nombre reservado con VII DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Talca, quince de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 06 de agosto de 2022 se presenta doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Abogada, con domicilio en domicilio reservado, a favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, dueña de casa, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la VII DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por nombre reservado., ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, trabajador independiente, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, señalando que se recurre en contra del Ordinario del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos N°134/2022 emitido por fecha 07/07/2022 por negarse la entrega de la información requerida la juez partidora, doña nombre reservado, designada a fin de liquidar la sociedad conyugal entre la recurrente y don nombre reservado. Y adicionalmente, por la omisión de don nombre reservado a hacer entrega de la información solicitada por el perito designado en el juicio particional, y que expondrá detalladamente en el presente recurso. Lo anterior vulnera los siguientes derechos fundamentales: 1. Derecho de Propiedad (art. 19 N°24); 2. Derecho al acceso a la información.

Indica que doña nombre reservado estuvo casada en sociedad conyugal con don nombre reservado, matrimonio que termino por divorcio con fecha 28 de diciembre de 2009. Entre los bienes que integran el haber de la sociedad conyugal se encontraban derechos en 2 sociedades: - Sociedad Áridos Achibueno Limitada, RUT RUT reservado, en la cual la sociedad conyugal compuesta por don nombre reservado y doña nombre reservado, eran dueños de 90%. - Transporte nombre reservado y Compañía Limitada, RUT RUT reservado, en el cual la sociedad conyugal compuesta por don nombre reservado y doña nombre reservado, eran dueños del 90%”. La sociedad conyugal no ha podido ser liquidada hasta la fecha, por un sin número de circunstancias, habiendo sido designado a lo menos 4 jueces árbitros durante estos más de 11 años.

Señala que con fecha 28/10/2019 se solicitó el nombramiento de un nuevo juez arbitro liquidador, iniciándose la causa V-211-2019, donde con fecha 17 de marzo de 2020 se dispuso el nombramiento de doña nombre reservado. En el haber de la sociedad conyugal existen bienes inmuebles, muebles, maquinarias, vehículos y derechos en sociedades. Por lo anterior se solicitó a la juez árbitro la designación de peritos para evacuar informes con distintos objetivos: “1. Perito tasador, quien deberá evacuar informe de tasación de los bienes, acciones y derechos que forman parte de la comunidad objeto de la partición, específicamente, respecto de: - Bien inmueble ubicado en domicilio reservado. Bien inmueble ubicado en domicilio reservado, donde se encuentra emplazada la sociedad “Maestranza nombre reservado Limitada”, siendo la sociedad también objeto de esta partición. - Bien inmueble ubicado en Camino a Palmilla, Km 7, aproximadamente donde se encuentra emplazada la sociedad “Áridos nombre reservado Ltda.”, siendo la sociedad también objeto de esta partición. 2. Perito auditor: para que informe sobre las utilidades, resultados, e inventario de bienes de las siguientes empresas: - Sociedad Áridos Achibueno Limitada, RUT RUT reservado - Transporte nombre reservado y compañía limitada, RUT RUT reservado”. Para evacuar ambos informes se designó como perito a don nombre reservado, contador auditor, quien aceptó el cargo el 11 de octubre de 2021.

Refiere que con fecha 04 de noviembre de 2021, el perito solicita lo siguiente: “Para los efectos de realizar el peritaje dispuesto en autos, solicito a US respetuosamente, tenga a bien autorizar, que el día de reconocimiento (reconocimiento del primer inmueble) se haga entrega a mi persona de documentos y otros antecedentes que servirán para desempeñar mi labor de la mejor manera, deben ser entregados por quien corresponda. Por lo tanto, ruego a US. autorizar el siguiente listado de documentos que tienen directa relación con las empresas objeto de juicio en autos:

Documentos que se solicitan para cada una de las 2 empresas objeto de juicio en autos”.

Hace presente que el representante legal de ambas empresas es don nombre reservado, quien no aportó la información solicitada, por lo que el perito reiteró la solicitud de entrega de información contable y tributaria a lo menos en 3 oportunidades, exactamente con fechas 11/10/2021; 04/11/2021 y el 06/12/2021. En dicho contexto, esta parte solicita a la Juez, en su calidad de representante de la sociedad conyugal, que requiera directamente al SII, los siguientes antecedentes de las sociedades de las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” Rut: RUT reservado, y “Transportes nombre reservado y Compañía Limitada” Rut: RUT reservado, ambas en liquidación, requiriendo: - Declaraciones de renta (Formulario 22) y declaraciones mensuales de impuestos (Formulario 29) desde la época de inicio de actividades en adelante. Se hace presente que la sociedad de Transporte registra término de giro con fecha 28 de diciembre de 2016. - Informe el o los domicilios y sucursales que registran en SII. - Bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las sociedades. Valor y fecha de adquisición.

Refiere que la magistrada accedió a lo solicitado, recibiendo con fecha 12/01/2022, la siguiente respuesta: “En atención a oficio ordinario N°2/2022 a través del cual se solicita en causa V-211-2019, respecto a hacer entrega de información de la situación tributaria, relaciona con la empresa Áridos Achibueno Limitada (…) y la Empresa Transportes nombre reservado y Compañía Limitada, informo a Ud., lo siguiente: En razón de lo expresado, sobre los antecedentes solicitados en el oficio N°2/2022, no es posible entregar información, debido a lo descrito en el artículo 35° del Código Tributario D.L 830/74., el cual indica. EL director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía y fuente de las rentas, ni las perdidas, gastos o cualquiera dato relativo a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que estas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fuere necesario divulgar el contenido de algún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinando a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente”.

Añade que ante ello, reiteramos la solicitud, incorporando los argumentos pertinentes para la entrega de la información respectiva, acreditando: 1. La calidad de juez arbitro liquidador de doña nombre reservado. 2. Que la sociedad conyugal estaba conformada por don nombre reservado y doña nombre reservado. 3. Que las sociedades fueron constituidas durante la vigencia de la sociedad conyugal, detentando el socio nombre reservado el 90% del haber social. 4. Que don nombre reservado era el representante legal de ambas sociedades y que la juez actuaba en representación de este último. Es así como se ofició nuevamente al Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de que aportara la información requerida. El oficio se derivó directamente al Departamento jurídico, a don nombre reservado, correo electrónico correo reservado.

Relata que el Servicio de Impuestos internos emite Oficio DJU N°134/2022 de fecha 07/07/2022 que señala: “Que, en atención al requerimiento efectuado mediante Oficio N°3, de fecha 15.06.2022, doña nombre reservado, Jueza Particional, solicita que se remita información tributaria de las Sociedades “Áridos Achibueno Ltda., RUT Nº RUT reservado, y de Transportes nombre reservado y Cía. Ltda., RUT Nº RUT reservado”. Al respecto, la información solicitada dice relación con Declaraciones de Impuesto a la Renta y Declaraciones de IVA, informar acerca de los domicilios y sucursales registradas en este Servicio, además de antecedentes acerca de Bienes Inmuebles, Vehículos, maquinarias y otros bienes que se encuentren registrados a nombre de la Sociedad. Al respecto, cabe señalar que, consta en el expediente de la causa Rol V-211-2019, caratulado “nombre reservado”, del 1° Juzgado de Letras de Linares, que respecto de idéntica solicitud este Servicio dio respuesta, a través de Ordinario Nº 77322363432, de fecha 12.01.2022.

Destaca que asimismo, con fecha 04.05.2022, en la causa anteriormente individualizada, el Juez Titular del 1° Juzgado de Letras de Linares resolvió: “Teniendo en cuenta lo informado por el S.I.I., previo a resolver, aclarece el fundamento legal de la solicitud”. Que, a la fecha, revisado el expediente de la causa, no se ha dado cumplimiento a lo resuelto por el Juez Titular del 1° Juzgado de Letras de Linares, en causa Rol V-211-2019, caratulada “nombre reservado”. Por su parte, cabe señalar que, revisados los sistemas de este Servicio, la solicitante no registra como tampoco ha acreditado ser representante de las Sociedades Áridos Achibueno Ltda., RUT Nº RUT reservado, y de Transportes nombre reservado Y Cía. Ltda., RUT Nº RUT reservadoAñade que en relación a lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 35 incisos 2° y 3° del Código Tributario: “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente”. Además, agrega la norma señalada, que: “El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular”.

Relata que, a mayor abundamiento, el legislador incorporó el artículo 206 al Código Tributario, estableciendo que la obligación de reserva tributaria regulada en el artículo 35 u otras leyes tributarias, se mantendrá respecto de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías incluso después de haber cesado en sus funciones. Agrega la referida norma, luego de indicar las sanciones aplicables respecto de quienes transgredan la reserva tributaria, que “En los mismos términos señalados y conforme al mismo procedimiento serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a transgredir la obligación establecida en este artículo”. De esta manera, se puede apreciar que la petición de información no proviene de los juicios o procedimientos indicados en la norma citada (juicios sobre impuesto y sobre alimentos), por lo que, no se encuentra en alguna de las excepciones dispuestas por el artículo 35 del Código Tributario. Entonces, conforme se ha venido señalando, no resulta posible remitir la información solicitada ya que ésta se encuentra amparada bajo la reserva tributaria, conforme a la legislación tributaria mencionada en párrafos anteriores”. Como SSI., podrá observar, la recurrida se niega a entregar información amparada básicamente en el “secreto tributario”, recogido en el artículo 35 del Código Tributario. Como ya señalé, errada es la respuesta de la entidad, ya que el requirente de información no es un tercero ajeno a las sociedades, sino que la Destaca que el Juez que representa a los socios de dichas sociedades, incluyendo al representante legal de las mismas, en el contexto de un juicio arbitral. Y respecto de don nombre reservado, mantiene su omisión de entregar información de las sociedades singularizadas precedentemente, con la clara intención de continuar dilatando el juicio de liquidación de la sociedad conyugal.

Derechos Fundamentales Vulnerados. Argumenta que se evidencia que los actos ilegales y arbitrarios del Servicio de impuestos Internos, de no entregar la información tributaria y contable de las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” RUT RUT reservado y de “Transportes nombre reservado y Compañía Limitada, constituye una vulneración de los siguientes derechos fundamentales: 3. Derecho de Propiedad (art. 19 N°24); 4. Derecho al acceso a la información (art. 19 N° 12 y 14)

Derecho de Propiedad: Agrega que nuestra Constitución Política en su artículo 19 N° 24, protege y ampara el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, entre ellos los derechos incorporales. En el caso, se ha privado o al menos perturbado a doña nombre reservado de este derecho, en diversos sentidos: El Servicio de impuestos Internos le ha privado o perturbado tal derecho al negarle conocer el estado tributario y contable en las sociedades donde tiene participación. Esto afecta su derecho de propiedad, ya que como socia tiene derechos en las utilidades y pérdidas de la sociedad, por lo que conocer la información tributaria es un elemento fundamental.

Sostiene que en efecto, el juicio seguido ante la juez árbitro tiene por objeto liquidar la sociedad conyugal disuelta en el año 2009. Desde esa época, doña nombre reservado ha visto frustrado, por razones de diversa índole, su derecho a recibir la parte que le corresponde en la sociedad conyugal. Entre los bienes a liquidar se encuentra el 90% de los derechos en las sociedades Áridos Achibueno Limitada; y Transportes nombre reservado y Compañía Limitada. Para liquidar esa participación, resulta esencial tasar los derechos y por ende, conocer el patrimonio de la sociedad, sus utilidades y pérdidas. Hasta la fecha, el representante de la sociedad no ha aportado la información financiera y contable, habiéndosele requerido, mediante resoluciones de 10/11/2021; 16/12/2021; 01/06/2021; mientras que el SII también le niega dicha información.

Derecho de acceso a la información.

Arguye que el derecho de acceso a la información es una norma que se extrae del artículo 19, números 12 y 14, del artículo 8 y al artículo 5 inciso 2° Constitución Política de la República, que reenvía el ordenamiento constitucional a su complementariedad con el artículo 13 Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto el art. 19 N°12 establece que “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (…)” Artículo 19 N°14 “El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes” Artículo 8°. “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional (…)”. Por su parte el artículo 5 inciso segundo, señala “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” Y finalmente la CADH, expone en su art. 13 “Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Aduce que, tras la ley N°20.285, se confirmó la existencia del derecho a acceso a la información, la cual viene a recoger los principios de probidad y transparencia, señalando en su artículo 10 que: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. El derecho en comento se vulnero al haberse negado derechamente la información solicitada por esta parte, en cuanto declaraciones de renta, declaraciones de impuestos mensuales, informes el domicilio o domicilios a nombre de las sociedades, bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las sociedades, amparándose en el supuesto “secreto tributario” que se recoge en el art. 35 del Código tributario.

Expresa que sin embargo, tal interpretación se debe realizar cuando es un tercero el que solicita la información, no uno de los socios, porque como ya ha señalado en reiteradas ocasiones, las sociedades fueron constituidas encontrándose vigente la sociedad conyugal, y, por ende, actualmente son objeto de liquidación, y de aplicar las reglas correspondientes a la liquidación de la sociedad conyugal, a doña nombre reservado, le corresponde el 50% de los derechos que detente don nombre reservado. En conclusión, el art. 35 del Código Tributario, no es aplicable, en tanto esta norma se refiere a la información que no debe ser conocida por terceros. Para mayor entendimiento, art. 35 inciso 2° señala: “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales”.

Hace presente que siendo la misma disposición que establece una excepción, que es, que la información sea necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. En el presente caso, nos encontraríamos ante un juicio de liquidación, donde es estrictamente necesario el conocimiento del estado de las sociedades que se pretenden liquidar, por lo que negarse a entregar dicha información, constituye un entorpecimiento al proceso de liquidación y controvierte el art. 35 inciso segundo, a las normas que regulan el juicio arbitral y las normas sobre sociedad conyugal.

Actos ilegales y arbitrarios que perturban y amenazan los derechos de la amparada por este recurso. Manifiesta que en concreto, se acciona en contra de los recurridos por su omisión arbitraria e ilegal en entregar la información requerida respecto de las sociedades que son objeto de la liquidación de la sociedad Conyugal existente entre doña nombre reservado y su ex cónyuge. De haberse procedido a la entrega de la información, por los recurridos, el perito tasador habría entregado los informes y la juez árbitro estaría en condiciones de liquidar la sociedad conyugal existente entre las partes. De dicho modo no se habrían afectado los derechos constitucionales de la recurrente.

Ilegalidad Del Acto Recurrido. Enfatiza que lo anterior resulta ilegal en virtud de las normas del Código Civil, respecto de la sociedad conyugal, y de las sociedades en general; Código de Comercio y demás leyes aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada. En primer lugar, a nivel constitucional, el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, consagra el derecho de propiedad y acto seguido en su inciso segundo establece que, “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. Se advierte que solo la ley puede establecer limitaciones al derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad que tiene doña nombre reservado sobre las Sociedades no puede sufrir amenazas, privaciones y perturbaciones de ninguna especie, lo que en el caso se ha infringido al privarse de la información tributaria y contable, no pudiendo tomar conocimiento del estado de las mismas.

Describe que para mejor entendimiento de la situación debemos remitirnos a las siguientes normales legales: Art. 135. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título De la sociedad conyugal. Debemos establecer que doña nombre reservado y don nombre reservado contrajeron matrimonio el 07 de mayo de 1976 bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. La disolución del matrimonio se produce por divorcio mediante sentencia de 28 de diciembre de 2009. Cabe recordar que, disuelta la sociedad conyugal, producto del divorcio, se forma una comunidad de bienes, entre la cual se encuentras bienes inmuebles y las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” y “Transporte nombre reservado y Compañía Ltda.”.

Indica que es así que debemos aplicar el artículo Art. 1739. Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. En el presente caso no ha existido oposición del otro comunero de la sociedad, para incorporar las sociedades referidas en la liquidación, es por ello del objeto del juicio arbitral. Además, queda claro que las sociedades, respecto de las cuales se solicitó la información forman parte de la sociedad conyugal, puesto que fueron constituidas en las siguientes fechas: Áridos Achibueno Limitada se constituyó el 12 de enero de 2006. Transportes nombre reservado y Compañía Limitada se constituyó el 14 de febrero de 2006.

Señala que al remitirnos a las normas sobre liquidación de las sociedades, del Código de Comercio, encontramos que: “Art. 410. El liquidador es un verdadero mandatario de la sociedad y como tal, deberá conformarse escrupulosamente con las reglas que le trazare su título y responder a los socios de los perjuicios que les resulten de sus operaciones dolosas o culpables”, de este mismo modo debemos entender al liquidador de la sociedad conyugal, y, por lo tanto, doña nombre reservado es mandataria de la sociedad conyugal, y en consecuencia, representante de los cónyuges respecto de los bienes a liquidar, entre los que se cuentan las sociedades referidas. Aquí cabe también la aplicación de las normas sobre Mandato, asumiendo la liquidadora la representación ante SII, para solicitar la información tributaria y contable.

Refiere que los deberes del liquidador de una sociedad son: “Art. 413. Aparte de los deberes que su título imponga al liquidador, estará obligado: 1°. A formar inventario, al tomar posesión de su cargo, de todas las existencias y deudas de cualquiera naturaleza que sean, de los libros, correspondencia y papeles de la sociedad; 3°. A exigir la cuenta de su administración a los gerentes o cualquiera otro que haya manejado intereses de la sociedad; Y respecto de las reglas sobre comunidad debemos señalar que el art. 2305 señala que: “El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social”. De la lectura de esta disposición queda claro que resultan plenamente aplicables las normas de las sociedades. Y respecto de la división del haber social, el art. 2115 establece: “Disuelta la sociedad se procederá a la división de los objetos que componen su haber. Las reglas relativas a la partición de los bienes hereditarios y a las obligaciones entre los coherederos, se aplicarán a la división del caudal social y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se opongan a las disposiciones de este título” Lo anterior, se confirma por el hecho de que el legislador, en el art. 227 del Código Orgánico de Tribunales, expone que “Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes: 1° La liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita civil, y la de las comunidades…” nos hace entender que deben recibir un tratamiento similar.

La Arbitrariedad: Acota que en cuanto a la arbitrariedad de los actos, esto se evidencia de diversas formas: 1. Estamos ante una negativa arbitraria del Servicio de Impuestos Internos, que carece de justa causa, la cual solo responde a una errónea interpretación y aplicación del art. 35 del Código Tributario. 2. Estamos ante un acto de denegación al acceso a la información, que trae aparejada también la vulneración de la participación que tiene doña nombre reservado en ambas sociedades. 3. La negativa a entregar la información por parte del SII, impide que el perito cumpla con su cometido que es la entrega de los informes de tasación y auditoria, ya que don nombre reservado tampoco entrega información constituyendo todos estos actos un entorpecimiento que mantienen a las partes en indivisión, frustrando los derechos de la mujer a recibir los gananciales de la sociedad conyugal. La negativa a entregar información de la recurrida es arbitraria, en los términos expuestos por el profesor nombre reservado, esto es “arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporcionalidad entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aun inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea una actuación carente de fundamentación”.

Añade que el Diccionario de la Real Academia Española, ha definido arbitrariedad como “el acto proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”. Lo importante a destacar que la negativa de la recurrida carece de fundamentos y proporcionalidad, acarreando perjuicios a la recurrente, y beneficiando únicamente al señor nombre reservado, quien durante todos estos años se mantiene administrando de facto los bienes sociales, de modo tal que, en la especie, pese a haber terminado la sociedad conyugal, sigue ejerciendo una posición de dominio sobre el patrimonio de la ex cónyuge. De lo expuesto, está claro que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario y que, en cuanto al test de proporcionalidad, la omisión en la entrega de la información, lesiona los derechos fundamentales en juego, de forma desproporcionada, injusta, ilegal y arbitraria.

Relata que así las cosas, tratándose éste recurso de un arbitrio de orden constitucional, cautelar y de emergencia, procede brindar al recurrente la protección requerida por cuanto la negativa a entregar la información requerida, afectan los derechos constitucionales que ya latamente referí.

De la admisibilidad del recurso: Destaca que el presente recurso es del todo admisible, en atención a que don nombre reservado se mantiene en su omisión hasta la fecha, siendo la vulneración a los derechos de la recurrente, de carácter Respecto del SII, la respuesta contenida en el oficio DJU N°134/2022, es de fecha 07/07/2022, y adicionalmente causa un perjuicio que persiste hasta la actualidad, al no contar el perito con las herramientas para finalizar los informes de tasación y auditoria, solicitados respecto de los inmuebles y las sociedades referidas. Así, el recurso de protección se interpone en tiempo oportuno. Por su parte, cuando el orden constitucional y legal se quebranta, surge el derecho a quienes sufran perturbación de sus derechos a recurrir a la Jurisdicción, a fin de requerir el restablecimiento del derecho perturbado, cuestión que planteo desde ya, por cuanto es menester que las recurridas cese en sus conductas lesivas y se reestablezca el imperito del derecho.

Peticiones concretas. Argumenta que en virtud de lo expuesto, solicitar a SSI., se sirva tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de don nombre reservado y de la VII DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, declarando ilegal y arbitraria las conductas denunciadas, ordenando reestablecer el imperio del Derecho, declarando: 1. Que, al recurrido, nombre reservado, se le ordene entregar los siguientes antecedentes de las sociedades de las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” Rut: RUT reservado, y “Transportes nombre reservado y Compañía Limitada” Rut: RUT reservado, las cuales se encuentran en liquidación en el presente juicio, al ser parte de la sociedad conyugal habida entre las partes: Libro diario timbrado por el SII, año 2021. Libro mayor timbrado por SII, año 2021. Libro de compras y ventas timbrado por el SII, año 2021. Balances timbrados por el SII, años 2006-2021. Carpeta tributaria del SII (form. 29, form. 22 y otros), años 2006-2021. Certificado de declaración de renta (Formulario 22 detallado, años 2006-2021. Auxiliar de propiedades Planta y equipos (inversiones en activos fijos y depreciaciones) Que incluya valor inicial de activo fijo, fecha de incorporación, valor depreciación del ejercicio, valor depreciación acumulada y vida útil original de cada bien. Auxiliar de inventarios (existencias) año 2021. Registro de fondo utilidades tributarias histórico y registro tributario de rentas empresariales, años 2006-2021 Libro mayor timbrado por el SII de las cuentas contables de propiedades, plantas y equipos, años [cuenta reservada]. Libro mayor timbrados por el SII de las cuentas contables de inventario de existencias, años [cuenta reservada]. Certificado de inscripciones y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados (certificado de dominio). Si corresponde Certificado de término de giro.

Añade que a la recurrida, VII DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, se le ordene entregar los siguientes antecedentes de las sociedades de las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” Rut: RUT reservado, y “Transportes nombre reservado y Compañía Limitada” Rut: RUT reservado, las cuales se encuentran en liquidación en el presente juicio, al ser parte de la sociedad conyugal habida entre las partes. Declaraciones de renta (Formulario 22) y declaraciones mensuales de impuestos (Formulario 29) desde la época de inicio de actividades en adelante. Se hace presente que la sociedad de Transporte registra término de giro con fecha 28 de diciembre de 2016. Informe el o los domicilios y sucursales que registran en SII. Bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las sociedades. Valor y fecha de adquisición 3. Que la recurrida debe abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acción ilegal o arbitraria en contra del recurrente. 4. Que la recurrida debe pagar las costas del presente recurso.

Solicita tener por interpuesto Acción de Protección en contra de don nombre reservado y de la VII DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, ya individualizados, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, ordenando cesar los actos ilegales y arbitrarios, declarando:

1. Que, al recurrido, nombre reservado, se le ordene entregar los siguientes antecedentes de las sociedades de las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” Rut: RUT reservado, y “Transportes nombre reservado y Compañía Limitada” Rut: RUT reservado, las cuales se encuentran en liquidación en el presente juicio, al ser parte de la sociedad conyugal habida entre las partes: Libro diario timbrado por el SII, año 2021. Libro mayor timbrado por SII, año 2021. Libro de compras y ventas timbrado por el SII, año 2021. Balances timbrados por el SII, años 2006-2021. Carpeta tributaria del SII (form. 29, form. 22 y otros), años 2006-2021. Certificado de declaración de renta (Formulario 22 detallado, años 2006-2021. Auxiliar de propiedades Planta y equipos (inversiones en activos fijos y depreciaciones) Que incluya valor inicial de activo fijo, fecha de incorporación, valor depreciación del ejercicio, valor depreciación acumulada y vida útil original de cada bien. Auxiliar de inventarios (existencias) año 2021. Registro de fondo utilidades tributarias histórico y registro tributario de rentas empresariales, años 2006-2021. Libro mayor timbrado por el SII de las cuentas contables de propiedades, plantas y equipos, años [cuenta reservada]. Libro mayor timbrados por el SII de las cuentas contables de inventario de existencias, años [cuenta reservada]. Certificado de inscripciones y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados (certificado de dominio). Si corresponde Certificado de término de giro.

2. Que la recurrida, VII DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, debe remitir los siguientes antecedentes de las sociedades de las sociedades “Áridos Achibueno Limitada” Rut: RUT reservado, y “Transportes nombre reservado y Compañía Limitada” Rut: RUT reservado, las cuales se encuentran en liquidación en el presente juicio, al ser parte de la sociedad conyugal habida entre las partes. Declaraciones de renta (Formulario 22) y declaraciones mensuales de impuestos (Formulario 29) desde la época de inicio de actividades en adelante. Se hace presente que la sociedad de Transporte registra término de giro con fecha 28 de diciembre de 2016. Informe el o los domicilios y sucursales que registran en SII. Bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las sociedades. Valor y fecha de adquisición. 3. Que la recurrida debe abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acción ilegal o arbitraria en contra del recurrente 4. Que la recurrida debe pagar las costas del presente recurso.

Con fecha 30 de agosto de 2022, evacua informe don nombre reservado, Director Regional de la VII Dirección Regional Talca del Servicio de Impuestos Internos (en adelante, también, e indistintamente “el Servicio” o” SII”)

Indica que en el mes de enero de 2021, se recibió en este Servicio el Oficio Ordinario N° 2 de fecha 30.12.2021, suscrito por la jueza árbitro liquidador, doña nombre reservado, designada como tal en los autos Rol V-211-2019, sobre nombramiento de árbitro, para la liquidación de la sociedad conyugal de don nombre reservado y doña nombre reservado, del 1° Juzgado de Letras de Linares, por el cual pedía que se le remitieran las declaraciones de Impuesto a la Renta (Formulario 22) y declaraciones mensuales de impuestos (Formulario 29) desde el inicio de sus actividades; se le informara sobre el o los domicilios y sucursales registrados en el Servicio e información de los bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las referidas sociedades, su valor y fecha de adquisición relacionada con las sociedades Áridos Achibueno Limitada, RUT N° RUT reservado, y Transporte nombre reservado y Compañía Limitada, RUT N° RUT reservado

Señala que mediante ORD. N° 77322363432, de fecha 12.01.2022, la Jefa de la Unidad de Linares de este Servicio dio respuesta al 1° Juzgado de Letras de Linares del oficio señalado, indicando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, no era posible acceder a lo solicitado, toda vez que la información requerida estaba amparada por el deber de reserva tributario; por lo que, se encontraba vedado para el Director y los demás funcionarios del Servicio divulgar, en forma alguna, la cuantía y fuente de las rentas, las pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ella, que figuraran en declaraciones obligatorias, ni permitir que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas fueran conocidos por persona alguna ajena al Servicio.

Refiere que dicha solicitud fue reiterada al Tribunal indicado, el que, mediante resolución de fecha 31.01.2022, no dio lugar a lo pedido “atendido lo informado por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 12.01.2022”. Posteriormente, con fecha 04.02.2022, la contribuyente repuso esta resolución, a lo que se resolvió, con fecha 04.05.2022, que “Teniendo en cuenta lo informado por el S.I.I., previo a resolver, aclarece [sic] el fundamento legal de la solicitud”, lo que no ha ocurrido a la fecha. Luego, por medio del Oficio N° 3, de fecha 15.06.2022, la jueza árbitro liquidador, invocando la calidad representante de la sociedad conyugal que intenta liquidar, requirió a este Servicio la remisión de los mismos antecedentes tributarios solicitados mediante el Oficio Ordinario N° 2, previamente singularizado.

Acota que de esta forma, con fecha 07.07.2022, mediante ORD. DJU N° 134/2022, impugnado en autos, se dio respuesta a dicha solicitud, haciendo presente que, este Servicio ya se había pronunciado previamente respecto de la entrega de dicha información, a través de Ordinario Nº 77322363432, de fecha 12.01.2022. Además, se indicó que revisados los sistemas informáticos de esta repartición se había constatado que ella no se encontraba registrada como representante de las sociedades cuya información requería, no habiendo acreditado tampoco su representación, razón por la que, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 2°1 y 3°2 del artículo 35 del Código Tributario, no resultaba posible remitir los antecedentes solicitados, los que se encontraban amparados por el deber de reserva tributaria. Por último, con fecha 06.08.2022, la recurrente interpone la presente acción de protección.

Extemporaneidad del Recurso. Añade que como cuestión previa, es dable señalar que el recurso de autos debe ser rechazado por extemporáneo. Al respecto, cabe recordar que el numeral 1° del Auto Acordado de fecha 28.08.2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Relata que en el caso de autos, se ha recurrido formalmente en contra del ORD. DJU N° 134/2022, de fecha 07.07.2022; sin embargo, este Ordinario no es más que la reiteración de lo resuelto por este Servicio en el ORD. N°77322363432, de fecha 12.01.2022, el que como se señalara en el apartado anterior, fue emitido en respuesta al Oficio Ordinario N° 2, de fecha 30.12.2021, mediante el cual se requería la misma información a que se refiere el oficio que sirve de antecedente al acto que en estos autos se impugna. Por lo tanto, el acto que eventualmente podría haber motivado la presentación del presente Recurso de Protección, no es el ordinario que por esta vía se impugna, sino el ORD. N°77322363432, ya individualizado, respecto del cual han transcurrido con creces los plazos establecidos en el auto acordado que regula la materia, para interponer la presente acción de protección. De manera que no resulta jurídicamente procedente que, habiendo precluido el plazo para la interposición de la presente acción, la recurrente pretenda renovarlo presentando reiteradamente idénticas solicitudes las que, a mayor abundamiento, obtuvieron siempre idéntica respuesta.

Destaca que entender lo contrario implicaría que los plazos previstos en el citado Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema quedarían en manos de la recurrente y dependería de su sola voluntad, cuestión que pugna con el sistema recursivo nacional y con la institución de la preclusión procesal. Cabe agregar que, en su libelo, la recurrente omite señalar que, luego de haberse recibido e incorporado el ORD. N°77322363432, a los autos Rol V-211-2019, la jueza árbitro liquidador, designada en dichos autos, a petición de la recurrente, reiteró al tribunal la petición de oficiar al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste remitiera los antecedentes tributarios de las sociedades ya individualizadas; solicitud que fue negada mediante resolución de fecha 31.01.2022, “atendido lo informado por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 12.01.2022”. En contra de esta última resolución la recurrente interpuso recurso de reposición, respecto del cual el tribunal respectivo solicitó aclaración, la que no se ha materializado hasta hoy.

Improcedencia de la acción interpuesta. A. Inexistencia de un acto arbitrario o ilegal. A.1. Marco legal que regula las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. Agrega que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de la República “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”. A su vez, el artículo 7°, del cuerpo legal citado precedentemente, dispone que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Argumenta que por su parte, la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala en su artículo 2° que “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”. De las disposiciones señaladas, se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar de todos los órganos del Estado y, por tanto, los del Servicio de Impuestos Internos.

A.2 DE LA RESERVA TRIBUTARIA. Sostiene que cabe recordar que la actora solicita la entrega de antecedentes que habrían sido proporcionados a este Servicio para fines tributarios, por las sociedades Áridos Achibueno Limitada, RUT N° RUT reservado, y Transporte nombre reservado y Compañía Limitada, RUT N° RUT reservado, información que corresponde a antecedentes de carácter patrimonial de un tercero, y que se encuentra amparada por el deber de reserva tributario. Esta obligación de reserva está consagrada, desde el punto de vista de los derechos de los contribuyentes, en el N° 9 del artículo 8 bis del Código Tributario, y desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos, en el inciso 2° del artículo 35 del mismo cuerpo legal.

Arguye que la primera norma dispone: “Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes: 9°. Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código”. Por su parte, inciso 2°, del artículo 35, indica: “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales”.

Aduce que en este contexto, cabe precisar que las excepciones a este deber de reserva se encuentran consagradas en el inciso 3° del mismo artículo 35, que dispone: “El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular”.

Expresa que de esta forma, solo cuando el requerimiento de información es efectuado en el contexto de un juicio tributario, juicio de alimentos o solicitudes de los Fiscales del Ministerio Público en el contexto de la investigación de hechos que revistan características de delito, los funcionarios del Servicio se encuentran relevados de esta obligación. Las circunstancias antes señaladas, precisamente por su carácter excepcional, son de derecho estricto y no pueden aplicarse por analogía a casos no previstos en la norma, la que no contempla como excepción las solicitudes efectuadas por un Juez Árbitro en caso de liquidación de sociedad conyugal, como ocurre en la situación planteada por la recurrente. Además, cabe precisar que, en virtud de la modificación efectuada a esta norma por la Ley Nº 21.120, se amplió la extensión del secreto tributario, y actualmente éste no sólo comprende las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, sino que también todo el contenido de un proceso de fiscalización, toda vez que en virtud de la modificación se agregó: “Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente”.

Manifiesta que conforme con lo anterior, la información que pretende la actora, se encuentra amparada por el deber de reserva tributario, consagrado en la normativa previamente citada, toda vez ya que se trata de datos y antecedentes contenidos en declaraciones obligatorias presentadas ante este Servicio, que permiten determinar la cuantía o fuente de las rentas de un contribuyente. El criterio antes expuesto, ha sido reconocido en diversos pronunciamientos emanados de la Excma. Corte Suprema, dentro de los cuales cabe destacar el fallo de fecha 04.12.2019, dictado en autos Rol N° 17.315-2019, que en lo pertinente señala: “Undécimo: Que, en efecto, de la simple lectura de las disposiciones transcritas, se advierte el especial tratamiento que el legislador otorgó al secreto tributario, conformando junto a otras normas un cúmulo de preceptos que constituyen un régimen o sistema de protección y reserva de la información obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros, prescribiéndose una restricción del uso y cesión de la información impositiva y en tal sentido, este régimen de confidencialidad integra una excepción al principio de publicidad y transparencia propio de los Estados democráticos. Duodécimo: Que la información cuya publicidad se discute … se vincula directamente con las declaraciones de impuestos de los contribuyentes y su confección obedece a la fiscalización llevada a cabo por el órgano público que culminó con una denuncia ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en que el sujeto pasivo de la acción se allana Pues bien, la sola circunstancia de contener tales actas e informes antecedentes relativos a las declaraciones tributarias determina que, efectivamente, esté protegida por el artículo 35 del Código Tributario, que obliga a no revelar “la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas”.

Hace presente que en el mismo sentido, podemos mencionar la sentencia de fecha 16.12.2019, dictada en autos Rol N° 18.704-2019, que indica: “Octavo: Que en dicha prosecución es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de la reserva o secreto tributario es evitar que se pongan en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica, constituyendo un régimen de protección de la información recabada por el Servicio de Impuestos Internos, la que tiene el carácter de confidencial. En este sentido, esta Corte ha señalado en causa Rol 183-2017 y lo ha reiterado recientemente la Rol 15.406- 2019, que “el secreto tributario entraña la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros y por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos puedan ser usados para fines diferentes de los estrictamente contributivos”. Noveno: Que, concordante con lo anterior, la información requerida, dice relación con antecedentes que no solo sirven para determinar la base imponible del impuesto territorial sino que además incide en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta. De ahí que se trata de información que permite conocer la fuente y la cuantía de las rentas de determinadas personas, quienes verían afectados sus derechos por la develación de aquella a terceros, teniendo presente además, que dicha información tiene directa relación con la actividad de fiscalización y recaudación propia del Servicio”.

Enfatiza que a mayor abundamiento, el legislador ha reforzado el amparo de la información tributaria de los contribuyentes, mediante la dictación de normas que aseguran la efectividad del deber de reserva por parte de la Administración Tributaria. De esta forma, mediante la promulgación y publicación de la Ley que moderniza la legislación tributaria -Ley N° 21.210 del año 2020-, se incorporó un nuevo artículo 206 al Código Tributario, que en lo pertinente señala: "La obligación de reserva establecida en el artículo 35 u otras leyes tributarias, se mantendrá respecto de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías incluso después de haber cesado en sus funciones. De esta forma, si un ex funcionario de dichos servicios vulnera la obligación de reserva, se le aplicará una multa equivalente al daño producido, incrementada en la cantidad que corresponda a cualquier pago, promesa o recompensa que se hubiere recibido a cambio del acto que vulnera la reserva”.

Describe que cabe recordar también que, en este mismo sentido está establecido el N° 5 del artículo 101 del Código Tributario, que sanciona hasta con destitución del cargo al funcionario que revele datos o antecedentes sujetos a secreto o reserva, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse, conforme a los artículos 246 y siguientes del Código Penal, toda vez que pesa sobre este Servicio y sobre sus autoridades y funcionarios la obligación de resguardar, la información que afecte o vulnere el legítimo derecho a la privacidad e intimidad de los contribuyentes, consagrada en nuestra Carta Fundamental, sin distinguir si esa garantía dice relación con personas naturales o jurídicas.

Indica que por otra parte, respecto de la supuesta calidad de representante de la sociedad conyugal de la jueza árbitro liquidador, se hace presente que, de acuerdo a la información tenida a la vista por este Servicio, al tiempo de emitir el acto administrativo que la recurrente estima lesiona sus derechos fundamentales, y a la fecha del presente Informe, la señora “Jueza Particional doña nombre reservado” no figura como representante legal de las sociedades cuya información fue solicitada mediante Oficio N°3 de fecha 15.06.2022, calidad que tampoco detenta la recurrente de autos. Por el contrario, conforme se observa en la escritura pública de constitución de la sociedad Transporte nombre reservado y Compañía Limitada, y en la escritura pública de constitución de la sociedad Áridos Achibueno Limitada -documentos acompañados en autos por la recurrente-, la administración, el uso de la razón social, y la representación judicial de ambas sociedades corresponde al socio don nombre reservado, encontrándose conteste tal circunstancia con la información que obra en poder de este Servicio, cuestión de especial relevancia, por cuanto como se ha venido señalado, este Servicio ha actuado completamente ajustado a la legislación vigente, encontrándose impedido de divulgar información de contribuyentes a terceros, a menos que se verifiquen las situaciones de excepción previstas en el artículo 35 del Código Tributario, lo que no ocurre en la especie, razón por la que no se vislumbra ilegalidad alguna en el accionar de esta Administración.

B. Falta de conculcación de las garantías constitucionales denunciadas como infringidas. Señala que prescribe el artículo 20 de la Constitución Política de la República que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías (…) podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. Del artículo transcrito, se sigue que, uno de los requisitos sine qua non de la acción interpuesta dice relación con la existencia de una actuación u omisión arbitraria e ilegal, cuestión que, como se ha señalado a lo largo del presente Informe no concurre en el caso de marras, toda vez que la negativa de este Servicio a revelar información tributaria de terceros se encuentra amparada en el mandato establecido en el artículo 35 del Código Tributario.

Refiere que conforme lo anterior, y teniendo en consideración la aplicación de la ley y las facultades propias de este servicio público, no se vislumbra la afectación de garantía alguna de aquellas contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, careciendo de todo fundamento las argumentaciones efectuadas por la recurrente. Sin perjuicio de ello, a continuación, pasaremos a explicar las razones por las que, en la especie, no se produce la infracción de cada una de las garantías fundamentales denunciadas como vulneradas, esto es, las consagradas en los N°s12, 14 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que la recurrente singulariza como: derecho al acceso a la información (números 12 y 14) y derecho de propiedad (N° 24)

En Relación Con El Derecho Al Acceso A La Información. Acota que el respecto la recurrente asegura que el derecho al acceso a la información es una garantía “que se extrae del artículo 19, números 12 y 14, del artículo 8 y al artículo 5 inciso 2° Constitución Política de la República, que reenvía el ordenamiento constitucional a su complementariedad con el artículo 13 Convención Americana de Derechos Humanos”, agregando que dicho derecho se habría vulnerado: “… al haberse negado derechamente la información solicitada por esta parte, en cuanto declaraciones de renta, declaraciones de impuestos mensuales, informes el domicilio o domicilios a nombre de las sociedades, bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las sociedades, amparándose en el supuesto “secreto tributario” que se recoge en el art. 35 del Código tributario.

Añade que sin embargo, tal interpretación se debe realizar cuando es un tercero el que solicita la información, no uno de los socios, porque como ya ha señalado en reiteradas ocasiones, las sociedades fueron constituidas encontrándose vigente la sociedad conyugal, y, por ende, actualmente son objeto de liquidación, y de aplicar las reglas correspondientes a la liquidación de la sociedad conyugal, a doña nombre reservado, le corresponde el 50% de los derechos que detente don nombre reservado. En conclusión, el art. 35 del Código Tributario, no es aplicable, en tanto esta norma se refiere a la información que no debe ser conocida por terceros. Para mayor entendimiento, art. 35 inciso 2° señala: “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales”.

Relata que siendo la misma disposición que establece una excepción, que es, que la información sea necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u OTRAS NORMAS LEGALES. En el presente caso, nos encontraríamos ante un juicio de liquidación, donde es estrictamente necesario el conocimiento del estado de las sociedades que se pretenden liquidar, por lo que negarse a entregar dicha información, constituye un entorpecimiento al proceso de liquidación y controvierte el art. 35 inciso segundo, a las normas que regulan el juicio arbitral y las normas sobre sociedad conyugal”.

Destaca que sin embargo, la recurrente incurre en un error, por cuanto la garantía establecida en el N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se refiere al derecho a emitir opinión y a la de informar sin censura, y la del N° 14, del mismo precepto, al derecho a presentar peticiones a la autoridad, por lo que ambas constituyen cuestiones muy diferentes al derecho a obtener información o antecedentes de terceros que obren en poder de determinados órganos del Estado. En este contexto, cabe aclarar que el derecho al acceso a la información pública, se encuentra regulado en otras disposiciones constitucionales, y no en el artículo 19 de la carta magna. Efectivamente, el fundamento constitucional de este derecho lo encontramos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República; y, a nivel legal, en la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Asimismo, cabe recordar que este derecho tiene limitaciones, una de las cuales es precisamente que la información se encuentre sujeta a reserva, como en el caso de autos; y que además dicho derecho a la información tiene sus propias vías de impugnación.

Agrega que aclarado lo anterior, se hace presente que al no encontrarse el derecho a la información en el decálogo de garantías del artículo 19, de la Constitución Política de la República; éste no puede encontrarse amparado por la acción de protección, toda vez que el artículo 20, de la Carta Fundamental, indica expresamente cuales garantías son las que se encuentran protegidas por esta acción, al indicar: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Argumenta que procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. De la transcripción del artículo anterior, se constata también que la garantía establecida en el N° 14, del artículo 19, que señala la recurrente, tampoco se encuentra amparada por esta acción constitucional; lo que por esta sola circunstancia la presente acción debe ser desestimada. Sin perjuicio de lo anterior, además, respecto de las garantías consideradas como infringidas, la actora ha omitido ilustrar, cómo la actuación del Servicio ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de éstas, cuestión que restringe, evidentemente, la defensa de este Servicio sobre el asunto. En razón de lo anterior, debe rechazarse la presente acción.

B.2. En relación con el derecho de propiedad. Sostiene que luego de transcribir la norma del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la recurrente indica que: “Se advierte que solo la ley puede establecer limitaciones al derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad que tiene doña nombre reservado sobre las Sociedades no puede sufrir amenazas, privaciones y perturbaciones de ninguna especie, lo que en el caso se ha infringido al privarse de la información tributaria y contable, no pudiendo tomar conocimiento del estado de las mismas”. A continuación, hace referencia la recurrente a su matrimonio celebrado con el representante legal de las sociedades cuya información solicita -don nombre reservado- bajo el régimen de sociedad conyugal, a su divorcio establecido en sentencia de fecha 28.12.2009, a la comunidad de bienes producida con ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, a los bienes que componen la referida comunidad -entre los que se encontrarían bienes inmuebles y las sociedades cuya información solicita, indicando que, atendido lo dispuesto en el artículo 410 del Código de Comercio que señala que “el liquidador es un verdadero mandatario de la sociedad”, del mismo modo debería entenderse al liquidador de la sociedad conyugal, por lo que la Jueza Particional doña nombre reservado sería mandataria de la sociedad conyugal, y en consecuencia, representante de los cónyuges respecto de los bienes a liquidar, entre los que se cuentan las sociedades referidas, asumiendo la liquidadora la representación ante el Servicio, para solicitar información tributaria y contable.

Arguye que como se advierte, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad alegada por la recurrente, dicha garantía tampoco se ha visto afectada, desde el momento en que la negativa de este Servicio a entregar información tributaria de determinadas sociedades no implica, como pretende hacerlo ver la actora, una privación, perturbación o amenaza de la propiedad ni a alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, menos aun de un dominio que es actualmente materia de un juicio particional y, por lo tanto, no constituye como tal un derecho indubitado, circunstancia esta última que constituye un requisito sine qua non de admisibilidad y procedencia del recurso de protección. Entonces, al no existir arbitrariedad o ilegalidad alguna en el actuar de este Servicio, como hemos explicado en extenso, es posible concluir que no existe tampoco afectación alguna al derecho de propiedad de la recurrente, sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que, la información que solicita la actora, corresponde a documentación que no emana de este Servicio y/o que no permite dar cuenta de la efectividad de su contenido, toda vez que la manera de determinar la realidad financiera y contable de una compañía es a través de sus propios registros financieros o contables y no de las declaraciones de impuestos, así como también de la maquinaria que pudiese poseer, lo cual debiese verificarse ya sea en el registro auxiliar de activo fijo que llevan los propios contribuyentes o en las instalaciones en las que ejerce su rubro, mientras que la propiedad de los inmuebles así como de vehículos debe ser consultada y cuya certificación de propiedad corresponde a los Conservadores de Bienes Raíces y al Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, respectivamente.

Sostiene que así las cosas, no se aprecia afectación alguna al derecho de propiedad de la recurrente -quien por cierto no participa en la propiedad de las sociedades Áridos Achibueno Limitada y Transporte nombre reservado y Compañía Limitada- en el sentido que indica en su presentación, por cuanto si bien hace presente que la no entrega de información por parte de este Servicio podría arrojarle un supuesto perjuicio, la realidad es que la efectividad de la valorización de las compañías, los inmuebles que pudiesen o no poseer o si éstas cuentan o no con vehículos o maquinarias, son materia de competencia de otros organismos, o de privados, y no de este Servicio, por lo que no existe vulneración al derecho de propiedad, ya que el hecho de contar con la información solicitada constituye una mera expectativa y como se ha venido diciendo, no es este Servicio el llamado a garantizar o acreditar que un inmueble, un vehículo o una maquinaria efectivamente pertenecen a un contribuyente, motivo por el cual cabe concluir que al no existir una garantía constitucional vulnerada ni un derecho de carácter indubitado, mal podría ser procedente el recurso de protección de autos.

Arguye que por su parte, la recurrente hace referencia en su presentación a la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública. En este sentido, y sin perjuicio de lo que se ha señalado previamente, este Servicio se encuentra sujeto a la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario, no obstante, la referida Ley N°20.285 regula causales de reserva de la información dentro de las cuales destaca aquella establecida en el numeral segundo del art. 21, el cual prescribe que constituye una causal de secreto o reserva cuando la entrega de la información afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, lo cual se encuentra directamente relacionado con las disposiciones establecidas en la Ley N°19.628 “sobre Protección de la vida Privada” y con la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, la cual protege el respeto y protección a la vida priva y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales, añadiendo que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.

Sostiene que entonces, de acuerdo a las normas anteriormente señaladas y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 35 del Código Tributario, conforme a las normas comunes tampoco resultaba procedente la entrega de información solicitada en base a los antecedentes y a los fundamentos invocados por la recurrente.

Concluye que como se podrá apreciar, atendidos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, la presente acción debe ser rechazada, toda vez que: 1. Ha sido interpuesta en forma extemporánea. 2. No ha existido un actuar ilegal o arbitrario por parte de este Servicio, quien en todo momento ha ejercido sus facultades en el marco de la legislación vigente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y específicamente, por cuanto se ha limitado a aplicar lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario. 3. La acción de protección no protege el “derecho al acceso a la información” como pretende la recurrente. 4. El derecho a presentar peticiones a la autoridad consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, a que hace referencia la recurrente, tampoco se encuentra protegido por el recuso de protección. 5. Inexistencia de afectación de las garantías individualizadas como vulneradas.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado y, en su mérito, rechazar el recurso de protección deducido por doña Yasna Cancino Rosson en representación de doña nombre reservado, con expresa condena en costas.

Con fecha 17 de noviembre de 2022, evacua informe don Manuel G. Valdés Vásquez, abogado, en representación convencional de don nombre reservado.

Indica que se ha presentado la abogado doña Yasna Cancino Rosson, RUT: RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado en contra de la VII Dirección Regional Talca del Servicio de Impuestos Internos, y en contra de su mandante don nombre reservado, solicitando se le ampare ante lo que considera una privación, perturbación y amenaza en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 12,14 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene al Organismo mencionado haga entrega de los antecedentes tributarios y contables de las sociedad Áridos Achibueno Limitada, RUT: RUT reservado y de la sociedad Transportes nombre reservado y Compañía Limitada, , RUT: RUT reservado

Argumentos Para El Rechazo Del Recurso. 1°. El procedimiento particional del cual deriva el requerimiento de la información, se encuentra extinguido. Señala que si bien la recurrente es la abogada doña Yasna Cancino Rosson, quien señala que interpone el Recurso de Protección a favor de doña nombre reservado, lo cierto es que la requirente de la información lo fue la Juez Partidor doña nombre reservado, que a esa época tenía la calidad de tal, y que a la fecha hoy, su encargo se encuentra extinguido por el transcurso del plazo de 2 años que la ley contempla para el cumplimiento de su mandato; de lo que ella misma ha dado cuenta en resolución fechada 24 de Octubre de 2022, dictada en el Juicio Particional, por la cual señala que su encargo ha cesado , disponiendo remitir los antecedentes al Primer Juzgado de Letras de Linares, resolución que se encuentra firme o ejecutoriada.

Refiere que en cualquier caso, ya en marzo del presente año esta defensa había hecho ver que el plazo legal que tenía la Juez Partidor, contado desde que aceptó el encargo (23/03/20) venció el día 23 de marzo de 2022, al no existir prórroga de su jurisdicción ni causales de interrupción, y al claro tenor de lo dispuesto por el artículo 235 del Código Orgánico en relación con lo dispuesto en el artículo 1332 del Código Civil. La recurrente en el presente recurso se esfuerza en mantener con existencia el juicio particional al solicitar en el primer otrosí de la presentación por la cual se incoa este recurso, solicitando orden de no innovar, “…a fin que se suspenda el juicio particional”, a lo que SSa. Iltma con fecha 11 de Agosto de 2022, por el mérito de los antecedentes, se pronunció no haciendo lugar a la petición.

2°. Extemporaneidad del recurso. Acota que los antecedentes, fundamento de la recurrente, ya fueron considerados y resueltos pretéritamente por el Servicio de Impuestos Internos. En efecto, la recurrente está impugnando el Ordinario número 134/2022 de fecha 7 de Julio de 2022 emitido por la Jefe de Unidad del Servicio de Impuestos Internos, la cual no hizo lugar a la solicitud de proporcionar la información requerida al referido Organismo por la Juez Árbitro doña nombre reservado, respecto de las mencionadas sociedad Áridos Achibueno Limitada, RUT: RUT reservado y de la sociedad Transportes nombre reservado y Compañía Limitada, RUT: RUT reservadoEn efecto, mediante el Ordinario 77322363432 de fecha 12 de enero de 2022, la Jefe de la Unidad del Servicio de Impuestos Internos de Linares, había respondido al Juez de Primer Juzgado de Letras de Linares que no le era posible acceder a lo solicitado por cuanto la información requerida está amparada por el deber legal de reserva tributaria.

Añade que respecto de esta respuesta, la actual recurrente no ejercitó acción alguna. Pretender luego de haber transcurrido más de 6 meses de la negativa mediante el ejercicio del recurso de protección es extemporáneo a la luz de lo dispuesto en el numeral 1° del Auto Acordado de fecha 28 de Agosto de 2015 de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales que impone un plazo de caducidad de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que se estime arbitraria o ilegal que ocasionare la privación, perturbación o amenaza de los derechos que se dicen conculcados.

De la Inexistencia de las garantías que se dicen conculcadas al tenor de los hechos y fundamentos de derecho invocados. Relata que el artículo 19 número 12 de la Constitución Política de la República, invocada por la recurrente, está diseñado para aquellas circunstancias en las cuales se conculca derechos a emitir opinión y a la informar sin censura. En la especie, los hechos que describe la recurrente no se encuadran en la situación de facto que contempla la norma. Por otra parte, el artículo 19 número 14 del mismo Cuerpo Legal, también invocada, refiere a circunstancias en que se sostiene que se ha vulnerado el derecho a presentar peticiones a la autoridad, no obstante esta supuesta infracción no está contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República que permite recurrir mediante el Recurso de Protección.

Destaca que en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, tampoco concurre en la especie, desde que la información requerida está referida a sociedades en las cuales la peticionaria es partícipe y su dominio no se encuentra limitado en modo alguno.

Solicita tener por evacuado el informe dispuesto evacuar por don nombre reservado, en resolución dictada con fecha 11 de Agosto de 2022; y en mérito de lo expuesto y disposiciones legales procedentes, rechazar el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que tal como ha quedado relacionado en la parte expositiva de este fallo, impetra que se ordene al recurrido nombre reservado, La entrega de los antecedentes contables a que alude en la petitoria de su recurso y, que el Servicio de Impuestos recurrido remita las declaraciones de renta y declaraciones mensuales de impuestos desde el inicio de actividades de la sociedad de transporte que indica, , informe los domicilios o sucursales de la misma, los bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y otros que aparezcan a nombre de las sociedades en que participa el recurrido anteriormente individualizado.

SEGUNDO: Que, para analizar el conflicto de relevancia jurídica planteado por la presente acción constitucional, resulta menester consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye- a no dudarlo- jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en la disposición constitucional en referencia se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

TERCERO: Que, en relación a la extemporaneidad del arbitrio constitucional en estudio, invocada por la recurrida, ésta debe ser desestimada, teniendo en consideración para ello, que la acción en comento fue objeto de un estudio de admisibilidad por parte de esta Corte, quien consideró temporánea la misma en su oportunidad, y por estimar, además, que de existir un acto atribuible a los recurridos susceptible de reproche por ésta vía, aquel lo ha sido de carácter permanente, manteniéndose hasta la actualidad.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, cabe refrendar que la cuestión traída a conocimiento y resolución de ésta Corte, al momento de enderezarse el presente antibiótico constitucional, se encontraba bajo el imperio del derecho ante un tribunal arbitral, sede ante la cual, tanto la recurrente como la recurrida, deben ventilar sus pretensiones y, en su caso, deducir los medios de impugnación que correspondan, no debiendo preterirse para dichos efectos, que los árbitros son jueces por así estimarlo el artículo 222 y siguientes de la recopilación orgánica de tribunales, luego, pueden decretar todas las diligencias que sean pertinentes respecto de las partes en conflicto , con el objeto de cumplir su cometido, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública al Juzgado Civil pertinente, a fin de dar cumplimiento a sus resoluciones como, asimismo, aplicar los apremios pecuniarios a que alude el artículo 238 del Código de Enjuiciamiento Civil y, eventualmente, denunciar ante la agencia penal estatal el desacato por parte del recurrido de las resoluciones dictadas por el tribunal arbitral, conforme al artículo 175 del Estatuto de Instrucción Penal y 240 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, respecto del Servicio de Impuestos Internos, en general, y en cuanto al oficio N° DJU N°134/2022 de 07 de julio de 2022 por ella emitido, en particular, el remedio constitucional en estudio debe ser desechado, teniendo en consideración que su negativa a entregar la información que le fue solicitada, no obró en forma arbitraria e ilegal, como quiera que la emisión del actor administrativo impugnado, se edifica normativamente en el artículo 35 del Código Tributario, limitándose el recurrido en cuestión a obrar dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de sus facultades legales, sin perjuicio de advertir que el tribunal arbitral deberá estudiar y discernir la eventual tensión normativa, entre la norma legal en comento y el artículo 76 inciso final de la Constitución Política de la República, más aún cuando de ceder ésta última en favor de la primera, se impedirá determinar el activo y pasivo de la fenecida sociedad conyugal habida entre la recurrente y uno de los recurridos, manteniendo en el tiempo un estado de indivisión de facto, no reconocido en el ordenamiento jurídico.

SEXTO: Que, en las condiciones descritas y sin perjuicio de que alguna de las garantías aludidas por el recurrente, no se encuentran amparadas por la acción de protección, dable es concluir que no existe acto ilegal o arbitrario alguno verificado por los recurridos, que hubiere afectado las garantías constitucionales de la recurrente, ya sea en sede de privación, perturbación o amenaza ,susceptible de remediar por esta vía, razón por la cual el arbitrio en estudio debe ser, necesariamente, desatendido.

Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Acta Nª94-2015 de la Excma., Corte Suprema que fija el texto del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido por nombre reservado en representación de nombre reservado en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por nombre reservado. y en contra de nombre reservado, todos ya individualizados, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redacción del Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 8130-2022.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma la Ministra (S) doña Marisol Ponce Toloza, por haber concluido el periodo de suplencia.