nombre reservado CON TESOSRERÍA REGIONAL DEL MAULE EN REP nombre reservado.

Talca, ocho de julio de dos mil catorce.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que son partes en el presente recurso de protección como recurrente, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y como recurrida la Tesorería Regional del Maule, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

nombre reservado: Que a fojas 8 don nombre reservado acciona de protección de conformidad a lo previsto en los artículos 19 N°. 24 de la Constitución Política de la República en relación al 170 del Código Tributario, solicitando se anule la resolución de 20 de marzo de 2.014, en la cual se señala que el embargo del dinero que Forestal Los Pinares de Truquilemu debía pagarle, son sólo créditos civiles y no remuneraciones, por tanto no se aplicaría la restricción del artículo 170 del Código Tributario, remplazándola por una ajustada a derecho, con costas.

Señala que el 9 de enero de 2014 se notificó a la empresa Forestal Los Pinares de Truquilemu con la cual -según el Servicio de Tesorería- mantendría contratos vigentes, que debía retener los créditos devengados o por devengar hasta por un monto de $33.041.018, fundamentando dicha decisión en lo establecido en el artículo 170 del Código Tributario.

Indica que de dicha resolución se interpuso recurso de reposición el 19 de enero del año en curso, toda vez que se consideraba arbitraria e ilegal, ya que no se estableció que dicho embargo solo podía recaer en la cifra que se encuentre sobre el monto de 5 Unidades Tributarias Mensuales.

Que el 20 de marzo se resuelve "no recayendo el embargo de fs. 21 sobre prestaciones de carácter remuneratorio alguna, sino que solamente sobre créditos de naturaleza civil, no ha lugar.".

Agrega que el artículo 170 del Código Tributario señala que "El embargo podrá recaer en la parte de remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributarias mensuales. En las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula a la persona natural o jurídica que por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al contribuyente moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero, a fin de que retenga y/o entregue la suma embargada directamente a la orden del Tesorero Comunal que lo decretó, el que las ingresará a una cuenta de depósito mientras quede a firme la ejecución, caso este último en que las cantidades embargadas ingresarán a las cuentas correspondientes a los impuestos adeudados. En caso que la persona natural o jurídica que deba efectuar la retención y/o proceder a la entrega de las cantidades embargadas, no diere cumplimiento al embargo trabado por el recaudador fiscal, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener.”.

Expresa que el recurrido cumplió con todas y cada una de las exigencias del artículo 170 ya citado, sin embargo no con la más importante, que dice relación con que el embargo no puede afectar lo que sea inferior a 5 U.T.M., esto es, sólo podrá embargarse aquello que esté por sobre los $205.905; sin embargo en la resolución emanada de la Tesorería General de la República no se establece dicha limitación.

Que por el hecho de haber procedido al embargo de la totalidad de las remuneraciones, dicho acto sería absolutamente ilegal, por contravenir lo estipulado en los artículos 19 N° 24 de la Constitución Política de la Republica, en relación con el 170 del Código Tributario.

Que el embargo decretado el 9 de enero de 2014, el cual fue confirmado con fecha 20 de marzo de 2014, debió aplicarse sólo sobre el monto neto de la factura N°. 97, la cual es por un total de $3.423.906 y un neto de $2.877.232, por los motivos que indica.

Que el I.V.A. es un impuesto basado en el mecanismo de créditos versus débitos, es decir, implica que los contribuyentes de I.V.A. tienen derecho a hacer valer un crédito fiscal contra el débito fiscal que se determina en el mismo periodo tributario. Esto significa que pagará la diferencia entre el crédito fiscal y débito fiscal, y cuando el débito es mayor al crédito. Es por ello que el embargo sobre una factura afecta al Impuesto al Valor Agregado, este debe recaer sólo sobre el monto neto, ya que dicho impuesto utiliza el modelo "impuesto contra impuesto" en la determinación de la base imponible, lo que significa que reconoce el crédito por el I.V.A. soportado en las compras de bienes y servicios sólo en la medida que accedan a hechos gravados, es decir, cuando importe débito fiscal mediante el recargo separado del I.V.A.

Que la utilización del método ya señalado genera el derecho facturario, el cual consiste en la obligación de llevar un auxiliar contable (libro de compras y ventas), la de emitir determinados documentos tributarios timbrados por el S.I.I., la de conservar y custodiar dicha documentación, de contabilizar los documentos emitidos y la de declarar el impuesto F. 29; indica que su representado cómo va a pagar lo relativo al débito asociado a dicho impuesto, si se encuentra retenido en su totalidad por la Tesorería General de la República.

Manifiesta que el acreedor del impuesto es el Estado, lo que resulta ajeno de toda lógica e ilegal retener el monto relativo al Impuesto al Valor Agregado.

Que la recurrida lo ha privado del derecho de propiedad que tiene sobre sus remuneraciones, ya que no puede usar y gozar de ellas libremente.

Indica que según lo señalado por la Corte Suprema en la R.G.J. N°195 página 64, "la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objeto a obtener o aun inexistencia de los hechos que fundamentan el actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón.". Por ende, la actuación de la Tesorería General de la República ha afectado su patrimonio, vulnerando lo dispuesto en la constitución y las leyes. El profesor Emilio Pfeffer Urquiaga en la Revista de Estudios Constitucionales de noviembre de 2.006, en la página 15 señala que: "La expresión ilegal no presenta mayores dificultades de comprensión: un acto es ilegal cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas, en forma indebida contrariando la ley.".

"Un acto es ilegal cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley."; Corte Suprema, 1° de julio 1993, R.G.J N° 157, página 51.

Agrega que según lo establecido en el inciso 2° del artículo 54° de la Ley N°. 19.880, de Procedimientos Administrativos está dentro del plazo para interponer el recurso de protección, ya que la notificación de la resolución de la Tesorería General de la República que rechaza la solicitud fue el 25 de marzo de 2.014.

TERCERO: Que, a fojas 56 don nombre reservado, Director Regional Tesorero del Maule subrogante, Juez Sustanciador, informa solicitando rechazar, con costas, la acción interpuesta por no haberse vulnerado garantía constitucional alguna que amerite acogerla, además de ser improcedente por tratar de dejar sin efecto una resolución de carácter jurisdiccional.

Expresa que el 14 de noviembre de 2.013 se despachó mandamiento de ejecución y embargo en contra de don nombre reservado, a efectos de obtener el pago compulsivo de las obligaciones fiscales morosas que detalla en su informe.

Que el 14 noviembre de 2.013 se ofició al Servicio de Impuestos Internos, a efectos de informar respecto de la identidad de las personas a los cuales hubiese emitido facturación el referido contribuyente.

Que el 18 de noviembre de 2.014 (sic) se notificó y requirió de pago al recurrente.

Que el 18 de diciembre de 2.014 (sic) se informó por el Servicio de Impuestos Internos que el cliente principal del reclamante es Forestal Los Pinares de Truquilemu S.A.

Que el 9 de enero de 2.013 (sic) dictó un resolución en su calidad de Juez Sustanciador ordenando se embargaran los créditos devengados, por devengar, y cualquier prestación pecuniaria que a la sazón tuviera derecho nombre reservado, con Forestal Los Pinares de Truquilemu, hasta por un monto de $ 33.104.018 el que se hizo efectivo el 3 de febrero de 2.014.

Que el 19 de febrero de 2014 se presentó nombre reservado en representación de nombre reservado, solicitando que se anulara la resolución de fecha 3 de febrero de 2014 que ordenó el antes referido embargo. Respecto a dicha petición, expresamente se resolvió: "No recayendo el embargo de fojas 21, sobre prestación de carácter remuneratorio alguna, si no que meramente sobre créditos de naturaleza civil, no ha lugar.”.

Que el embargo realizado en el expediente 10.937-2013 Talca, se practicó con apego a la normativa vigente y no ha recaído sobre remuneraciones.

Que el recurrente ha sostenido que se ha realizado un acto ilegal por parte de la Tesorería, al no respetarse la norma del inciso 4° del artículo 170 del Código Tributario, que establece que se pueden embargar las remuneraciones que exceden de 5 U.T.M.. En tal sentido el recurrente afirma que la Tesorería habría infringido dicha normativa al embargar los créditos que tiene respecto a Forestal Los Pinares de Truquilemu, sin considerar la aludida limitación.

Indica que el artículo 41 del Código del Trabajo define remuneración como "las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.".

Que la remuneración es el estipendio o pago que recibe quien presta una labor en virtud de un contrato de trabajo, mismos que se caracteriza por ser una convención que obliga recíprocamente a un trabajador y a un empleador, a prestar servicios bajo subordinación y dependencia, y a este a pagar por estos servicios la aludida remuneración.

Que la presentación embargada no constituye una remuneración, sino que los créditos devengados, por devengar, y cualquier prestación pecuniaria que a la sazón tuviera el recurrente para con Forestal Los Pinares de Truquilemu, entre los cuáles existe una relación comercial que no se asemeja en nada a una relación laboral.

Que se ve refrendado por la existencia de facturación entre las partes, lo que es reconocido expresamente por el recurrente, al señalar que los montos embargados recayeron en lo que se adeudaba de la factura N°. 97.

Que el monto total de los créditos no es un hecho conocido fehacientemente por la Tesorería, y por lo mismo se embarga todo lo que se debe hasta el monto adeudado, con sus reajustes, intereses y multas. Consecuentemente, tampoco es conocida la cantidad neta adeudada ni los impuestos que la gravan. Dicha precisión debiera ser informada por el tercero al que se le embargan los créditos que posee el contribuyente moroso.

Que es artificioso alegar un supuesto incumplimiento del artículo 170 Inc. 4° del Código Tributario, toda vez que este se refiere al embargo de remuneraciones únicamente, y respecto a él, impone el límite de 5 U.T.M.

Señala que la acción constitucional es del todo improcedente, dado que la resolución que se pretende impugnar se ha dictado en el marco de la cobranza coactiva iniciada en contra del recurrente en el expediente administrativo 10.937-2013 Talca, que se ha llevado a cabo en el ejercicio de una acción jurisdiccional ejercida por un Tribunal Especial, constituido para estos efectos por el Tesorero Regional en su calidad de juez sustanciador, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario, y no como consecuencia de un acto meramente administrativo.

Dicha cobranza tributaria se efectúa en razón de los dineros que se adeudan al Fisco de Chile, y en virtud de la obligación legal del Servicio de Tesorería, señalada en el Decreto con Fuerza de Ley N°. 1 del 16 de mayo de 1.994 sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, que en su artículo 1 establece que depende del Ministerio de Hacienda, y está encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores Fiscales, y en general, lo de todos los Servicios Públicos, como asimismo efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.

Por lo anterior es improcedente la acción planteada dado que el acto que la recurrente alega que ha conculcado y amenazado sus derechos constitucionales, ha sido efectuado en un proceso jurisdiccional, realizado ante un Tribunal Especial, cuya actuación se encuentra sometida al imperio del derecho. De acogerse la acción de protección, esta se estaría transformando en un medio de impugnación de resoluciones o actuaciones producidas dentro de un procedimiento contemplado en la ley.

CUARTO: Que, el recurrente sostiene en el libelo de fojas 8 con timbre de cargo de 23 de abril de 2.014, que el 9 de enero de 2.014 el Servicio de Tesorería notificó a la Empresa Forestal Los Pinares de Truquilemu, que debía retener créditos suyos devengados o por devengar hasta por un monto de $33.041.018, resolución en contra de la cual el 19 de enero interpuso recurso de reposición, el que fue resuelto el día 20 de marzo, de lo cual se infiere que el recurso se dedujo más allá de los 30 días que señala al efecto el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, por lo que resulta extemporáneo.

QUINTO: Que, no obstante lo señalado se emitirá pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

SEXTO: Que, de lo expresado por los comparecientes y de las pruebas allegadas se infiere que el recurrente en el expediente Administrativo de Cobranza Tributaria Rol 10.937-2.013 Talca, dedujo recurso de reposición en contra de la resolución del juez sustanciador que embargó sus créditos en contra de la Sociedad Forestal Los Pinares de Truquilemu, sin respetar a su entender, el límite de inembargabilidad de 5 Unidades Tributarias Mensuales, por considerarlo un crédito de naturaleza civil y no remuneracional.

SÉPTIMO: Que, atendido lo relacionado, resulta indubitable que el hecho cuestionado por el recurrente, es la interpretación legítimamente diversa que él y la recurrida le dan a los artículos 170 del Código Tributario y 41 del Código del Trabajo cuestión que no procede calificarla de arbitraria o ilegal, que hubiere privado, perturbado o amenazado a la persona quien acciona, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, y que faculte a esta Corte para arbitrar alguna de las medidas sugeridas en el recurso.

OCTAVO: Que, por las razones dadas, la acción cautelar de derechos constitucionales intentada, debe ser desestimada al no haberse comprobado su fundamento.

Por las anteriores consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza con costas el interpuesto a fojas 8 por don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional del Maule representada por don nombre reservado.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°. 603-2.014 Civil.

PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA, MINISTRO DON HERNAN GONZALEZ GARCÍA, FISCAL JUDICIAL DON nombre reservado DON ABEL BRAVO BRAVO, QUIEN NO FIRMA, NO OBSTANTE HABER CONCURRIDO A LA VISTA Y AL ACUERDO, POR ENCONTRARSE AUSENTE.

nombre reservado

SECRETARIO TALCA, OCHO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, NOTIFIQUE POR EL ESTADO DIARIO DE HOY LA SENTENCIA QUE ANTECEDE