nombre reservado con nombre reservado

Talca, tres de julio de dos mil veintitrés.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece nombre reservado, nombre reservado, en representación de la Comunidad de nombre reservado y, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, ha deducido acción de protección en favor de los vecinos de la comunidad de nombre reservado, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de. nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de. nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado., con domicilio en domicilio reservado: de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de. nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de. nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado. con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, km 6,7; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25: de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, lote 4; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.; de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25; de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25 y de nombre reservado, con domicilio en nombre reservado, sitio 25, acción de protección que ejerce en contra de nombre reservado propietario de la Avícola, por el denominada nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, toda vez que han incurrido en una serie de acciones ilegales y arbitrarias, al emplazar las recurridas en forma totalmente irregular una granja avícola de más de 4500 gallinas en un terreno ubicado en forma próxima a una serie de familias colindantes que deben sufrir a diario las externalidades negativas producidas, con lo que han amenazado, perturbado y privado de ciertos derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Al efecto y en lo pertinente manifiesta que nombre reservado es propietario de Avícola nombre reservado (Nombre de Fantasía) y dicha Avícola viene generando una serie de problemas que se datan desde antes del 2019, fecha en la cual, intentaron gestionar patente comercial, sin que a la fecha conste tal hecho, no obstante, ello, dicha actividad que se enmarca dentro de giro agrario, no tiene la obligación adquirir patente comercial, toda vez que, no tiene oficina comercial de venta en dicho lugar, motivo por el que escapa de las atribuciones que posee este municipio. sin perjuicio de lo anterior, y con motivo de alegaciones anteriores por parte de los vecinos, se instó un sumario sanitario del cual no tienen aún conocimiento, actuación administrativa que está siendo conducida por la autoridad sanitaria, siendo necesario, oficiar en la oportunidad que corresponda a la misma a efecto que informe cual es la situación de la mencionada Avícola. motivo por el que claramente, dicha Avícola no cuenta con los procesos medio-ambientales para desarrollar su actividad lo que nos lleva a pensar que, se encuentra actuando fuera de los marcos legales y por tal motivo, su actividad resulta una vulneración a los derechos que se reclaman, dado que realiza una actividad primaria, que ciertamente es invasiva sin las autorizaciones o al menos los antecedentes que den cuenta que la misma, ha instado por medidas de mitigación ordenadas por la autoridad y que claramente traen aparejadas consecuencias para los vecinos del sector, quienes han visto afectados por la cantidad de moscas que se generan a consecuencia de los malos olores e inexistencia de contenedores para evitar tal situación.

Expresa que consultada la Avícola, la misma señala a raíz de conversaciones anteriores, que no han podido regularizar la situación, dado que el inmueble en el que habitan pertenece a una sucesión, existiendo a la fecha al parecer conflictos legales que impedirían actuar conforme a derecho, lo que claramente viene en corroborar lo señalado en esta acción proteccional. Pese a haber indicado en su momento que gestionarían su funcionamiento acorde a norma, mientras se encontraban en búsqueda de un nuevo emplazamiento para funcionar, lo cierto es que, nada de ello se ha concretado, debiendo los vecinos del sector de nombre reservado, ver afectadas sus vidas viviendo con malos olores y malos ratos, sobre todo los niños.

Afirma que las comunidades que se localizan en el área de influencia, se han visto afectadas por el continuo crecimiento experimentado en esta avícola, que ha conllevado un aumento significativo de contaminación, sobre todo de malos olores, que resulta de la falta de cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria que regulan la materia, dejando al arbitrio de los recurridos la continua polución que afecta a los vecinos colindantes. La recurrida ocasionan olores molestos que son realmente insoportables y nauseabundos, generados por la feca de las gallinas, estando el olor presente día y noche en un radio amplio de metros a la redonda, aumentando en otoño e invierno por la humedad y en verano por el calor que produce un aceleramiento en su descomposición, generando, asimismo, una proliferación de vectores biológicos, con lo que se limitan las actividades a realizar en el patio de las casas.

Agrega que no existen medidas de manejo de heces, lo que ha generado diversos problemas que han impedido que los vecinos afectados puedan desarrollar su vida en forma saludable, como, por ejemplo, constantes dolores de cabeza, problemas para dormir, náuseas, entre otros. Esto interfiere en sus vidas tanto de forma personal como laboral, ya que actualmente varios vecinos trabajan desde sus casas por la pandemia, que es de público y notorio conocimiento.

Hace presente que el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de su Guía para la predicción y evaluación de impactos por olor, ha expuesto que “la exposición a olores que se perciben como desagradables puede afectar el bienestar o la salud de las personas, dando lugar a mayores niveles de estrés en la población expuesta. El aumento del nivel de estrés, a su vez, puede conducir a efectos fisiológicos o patológicos, por ejemplo, trastornos del sueño, dolores de cabeza o problemas respiratorios, especialmente si la exposición se produce repetidamente” Esta misma Guía argumenta que la exposición a estos malos olores puede afectar la calidad de vida influyendo directa y negativamente en la salud psíquica de los habitantes ubicados en el área de influencia, al sostener que: “Las emisiones de olor pueden generar impactos sobre los sistemas de vida de los grupos humanos, toda vez que su percepción y respuesta puede generar alteraciones en los quehaceres cotidianos de un grupo humano, afectando con ello su rutina e incluso el ejercicio de manifestaciones tradicionales. Asimismo, puede afectar los sentimientos de arraigo o cohesión social de un grupo humano, por ejemplo, debido al estigma que sufren las personas en el lugar afectado por los malos olores y con ello un aumento creciente en la propensión a emigrar, al desarraigo.

Expone que para determinar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, se debe considerar la generación de efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de éstos, en consideración, entre otros, a la dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo” Como se ha expuesto con anterioridad, esta vulneración se trata de períodos concretos y precisos de contaminación en horarios y épocas en que se agrava, pero además se trata de una situación de contaminación sistémica, toda vez que los vecinos de la avícola se ven expuestos día a día a la presencia de malos olores molestos descritos previamente. No obstante, es necesario hacer presente que la generación de estos efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de los habitantes del sector no han podido ser debidamente evaluados, por cuanto los recurridos han decidido eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de las normas sanitarias que establecen que una actividad con las características descritas, debe ejecutarse una vez evaluados sus impactos con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y, también, con autorizaciones sanitarias y municipales expedidas por la autoridad competente. Estima que se encuentra frente a un proyecto que no cuenta con ningún tipo de aprobación ni autorización de funcionamiento.

Refiere que la acción de protección es la vía idónea para tutelar las garantías constitucionales, donde las obligaciones propias de los Estados en relación con derechos humanos se materializan en esencia por medio de dos obligaciones, las cuales consisten, por un lado, de la obligación de respetar, y por otro, la de garantizar. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: “La obligación de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos establecidos en la Convención [Americana sobre Derechos Humanos]. La obligación de garantizar exige al Estado emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y gozarlos” Por tanto, de lo anterior se puede desprender que la obligación de los Estados no se encuentra limitada exclusivamente a no incurrir en conductas que vulneren estos derechos, sino que, además, le es exigible la adopción de acciones positivas necesarias para hacer posible el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de los que son titulares las personas sujetas a su jurisdicción. Para ello, la acción de protección consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República persigue salvaguardar ciertas garantías consagradas en el artículo 19 de nuestra Constitución, que son consideradas como esenciales para el Estado de Derecho, en aquellos eventos en que sean perturbadas en su ejercicio legítimo, por acciones que sean arbitrarias o ilegales, y que, las priven, perturben o amenacen. En este sentido, se puede advertir que el legislador al hacer la distinción entre ‘ilegal’ y ‘arbitrario’, entregó la posibilidad a los Tribunales Superiores de Justicia de intervenir no solo en aquellos casos en que la ley haya sido quebrantada, sino que, además, cuando la justicia haya sido pasada a llevar para restablecer el imperio del derecho. Reseña jurisprudencia al efecto, Dice que en virtud de las condiciones propias del caso, que resulta aplicable la doctrina de los efectos permanentes de los actos contaminantes que determina la renovación continua del plazo para accionar de protección, respecto de la cual la Corte de Apelaciones de Talca recientemente en una causa similar a la presente, sostuvo que “[a]l tenor de los hechos en que se funda la acción proteccional, el amago o vulneración de su derecho se produce día a día, y en tanto se siga produciendo la transgresión, según lo señalan los recurrentes, transformándose la afectación invocada en un hecho de tracto sucesivo y que se reanuda permanentemente y en cada vez que se expidan malos olores al medio ambiente, lo que ocurre en la especie, al tenor de los recursos. No puede pretenderse que la ocurrencia del primer episodio fije el inicio del plazo para la interposición del recurso, beneficiándose el hechor con ese período, no obstante persistir en el acto vulnerador del derecho, lo que no produciría consecuencias jurídicas, y con ello, privar a los interesados de la presente acción”

Luego de reseñar jurisprudencia, añade que, en atención a lo señalado no es necesario para su parte haber instado por una vía procesal previa, teniendo a la vista la emergencia que implica la vulneración de estos derechos invocados, y teniendo en consideración también, que las instancias administrativas para solicitar la restauración del Estado de Derecho y el cese de las presentes vulneraciones, requieren de largos periodos que como recurrentes no pueden permitir por la gravedad de los perjuicios a los derechos fundamentales que se invocan en esta presentación.

Hace alusión a tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes, que conforme lo establece el artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, son parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico nacional, y, además, constituyen un límite al ejercicio de la soberanía, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza en su artículo 11 que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”; continúa señalando en el artículo 12 que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para: […] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente”. Adicionalmente, en relación a los menores de edad parte de la comunidad que vive alrededor del área de influencia del proyecto, Hace presente que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24.2 señala que “Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de le tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. Es en virtud de esta obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, que, la Corte ha señalado que “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de derechos humanos”.

Refiere que son los pilares esenciales de un Estado de Derecho y en este sentido, la Carta Fundamental consagra los pilares de la juridicidad y del Estado de Derecho, al señalar, por un lado, en su artículo 1 que “[l]as personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, indicando clara y enfáticamente que todas las personas tenemos dignidad que requiere ser respetada, y de la cual fluyen los derechos humanos con la finalidad de desarrollarla y resguardarla. Asimismo, el artículo 6 continúa señalando que “[l]os órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.” Y, a su vez, el artículo 7 señala que “[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. Se puede observar de las normas transcritas, los recurridos al atribuirse el privilegio de mantener en funcionamiento una la avícola sin contar con una evaluación de los impactos negativos que vulneran derechos constitucionales y afectan la dignidad de los recurrentes, es contrario al ordenamiento jurídico chileno, motivo por el cual, merece ser sancionado por el Estado, como garante de dichos derechos constitucionales existiendo el mecanismo constitucional del recuso de protección para dicho fin.

Considera que se ha vulnerado la garantía establecida en el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación En el capítulo III de la Constitución Política de la República, denominado “de los Derechos y Deberes Constitucionales”, en su artículo 19 se dispone que “la Constitución asegura a todas las personas”, y en su numeral 8 continúa señalando “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Asimismo, en el inciso segundo del artículo 20 se previene que “procederá también el recurso de protección en el caso del N°8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. Respecto a este derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se debe tener presente que no se trata de un simple reconocimiento al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que, además, envuelve expresamente obligaciones genéricas de protección ambiental que deben ser materializadas por medio de las actividades de los órganos del Estado. En este sentido, se ha señalado por la doctrina que “la obligación del Estado debe ser extendida a todos sus órganos en el área de sus respectivas competencias. Asimismo, el objeto de protección es variado; de esta forma, que al Estado le corresponda velar que el derecho no sea afectado supone que éste no sea afectado de modo efectivo, ‘que no se produzca una privación o perturbación del mismo’. Sin embargo, el deber del Estado, en materia de protección del medio ambiente, no se agota con la prevención de las acciones concretas, sino que también se extiende a las “situaciones omisivas y a las meras situaciones de riesgo y amenaza’” Alude al profesor nombre reservado, quien ha explicado que, para una mejor comprensión de este precepto constitucional, es necesario hacer una remisión a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual señala los conceptos relevantes para entender lo que en el caso en concreto se está protegiendo. En primer lugar, la Ley 19.300 define en el artículo 2 letra m) lo que debe entenderse como medio ambiente libre de contaminación, al señalar que es “aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. Asimismo, respecto de contaminación, señala en el artículo 2 letra c) que es “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”. Y en relación con contaminante, en el artículo 2 letra d) indica que es “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. En virtud de las normas precedentemente señaladas, se entiende que lo que el legislador persiguió no es un medio ambiente libre de contaminación, sino más bien un medio ambiente sano, en que existan contaminantes, pero por periodos y concentraciones que no generen un riesgo para determinados bienes jurídicos que la Carta Fundamental persigue resguardar.

Relata que de los hechos señalados, configuran acciones ilegales y arbitrarias que afectan de forma directa la garantía constitucional de la cual son titulares los recurrentes, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En efecto, dicha garantía se ha estado vulnerando diariamente por actos imputables a los recurridos, quienes de manera injustificada, han infringido la normativa legal, administrativa, sanitaria y medio ambiental que regulan los actos atentatorios contra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, omitiendo todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la legitimación de la actividad económica cuestionada.

Dice que en concreto, los recurridos no han dado cumplimiento a las obligaciones que regulan el desarrollo de una avícola de tal envergadura que se encuentran establecidos en la normativa legal y administrativa, las cuales determinan en forma clara, directa y precisa la esfera de deberes que los recurridos tenían la carga de cumplir. Siendo, por tanto, la ilegalidad y arbitrariedad de los actos denunciados, establecidos por la vulneración de la normativa legal, imputable directamente a los recurridos, haciendo referencia que la normativa legal vulnerada en relación con los malos olores es el Código Sanitario y Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud del año 2000.

Señala que respecto a los malos olores producidos por la exacerbada cantidad de heces que no son propiamente gestionadas por los recurridos, la Corte de Apelaciones de Arica, señaló que “La pestilencia de los olores que expiden unas industrias en el curso de sus faenas, hecho que es de dominio público y que ha trascendido el sector privado para convertirse en un mal colectivo, constituye una acción injustificada y arbitraria frente a las leyes y reglamentos dictados para su control, que vulnera el derecho reconocido y amparado por la constitución que tiene toda persona a vivir en un medio libre de contaminación” Adicionalmente, la Corte Suprema resolvió en relación con los malos olores que: “Los actos de […] contaminación de la atmósfera, en cuanto su omisión a adoptar las medidas para impedirla, resultan arbitrarios al depender exclusivamente de su voluntad, la que al ser reiterativa y sobredimensionar los factores productivos y económicos por sobre aquellos valores que garantizan y aseguran la vida y la integridad física y psíquica de las personas, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la tornan en ilegal y en injusta.

Reseña jurisprudencia que consigna que atento a lo expuesto, existiendo en la especie actos y omisiones arbitrarias e ilegales que perturban y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 N° 1 y 8 de la Constitución Política de la República de Chile, resulta procedente acoger los recursos de protección interpuestos, y se ordena que, en lo sucesivo, la recurrida deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar la emanación de gases contaminados que afectan a la comunidad, debiendo asimismo cuantificar diariamente los niveles de contaminación atmosférica”.

Refiere que como se puede advertir, la Corte Suprema concluyó que existe una prelación de garantías constitucionales, en que el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se encuentran por sobre el de propiedad y la productividad económica, que se encuentran subordinadas a ellas. Es en este sentido, que el tipo de contaminación que se está cuestionando, es en extremo relevante y la normativa administrativa así también lo señala, y la supedita a la sujeción de permisos municipales y sanitarios para poder producirse, en el entendido que el daño que ocasiona la gestión de residuos puede ser grave y perjudicial para los seres humanos. Respecto a ello, el Código Sanitario en su artículo 80 dispone: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”. Luego, el Código continúa señalando en su artículo 83 que es necesario contar con permisos municipales previa autorización de la autoridad sanitaria, el cual reza: “Las Municipalidades no podrán otorgar patentes definitivas para la instalación, ampliación o traslado de industrias, sin informe previo de la autoridad sanitaria sobre los efectos que ésta puede ocasionar en el ambiente. Para evacuar dicho informe, la autoridad sanitaria tomará en cuenta los planos reguladores comunales o intercomunales y los riesgos que el funcionamiento de la industria pueda causar a sus trabajadores, al vecindario y a la comunidad”. Y continúa en su artículo 94 refiriéndose a las normas comunes, que la autoridad encargada del control sanitario de los productos alimenticios en la Región Metropolitana será el Servicio de Salud del Ambiente, lo cual se encuentra en concordancia con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud que en su artículo 2 señala que corresponde en la Región Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia. Posteriormente, expone las situaciones en las cuales una actividad requiere de permisos para su funcionamiento: “Artículo 18: La acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por residuo industrial todo aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no puedan asimilarse a los residuos domésticos. Artículo 19: Las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente. Artículo 20: En todos los casos, sea que el tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos”.

Advierte que la gestión de residuos derivadas de la producción de la avícola, que están ocasionando malos olores que se tornan insoportables, se encuentra expresamente regulado como una circunstancia que debe encontrarse sujeta a una evaluación de la autoridad municipal y sanitaria competente, los cuales los recurridos no han cumplido, toda vez que de haber respetado con el mandato legal, se esperaría que la gestión de estos residuos se mantuviera conforme a las condiciones que dichas autorizaciones señalaren, y no como en la práctica sucede, que es en condiciones negligentes que causan perjuicios constantes y sistemáticos a los recurrentes. Adicionalmente, el Decreto No. 29 del Ministerio de Agricultura año 2013, en su artículo 10 señala que “Los establecimientos de producción industrial pecuaria deberán contar con: b) Un programa de manejo sanitario y registros que den cuenta de su aplicación, sin perjuicio de la legislación vigente” y continúa señalando en su artículo 16: “La infraestructura de los recintos de comercialización de animales deberá considerar los siguientes aspectos, además de lo establecido en los artículos 10 (exceptuando letra b), 11 y 12 del presente Reglamento: e) Deberá contar con un sistema de disposición de residuos sólidos y líquidos aprobado por la autoridad competente”. Sin embargo, en el caso en concreto no existe, ya que como se ha señalado con anterioridad, la gestión de las heces se hace de forma negligente, sin ningún plan de manejo adecuado aprobado por la autoridad competente, que en este caso es el SAG.

Reitera que no existe ningún tipo de permiso de funcionamiento por la autoridad sanitaria referida que permita este tipo de actividades en las condiciones que actualmente se realizan, ni tampoco con indicaciones de las condiciones sanitarias y de seguridad con el fin de evitar molestias o peligro para la salud de los recurrentes, y mucho menos un programa de manejo sanitario con un registro que dé cuenta de su aplicación. Las fecas de las gallinas son acumuladas negligentemente, manteniendo condiciones de salubridad deplorables sin medidas de control para la propagación de agentes patógenos, lo que ha conllevado a que los recurrentes tengan que convivir con olores extremadamente desagradables, sobre todo en los días de mucho calor, toda vez que acelera la descomposición de éstas, y en los días de lluvia, por la humedad generada que también hace que los olores se magnifiquen.

Considera que la conducta de las recurridas no se ajusta a los principios generales que rigen nuestra vida en sociedad, al darle una preferencia a valores de menor jerarquía -producir y aumentar sus utilidades- por sobre otros que son de mayor relevancia social -como lo son la vida, la integridad psíquica y física y el medio ambiente-, decidiendo arbitraria e ilegalmente contaminar el medio ambiente y no ajustar su actuar a ninguna normativa administrativa que le es aplicable. En particular, el establecimiento de la avícola infringe normas jurídicas que corresponden a aquellas enmarcadas dentro del procedimiento de Evaluación de nombre reservado que se encuentran contenidas en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y desarrolladas por su Reglamento Ejecutivo sobre sistema de Evaluación de nombre reservado (RSEIA), el cual se encuentra establecido en el Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2013. En este sentido, el legislador en el artículo 10 de la Ley 19.300 y en concordancia con el artículo 3 del RSEIA, establece que los titulares de proyectos o actividades tienen la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental cuando sus “proyectos o actividades susceptibles de causar nombre reservado, en cualquiera de sus fases” se encuentren dentro de aquellos enlistados en el catálogo del artículo 10 de dicha ley. Entonces, una vez identificado un proyecto dentro de aquellos señalados por el mencionado artículo, existen dos maneras de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a saber: por Declaración de nombre reservado o por Estudio de nombre reservado. Para determinar la vía de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es necesario identificar si el proyecto o actividad en concreto, genera o no alguno de los efectos, circunstancias o características del artículo 11 de la Ley 19.300 en concordancia con los artículos 4,5,6,7,8,9 y 10 del RSEIA, toda vez que de darse los supuestos señalados en el artículo. Dice que el proyecto debe ingresar por Estudio de nombre reservado, y de lo contrario, si no se generan los efectos, circunstancias o características indicadas debe hacerlo vía Declaración de nombre reservado.

Así las cosas, el legislador en virtud del principio preventivo que inspira nuestra legislación ambiental, mandata que, de cumplirse con los presupuestos previamente señalados, el titular debe someter su proyecto o actividad a evaluación de impactos ambientales, siendo requisito sine qua non la existencia de una autorización administrativa favorable para su funcionamiento, la cual es conocido como Resolución de Calificación de nombre reservado (R.C.A), donde el titular puede operar y mantener en funcionamiento un proyecto o actividad si, y solo si, cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, y conforme a las condiciones y normativas que dicha R.C.A. determine.

Refiere que el artículo 10 de la Ley 19.300 en su letra l) señala expresamente que deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental “[a]agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales”. Podemos determinar que la avícola, que es un plantel de aves que ha alcanzado a la fecha una magnitud industrial, se encontraba en la obligación legal de haber hecho ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que, sin justificación aparente, decidió eludir. Por otro lado, para determinar la vía de ingreso de la avícola al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se puede identificar dentro de los efectos, características o circunstancias enlistados en el artículo 11 de la Ley 19.300, que exista “a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos”, lo que puede relacionarse con lo señalado en el inciso 2 del artículo 5 del RSEIA, esto es: “A objeto de evaluar si se genera o presenta riesgo a que se refiere el inciso anterior, se considerará la presencia de población en el área de influencia, cuya salud pueda verse afectada por: […] b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del presente Reglamento”. Adicionalmente, el artículo 11 establece como otra circunstancia aplicable al caso que hace meritorio el proyecto o actividad de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por vía de Estudio de nombre reservado, el que se emplace el proyecto o actividad en “… d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Hace presente que el desarrollar una actividad que debe tener una R.C.A vigente sin contar con ella, como sucede en este caso, es un acto eminentemente antijurídico, como lo ha entendido la doctrina respecto de este tipo de resoluciones. El profesor nombre reservado ha explicado que “el procedimiento y la resolución con la que se concluye la evaluación de nombre reservado tiene por objeto el análisis de la legalidad de los impactos o de la actividad o proyecto, es decir, determina si superan el límite de aceptabilidad del impacto que ha fijado el ordenamiento jurídico ambiental nacional”.

Narra que una manifestación grave del comportamiento ilegal y arbitrario de los recurridos de eludir la evaluación del proyecto, que se encuentra actualmente en funcionamiento, para determinar si se encuentra dentro de los márgenes legales de los impactos permitidos o, si, por el contrario, genera impactos adversos al medio ambiente y a la salud de las personas. 10; es de tal relevancia y gravedad el hecho que un proyecto funcione sin una R.C.A, que el artículo 36 f) de la Ley No. 20.417 establece que es una acción susceptible de ser sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente, calificándola como una falta gravísima, pudiendo implicar una sanción para el titular de la clausura del proyecto o una multa de 10.000 U.T.A. 11. Por consiguiente, la ley es clara al determinar las causales en virtud de las cuales un proyecto o actividad se encuentra en la obligación de hacer ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental y someterlo a evaluación de los efectos adversos que pudiera ocasionar, teniendo especial preocupación por los impactos perjudiciales que el proyecto o actividad pudiera generar en la salud e integridad física de las comunidades que habitan en el entorno adyacente al proyecto.

Agrega que como se ha argumentado, el hecho que los recurrentes hayan decidido eludir este mandato legal, resulta en una ilegalidad que no puede continuar, sobretodo en el entendido que es el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y todo lo que conlleva la protección de la dignidad de las personas lo que se encuentra como bien jurídico protegido detrás de la normativa ambiental invocada. Por esta razón, se puede demostrar que la avícola ha actuado de manera ilegal, ocasionando perjuicios graves a la posibilidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y de la vida e integridad física y psíquica de los vecinos que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto.

Dice que se ha vulnerado también el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona El artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: 1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Dicho derecho también ha sido consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, en que se asegura que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza en su artículo 11 que “1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora de las condiciones de existencia” y continúa señalando en su artículo 12 que “1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: […] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente…”. Entonces, como se advierte, el derecho a la vida tiene un resguardo tanto a nivel nacional, como internacional. Sobre este derecho, el profesor nombre reservado ha explicado que debe ser entendido e interpretado en base a uno de los postulados básicos de la institucionalidad chilena, que es la dignidad de la persona humana. En este sentido, ha señalado que “el derecho a la vida que asegura nuestro ordenamiento jurídico debe conjugarse con el artículo 1º que determina y garantiza la dignidad de la persona humana, por tanto, debe entenderse que el derecho a la vida afirmado por nuestra Carta Fundamental es a una vida digna. Lo anterior implicaría, por lo tanto, que se aseguren ‘mínimos vitales indispensables para dicha existencia digna en términos de bienes indispensables para el mantenimiento y desarrollo de la vida como es el acceso a agua potable, salubridad o saneamiento ambiental, una alimentación mínima, vestido, un acceso a la atención médica, seguridad social, educación, una vivienda digna, una protección de la integridad física y psíquica de la persona frente a la agresión ilegítima de terceros, entre otros elementos”.

Recalca que los malos olores molestos provenientes de la propiedad las recurridas, provocan afectación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los recurrentes en el entendido que son receptores de las externalidades negativas provenientes de la empresa y oficio de las recurridas. En específico, los recurrentes no pueden vivir sus vidas de forma normal porque los constantes olores molestos, cuya intensidad va variando a lo largo del día, hace que los dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, congestión nasal, se tornen persistentes, lo que provoca que el sistema inmune de los recurrentes no esté en las condiciones óptimas, sobre todo en un contexto de pandemia donde el virus Covid-19 se ha mostrado especialmente implacable en contra de personas más delicadas de salud. Actividades tan simples como salir a trotar o nadar en una piscina se tornan especialmente riesgosas y eso termina restringiendo la actividad de deportiva de los vecinos afectados. Sin embargo, la conducta denunciada, atenta también contra el derecho a la vida y a la integridad psíquica de los recurrentes de la siguiente manera.

Hace algunas consideraciones objetivas del derecho a la integridad psíquica conculcado: El numeral 1 del artículo 19 de nuestra Constitución, en su esfera de protección de la integridad psíquica de los recurrentes también se ve objetivamente vulnerado por los hechos descritos y que son propiciados por las recurridas. Lo anterior es así toda vez que, como ya se ha dicho, el inmueble en que opera la explotación avícola ésta cerca de la propiedad que sirve de domicilio y habitación de los afectados. Esta situación conlleva a que los recurrentes estén forzados a percibir los malos olores emanados de la granja avícola, los permanentes cacareos de sufrimiento de las gallinas que son provocados por el hacinamiento, la enfermedad, el malestar físico y la explotación a que son constantemente sometidas. Tal situación ha generado considerables malestares de carácter psicológico y moral en los recurrentes: el solo hecho de saber que a pocos metros del hogar en que habitan se maltrata a animales dóciles e inofensivos, ha generado un alto grado de perturbación mental que no les permite realizar su diario vivir con la calma que se merecen, pues toda persona medianamente racional -“persona promedio”- que cuente con una estructura mental saludable, no puede menos que verse psíquicamente afectada al estar expuesta de forma permanente a percibir los alaridos de dolor provenientes de animales que están del otro lado de su muro o cerca y de empatizar con el sufrimiento de aquellas criaturas. En este sentido, el Tribunal Constitucional, ha declarado: “La integridad psíquica es una dimensión de la persona humana que, junto con la integridad física, la integra en plenitud. Ninguna de las dos puede ser descuidada, puesto que ambas componen al individuo en su relación con el entorno social más próximo. Se trata entonces de aspectos que no pueden separarse, que conforman una sola unidad, y, por consiguiente, es imperativo el respeto a ambas dimensiones”.

Hace presente que lo dicho no es solo retórico pues el daño a la integridad psíquica que ha ocasionado esta situación se encuentra reflejado en que los vecinos incluso han imputado esta responsabilidad al municipio, ya que se encuentran desesperados. A mayor abundamiento, se ha reconocido por la doctrina y jurisprudencia que el derecho a la vida trasciende más allá que el deber de terceros de no atentar contra la misma, y enseguida implica el respeto a los proyectos de vida personales dentro del marco del Derecho y de los criterios de justicia: “En este sentido, se ha sostenido que -el derecho a la vida (-) no se limita al derecho a conservar la vida biológica (-) sino que se extiende al derecho a elegir la vida que cada cual desea llevar, a escoger los valores que le darán sentido, al esfuerzo por desarrollarse en la búsqueda de esos valores, a vivir la vida escogida, e incluso, el derecho a morir por esos valores, derecho del que es titular cada persona-. Así, el derecho a la vida -además de abarcar el derecho a conservar la vida biológica, engloba el derecho a "hacer la vida". En buenas cuentas, el derecho a la vida constitucionalmente garantizado supone, primero y obviamente, el derecho a que no se nos prive de nuestra continuidad biológica, pero, además, implica el derecho a decidir los parámetros con los cuales viviremos nuestra existencia física y espiritual”.

Expresa que en síntesis, la integridad física y psíquica se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, pero difieren en el entendido que la integridad física está enfocada en la corporalidad del ser humano y comprende que el cuerpo del ser humano no sufra detrimentos ni menoscabos, conservando su integridad corporal. Entonces, la integridad física trasunta en el estado de bienestar, en ausencia de dolencias o malestares ejercidos por los órganos del Estado o particulares. Por tanto, como se pudo advertir, los síntomas mencionados con anterioridad se condicen con una vulneración a la integridad física de los habitantes del área de influencia del proyecto, por cuanto atentan con la corporalidad de las personas. Por su parte, en relación con la dimensión psíquica del derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, se encuentra orientado a garantizar la integridad psíquica que considera aquel estado de bienestar espiritual y mental que habilita al ser humano a mantener y disfrutar de una calidad de vida con dignidad, lo cual se encuentra severamente conculcado por la actividad ilegal y arbitrario de las recurrentes.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido mencionado, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, declare:

1.- La ilegalidad de los actos del recurrido, que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y psíquica, así como el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a un medioambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad;

2.-Infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y el derecho de propiedad, consagrados en los artículos 19 Nº 1, 2, 8 y 24, respectivamente, de la Constitución Política de la República;

3.-. Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas orientadas a establecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo término a los actos ilegales señalados previamente respecto de las personas afectadas; y se impartan instrucciones a los recurridos, con el fin de que ajusten sus actos a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos.

4. Que, en lo particular, se ordene a los recurridos la paralización de funcionamiento hasta el cierre definitivo de la granja avícola mencionada, debiendo decretarse el traslado de las gallinas a santuarios de animales, a costa de las recurrentes, remitiendo copia de los antecedentes resultantes de esta gestión a esta Corte. Asimismo, que se ordene a los recurridos hacer ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5. En subsidio, que se ordena el cierre temporal de la granja avícola mencionada, hasta que se produzca una fiscalización por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, un sumario sanitario por parte de la autoridad sanitaria correspondiente, y por el Servicio Agrícola y Ganadero respecto de las condiciones de vida de las aves, y la posterior implementación de medidas de mitigación que sean aprobadas por dichas autoridades o lo que conforme a derecho resuelvan, debiendo decretarse el traslado temporal de las gallinas a santuarios de animales, a costa de las recurrentes.

Segundo: Que el abogado Fernando Salvo Alcántar, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la parte recurrida, informando respecto del recurso de protección deducido en contra de su mandante, solicita que sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Al efecto y en lo pertinente, expresa que su representado nombre reservado, quien es propietario de la Avícola de que tratan estos autos, dio inicio formal y material a la actividad avícola de cría de aves de corral para producción de huevos el año 2020 -cuyo inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos data del 04 de junio de 2020 y no con anterioridad al año 2019 como afirma la actora. Por otra parte, la actividad se desarrolla en un predio rural de la comuna de Pelarco, la cual es permitida por la normativa vigente.

Expresa que el 11 de agosto del año 2020 se le informó por parte del funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero nombre reservado, que no debía obtener Informe de Factibilidad para Construcciones Ajenas a la Agricultura en Área Rural (permiso de construcción – Ex cambio de Uso de Suelos), debido a que un plantel de aves de postura como la de la especie era considerada producción primaria según la Pauta de ese Servicio (contenida en la Circular 296-2019, de fecha 13 de mayo de 2019, de dicho Servicio, que le remitió el mismo funcionario). Por otra parte, su representado no requiere de Patente Comercial debido a que no mantiene local comercial de venta en el plantel. En cuanto al número de aves que se mantienen en el plantel, dice que es de 5.000, las cuales fueron adquiridas el día 06 de junio de 2020 y llegaron en agosto del mismo año, fecha a partir de la cual comenzó las operaciones y no con anterioridad a 2019, como afirma la recurrente.

Dice que se le acusa a su representada de maltratar a animales dóciles e inofensivos -de manera ligera, difamatoria, indeterminada y sin pruebas-, y que ello afectaría a la integridad psíquica de la comunidad, cuestión que es absolutamente falsa y difamatoria puesto que ni siquiera una de sus aves se encuentra en una jaula, tal como quedó consignado en un Acta de un procedimiento de fiscalización al plantel efectuado por la SEREMI de Salud en septiembre de 2022, donde se consignó en las observaciones que había gallinero a piso; su producción se rige bajo la denominación “aves libres de jaulas”, es decir, se encuentran libres dentro del plantel, con comida, y agua a su disposición cada segundo del día, y esto es tan obvio que la acusación de la actora es maliciosa y de muy mala fe, y podría tener consecuencias insospechadas hacia el plantel y hacia la integridad personal y física de su representado, puesto que al ser difamatorias pueden crear la idea equivocada de maltrato animal en organizaciones de cuidado animal que podrían reaccionar con acciones de fuerza, cuando en realidad las aves reciben el mejor de los tratos posibles; la recurrente no aquilata adecuadamente su acusación difamatoria y sus posibles consecuencias, como las señaladas anteriormente.

Sostiene que la acusación es ilógica, puesto que con el solo hecho de saber que las aves sometidas a estrés, a falta de comida y de agua limpia y fresca no producen huevos, dichas situaciones no son convenientes para su representada, puesto que su negocio es exactamente producir huevos, por lo que sus aves son su sustento y si ellas están en mal estado no podría realizar sus actividades.

Afirma que la acción de protección de autos debe ser rechazada por haber sido interpuesta de manera extemporánea, esto es, con posterioridad a los 30 días corridos contados desde la ejecución del supuesto acto u omisión considerado como ilegal y arbitrario exigidos por el Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la materia. Dice que la misma actora afirma que los supuestos malos olores habrían comenzado con anterioridad al año 2019 -sin dar prueba de ello-, en términos imprecisos y vagos, y la acción fue interpuesta recién en octubre de 2022, superando con creces los 30 días corridos prescritos por la normativa vigente. La actora afirma que por tratarse de supuestos actos arbitrarios e ilegales de la recurrida continuos en el tiempo, y que aún persistirían a la fecha de presentación de la acción, ésta fue ejercida dentro de plazo puesto que el plazo se renovaría todos los días, de acuerdo con la jurisprudencia de algunas Cortes. Sin perjuicio de esa afirmación, dicha renovación no es aplicable al caso de autos, debido a que no es efectivo que los supuestos olores generados por la operación de la Avícola se han mantenido durante todo este tiempo; la recurrente no ha acompañado ningún antecedente que permita acreditar que a esta fecha el Proyecto genere olores que puedan ser considerados como un acto arbitrario e ilegal que atente contra la garantía consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, o que alguna vez dichos malos olores de generaron.

Hace presente que en 2022 la recurrida fue objeto de un proceso de fiscalización por parte de la SEREMI de Salud de esa región, y no se constató la presencia de malos olores en los términos afirmados por la actora. En lo relativo a las afirmaciones de la actora respecto a la normativa que, a su entender, ha sido infringida por su representado, es del caso manifestar lo siguiente:

A) En lo relativo a la disposición del guano producido por las aves de la recurrida, que sería según manifiesta la actora la fuente de los malos olores y problemas medioambientales, ésta afirma que su representada infringe lo dispuesto en el Código Sanitario y en el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, del año 2000, al manifestar que respecto de este tipo de residuos se debe obtener autorización sanitaria y municipal previa. Al respecto, señala que toda la normativa aludida por la recurrente no es aplicable al caso de autos, debido a que la normativa vigente en la materia permite el acopio transitorio de esos residuos cuando su acopio no es permanente o no es superior a 15 días, supuestos en que su representada no incurre, puesto que el guano resultante lo retira a pequeños agricultores de la comuna de Colbún quienes lo utilizan como abono para sus plantaciones, y jamás es almacenado por más de 15 días en el plantel. Todo lo anteriormente expuesto es permitido por la circular 98/20 de 2001, del Ministerio de Salud, que prescribe que se requerirá autorización sanitaria para el almacenamiento de guano en predios agrícolas sólo cuando este sea superior a 15 días, lo que no ocurre en la especie.

Refiere que la actora señala que también se infringiría la normativa contenida en el Decreto N° 29 del año 2013 del Ministerio de Agricultura, que “Aprueba Reglamento Sobre Protección de los Animales Durante su Producción Industrial, su Comercialización y en Otros Recintos de Mantención de Animales”, señalando textualmente: “7. Adicionalmente, el Decreto No. 29 del Ministerio de Agricultura año 2013, en su artículo 10 señala que “Los establecimientos de producción industrial pecuaria deberán contar con: b) Un programa de manejo sanitario y registros que den cuenta de su aplicación, sin perjuicio de la legislación vigente” y continúa señalando en su artículo 16: “La infraestructura de los recintos de comercialización de animales deberá considerar los siguientes aspectos, además de lo establecido en los artículos 10 (exceptuando letra b), 11 y 12 del presente Reglamento: e) Deberá contar con un sistema de disposición de residuos sólidos y líquidos aprobado por la autoridad competente” . En el caso en concreto no existe, pues la gestión de las heces se hace de forma negligente, sin ningún plan de manejo adecuado aprobado por la autoridad competente, que en este caso es el SAG.” Aduce que lo prescrito en la letra b) del artículo 10 dice más bien relación a que se debe mantener un programa de manejo sanitario respecto a la salud de los animales, y no al manejo de sus heces; efectivamente la recurrida actúa con la orientación de la “Guía de Buenas Prácticas de Bienestar Animal en los Diferentes Sistemas de Producción de Huevos” del Servicio Agrícola y Ganadero que a su vez se basa en la ley 20.380 de Protección de los Animales, y por ello las aves deben seguir una dieta específica para cada etapa, cuestión que cumple desde el principio de su actividad económica con la asesoría del destacado, reconocido y experimentado médico veterinario nombre reservado, quien tiene décadas de experiencia y es uno de los primeros profesionales del rubro en especializarse en el ámbito avícola, pero incluso más allá de la adecuada alimentación que reciben las aves, esta no sería útil en nada si las gallinas no recibiesen agua a su libre disposición, puesto que las aves sin agua no producen huevos, por lo que sus aves reciben agua limpia y fresca de la red de agua potable rural del sector de nombre reservado.

Agrega que en cuanto a lo señalado en el artículo 16, literal e), del Decreto en comento, no es aplicable en el plantel de la especie, puesto que su ámbito de aplicación dice relación con los recintos de comercialización de animales, los cuales están definidos en la letra f) del artículo 2° del mismo Decreto, en el siguiente sentido: “Artículo 2º.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: f) Recinto de comercialización de animales: Establecimiento donde se enajenan, en subasta pública o en transacciones directas, animales en pie, de distinta procedencia, por cuenta propia o ajena. Se exceptúan los remates de animales autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero efectuados en predios rurales.”

Sostiene que el giro de su representada es la cría de aves de corral para la producción de huevos, y no la comercialización de animales en pie, por lo que malamente el anotado precepto puede ser aplicado a la recurrida. Finalmente, informa que con el 23 de septiembre del año 2022, en el ejercicio de sus facultades, la recurrida fue objeto de una fiscalización por parte de la SEREMI de Salud de la Región del Maule, cuyos hallazgos constan en Acta folio 099567 de la misma fecha, procedimiento administrativo que se encuentra al pendiente de su acto terminal con la resolución pertinente, pero lo más decidor de esta fiscalización es que no se realizó ninguna observación respecto de moscas u olores nauseabundos y esto no es casualidad, ya que llevan a cabo desratizaciones y eliminación de vectores constantemente.

Añade que la recurrente manifiesta en términos ligeros y faltos de precisión que su representada almacena de manera negligente el guano, sin dar cuenta de cómo sería ese supuesto almacenamiento negligente, por lo que no se explica de qué manera el actuar de la recurrida menoscaba los derechos fundamentales alegados por la actora.

Indica que en otro punto del líbelo de la recurrente, ésta afirma que la Avícola de su representado debiese haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Resolución de Calificación de nombre reservado favorable, Sistema establecido en la Ley N° 19.300 sobre “Bases Generales del Medio Ambiente” y desarrollado en su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 40 de 2013, que “Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, del Ministerio del Medio Ambiente, pero lo manifestado por la actora en su escrito al respecto no es efectivo, debido a que, si bien es cierto que el artículo 10 de la ley 19.300, en su literal l) menciona a las faenas pecuarias entre los proyectos o actividades que deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo hace siempre y cuando éstas sean de dimensiones industriales y es en este punto donde el Reglamento antes aludido define qué se debe entender por proyectos o actividades de dimensiones industriales, en la letra l) de su artículo 3, en los siguientes términos: “Artículo 3.- Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar nombre reservado, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de: l.4. Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a: l.4.1. Ochenta y cinco mil (85.000) pollos; l.4.2. Sesenta mil (60.000) gallinas; l.4.3. Dieciséis mil quinientos (16.500) pavos; o l.4.4. Una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a ciento cincuenta toneladas (150 t) de otras aves.”

Manifiesta que como se desprende de la sola lectura de la normativa antes transcrita, y habida consideración que el plantel total de su representada sólo es de menos de 5.000 gallinas ponedoras, ésta no debía ni debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, puesto que su plantel no es de dimensión industrial. Por otra parte, tampoco es efectiva la afirmación de la actora en cuanto a que la Avícola debía elaborar un Estudio de nombre reservado por aplicación del artículo 11 de la Ley, puesto que ese artículo solo ordena el cumplimiento de ese requisito a las actividades contenidas en su artículo 10, pero, al no ser el plantel de la recurrida de dimensiones industriales, no debía ni debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como ya se indicó; simplemente el propósito del artículo 11 de la Ley, desarrollado en el artículo 4° del Reglamento antes aludido, es especificar si un proyecto o actividad que debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -que son sólo los indicados en el artículo 10 de la Ley y en el 3° del Reglamento-, lo debe hacer presentando una Declaración de nombre reservado o bien un Estudio de nombre reservado, en consideración a los criterios que ahí se señalan.

Estima que el actuar de su representada no ha sido en modo alguno ilegal, y menos arbitrario, puesto que simplemente está ejerciendo una actividad económica permitida por el ordenamiento legal vigente, sin infringir precepto legal alguno. A mayor abundamiento, difícilmente ejercer una actividad económica lícita puede ser considerado un acto arbitrario, más aún si se cumplen los preceptos legales y sectoriales respectivos en dicho ejercicio legítimo; hace presente que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes de la República el derecho a la libertad de empresa y de emprendimiento, consagrado en el numeral 21 de su artículo 19, señalando en su inciso primero: “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”

Finaliza solicitando que se tenga por evacuado informe y, en definitiva, se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección de las garantías constitucionales interpuesto por la actora, con costas.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Quinto: Que en lo tocante a la extemporaneidad reclamada por la parte recurrida, se desestima, toda vez que por tratarse de una situación en que los hechos en que se funda la acción proteccional, se mantienen en el tiempo, debe entenderse que la supuesta vulneración de los derechos amagados siguen el mismo devenir, de lo que se desprende que el plazo para ejercer la acción de que se trata se mantiene vigente, mientras no cese la actividad que se estima atentatoria a las garantías constitucionales enarboladas por el recurrente.

Así entonces, el término fatal de 30 días contemplados en el Auto Acordado que regula esta materia, no había expirado a la fecha de interposición del presente recurso de protección.

Sexto: Que en lo tocante al fondo de lo reseñado por las partes, cabe hacer notar que el recurrido nombre reservado ha reconocido ser el propietario desde el año 2020 de la Avícola, respecto de la cual se ha deducido la presente acción de protección, con inicio de actividades en el mes de junio de ese año. Estima que no requiere de Patente Comercial debido a que no mantiene local comercial de venta y que el plantel de aves no supera las cinco mil.

Asimismo afirma que en el año 2022 fue objeto de un proceso de fiscalización por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Regional, donde no se constató la presencia de malos olores.

Del mismo modo hace hincapié que no ha infringido norma sanitaria alguna, toda vez que el acopio de los residuos es de carácter transitorio, no superior a quince días, por lo que no necesita autorización necesaria respecto del guano producido por las aves.

Sin embargo lo antes expuesto por el recurrente, de lo informado por la autoridad sanitaria regional, mediante oficio de 19 del presente mes y año, decretada como medida para mejor resolver, se observa que la Unidad de Emisiones y Residuos Industriales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud constató en terreno que el guano generado, tanto en la crianza de ave en jaula, así como las que se crían en piso al interior de un galpón, es sacado cuando se realiza un recambio de gallina, que generalmente es cada dos años.

Entonces, la información proporcionada no guarda concordancia con lo sostenido por el recurrente en orden a que el guano que se encuentra en el galpón donde cría sus aves, tiene un carácter transitorio y, por consiguiente, no necesita autorización sanitaria para acopiarlo y almacenarlo.

Séptimo: Que en este orden de ideas, cobra relevancia la Resolución Exenta N° 2123-2006 de 11 de septiembre de 2006, emanada del Ministerio de Salud, mediante la cual se aprueba el Manejo Sanitario del Guano de Aves, donde se deja constancia de la necesidad de controlar efectivamente la proliferación de vectores que afectan la salud y bienestar de los habitantes de la Región del Maule, debido a que los principales problemas sanitarios que producen los planteles de producción de aves son la generación de residuos sólidos (guano, huevos de desecho y aves muertas, y otros), emisiones atmosféricas contaminantes (olores, amoníaco, polvo, etc.) y residuos líquidos (agua de desecho de los bebederos, de la desinfección de vehículos, y de los procesos de limpieza), actividad que genera una gran proliferación de vectores de interés sanitario, con el inmediato riesgo para la salud y bienestar de la población. Por estas razones se decretó que todo productor de guano de ave, como también todo agricultor que lo utilice en predios agrícolas, deberá ser autorizado por esa Autoridad Sanitaria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 79 y 80 del Código Sanitario, a través de la presentación de un plan de manejo de guano de ave que garantice que las condiciones de almacenamiento, transporte y su disposición final no generará problemas de gases, malos olores, proliferación de vectores de interés sanitario, así como tampoco la generación de líquidos de lixiviación. Se describen los aspectos que deben cumplir el referido Plan de Manejo, el lugar, condiciones y tiempo de almacenamiento, como, asimismo, el traslado del guano, dentro o fuera del predio.

Octavo: Que en sincronía con lo anterior, el artículo 80 del Código Sanitario 80 dispone que: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”.

En el caso concreto del recurrido, se advierte que la fiscalización efectuada por la autoridad encargada, no se aviene con la normativa que regula el procesamiento de los residuos provenientes del guano de aves, como tampoco la actividad ejercida por recurrido nombre reservado cuenta con la habilitación necesaria, por lo que debe estimarse que su actuar, al no ser ajustada a derecho debe ser calificada de ilegal.

Noveno: Que, por el contrario, de los restantes antecedentes allegados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no se puede afirmar ni descartar que la actividad realizada por el recurrido sea de carácter industrial, como tampoco es posible aseverar a priori, si resulta aplicable la normativa prevista en la Ley N° 19.300, que aprueba bases generales del Medio Ambiente, en especial, en lo tocante a la posibilidad de estar o no sujeto a un estudio de nombre reservado, como lo asegura el recurrente, habida consideración que existe total discrepancia respecto de sendas materias y, además, carencia de elementos técnicos que permitan esclarecer tal situación, por consiguiente, no se avizora un derecho indubitado a favor del primero y, asimismo, las pretensiones perseguidas por el recurrente en torno a aquellas situaciones, escapan a la finalidad y naturaleza de la acción de protección, como herramienta meramente de carácter cautelar.

Décimo: Que, además, es útil consignar que el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, en armonía con el precitado artículo 20 de la misma Carta Fundamental, consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación cuando aquello sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o a una persona determinada.

En el caso puntual que interesa, no existen antecedentes que permitan con certeza concluir que la actividad realizada por el recurrido genera contaminación más allá de los límites permitidos legalmente, sin perjuicio de la facultad que tiene esta Corte de Apelaciones para decretar medidas que tengan por finalidad restablecer y proteger el imperio del derecho, en especial, de los recurrentes por el carácter de residentes aledaños al lugar donde ejercer la actividad avícola nombre reservado.

Undécimo: Que no obstante lo argumentado en los raciocinios noveno y décimo que anteceden, es posible colegir que el actuar del recurrido nombre reservado en la actividad avícola que desarrolla, no se ha ajustado plenamente a la normativa que regula dicha actividad, por lo que al persistir en ella hasta la actualidad, sin haber adoptado un plan de manejo en cuanto a las condiciones, tiempo de almacenamiento y traslado del guano de sus aves, pone en peligro inminente la salud de los recurrentes y de los vecinos del sector, lo que se traduce que su comportamiento necesariamente debe calificarse de ilegal.

Así entonces, se advierte que la garantía individual del derecho a la vida, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, debe entenderse amenazada por aquellas actividades que puedan poner en riesgo la salud y la integridad física y psíquica de las personas, como acontece en el presente caso con los recurrentes, de manera que concurriendo los presupuestos contemplados en el artículo 20 del mismo cuerpo constitucional, la acción de protección entablada en autos será acogida en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, se resuelve:

1.-. Que SE RECHAZA la extemporaneidad alegada por el recurrido nombre reservado.

2.- Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de la Comunidad de nombre reservado y, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, en favor nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado.; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado.nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y de nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena la suspensión de la actividad avícola que desarrolla éste último en el predio de la Parcela N° 55, Lote 2, Sector nombre reservado de la comuna de Pelarco, hasta que no obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en especial, respecto del proceso de acopio, almacenamiento y traslado del guano de aves, debiendo, entretanto, reacondicionar el destino del plantel de aves de que dispone en la granja precitada en otro lugar que la misma autoridad sanitaria determine.

No se condena en costas a la recurrida, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol Nº 8.753-2022.- Protección.

Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente doña Marta Asiain Madariaga, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, haber concluido la suplencia, ni el abogado integrante don Rodrigo de la Vega Parra, por estar ausente.