Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Talca Talca, tres de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece el abogado Adonis Astorga Cárdenas, quien deduce Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en favor de nombre reservado, documento extranjero N°NUM000, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por nombre reservado

Thayer Correa.

Indica que la recurrente llegó a Chile realizando la ruta que expone pasando por Perú y Bolivia, con el objetivo de arribar a Pisagua, pisando finalmente suelo chileno el 15 de septiembre de 2024, por paso no habilitado.

Menciona que el 16 de septiembre llega a la ciudad de Iquique donde permanece unos días, luego el 19 de septiembre viaja desde Iquique a Santiago y luego hacia Talca.

Expone que la recurrente salió de su país de origen tras vivir cosas terribles en Venezuela, indica que ella sufrió un accidente que casi le costó la vida tras caer en una suerte de arena movediza que le llaman Yuma y que se forma por los residuos sólidos que dejan las empresas mineras que recogen el oro en la zona de en el Estado de Bolívar , municipio de Sifontes y que al extraerla del agujero donde cayó, en la desesperación de que la arena literalmente se la tragara, completamente, los trabajadores la levantaron y tiraron hasta poder rescatarla, pero eso la hizo sufrir diversas fracturas, que tras trece operaciones, le permitieron trabajar nuevamente, pero sólo para efectuar tareas menores.

Agrega que, en esas condiciones, no podía seguir ganándose la vida dignamente, ni tampoco existe un sistema de protección social que le otorgara algún tipo de indemnización, puesto que las personas que manejan la actividad minera lo hacen asociados a verdaderas mafias que resuelven al margen de la institucionalidad estatal cualquier problema que se presente. De esta forma, prácticamente toda la vida de las personas que viven en el sector está sometida a las reglas de estos señores del oro.

Refiere que, en ese contexto, algunos compatriotas de doña nombre reservado, inspirados por la invitación que efectuara el presidente de la República de Chile de aquel momento, le indicaron que en Chile se estaban recibiendo venezolanos.

Agrega que ello la llevó a intentar ahorrar todo lo que tenía, vender su único inmueble y los bienes con los que contaba, y salir de su país en busca de un futuro mínimamente digno, al país donde previamente habían ya llegado sus hijos.

Indica que, para poder ingresar a Chile, existe un procedimiento, que si bien es ilegal, está estandarizado, en que un sujeto conduce a un grupo de personas, en el horario en que deja de funcionar el control migratorio, les conduce hasta la frontera y les indica el camino que deben recorrer. A un par de cientos de metros, ya estarán en Chile. Cuando son fiscalizados por la Policía, no son expulsados, sino que se les siguiere “autodenunciarse” y de allí, siguen el curso a su destino final al interior del país. Luego, en su domicilio final, deben periódicamente ir a la Policía de Investigaciones a verificar si hay alguna notificación para ellos.

Sostiene que, en el caso concreto de doña nombre reservado, así aconteció, el día 3 de abril de 2025, se le notificó su expulsión, según se había dispuesto por Resolución Exenta N° NUM001 de 5 de marzo de 2025 emanada por el recurrido Servicio Nacional de Migraciones.

Menciona que, en Chile, ha trabajado en diversas labores menores, efectuado trabajos de costuras y venta de alimentos artesanales.

Argumenta que recurre en contra del Servicio en atención a que ha ejecutado la política migratoria en forma arbitraria, al no considerar que una persona con discapacidad, que deberá volver a su país de origen, peligrará en su integridad física y psíquica, más ahora que ya no posee los pocos bienes que le permitían malamente subsistir, haciendo referencia al respeto a su situación de discapacidad.

Respecto de los fundamentos de derecho, indica el artículo 20de la Constitución Política de la República y señala como afectados los derechos garantizados en el artículo 19 N°1, en cuanto se amenaza la integridad física y psíquica de la persona a favor de quien se recurre, toda vez que volver al pueblo de donde debió salir, es altamente peligroso para ella. Pero, además, los recurridos con sus actos y omisiones arbitrarios o ilegales han vulnerado la salud psíquica, toda vez que el pánico de la expulsión y el retorno al lugar del cual con tanto esfuerzo debió salir, le provoca una angustia terrible. Alega la Arbitrariedad, por cuanto los hechos descritos, son arbitrarios toda vez, que aún los legales han sido efectuados en un contexto de incertidumbre creada por el propio Estado chileno, que se ha comportado de manera vacilante, aparentemente invitando a los extranjeros a avecindarse en este país en el que “pisa su territorio” queda libre de toda esclavitud u otra condición jurídica similar.

Y, sin duda alguna, han implicado perturbación de la integridad psíquica de doña nombre reservado y peligro para su integridad física y psíquica.

En cuanto al derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 Nº 24, refiere que se ha visto en la necesidad de deshacerse de todos sus bienes de valor para venir a un país que esperaba razonablemente que le recibiera “como tratan en Chile, al amigo cuando es extranjero”, como dice incluso una antigua canción.

En relación a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establecida en el artículo 19 N°3 inciso 5, señala que nadie disiente en cuanto el órgano especializado tiene facultades para decretar expulsiones, lo que se reclama, es que ello debe ajustarse a la racionalidad, a que la expulsión, no implicará para la persona que es sujeto de la medida, otras consecuencias negativas que ella.

Por lo que, previas citas legales, solicita se ordene que se reestablezca el imperio del derecho, ordenando no se dé lugar a la expulsión de doña nombre reservado, mientras no existan garantías suficientes para asegurar su integridad física y psíquicas, con costas.

Adjunta a su recurso, resolución N° NUM001 del Servicio Nacional de Migraciones de 25 de marzo de 2015; acta de notificación de Resolución N° NUM001 del Servicio Nacional de Migraciones de 25 de marzo de 2015; informe inicio de proceso de expulsión; documento Policía de Investigaciones identificatorio; set de imágenes lesiones producto del accidente laboral no indemnizado; informe médico; solicitud incorporación a AFP; y, solicitud de individualización persona extranjera.

SEGUNDO: Que, a folio 6, Mercedes de la Luz Leigh Arbizu, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacuando el informe opone como excepción la existencia un recurso y un procedimiento especial para la adecuada tramitación de expulsiones dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, dispuesto en el artículo 141 de la Ley 21.325, el cual no fue interpuesto dentro de los plazos establecidos por ley. Por lo anterior, la Resolución Exenta impugnada por la recurrente no es de aquellas que puedan reclamarse a través de esta vía.

Argumenta que la extranjera incoa el presente recurso de protección, mediante el cual intenta impugnar la Resolución Exenta N° NUM001, de 5 de marzo de 2025, que la expulsa. Dicha Res. Ex., fue notificada por agentes policiales el 3 de abril de 2025, fue dictada y notificada bajo la vigencia de la Ley 21.325, en consecuencia, es pertinente el recurso de reclamación especial de expulsión establecido en el artículo 141 de la Ley 21.325.

Alega que, conforme a lo anterior, el recurso de amparo no es la vía para una eventual reclamación judicial como la invocada por la contraria, sin haber ejercido de forma oportuna el mecanismo procesal correspondiente a su situación fáctica.

En subsidio, evacua el informe requerido en la presente acción constitucional, solicitando su rechazo, en todas sus partes, puesto que esta parte entiende que la Resolución de Expulsión impugnada ha sido dictado por la autoridad competente, con estricto apego a las normas vigentes en materia migratoria y con suficientes fundamentos.

Indica que, mediante Informe Policial N°NUM002 de 8 de octubre de 2024 correspondiente a la Policía de Investigaciones de Iquique, se comunicó que la extranjera de nacionalidad venezolana, doña nombre reservado, registra un ingreso al país de forma irregular, eludiendo el control migratorio. Luego, refiere que de conformidad a lo establecido en el artículo 132 y 132 bis de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, mediante Acta de Notificación N°NUM003, de 15 de septiembre de 2024, de Policía de Investigaciones de Chile, dependencia de Iquique, fue notificada personalmente y se le informó a la extranjera del inicio de procedimiento sancionatorio seguido en su contra por infringir la legislación migratoria vigente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación, para realizar sus descargos en relación a la causal de expulsión invocada y acompañar todos los antecedentes que estimare relevantes para resolver su situación migratoria.

Que, la extranjera, no remitió a esta Autoridad los antecedentes solicitados, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°21.325 de migración y extranjería.

Que, ponderado lo expuesto, el Servicio Nacional de Migraciones estimó que no es posible aceptar la permanencia de la extranjera en el país. Siendo facultad del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones disponer la medida de expulsión de extranjeros infractores que se encuentren en las causales de expulsión.

En consecuencia, mediante Resolución Exenta – Sanción N° NUM001 de 5 de marzo de 2025, se dictaminó la expulsión de la extranjera del país. Medida que fue notificada el 3 de abril de 2025.

Argumenta que la resolución impugnada se encuentra ajustada al estándar de juridicidad administrativo y migratorio. en cuanto a la autoridad competente y sus atribuciones legales para dictar el acto administrativo.

Además, los fundamentos de la Resolución Impugnada se encuentran debidamente expresados en sus Considerandos 1° a 4°, siendo aquellos ajustados a las normas y principios de la legislación en materia migratoria actualmente vigente, como también a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y demás principios de derecho administrativo aplicables al caso de autos.

Señala que la resolución impugnada fue dictada de conformidad al derecho positivo vigente, por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, a saber, por el director nacional Servicio Nacional de Migraciones.

En primer lugar, la autoridad del director nacional proviene de la facultad conferida de manera expresa en la ley, específicamente en virtud de los artículos 157 N° 7 y 132 inciso 1° de la Ley de Migraciones, norma se encuentra reiterada en el artículo 140 del Reglamento.

Luego, explica la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio respectivo, verificándose entonces una causal de expulsión establecida en la legislación especial que rige la materia, esta autoridad migratoria procedió a cumplir con las formalidades y trámites establecidos en la ley y su Reglamento, a fin de sustanciar el respectivo procedimiento administrativo sancionador.

En el caso de autos, el acto administrativo que dio inicio del procedimiento fue personalmente a la recurrente por Policía de Investigaciones de Chile, el 15 de septiembre de 2024.

En dicha oportunidad, se informó a la recurrente que la autoridad migratoria había iniciado un procedimiento sancionatorio en su contra, la causa legal invocada y los derechos que le asistían, otorgándole un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación personal de dicho oficio, para que realizara los descargos pertinentes.

Que, informada sobre el plazo para remitir los descargos en cuestión y entregada una lista ejemplar de documentos que podría aportar el extranjero a la autoridad migratoria, la extranjera, no presentó descargos.

Que, con el antecedente de la causal que fundó el inicio del procedimiento sancionatorio, y ponderando los documentos con los que contaba el Servicio Nacional de Migraciones, esta autoridad procedió a dictar el respectivo acto administrativo final, guardando todas las formalidades exigidas por la ley, para luego ser notificada personalmente a la recurrente por agentes policiales.

En cuanto a la motivación del acto administrativo: las causales legales que fundamentan la medida de expulsión y la aplicación de una prohibición de ingreso al país.

Indica que la Ley de Migración contempla la aplicación de la medida de expulsión para ciertos casos calificados, establecidos en sus artículos 127 y 128.

El artículo 127 de la Ley de Migración, establece como una causal de expulsión el hecho de que un extranjero que carece de permiso que lo habilite para residir en el país, ingrese a Chile no obstante configurarse una de las causales del artículo 32, con excepción N°2: “Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que se regirán por dicha norma, las siguientes: 1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el Nº 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.” “Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que: (…) 3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores.”

Finalmente, la aplicación de una medida de expulsión respecto de un extranjero faculta al Servicio Nacional de Migraciones para aplicar respecto de aquel una medida de prohibición de ingreso al país. Dicha facultad se encuentra prevista en el artículo 136 de la Ley de Migraciones, norma que regula el plazo de esta prohibición, según la hipótesis que se verifiquen en el caso concreto.

En consecuencia, se estableció en la resolución impugnada una prohibición de ingreso por el período de 5 años, a contar del momento en que el recurrente abandone el territorio nacional.

Alega que la resolución impugnada es un acto administrativo fundado, proporcional y razonable, al momento de determinar la aplicación de una medida de expulsión por expreso mandato del legislador se evalúan una serie de “consideraciones previas”, establecidas en el artículo 129 de la Ley de Migración, para que los motivos invocados tengan correspondencia con la salida forzada del territorio nacional del extranjero expulsado, cumpliendo así con los estándares mínimos de proporcionalidad y razonabilidad exigidos por nuestro ordenamiento jurídico a los actos de la Administración del Estado.

Las consideraciones previas que enumera y analiza y señala que, en el caso de autos, la autoridad administrativa solicitó a la recurrente, con el inicio de procedimiento sancionatorio, que realizara sus respectivos descargos, con el objeto de tener la mayor cantidad posible de antecedentes para ponderar la decisión de aplicar una eventual medida de expulsión, como también para actualizar los registros que ya manejaba, como se explicó en esta presentación. Teniendo a la vista los documentos aportados, la autoridad realizó las conclusiones que se indican en la resolución impugnada.

Todas aquellas circunstancias fueron contrastadas con la conducta desplegada por la parte recurrente, el daño causado y sus particulares efectos en el fenómeno migratorio. Con todo, las consideraciones mencionadas no pudieron desvirtuar la aplicación de la causal de expulsión.

Es por lo anterior que, a juicio de la autoridad administrativa, la afectación a los bienes jurídicos protegidos en este caso, fueron conculcados con tal gravedad que la medida que corresponde aplicar no es otra que la expulsión del país, ajustándose así a un estándar de proporcionalidad respecto de la conducta desplegada por la parte recurrente, y en consideración a las perniciosas consecuencias sociales que éste genera, tanto a las víctimas como al fenómeno migratorio en su integridad.

El derecho a migrar y residir en el territorio que tiene todo extranjero que decide realizar su proyecto de vida en Chile viene siempre acompañado de un deber de respetar el ordenamiento jurídico interno.

Así, un incumplimiento grave de las leyes y una lesión grave a los intereses nacionales corresponde a un incumplimiento de igual magnitud a este deber correlativo.

La medida de expulsión no es sino la consecuencia a la grave infracción a este deber de respeto a las leyes e intereses nacionales, al cual todo extranjero se compromete a mantener como condición a su derecho a residir al país, tal como lo establece el artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la República.

En cuanto al posible arraigo en Chile de la recurrente, refiere que la amparada no acreditó ni en la etapa administrativa correspondiente ni en la presente acción constitucional ningún vínculo familiar a considerar dentro de los lazos establecidos en el artículo 129 de la Ley 21.325.

Por último, no registra en esta Dirección Regional ninguna solicitud de refugio, ni cita para la realización de dicho trámite.

Respecto al ámbito laboral, hace presente que los extranjeros no se encuentran autorizados por nuestro ordenamiento jurídico para realizar actividades remuneradas lícitas desde la dictación de la Resolución de expulsión o desde que consta su irregularidad, tanto por las normas del Decreto Ley N° 1.094 y de la Ley N° 21.325, específicamente por no tener un permiso de residencia vigente o una autorización especial de trabajo emitida por la autoridad competente.

En cuanto a la supuesta vulneración de los derechos cautelados mediante el recurso de amparo, argumenta que el artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas “el derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la Ley y salvo siempre perjuicio de terceros.”

Esta norma es refrendada por el Decreto N° 873 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada "Pacto de San José de Costa Rica", la que dispone en su artículo 22: "6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley." Asimismo, el acto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Protección a los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias, que establece la posibilidad de expulsar a un extranjero, siempre que la decisión sea dispuesta por la autoridad competente y en un caso establecido por la Ley, como el de autos. Por tanto, la decisión de la autoridad ha sido dictada por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, y fundada en causal expresa de la legislación migratoria vigente.

Que, de igual modo, por las consideraciones anteriormente indicadas se hace presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas.

Por lo que finaliza, haciendo presente que no se configuran los presupuestos constitucionales para la interposición del recurso de autos, toda vez que en la especie no ha existido vulneración de los derechos reconocidos y amparados en el Capítulo III de la Constitución Política de la República, como de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Adjunta a su recurso, mandato judicial, de 12 de enero de 2024; acta de notificación inicio de proceso sancionatorio de expulsión de 15 de septiembre 2024 y Res. Ex. N°NUM001 y su notificación, que decreta la expulsión de la recurrente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que en lo concerniente a la excepción de previo y especial pronunciamiento alegada por la recurrida, ella debe desestimarse, en atención que el reclamo contemplado en el artículo 141 de la Ley Nº21.325, no excluye la posibilidad de accionar de protección, en el evento que se den los presupuestos legales para ello.

QUINTO: Que los antecedentes demuestran que el órgano administrativo actuó dentro de la esfera de sus atribuciones en base a los elementos de convicción allegados en su sede, al disponer la expulsión de la recurrente, pues no se adjuntaron antecedentes, ni ante esta Corte de Apelaciones, que permitan considerar la concurrencia de las hipótesis que contempla el artículo 129 de la Ley 21.325; además, la interesada ingresó al país por un paso no habilitado, lo que refuerza que el Servicio actuó conforme a la ley, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario que corresponda ser corregido mediante esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en Auto Acordado de la Excma. Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de previo y especial pronunciamiento planteada en lo principal de la presentación de folio 6.

II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Adonis Astorga Cárdenas, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto dictó la resolución que dispuso la expulsión de la recurrente. Álcese la orden de no innovar decretada en autos.

Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-530-2025.