nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

Talca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección que dio lugar a la formación de estos autos, es del tenor siguiente:

“nombre reservado, C.I N° RUT reservado, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, con domicilio en domicilio reservado, en representación de: nombre reservado, C.I N° RUT reservado, trabajador independiente, nombre reservado, C.I N° RUT reservado, trabajador independiente, nombre reservado, C.I N° RUT reservado, trabajador independiente, nombre reservado, C.I N° RUT reservado, trabajadora independiente, nombre reservado, C.I N° RUT reservado, trabajador independiente y nombre reservado, C.I N° RUT reservado, trabajadora independiente, todos domiciliados en domicilio reservado, a SS ILTMA., respetuosamente digo.

Por este acto vengo en interponer acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Talca, representada legalmente por su alcalde don Juan Carlos Díaz Avendaño, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por vulneración, en la especie perturbación, al Derecho fundamental constitucional de La Vida y a la Integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el Artículo 19° N° 1 de la Constitución Política de la República, en atención a los hechos y al derecho que a continuación se señalan.

HECHOS.- Las viviendas de mis representados dan con una especie de patio, propiedad de la Ilustre Municipalidad de Talca, quien desde hace años, aunque no por escrito, adoptó el compromiso de siempre tener la disponibilidad de dicho terreno, de aproximadamente 40x100 metros, de no ocuparlo para otros fines y permitir que los vecinos del sector hicieran uso del mismo, principalmente para almacenar y disponer de sus herramientas de trabajo y vehículos. Vecinos que se encuentran ubicados, siendo más precisos, en Talca 9 Norte con 16 y 17 Oriente, Población Los Paltos. Para tal efecto y en vista que sus antejardines no contaban con el espacio suficiente, se realizaron estacionamientos por la parte posterior a sus viviendas, que requieren transitar el terreno recién indicado.

Sin embargo, hace 6 meses atrás, en una situación que se ha mantenido en el tiempo, la Ilustre Municipalidad de Talca, mediante los inspectores municipales correspondientes comenzó a indicar a mis representados que deberían dejar sus pertenencias en otro lugar, ya que el terreno sería dispuesto para una construcción de Fundación Integra. Ante lo cual y con el propósito de mantener la destinación que hasta el momento tenía este terreno, mis representados buscaron ayuda ante distintas autoridades. Concejales, alcalde, funcionarios municipales, diputados e incluso un senador, y pese a ello no obtuvieron respuestas satisfactorias. Las construcciones correspondientes comienzan de lleno la semana del 5 de septiembre, toda vez que la empresa que se encarga de dichas labores ya realizó el cierre perimetral disponiendo de lo necesario para llevar a cabo el proyecto.

Los antejardines de mis representados tienen alrededor de 2,7 metros de largo, lo cual resulta insuficiente para el estacionamiento del tipo de vehículos que tienen. Es eso precisamente lo que piden mis representados, que se les entregue un margen de tolerancia para poder ubicar los vehículos principalmente y no tener que dejarlos en las avenidas principales o en estacionamientos alejados de sus residencias, lo cual genera un perjuicio extra para estas personas, que con esfuerzo y mucho trabajo han ido adquiriendo lo que hoy tienen. Es decir, que puedan seguir estacionando a partir del tránsito que se debe efectuar en la propiedad municipal, que no se les impida aquello.

Nunca ha existido una real voluntad por parte de la Ilustre Municipalidad de Talca en orden a escuchar los planteamientos de los vecinos, aduciendo únicamente que son “problemáticos” pero sin acceder a conversar y analizar lo que plantean en torno a estos hechos. Como ente local, la municipalidad podría haber atendido a conciliar la situación y permitir la construcción de Fundación Integra pero sin afectar la realidad de estos vecinos, lo que lamentablemente no ha acontecido, debido a que se han impuesto los términos y no se ha dado la posibilidad a mis representados de canalizar y expresar sus inquietudes, muy legítimas por cierto.

No pueden extender la parte del frente de sus viviendas para efectos de diseñar un estacionamiento para aquella zona, ya que conforme a la normativa urbanística y de construcción, no se puede tomar parte de lo que hoy es vereda, por lo tanto es por la zona de atrás, donde da a esta especie de patio donde entran para sus estacionamientos, zona la cual será ocupada completamente por Fundación Integra y es ello lo que se busca evitar.

Mis representados no se oponen en sí a la construcción indicada, sino que a que aquella comprenda absolutamente todo el terreno y les impida transitar y guardar sus vehículos en lo principal, y esto ocurre debido a que no hay otro lugar seguro para hacerlo. El sector donde viven es de mucha delincuencia y como tal es un riesgo enorme dejar los vehículos en zonas aledañas a sus domicilios, que por cierto tampoco existen, así que siempre habrá, en caso de configurarse y materializarse en definitiva esta situación, una distancia significativa entre donde viven y el lugar a estacionar sus automóviles y/o camionetas.

Esta situación viene a vulnerar el derecho a la vida de mis representados en su vertiente más íntegra, ya que esto genera que surjan preocupaciones que no se han dado alrededor de 20 años atrás, no existiendo ni siquiera un reconocimiento al compromiso bien conocido que en su momento el alcalde de Talca, don Germán Verdugo y el status quo establecido hasta esta época, que ha venido a ser modificado de un momento para otro por parte de la Municipalidad, que se reitera, pudo conciliar los intereses de ambas partes y evitar mayores perjuicios a los vecinos.

Se ha ocasionado una angustia y preocupación grandes a estas personas y sus familias, admitiéndose con este accionar vulnerar garantías constitucionales que parten desde el derecho a la vida y se materializan en la afección en una serie de dimensiones del mismo, integridad física y psíquica, siendo transgredida principalmente esta última, mediante una perturbación que adolece de caracteres de irracionalidad y desproporcionalidad. Es esta realidad de años, desconocida en términos materiales por las autoridades lo que resulta arbitrario, ya que puede considerarse legal lo que se hace, en atención a que este terreno es propiedad de la Municipalidad, pero es arbitrario ya que no responde a un mínimo de certeza jurídica ni a una correcta ponderación de derechos fundamentales, toda vez que se ocasiona un daño pudiendo este ser evitado.

DERECHO.- Garantías infringidas.- En la especie, se han vulnerado las siguientes garantías fundamentales:

Art 19 N°1 Constitución Política de la República “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

Ha sido este accionar plenamente imperativo ejercido por la Ilustre Municipalidad de Talca, lo que ha generado un detrimento a la posición de mis representados, quienes no han tenido una posibilidad efectiva de hacer ver su situación actual y plantear su posición, defendiendo la realidad que han tenido durante al menos 20 años y que en un plazo más bien breve de tiempo se desconoce y vulnera por la autoridad local, que sin atender a sus funciones, no se obligó como debería haber ocurrido, a conciliar en este contexto, donde los derechos de los involucrados podrían haber sido tratados de manera de arribar a una solución colaborativa.

Plazo para interponer la acción.

El plazo de 30 días comienza a contarse de manera efectiva desde los actos preliminares en cuanto a la construcción de Fundación integra, no obstante que hubo una serie de comunicaciones anteriormente, que en definitiva los pusieron en un estado de alerta, pero son los cierres perimetrales y los trabajos a modo de preámbulo para entrar de lleno en la edificación de la obra los que generan la perturbación a la garantía constitucional y fundamental invocada, por tanto el plazo se encuentra en ciernes y la acción resulta legítima en tiempo y forma.

POR TANTO., en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales y demás normas pertinentes en la materia., PIDO A US I., tener por interpuesta acción de protección por vulneración, en la especie perturbación, de la garantía fundamental constitucional del Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, en contra de la Ilustre Municipalidad de Talca, admitirla a tramitación y en definitiva restablecer el imperio de derecho ordenando detener la construcción en el terreno municipal que ya se ha indicado, para que con ello se pueda arribar a una solución distinta en la materia que no implique vulnerar los derechos fundamentales de mis representados.”

Al segundo otrosí acompañó set de fotos que refieren al sitio municipal y las viviendas de sus representados.

Segundo: Que el informe evacuado en autos es del tenor siguiente:

“GRACE SALAZAR BARRA, abogado por la recurrida, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA, en Recurso de Protección, Rol Ingreso Corte 8297-2022, caratulado “nombre reservado / I. MUNICIPALIDAD DE TALCA” a vuestra señoría Ilustrísima respetuosamente digo:

Que por este acto vengo en evacuar el informe requerido por vuestro Ilustrísimo Tribunal, respecto del recurso de protección interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de Talca, solicitando desde ya su más absoluto rechazo, con expresa condena en costas, en atención a las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer.

I. DEL RECURSO INCOADO Al respecto, comparece don nombre reservado en nombre y representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado quienes interponen recurso de protección en contra de mi representada, manifestando que una decisión adoptada por el Municipio de la ciudad de Talca ha vulnerado una serie de garantías constitucionales que indica, hechos que en definitiva no son efectivos y pasaré a detallar a continuación.

II. ANTECEDENTES PREVIOS La decisión señalada por lo recurrentes y, supuestamente arbitraria, hace referencia un supuesto compromiso adoptado de siempre tener la disponibilidad de un terreno de no ocuparlo para otros fines y permitir que dicho terreno sea usado para almacenar herramientas de trabajo y vehículos.

Sin embargo, dicho compromiso habría sido supuestamente vulnerado porque desde hace seis meses se les comunicó a los recurrentes que dicho terreno sería destinado para la construcción de un Jardín Infantil por parte de la Fundación Integra en base a un comodato válidamente otorgado.

Ante tal situación, señalan los recurrentes que por tal medida se han visto obligados a estacionar sus vehículos en la calle vulnerando por tanto el derecho a la vida de sus representados ya que las medidas le han hecho surgir preocupaciones que no habían tenido.

Al respecto es necesario señalar que tal como lo establece la recurrente, con fecha 27 de diciembre de 2018 se aprobó por acuerdo el concejo municipal la entrega en comodato de la propiedad ubicada en domicilio reservado. Todo según consta en Decreto Alcaldicio Nº 47 de fecha 03 de enero de 2019 y Decreto Alcaldicio Nº 2085 de fecha 06 de junio de 2019.

Respecto a dicho comodato, el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2019 y se estableció en su cláusula segunda que la comodataria “se encuentra interesada en la situación y educación de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social que viven en el sector de la comuna por lo que desea que en el inmueble señalado se deberá destinar exclusivamente para el funcionamiento del Jardín Infantil “Pasitos a la Ilusión” de la comuna de Talca.” En lo referente a la duración del comodato, este se estableció por un plazo de 30 años.

III. DE LA EXTEMPORANEIDAD DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN En primer término es necesario hacer alusión a la extemporaneidad de la presente acción, esto por cuanto -como se puede apreciar de los antecedentes previos- el comodato en cuestión “que atentaría contra los compromisos adquiridos” fue aprobado en el año 2018, luego de ello, en el año 2019 se suscribe el contrato y por si fuera poco, tal y como lo reconoce la recurrente, hace aproximadamente 6 meses atrás se les solicitó a los recurrentes que comiencen a dejar sus pertenencias en otro lugar, ya que el terreno sería dispuesto para la construcción del Jardín Infantil en cuestión, dicha solicitud fue una colaboración prestada por parte del Municipio a la Fundación Integra debido a las complicaciones puestas por los vecinos para hacer desocupación del terreno otorgado en comodato.

Así, conforme lo dispone el artículo 1º del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el plazo fatal para la interposición del recurso es de 30 días corridos y debe contarse desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión, o desde que el afectado haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, de esta forma el plazo debe contarse desde que se ejecuta o desde que se toma conocimiento.

IV. DE LOS SUPUESTOS COMPROMISOS Y DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.

Aun cuando es claro el hecho de que en el presente caso es extemporánea la acción de protección, de igual manera debo hacer alusión a los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la recurrente.

En este sentido, en primer lugar, señala que la entrega en comodato del terreno utilizado anteriormente por los recurrentes atentaría contra el compromiso “bien conocido” adquirido por el entonces Alcalde de la comuna de Talca don Germán Verdugo.

S.s., Ilustrísima, no existe ningún antecedente que permita establecer de manera fehaciente este supuesto compromiso, de hecho esta parte tampoco se explica cómo es que sería “bien conocido” pero al mismo tiempo no aporta ningún antecedente que permita comprender desde donde provienen tales compromisos y sin embargo, aún cuando hubiesen efectivamente existido -lo que esta parte niega de manera absoluta- la recurrente olvida o desconoce absolutamente el hecho de que en virtud del inciso 2º del artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades “Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.” Y, por tanto, de haber existido tales “compromisos” de igual manera estos podían ser dejados sin efectos como en el presente caso en pos de un bien superior como lo es la construcción de un jardín infantil que acogerá a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, en lo referente al hecho de que si bien los recurrentes no se oponen en si a la construcción del jardín infantil sino que a aquella comprenda absolutamente todo el terreno, debemos señalar que habiendo esta parte tomado contacto con la Fundación Integra para efectos de poder otorgar mayores antecedentes en el presente informe, se nos indicó que el proyecto de construcción del jardín infantil comprende la totalidad del terreno y este, tiene destinado la totalidad del terreno para efectos de construir no solo la edificación que contempla el jardín infantil sino que también contempla un patio de servicios y un patio para los niños, zonas de ingreso, y al mismo tiempo otras áreas destinadas al cumplimiento de las normativas internas de la propia fundación para efectos del funcionamiento de los jardines infantiles. Dicha obra tiene un presupuesto aproximado de $1.300.000 y tiene contemplado como fecha de finalización de las obras el mes de abril del año 2023.

V. ANALISIS NORMATIVO DE LA SITUACIÓN EXPUESTA Sobre el particular, los artículos 5°, letra c)1; 36 y 63, letra f)2, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, confieren como una de las atribuciones esenciales de los entes edilicios y, en específico de sus alcaldes, la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, pudiendo al 1 Artículo 5º.- “Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: (…) c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna”.

2 Artículo 63.- “El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: (…) f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley;” efecto otorgar concesiones y permisos para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.

Luego, corresponde agregar, que el inciso primero del artículo 36 de la Ley 18.695, ya citada, establece que los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administren las Municipalidades, podrán ser objeto de concesiones y permisos. Por su parte el inciso segundo de dicho artículo dispone que “los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.”

Demás está señalar que el recurso en cuestión carece de todo sentido desde el momento que busca resguardar únicamente la propiedad de sus representados basándose en presunciones de actos que ni siquiera han acontecido -porque derechamente a eso apunta, por mucho que hable del derecho a la vida- buscando limitar al mismo tiempo el derecho a la propiedad de la Ilustre Municipalidad de Talca, dueña del terreno en cuestión junto con el hecho de limitar la esfera de sus atribuciones el cual a modo de ejemplo ya en el artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que “Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.”

En razón de lo expuesto, en la especie no se aprecia de qué manera la Ilustre Municipalidad de Talca podría haber incurrido en un actuar arbitrario e ilegal en contra de los recurrentes que merezca ser reprochado a través de un recurso de protección.

VI. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Además de lo indicado, cabe recordar que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional con el objeto de evitar que actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan las consecuencias dañosas de privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de las personas afectadas por ellos, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a ofendido.

Se trata de una acción cautelar destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que taxativamente se consignan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de un procedimiento breve y concentrado, sin forma de juicio, de las medidas de resguardo, amparo o restablecimiento que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que perturbe, impida o amenace dicho ejercicio.

De lo anterior, se desprende que para que la presente acción constitucional sea acogida, se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Que se demuestre, acredite o justifique la existencia de un acto o de una omisión ilegal o arbitraria.

b) Que exista una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de no de los derechos taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

c) Que exista un nexo o relación causal entre el acto o la omisión por un lado, y la privación, perturbación o amenaza por el otro.

Que, en este orden de ideas, podemos sostener que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quién incurre en él, el cual provoca alguna de las situaciones o efectos de privación perturbación o amenaza, afectando con ello, como nexo causal, una o más de las garantías protegidas constitucionalmente. En otras palabras, podemos afirmar que “arbitrario” es la no existencia de razones que justifiquen una actuación o ejercicio de voluntad no gobernada por la razón. Se trata de acciones u omisiones que pugnan con la lógica o contradicen el recto comportamiento, sea de una autoridad o de cualquier persona en general, evitando el capricho o la veleidad, cuestión que no ocurre en la especie.

A su turno, tenemos que acto ilegal, es aquel contrario al ordenamiento jurídico en general, o a la ley en particular, contrariando la voluntad soberana manifestada por los órganos legítimos que un Estado de Derecho se ha dado para tal efecto, cuestión que tampoco ocurre en la especie, pues como se ha señalado, la Municipalidad de Talca se encuentra facultada de manera legal para administrar los bienes municipales, administración que se ha hecho conforme a la Ley y que a derivado en el otorgamiento de un comodato en pos de un interés superior.

El hecho sustancial que motiva el presente recurso dice relación con la adopción de medidas de manera –supuestamente- arbitrarias que atentarían contra el derecho a la vida de los recurrentes por verse afectos a preocupaciones que antes no habían tenido y que se relacionan al temor de que les pase algo a sus vehículos, sin embargo esta parte ha establecido claramente cuál es el origen, contenido y fundamento de las decisiones adoptadas, razón más que suficiente para estimar que el derecho que se reclama no resulta ser afectado.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto RUEGO A VUESTRA SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA, se sirva tener por evacuado el informe requerido, y en mérito de lo expresado a lo largo de esta presentación, se rechace el recurso de protección interpuesto en todas sus partes, con costas.”

Al otrosí acompañó: 1. Decreto Alcaldicio Nº 47 de fecha 03 de enero de 2019. 2. Decreto Alcaldicio Nº 2085 de fecha 06 de junio de 2019. 3. Contrato de comodato suscrito entre Ilustre Municipalidad de Talca y Fundación Integra.

Tercero: Que el recurso de protección procede cuando por un acto u omisión ilegal o arbitrario, se afecta alguno de los derechos que del artículo 19 de la Carta Fundamental, menciona el artículo 20 del mismo texto normativo, sea que ello ocurra en grado de amenaza, perturbación o privación. Se exige, ab¿nte todo, de la existencia de un derecho de carácter indubitado.

Cuarto: Que de lo expuesto por los propios recurrentes y de lo informado por la recurrida, aparece del todo claro que aquellos no tienen ningún derecho sobre el terreno respecto del cual accionan de protección, menos que de su vinculación con él haya comprometido un derecho sobre la vida o integridad física y psíquica de los interesados, de modo que no cuentan con ninguna prerrogativa legal susceptible de ampararse a través de esta vía cautelar o de urgencia.

Quinto: Que, además, fueron informados por la municipalidad, alrededor de seis meses atrás, que allí se construiría un jardín infantil a cargo de Fundación INTEGRA.

Sexto: Que, asimismo, la petición concreta que formulan por este medio, esta es, que se detenga la construcción en ese sitio, es del todo improcedente, pues es la corporación edilicia, en su calidad de dueña, la que tiene la facultad legal para proceder conforme le parezca más adecuado al respecto.

Séptimo: Que, consecuentemente, este arbitrio no puede prosperar dado el momento en que fue planteado –en relación con la época en la que se tuvo conocimiento de la situación- ni por razones de fondo, por falta de los requisitos constitucionales idóneos al efecto.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el presente recurso de protección, sin costas.

Redacción del Ministro don Hernán González García.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 8297-2022/Protección.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Blanca Rojas Arancibia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso en conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.