervención, la que sea menos gravosa para los derechos involucrados (intervención mínima o proporcionalidad en sentido estricto), de manera que la intensidad de la intervención sea proporcionada a la urgencia o necesidad de los objetivos propuestos.

Este último requisito – tal vez el más importante para la protección de la libertad individual - conlleva una ponderación entre el interés del individuo y el interés público, teniendo en cuenta la situación particular del primero y siempre cuidando que el derecho en juego no pueda quedar anulado o negado en su dimensión esencial.

18. Que, en punto a la legitimidad de la medida impugnada, cabe desde luego precisar que el artículo 4°, inciso final de la Ley que Regula la Transferencias y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura, como lo ha señalado el mismo actor constitucional de autos, no presente un problema de constitucionalidad que radique en el espíritu y finalidad del precepto (fojas 17). Como hemos apuntado, la finalidad perseguida por el legislador en la modificación y reflejada en la redacción de la disposición cuestionada, fue hacer frente a los obstáculos que limitaban la cesión del crédito en la factura y que tenían su origen en la posición dominante de algunas empresas, dando lugar a un alejamiento del espíritu de la norma, en su aplicación concreta.

Entonces, el fin que se ha buscado tutelar es la regularidad de la cadena de pagos o la libre circulación del crédito, en vista de su importancia para el buen funcionamiento del orden económico y mercantil, en el entendido que la no entrega del recibo de una factura (así como cualquier actividad que restrinja o prohíba la circulación del crédito que consta en dicho documento), evidencia una conducta sospechosa de abuso o fraude, que el legislador estima conveniente prevenir.

De allí la conclusión en orden a que la finalidad que tuvo en vista la ley, en el texto que se materializa en la norma impugnada, esté determinada por razones constitucionalmente legítimas.

19. Que, en lo tocante a la idoneidad de la prescripción cuestionada para incentivar la protección del objetivo constitucional, primeramente, hay que mencionar que el artículo 4° establece los supuestos o requisitos que debe contener la copia de la factura para que quede apta para su cesión, y en su literal b) exige la constancia del recibo de las mercaderías entregadas o de los servicios prestados. Por su parte, la misma disposición en su inciso final señala: “Asimismo, queda prohibida (…) la no entrega del recibo señalada en la letra c) del artículo 5°”.

Se desprende entonces claramente, de su tenor literal, que la constancia en el recibo de la prestación del servicio – como se describe en los hechos del caso concreto – es de fundamental importancia, por la obligación legal que genera, tanto para la cesibilidad del crédito, como para que la factura tenga mérito ejecutivo y así lograr su cobro. En especial, para lograr el objetivo del artículo 5°, es decir, que constituya un título circulatorio con suficiente fuerza ejecutiva y facilitar la circulación del crédito que contiene.

20. Sin perjuicio de ello, hasta ahora sólo nos hemos referido al nivel de trascendencia que reviste el recibo de la cuarta copia de la factura, siendo necesario preguntarse, además, si considerar como infracción la omisión del recibo resulta la medida constitucionalmente idónea para evitar la vulneración del bien jurídico protegido por el legislador.

Al respecto, se podría argumentar en un principio y desde un punto de vista meramente abstracto, que la idoneidad de la medida es tal por cuanto las sanciones establecidas por el legislador y reprochadas por el requirente, irían en beneficio tanto de los prestadores de servicios o acreedores como de los compradores, beneficiarios o deudores, en la medida que para ambos grupos es de interés que el ordenamiento constitucional y legal les proporcione instrumentos previsibles que coadyuven al fortalecimiento del comercio y su buen funcionamiento (STC Rol N° 1564, c. 53°). Sin embargo, nos encontramos en sede de inaplicabilidad, por lo que esta Magistratura se encuentra mandatada orgánica y constitucionalmente a pronunciarse en base a las circunstancias de hecho que presenta el caso concreto y respecto del efecto inconstitucional que produce la norma impugnada en su específica aplicación.

21. Siguiendo en esta secuela argumental, es sostenible postular que la medida de sancionar el simple hecho de no recibir la copia de la factura, no es del todo idónea para satisfacer el fin jurídico protegido, por cuanto obliga legalmente, sin mayores consideraciones, al deudor o beneficiario a aceptar y recibir una factura cuya causa de emisión es cuestionada, por lo que presenta la aptitud potencial de promover la circulación y cesibilidad de créditos defectuosos o falsos en relación a su causa. Todo esto, habida consideración, y como ya hemos señalado en este laudo, que la medida sólo responde a la noción abstracta de considerar la conducta como un abuso o fraude del comprador.

Pero desde la perspectiva del caso concreto, el ordenamiento puede incurrir en contradicción y producir un desequilibrio entre las partes involucradas, en el evento de que el comprador y beneficiario tenga motivos atendibles y justificados para no estampar el recibo de las mercaderías o servicios prestados.

22. Que, luego, el contraste entre el grado de intervención autorizado por el legislador y el nivel de perjuicio experimentado por el beneficiario del servicio, vale decir, la determinación de si estamos ante una medida estrictamente necesaria y si existen otras alternativas de intervención menos restrictivas o gravosas para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo, no puede hacerse sin recordar que el objetivo de la regla legal analizada es promover la cesibilidad y fomentar la rapidez con que se mueve el crédito en el tráfico comercial, favoreciendo la liquidez de las PYMES, por lo que en este punto, lo que se cuestiona es si la sanción es el medio más favorable para proteger la libre circulación del crédito.

Es menester reafirmar, a título de constatación inicial, que los artículos 4° letra b), inciso segundo y 5° letra c), inciso segundo de la ley que interesa, introducen una presunción de recibo de la factura, para cuya operatividad es preciso acompañar la guía de despacho en que conste el recibo correspondiente, permitiendo ello que la factura sea cedible y que tenga mérito ejecutivo. Igualmente, en su artículo 10°, la ley establece la aplicación a la cesión de créditos que consten en facturas, de las disposiciones establecidas en el Título XXV del Libro IV del Código Civil o en el Título IV del Libro II del Código de Comercio, en lo no previsto en esta ley y en caso que las facturas no cumplan las condiciones señaladas en el artículo 4°. Si bien estas normas supletorias no responden con precisión a la particular naturaleza de la factura, su aplicación es sólo excepcional en todo lo no previsto por el legislador, pero aun así permiten que se mantenga la cesibilidad del documento tributario y resguardan su libre circulación. Por lo que es posible apreciar la existencia de medidas menos lesivas en el mismo cuerpo normativo, que mantienen impoluto su espíritu.

En otras palabras, existen medidas razonables que resguardan la circulación de la factura, permitiendo a las PYMES ceder aquéllas a empresas de factoring cuyo recibo no conste en su cuarta copia cedible y así generar la requerida liquidez. En consecuencia, establecer una indemnización en favor del requirente de la infracción por el monto de dos a cinco veces el valor de la factura, a partir de un único presupuesto habilitante, cual es que no conste el recibo del servicio prestado, especialmente si existen circunstancias justificables para que el beneficiario o comprador se niegue a darlo, no parece ser una medida estrictamente necesaria para mantener su circulación.

23. Finalmente, se trata de aplicar la medida bajo un criterio de intervención mínima en la dimensión de no afectación de la igualdad ante la ley, que requiere toda medida restrictiva. Esta Magistratura ha sostenido que al sometimiento a la igualdad ante la ley “debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los derechos afectados” (Roles N°s 1.584, c. 19°; 2.365, c. 63° y 2.437, c. 35°, entre otras).

24. En el caso concreto, con la finalidad constitucionalmente legítima de evitar infracciones a la libre circulación del crédito contenido en una factura, el artículo 4°, inciso final de la Ley que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura, establece un medida indemnizatoria que, aplicada a este caso, deviene en consecuencias jurídicas cuya proporcionalidad estricta no puede evaluarse sin una previa cavilación en torno a la naturaleza jurídica dela reparación prevista en favor del prestatario de los servicios concernidos.

25. La indemnización prevista en el inciso final del artículo 4°, “por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción”consistente en la no entrega del recibo de los servicios prestados, se inserta en el ámbito de las reparaciones denominadas “punitivas”, porque excede largamente del monto del daño causado. Su finalidad es disuasiva o ejemplarizadora, más que compensatoria.

Para encuadrar teóricamente este instituto, es necesario remontarse preferentemente al derecho anglosajón, donde han tenido un importante desarrollo los llamados “punitive damages”, particularmente en los Estados Unidos e Inglaterra, en contraste con los ordenamientos de raíz romano germánica.

26. En el caso de la indemnización que nos ocupa, es de toda evidencia que la habilitación del precepto reprochado para que el juez proceda a la fijación discrecional de la indemnización punitiva transgrede la pauta de igualdad aritmética, consustancial a la conmutatividad, con arreglo a la cual la contraprestación del requirente no debe exceder de manera desproporcionada al precio pactado por los contratantes.

En definitiva, la aplicación del precepto legal, en el sentido que se ha explicado precedentemente, no supera un examen de proporcionalidad estricta, por cuanto permite a título indemnizatorio, obtener beneficios desligados de la relación causal entre el uso antijurídico de la factura y el enriquecimiento del requirente, directamente obtenido por tal uso, provocando en este último resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma.

27. En mérito de lo dicho, no concurre en este caso concreto, la proporcionalidad estricta entre la medida de intervención y el perjuicio causado al receptor de la copia de la factura, quien queda, como consecuencia de su omisión de estampar el recibo, sin importar la entidad de sus motivaciones, sujeto a la obligación de soportar el pago de una indemnización punitiva que en el caso de autos, ha alcanzado el doble del monto adeudado, equivalente a $15.069.906, sin perjuicio naturalmente del monto originalmente adeudado. Ello entraña una asimetría que viola la regla de prohibición de exceso y, como corolario, el mandato constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental.

(IV) Segundo argumento de fondo: el debido proceso

28. Que en el capítulo de reproche constitucional referido a la violación del artículo 19 N° 3°, inciso 6° de la Constitución, se alude a la vulneración de la norma constitucional por el precepto impugnado, toda vez que impone una indemnización punitiva que el tribunal aplica sin las garantías de un procedimiento racional y justo, estableciendo importantes presunciones a favor del denunciante y sendas limitaciones en la posibilidad de defensa sustantiva del denunciado, generando su indefensión. Alega también que la ley sólo exige al denunciante acreditar la no entrega del recibo, no siendo necesario, entonces probar la culpa o dolo, fijando un régimen punitivo de responsabilidad objetiva en este sentido. Tampoco requiere probar perjuicios ni su cuantía; ni configura baremos para que el juez fije el monto de la indemnización.

Finalmente, aduce que la norma imposibilita procesalmente la justificación del incumplimiento en la entrega del recibo, porque el receptor de la factura no tiene instancia o audiencia en el proceso, para acreditar el incumplimiento total o parcial en la entrega de la mercadería o en la prestación del servicio (fojas 22 a 27).

29. El debido proceso previo es condición necesaria para la aplicación de sanciones, constatación relevante en la situación sub lite, en la medida que el procedimiento concebido en el precepto impugnado, no satisface las garantías de justicia y racionalidad constitucionalmente exigidas, desde que da por consumada una infracción por el solo hecho de la no entrega del recibo de la forma en que lo señala la letra c) del artículo 5°, sea que las negociaciones u omisiones estén justificadas o no.

30. La motivación por la no entrega del recibo, no puede ser ignorada como garantía de racionalidad dentro del debido proceso. Máxime, si se considera un título causado.

De hecho, “[ella] pertenece a la clase de aquellos en que los que la causa que traen su origen, aparece en su tenor literal. El rasgo definitorio recién indicado se advierte porque el contenido de la factura debe referirse obligatoriamente, en primer lugar, a una compraventa de bienes o servicios o a aquellos negocios que la Ley del IVA asimile a dichos contratos; en segundo lugar, porque tiene que indicar que el emisor es un vendedor o un prestador de servicios y, por último, porque dicho vendedor o prestador de servicios ha de ser de aquellos que están obligados a emitir factura” (SANDOVAL nombre reservado: “Derecho Comercial”, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2015, p. 223). Así, debiera poder explicarse el motivo de la negación a estampar el recibo de la factura en su cuarta copia, especialmente si dicho instrumento tributario es esencialmente un título causado. Su emisión siempre debe tener una razón lícita de existencia. Por lo que es de suyo justo y razonable que, si no se recibe la factura, deba darse una oportunidad procesal eficaz de aclarar dicha circunstancia, especialmente si la explicación subyace en la inexistencia de su causa.

31. El precepto legal cuya aplicación se reprocha no contiene, en efecto, criterios que permitan al juez, conforme con la evidencia que aporten las partes en el ejercicio de su derecho de defensa, modular la indemnización punitiva en función, entre otros, de la buena o mala fe del deudor, de la entidad de su incumplimiento, de su intencionalidad, del eventual aprovechamiento abusivo de una posición contractual o incluso de las características particulares del deudor o del acreedor que podrían demostrar la inexistencia de una eventual posición de dominio o de subordinación respectivamente (la norma se aplica con independencia del tamaño de las empresas).

En otras latitudes, el grado de reprochabilidad de la conducta del deudor es justamente uno de los elementos que la jurisprudencia comparada ha considerado para enjuiciar constitucionalmente la atribución de daños punitivos, debiendo respetarse la dimensión procedimental del debido proceso que protege el derecho de propiedad (así por ejemplo la Corte Suprema de los Estados Unidos, en su conocida sentencia BMW of North America Inc. v. Gore, 20 de mayo de 1996).

32. No resulta ocioso advertir que nuestra Carta Fundamental otorga un mandato al legislador, en su artículo 19 N° 3°, inciso 5°, para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles son los presupuestos mínimos del mismo. Ello ha sido plasmado en la jurisprudencia de esta Magistratura latamente (STC Rol N° 478, c. 14°; 576, cc.

41° a 43°; 1812, c. 46°; 211, c. 22°; 319, c. 19°, entre muchas otras). Sin embargo, esto no significa que el legislador goce de completa autonomía o libertad para delimitar dichos elementos. Se ha concluido que “el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría de abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por los tribunales inferiores (…)” ( STC Rol N° 1432, c. 12°).

33. En el caso del precepto legal que se impugna en autos, al no establecerse un derecho de audiencia completo, donde el deudor o beneficiario del servicio tenga la pertinente oportunidad para repudiar la factura o explicar su negativa a expedir el recibo de que se trata, además de restringir el conocimiento íntegro que debe adquirir el juez, antes de decidir por la asignación de bienes o valores, degrada paralelamente el proceso de conocimiento, ínsito en la jurisdicción, hasta transfigurarlo en un mero acto de recaudación.

Como manifestación de lo anterior, se ha dictaminado que un precepto legal no satisface las exigencias mínimas de un racional y justo procedimiento al no permitir a quien aparece como deudor, de acuerdo con la información proporcionada por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario “ejercitar ni ante la Tesorería ni ante un tribunal de justicia otro medio de defensa que no sea la prueba del pago de la obligación y siempre que conste en un certificado emitido por el mismo ente cuya información es el título suficiente para retener fondos de la devolución anual de impuestos”(STC Rol N° 808, c. 11°). De igual forma, se estimó como contrario al debido proceso un precepto que impidiese “la práctica de diligencias probatorias o la recepción de pruebas que el Tribunal juzgue como necesarias para resolver si ha o no lugar la formación de la causa” (STC Rol N° 806, c. 31°).

34. Entonces, amén de lo dicho, es posible afirmar que nos encontramos frente a un procedimiento o reglas indemnizatorias que no están adecuada y proporcionalmente delimitados y cuyos efectos prácticos son indudablemente diversos, por lo que adquiere incuestionable pertinencia el camino escogido por el demandante. Una cuestión es aligerar la carga de la prueba, otra muy distinta es ignorar completamente la existencia de un vínculo causal entre el ilícito y el efecto producido. Además de desconocer que ese efecto sea dañoso, y, por último, ni siquiera considerar si necesariamente ese daño se encuentra debidamente avaluado por el legislador. Esta afectación al debido proceso se conecta con la afectación de otro derecho fundamental, como es el derecho de propiedad.

(V) Tercer argumento de fondo: el derecho de propiedad

35. El tercer reproche de constitucionalidad planteado por el requirente se funda en que el precepto legal impugnado afecta el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ya que se genera una indemnización punitiva a favor de quien no ha cumplido, provocando, en la especie, el enriquecimiento sin causa del denunciante. Esto, a costa del daño patrimonial del actor constitucional, sin una causa real que sirva de antecedente a una obligación comercial. A todo ello subyace que el legislador no tuvo en cuenta que toda limitación, obligación y deber impuestos al derecho de propiedad, ha de derivar o provenir de su función social, que es la única razón que legitima su imposición, al tenor del inciso segundo del mandato constitucional citado (fojas 27 a 30).

36. Profundizando en la aludida garantía constitucional, es menester recordar que el artículo 4°, inciso final de la Ley N° 19.983, fuerza al juez a establecer una indemnización al acreedor, que no tiene como real antecedente resarcir de algún daño o perjuicio causado por el deudor. En el caso de autos, dicha indemnización produce el efecto de reducir, en parte considerable, el patrimonio del requirente. Todo ello en consideración que el legislador ha establecido una obligación, cuyo incumplimiento acarrea una sanción pecuniaria, con la particular característica que esta última pretende la reparación del daño o perjuicio que la omisión del supuesto responsable provoca, sin advertir que esta medida puede convertirse en una obligación de aquellas que comprometen las facultades esenciales del dominio que el requirente tiene respecto de su capital.

37. Que, en alguna oportunidad anterior, este Tribunal Constitucional ha desechado el reproche de constitucionalidad planteado respecto de este derecho, consecuente con la aplicación de la disposición impugnada (Rol N° 1564, cc. 40° al 44°), exponiendo que “(…) la normativa aplicable por la infracción al otorgamiento de las facturas está basada también en razones de orden público económico que se relacionan con el bien jurídico que el legislador quiso proteger. La tarea del juez es aplicar la regla que obliga a la indemnización independiente de que se haya ocasionado o no un perjuicio al acreedor. La indemnización puede operar, igualmente, como una compensación general al entorpecimiento que las conductas descritas por la ley ocasionan a la libre circulación de un crédito que consta en una factura; en consecuencia, puede ser sólo la infracción al bien jurídico protegido y no el daño o el perjuicio causado al particular la causa directa de la indemnización”. De este modo, se concluyó, en su momento, que el legislador habría cumplido con el deber que ha de existir entre la indemnización y el fin perseguido por la norma.

No obstante lo anterior, en esta oportunidad se hace imperativo precisar, en función del contexto fáctico propio del caso concreto, la fundamentación que precede.

En efecto, se explicó en dicho pronunciamiento constitucional que la sanción, que se traduce en una indemnización a favor del acreedor por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o de las facturas, no responde necesariamente a un régimen de responsabilidad donde sea relevante probar el daño o perjuicio ocasionado por quien interpone la denuncia, sino que es consecuencia de la conducta del deudor que entorpece la libre circulación de un crédito, habido consideración que ese es el bien jurídico que el legislador pretende cautelar.

Si bien lo expresado en líneas anteriores se condice con lo aludido previamente en esta sentencia sobre el fin legítimo de la medida, este aserto debe ser matizado. El espíritu de la norma es inequívoco, en parte porque pretende ser una armadura para los agentes del mercado que representan ser una fuerza económica importante, y también porque la protección de la libre circulación del crédito reviste importancia en el orden público económico. Sin embargo, el legislador no puede desperfilar la naturaleza jurídica de aquello que pretende regular, en este caso, una responsabilidad específica. En otras palabras, no resulta suficiente afirmar que la norma establece una indemnización porque frenar la circulación de un crédito perturba a tal nivel un bien jurídico, que el legislador se encuentra habilitado para ignorar los elementos esenciales de la responsabilidad. Especialmente, si el incumplimiento de una obligación deviene en una indemnización cuyo fundamento es poco razonable e incompleto, llegando a afectar el patrimonio del deudor que incumple de forma justificada, como se postula en el caso de autos.

38. Que también esta Magistratura, en la misma oportunidad (Rol N° 1564), siguiendo la línea de pensamiento anterior, observó que “(…) la Constitución no prejuzga acerca de cuál debe ser el fundamento de la obligación de reparar un daño sufrido por una persona. En nuestro derecho la obligación de reparar un daño no es siempre atribuible al dolo o la culpa del responsable del mismo, sino que muchas veces tiene su fundamento en hipótesis de responsabilidad estricta u objetiva, verbigracia el artículo 155 del Código Aeronáutico; el artículo 21 del Código de Minería (…) en cualquier caso, para que proceda la responsabilidad civil estricta es necesario que la ley lo disponga expresamente, pues es un caso excepcional” (considerando 39°).

Nuevamente, se hace necesario hacer ciertas especificaciones. En primer lugar, menester es recordar que la doctrina ha definido la responsabilidad objetiva como aquella que “prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera haya sido su conducta, haya habido o no culpa o dolo de su parte. El hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho culpable o doloso es el que genera la responsabilidad. El que crea el riesgo, el que con su actividad o su hecho causa daño a las personas” (ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo: “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno”, Editorial Jurídica de Chile, 2015, pp. 69 y 70).

En esta misma línea, el Profesor nombre reservado, ha explicado que “[la]

responsabilidad estricta se diferencia de la responsabilidad por culpa en que no exige negligencia del autor del daño. En su versión más pura, la responsabilidad estricta queda configurada por la mera relación causal entre el hecho del demandado y el daño sufrido por el demandante. Desde el punto de vista funcional, tiene como fundamento el riesgo creado por quien desarrolla la actividad respectiva y no la omisión de deberes de cuidado, de modo que es innecesario, a efectos de dar por establecida la responsabilidad, hacer un juicio de valor respecto de la conducta del demandado. Basta que el daño se produzca a consecuencia de una actividad cuyo riesgo la ley ha sometido a un estatuto de responsabilidad sin negligencia” (nombre reservado: “Tratado de la Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 29). Así, la responsabilidad objetiva prescinde del elemento de la imputabilidad del daño, culpa o dolo, y simplemente atiende al daño producido.

Consiguientemente, si se considera que el inciso final del artículo 4° pretendía establecer una responsabilidad objetiva, es obvio afirmar que ello no se adecua a la doctrina generalmente aceptada, dado que el daño es imprescindible para su establecimiento.

De hecho, si vamos al artículo 155 del Código Aeronáutico y al artículo 21 del Código de Minería, estos respectivamente señalan: “El explorador indemnizará los daño que causen a las personas o cosas que se encuentren en la superficie, por el solo hecho de que emanen de la acción de una aeronave, o por cuanto de ella caiga o se desprenda”; y “Sin perjuicio de los derechos que normas legales especiales confieren a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y de los derechos del Estado sobre los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el Servicio podrá efectuar trabajo de geología de acuerdo con las normas que lo rigen y debiendo obtener los permisos que sean necesarios en virtud de éste párrafo. A solicitud del Servicio o del dueño del suelo o de su poseedor o tener actual, el juez regulará el ejercicio de esta facultad, pudiendo imponer el otorgamiento de caución para garantizar el pago de perjuicios. El Estado responderá todo perjuicio que el Servicio causa con ocasión del ejercicio de esta facultad”.

De lo que cabe inferir que nuestro ordenamiento jurídico reconoce hipótesis de responsabilidad objetiva, que requiere siempre como presupuesto la existencia de un daño o perjuicio, bastando éste para que el autor del acto sea responsable.

39. Adicionalmente, subrayemos que, para que proceda la responsabilidad civil estricta, es necesario que la ley la refiera expresamente, dado su carácter excepcional.

En esta misma orientación doctrinaria, la responsabilidad que consagra el artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983 se inserta en el ámbito de la denominada responsabilidad legal o sin culpa, que la literatura del derecho ha definido como aquella “que deriva exclusivamente de la ley. Se llama también, sin culpa, porque existe, aunque de parte del sujeto no haya habido la más mínima culpa y provenga de hechos lícitos o permitidos por la autoridad” (ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, ob. cit., p. 73).

Asimismo, se ha explicado que “la responsabilidad estricta u objetiva es un régimen especial de derecho estricto, que rige ciertos ámbitos de conducta o tipos de riesgos definidos por el legislador. En consecuencia, su fuente es la disposición expresa de la ley” (nombre reservado, Enrique, ob. cit., p. 29). Sin perjuicio de las discusiones doctrinales que en razón de ella se dan, como en cuanto a que esta responsabilidad sería una aplicación de la teoría del riesgo o no, lo rescatable para nuestros efectos es que, si bien prescinde completamente de la culpa como elemento, no lo hace del daño. En definitiva, tampoco el legislador, para establecer una responsabilidad legal por omisión de estampar el recibo de la cuarta copia cedible de la factura, puede simplemente negar la necesidad del daño o perjuicio que dicha infracción debe provocar en el acreedor.

(VI) Conclusiones

40. En virtud de todos los fundamentos señalados, el requerimiento debe ser acogido, declarándose inaplicable, para el caso concreto, el precepto legal impugnado.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CARTA FUNDAMENTAL PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR HABER TENIDO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Redactó la sentencia, en su voto por rechazar, el Ministro señor NELSON POZO SILVA y, en su voto por acoger, el Suplente de Ministro señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 11.909-21-INA Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, por sus Ministros señores NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES, y por los Suplentes de Ministro señora NATALIA MUÑOZ CHIU y señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE.

Firma el Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, y se certifica que los demás señoras y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el país.

Autoriza la señora Secretaria del Tribunal Constitucional, María Angélica Barriga Meza.

Cristián Letelier Aguilar María Angélica Barriga Meza Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Fecha: 15-07-2022 Fecha: 15-07-2022