nombre reservado con CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA A.G. Y SCX BOLSA DE CLIMA DE SANTIAGO S.A.

Talca, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

nombre reservado, Ingeniero Naval, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Directorio de las compañías, CENTRO HELIOS CHILE SPA., RUT: RUT reservado, y ALLIANZ ZERO EMISSIONS S.A., RUT: RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA AG (CORMA), RUT: RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; Representada por su Gerenta General, señora nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado y, en contra de la sociedad autodenominada “BOLSA DEL CLIMA DE SANTIAGO S.A.”, RUT: RUT reservado, representada por su Presidente don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado , ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar que incurrió en actos ilegales y arbitrarios al utilizar avisos publicitarios de ambas empresas recurrentes catalogándolas como ejemplo de fraude en el seminario transmitido mediante webinar denominado “Bonos de Carbono Forestales”, el 28 de abril de 2022, lo cual habría significado una vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, específicamente las consagradas en los artículos 19 N° 4, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República. Concluyó solicitando que se acoja el presente recurso, declarando que los dichos vertidos por la recurrida son abiertamente injuriosos, y ordenar a que este video sea bajado de todas las plataformas electrónicas a donde fue subido, sin perjuicio de las demás derechos civiles y penales, que le asisten, con costas.

Por resolución de 5 y 13 de mayo de 2022 respectivamente, se acogió a tramitación el recurso y se pidió informe a las recurrida CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA AG., quien lo evacuó el 19 de mayo de 2022 y, a la recurrida CSX BOLSA DEL CLIMA DE SANTIAGO S.A., quien lo evacuó el 22 de mayo de 2022, solicitando los recurridos el rechazo del recurso, por los fundamentos de hecho y derecho que expusieron.

Por resolución de 25 de julio pasado se dispuso a traer los autos en relación, procediendo a la vista del recurso el 15 de septiembre de 2022.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como fundamentos del libelo, se expuso por el recurrente que el 28 de abril del presente año la recurrida CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA AG. dictó un seminario transmitido en línea a través de webinar denominado “Bonos de Carbono Forestales”, conducido por nombre reservado y el único expositor señor nombre reservado, quienes utilizan los anuncios publicitarios realizados en el Diario el Mercurio, el pasado mes de noviembre y diciembre del 2021, en los cuales se resalta y se visualiza las razones sociales de las empresas ALLIANZ ZERO EMISIONS S.A. y CENTRO HELIOS CHILE SPA.

En ese sentido indica que, a partir del minuto 35 de transmisión, el señor nombre reservado, utiliza el aviso publicitario para catalogarlo de ejemplo de Fraude. Agrega que, ello fue en forma maliciosa, y con pleno conocimiento de que sus dichos constituyen lo que en doctrina se denomina Injuria Difamatoria, en contra de las razones sociales de sus representadas.

Añade que, dicha conducta está sancionada en el artículo 416 del Código Penal, acción dolosa que se mantiene durante los 30 minutos finales de dicho seminario, acciones que oportunamente deducirán.

Expresa que, la sociedad autodenominada CSX BOLSA DEL CLIMA DE SANTIAGO S.A. ha sido cómplice en los dichos en que se cataloga a las empresas mencionadas como “ejemplo de fraudes”.

Postula que, llama la atención, por una parte, que una asociación gremial, como lo es la CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA AG, denueste e injurie a una sociedad que válida y legalmente opera en Chile; por otra, no logran entender el desparpajo del señor nombre reservado, para proferir tamaña infamia.

Respecto de la acción recurrida y derecho constitucional vulnerado, manifiesta que la garantía y derecho constitucional que resulta afectado lo son por el acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida verter los dichos “ejemplo de fraude” en el seminario de la Corporación Nacional de la Madera, conculcando así las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N° 4, 16, 21 y 24 protegidos por el artículo 20, todos de la Constitución Política de la República y que reproduce.

Concluye solicitando, que se acoja el recurso, declarando que los dichos vertidos por la recurrida son abiertamente injuriosos, y ordenar a que este video sea bajado y dado de baja de todas las plataformas electrónicas a donde fue subido, sin perjuicio de las demás derechos civiles y penales, que le asisten, con costas.

Acompaña al recurso: 1. Copia íntegra de nuestros avisos publicitarios, publicado en el diario el mercurio durante los meses de noviembre y diciembre del año 2021. 2.- Copia del video en donde se vierten los dichos injuriosos y se utilizan nuestras razones sociales como ejemplos de fraudes, se puede acceder a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=3gkptMaj0hs&t=11s. 3.- Copia del perfil de LinkedIn de la Gerente General de la recurrida, en donde promociona estas injurias.

A folio 7, acompaña impresión de página web del servicio de impuestos internos, en donde constan las actividades económicas de la recurrida BOLSA DEL CLIMA DE SANTIAGO, destacando que entres estas no está la de bolsa de comercio.

SEGUNDO: Que, el 19 de mayo de 2022, el abogado don Francisco Galaz García, en representación de la recurrida CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA A.G. (en adelante CORMA), evacuó el informe, solicitando el rechazo de la acción de protección.

El recurrido expone como declaraciones previas, que CORMA es una asociación gremial fundada en 1952, que reúne a más de 150 empresas y otras organizaciones del ámbito forestal y maderero, destinada a la promoción del desarrollo social, económico y ambiental de la actividad forestal en Chile. Agrega que promueve de forma activa y permanente prácticas sustentables en la industria forestal y de la madera; la educación continua y certificación de competencias de sus colaboradores; así como la transferencia de conocimientos y tecnologías a pequeñas y medianas empresas.

Añade que, con tales objetivos, CORMA organiza y desarrolla periódicamente ferias y seminarios, tanto presenciales como digitales, en los que, en total, recibe a más de 40.000 visitantes. En ellos actúa como promotor y organizador para que las empresas del rubro y los expositores especializados puedan interactuar y difundir sus conocimientos técnicos, todo ello en con externalidades positivas para el medioambiente, la industria maderera y la sociedad en general.

Respecto a los hechos, indica que el recurso se funda en la celebración un seminario transmitido en línea o “webinar”, denominado “Bonos de Carbonos Forestales”, organizado por la recurrida CORMA, en contexto del cual el expositor invitado, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Gerente General de SCX Bolsa de Clima de Santiago, ingeniero civil industrial, experto en medio ambiente y recursos naturales (“nombre reservado”), habría proferido dichos constitutivos de injurias difamatorias contra los recurrentes, al exponer los avisos publicitarios de sus actividades, dispuestos en el periódico de circulación nacional El Mercurio, para afirmar que tales conductas serían ejemplo de un fraude.

Expresa que, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca carece de competencia para conocer del recurso, atendido a que el expositor invitado, don nombre reservado, tiene su domicilio laboral en las dependencias de la empresa SCX, Bolsa de Clima de Santiago, de la cual es gerente general, la que se ubica en domicilio reservado. Agrega que, el webinar fue organizado y moderado por don nombre reservado, Gerente Regional de la Sede Regional de CORMA para la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cuyo domicilio laboral, corresponde a la Sede Regional de CORMA para la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, emplazado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, lugar ubicado, por supuesto, fuera del territorio jurisdiccional de S.S.I., por tanto, ningún acontecimiento denunciado se desarrolló dentro de la Región del Maule.

En subsidio de la alegación de incompetencia territorial, alega que la recurrida carece de legitimidad como sujeto pasivo de la acción constitucional intentada, atendido a que el expositor don nombre reservado no representa judicial ni extrajudicialmente a CORMA, así como tampoco existe un vínculo laboral, comercial o contractual de otra especie entre las partes, siendo solo un expositor invitado al webinar en virtud de su especial calidad como experto en el tema de emisiones de carbono.

Indica que, don nombre reservado, ya individualizado, es Gerente General de SCX, Bolsa de Clima de Santiago, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Master of Science en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Londres, con amplia experiencia en cargos gerenciales en empresas forestales y eco negocios.

Expresa que, habiéndose establecido que la real vinculación entre el expositor nombre reservado y el organizador del webinar, CORMA, es preciso señalar que los webinars son eventos, presentaciones de video, talleres seminarios, sesiones de entrenamiento o charlas impartidas en un aula virtual, realizadas en línea y que se imparten por medio de un software para conferencias digitales, por lo tanto, es la versión digital de un seminario, reunión o discusión temática tradicional o presencial, sea que haya sido organizado por una universidad, un centro de conocimiento o una organización de cualquier tipo.

El organizador, en tal sentido, debe detectar un potencial grupo de expositores versados en la temática a discutir y en caso de que alguno sea externo a la institución respectiva, como es el caso del recurrido, cursar las invitaciones que sean necesarias para su asistencia. Destaca que, habiéndose escogido los expositores competentes y éstos aceptado la invitación, en ningún caso el organizador redacta, estructura o define el contenido sustancial del expositor respectivo, pues, de lo contrario, la invitación no tendría sentido alguno.

Así las cosas, expone que un webinar es del todo asimilable a la de una cátedra universitaria o un seminario académico, para cuyo desarrollo, la institución superior define una temática general y ofrece a las personas idóneas la posibilidad de exponer a los estudiantes la materia que, solo en términos generales, está contenida en el curricular estudiantil, siendo siempre, en última instancia, el catedrático quien definirá el contenido particular de su exposición, amparado por la libertad de cátedra como una variante del ejercicio de la libertad de expresión.

Menciona que, de la misma forma, la posición jurídica del organizador de webinar es del todo analogable a la función de los motores de búsqueda digitales, como Google, Yahoo! u otros similares, atendido a que los motores de búsqueda no crean contenidos, sino que únicamente ofrecen un índice de información que distribuyen a terceros interesados, como una forma de organizar o mediar entre quienes expresan su contenido y quienes desean consumirlo.

Al respecto indica que, un organizador de webinar es un distribuidor neutral, destinado a exhibir información o contenido creado por terceros expositores que emiten su opinión personal y técnica dentro del personal ejercicio de su libertad de opinión, tal como lo haría Google, por ejemplo. En ese sentido, cita jurisprudencia uniforme de las Cortes de Apelaciones, que establecen que el sujeto pasivo de la acción constitucional debe ser la persona que realizó personalmente el acto arbitrario o ilegal, no en cambio el simple intermediario (Rol Protección-45790-2014 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago), así como el Rol 88729-2016 sobre recurso de protección de la Excelentísima Corte Suprema.

En subsidio, señala que el derecho a la libertad de expresión sin censura previa prima por sobre el derecho a la honra, pues existe en este caso un interés público comprometido, atendido a que lo denunciado por el expositor, don nombre reservado, es de relevancia pública, pues se trata de un asunto que afecta no solo a un gran número de personas, sino que tiene además consecuencias directas en el medioambiente, en la regulación administrativa para el incentivo de su promoción y cuidado a través de emisiones de huellas de carbono, en el patrimonio público del ente regulador y en el patrimonio privado de potenciales interesados en los servicios ofrecidos por las recurrentes que pudieran verse afectados por conductas legalmente reprobables. Agrega que, los recurrentes son figuras que han alcanzado voluntariamente notoriedad pública, sea porque se han involucrado directamente en un ámbito de especial interés público, como lo es la regulación del cambio climático, debe concluirse que se trata de figuras públicas para todos los efectos, por lo que, tal como señala la Corte Europea de Derechos Humanos, al situarse libre y voluntariamente como persona de relevancia pública se exponen, inevitable y deliberadamente a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por una multitud de ciudadanos. Así las cosas, el derecho a la honra cede ante la libertad de expresión del emisor y ante el derecho a la libertad de información de terceros interesados.

Agrega que, las afirmaciones del expositor se enmarcaron, precisamente, dentro del contexto de una charla técnica especializada sobre la materia específica en la cual se desenvuelve el giro de los recurrentes. Por consiguiente, la información expuesta por don nombre reservado, con presunción de buena fe, si bien es controvertible, es al menos verosímil a la luz de la razonabilidad de sus dichos amparados por sus conocimientos técnicos y su experiencia reconocida en la materia objeto del seminario especializado por él desarrollado.

En subsidio, alega que no se ha invocado fundadamente ni menos acreditado, afectación o amenaza alguna de los restantes derechos invocados por los recurrentes, v.g.r., libertad de trabajo, libertad para desarrollar una actividad económica y derecho de propiedad. Al respecto, indica que los recurrentes se limitan simplemente a enunciar derechos fundamentales y a citar los preceptos aludidos, sin expresar razonamiento alguno que permita comprender cómo es que se pudieron haber visto vulnerados por los dichos del expositor nombre reservado. Añade que, el único derecho aludido que someramente requería un análisis especial en estos autos era el derecho al honor, el que, como vimos, debe ceder ante la libertad de expresión por los motivos latamente expuestos en los párrafos precedentes.

Por lo tanto, solicita tener por evacuado el informe requerido y en mérito de lo expuesto, se rechace con costas la acción de protección de autos.

Acompaña a su informe copia de la cadena de correos electrónicos emitidos entre el 11 y el 21 de abril de 2022, asunto “Webinar Bonos de Carbono”.

Además, en el segundo otrosí del informe, hace presente que, sin reconocer ilícito alguno que sea imputable a esta parte, CORMA ha bajado de todas sus plataformas electrónicas la grabación del seminario web en cuestión. Ello, de forma temporal y con el solo objeto de esperar a lo que S.S.I., resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la acción constitucional de protección de autos.

TERCERO: Que, el 21 de mayo de 2022, el recurrente objeta por falta de integridad y falsedad, de conformidad al artículo 207 del Código Penal, el informe evacuado por la recurrida CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA A.G., indicando que llama profundamente la atención que una institución como ella actúe menos diligente que “un centro de madres” y acepte promover y dictar bajo su responsabilidad legal, un seminario donde se les califica de ejemplo de fraude, promoviendo calumnias en su contra.

Respecto de la competencia de la Iltma. Corte de Apelaciones señala que según el artículo 1 del auto acordado, de la Excma. La Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, será aquella Corte con jurisdicción en donde se cometió el acto arbitrario e ilegal, o bien donde surte sus efectos, aduciendo que, su parte recurrente y representante de la firma difamadas, registran domicilio en esta ciudad, por lo que esta Iltma. Corte de Apelaciones es competente para conocer y fallar la presente acción de cautela.

Alega que la recurrida intenta esconderse “bajo las faldas” de la autodenominada “bolsa del clima de Santiago”, y de su Gerente nombre reservado, deslizando que la responsabilidad por los dichos injuriosos difamatorios, vertidos en nuestra contra, fueron hecho por nombre reservado, actuando como representante legal de la Bolsa del Clima de Santiago.

Lo anterior, indica que resulta un intento pueril de la recurrida en autos, por deslindar su responsabilidad, puesto que: a) El seminario lo dictó y difundió CORMA, recurrida en estos autos; b) Incluso, nombre reservado, Gerente General de la recurrida promocionó en su perfil privado, la asistencia a dicho seminario; c) No resulta creíble, que CORMA, si es verdad como lo señala su abogado, sería una asociación gremial con más de 60 años de historia, pues debió haber revisado todo el material de dichos seminario, más aún si quien promociona su asistencia fue justamente la recurrida, y no nombre reservado o la bolsa del clima de Santiago.

Por lo que alega que la recurrida, sí es responsable, ya que fue ella quien prestó y facilitó los medios para que se produjera la figura penal de la injuria difamatoria.

Es más, señala que su parte previendo que CORMA trataría de deslindar su responsabilidad, solicitó con fecha 7 de mayo de este año, que se ampliará la presente acción de cautela a la autodenominada “bolsa del clima de Santiago”.

Arguye también que la recurrida, intenta sostener que las declaraciones de nombre reservado, las hace amparado en su libertad de expresión, y que estas son vertidas en el seminario dictado por la recurrida, cuyo tema es de interés público, y que esta parte recurrente sería una figura pública, por haber lanzado una campaña publicitaria en un reconocido periódico de circulación nacional. Alegando que una campaña publicitaria, no convierte a una persona o empresa en figura pública, ni menos el tema de los bonos de carbono forestales, tampoco es un tema de interés público.

Agrega que tampoco existe un derecho a la libertad de expresión, que permita que esta libertad faculte o autorice a injuriar y difamar a otro, siendo este el límite que el legislador fijó a través de la dictación de ley 19.733, que pone límites a la libertad de expresión, incluso a periodistas, creando la figura penal de injurias y calumnias. Así, conceptualiza que la injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, mientras que la calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio (delitos que el Estado debe perseguir, aunque no exista querella), lo que es el caso de autos, toda vez que CORMA, recurrida en autos, los acusa de ser ejemplo de fraude Respecto a que la recurrida sostiene que “lo denunciado por nombre reservado, -se refiere al catalogarlos de ejemplo de fraude- en un hecho de relevancia pública”, alega que, bajo esta antojadiza tesis jurídica, toda calumnia sería de interés público. Señalando que el Ministerio Público es el único órgano en Chile, que puede llevar adelante investigaciones penales, teniendo la exclusividad de la investigación penal, por lo que si nombre reservado, cree que nuestras actividades son fraude, debió en tiempo y forma hacer una denuncia al Ministerio Público.

Sobre la calidad de experto del expositor del seminario dictado por CORMA, nombre reservado, del informe evacuado por la recurrida, señala que este sería Ingeniero Civil, no tiene estudio alguno en las ciencias forestales, menos experiencia en proyectos de captura de co2 forestal; más aún en el mismo seminario, ante una pregunta sobre si el realiza estudios de captura de co2 en bosques, este responde, que no y que de tener algún requerimiento de algún interesado en el seminario subcontrataría la consultoría con un experto forestal.

Refiere que esta acción excepcionalísima de cautela no tiene por objetivo ver las verdaderas capacidades que nombre reservado, tendría en el tema que expuso, pero es importante tener presente en estos autos, lo que el propio nombre reservado dice: “Subcontrataría La Consultoría Con Un Experto Forestal”.

Acompaña perfil profesional público de nombre reservado, en donde consta que no tiene estudios forestales, menos estudios de captura de co2 forestal.

Mediante resolución de fecha 27 de mayo de 2022, esta Corte resolvió “a sus antecedentes”.

CUARTO: Que, el 22 de julio de 2022, el abogado don Claudio A. Díaz Ponce, en representación de la recurrida CSX BOLSA DEL CLIMA DE SANTIAGO S.A., evacuó el informe, solicitando el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas.

El recurrido alega la improcedencia del recurso, señalando que el recurrente no indica cómo ni en qué consistiría la vulneración de los numerales del artículo 19 de la Constitución Política de la República que señala en su presentación, limitándose a su enunciación.

Expresa que, la opinión vertida por el señor nombre reservado, y que así fue señalado en el seminario expuesto, se limita a repetir respecto a Allianz Zero Emissions el juicio vertido por el sr. nombre reservado, ICROA Programme Director (ICROA es el acrónimo de International Carbon Reduction & Offset Alliance, organización con sede en Suiza), pero bajo ningún respecto se trata de opiniones personales y con ánimo difamatorio vertidas respecto del recurrente, cómo éste último intenta hacer creer.

En ese sentido, los dichos vertidos por el señor nombre reservado se remiten a un alcance técnico propio del asunto discutido y expuesto en el seminario de fecha 28 de abril del presente año, mas no es en absoluto una declaración difamatoria respecto del recurrente.

Por otro lado, las opiniones vertidas por nombre reservado las realiza en su calidad de especialista reconocido en temas de Sustentabilidad y Generación de bonos de carbono forestal, pero bajo ningún respecto las opciones fueron vertidas en su calidad de gerente general de SCX BOLSA DE CLIMA de Santiago S.A., como tampoco en representación de sus accionistas o directores.

Expresa que, acoger esta presentación significaría conculcar los derechos garantizados por el artículo 19 de la carta fundamental en su artículo 19, numerales 4, 16, 21 y 24, siendo estos dos últimos conculcados precisamente por el recurrente respecto de la persona de don nombre reservado, toda vez que en su ejercicio libre de su profesión y experto sobre el asunto de Bonos de Carbono, ha dictado una charla sobre un asunto de su cabal conocimiento, replicando opiniones fundamentadas sobre aspectos propios del tema central del ya tantas mencionado seminario.

Destaca que, la grabación correspondiente al seminario aludido, no se encuentra disponible en ninguna plataforma virtual.

Concluye que, no existe vulneración a garantía constitucional alguna, siendo necesario hacer presente, que el recurrente ha deducido un recurso de protección sin indicar como los dichos de nombre reservado vulneran sus garantías fundamentales, situación que no se encuadra, temporal, espacial ni de otra forma. Cuestión que hace, por cierto, insostenible – además – la, ilusa pretensión de lograr una sentencia favorable a sus pretensiones, que, de existir, deben canalizarse por la vía que el legislador ha señalado como la adecuada, cuestión que no ha sucedido y se abusa de una herramienta cautelar que tiene por finalidad resolver cuestiones urgentes.

Por lo tanto, solicita tener por evacuado el informe al tenor del recurso interpuesto, y en base a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en esta presentación, declarando inadmisible o, en su caso, negar lugar al mismo con expresa y ejemplar condena en costas.

Acompaña a su informe: 1. Presentación realizada por el señor nombre reservado en el seminario denominado “Bonos de Carbono Forestales” y 2. Antecedentes documentados de Allianz Zero Emissions.

QUINTO: Que, el 24 de julio de 2022, el recurrente objeta por falsedad, de conformidad al artículo 210 del Código Penal, el informe evacuado por el señor nombre reservado, en su calidad de representante legal, de la autodenominada “Bolsa del Clima de Santiago”, indicando que, asumiendo que los dichos del tercero ajeno que la recurrida menciona en su informe existan, en el derecho interno como en la mayoría de las legislaciones occidentales, la injuria difamatoria, caso de autos, se es autor de este ilícito, aun en el caso de que se repitan dichos difamatorios efectuados originalmente por un tercero, como alega el recurrido.

Indica el recurrente que, lo que se ha solicitado a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones ha sido la protección del honor, buen nombre, fama, prestigio y crédito de sus empresas representadas, lo que el señor nombre reservado no solo ha mancillado al catalogarlos de “ejemplo de sociedades fraudulentas”, lo que es simplemente una insolencia inaceptable en nuestro ordenamiento jurídico.

Expresa que, en Chile existe un organismo autónomo denominado Ministerio Público, en que si el señor nombre reservado, piensa que las actividades son fraudulentas, es ahí donde debió en tiempo y forma acudir y denunciar. Destaca que “PERO NUNCA INJURIARNOS Y DIFAMARNOS A LOS 4 VIENTOS, A TRAVÉS DE UN SEMINARIO QUE SE TRANSMITIÓ A TODO EL PLANETA A TRAVÉS DE youtube”.

Finalmente, menciona que se tergiversó la información real, que su publicidad afirma, poniendo las cifras de stock, como captura de especies año, lo que es imposible.

Por lo tanto, solicita tener por objeto el informe evacuado por la recurrida, por falsedad a la que se refiere el artículo 210 del Código Penal.

Acompaña sus avisos publicitarios.

Mediante resolución de fecha 25 de julio de 2022, esta Corte dejo para la objeción para resolver en la vista del recurso.

SEXTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SÉPTIMO: Que los recurridos, alegan la falta de competencia de esta Corte para conocer del recurso, atendiendo, como se ha dicho anteriormente que, ninguno de los hechos denunciados se habría desarrollado dentro de la Región del Maule. Sin embargo, debe tenerse presente los nuevos paradigmas que ofrece el mundo virtual, ya cualquier evento que se transmita por canales y RRSS, como lo es YouTube, debe entenderse que se desarrolla en todo el territorio nacional para, los efectos de determinar la competencia. Así es, irrelevante el lugar dónde estén ubicados algunos de sus participantes, pues muchos otros, se encontrarán en diversos lugares, lo que ratifica la universalidad del espacio de Internet.

OCTAVO: Que, por lo demás, en todo los estatutos jurídicos protectores se favorece al acceso a la justicia de los protegidos, así sucede con los consumidores y usuarios en el Derecho del consumo, o a los trabajadores en el Derecho del trabajo, regímenes en los que se les reconoce el derecho a demandar en los tribunales de su domicilio, al propósito de no hacer ilusorios sus derechos, añadiéndose dificultades prácticas a la ya mencionada situación de asimetría contractual en que se enfrentan las partes en caso de conflicto. La acción de protección es de carácter tutelar también, más aún de derechos fundamentales, por lo que al interpretar la competencia para conocer de estos asuntos. Dado que el recurrente así como su asesoría jurídica tienen su domicilio en Talca, y los efectos de la actividad se produjeron en, al menos, todo el territorio nacional, es indudable la competencia de esta Corte para conocer de la presente acción, más todavía, cuando el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, dispone en su artículo 1, que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente.

NOVENO: Que ha quedado establecido, pues no ha sido controvertido entre las partes, que el evento de divulgación fue organizado y publicitado por CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA AG, -CORMA, en donde el único expositor, quien es Gerente General de SCX Bolsa de Clima de Santiago, utilizó anuncios publicitarios realizados en el Diario el Mercurio en donde aparecían las razones sociales de las empresas ALLIANZ ZERO EMISIONS S.A. y CENTRO HELIOS CHILE SPA., para catalogarlo de ejemplo de fraude, cuestión que vulneraría las garantías fundamentales de la parte recurrente.

DÉCIMO: Que, para la adecuada resolución debe tenerse en cuenta lo que se ha llamado el valor social de la acción que provoca el daño, por lo que deben ponderarse los intereses jurídicos que se ven afectados por la acción que causa el daño, y por la otra, por el interés social en que la acción se desarrolle. Un buen ejemplo de aplicación de este criterio puede verse en el caso New York Times Co. v. Sullivan, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1964. En la sentencia, dicha Corte estableció que, atendido el valor constitutivo de la libertad de expresión, los medios de prensa sólo responden por los daños que causan a la honra de las personas, cuando actúan con completa desaprensión respecto de la verdad de lo informado (estándar de culpa grave). En otros términos, este fallo estimó que el valor social de la libertad de informar era de tal modo significativo, que su ejercicio no imponía responsabilidad sino en los casos de negligencia inex​cusable.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en relación con lo anterior, la doctrina de nuestro país ha señalado que, para determinar la vulneración del derecho a la honra o de la vida privada producto de una intromisión en base a la libertad de expresión o de información, primero, se debe distinguir si estamos en presencia de una opinión, es decir, la expresión de ideas o juicios de valor, que por no ser susceptibles de ser probadas científicamente o verificables empíricamente, no puede probarse su veracidad u objetividad, lo que permite que la libertad de opinión se ejerza de forma amplia, con el único límite de no utilizar expresiones vejatorias o insultos que son innecesarias para la expresión de ideas; o si estamos en presencia de la revelación de un acto, dato o hecho de relevancia pública, en donde la libertad de información prima sobre el derecho al honor, por el derecho que tiene la ciudadanía, en un sistema democrático, a conocer aquellos hechos y conductas que afecten la conducción de los asuntos públicos y la coherencia de los funcionarios públicos y las autoridades en sus conductas con los valores y principios que determina el ordenamiento jurídico (probidad y transparencia) como con aquellos valores y principios que han explicitado públicamente, lo que es indispensable en la formación de una opinión pública libre en un sistema democrático y en el control de la ciudadanía respecto de los servidores públicos. agregándose que la relevancia pública de la información “está dada por la importancia o trascendencia pública de los hechos en sí (ámbito económico, político, social, cultural, nacional o internacional) o en virtud de la persona que lo realiza, y la conveniencia o necesidad de su conocimiento por la sociedad, en sentido objetivo” (Nogueira Alcalá, Humberto (2004): “Pautas para superar las tensiones entre los derechos a la libertad de opinión e información y los derechos a la honra y la vida privada” en Revista de Derecho (Valdivia) (XVII), pp.139-160)

De esta forma, el mismo autor concluye “a)que no hay intromisión ilegítima en la honra u honor de la persona cuando se informa verazmente sobre asuntos de relevancia pública ya sea en virtud de la materia o por quienes participan en tales actos, contribuyendo a formar una opinión pública libre o al discernimiento crítico de los ciudadanos, o que afectan al bien común; b) que no hay intromisión ilegítima en la honra de la persona cuando se realizan críticas acerbas, sin que ellas contengan expresiones vejatorias o insultantes de acuerdo a los usos sociales; c) que no existe intromisión ilegítima en la vida privada de la persona o su familia, cuando se informa de actos o conductas que son de relevancia pública, afectan al bien común o dañan a terceros; d) que no hay intromisión ilegítima en el derecho a la imagen de la persona cuando se capte, reproduzcan o publiquen, por cualquier medio, cuando ellas sean captadas en lugares abiertos al público” (Nogueira Alcalá, Humberto (2004): “Pautas para superar las tensiones entre los derechos a la libertad de opinión e información y los derechos a la honra y la vida privada” en Revista de Derecho (Valdivia) (XVII), pp.139-160).

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en conformidad con lo anterior, esta Corte estima que del tenor de las imputaciones que se efectúan en las mentadas publicaciones no constituyen una intromisión ilegítima en las garantías que la parte recurrente invoca, ya que según se desprende de sus propios textos, su contenido es más bien informativo sin que exista un ánimo puramente difamatorio y exento de fundamento.

En efecto, no es posible sostener que el relato expuesto pueda ser considerado una afectación al derecho a la honra, al buen nombre, o de su imagen, pues se trata de la calificación de anuncios que se distribuyeron de forma pública por la recurrente, a través de un diario de circulación nacional, es decir, que fueron difundidos en un lugar público, de forma que las opiniones o expresiones vertidas por el referido expositor se encuentran amparada por la libertad de expresión y de información, sin que puedan limitarse esas declaraciones por el sólo derecho al buen nombre que le asiste al recurrente dado que no son, per se, ofensivas en su respecto.

DÉCIMO TERCERO: Que, por las consideraciones señaladas, y teniendo presente que esta acción se tramita mediante un procedimiento sumario, que no contiene etapa probatoria que permita recabar mayores antecedentes, estos sentenciadores no pueden tener por acreditado que haya existido una actuación ilegal y/o arbitraria por parte de los recurrido que haya vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, de forma que en estos autos no se reúnen los presupuestos necesarios para que el recurso pueda prosperar, razón por las alegaciones de la recurrente y la acción de autos será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Directorio de las compañías, CENTRO HELIOS CHILE SPA. y ALLIANZ ZERO EMISSIONS S.A., en contra de CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA AG (CORMA) y, en contra de la sociedad autodenominada “BOLSA DEL CLIMA DE SANTIAGO S.A.”.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Ruperto Pinochet Olave.

Rol N°4469-2022 Protección.

Se deja constancia que no firman el ex Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo y el Abogado Integrante don Ruperto Pinochet Olave, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, el primero por haber cesado en sus funciones y, el segundo, por encontrarse ausente.