INVERSIONES WHITE HAWK con MUNICIPALIDAD DE MAULE

Talca, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, al folio 1 comparece el abogado don RAÚL OMAR MORALES VALLEJOS, en representación de INVERSIONES WHITE HAWK SpA, representada legalmente por don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, quien viene en interponer acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Maule, representada por su Alcalde, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en actos y omisiones ilegales y arbitrarios que privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de su representada, consagradas en los artículos 19 N°21, 19 N°2 y 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Explica al efecto, como antecedentes de hecho, que el 16 de marzo de 2026 su representada ingresó la Solicitud de Patente Comercial Municipal N° 36 para el giro de "acopio, compra, venta y despacho de materiales pétreos sin extracción ni procesamiento", en el predio Cerro El Pueblecillo s/n, ROL 157-121, comuna de Maule, acompañando como documentación de respaldo Certificado de Informaciones Previas N°189, de 23 de marzo de 2026, emitido por la propia Dirección de Obras Municipales de Maule, que acredita que el predio se emplaza en Zona Rural (ZR), sin área de riesgo, sin área de protección, sin afectación a utilidad pública, y sin restricciones urbanísticas de edificación; Certificados del Servicio de Impuestos Internos que acreditan giros activos: código 521009 (Almacenamiento y Depósito, desde 05-02-2026) y código 466302 (Venta Mayor de Materiales de Construcción, desde 25-02-2026); Antecedentes societarios tales como Certificado de Estatuto Actualizado, Certificado de Vigencia y Certificado de Vigencia de Poderes, todos del Registro de Empresas y Sociedades, con valor de instrumento público; Complementación de Autorización otorgada por Lever and Murphy Co. SpA, RUT RUT reservado, propietaria del inmueble, suscrita con firma digital el 10 de marzo de 2026, que autoriza expresamente a Inversiones White Hawk SpA para desarrollar acopio y almacenamiento de materiales pétreos sin extracción desde el predio; Informe de Identificación y Caracterización de Suelos de El Predio, elaborado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), Producto N°29818, marzo 2026, que acredita que el predio es Cerro Pueblecillo, superficie 18,60 hectáreas, íntegramente Clase VII Secano — suelo de uso no agrícola, sin edificaciones posibles ni requeridas; Declaración Simple de Actividad, suscrita por el representante legal, que describe exhaustivamente que la actividad se desarrolla a cielo abierto, sin extracción, sin procesamiento, sin instalaciones industriales y sin obras de ningún tipo; Comprobante de solicitud de audiencia ante la Directora de Administración y Finanzas, doña nombre reservado, mediante la Plataforma Ley de Lobby, de fecha 27 de marzo de 2026, acreditando la diligencia del recurrente en la búsqueda de solución administrativa previa; y requisitos oficiales de patente comercial publicados en el sitio institucional de la Municipalidad de Maule — Dirección de Administración y Finanzas (Folio SIGFE Municipalidad de Maule, 2022), que no contemplan en ningún apartado la exigencia de recepción de obras de edificación para este tipo de patente.

Continúa relatando que el 10 de marzo de 2026 el Director de Obras Municipales, arquitecto nombre reservado, emitió el Informe de Antecedentes N°44, señalando que el predio no contaba con antecedentes de permiso y recepción de edificación, concluyendo que "no es factible autorizar la actividad", para lo cual invocó el artículo 5.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, norma que regula la habitación y uso de edificios con recepción definitiva, en circunstancias que la actividad solicitada no contemplaba edificio alguno, lo cual a su juicio constituye una contradicción interna del propio municipio, pues el mismo Director de Obras que firmó el Informe DOM N°44 había emitido días antes, el 23 de marzo de 2026, el Certificado de Informaciones Previas N°189, en el que certificó que el predio es Zona Rural sin área de riesgo, sin área de protección, sin afectación a utilidad pública, y sin consignar exigencia de edificación alguna; así como que el mismo funcionario que emitió el CIP favorable firmó el informe denegatorio por causa urbanística.

Añade que el 1° de abril de 2026 don nombre reservado, en representación de Inversiones White Hawk SpA, interpuso Recurso de Reposición Administrativa ante la Dirección de Administración y Finanzas, por medios electrónicos en conformidad al artículo 30 de la Ley N°19.880, planteando expresamente la inaplicabilidad de la norma urbanística, la falta de competencia de la DOM para calificar actividades comerciales sin obras, y la vulneración de los artículos 19 N° 21 y N° 7° de la Constitución; que el 10 de abril de 2026 se solicitó acuse de recibo de dicho recurso, reiterándose el 15 de abril de 2026 la solicitud de acuse, requiriéndose información sobre el estado de tramitación, dirigiéndose la comunicación directamente a la Directora doña nombre reservado, con copia a correo reservado. En ambas oportunidades, expone, la Municipalidad no respondió, configurando silencio administrativo reiterado e injustificado, en infracción directa a los artículos 8° y 24° de la Ley N°19.880.

Luego indica que el 29 de abril de 2026, la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Maule, a cargo de su Directora doña nombre reservado, dictó el Decreto Exento N°1093, denegando formalmente la Solicitud de Patente Municipal N°36, y que el decreto tiene el vicio estructural de que en sus VISTOS consigna el correo electrónico del 01 de abril de 2026 — que corresponde al Recurso de Reposición interpuesto — pero en sus CONSIDERANDOS omite completamente pronunciarse sobre él, por lo que resolvió sin decidir el recurso pendiente, infringiendo el artículo 41 de la Ley N°19.880, que obliga a la administración a resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.

El decreto funda la denegación en la ausencia de recepción de obras de edificación, invocando el artículo 145 de la LGUC, señalando en su considerando 5° que "la patente grava una actividad cuyo desarrollo supone, necesariamente, que el lugar en que se ejerce se encuentre habilitado" mediante recepción municipal de obras, premisa que es fáctica y jurídicamente falsa, pues la actividad de acopio de materiales a cielo abierto no requiere edificación, no la contempla, y por ende no puede estar sujeta a la recepción de una obra inexistente.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos, el actor expresa que en primer término existe un error de derecho, pues los artículos 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 5.2.7 de la Ordenanza respectiva son inaplicables a la actividad solicitada, Expone que el artículo 145 de la LGUC establece que "no podrá habitarse o destinarse a uso alguno edificio o parte de él" sin recepción municipal definitiva, por lo que su ámbito es inequívoco: regula edificios —obras de construcción permanentes, con estructura, bajo techo, susceptibles de habitación o uso cubierto. En el mismo sentido, el artículo 5.2.7 de la OGUC, invocado en el Informe DOM N°44, dispone que ningún edificio podrá habitarse antes de la recepción definitiva, por lo que ambas normas presuponen la existencia de una construcción.

La actividad cuya patente se solicita en cambio es "acopio, compra, venta y despacho de materiales pétreos SIN EXTRACCIÓN NI PROCESAMIENTO", vale decir, se trata de una actividad desarrollada al aire libre, sobre suelo natural, sin construcción, sin techo, sin estructura, sin edificio de ningún tipo. No existe por lo tanto obra que recepcionar porque la naturaleza misma de la actividad no la requiere, no la contempla y no la permite. El CIREN acredita que el terreno es íntegramente Clase VII Secano, suelo de cerro sin capacidad de uso agrícola regular; la morfología del predio confirma que no hay ni puede haber edificaciones. Aplicar una norma urbanística de edificación a una actividad sin edificación es una interpretación extensiva, forzada y manifiestamente improcedente, que viola el principio de legalidad del artículo 7° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N°18.575.

En segundo término, expresa el recurrente que existe una contradicción interna de parte del municipio, ya que el CIP N°189 desmiente el Informe DOM N°44. Así, el Certificado de Informaciones Previas N°189, emitido el 23 de marzo de 2026 por el mismo Director de Obras Municipales que firmó el Informe DOM N°44, certifica que el predio se emplaza en Zona Rural (ZR), sin área de riesgo, sin área de protección, sin zona de conservación histórica, sin afectación a utilidad pública, y sin estacionamientos requeridos según usos permitidos, no consignando el certificado exigencia de edificación ni restricción de uso rural alguna.

Un municipio no puede contradecir con un decreto sus propios certificados oficiales expedidos por la misma unidad técnica respecto del mismo predio, enfatiza, contradicción interna del acto administrativo que refuerza la ilegalidad y arbitrariedad del rechazo.

En tercer lugar, afirma la existencia de una infracción al artículo 26 inciso segundo del Decreto N° 2385 de 1996, que establece la obligación de otorgar la patente en forma inmediata. Expresa que el artículo 26 inciso segundo del texto refundido del DL N° 3.063, aprobado por Decreto N° 2385 de 1996, establece que la municipalidad estará obligada a otorgar la patente en forma inmediata una vez que el contribuyente haya acompañado los permisos requeridos: sanitarios, de emplazamiento según el Plan Regulador, y los que leyes especiales exijan, requisitos taxativos y definidos por la ley.

Argumenta que el propio sitio institucional de la Municipalidad de Maule — la Dirección de Administración y Finanzas — lista los requisitos de Patente Comercial, cuales son cédula de identidad, RUT del representante legal, constitución y vigencia de la sociedad, iniciación de actividades ante el SII, dominio o arrendamiento del local, informe de antecedentes DOM, resolución sanitaria cuando corresponda, y certificado de capital propio, no exigiéndose en ningún caso la recepción de obras de edificación. La recurrida, dice, creó así por vía de decreto un requisito que su propio reglamento interno no contempla, lo que configura una discriminación arbitraria e ilegalidad manifiesta.

En cuarto lugar, arguye la incompetencia de la Dirección de Obras Municipales para calificar actividades comerciales sin intervención urbanística, indicando que la DOM tiene competencia, conforme a la LGUC y la LOCM, respecto de edificación, urbanización y obras materiales. La actividad de acopio de materiales pétreos a cielo abierto no contempla obra alguna. En consecuencia, la DOM carecía de competencia para pronunciarse sobre la factibilidad de autorizar la actividad desde una perspectiva urbanística de edificación. Su informe excede el ámbito legal de sus atribuciones, lo que lo priva de eficacia jurídica como fundamento del decreto denegatorio.

En quinto término, alega la nulidad por omisión de pronunciamiento sobre el Recurso de Reposición, lo que configuraría una infracción al artículo 41 de la Ley N°19.880, ya que el Decreto Exento N°1093 consigna en sus VISTOS el correo del 01 de abril de 2026, que corresponde al Recurso de Reposición Administrativa interpuesto por el representante legal. Sin embargo, añade, el decreto no se pronuncia en ninguno de sus considerandos sobre los fundamentos planteados en dicho recurso. El artículo 41 de la Ley N°19.880 establece que la resolución que ponga término al procedimiento debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados. La omisión de pronunciamiento configura una nulidad de derecho público del acto administrativo, en infracción directa al artículo 7° de la Constitución.

Por último, en sexto lugar, indica que presentado el Recurso de Reposición el 01 de abril de 2026 la Municipalidad no respondió las solicitudes de acuse de recibo de los días 10 y 15 de abril de 2026 ni resolvió el recurso dentro del plazo establecido por el artículo 64 de la Ley N°19.880. Esta omisión reiterada, injustificada y verificable documentalmente constituye, por sí sola, un acto ilegal y arbitrario que vulneró el derecho de su representada a obtener un pronunciamiento fundado en tiempo y forma.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, señala las del artículo 19 N° 21, de la Constitución Política de la República, consistente en el derecho a desarrollar una actividad económica lícita; artículo 19 N° 2, la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria; y artículo 19 N° 3, cual es el derecho a un procedimiento racional y justo (debido proceso administrativo), por los fundamentos que esgrime.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, declarando en definitiva que el Decreto Exento N°1093, de 29 de abril de 2026, dictado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Maule, es ilegal y arbitrario, por cuanto: (i) aplica indebidamente el artículo 145 de la LGUC y el artículo 5.2.7 de la OGUC a una actividad comercial sin edificación alguna; (ii) crea un requisito inexistente en el ordenamiento jurídico y en sus propias normas internas; (iii) contradice el Certificado de Informaciones Previas N°189 emitido por la misma unidad técnica municipal; (iv) omite pronunciarse sobre el Recurso de Reposición pendiente en infracción al artículo 41 de la Ley N°19.880; y (v) fue precedido de silencio administrativo reiterado e injustificado; ordenando a la Ilustre Municipalidad de Maule que, en el plazo que la Corte determine, otorgue la Patente Comercial Municipal N° 36 a Inversiones White Hawk SpA, RUT N° RUT reservado, para el giro de acopio, compra, venta y despacho de materiales pétreos sin extracción ni procesamiento, en el predio Cerro El Pueblecillo s/n, ROL 157-121, comuna de Maule, sin exigir recepción de obras de edificación como condición, por ser esta exigencia manifiestamente improcedente para la actividad de que se trata, y por no existir norma legal que habilite a la recurrida para denegar la patente en los términos expuestos, condenando en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, abogada, por la Ilustre Municipalidad de Maule, evacuando informe al tenor del recurso de protección, exponiendo como antecedentes que el 16 de marzo de 2026 Inversiones White Hawk SpA., representada por don nombre reservado, ingresó la Solicitud de Patente Comercial Municipal N° 36 para el giro de "acopio, compra, venta y despacho de materiales pétreos sin extracción ni procesamiento", en el predio Cerro El Pueblecillo s/n, ROL 157-121, acompañando 1) Informe de antecedentes para la obtención de patente comercial N° 44 de fecha 10 de marzo de 2026 emitido por la Dirección de Obras Municipales de Maule; 2) Declaración simple suscrita por don nombre reservado con fecha 15 de marzo de 2026; 3) Certificado de modificaciones y actualización de información Folio N° 15151840 de fecha 11 de marzo de 2026 del Servicio de Impuestos Internos; 4) Certificado de modificaciones y actualización de información Folio N° 14989367 de fecha 06 de febrero de 2026 del Servicio de Impuestos Internos; 5) Copia de cédula de identidad de don nombre reservado; 6) Certificado de avalúo fiscal detallado correspondiente al rol 157-121 de la comuna de Maule emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 08 de marzo de 2026; 7) Certificado de capital N° CT-2026-001 suscrito por don nombre reservado de fecha 08 de marzo de 2026; 8) Rol único tributario de Inversiones White Hawk SPA; 9) Certificado de estatuto actualizado de White Hawk SPA. emitido con fecha 08 de marzo de 2026; 10) Estatuto actualizado Inversiones White Hawk Spa; 11) Certificado de vigencia White Hawk SPA. emitido con fecha 08 de marzo de 2026; 12) Certificado de vigencia de poderes White Hawk SPA. emitido con fecha 08 de marzo de 2026; 13) Complementación de autorización suscrito por don nombre reservado con fecha 10 de marzo de 2026; y 14) Autorización otorgada el 12 de junio de 2020 por Lever And Murphy Co.SpA a nombre reservado nombre reservado otorgada ante Notario Público Jaime Silva Sciberras.

Agrega que mediante Decreto Exento N° 1093, de 29 de abril de 2026, se rechazó la solicitud de Patente Comercial N° 36 de fecha 16 de marzo 2026, presentada por Inversiones White Hawk SpA, RUT RUT reservado, para el predio ubicado en Cerro El Pueblecillo s/n, de la comuna de Maule, en atención a la falta de cumplimiento de los requisitos urbanísticos informados por la Dirección de Obras Municipales, acto administrativo que, conforme se indica en su parte resolutiva, fue notificado al correo electrónico correo reservado, el 8 de mayo de 2026.

En cuanto a los actos y omisiones supuestamente ilegales y arbitrarios alegados por la sociedad recurrente, respecto del informe N° 44 de la DOM y primera denegación de su solicitud expone que el informe de antecedentes para la obtención de patente comercial que emite el Director de Obras de la Municipalidad de Maule certifica, con la información del rol de avalúo de la propiedad, la existencia de permisos y recepciones de construcciones registrados en la dirección de obras, que permitan ejercer la actividad económica solicitada. Por su parte, el Certificado de Informaciones Previas (CIP), es un documento oficial emitido por la Dirección de Obras Municipales que detalla las normas urbanísticas aplicables a un terreno o propiedad. Refiere que ss menester tener en consideración que las funciones del Director de Obras Municipales se encuentran reguladas en el artículo 9° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, norma que establece que es el funcionario responsable de dirigir, supervisar y controlar la edificación, urbanización y desarrollo urbano de la comuna y entre sus principales funciones, se incluyen las de aprobar subdivisiones de predios, otorgar permisos de construcción, fiscalizar las faenas, recepcionar obras finalizadas y velar por el cumplimiento del Plan Regulador Comunal. Como es posible advertir, señala, los Directores de Obras, carecen de facultades para otorgar o denegar patentes municipales, por lo que no es efectivo, que en virtud del Informe de antecedentes para la obtención de patente comercial N°44 se hubiese efectuado una primera denegación de la solicitud efectuada por el recurrente.

En cuanto a la contradicción señalada, erra el recurrente al señalar que “el funcionario que emitió el Certificado de informaciones previas favorable, firmó el informe denegatorio por causa urbanística”, pues este documento se basa en información objetiva del inmueble, no siendo una decisión del funcionario que pueda calificarse de favorable o desfavorable. Además, agrega, el hecho de que el Certificado de Informaciones Previas N°189 acreditara que el predio se emplaza en Zona Rural, sin área de riesgo, sin área de protección, sin afectación a utilidad pública, no significa que se encuentre permitido desarrollar en él cierto tipo de actividad económica.

Respecto al Recurso de Reposición Administrativa que el recurrente ingresó el 1° de abril de 2026 ante la Dirección de Administración y Finanzas, por medios electrónicos en conformidad al artículo 30 de la Ley N°19.880, planteando expresamente la inaplicabilidad de la norma urbanística, la falta de competencia de la DOM para calificar actividades comerciales sin obras, y la vulneración de los artículos 19 N° 21 y N° 7° de la Constitución, agrega que con fecha 10 de abril de 2026 solicitó acuse de recibo de dicho recurso y que con fecha 15 de abril de 2026 reiteró la solicitud de acuse y se requirió información sobre el estado de tramitación, dirigiéndose la comunicación directamente a la Directora doña nombre reservado, con copia a correo reservado, no recibiendo respuesta por parte de la Municipalidad, configurándose en su concepto, un silencio administrativo reiterado e injustificado en infracción directa a los artículos 8° y 24° de la Ley N°19.880, la recurrida indica que revisados los antecedentes que obran en poder del municipio, se registra que con fecha 01 de abril de 2026 a las 2:03 pm, desde la dirección email correo reservado se remite a correo reservado, dirigido a la Directora de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Maule, correo electrónico firmado por nombre reservado, en el que se señala que se le habría informado verbalmente el rechazo de la solicitud de patente comercial presentada por Inversiones White Hawk SpA., respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, y que a la fecha no habría recibido notificación formal ni resolución fundada que contenga los motivos del rechazo, solicitando se sirva informar y remitir copia del acto administrativo que resuelva el rechazo, con sus fundamentos, a fin de ejercer los recursos que la ley contempla. Posteriormente, con la misma fecha 01 de abril de 2026, a las 8:25 pm, desde el mismo correo electrónico correo reservado se dirige a correo reservado con copia a correo reservado don nombre reservado, para remitir ocho archivos adjuntos, a saber: reposición administrativa, declaración simple, informe técnico del predio, CIP cerro el pueblecillo, inicio de actividades Inv White Hawk, SII Inicio venta al por mayor, ficha REA y autorización de uso de suelo entre sociedades relacionadas brito, todos en formato pdf.

Como es posible advertir, señala, el recurrente remite por correo electrónico una reposición sobre un rechazo inexistente de su solicitud, pues a la fecha de interposición no se había dictado un acto administrativo que la resolviera y en consecuencia el solicitante no había sido notificado de él, por lo que resulta del todo improcedente que recurriera en la vía administrativa sobre un acto administrativo inexistente, lo que trae como consecuencia, que no exista órgano competente ante cual recurrir ni plazo en el cual hacerlo.

Posteriormente, el 29 de abril de 2026, se dicta el Decreto Exento N° 1093, mediante el cual se rechaza la solicitud de Patente Comercial N° 36 de fecha 16 de marzo 2026, presentada por Inversiones White Hawk SpA, RUT RUT reservado, para el predio ubicado en Cerro El Pueblecillo s/n, de la comuna de Maule, en atención a la falta de cumplimiento de los requisitos urbanísticos informados por la Dirección de Obras Municipales, y que tal como lo ordena el Decreto Exento mencionado, fue notificado al solicitante a través de correo electrónico con fecha 08 de mayo de 2026.

En lo que respecta a este acto administrativo, yerra nuevamente el recurrente al señalar que fue la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Maule, a cargo de su Directora doña nombre reservado, quien dictó el citado Decreto Exento N°1093, pues como se puede observar en el respectivo acto administrativo, el documento fue firmado por el Alcalde, el Secretario Municipal y el Director de Control Interno.

Continúa argumentando el recurrente que el decreto tiene un vicio estructural, pues en sus vistos consigna el correo electrónico del 01 de abril de 2026, que, según el recurrente, correspondería al recurso de reposición interpuesto, pero en sus considerandos se omite completamente pronunciarse sobre él (el recurso).

Como se hizo presente en el apartado anterior, expresa la recurrida, el 1° abril de 2026 el recurrente remitió dos correos electrónicos, solicitando en el de las 2:03 pm., que “se sirva informar y remitir copia del acto administrativo que resuelve el rechazo, con sus fundamentos, a fin de ejercer los recursos que la ley contempla”, siendo este correo electrónico el que se cita en los vistos del decreto impugnado.

Como es posible advertir de todo lo expuesto, el Decreto Exento N° 1093 de fecha 29 de abril de 2026, es el primer acto administrativo que dice relación la solicitud de patente comercial del recurrente, por lo que sólo sobre este acto administrativo el recurrente podría haber presentado recurso de reposición y esta administración encontrarse obligada a pronunciarse al respecto.

A mayor abundamiento, en el decreto impugnado ante esta Corte se informa al interesado que a contar de la notificación de este acto podrá interponer el Recurso de Reposición administrativa ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 5 días hábiles, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.880, el que deberá ser ingresado por la Oficina de Partes del Municipio, lo que a la fecha del informe no ha ocurrido.

Finalmente, expresa la municipalidad recurrida, ha sido la Contraloría General de la República, en los dictámenes N° 2.213, de 2014 y 130.029 de 2025, entre otros, la que ha señalado que la patente grava una actividad cuyo desarrollo supone, necesariamente, que el lugar en que se ejerce se encuentre habilitado para ser destinado a tal fin, y, por tanto, que hubiere sido recepcionado total o parcialmente por la dirección de obras municipales, según exige el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de manera que la aludida recepción se enmarca dentro de los permisos exigidos por leyes especiales a que se refiere el citado artículo 26 del 4. Decreto 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales.

Con posterioridad, indica la recurrida, el 14 de mayo de 2026 se dictó Decreto Exento N° 1189, que se pronuncia respecto al Recurso de reposición interpuesto el 1° de abril de 2026 por correo electrónico, rechazándolo por improcedente, en atención a que don nombre reservado remitió por correo electrónico a la unidad de patentes municipales una reposición dirigida a la Directora de Administración y Finanzas, sobre el rechazo inexistente de su solicitud de patente, pues a la fecha de interposición no se había dictado un acto administrativo que la resolviera y en consecuencia el solicitante no había sido notificado de él, por lo que resultaba improcedente recurrir sobre un acto administrativo inexistente, acto administrativo que fue notificado por correo electrónico el 15 de mayo de 2026 a don nombre reservado al correo electrónico correo reservado.

Acerca del inmueble donde se pretende desarrollar la actividad económica, indica la recurrida en su informe que, como es posible visualizar en los mismos documentos acompañados por el recurrente, el inmueble denominado “Cerro Pueblecillo”, Rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos N° 157-121 de la comuna de Maule, cuyo dominio vigente no se adjunta ni en la solicitud de patente ni en la presentación a la Corte, tiene un destino agrícola de conformidad a lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos y se emplaza en zona rural, de conformidad a lo indicado por la Dirección de Obras Municipales.

Un predio agrícola tiene destino definido como todo predio, cualquiera sea su ubicación, y su terreno está destinado preferentemente a la producción agropecuaria, agricultura y/o ganadería, o forestal, o bien está económicamente destinado para estas producciones en forma predominante.

El carácter agrícola de una propiedad no está relacionado con su emplazamiento urbano o rural, sino que con el destino definido. Agrícola es aquel bien, cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno está destinado, preferentemente, a la producción agropecuaria o forestal, o que bien es económicamente susceptible de dichas producciones en forma predominante.

Por lo anterior, el predio en cuestión necesita un Informe Favorable para Construcciones Ajenas a la Agricultura (IFC), que en la práctica es el procedimiento conocido como “cambio de uso de suelo rural” bajo el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que no solo regula construcciones, sino también la instalación de usos urbanos, como el comercial o industriales fuera del límite urbano. Por su parte, agrega, el artículo 24 del Decreto 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, expresa que la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda y aunque, según lo expuesto por el recurrente, la actividad comercial se desarrollará sin construcciones, limitándose solo a un patio de acopio y compraventa de áridos, es menester tener presente que igualmente se debe cumplir con condiciones mínimas de higiene, seguridad laboral, prevención de riesgos, y eventualmente sanitarias, tal y como lo establece el Decreto 594 del Ministerio de Salud de 1999, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, el que establece en su artículo 3° que “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”, agregando su artículo 12 que “Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo”. Por su parte, el artículo 21 señala que “Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio”, y continúa el inciso segundo señalando que “Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados”. Así las cosas, dice la recurrida, se advierte que la actividad económica requiere de varias construcciones e instalaciones para operar de forma legal, segura y eficiente y, como regula la normativa urbanística, ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso alguno antes de su Recepción Definitiva parcial o total.

Finalmente, la municipalidad señala la inexistencia de vulneración de las garantías constitucionales que alega la sociedad recurrente, específicamente la del N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, puesto que el Decreto 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, establece en su artículo 26 que la patente procede cuando el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad, de manera que la aludida recepción de construcciones se enmarca dentro de los permisos exigidos por leyes especiales a que se refiere el citado artículo 26, aplicando dictamen N° 2.213, de 2014 de la Contraloría General de la República; la del N° 2 del artículo 19, ya que no es efectivo que la Municipalidad de Maule haya impuesto a su representada una exigencia que no existiría en los requisitos institucionales publicados para patente comercial, y que ninguna ley contemplaría para actividades sin construcción, existiendo un trato diferenciado respecto de otros contribuyentes, pues mediante Decreto Exento N° 2666, de 29 de diciembre de 2023, se aprobó el Manual de procedimiento de patentes municipales y los procedimientos para la obtención de patente comercial e industrial profesionales y de alcohol, el que a la fecha se mantiene vigente, en el cual se establece que todo contribuyente debe contar con aprobación del local comercial por la Dirección de Obras Municipales a través del Certificado de antecedentes para patentes comerciales; así como tampoco la del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistente en el derecho a un procedimiento racional y justo, ya que el procedimiento administrativo iniciado a través de la solicitud de patente N° 36 de 16 de marzo de 2026 culminó con la dictación del Decreto Exento N°1093, de 29 de abril de 2026, acto administrativo que se notificó el 8 de mayo de 2026 mediante correo electrónico, el cual no fue objeto de recurso alguno en sede administrativa; y que la remisión de documentos dirigidos a la Directora de Administración y Finanzas dicen relación con un acto administrativo inexistente, situación a la que el mismo recurrente hace mención en su correo electrónico de las 2:03 pm de fecha 01 de abril de 2026, mediante el cual solicita la dictación de un acto administrativo que contenga los fundamentos de la respuesta a su solicitud, el que fue dictado recién el 29 de abril de 2026, en el cual se pone en conocimiento del solicitante de los recursos que puede hacer valer ante la administración municipal, por todo lo cual solicita a esta Corte tener por evacuado el informe.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho fundamental indubitado, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho. Así, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

CUARTO: Que, en el marco de lo anterior, la acción constitucional de protección constituye una acción cautelar o de emergencia destinada a amparar las garantías preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste el ejercicio de los derechos, que provoque algunas de las situaciones que indica la norma, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule sus efectos indeseables, no constituyendo por tanto una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, siendo su real objeto la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, respecto del presente caso, lo que está en cuestión es si la decisión adoptada por la Administración, en este caso, la Ilustre Municipalidad de Maule, consistente en la dictación del Decreto Exento N°1093, de 29 de abril de 2026, mediante el cual se rechaza la solicitud de Patente Comercial N° 36, de 16 de marzo 2026, presentada por Inversiones White Hawk SpA, RUT RUT reservado, para el predio ubicado en Cerro El Pueblecillo s/n, de la comuna de Maule, en atención a la falta de cumplimiento de los requisitos urbanísticos informados por la Dirección de Obras Municipales, específicamente por no contar con recepción municipal total o parcial por parte de la Dirección de Obras Municipales, según exige el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que le fuera notificado al solicitante a través de correo electrónico con fecha 08 de mayo de 2026, es ilegal y/o arbitrario.

SEXTO: Que, al efecto, y como una primera cuestión de forma, del relato de hechos efectuado en el respectivo libelo aparece como evidente que la sociedad recurrente dirige su arbitrio en contra del Informe de Antecedentes N° 44, emitido el 10 de marzo de 2026 por el Director de Obras Municipales, arquitecto nombre reservado, el cual señala que el predio no cuenta con antecedentes de permiso y recepción de edificación, concluyendo que "no es factible autorizar la actividad", para lo cual invocó el artículo 5.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y no en contra del Decreto Exento individualizado en el Considerando precedente, mediante el cual se rechazó la solicitud de Patente Comercial N° 36 de 16 de marzo 2026, presentada por Inversiones White Hawk SpA, RUT RUT reservado, para el predio ubicado en Cerro El Pueblecillo s/n, de la comuna de Maule, en atención a la falta de cumplimiento de los requisitos urbanísticos informados por la Dirección de Obras Municipales, cuestión que bastaría para tener por desestimado el presente arbitrio.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte igualmente entrará al fondo, en cuanto a considerar si la ya descrita actuación de la Administración puede ser considerada como ilegal y/o arbitraria.

Al efecto, no parece caber duda de que, formalmente, dicha actuación sí se encuentra dentro de las potestades del órgano municipal, pues encuentra respaldo en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva, parcial o total; artículo 55 de la misma ley, el que no solo regula construcciones, sino también la instalación de usos urbanos, como el comercial o industriales fuera del límite urbano, en lo que se conoce como “cambio de uso de suelo rural”, que para el caso del predio en cuestión implicaba un Informe Favorable para Construcciones Ajenas a la Agricultura (IFC); así como el artículo 24 del Decreto 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, que para el predio en cuestión, aunque la actividad comercial de extracción de áridos se desarrollará sin construcciones, limitándose solo a un patio de acopio y compraventa de áridos, de acuerdo con la respectiva solicitud, igualmente implica que se debe cumplir con condiciones mínimas de higiene, seguridad laboral, prevención de riesgos, y eventualmente sanitarias, tal y como lo establecen los artículos 3, 12 y 21 del Decreto 594 del Ministerio de Salud de 1999, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, los que establecen al menos la obligación por parte de la respectiva empresa de mantener las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo, y estar provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio, exigiendo además que cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados.

Respecto de una presunta arbitrariedad, no se advierte tampoco la existencia de la misma, toda vez que el Decreto 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, establece en su artículo 26 que la patente procede cuando el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad, lo que ha sido refrendado por la Contraloría General de la República en dictamen N° 2.213, de 2014, no siendo efectivo tampoco que la Municipalidad de Maule haya impuesto a la empresa recurrente una exigencia que no existiría en los requisitos institucionales publicados para patente comercial, y que ninguna ley contemplaría para actividades sin construcción, provocando la existencia de un trato diferenciado respecto de otros contribuyentes, ya que el Decreto Exento N° 2666, de 29 de diciembre de 2023, que aprueba y contiene el Manual de procedimiento de patentes municipales y los procedimientos para la obtención de patente comercial e industrial profesionales y de alcohol, vigente, establece que todo contribuyente debe contar con aprobación del local comercial por la Dirección de Obras Municipales a través del Certificado de antecedentes para patentes comerciales.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Inversiones White Hawk SpA, representada legalmente por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Maule, representada por su Alcalde.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Marcelo Cevas Fuentes.

Rol N° 898-2026/Protección.