Protección contra Inspección del Trabajo de San Javier

Talca, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece el abogado don Cristian Cabrera Díaz, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo de San Javier, representado por don nombre reservado, Jefe de Inspección Comunal, y en contra de este último, ambos domiciliados en dicha comuna, domicilio reservado; por estimar que haber mantenido la multa impuesta en el marco de una fiscalización, sin que haya sido emplazado válidamente, constituye un acto ilegal y arbitrario, lo que le causó indefensión y es vulneratorio de las garantías y derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República, y las leyes específicas en materia laboral. Conforme a lo anterior, solicitó adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y que se deje sin efecto la sanción interpuesta o que se permita que se le otorguen los beneficios que la ley contempla y se decrete que se elimine del sistema de morosidad a su representado, por el daño que produce, todo ello con costas.

Por resolución de 12 de septiembre de 2019, se acogió a tramitación el recurso y se pidió informe a los recurridos, el que fue evacuado solicitando que fuera rechazado, con costas.

El 14 de octubre de 2019, se dispuso traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el 12 de noviembre pasado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se expuso por el recurrente que con fecha 18 de julio del año 2018, en faena ya finalizada a cargo de don nombre reservado, en la ciudad de San Javier, la Inspección Provincial del Trabajo de dicha comuna, procedió a realizar una inspección sorpresa, en la que se solicitaron documentos específicos, los cuales no se encontraban en la faena en su totalidad, ante lo cual se señaló que dicha labor estaba en su etapa de término, a lo que se respondió que no había problema, pero que debían ser presentados al día siguiente en las dependencias físicas de la Inspección Provincial de San Javier. Lo que se cumplió a primera hora del día 19 de julio. Además, se le consultó en esa oportunidad al mismo fiscalizador que había citado, si serían objeto de alguna sanción, contestando que no.

Afirmó que revisaron la documentación y estaba todo en regla; y que la recurrida jamás dijo de alguna multa o posibilidad de ello, en relación a los hechos acaecidos y que se estaban investigando, ni por ese día ni del día anterior en que no tenían todo lo requerido por el órgano fiscalizador, en faena; por lo que abandonó la oficina provincial con la convicción de que todo estaba en regla, y que no habían sido sancionados; ya que se le dijo que todo estaba bien.

Manifestó que debido a temas de índole contable, solicitó el Formulario F30-1 de la Dirección del Trabajo, respecto de obligaciones laborales y previsionales; y éste arrojó una multa por $1.900.000 (un millón novecientos mil pesos) aproximadamente, impuesta por la Inspección del Trabajo oficina provincial de San Javier, fechada el 31 de julio del 2018, resolución multa Nª 1807/2018/41, en virtud de infracciones laborales detectadas en el marco de la fiscalización N° 0707/2018/159. Sin embargo, jamás recibió una notificación al respecto por lo que, inmediatamente, acudió a consultar a qué se debía tal multa, y su mandante se llevó la sorpresa de qué era porque se suponía, los habían notificado en una dirección que arrojó Equifax, ubicada en pasaje Córcega, Villa Galilea, N° 1890, Curicó, sin que jamás corroboraron si efectivamente era el domicilio de la empresa, muy por el contrario la dirección en ese momento informada y conocida para la empresa, era Los Artesanos S/N, comuna de Villa Alegre, lo que pudo ser acreditado con diversos documentos.

Por tales motivos, se alegó falta de emplazamiento, pues legalmente la empresa quedó en la total indefensión, no tuvo plazo de apelación ni oportunidad de presentar prórroga alguna, ni los beneficios que la ley otorga en ese tipo de situaciones; debido a que no tenían conocimiento de tal multa; y que el 28 de febrero del 2019, se presentó recurso extraordinario de revisión, señalando que la multa N° 1807/2018/41, nunca fue notificada, muy por el contrario, la carta certificada con dicha información fue entregada en un domicilio distinto al de la empresa, por tanto jamás tuvieron conocimiento de ella, debido a la falta de emplazamiento. De haber sabido se habría presentado algún recurso o solicitud administrativa. Adujo que, en esa oportunidad se presentó solicitud respecto de la nulidad de todo el proceso y multa, por no haber sido notificados legalmente ni puesto en su conocimiento y desconocer en su totalidad la multa interpuesta.

Expresó que el día 20 de junio del 2019, se dictó resolución N° 217, que acogía el recurso señalado, puesto que analizados los antecedentes se configuraba la causal contemplada en la letra a) del artículo 60 de la Ley N° 19.880, ordenando en la parte resolutiva dejar sin efecto la notificación y ordena volver a practicarla en el “domicilio indicado en el presente recurso”.

Señaló que al proceder a la notificación según la resolución N° 217, supuestamente se verificó un error involuntario, en que incurrió al momento de ingresar el recurso, consistente en no señalar domicilio al cual se podían notificar las correspondientes resoluciones, pero cabe destacar que al momento de ingresar, el recurso, fue revisado por personal de la Dirección Regional de Trabajo, oficina Talca, y no se indicó que faltase alguna información al respecto, ni mucho menos de este error, aceptando la documentación y formulario pertinente sin ningún reparo.

Invocó que su representado se notificó personalmente el día 17 de julio del 2019, en dependencias de la Dirección del Trabajo del Maule oficina Talca, respecto la resolución N° 237, la cual informaba que todo se había dejada sin efecto por el error de falta de domicilio para notificar, y que se invalidaba la resolución N° 217, que acogía el recurso de revisión, dejando a sus representados de manos cruzadas, sin derecho a nada y en la total arbitrariedad e indefensión.

Mencionó que con fecha 7 de agosto del 2019, presentó una solicitud de recurso administrativo, con la finalidad de sustituir la multa por capacitación, enviando conjuntamente carta al Inspector Comunal de la Oficina San Javier, don nombre reservado, apelando con todo a una reconsideración de la multa, por la falta de emplazamiento, el tiempo trascurrido, la intención y voluntad por parte de la empresa de solucionar la situación y poder regularizarla, pero aun así, con fecha 14 de agosto del 2019, en resolución N° 272 por parte del Sr. nombre reservado se indicó que dicha solicitud era inadmisible, toda vez que el plazo de 30 días hábiles para presentar recursos administrativos estaba vencido, fundamentando ello en que si bien en resolución N° 217 se había acogido el recurso, con posterioridad, específicamente el día 9 de julio del 2019, el Director Regional del Trabajo de la Región del Maule, dictó nueva resolución Nº 237 invalidando el oficio la resolución N° 217, en la cual se ordenaba nueva liquidación de la multa en cuestión, por un error de domicilio. Según sus razonamientos, ello significaba que la notificación practicada en razón de aquella resolución, también invalidaba toda actuación, quedando firme la notificación practicada en el año 2018, mediante carta certificada ingresada en Correos de Chile, la cual jamás llegó a sus representados.

Adujo que la falta de emplazamiento, y en consecuencia la indefensión, y la vulneración de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República, y las leyes específicas en materia laboral; le ha acarreado un grave perjuicio económico, emocional y psicológico, por ende, la credibilidad de la empresa ante terceros; toda vez que actualmente se encuentra en Dicom laboral y con una multa vigente de $1.941.640, a lo que suma el hecho de que con fecha 5 de septiembre del 2019, se notificó una demanda ejecutiva por parte de la Tesorería Provincial de Curicó, por la multa que ha sido impuesta por la Inspección del Trabajo de San Javier.

Expresó que existen principios básicos y derechos fundamentales de la persona que se han vulnerado, el artículo 19 de la Constitución Política de la República del año 1980, especificando los siguientes: Nº 1º.- Integridad física y psíquica; Nº 2º.- La igualdad ante la ley; Nº 3º.- la igualdad y protección de la ley y debido proceso, en el ejercicio de los derechos; Nº 16º.- La libertad de trabajo y su protección; Nº 21º.- El derecho de desarrollar cualquiera actividad económica; y Nº 22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Asimismo, expuso que el recurso de protección se interpone dentro de plazo toda vez que la Inspección del Trabajo de San Javier, representada por don nombre reservado, Jefe Inspección Comunal San Javier; y en contra de este último; por cuanto, en sus actos ilegales y arbitrarios de igual aplicabilidad de la ley se mantienen sin solución de continuidad, por lo que el plazo para interponer el recurso se mantiene vigente, de acuerdo a todo lo expuesto, debiendo poner pronto remedio a la situación.

SEGUNDO: Que, el abogado e Inspector Comunal del Trabajo de San Javier, don nombre reservado, por sí y en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de San Javier, informó que el recurso de protección es improcedente, en relación a la naturaleza del acto recurrido, al no poder ser utilizado como un sustituto jurisdiccional, conforme a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política, en virtud del cual el constituyente ha dejado vigente la posibilidad de accionar por vías normales e idóneas para quien hace uso del recurso de protección, sin transformar esta acción constitucional en un sustituto de los procedimientos previstos expresamente en la ley para resolver las cuestiones de fondo que eventualmente se discuten, como lo ha entendido el recurrente.

Afirmó que en cuanto al objetivo del recurrente, el artículo 420 del Código del Trabajo, dispone que son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: “e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”, de esta forma siendo un hecho no discutido que el Recurso de Protección intentado, pretende dejar sin efecto un acto de autoridad, la vía ordinaria citada es la que debe utilizarse para impugnarla y no otra. Así, el recurrente debió haber deducido la acción del artículo 504 del Código del Trabajo, y no el presente recurso constitucional, toda vez que el legislador laboral ha establecido de manera expresa la forma de reclamar de las actuaciones administrativas de la Dirección del Trabajo, a través de un procedimiento de lato conocimiento.

De otro lado, esgrimió que el recurrente adujo la vulneración de diversas garantías constitucionales, sin siquiera esbozar de qué manera y a través de qué acto ilegal o arbitrario se ha producido la vulneración de cada una de dichas garantías constitucionales, dejando a los recurridos en la más absoluta indefensión respecto de dicha imputación.

Asimismo, reconoció que el día 18 de julio del 2018 se practicó fiscalización en terreno al empleador nombre reservado. La que se verificó en dependencias de una faena de construcción de viviendas, ubicada en calle Artesanos s/n de la comuna de Villa Alegre. En dicha oportunidad se constató la presencia de seis trabajadores, de los cuales cuatro eran de nacionalidad Venezolana, y contaban con las respectivas autorizaciones para desarrollar labores remuneradas. Por parte de la empresa fiscalizada, se entrevistó a don nombre reservado, quien se identifica como capataz para el contratista nombre reservado, quien señaló que no contaban con la documentación laboral de los trabajadores cuya presencia se constató en el lugar; por ende, dicha documentación fue requerida para ser exhibida el día 23 de julio de 2018, a las 10:00 horas en dependencias de la Inspección Comunal del Trabajo de San Javier. Agregó que el recurrente compareció a dicha cita presentando la documentación laboral solicitada; sin embargo, al verificarse la existencia de dicha documentación laboral se constata infracción al DFL N° 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, específicamente, a su artículo 31 en su inciso 2° que dispone “Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones”. A continuación, el artículo 32 del mismo cuerpo legal establece la sanción a la infracción a las disposiciones del artículo precedente.

Conforme a lo expuesto, sostuvo que no existe actuar ilegal o arbitrario de su parte ni de la institución a la cual representa, toda vez que existe norma legal expresa que, por una parte, obliga al empleador a mantener la documentación laboral en el lugar en que los trabajadores prestan servicios y sanciona la infracción a dicha obligación. Por este motivo, se cursó la multa administrativa N° 1807/2018/41, con fecha 31 de julio de 2018, por los hechos constatados el día 16 de julio de 2018. Dando cumplimiento al procedimiento administrativo, se procede a notificar dicha resolución de multa a los domicilios del empleador obtenidos en la fiscalización: a) Los Artesanos s/n, Villa Alegre, lugar de la faena; y b) Villa Don nombre reservado, Berlín N° 1460, Curicó, domicilio de la casa matriz del empleador, obtenida de la revisión de la documentación laboral presentada por el mismo el día 23 de julio de 2018 a las 10:00 horas.

Expuso que realizada la gestión en el primer domicilio, esta no tuvo resultados, pues al momento de la notificación la faena había concluido, hecho reconocido por el propio recurrente al expresar en su presentación que la faena estaba en su etapa de término, al momento de practicarse la fiscalización. A continuación, y aplicando el artículo 508 del Código del Trabajo, se procede a notificar mediante carta certificada la resolución de multa, al domicilio ya señalado en la ciudad de Curicó. El resultado de dicha gestión tampoco fue óptimo ya que Correos de Chile, con fecha 24 de agosto de 2018, devuelve el sobre con la resolución de multa en la Inspección Provincial del Trabajo de Curicó, indicando en dicho sobre la leyenda “se cambió”. Por lo mismo, la Inspección del Trabajo de Curicó, remite el sobre devuelto a esta Inspección con fecha 4 de septiembre mediante ORD N°1013.

Mencionó que de acuerdo a instrucciones vigentes del servicio, se procede a realizar búsqueda de otros domicilios en sitios web como el del Poder Judicial, Servicio de Impuestos Internos, Dicom Equifax ,etc; constatando que en este último sitio se encuentra como única dirección asociada al Sr. nombre reservado, domicilio reservado, indicando además, que la fecha de información registrada allí fue ingresada en febrero de 2018, es decir, 5 meses antes de la fiscalización. Por tal motivo, el 11 de octubre de 2018, se ingresó carta certificada a la oficina de Correos de Chile de la ciudad de San Javier, mediante la cual se notifica resolución de multa aplicada con fecha 31 de julio de 2018, adjuntándose copia; y Correos de Chile nunca hizo devolución de dicha carta aduciendo la imposibilidad de notificarla.

Expresó que, en aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo, se procede a registrar la notificación de dicha resolución de multa con fecha 19 de octubre de 2018, seis días hábiles posteriores al ingreso en la oficina de correos respectiva, fecha en la cual se entiende legalmente practicada la notificación.

Expuso que desde esa data, tanto él como la Inspección del Trabajo a la cual representa, no tuvieron conocimiento de situaciones derivadas de la aplicación de la ya individualizada multa administrativa hasta el 6 de marzo de 2019, cuando se recibió correo electrónico del Coordinador Jurídico de la Dirección Regional del Trabajo del Maule, don nombre reservado, requiriendo documentación relativa a la resolución de multa ya individualizada, información que fue entregada oportunamente al requirente.

Explicó que con fecha 2 de julio de 2019 se recibe en dicha Inspección del Trabajo, Ord. N° 613 del Director Regional del Trabajo (S) de la Región del Maule, mediante el cual se adjunta expediente de Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el recurrente, el cual fue resuelto por el propio Director Regional mediante resolución 217 de fecha 20 de junio de 2019, a través de la cual se acoge el recurso presentado por el Sr. nombre reservado, dejando sin efecto la notificación anteriormente practicada y ordenando practicar una nueva notificación al domicilio indicado en el presente recurso. En tal sentido el recurso fue ingresado con fecha 28 de febrero de 2019 en la Inspección Provincial del Trabajo de Curicó, la cual lo remitió a la Dirección Regional del Trabajo.

Posteriormente, el 24 de julio, ingresó a la Inspección Comunal del Trabajo de San Javier, ORD N° 693 del Director Regional del Trabajo (S) de la Región del Maule, mediante el cual adjunta Resolución N° 237 de fecha 09 de julio de 2019, que invalida de oficio la Resolución N° 217 de fecha 20 de junio de 2019, que había acogido el recurso de revisión presentado por el Sr. nombre reservado y, acto seguido, resuelve rechazarlo.

Razonó que con fecha 12 de agosto se recibe en la Inspección Comunal del Trabajo de Javier, ORD N° 868 de la Inspección Provincial del Trabajo de Curicó, mediante el cual se adjunta solicitud de Reconsideración Administrativa de Multa 1807/2018/41-1, presentado por el recurrente con fecha 7 de agosto de 2019; a la que se dio tramitación regular, ingresando los eventos al sistema informático de la Dirección del Trabajo, arrojando dicho sistema que la solicitud de reconsideración era inadmisible, en virtud de que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, se encontraba vencido o precluido. Lo anterior se deriva de que la resolución 237 del Director Regional (S) invalida la resolución 217, y rechaza el recurso extraordinario de revisión deducido por el recurrente, lo que hace mantenerse a firme la fecha de notificación de la resolución de multa en el día 19 de octubre de 2018. Precisó que de esa situación se le informa al recurrente a través de ORD. N° 272 de fecha 14 de agosto de 2019.

Por último, esgrimió que el recurso deducido por la contraria tampoco establece cual o cuales son los actos ilegales o arbitrarios que se imputan, limitándose a señalar hechos de manera circunstanciada, muchos de los cuales no lo empecen, como aquellos relativos a la tramitación y posterior resolución del Recurso Extraordinario de Revisión que interpuso.

TERCERO: Que, para resolver la controversia planteada en autos, cabe tener presente que la acción constitucional de protección no ha sido concebida como un medio para obtener pronunciamientos declarativos, por ser ello propio de un juicio de lato conocimiento, que escapa de su finalidad y naturaleza. De lo cual se infiere que la mentada acción no constituye una acción jurisdiccional susceptible de ser encasillada entre las causas civiles y criminales de que corresponde conocer a los tribunales que integran el Poder Judicial, conforme al artículo 76, inciso 1° de la Carta Fundamental, ni entre las de naturaleza contencioso-administrativa, a que alude el inciso 2° del artículo 38 de la misma Carta.

CUARTO: Que, de las argumentaciones expuestas por el recurrente y recurrido, y de los antecedentes documentales presentados por ambos; se desprende que lo que se ha pretendido traer a discusión en la especie, es lo resuelto en procedimiento administrativo laboral, en relación con las notificaciones realizadas en dicha sede, por la Dirección del Trabajo, conforme a lo prevenido en el artículo 508 del Código del Trabajo. En consecuencia, no se trata de un derecho indubitado que un tercero vulneró por vías de hecho, sino que de un conflicto jurídico que fue resuelto mediante las acciones que la ley prevé, en un proceso administrativo.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de protección impetrado en autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional deducida por el abogado don Cristian Cabrera Díaz, en representación de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, en su calidad de Jefe de Inspección Comunal del Trabajo de San Javier y en contra de la Inspección del Trabajo de dicha comuna.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Rol N° 3524-2019/ Protección.