COMUNIDAD EDIFICIO AMALFI con nombre reservado CON nombre reservado

Talca, uno de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, administrador, en representación de Comunidad Edificio Amalfi, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Intendente Regional del Maule, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Séptima Zona de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, y de don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por la privación, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales del derecho de propiedad, integridad física y psíquica que ha afectado a la comunidad recurrente, específicamente las establecidas en el N°1, N°16 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. Conforme a lo anterior, solicitó que el Intendente Regional ordene y mandate a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que se adopten las medidas necesarias, en términos de vigilancia, resguardo y protección policial, sea mediante establecimiento de movilizar y/o disuadir a los manifestantes a otro sector; establecer puntos fijos, rondas permanentes, elaboración de un plan de contingencia que garantice adecuadamente las garantías constitucionales, tanto respecto de sus bienes como de las personas que en él vivan y trabajan, sin perjuicio de las demás providencias y medidas cautelares que se estime necesarias.

Por resolución de 11 de marzo 2020, se acogió a tramitación el recurso y se pidió informe a los recurridos, los que fueron evacuados con fecha 30 de marzo de 2020, por Carabineros de Chile; el 16 de abril de 2020 por el Intendente Regional del Maule; y el 28 de mayo por la Policía de Investigaciones de Chile; coincidiendo en solicitar el rechazo de la acción deducida, por los fundamentos de hecho y de derecho que en cada caso se explicitan.

Con fecha 28 de julio de 2020 se prescindió del informe de solicitado al Comandante del Cuerpo de Bomberos de Talca y se dispuso traer autos en relación, procediendo a su vista, en forma conjunta y simultánea con los recursos Rol 8591-2019, 8663-2019 y 8675-2019, en la audiencia del día 17 de septiembre de 2020, quedando en estudio con igual fecha.

Mediante resolución de 27 de octubre pasado, quedó la causa en estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como antecedentes de hecho, se afirmó por el recurrente que es un hecho público y notorio que la ciudad de Talca se ha visto afectada por la situación de manifestaciones y actos delictuales que afectan al país desde el mes de octubre. Agregó que se han producido innumerables manifestaciones de protesta, desórdenes públicos, daños a la propiedad pública y privada, detenciones, robos, saqueos e incendios, lo que han sido masivamente documentados, registrados e informados tantos en redes sociales, como en los diversos medios de comunicación. Así, indica que desde hace aproximadamente dos meses se han estado produciendo movilizaciones sociales y protestas en la intersección de las 2 sur esquina 6 oriente de Talca, esto es, en el exterior del Edificio Amalfi, ubicado en domicilio reservado oriente de Talca; en dicha intersección han destruido todo tipo de mobiliario público, semáforos, propiedad privada, han bloqueado la libre circulación de vehículos en la avenida 2 sur, siendo esta calle de las más transitadas de la ciudad. Los manifestantes han efectuado rayados, ruidos ensordecedores, fogatas, quema de neumáticos y material basura, etc., todo lo anterior es de público conocimiento de las autoridades y de las fuerzas de orden y seguridad.

Expresó que el 29 de febrero de 2020, desde las 00:15 horas aproximadamente, un grupo de encapuchados y otros individuos a rostro descubierto, ingresaron a la fuerza al Edifico Amalfi con el objeto de realizar destrozos en el inmueble, rompiendo ventanales del primer piso, mamparas de acceso, provocando saqueos y daños a sus instalaciones y mobiliario, y amenazando con incendio. Esta última amenaza de incendio resulta ser absolutamente verisímil toda vez que el mismo día, minutos antes de ingresar a la fuerza al edificio Amalfi, los encapuchados, manifestantes o el nombre que se le pueda dar, provocaron un incendio en un edificio de 2 pisos que se encuentra frente del Edificio Amalfi, debiendo concurrir personal de bomberos a extinguir el incendio, respecto de lo cual adjunta fotografía; el que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales, ya que provocó daños a la propiedad vecina del edificio y Bomberos combatió durante varias horas y con muchas dificultades el siniestro. Agregó que ese día, estos sujetos ingresaron a la fuerza al edificio y, posteriormente, procedieron a recorrer las instalaciones desde el primer hasta el piso 18, gritando, golpeando puertas y causando destrozos en ellas, por ejemplo, en el piso 15, atacaron el departamento 1511, donde patean la puerta para ingresar a la fuerza, luego rompen el visor de la puerta. En el piso octavo hicieron lo mismo con el departamento 810, donde vive un adulto mayor quien tiene capacidades disminuidas, movilizándose en silla de ruedas, a quien pretendían forzarlo abrir la puerta para fines que se desconoce pero que seguramente hubiesen afectado su integridad física y psíquica. En el hall del edificio tal como se aprecia en video que se acompañó, destruyeron monitores de las cámaras de seguridad y mobiliario. Aseveró que esto no puede seguir avanzando, pues el próximo paso podría ser incendiar el edificio, tal como lo expresaron aquel día, es una turba de personas que ingresa sin control a una propiedad privada, que se encuentra todos los días radicada en la domicilio reservado oriente, que destruye todos los bienes públicos y privados y se toman las calles, pero las fuerzas de orden y seguridad nada hacen, así como tampoco las autoridades, no es posible que todos los días utilicen la misma esquina para sus funestos actos.

Argumentó que hasta ahora no se ha intentado controlar la oleada de delitos con los recursos humanos y materiales de que disponen las autoridades y policías, sus representados han tenido nula protección policial, la ciudad en general en aquella esquina está desamparada, pero más aún el edificio, pues no es posible que un edificio donde existen 287 departamentos y siendo habitado por más de 1000 personas, corra peligro de daños en lo patrimonial, pero principalmente la seguridad de las personas en lo físico y psicológico, quienes pueden resultar muertas inclusive.

Mencionó que el personal de seguridad privada (conserjes) que prestan funciones en las dependencias ha sido sobrepasado y ha quedado en total desprotección; el edificio parece una cárcel (todo cubierto con rejas), es decir, las personas que viven están tras las rejas, pero los autores de los ilícitos andan libres, todo ello es contrario a un estado de derecho.

Dijo que la seguridad personal de los habitantes del edificio hoy no está garantizada por el Estado, más aun cuando debieron enrejar todo el frente del edificio. Así, cuestionó lo que pudiese pasar en caso de emergencia y si tienen posibilidad de arrancar los habitantes, en caso de terremoto, incendio o demás, añadiendo que deben vivir de esta forma porque los manifestantes no permiten que estas familias vivan tranquilas y en paz, sino que atemorizadas porque las protestas se producen todos los días en la esquina de las calles 2 Sur con 6 Oriente.

Expresó que la situación antes descrita se ha traducido, en la práctica, en la privación, perturbación y amenaza de la garantía constitucional del derecho de propiedad de todos y cada uno de los habitantes del edificio; que está expresamente amparada a través de la acción constitucional de protección, en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esta grave vulneración del derecho de propiedad de la recurrente, se produce a consecuencia de los atentados materiales contras sus bienes, los que se repiten casi a diario y continúan ocurriendo frente a la impotencia de la recurrente y a la pasividad del recurrido.

Hizo presente que el recurrido Intendente no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 2 letra b) del D.F.L. N° 1- 19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, en cuanto corresponde al Intendente “Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes.”; tampoco ha cumplido con el mandato del artículo 2 letra c) del D.F.L. N° 1- 19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, en cuanto corresponde al Intendente “Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.”. Agrega que los hechos descritos han puesto en evidencia que el recurrido, en forma arbitraria, ha omitido adoptar las medidas suficientes y proporcionales, tanto para el resguardo de los bienes de propiedad del Edificio Amalfi.

Refirió que en forma concomitante y conexa con la anterior, estos hechos han implicado la privación, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la libertad de trabajo de decenas de personas que prestan servicios bajo subordinación y dependencia en el edificio, por cuanto se ha omitido dar aplicación a normas relativas a las bases de la Institucionalidad, tales como el deber del Estado de amparar a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y garantizarle la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos artículo 1 inciso 3 de la Constitución Política de la República.

Aduce que los recurridos no han desplegado acciones ni adoptado decisiones que vayan en resguardo de los bienes de la recurrente, ni tampoco las personas que en ella laboran, no está cumpliendo el mandato de promover el bien común. Tampoco se ha cumplido con el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, artículo 1 inciso 5 de la Constitución Política de la República.

Afirmó que estas son omisiones antijurídicas graves, porque implican el no ejercicio de atribuciones, potestades públicas y, en definitiva, el incumplimiento de obligaciones legales que implican políticas de Estado en temas de seguridad a las personas y a los bienes, que son la condición sine qua non para la convivencia social. Finalmente citó jurisprudencia de este Tribunal, en causa Rol N° 248-2019.

SEGUNDO: Que, don Roberto Morrison Parra, abogado, en representación del Jefe de la VII Zona de Carabineros del Maule, informó que actúan conforme a la obligación constitucional que pesa sobre Carabineros de Chile, tendiente a garantizar el Orden Público y la Seguridad Pública Interior, establecida en el artículo N° 101, inciso primero de la Constitución Política de la República, en relación al artículo N° 1, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, y en virtud de los protocolos institucionales dispuestos para ello, en especial rigiéndose por lo reglamentado en la Circular N° 1832, que dispone que "el personal Policial está autorizado para hacer uso de la fuerza y su arma de fuego, en caso de peligro inminente o agresión ilegitima, debiendo considerar que debe existir una necesidad racional del medio empleado para repelerla. Además es necesario efectuar una apreciación de la situación antes de proceder (Principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad); y, actuando válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley". En base a dicha normativa, aseveró que Carabineros procedió a hacer uso racional de la fuerza, además de cumplir con los diferentes niveles de resistencia policial contemplados de esta misma normativa citada, a usar elementos de reacción no letales, como lo son el uso de disuasivos químicos y uso de escopeta de antidisturbios ante la existencia de un peligro inminente para la vida de los Carabineros, terceras personas; actuando con apego y conforme a protocolos institucionales.

Agregó que lo anterior se llevó a efecto desde el primer día de contingencia, justamente con la finalidad de asegurar y salvaguardar los derechos de los ciudadanos, vecinos y residentes de la comuna de Talca, y en forma especial la de aquellas personas que residen en aquellos puntos en los cuales se desarrollan principalmente los focos de manifestación y alteraciones del Orden Públicos, como lo es la intersección de domicilio reservado, en especial, garantizar lo dispuesto en el artículo 19 numeral 1 inciso primero de la Constitución Política de la República, esto es "el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona”, N° 2°: "la igualdad ante la ley"; como asimismo, lo dispuesto en el N° 7 del mismo artículo y norma citada, esto es "el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual".

Sostuvo que, en virtud del plan de trabajo en contingencia en la fecha citada, como antes y después, funcionarios policiales de la 3ra. Comisaria de Talca, apoyados por personal territorial de las otras unidades dependientes de la Prefectura Talca, lograron disuadir a una gran cantidad de manifestantes, y efectuado detenciones de quienes se encontraban cometiendo diversos delitos ya señalados en situaciones de flagrancia, conforme los presupuestos señalados en el artículo 130, del Código Procesal Penal.

En cuanto a los hechos en que se sustenta la acción constitucional intentada en autos, indicó que Carabineros de Chile ha procedido a la disolución y detención de aquellos grupos de personas que en forma organizada han realizados acciones tendientes perturbar la paz y promover el destrozo de la propiedad, en los distintos procedimientos que han surgido, en los cuales existen sujetos que contravienen el orden público, destruyendo propiedad privada y mobiliario y/o infraestructura pública.

Mencionó que, vinculado al tema en comento, es aplicable la siguiente normativa del ordenamiento jurídico nacional, y señala: “Inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley".

Inciso primero del artículo 8°.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento".

Artículo 101.- Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones.

Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Arguyó que las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

Dijo que la Ley Orgánica Constitucional N° 18.961, de 7 de marzo de 1990, en su artículo 1° consagra a Carabineros como una "Institución policial, técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho...."; y que el inciso primero del artículo 20 prescribe que "Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia militar y reglamentación interna.”.

Aseveró que el Manual de Doctrina de Carabineros de Chile, claramente señala que "El Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, establece las bases de su aplicación en nuestra institución, entregando una serie de elementos gravitantes en el campo de nuestra Doctrina, conocidas por el recurrente.”.

Expuso que la obediencia que imponen las órdenes de Carabineros tienen el carácter de reflexiva: o sea, "El que recibe una orden de superior competente, debe cumplirla sin replica, salvo fuerza mayor o cuando el subalterno sabe que el superior al dictarla no ha podido apreciar suficientemente la situación, o cuando los acontecimientos se hayan anticipado a la orden, o parezca que ésta se ha obtenido por engaño, o se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no pudo prever, o la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito, en cuyo caso podría el subalterno suspender el cumplimiento de tal orden o modificarla, según las circunstancias dando inmediata cuenta al superior.”.

Hizo presente que el artículo 22 del Reglamento de Disciplina de Carabineros dispone que "las faltas a que se refiere el presente Reglamento se clasificarán como sigue: Numeral 3, letra a) inciso primero: "No cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos.".

Esgrimió que Carabineros de Chile es una Institución policial técnica, de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho, esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado, y su personal está sometido a las normas básicas establecidas en su Ley Orgánica Constitucional, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna, ante la contingencia que se ha vivido a nivel nacional, ha desplegado sus protocolos de actuación y distintos servicios ininterrumpidamente para el logro del objetivo, lo que no constituye vulneración ni menos arbitrariedad, estimando por tanto que, los fundamentos hechos presente en el presente recurso de protección, obedece más bien, a la expresión de un derecho garantizado constitucionalmente, más que a un recurso constitucional, debiendo desestimarse.

TERCERO: Que, la abogada doña Bárbara Alexandra Vistoso Martínez, en representación del Intendente Regional del Maule, don nombre reservado, informó que a partir del 19 de octubre del año en curso, diversas comunas de la Región del Maule, sufrieron reiteradas y graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos; así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles. Agregó que el inédito fenómeno, se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país. Por ello, dada la magnitud de la afectación y el evidente riesgo para la seguridad de las personas, el Presidente de la República, mediante el Decreto Supremo N° 482, de 20 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declaró estado de excepción constitucional de emergencia en la comuna de Talca, de la región del Maule, por un plazo de 15 días.

Sostuvo que según la información de Carabineros de Chile y las distintas Intendencias, durante el estado de emergencia hubo 487 saqueos a supermercados y centros comerciales, daños a 84 entidades comerciales y 74 entidades financieras. También, ocurrieron severos daños a la propiedad pública: 28 buses del Transantiago quemados y 741 vandalizados; 12 Municipalidades con daños por incendios y ataques (Calama, Copiapó, Villa Alemana, Quilpué́, Olmué́, Catemu, Cabildo, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Valdivia y Coyhaique); 5 Intendencias con destrozos (Antofagasta, Valparaíso, Tarapacá́, Atacama y Los Ríos) y 4 Gobernaciones con daños y destrozos (Arica, Antofagasta, San Antonio y Osorno); servicios de utilidad pública con daños y destrozos en todo el país (notarias, oficinas del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, Fiscalía, antenas de telecomunicaciones, entre otros), como destrozos y daños en cuarteles y vehículos policiales.

Manifestó que el citado estado de excepción constitucional termina para la comuna de Talca, a través de la dictación del Decreto Supremo N° 535, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; pasando a partir de ese momento, nuevamente, la seguridad pública y orden público a manos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o sea, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, la función exclusiva de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones legales aplicables al efecto. Añadió que, una vez levantado el estado de emergencia, han seguido ocurriendo hechos graves de violencia que han requerido de un enorme esfuerzo por parte de Carabineros de Chile, para resguardar el orden público. Al 10 de febrero, se han producido aproximadamente 2.653 eventos graves, el número de funcionarios lesionados de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas ascendían a 2.700 aproximadamente, y 1.300 civiles lesionados. Según información de Carabineros de Chile, a esa fecha se han producido alrededor de aproximadamente 800 ataques a vehículos policiales, 137 ataques a estaciones de Metro, 280 ataques a cuarteles policiales. Se han producido 947 saqueos y 279 incendios, resultando afectados 831 locales comerciales, 389 supermercados, 287 edificios públicos y 86 establecimientos educacionales.

Señaló que la situación de la custodia del orden público sigue siendo una cuestión altamente crítica en el país. Por ello, día a día, debe decidirse la dotación de servicios policiales en el territorio por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tomando en consideración la planificación de las protestas, la intensidad de las acciones vandálicas, la dotación existente en la respectiva zona afectada, los antecedentes obtenidos por la inteligencia policial, el tipo de lugar donde se desarrollan los acontecimientos, entre muchos otros factores.

Adujo que el denominado recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar, de emergencia, con un procedimiento rápido e informal, que exige que el derecho constitucional presuntamente conculcado, se funde en claras situaciones de facto que permitan, vía este procedimiento, restablecer el imperio del derecho. Naturaleza que la hace incompatible para casos en que se pretenda un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que ello es propio de procedimientos declarativos de lato conocimiento. En este sentido citó sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, en causa Rol N° 2199-2018.

Argumentó que la acción cautelar intentada en contra de su representado resulta ser absolutamente improcedente en lo que respecta a una pretendida omisión ilegal y arbitraria del resguardo de la seguridad y orden público por parte de la autoridad competente. Agrega que las medidas que se solicitan por la vía del recurso de protección de autos, por su amplitud, persiguen que formule una verdadera regulación sobre cómo proceder en el resguardo del orden público para la ciudad de Talca, lo que es ajeno a un recurso como el que nos convoca y que, a todas luces, excede los fines previstos para esta acción cautelar de urgencia, situación que indefectiblemente debe conducir a su íntegro rechazo.

Sostuvo que el objetivo buscado con la interposición del recurso es que sea el Poder Judicial quien califique y valore las medidas adoptadas por las autoridades administrativas en materia de orden y seguridad pública, pero no sólo ello, sino que, además, pretende que sea esa misma sede jurisdiccional, quien ordene a la administración lo que debe hacer en la materia. En este aspecto, señaló que los órganos de la Administración del Estado deben actuar conforme al principio de juridicidad y legalidad, lo que implica que están compelidos a actuar dentro de sus competencias y atribuciones fijadas por la Constitución y las leyes, y en la forma en que ésta última lo prescriba y, de no hacerlo, su actuación adolece de nulidad de derecho público (artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República).

Expresó que en el otorgamiento de potestades que hace el legislador a los órganos del Estado, incluidos los de la Administración, siempre da un margen de apreciación para su ejercicio, esto es, se trata de potestades legales de carácter discrecional, ya que para su ejercicio permite un margen de apreciación subjetiva para analizar su oportunidad, necesidad, eficacia, eficiencia e idoneidad, que se encuentra entregado al órgano que puede ejercer la facultad, teniendo como parámetros la racionalidad, proporcionalidad y adecuación, de sus decisiones para los fines que persigue; lo que es plenamente aplicable en la especie, ya que son los órganos de la Administración del Estado, en este caso su representado, actuando en conjunto con otros servicios como el municipio respectivo y Carabineros de Chile, cada uno dentro del ámbito de su competencia, quienes determinan la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas que van a implementarse en materia de orden y seguridad pública. Al efecto citó sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en causa Rol N°5.241-2019, y por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°45.561-2017.

Expuso que de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política de la Republica, el gobierno y la Administración del Estado corresponden al Presidente de la Republica, quien es el Jefe del Estado, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la Republica, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Hizo presente que el colaborador directo del Presidente en esta materia, de acuerdo al artículo 33 de la Carta Fundamental, es el Ministro de Interior y Seguridad Pública, cuyas atribuciones se encuentran contempladas, principalmente en la ley N°20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado. A nivel regional, el representante del Presidente es el Intendente, de conformidad a la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, aplicable a los Intendentes y Gobernadores actualmente en ejercicio, de conformidad al artículo 7 transitoria, de la ley N° 21.074, y artículo primero transitorio de la ley N°21.073. En el artículo 2° de la referida ley N°19.175, se encuentran las atribuciones del Intendente y entre las que dicen relación directa con orden y seguridad pública, encontramos las siguientes:

a) velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

b) requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

c) efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes; y d) hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región.

Refirió que los organismos encargados de garantizar el orden y la seguridad pública interior, de conformidad al inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Carabineros de Chile tiene por finalidad, conforme a lo señalado en el artículo 1 de la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.

Precisó que las Municipalidades, de conformidad al artículo 4°, letra j) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en el ámbito de su territorio podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. La labor de coordinación en materia de seguridad pública comunal, se encuentra contemplada también en la propia ley de municipalidades, en el artículo 104 E, letra f); norma que consagra en favor del Consejo Comunal de Seguridad Pública, la función de constituirse en instancia de coordinación comunal en materias de seguridad pública. El inciso primero del artículo 104 F de la Ley N°18.695 establece que el plan comunal de seguridad pública será el instrumento de gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos señalados en el artículo 104 B, dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades que la Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al Ministerio Público.

Agregó que el nivel crítico de vandalismo al que ha sido sometido el orden público nacional, en paralelo a las legítimas manifestaciones desarrolladas de manera pacífica por buena parte de la población, ha requerido medidas inmediatas y directas por parte del Gobierno y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Por ello, se dio lugar a decretar estados de excepción constitucional de conformidad a los Decretos Nº 472, de 18 de octubre de 2019, Nos. 473 y 474, de 19 de octubre de 2019, N°s. 475, 476, 477, 478, 479, 482, 483, 484 y 485, de 20 de octubre de 2019, N°s. 487, 488 y 490, de 21 de octubre de 2019, N°s 495, 496 y 497, de 22 de octubre de 2019, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, se brindó protección especial a unidades de abastecimiento, agua potable, energía, combustible, minería, ciencia y tecnología, transporte, comunicaciones, comercio, financiero, salud, turismo, edificio gubernamental, gobierno comunal, aeronáutica, espacio público y militar. Asimismo, con fecha 7 de noviembre, el Presidente de la República, impulsó una Agenda de Orden y Seguridad Pública, con el objeto de relevar el sentido y urgencia a determinados proyectos de ley relacionados con las policías, la seguridad y el orden público.

Sostuvo que son los órganos del Administración del Estado, en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Intendencia respectiva, quienes, actuando en conjunto con otros servicios como Carabineros de Chile y la Municipalidad, cada uno dentro del ámbito de su competencia respectiva, determinan la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas que van a implementar en materia de orden y seguridad pública. Reiteró lo resuelto en sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 45.561-2017.

Manifestó que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por intermedio de la Intendencia Regional de Talca, conforme a las facultades legales y dada la especial gravedad de los hechos ocurridos durante las jornadas posteriores al 19 de octubre de 2019 en la zona; ha presentado un total de 55 querellas por ley de seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables por delitos de saqueos, incendios, destrucción de mobiliario tanto público como privado y barricadas cometidos en la región. En estas causas, se ha decretado prisión preventiva a imputados y, decenas de otras medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Añadió que se ha realizado seguimiento de estas querellas ante los Tribunales de Justicia, comparecencia a las audiencias judiciales que se fijan en las referidas causas y solicitud de diligencias y entrevistas a los Fiscales del Ministerio Público, en las causas en que la Intendencia es parte.

Señaló que, del 21 al 27 de octubre, el Intendente de la Región del Maule don nombre reservado, se reunió diariamente con el Jefe de Zona de Carabineros de Talca don nombre reservado, y con el Prefecto de la Policía de Investigaciones, don nombre reservado, y el Coronel de Ejército nombre reservado, para efectos de coordinar las acciones en materia de orden público. Además, ha realizado visitas diarias a la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO), para obtener información oportuna respecto de los eventos que se producen en la provincia de Talca, con la finalidad de tomar medidas y/o coordinaciones con Carabineros. Así, el Intendente de la Región del Maule a partir del Estadillo Social, ha realizado reuniones periódicas con personal de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones y el departamento de Seguridad Pública, para coordinar el actuar diario en materia de orden público. También se han realizado reuniones del Comité Policial de Seguridad de la Provincia los días 30 de octubre, 28 de noviembre y 27 de diciembre de 2019, para tratar últimos hechos relevantes de contingencia nacional, cantidad de detenidos y procedimientos relevantes, para mejorar la seguridad y orden público de la Región del Maule; y que el Intendente Regional del Maule, los días 20 de enero y 27 de febrero de 2020, se reunió con el Comité Policial, para establecer medidas de resguardo y cumplimiento del Orden Público de la Región del Maule. El 19 de febrero de 2020, la Gobernación Provincial de Talca, realiza reunión en edificio Amalfi con residentes y comerciantes del sector. Con presencia de carabineros, SPD y seguridad municipal.

Arguyó que se suscribió convenio con municipalidad de Talca correspondiente al componente N°3 del Programa Red Nacional de Seguridad Pública; y que se realizan reuniones periódicas con Seguridad Pública de la Municipalidad de Talca y con Carabineros de Chile, para coordinar materias de Orden Público y Seguridad Pública, tendientes a establecer mecanismos de resguardo para la comunidad.

De esta forma, la Intendencia ha adoptado las acciones a que está mandatada por el ordenamiento jurídico para cumplir con su misión de velar por el Orden y Seguridad Pública de la comunidad; y se desconoce si el recurrente ha adoptado las medidas pertinentes que este caso amerita, esto es, presentar la respectiva denuncia o querella por los hechos relatados. En efecto, no cabe duda que este remedio judicial no es la vía idónea para conocer estos hechos, cuya sanción debe ser perseguida por las vías que prevé la legislación y con arreglo a los principios y normas procedimentales que ella misma contempla, siendo el Ministerio Público, el servicio llamado a adoptar las medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de los delitos que se investigan.

Aseveró que lo solicitado por el recurrente, es la simple explicitación de la obligación constitucional y legal de los servicios en la materia, cuestión que hace improcedente el respectivo recurso por ineficaz.

Hizo presente que en un período completamente excepcional en lo referido a necesidades policiales como el actual, la decisión sobre distribución y destinación de dicho contingente, se transforma en una medida de fuerte componente técnico y de alto carácter contingente que, exige compatibilizar múltiples variables, endógenas y exógenas a la autoridad administrativa, lo que obliga a la adopción de decisiones en coordinación con distintas autoridades nacionales, regionales y provinciales, y valorando necesidades múltiples y recursos disponibles.

Esgrimió que, en la descripción de las supuestas garantías afectadas, se omite señalar que los hechos que refiere el recurrente no son causados por el órgano recurrido, sino por terceros a los que el Estado busca específicamente perseguir y sancionar. Es, en ese sentido, impropio responsabilizar a la Intendencia de toda actividad criminal o vandálica que acaezca en la ciudad. Ello, nuevamente, pondría una carga de resultado insostenible en conformidad a los recursos económicos, jurídicos y sociales que requieren los servicios públicos para funcionar adecuadamente.

Razonó que no existe ninguna acción u omisión en la cual hubiere incurrido su representado, por el contrario, se han ejercido efectivamente las facultades que le franquea la ley. Consecuencialmente, no es posible configurar caso alguno de actuación arbitraria o ilegal, y menos aún, que ella pudiera traducirse en la afectación del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados por el recurrente. Además, se pretende que se realice una declaración jurisdiccional de que existe una especie de omisión como puede desprenderse de lo planteado por el recurrente, lo que deja de manifiesto la falta de idoneidad del medio utilizado para dicho propósito, que escapa a la naturaleza cautelar urgente propia de una acción de protección. Asimismo, el recurso debe desecharse ya que las medidas requeridas por el recurrente, dada su amplitud, persiguen que se formule una verdadera regulación sobre cómo proceder en el resguardo del orden público, materia que -de nuevo- le es ajena y excede largamente los fines previstos para este remedio judicial. No es posible que, vía acción de protección, se pretenda que en sede jurisdiccional se le ordene a la Administración la forma en cómo debe ejercer las facultades que le son propias; y las medidas de protección especiales y específicas solicitadas, se otorgan en virtud de la denuncia o querella que se ejerza ante el organismo competente.

Precisó que es improcedente que el recurrente solicite, en el actual contexto, una protección preferente a su edificio, toda vez que la decisión sobre distribución y destinación de servicios policiales contiene una medida de fuerte componente técnico y alto carácter contingente, situación extraña a esta acción cautelar de tramitación breve y sumaria.

CUARTO: Que, finalmente, en el informe evacuado por don nombre reservado, en su calidad de Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones, Jefe de Región Policial del Maule, se hace presente que el artículo 24, inciso segundo de la Constitución Política de la República dispone que la autoridad del Presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las Leyes; y que de esta potestad emanan las competencias que la ley confiere a diversos órganos de la Administración del Estado. Así, en el ámbito regional, la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, dispone que el gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción, entregándole la función de velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes.

De otro lado, indica que la el artículo 3° del DFL N°7912, de 1927, que Organiza las secretarías del Estado, establece que corresponde al Ministerio del Interior: a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del Territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público; además, dispone que el Ministro del Interior, los Intendentes y Gobernadores, según corresponda, podrán deducir querella: a)cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República.

Agrega que, por su parte, el artículo 101 de la Constitución Política de la República encarga a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones la función de garantizar el orden público en los siguientes términos: Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza Pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

En lo concerniente a las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, hizo presente lo estatuido en los artículos 4° y 5° de su ley orgánica, el Decreto Ley N°2460, de 9 de enero de 1979, que transcribe. Conforme a dichas disposiciones, resaltó lo resuelto por esta Corte en acción de amparo Rol N°248-2019, citada por el actor, en cuanto descartó que la Policía de Investigaciones haya incurrido en la falta que se le representa, por no haberse establecido que se haya encontrado en la situación prevista en el artículo 83 del Código Procesal Penal. Además, hizo presente que en el aspecto en que fue acogido el referido recurso, fue rechazado por la Excma. Corte Suprema.

Sin perjuicio de lo anterior, indicó que mediante Providencia N°112, de 19 de mayo de 2020, instruyó a la Prefectura Policial de Talca de la Policía de Investigaciones y unidades dependientes, que informara si existen denuncias o investigaciones en curso, respecto de los ilícitos cometidos en el edificio Amalfi, ubicado en domicilio reservado, constatándose que existe una denuncia efectuada el 29 de febrero de 2020, que generó una orden de investigar en causa RUC 2000231514-K, en la que se indica que un grupo de personas comenzó a apedrear dicho edificio, para luego irrumpir directamente al hall, quebrando alrededor de 17 vidrios de 2x2 metros y un monitor led de 32 pulgadas, destrozando todo lo que encontraron a su paso y aprovecharon de golpear a los conserjes, quienes resultaron con diversos tipos de lesiones. Añade que dicha orden de investigar forma parte de un listado de causas, siendo todas ellas parte del foco investigativo denominado “Delitos en Estado de Excepción Macrozona Centro”, decretado por el Fiscal Regional el día 24 de octubre de 2019, a consecuencia de la gran cantidad de hechos delictuales producto de la “Explosión delictual”, amparadas en las manifestaciones atribuibles a descontento social.

Asevera que el referido foco investigativo ha permitido la detención, a la fecha del informe, de 34 personas por los delitos de robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, daños e incendios, 10 de las cuales quedaron en prisión preventiva y, el resto, sujetas a medidas cautelares que indica.

Por último, resaltó que la Policía de Investigaciones de Chile, vela en todo momento por el cumplimiento de las normas legales y de los procedimientos ajustados a derecho, instruyendo a sus unidades dependientes, permanentemente, que actúen dentro de las facultades, atribuciones y medios que la ley y la Constitución disponen.

QUINTO: Que, de acuerdo con lo expuesto por el recurrente, lo informado por los recurridos y antecedentes aportados al recurso, es posible tener como hechos indiscutidos y acreditados, los siguientes:

1.- En esta Región del Maule, a partir del 19 de octubre de 2019, comenzaron a producirse diversas movilizaciones y manifestaciones pacíficas de la población evidenciando su descontento social en diversos ámbitos, que se tradujo en “cacerolazos”, marchas y mitines, entre otras.

En ese contexto, ha habido también otro grupo que ha causado alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos.

2.- Es así, como en la ciudad de Talca, específicamente en la intersección de las 2 sur esquina 6 oriente de Talca, donde se encuentra emplazado el Edificio Amalfi, se han producido protestas en que grupos han destruido mobiliario público, semáforos, propiedad privada y han bloqueado la libre circulación de vehículos que transitan por la avenida 2 sur.

En horas de la noche del día 29 de febrero de 2020, un grupo de personas, algunas de ellas encapuchas, ingresaron al Edifico Amalfi rompiendo ventanales del primer piso y mamparas de acceso, para causar saqueos y daños a sus instalaciones y mobiliario, amenazando con incendio. Además, minutos antes, ya se había ocasionado un incendio en la edificación de 2 pisos, ubicada en la misma intersección de domicilio reservado, esquina nororiente.

3.- Respecto de los hechos que afectaron al edificio Amalfi y sus residentes y copropietarios, se instruye una investigación por el Ministerio Público, que dio origen a la causa RUC N°2000231514-K.

SEXTO: Que, de acuerdo con lo señalado en el recurso lo que se representa a los recurridos es, en definitiva, haber incurrido en omisiones antijurídicas graves, que se traducen el no ejercicio de atribuciones, potestades públicas e incumplimiento de obligaciones legales que implican políticas de Estado en temas de seguridad a las personas y a los bienes; sobre todo, en cuanto solicita en su petitorio que se disponga que “el Intendente Regional ordene y mandate a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que se adopten las medidas necesarias, en términos de vigilancia, resguardo y protección policial, sea mediante establecimiento de movilizar y/o disuadir a los manifestantes a otro sector; establecer puntos fijos, rondas permanentes, elaboración de un plan de contingencia que garantice adecuadamente las garantías constitucionales, tanto respecto de sus bienes como de las personas que en él vivan y trabajan”.

De esta forma, queda en evidencia que lo que se cuestiona por esta vía es la gestión del Intendente, en cuanto a las decisiones políticas adoptadas serían ineficientes, porque habría omitido adoptar o disponer las medidas necesarias para resguardar el orden y seguridad pública en esta ciudad, dada sus atribuciones legales, en representación del Estado como garante de la seguridad de las personas y sus bienes; y ello se traduce en que, además, las policías recurridas no serían diligentes en el ejercicio de sus funciones de prevención de los delitos.

SEPTIMO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Se trata de una acción esencialmente cautelar, cuya finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

OCTAVO: Que, consecuentemente con lo anterior, no corresponde a esta Corte calificar la idoneidad de los planes diseñados y formulados por la autoridad política para enfrentar los hechos representados en el recurso de protección deducido en autos, atendida la naturaleza eminentemente cautelar y su carácter de emergencia. Especialmente, porque ello implicaría extender el poder de la judicatura a un rango incompatible con el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, en cuanto preceptúa en su inciso segundo que: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes.”.

Además, de los antecedentes aportados no es posible estimar concurrente el presupuesto base de un acto ilegal o arbitrario atribuible a alguna de las policías, por los cuales pudiera actuar esta Corte dentro de la esfera de sus competencias conservativas, y, especialmente, teniendo en consideración que los hechos que afectaron al edificio Amalfi y sus residentes el día 29 de febrero del año en curso, configuran ilícitos penales, cuya investigación corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de la República y conforme a lo prevenido en los artículos 1º, 2º y 17 de su Ley Orgánica Nº19.640; lo que, en la especie, se lleva a cabo en causa RUC N°2000231514-K, que es la vía legal y procedimental atingente a la perturbación y amenaza que se ha denunciado, donde corresponde que las víctimas soliciten las medidas que se pretenden en este recurso, referidas a la cautela y protección de su integridad física y psicológica, como de sus bienes .

NOVENO: Que, como se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°45.561-2017, “el fenómeno criminal es multicausal, de modo que no es posible atribuirlo sólo a un actuar ineficiente de la policía, por más que su contribución a estas manifestaciones de disrupción social sea relevante y se encuentre bien estudiada por las ciencias sociales. Tanto es así que, a pesar de la serie de intervenciones coordinadas de Carabineros y la Policía de Investigaciones, dispuesta por el Ministerio del Interior de consuno con la Intendencia Metropolitana, que ha sido aplicada durante largos años, dicha política ha carecido de la virtud de hacer desaparecer este tipo de eventos. Mal podría entonces, pretenderse, que con la sola intensificación de la intervención policial se lograría evitar la comisión de delitos en ese sector, o en cualquier otro”.

De igual forma, dicho fallo razona en lo concerniente a los alcances y limitaciones de la acción de protección, en cuanto se reclama la inidoneidad e ineficiencia de las políticas sectoriales aplicadas para controlar y reducir el fenómeno delictivo, concluyendo que ese ámbito “…corresponde a la evaluación, elaboración y corrección de las políticas públicas que, constitucionalmente, está entregado exclusivamente a otro poder del Estado por tratarse de actos de mero gobierno, respecto de los cuales sólo cabe que se pronuncie la ciudadanía en elecciones populares o el Congreso Nacional a través del juicio político”; y que “…no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la acción constitucional intentada por los actores, en tanto ésta no constituye una instancia de fijación de políticas públicas ni de fiscalización de las mismas…”; lo que estos sentenciadores comparten.

DECIMO: Que, en armonía con lo antes razonado, procede rechazar la acción intentada, dado que excede el ámbito de conocimiento y atribuciones otorgadas por este arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por don nombre reservado, administrador, en representación de Comunidad Edificio Amalfi, en contra de don nombre reservado, en su calidad de Intendente Regional del Maule, don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Séptima Zona de Carabineros de Chile, y de don nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile.

No se condena en costas al actor, por estimar que accionó con fundamento plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N°723-2020/ Protección.

Se deja constancia que no firma el Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse efectuando suplencia ante la Excma. Corte Suprema.