Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

Talca, treinta de diciembre de dos mil veintidós.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la abogada Danniela Francisca Retamal Morán, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, trabajador dependiente, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, ha deducido recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se adopte las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y cautelar a su vez el legítimo ejercicio de los Derechos Constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 3 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a su parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la caja de recurrida.

Al efecto, manifiesta que su representado es trabajador dependiente, con cargo de Profesor del Colegio Integrado de Talca San Pio Décimo, perteneciente a la Fundación Educacional Colegio Integrado, por el cual se vinculó a dicho colegio mediante contrato de trabajo de 01 de marzo de 2018.

Refiere que debido a dicho vínculo laboral el empleador, debe pagar mensualmente sus remuneraciones al trabajador recurrente y en la liquidación de sueldo del mes de agosto de 2022, de fecha 30 agosto de 2022, ha aparecido un descuento de $120.912 correspondiente a “CCAF CREDITO”.

Recalca que, con mucho esfuerzo el recurrente recibe su sueldo los últimos días de cada mes, siento este el sustento de su familia, de la cual debe solventar sus necesidades en todo ámbito. Al consultar a su empleador a que se debía este descuento, le indicaron que la retención fue hecha por voluntad exclusiva de la recurrida. Este descuento realizado por su empleador, a solicitud directa de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, significa un gran perjuicio para el recurrente como para su familia, ya que se mermó un monto importante de su remuneración.

Hace presente que, el año 2013 el recurrente trabajó para el Colegio de la Salle, de la ciudad de Talca, solicitó un crédito o mutuos de dinero; otorgado con fecha 18 de diciembre de 2013, cuyo monto correspondió a $3.800.244, folio Contrato: 072000648481, pactado en 60 cuotas mensuales, cuyo monto sería descontado de su liquidación de sueldo en cuotas mensuales. Es del caso, que el recurrente dejó de trabajar para el Colegio de la Salle el día 28 de febrero de 2018, momento en que fue desvinculado por la causal de necesidades de la empresa. En dicha circunstancia, se le informó que con parte de su indemnización serían pagadas las cuotas restantes del crédito. Es del caso, que la última cuota enterada, correspondió a la N°50 con vencimiento el 28 de febrero 2018.

Señala que, la recurrida no ha iniciado acciones judiciales ante los Tribunales de Justicia tendientes a demandar el cobro de su crédito, ni ejecutivo ni sumario, cuestión que ha obviado presuntamente amparada en una norma de la Ley de cajas de compensación, con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda, sin considerar el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 19.539.

Expresa que fue grande la sorpresa de su representado nombre reservado cuando aparece en su liquidación de remuneraciones un descuento por una deuda contraída el año 2013 y que más de 3 años después, pretende ser cobrada extrajudicialmente por la recurrida a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, por la suma mensual $120.912.

Agrega que, presuntamente amparada en la Ley de Cajas de Compensación la recurrida efectúa descuentos que no han sido informados de manera alguna, es decir, nunca se ha notificado al recurrente acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda, sino que más bien, se pretende por la vía de estos “descuentos ilegales y arbitrarios”, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito, omitiendo y obviando tanto la vía ejecutiva o sumaria. En este sentido, desde que el recurrente dejo de pagar, la recurrida no ha ejercido acciones tendientes a cobrar el crédito, sino que ha decidido revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, lo cual priva al recurrente su derecho de propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña. En otras palabras, la recurrida ha hecho oídos sordos a su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, privando al recurrente su derecho a ejercer la defensa correspondiente, pues, unilateralmente la recurrida practicó el descuento ilegal en agosto de 2022 y continuará efectuándolo mientras su representado trabaje para el mismo empleador, de manera que la cifra total ilegalmente descontada a la fecha alcanza la suma de $120.912.

Añade que la presente acción constitucional de protección es entablada porque su parte recurrente estima que se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 2 y 24, esto es, la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Todas las personas tienen derecho a que les sea reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico, y en particular dentro de todo proceso, de ahí que el artículo 19 N° 2 consagra la “igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”. El hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues respecto de aquellos, para obtener el pago de un crédito o deuda, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado presuntamente amparada en una norma de la ley de cajas de compensación con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, se hallaría prescrita, o a lo menos su acción ejecutiva se hallaría prescrita.

Señala que en un caso de similares características al presente ya ha tenido oportunidad de pronunciarse la Excelentísima Corte Suprema, ha fallado: “La recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley provee para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección”. (Fallo de la Corte Suprema Rol N° 68.700-2016). En el mismo sentido, Fallo Rol N° 125.593-2020, dictado por la Excelentísima Corte Suprema, de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, señala: “Tercero: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración, a partir del mes de agosto de 2019, luego de transcurridos más de 11 años desde que se le otorgó el crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana y prácticamente seis años desde el vencimiento de la última de las cuotas. Cuarto: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que las recurridas han actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833, concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento de los créditos y la fecha en que se efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento denominado Proyecto Intercajas, sin que se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. Quinto: Que este proceder, manifiestamente arbitrario, de las recurridas, corresponde que sea declarado y se otorgue amparo al recurrente, pues de lo contrario las Cajas de Compensación recurridas obtendrían un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrían mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estimen procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones, por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo. Sexto: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.” Que, confirmando la tendencia, la Excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado señalando: “Sexto: Que en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 16 de la Ley N° 19.539 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente, por medio de las entidades pagadoras de pensiones, los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de tres años) que alcanzó a transcurrir entre junio de 2014 y noviembre de 2017 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios y del afiliado de ejercer las defensas correspondientes. Séptimo: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas, como tampoco esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo. (Fallo Rol 11.960-2018).

Reitera que la Constitución contempla expresamente que sólo la ley podrá establecer limitaciones al Derecho de Propiedad, supuesto que claramente no se configura con el actuar de la recurrida, ya que esta última de manera ilegal pone un límite al Derecho de Propiedad del cual constitucionalmente es titular el recurrente respecto de sus remuneraciones. Es así como la Constitución, en su artículo 19 numeral 24, inciso segundo, dice lo siguiente: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”. Por otro lado, el inciso tercero, numeral 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República, dice que en ningún caso una persona puede ser privada de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la respectiva expropiación: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá́ siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales”.

Estima que el proceder extemporáneo y sorpresivo de la Caja de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y de fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 5 años. En este caso, la recurrida no fundamenta ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en criterio de su parte adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo que la decisión adoptada no puede sino ser declarada como ilegal e arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación, debiéndose, por esta Corte adoptar las medidas tendientes al restablecimiento del derecho.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a la recurrida que se declare que el cobro por vía de retención efectuado por la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana es un acto ilegal y arbitrario que priva al recurrente de su derecho de propiedad sobre el monto integro de su remuneración y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; que la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana no puede realizar retenciones en las remuneraciones del recurrente sin su autorización, porque ello excede sus atribuciones; que se ordene a la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana devolver las retenciones ya practicadas y las que se retengan en lo sucesivo mientras dure la tramitación de ésta acción constitucional, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución.

Segundo: Que la abogada Yasna Vukic, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, informando al tenor del recurso deducido en contra de su mandante, expresa que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes: a) legales de carácter previsional y, b) prestaciones de bienestar social: ellas pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los regímenes de crédito social, de prestaciones adicionales y de prestaciones complementarias.

Agrega que, al ser corporaciones sin fines de lucro para otorgar las prestaciones de bienestar social, deben formar un Fondo Social conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, cuyos recursos se destinan a financiarlos. Por ende, surge la obligación legal para las Cajas de Compensación de protegerlo. En cuanto al sustento legal para aplicar los descuentos en las liquidaciones de remuneraciones, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, y, con lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que señala: “el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”, normas que facultan a las Cajas de Compensación para solicitar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas.

Señala que todo lo anterior, complementado con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Seguridad Social, en especial Circulares N° 2.052 de 2003 y N°3.567 de 2021, relativas a la administración del Régimen de Crédito Social, y en las que se define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”. Es así, que el mecanismo de pago del crédito social opera, mediante envió de nómina al empleador que contiene la lista de trabajadores a los que se les ha otorgado un crédito social y la cuota a descontar de la remuneración, para que esta sea retenida en forma obligatoria por parte del empleador y posteriormente remesada a la Caja.

Aduce que el retener y remesar es una obligación legal para el empleador y constituyen etapas junto con el envió de la nómina que implican un proceso mensual previo y posterior al período en que se hace efectivo el descuento.

Consigna que se interpone este recurso de protección, indicando que en el mes de agosto de 2022, se le aplicó a solicitud de C.C.A.F. La Araucana, un descuento en su liquidación de remuneración por su empleador, por la suma de $120.912 pesos, pero indica que esto corresponde a una obligación contraída en diciembre del 2013, fecha en que se le otorgó por dicha Caja de Compensación el crédito folio 072000648481, el que dejó de pagar por haber sido desvinculado por su empleador en el 2018, por la causal de necesidades de la empresa, informándosele que con parte de su indemnización serían pagadas las cuotas restantes del crédito. Agrega que la última cuota correspondía al 28 de febrero de 2018, que la recurrida no le ha iniciado acciones judiciales, por lo que considera que ha decidido revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, lo cual priva al recurrente su derecho de propiedad sobre parte de su retribución económica. En consecuencia, se ha procedido al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, se hallaría prescrita, o a lo menos su acción ejecutiva se hallaría prescrita, lo que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

A este respecto, señala que el 18 de diciembre de 2013, se le otorgó al afiliado y recurrente Carreño, el crédito social folio N°072000648481, por un monto nominal de $ 3.904.838.-, pactado en 60 cuotas mensuales, cada una por la suma de $ 120.912.-, a descontar a partir de enero del 2014, desde su remuneración por su empleador Fundación Beato Hermano Salomón, RUT N° RUT reservadoCrédito respecto del cual aparecen pagadas mediante liquidación de remuneraciones las cuotas N°1 a 50, esta última descontada en febrero de 2018 y remesada por su empleador Fundación Beato Hermano Salomón, RUT N° RUT reservado, el 19 de marzo de 2018. Posteriormente a pesar de remitir la respectiva nómina de su empleador, no se recibe ningún otro descuento, no siendo informada su representada por el recurrente Carreño o por su empleador que el trabajador fue finiquitado, tampoco que se le haya aplicado descuento alguno en su finiquito y tampoco hubo ánimo de cumplir la obligación por parte del recurrente por cuanto nunca concurrió a pagar o regularizar su obligación, por lo que comenzó a figurar en mora, hasta agosto de 2022 donde fue posible ubicarlo por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a esta Caja de Compensación, remitiéndose la respectiva nómina de descuento y recibiendo la respectiva remesa durante los meses de agosto y septiembre de 2022 de su actual empleador Fundación educacional Colegio Integrado de Talca San Pio Décimo, RUT N° RUT reservado, descuentos que sirvieron para el pago de la cuota N° 51 y 52, por lo que existen a la fecha 52 cuotas pagadas de las 60 pactadas.

Añade que a la fecha y conforme liquidación adjuntada por el recurrente no se ha recibido remesa del descuento realizado en el mes de octubre de 2022.

Expresa que los descuentos practicados en la liquidación de remuneración, tienen su origen en el crédito social contraído con La Araucana C.C.A.F., que era de su pleno conocimiento, no sólo desde que el momento en que le fue otorgado, sino además atendido el hecho que el recurrente autoriza a realizar los descuentos a su actual y futuros empleadores, es así que en el pagaré que se acompaña señala: “el pago de las cuotas se efectuará mediante descuento por planilla de mis remuneraciones que, desde ya, autorizo a mi actual y futuros empleadores para realizar”.

Considera que lo esgrimido por el recurrente carece de fundamento por cuanto no es posible señalar que los descuentos son ilegales y arbitrarios por cuanto el mismo autoriza a aplicar dichos descuentos por planilla a su futuro empleador y que esa Caja no ha ejecutado alguna acción para perseguir su cumplimiento, situación que no es real, atendido que el descuento efectuado desde agosto de 2022 constituye un actuar diligente por parte de esa Caja para efecto de que el recurrente cumpla con su obligación aplicando la facultad otorgada por ley y autorizada por el propio recurrente.

Estima que no es efectivo que la deuda a la fecha, se hallaría prescrita, puesto que conforme el artículo 2492 y siguientes del Código Civil para que opere la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente. Así las cosas, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que sea alegada, y mientras no exista un pronunciamiento por parte de un tribunal competente, en un juicio de lato conocimiento, respecto a la prescripción emanada de la obligación emanada del pagaré y del mutuo, la suma de dinero recibida en préstamo, siguen siendo plenamente exigible, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para alegarlas.

Sostiene que con ello se procede a clarificar el hecho de que la obligación existe en razón de que la misma no se ha extinguido en ninguna de las formas enumeradas en el artículo 1567 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.546 del Código Civil, dispone: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, y, con el artículo 1545 del Código Civil que señala: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes…”. Teniendo además en consideración que el mutuo sigue estando plenamente vigente en caso que se intentará por parte del recurrente declarar su prescripción.

Manifiesta que de la misma demanda laboral interpuesta por el recurrente Carreño, en causa RIT O-123- 2018, caratulada “nombre reservado con Fundación Beato Hermano Salomón” seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, se observa que las partes litigantes terminaron el juicio el 04 de mayo de 2018, por avenimiento y en ninguna parte se indica que el pago va a ser inferior por aplicación del descuento en su finiquito de las cuotas restantes del crédito adeudado con esa Caja de Compensación, por lo que la alegación del recurrente no se encuentra numéricamente respaldada por su antiguo empleador.

Afirma que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es legal, pertinente y oportuno, por lo que no puede el recurrente pretender evadir el pago la obligación que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad. Reseña jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Reitera que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y Circulares N°2052 del 2003 y N° 3.567 del 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, teniendo en consecuencia el nuevo empleador la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación acreedora el pago las sumas que un trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor. Así las cosas, malamente pudo su representada, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, se ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social plenamente vigente y actualmente exigible.

Dice que a partir de lo anterior, puede afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de autos.

Solicita tener por evacuado el informe requerido, rechazando la acción de protección incoada en autos.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él qué por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean conculcados.

Quinto: Que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales allegados, los que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por acreditado los siguientes hechos, respecto de los cuales no existe discrepancia:

1.-El 18 de diciembre de 2013, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, otorgó al recurrente nombre reservado un crédito social por un monto nominal de $ 3.904.838.-, pactado en 60 cuotas mensuales, cada una por la suma de $ 120.912, que se descontaría a partir del mes de enero del 2014, directamente desde su remuneración por parte de su empleador Fundación Beato Hermano Salomón.

2.- Mediante la modalidad indicada se pagaros las cuotas N°1 a 50 del referido crédito, descontándose por ese empleador hasta la remuneración de mes febrero de 2018.

3.- Los últimos pagos realizado a través de la misma modalidad de descuento de las remuneraciones del trabajador recurrente, fue la del mes de agosto y septiembre de 2022, efectuada por su actual empleador Fundación educacional Colegio Integrado de Talca San Pio Décimo, con las cuales se pagaron las cuotas N° 51 y 52 del crédito social aludido.

Sexto: Que de lo antes reseñado no se desprende que el recurrente, en su calidad de deudor del crédito mencionado, tenga un derecho indubitado que pueda ser protegido por esta vía proteccional, en atención a que los últimos descuentos realizados durante el año en curso tienen su origen en un vínculo contractual, en el que el mismo actor consintió expresamente, en su calidad de deudor de una cantidad de dinero que recibió en mutuo, que el pago de las cuotas respectivas se realizara directamente por su empleador, descontándosele de sus respectivas remuneraciones.

Tampoco se advierte ilegalidad alguna en el proceder de la institución recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, toda vez que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, permite que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

En este mismo orden de ideas, el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, emanado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.

Finalmente, el artículo 58 del Código del Trabajo, faculta a los empleadores deducir de las remuneraciones de los trabajadores, entre otros ítems, las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Este compendio de normas faculta a las Cajas de Compensación para solicitar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas.

Séptimo: Que en lo tocante a que la entidad recurrida debió utilizar la vía judicial para obtener el pago integro del saldo de la obligación dineraria contraída por el recurrente, tal reproche no es posible hacerlo, toda vez que fue el mismo recurrente quien accedió a pagar el crédito que se le otorgó a través del mecanismo de descuento de sus remuneraciones.

Lo mismo cabe decir respecto de una eventual prescripción extintiva de la obligación contraída, la que necesariamente debe ser alegada por vía de acción o de excepción, por quien pretende beneficiarse con ella, como se desprende claramente del artículo 2.493 del Código Civil.

Octavo: Que atento a lo antes reflexionado, no se observa conducta ilegal de parte de la entidad recurrida, como tampoco un actuar arbitrario, habida consideración que existe una obligación pendiente de pago por parte del recurrente, la que no ha sido cubierta en su totalidad.

Así entonces, en la especie no concurren los presupuestos previstos en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y, por consiguiente, tampoco se divisan infringidas las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, esto es, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 del texto constitucional que nos rige.

Atento a lo esgrimido, necesariamente la acción de protección impetrada debe desestimarse.

Por estos razonamientos y de conformidad, a lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada Danniela Francisca Retamal Morán, en representación de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

No se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 8.504-2022.- Protección.- Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.- Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Robert Morrison Munro, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.