Protección contra Caja de Compensación y de Asignación Familiar Los Héroes

Recurso de Protección Rol I. C. 942-2023.

“nombre reservado contra Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Héroes”.

Talca, once de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto y considerado:

Primero: Que don nombre reservado, gendarme, domiciliado en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de Caja de Compensación y de Asignación Familiar Los Héroes, representada por su Gerente General, don nombre reservado, ingeniero, domiciliados en domicilio reservado; a fin de que en definitiva se ordene a la recurrida: 1. El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de sus remuneraciones, con los intereses legales y reajustes hasta el momento de dicha devolución. 2. Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, descuentos de remuneraciones, ya sea por el actual o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado. 3. Expresa condenación en costas.

En cuanto a los antecedentes, indica que desde hace 25 años es funcionario de Gendarmería de Chile, y hace unos cuantos años me encuentro afiliado a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, con la que contrajo las siguientes obligaciones: a. En diciembre 2.016 contrajo una obligación que fue materializada en Pagaré Nº 103282848, por la cantidad de $6.634.715.-; pagadera en 60 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $198.234.- cada una, salvo la última que sería de $198.180.- que se pagarían a través de la retención de su remuneración por parte de su empleador. Sin embargo, se constituyó en mora desde la cuota que venció el 31 de diciembre de 2.018, por lo que la institución interpuso acción ejecutiva en mi contra, dando origen a la causa Rol C-26.640-2019 seguida ante el 20º Juzgado Civil de Santiago. Habiendo tomado conocimiento de esta acción en su contra, en enero de 2.022 se apersonó al juicio y opuso excepción de prescripción establecida en numeral 17 de artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y el 16 de agosto del mismo año se dictó sentencia que acogió la excepción opuesta. El 17 de octubre se certificó la ejecutoriedad de la misma. b. En marzo del año 2.018 contrajo una segunda obligación con la referida Caja de Compensación, la cual se plasmó en el Pagaré Nº 103872483, por la suma de $499.615.-; que se pagaría con el interés de 2,96% mensual, en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $19.042.-, y una última cuota de $19.067.- Esta obligación también se pagaría a través de la modalidad de retención de remuneración por parte de mi empleador. Sin embargo, se constituyó en mora desde la cuota Nº 9 que venció el 31 de diciembre de 2.018. La institución financiera inició acción ejecutiva en mi contra, aperturándose la causa Rol 26.713-2019 en el 20º Juzgado Civil de Santiago, archivándose en marzo de 2.020. En enero de 2.022, se dio notificó y fue requerido de pago a fin de oponer excepción de prescripción, que fue acogida en agosto del mismo año.

Desde entonces, ha intentado que la Caja de Compensación Los Héroes reconozca los fallos del 20º Juzgado Civil de Santiago, y cesen los descuentos en mis remuneraciones, las cuales en los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre queda en saldo insoluto, por lo que no se alcanzaron a realizar los descuentos; sin embargo en marzo, junio, septiembre y diciembre, cuando recibo asignaciones trimestrales, le realizaron los descuentos por las cuotas antes mencionadas.

En enero pasado concurrió a la sucursal de CCAF Los Héroes en Talca, entregando copias de ambas sentencias, por lo que inició el Requerimiento Nº 801345535 para el cese del cobro de las cuotas de las obligaciones ya declaradas prescritas; luego de unas semanas, una ejecutiva le indicó que su solicitud había sido rechazada, por cuanto, aunque las obligaciones fueron declaradas prescritas ellos no tenían la obligación de cumplir esa sentencia y dejar de cobrar las mensualidades. El Departamento de Remuneraciones de Gendarmería de Chile respondió que no podían cesar en los descuentos hasta que la Caja de Compensación Los Héroes les impartiera dicha instrucción. Así las cosas, desde octubre de 2.022 he intentado que esta institución reconozca y cumpla los fallos del 20º Juzgado Civil de Santiago, a lo que se ha negado, intentando revivir una deuda, a través de los descuentos en sus remuneraciones. De esta forma, se pueden desprender los siguientes descuentos: Mes Concepto Monto Noviembre CCAF LOS HÉROES -$217.276.- Diciembre CCAF LOS HÉROES -$217.276.- Enero CCAF LOS HÉROES -$217.276.- Febrero CCAF LOS HÉROES -$217.276.- Marzo CCAF LOS HÉROES $217.301.- Abril CCAF LOS HÉROES -$217.251.- Por lo anterior, es claro que la recurrida pretende por la vía de este descuento ilegal, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro de los créditos, y ha optado por actuar, a su conveniencia, presuntamente amparada en la Ley de Cajas de Compensación, y ordenar a mi empleador, un descuento mensual “por planilla”, sin fundamento legal.

El actuar de la referida institución vulneró su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de La Constitución Política de la República, lo ha privado de parte importante de la retribución que significa sus remuneraciones devengadas, sin que medie embargo o justificación legal alguna. Cita jurisprudencia.

Indica que se declare que el actuar de la institución ya individualizada es del todo ilegal y arbitrario, y adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando en definitiva que se abstenga de realizar por sí o por terceros descuentos en mis remuneraciones y el reintegro y devolución de cada una de las sumas descontadas.

Segundo: Que la recurrida, Caja de Compensación Los Héroes evacuó el informe de estilo y solicitó el rechazo del Recurso de Protección, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Luego de no cuestionar la existencia de los créditos descritos por el recurrente, indicó que la interposición de la acción es extemporánea. En efecto, de conformidad al Auto Acordado 94-2015 de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación del recurso de protección, según plazo fijado en el artículo 1, que reproduce textualmente. Los descuentos que reclamó la recurrente ocurrieron a contar de noviembre de 2.022, por lo que el plazo para la presentación de la acción de protección incoada por la recurrente se encuentra ampliamente vencido.

Asimismo, hace notar que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social. De tales mecanismos, su representada puede ejercer legalmente tanto la acción del mutuo como el mecanismo extrajudicial. Una de las acciones corresponde a la que nace del pagaré, la acción cambiaria, y la otra que nace del contrato de mutuo. Si bien es cierto que se ha declarado la prescripción de la acción que emana de los pagarés previamente individualizados, lo relevante es enfatizar que no se ha declarado por un tribunal la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo. Esta última prescripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.515 del Código Civil opera en el plazo de 5 años desde que se hiciera exigible la obligación y en la medida que sea alegada como acción o excepción, pues no opera de pleno derecho. Bajo esta lógica, de conformidad al contrato de mutuo, existen cuotas vigentes hasta el día de hoy. Para enervar dicha situación se debería accionar en contra del referido contrato y, como ha sido uniformemente sostenido por la jurisprudencia nacional, en sede civil.

Sostiene que el artículo 1° de la Ley N° 18.833, señala que ese topo de instituciones se rigen por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil y que el artículo 22 de esa Ley, señala que las prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Cita el artículo 58 del Código del Trabajo, sobre deducción de las remuneraciones por lo que no resulta ser un acto arbitrario ni ilegal de su parte el envío de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas, sino que, por el contrario, se trata de una actividad apegada a derecho que tiene como finalidad la obtención del pago de lo que se le adeuda, conforme con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, que reprodujo; y, que ha señalado en diversos dictámenes, que la prescripción de la acción ejecutiva extingue únicamente el medio de apremio que la Ley le confiere al acreedor, dejando vigente la obligación para su cobro a través de la acción ordinaria e incluso aquella subsiste como obligación natural, por lo que una vez cumplida, autoriza a retener lo dado o pagado en razón de ellas.

Consecuentemente, y de acuerdo con las reglas generales que rigen esta materia, la prescripción, para que produzca sus efectos, debe ser alegada por el deudor y declarada judicialmente. Transcribe jurisprudencia.

No ha cometido acto ilegal o arbitrario ni antojadizo al proceder con el descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene el señor nombre reservado, toda vez que está actuando dentro de sus márgenes legales, esto de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322. Invoca el Dictamen 42792- 2018 de 23 de agosto de 2.018, que indica que las deudas de crédito social “…deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. En mérito de lo antes expuesto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora las sumas que su trabajador adeude por crédito social, y, por ende, no se requiere la autorización del deudor…”, como el Dictamen 06274-2019 de 11 de abril de 2.019, sobre el plazo de prescripción ordinaria respecto de un crédito social. Se asila igualmente en el Dictamen 14477-2022 de la SUSESO, sobre la subsistencia de la acción ordinaria de cobro del crédito social. El informante alega que no se ha declarado la prescripción ni de la acción ejecutiva ni de la acción cambiaria. Transcribe jurisprudencia sobre el punto.

No existe declaración de prescripción respecto de la acción emanada del pagaré, ni de la acción cambiaria y el contrato de crédito no se encuentra invalidado por alguna sentencia judicial, por tanto, surte sus efectos jurídicos. Consecuentemente, para las partes el contrato suscrito constituye una ley que no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales, en los términos del artículo 1.545 del Código Civil. Exhorta lo señalado por el Dictamen N° 0262/004, de 17 de enero de 2.012 de la Dirección del Trabajo sobre descuentos en las remuneraciones del trabajador.

En otro orden de ideas, señaló que la vía jurídica intentada por la recurrente para objetar su accionar no es la idónea. En efecto, la misma naturaleza cautelar del recurso de protección impide que pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, resultando claramente ajeno un pronunciamiento judicial declarativo a las condiciones procesales en que se desarrolla y decide un recurso de protección. Copia jurisprudencia. Tampoco cabe establecer por esta vía, derechos permanentes a favor de los recurrentes, como ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia de 8 de octubre de 1997 (Gaceta Jurídica N° 208) y demás sentencias definitivas que hacer valer sobre la materia. El asunto que la recurrente propuso al análisis y resolución, excede los objetivos del recurso de protección de garantías constitucionales, y que debe ser declarado en un procedimiento de lato conocimiento, contradictorio.

Resulta que en la especie existe controversia sobre hechos de cuya existencia depende la del derecho conforme al cual se afectarían las garantías constitucionales de la recurrente. En efecto, tanto la existencia o inexistencia de la deuda, la prescripción de la acción de cobro o la forma en que ejerce su facultad legal de cobrar lo que se adeuda, son materias que deben ser resueltas en un proceso de lato conocimiento que excede el propósito y alcance con el que el constituyente ha dotado al recurso de protección. Convoca jurisprudencia al efecto.

Tercero: Que en parecer de esta Corte, el Recurso de Protección constituye una acción constitucional cautelar que tiene por objeto adoptar prontas y urgentes medidas en situaciones de hecho en que se han realizado actos o incurrido en omisiones, que con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, priven, perturben o amenacen de manera patente, manifiesta, grave y evidentemente anormal, el debido ejercicio de los derechos esgrimido por el reclamante, que se encuentran amparados y garantizados en el texto constitucional. De tal forma, la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) existencia de un hecho u omisión en que se origina el recurso, en este caso, en los actos que afectan el derecho constitucional indubitado en que se funda el recurso; 2) que esas acciones sean ilegales o arbitrarias; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

Cuarto: Que la alegación de La recurrida sobre extemporaneidad de la acción proteccional, debe ser desestimada, en atención a que los efectos atribuidos a la recurrida, se han mantenido de forma permanente en el tiempo y surtiendo efectos hasta la dictación de la orden de no innovar dictada por esta Corte.

Quinto: Que entre las partes no existe controversia respecto de la existencia de operaciones de crédito de dinero, así como la existencia de dos procedimientos ejecutivos entre ellas, en que la recurrida demandó el cobro compulsivo de las acreencias, utilizando como causa de pedir el pagaré firmado ante notario por el recurrente, que se excepcionó de las ejecuciones alegando la prescripción del título ejecutivo conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley 18.092, según dan cuenta las respectivas copias de las sentencias definitivas ejecutoriadas incorporadas por la demandante de protección.

Asimismo, no existe discusión sobre el descuento de parte de las remuneraciones del recurrente para el pago de la acreencia de que dice la Caja de Compensación ser titular, lo que se hizo a través del actual empleador del demandante de protección.

Sexto: Que la existencia de una duplicidad de procedimientos, uno de ellos terminado por sendas sentencias que rechazaron las demandas ejecutivas, das uno judicial y el otro extrajudicial o privado, que la recurrida empleó para obtener el pago de su crédito que el recurrente acepta no haber pagado oportuna e íntegramente, pone a la Caja recurrida en situación de un actuar arbitrario e ilegal, ya que ejercida la acción ejecutiva y alegado por el recurrente la existencia de causales de extinción de la obligación civil, se debe estar a la resolución jurisdiccional de esas materias, lo que hace que el procedimiento que establece la Ley 18.833, que le permite la retención de parte de las remuneraciones del trabajador a través del nuevo empleador, tenga el carácter de ilegal, en cuanto excede el ámbito de la Ley 18.833, ya que se transforma en una segunda acción de cobro y que podría provocar un doble pago del crédito, sin control de ningún tipo, sea del propio trabajador como de un órgano jurisdiccional, lo que transforma en un actuación arbitraria, ya que carece de razonabilidad el doble uso de medios de cobro, afectando de esa manera el derecho de propiedad del recurrente, sobre sus remuneraciones.

Por lo expuesto, el recurso debe ser acogido en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24; y, 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la “Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Héroes”, disponiéndose que la recurrida deberá desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual de aquel y se dispone la devolución de los dineros descontados con motivo de los créditos señalados en el Recurso.

Acordada con el voto en contra del ministro Carrillo González, quien fue de parecer de rechazar el Recurso en análisis, en atención a que entre las partes hubo relaciones jurídicas, del que los pagarés en cuestión, son expresión de ellas y respecto de los cuales, en tanto títulos ejecutivos, se declaró prescrita la acción que emana de ellos; lo que impide exigir el cobro compulsivo de las obligaciones de dar de que dan cuenta aquellos, pero que no impiden la actuación por otras vías que digan relación con acciones nacidas en el contrato de mutuo, como lo alega la recurrida, u otras si correspondiera en derecho.

La declaración de prescripción de que dan cuenta sendas sentencias definitivas en el juicio seguido entre las partes, no abarca aquellos otros derechos de la recurrida y respecto de las que no ha habido declaración de prescripción. En tales circunstancias, el procedimiento del artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social aparece como legítimo, como lo fue el otorgado en su oportunidad al recurrente. Ese procedimiento amparado en el texto legal precitado hace que la actuación se encuadre dentro del ordenamiento jurídico, en interés de su derecho subjetivo y del cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre ella.

Por lo anterior, el disidente fue de parecer de rechazar el Recurso de Protección motivo de esta disputa.

Redacción a cargo del ministro Carrillo González.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 942-2023/Protección.

Se deja constancia que no firman el Ministro don Carlos Carrillo González y el Abogado Integrante don Rodrigo de la Vega Parra, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, el primero por encontrarse haciendo uso de feriado y, el segundo, ausente.

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