nombre reservado con LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y A.F.P. PROVIDA S.A.

Recurso de Protección Rol I. C. 639-2025.

“nombre reservado contra Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. y la Superintendencia de Pensiones”

Talca, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que don nombre reservado, abogado, por sí don nombre reservado, venezolano, domiciliados en domicilio reservado, Región Del Maule, interpuso acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado y la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de 14 de mayo de 2025, que rechazó solicitud de retiro de fondos para extranjeros. Solicitó que en definitiva se ordene que se realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

El recurrente señaló que el acto recurrido fue la notificación de rechazo de 14 de mayo de 2025, mediante la cual A.F.P. Provida denegó la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, en virtud de la Ley 18.156.

Aquel sostuvo que solicitó a la A.F.P. la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley 18.156. La AFP rechazó la solicitud indicando que la constancia de afiliación al sistema venezolano de seguridad social no sería válida por no estar apostillada o legalizada.

El recurrente afirmó que se encuentra afiliado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), que el certificado es electrónico y verificable mediante dos portales oficiales del IVSS. La A.F.P. no verificó dicha información pese a contar con los medios para hacerlo.

Por su parte, la ley no exige apostilla ni formalidades adicionales para acreditar la afiliación y que la exigencia es imposible debido a la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, citó las leyes 18.156 y 18.726, que disponen que el trabajador técnico extranjero está exento de cotizaciones en Chile si está afiliado a un régimen previsional extranjero que cubra vejez, muerte, enfermedad e invalidez, que manifieste su voluntad de mantener esa afiliación en el contrato de trabajo, que el artículo 7 permite la devolución de fondos si se cumplen los requisitos del artículo 1, los que acredita cumplir ambos puntos.

El recurrente alegó, en cuanto a ilegalidad y arbitrariedad, que la A.F.P. Provida incorporó requisitos no contemplados por la ley (apostilla o legalización), no fundamentó técnicamente por qué la constancia electrónica no sería válida, no verificó la información disponible en portales oficiales y además, la exigencia de apostilla es imposible de cumplir, configurando caso fortuito o fuerza mayor (artículo. 45 del Código Civil).

Por lo que dice relación con la vulneración de garantías constitucionales, el actor de protección invocó la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política), ya que otros solicitantes en igual situación han obtenido retiro con documentación equivalente. Citó además, el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo legal, al retener fondos previsionales sin fundamento legal constituye una privación indebida.

Segundo: Que la A.F.P. ProVida evacuó el informe de estilo y solicitó el rechazo de la acción cautelar, indicando que no existen actos ilegales o arbitrarios en su rechazo a la solicitud del recurrente de retirar fondos conforme a la Ley N° 18.156, sobre técnicos extranjeros.

Indicó que el solicitante habría presentado una constancia de afiliación extranjera vencida, incumpliendo requisitos normativos obligatorios.

En cuanto a sus argumentos principales, la A. F. P. recurrida levantó como defensa la improcedencia del recurso de protección, ya que en su parecer, no es la vía idónea para discutir cuestiones de “lato conocimiento”. La acción busca en realidad impugnar la normativa previsional (D.L. 3.500 y Ley 18.156), lo que excede el marco cautelar.

Sobre la ilegalidad o arbitrariedad, la Administradora recurrida rechazó la solicitud porque la certificación de afiliación al sistema extranjero estaba vencida, según instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y que debe cumplir estrictamente los requisitos legales y normativos para autorizar la devolución de fondos.

En cuanto a la normativa aplicable al caso, la informante citó el D. L. 3.500, que regula el sistema de pensiones y establece que las A.F.P. solo pueden administrar fondos y otorgar prestaciones expresamente contempladas por la ley. Los recursos previsionales tienen destino exclusivo: financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

En cuanto a la Ley 18.156, sobre técnicos extranjeros, para eximirse de cotizar o solicitar la devolución, deben cumplirse copulativamente con acreditar calidad de técnico, la afiliación vigente a un régimen de seguridad social extranjero con prestaciones mínima y manifestar en el contrato la voluntad de mantener esa afiliación.

La AFP sostuvo que el recurrente no cumplió el segundo requisito y que está obligada a seguir formalidades y criterios fijados por la autoridad administrativa.

La A. F. P. recurrida alegó que no se cumplen los requisitos del artículo 20 de la Constitución, ya que niega que haya existido acto u omisión ilegal o arbitraria, pues actuaron conforme a ley y normativa. Asimismo, si no existe ilegalidad, no existe agravio ni se ha privado ni perturbado derecho alguno; solo se aplicó la ley vigente.

La recurrida solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que por resolución de veintiséis de junio del presente año, se prescindió del informe de la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que como reiteradamente ha sostenido esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, a fin que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, frente a un derecho indubitado del recurrente.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Quinto: Que la excepción que levantó la A. F. P: recurrida sobre la improcedencia de esta vía proteccional para conocer de los derechos que reclamó el actor, debe ser desestimada tanto porque la materia planteada guarda estricta relación con los derechos constitucionales invocados como afectados por el actuar de la administradora recurrida y el procedimiento empleado se ajustó a los principios de bilateralidad de la audiencia, en especial, a ser escuchado y ejercer los recursos que crean necesarios entablar en contra de las decisiones judiciales.

Lo derechos fundamentales en que se basó el recurso pueden también ser conocidas por esta vía, en atención a la materia y rapidez con la que deben ser resueltas, como expresión de las obligaciones que se imponen al Estado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior, esa excepción planteada por la recurrida debe ser desestimada sin más.

Sexto: Que el artículo 1 de la Ley 18.156 permite eximirse del pago de los derechos previsionales a las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, sin que queden obligados a efectuar imposiciones en organismos de previsión chilenos, cuando se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Séptimo: Que asimismo, el artículo 7 de la Ley precitada, permite a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado ante aquellas.

Conforme con las normas antes señaladas y que regulan la materia, debe reconocerse el derecho a la propiedad invocado por el recurrente, pero para ello deberá cumplir íntegra y cabalmente con los requisitos legales, debiendo ser de su cargo, la presentación en forma de los antecedentes que acrediten tales circunstancias.

No basta, como lo pretende el recurrente, que las obligaciones que deben ser satisfechas para obtener la restitución de los fondos previsionales sea cubierta por la recurrida, por la improcedencia de la petición al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.698 del Código Civil y por el cumplimiento de las formalidades legales, que no se satisfacen con obtener datos a través de las redes sociales como lo pidió expresamente el recurrente de protección.

La invocación a la garantía del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política sobre igualdad ante la ley, será desechada en atención a que el demandante de protección no incorporó prueba alguna sobre algún trato disímil o discriminatorio en su contra.

Por lo razonado precedentemente, el recurso será desechado.

Y visto, además, lo dispuesto en los números 2 y 19; y, 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se declara:

Que se RECHAZA, con costas, el Recurso de Protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. y la Superintendencia de Pensiones” por la restitución de fondos previsionales en favor del recurrente.

Redacción del ministro Carrillo González.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol I. C. 639 -2025/PROTECCIÓN.

Se deja constancia que no firma la ministra (I) doña Carla Valladares Perroni, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por haber concluido su interinato.

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