Protección contra un acto administrativo

Talca, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección que dio lugar a la formación de estos autos, es del tenor siguiente:

“REINALDO MELO URRA, abogado, Cedula Nacional de Identidad N° RUT reservado, en representación convencional según se acreditará de don nombre reservado, Cedula Nacional de Identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, a S.S. Iltma. respetuosamente decimos:

Que, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo N° 20, de la Constitución Política de la República y las normas contenidas en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dictado por la Ex. Corte Suprema, y encontrándome dentro del plazo señalado en el número 1), del citado Auto Acordado, deducimos Recurso de Protección, en contra del Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Teniente Coronel Sr. nombre reservado, Cedula Nacional de Identidad N° RUT reservado, funcionario púbico, ambos con domicilio en domicilio reservado, por infracción a las Garantías Constitucionales consagradas en los Artículos N° 6, N° 7, N° 8 y Articulo N° 19, N° 2, N° 3, N° 20, Nº 22 y N° 24, de la Constitución Política de la República, a objeto que SSI., restablezca el imperio del derecho, atendidas las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que a continuación exponemos:

I CONSIDERACIONES PREVIAS.

Como es de conocimiento del Tribunal de S.S.I., para que la Acción Constitucional de Protección pueda prosperar, conforme a lo dispuesto en el Artículo N° 20, de la Constitución Política del Estado, es preciso que concurran tres circunstancias:

a).- Que se haya verificado una conducta, activa u omisiva;

b).- Que dicha conducta pueda calificarse de arbitraria o ilegal; y c).- Que la misma conducta importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos que la Carta fundamental garantiza por vía de la protección o, lo que es lo mismo, que el comportamiento indicado, infrinja o amenace garantías constitucionales cuya existencia y ejercicio se garantiza por esta acción de protección.

En la especie, se verifican las tres exigencias señaladas, lo que justifica que SSI., dando lugar a esta acción, disponga el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por parte del Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Teniente Coronel Sr. nombre reservado, para que, en este caso, sin perjuicio de las medidas que SSI., estime procedentes, disponga arbitraria e ilegal la Resolución Exenta de Baja N° 837, de fecha 22.12.2024, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, y Notificada a esta parte recurrente, con fecha 22.12.2024, conforme a lo dispuesto en el Articulo N° 127, N° 4), letra a), inciso 5to., del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en concordancia con el Articulo N° 23, N° 2), letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, , por la responsabilidad que le asiste, en denuncia que le afecta por “HURTO DE HALLAZGO”, hechos ocurridos con data 22.12.2024.

II. HECHOS EN QUE SE FUNDA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

1.- Que, mi representado Sr. nombre reservado, Ex - Cabo 2° de Carabineros, junto con su pareja salen de paseo, y el día sábado 21.12.2024, alrededor de las 19:00 horas, ingresan a comprar al Mall Chino, ubicado en la ciudad de San Javier, con la finalidad de comprar algún producto y en los instantes que salen, mi representado, se percata que sobre una repisa del local se encontraba unas cajas de forma de corazones y una billetera color negro, la cual tomo, guardando la billetera en el bolsillo trasero izquierdo de su pareja, posteriormente salen del local comercial, y se dirigen en dirección a su auto, donde su pareja guardo la billetera en la guantera del referido móvil, para devolverla a su propietario, una vez que terminaran su tramites personales.

2.- Que, luego de ello, continúan con sus trámites personales, y concurren a otro Mall Chino, a comprar cojines, donde solo compraron un corte cutícula y posteriormente se trasladan al domicilio de la mama de mi representado a tomar once, ubicado en la domicilio reservado, y posteriormente alrededor de las 20:40 horas aproximadamente, se trasladan con su pareja hasta su domicilio por la Ruta L-11, y al llegar al domicilio ubicado en domicilio reservado su pareja revisa la guantera, específicamente la Billetera, para ubicar antecedentes de su propietario en la documentación, percatándose además, que esta contenía dinero efectivo, específicamente la suma de $ 100.000 (Cien mil pesos), en billetes y monedas, además de una moneda argentina y unos billetes de otro país, una foto tamaño carnet con nombre.

3.- Que, al día siguiente, es decir, el día Domingo 22.12.2024, mi representado llamo a su hermano de nombre nombre reservado, manifestándole lo ocurrido y si conocía a la niña de nombre Milenca, instantes en que su hermano nombre reservado, empezó averiguar y dio con el dueño de la billetera, ya que la niña era pareja de la víctima, y se puso en contacto con él para devolver la billetera, acordando su hermano con la victima para hacerle entrega de dicha documentación en la 5ta comisaría de San Javier.

4.- Que, como consecuencia de estos hechos, el mismo día 21.12.2024, la victima Sr. nombre reservado, efectúa una denuncia en la 5ta. Comisaria de San Javier, por extravío de su Billetera de color negro, que había dejado olvidada en el interior del Mall Chino con documentación y la suma $ 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos), dinero efectivo, verificando las Cámaras de Seguridad, se pudo percatar de una pareja que toma dicha billetera y consultado de quienes seria se ubica a mi representado Sr. nombre reservado, de dotación de la Tenencia Colbun, dependiente de la 1ra. Comisaria “nombre reservado”.

Conforme a lo anterior, el nombre reservado de la Prefectura de nombre reservado, Sr. nombre reservado, solicita Sr. Jefe de Tenencia, el teléfono de mi representado Sr. nombre reservado, a fin ubicarlo, no logrando tomar contacto, posteriormente la Central de Comunicaciones de Carabineros nombre reservado, recibe un llamado por parte de mi representado quien es derivado al nombre reservado, quien le menciona lo sucedido, instante que mi representado niega los hechos y es citado a la Unidad y posteriormente se dio cuenta a la Fiscalía Local de San Javier, mediante Parte Policial N° 2385, de fecha 21.12.2024, y de igual forma a la Fiscalía de Flagrancia por medio de sistema Bitacora Web, por Hurto de Hallazgo.

5.- Que, posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS”, a contar de las 00:00 horas, del día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el Articulo N° 127, N° 4), letra a), inciso 5to., del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en concordancia con el Articulo N° 23, N° 2), letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, , por la responsabilidad que le asiste, en denuncia que le afecta por “HURTO DE HALLAZGO”, hechos ocurridos con data 22.12.2024.

III.- EL DERECHO.- a.- PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO.

Conforme a lo dispuesto en el Número 1°, del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso de protección “debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

El presente Recurso de Protección, se interpone dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de la última Resolución dicta con fecha 22.12.2024 y Notificada con igual fecha.

b.- ACTUACIÓN ILEGAL DEL PREFECTO SUBROGANTE DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS nombre reservado, TTE. CORONEL SR. nombre reservado.

1.- Lo resuelto en la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS, la recurrida, vulnera flagrantemente también, lo dispuesto principalmente en los Artículos N° 10, N° 11, N° 14 y N° 15, de la Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, en relación a, los siguientes principios que deben regir el actuar de todo funcionario público, por cuanto:

“Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Implica que los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.”

Esta es una manifestación a nivel administrativo del derecho a defensa consagrado en el Artículo 19 N° 3 de la Constitución.

La contradictoriedad, debe darse con el superior jerárquico, de quien dictó el acto que conculca derechos fundamentales. La superioridad jerárquica plausible en revisión es un derecho fundamental de un racional y justo procedimiento, esto es, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS. Teniendo en consideración que perfectamente puede aplicar una sanción menor, o puede incluso aplicar la Sanción Administrativa al termino del Sumario Administrativo, vulnerando el justo y debido proceso administrativo.

“Artículo 11. Principio de imparcialidad. Como exigencia de la aplicación de la probidad e interdicción de la arbitrariedad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.“ El deber de objetividad es una manifestación del principio de interdicción de la arbitrariedad, consagrado en la Constitución en el Artículo 6° y N° 7, de la Carta Fundamental y que es fundamento de la Acción de Protección, que implica el deber de las autoridades de adoptar decisiones razonables e imparciales. De otra parte, la infracción del principio imparcialidad constituye en sí, una infracción al principio de probidad administrativa, que emana del Artículo 8°, inc. 1°, de la Constitución Política del Estado.

En el caso de marras, existió una manifiesta falta de imparcialidad y consecuente probidad, al dictarse la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS, al no actuar conforme a este mandato legal, pues lo hace en carácter de Subrogante, y no fundamenta su investidura y cargo, conforme al Reglamento N° 3, de Reparticiones y Unidades de Carabineros de Chile, documento que no menciona y que lo habilitaría para actuar en función de dicho cargo funcionario Público, en la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, pues, como es de su conocimiento, el carácter de Subrogante debe constar en acta de Entrega de Unidad, en este caso, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, investidura que a nuestro entender carece el Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, en el asunto sometido a su competencia, esto es, habiendo realizado una real evaluación y análisis de los antecedentes aportados por esta parte, en especial, los nuevos antecedentes.

“Artículo 14. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

Este principio implica el deber de conocer acerca de todo asunto de carácter administrativo que se encuentre dentro de la órbita de las atribuciones del órgano de que se trata. Sólo así se podría velar por el correcto cumplimiento de los principios de imparcialidad, igualdad ante la ley, racional y justo procedimiento, probidad e inexcusabilidad, que nuestra Constitución asegura a todas las personas, los que se vieron afectados con la Resolución recurrida que no solo, no consideró los argumentos y antecedentes planteados por esta parte, si no que fue dictada por la autoridad que era la llamada a hacerlo, para evitar justamente lo que ha ocurrido en el caso de marras, esto es, que sin un debido análisis y evaluación de los antecedentes, procedió a confirmar, el acto recurrido.

“Artículo 15. Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.”

Este principio es manifestación del derecho consagrado en la Constitución al Debido Proceso, del Artículo 19 N° 3, inc. 6°. En el presente caso, no se ha podido impugnar un Acto Administrativo emitido por medio de la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, dictada por el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, y que dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS, el que actúa con Discrecionalidad más allá de sus facultades, al argumentar bajo su arbitrio los hechos y no en la forma real de como ocurrieron estos, ni tampoco valorarlos en su justa dimensión. Al ser un acto de instrucción del Artículo N° 34, de la ley N° 19.880, también llamado de trámite, que, si bien generalmente es un acto inimpugnable, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 15 inc. 2° de la Ley 19.880, si lo es, en los siguientes casos: “Cuando determinan la imposibilidad de continuar un procedimiento o CUANDO PRODUZCAN INDEFENSIÓN”.

Lo que ocurrió en el caso de marras, pues, el hecho de que el Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS. Dicha situación como se aprecia a dejado en estado de indefensión a mi representado, por cuanto en definitiva, se ha eliminado la posibilidad de una verdadera revisión por el superior jerárquico de quién dicto el acto, tal y como ordena la norma legal que establece dicho recurso, contenida en el Artículo N° 60, de la Ley N°19.880.

En su lugar, se ha permitido que la misma autoridad que ya conoció y resolvió con infracción de ley, sea la que vuelve a conocer, dejando a mis representados en total indefensión, transgrediendo el principio de IMPUGNABILIDAD.

4.- Con la actuación de la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, dictada el Sr. Prefecto Subrogante Sr. nombre reservado, en que dispone su “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS, han infringido también, las siguientes normas de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de La Administración del Estado, contenidas en los Artículos N° 2, N° 7, N° 8 y N° 9, de dicho cuerpo legal.

El Artículo 2° dispone “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes.”

Artículo 7º, “los funcionarios de la administración del estado estarán afectos a un Régimen Jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el Superior Jerárquico”.

Artículo 8°.- “Los órganos de la administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones.”

Artículo 9°.-“Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.”

Por aplicación de estas normas es que se Artículo N° 10.- “Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.” Así SSI es posible advertir, como ya se ha señalado, que en el presente caso, no ha existido un auténtico cumplimiento del deber que impone la Ley N° 19.880, en cuanto a ser un medio de impugnación de los actos de la administración y de control jerárquico suprior. Pues dicho recurso debió generar un efectivo, detallado y ponderado análisis de los hechos, antecedentes existentes y documentos aportados por esta parte, así como los que se encuentran en poder de la administración y aplicar las normas legales y administrativas que de conformidad a estos antecedentes correspondía en derecho aplicar.

c. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

La actuación arbitraria e ilegal del Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, objeto de la presente acción de protección, que resolvió dar de Baja en forma Inmediata de un Funcionario de Carabineros de Chile, estando en conocimiento que la legislación administrativa de Carabineros de Chile, contempla una variedad de medidas administrativas que puede y debe adoptar, frente a una infracción normativa a los Reglamentos institucionales, vulnera garantías constitucionales, dentro de las cuales se encuentra, el derecho a un Justo y Racional Procedimiento, la Igualdad ante la Ley y la Igual Protección en el Ejercicio de los Derechos, la Igualdad ante la Cargas Públicas y el Derecho de Propiedad.

Una garantía que no se puede hacer efectiva deja de ser tal y pierde toda seriedad y eficacia, debilitando así las bases del estado de derecho.

Para asegurar un debido y justo proceso, la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, el legislador, los tribunales, Cortes y la Administración del Estado, tienen como límite los derechos fundamentales, no pudiendo establecer, ni pudiendo aplicar normas o interpretaciones de las mismas, que como en el caso de marras, vulneren aquellas garantías. No se puede establecer diferencias arbitrarias o carentes de la necesaria fundamentación y sustento lógico y jurídico, en armonía con nuestra Carta Fundamental, máxime si en virtud de ello priva a las partes de la posibilidad de una revisión, impugnación o anulación del acto decisorio Litis que fuere contrario a la Constitución y las leyes.

El principal reproche en esta acción de protección, se vincula con la necesidad de tener una tutela jurídica efectiva frente a los derechos de la igualdad ante la ley e igualdad ante las cargas públicas, la igual protección en el ejercicio de los derechos, principalmente en relación con la garantía de un racional y justo procedimiento, en cuanto a la necesidad de fundar o motivar los actos de la administración y que esta motivación sea congruente y lógica, como una consecuencia natural del silogismo que debe estar presente en las sentencias judiciales y sus equivalentes administrativos y a la repercusión o consecuencias de la infracción de ese deber en el ámbito constitucional, en términos de conculcar o vulnerar derechos y garantías aseguradas a todas las personas.

a. La necesidad del derecho a una defensa judicial en un racional y justo procedimiento se deduce de nuestra Constitución principalmente de lo prescrito en los Artículos N° 6, N° 7, N° 8 y N° 76, conforme se ha reconocido por nuestro Excelentísimo Tribunal Constitucional en su Sentencia Rol N°2378-2015, Considerando 5º, en los siguientes términos (con destacados y subrayados del suscrito): El Artículo N° 6, de nuestra Constitución, […]“consagra el principio de supremacía constitucional, el cual es piedra angular del sistema democrático, en cuanto somete al Estado en su conjunto al derecho (objetivo y subjetivo) y proscribe toda actuación arbitraria y antijurídica; lo que, implícitamente, importa la exigencia de dar razón y argumentos fundados en las decisiones jurisdiccionales (STC Rol N° 2034, c. quinto) a fin de evitar que un simple arbitrio judicial lesione los derechos de los justiciables. El inciso final previene que la infracción de esta disposición constitucional generará responsabilidades y sanciones legales, las que en el ámbito de la función jurisdiccional se harán efectivas mediante el ejercicio de la respectiva superintendencia, ya sea a través del régimen disciplinario o del sistema recursivo.”

“Por su parte, el inciso primero del artículo 7 sujeta específicamente a los órganos del Estado al principio de juridicidad o de legalidad, en cuanto sus actuaciones son válidas si sus integrantes han sido investidos regularmente, lo hacen dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, requisito este último que debe entenderse referido también a las normas procesales aplicables y, desde luego, a la obligación de motivación y fundamentación que tiene todo juez de la República, por disposición legal. El inciso final de dicho artículo previene que la contravención del principio de legalidad se sancionará con la nulidad, lo que en el ámbito judicial se manifiesta a través de los recursos de casación y nulidad.”

“El artículo 8 °, en lo pertinente consagra la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado así como de sus "fundamentos", necesariamente resulta exigible a la función jurisdiccional, obligada como se ha dicho tantas veces, a decidir razonada y fundadamente.”

“El artículo 76 alude explícitamente a los "fundamentos y contenido" de las resoluciones judiciales, garantía respecto de lo medular de la decisión de los jueces a fin de salvaguardar el principio de independencia de los mismos;”

En el ámbito jurídico, la exigencia que impone la Constitución y ley en orden a que un determinado acto jurídico procesal ha de ser fundado, posee una doble connotación:

1).- De forma, consistente en que quién lo dicta señale los motivos que inducen a hacerlo, aportando en sus vistos y considerandos los antecedentes de hecho y de derecho que apoyarán su decisión, la que, guardando armonía con tales antecedentes, ha de contenerse en la parte dispositiva del acto; y, 2).- De fondo, que impone la necesidad que el acto jurídico procesal decisorio de la litis aparezca revestido de razones serias y valederas que motivan su dictación, de manera tal que no aparezca como el producto de la mera voluntad, caprichosa o no, de su autor.

A nuestro juicio, la Fundamentación y congruencia son elementos esenciales en el silogismo lógico de la sentencia o acto administrativo definitivo. Son un Estándar mínimo de exigibilidad a los sentenciadores. Que acá no se ha cumplido.

b. Garantía consagrada en el Artículo N° 8, de la Constitución Política de la República: El ejercicio de las funciones públicas, obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

El principio de probidad en la función pública, consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. En el presente caso, el Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, por cuanto se esta actuando contra texto expreso de la norma contenida en la letra b) del Artículo N° 60, de la Ley 19.880, que establece tal recurso. Privando a los particulares, de la posibilidad de que un acto administrativo, sea efectivamente objeto de revisión. A mayor abundamiento el actuar del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto encomendar el conocimiento de este asunto, a la misma autoridad que dictó el acto, trajo como consecuencia, justamente que dicho acto en la práctica, no fuera objeto de revisión.

c. Garantía consagrada en el Artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República: La igualdad ante la ley. En el presente caso, Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, objeto de la presente acción de protección, que resolvió desvincularlo de la Institución de Carabineros de Chile, afecta la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley al haberse impuesto arbitrariamente, sin contemplar su carrera funcionaria, sus Felicitaciones en su Hoja de Vida, omitiendo tomar otra medida menos gravosa, lo que da cuenta de la mala administración del Recurso Humano (Carabineros), y de abuso a la Discrecionalidad Administrativa, aun cuando tenga libertad para tomar una decisión, esta debe ajustarse a la ley, no se puede comparar su actuar, frente a otros hechos más graves y de connotación publica y que actualmente se encuentran trabajando, lo que resulta un actuar completamente arbitrario y contrario a la Garantía del Articulo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República.

d. Garantía consagrada en el Artículo 19, N° 3, de la Constitución Política de la República: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Consagrando en su inc. 5° el derecho a un racional y justo procedimiento al señalar, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas.

Esta garantía es un mandato a todo órgano o autoridad que ejerza jurisdicción, de emitir resoluciones fundadas en el mérito del proceso, tramitado previamente en conformidad a la ley. Un aspecto fundamental de esta garantía es que el acto sea debidamente fundado. Nuestro legislador ha establecido las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial conforme a lo prescrito en los Artículos N° 61 y N° 169, del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el Artículo N° 170, del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran en su numeral 4), las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

El Art. 170 (193). Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: 4°. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; Nuestra Excelentísima Corte Suprema, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 del 15 de junio de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un Auto Acordado en que regula los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado Artículo N° 170, del Código de Procedimiento Civil.

En relación al enunciado exigido en el N° 4 del Artículo N° 170, en concordancia con el artículo 768 N° 5 todos del Código de Procedimiento Civil, el Auto Acordado en comento establece por expreso mandato del legislador la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos N° 170 y N° 785, del Código de Procedimiento Civil"; y, en cuya virtud, “acordó que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que revoquen o modifiquen las de otros tribunales, comenzarán expresando el lugar en que se expidan y en letras el día, mes y año, y contendrán:“ “5. Las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto de los cuales haya versado la discusión;”

“6. En seguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales;”

“7. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes para los fines consiguientes;”

“8. Establecidos los hechos, las consideraciones de derecho aplicables al caso;”

“9. La enunciación de las leyes o en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo;”

“10. Tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal observará al consignarlas el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera, y, al efecto, se observará, en cuanto pueda ser aplicable a tribunales unipersonales, lo dispuesto en el Artículo N° 186, del Código de Procedimiento Civil;”

El deber de expresar los hechos y fundamentos de derecho es, además, manifestación del principio de Imparcialidad, conforme expresamente se reconoce en el Artículo N° 11, de la Ley N°19.880. Un acto administrativo que falla un recurso, como el extraordinario de revisión, es de alguna forma una sentencia, por lo que debiera seguir las instrucciones de este autoacordado, al menos en cuanto a lo que se refiere a la fundamentación y congruencia, en relación al proceso previo. Lo que en el caso de marras no se ha cumplido, consignando una decisión arbitraria e ilegal, carente de razón, fundamentación y sentido lógico que priva de la posibilidad general de una verdadera revisión del. Por cuanto en el presente caso, ni si quiera se han individualizado detalladamente y menos aún, analizado debidamente, los antecedentes o prueba aportados por esta parte y que no fueron considerados como relevantes, así como tampoco se ha podido explicar la falta de cumplimiento de los requisitos legales, que hacen improcedente el Recurso Extraordinario de Revisión.

Otro aspecto esencial del debido proceso es que se ha infringido en el actuar del Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, es la posibilidad de que la decisión adoptada y consignada en un acto pueda ser objeto de revisión por otro órgano independiente y con superioridad jerárquica, respecto del que conoció previamente, lo que implicó una manifiesta denegación de justicia que constituye un acto arbitrario e ilegal en perjuicio de mis representados.

El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han definido en reiteradas sentencias, que abarca el concepto de debido proceso que se entiende contenido entre otros artículos en el Articulo 19 N° 3, de la Constitución, por ejemplo, señala en el considerando Séptimo y Octavo de la Sentencia en la causa Rol N° 3042-16, recaída sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Artículo N° 768, numeral 5°, donde se expresa: “SEPTIMO: Que, el Articulo 19 N° 3 prescribe que para garantizar a todas las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos, las sentencias deben fundarse en un proceso previo legalmente tramitado reservando o delegando en el legislador el establecimiento de las garantías de un justo y racional procedimiento.

Según consta de la historia fidedigna de la consagración de este precepto y tal como lo ha hecho presente una reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el constituyente consagró en el texto de la constitución una garantías mínimas -no taxativas- para el debido proceso, estimando conveniente otorgar un mandato amplio al legislador para su desarrollo y establecimiento.

Como se ve, el legislador se encuentra obligado por la Constitución a establecer “siempre las garantías de un justo y racional procedimiento”, lo cual debe entenderse no solo en el sentido de toda ocasión u oportunidad sino, de amplitud o extensión en que la ley regule algún procedimiento judicial o administrativo; y, asimismo, dichas garantías deben orientarse a haber efectiva la cautela de los derechos y la racionalidad del procedimiento, entre cuyos elementos resulta primordial, la motivación y fundamentación de las sentencias evitando de esta forma toda arbitrariedad judicial;

OCTAVO: Que, por su parte nuestra legislación procesal recoge y desarrolla el mencionado principio, en los más variados ámbitos jurídicos.”

En cuanto a la igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones lo que sigue: “Que, por otra parte, para decidir sobre la infracción del principio de igualdad referido en los números 2° y 3° del Artículo 19 de la Constitución, en su vertiente de prohibición del establecimiento de diferencias arbitrarias, es menester calificar la circunstancia seleccionada como relevante para realizar la distinción al regular el ejercicio del derecho. Ella debe ser legítima y razonable, es decir, proveer una relación instrumental o de funcionalidad entre el fin perseguido por la norma y el criterio escogido para justificar el trato diferente.”

Respecto al concepto general de debido proceso, el cual no se define en nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional citó en la Causa Rol N° 616-2006 lo siguiente: “se estimó conveniente otorgar un mandato al legislador para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador.” (Rol N°481, 4 de julio de 2006) Asimismo, señala en la misma causa en el considerando Trigésimo Noveno: “Que, por su parte, la doctrina ha señalado como elementos configurativos de un “racional y justo procedimiento”, entre otros: “notificación y audiencia del afectado, pudiendo procederse en su rebeldía si no comparece una vez notificado; presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen; sentencia dictada en un plazo razonable; y posibilidad de revisión de lo fallado por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva.” (nombre reservado, Los Derechos Constitucionales, Tomo II, 2004, p. 144).

e. Garantía consagrada en el artículo 19 N°22 de la Constitución Política de la República: La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.

Todo lo alegado en el cuerpo de esta acción de protección, constituye una abierta transgresión a la garantía constitucional, consagrada en el Artículo 19 N° 22, de la Carta Fundamental, pues se ha discriminado arbitrariamente a mis representados, al establecer respecto de los lotes reclamados un avalúo suprior al que corresponde objetivamente, de acuerdo a las características físicas actuales de los terrenos y de conformidad con la normativa legal aplicable a la materia. Por lo que se está cobrando en definitiva una contribución por bienes raíces, aplicada bajo parámetros arbitrarios e ilegales, imponiendo condiciones mucho más gravosas que lo que legalmente y constitucionalmente corresponde.

f. Garantía consagrada en el Artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

La decisión del Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, objeto de la presente Acción de Protección, implica en definitiva una flagrante conducta arbitraria e ilegal que aparte de no cumplir el mandato legal del Artículo N° 60, letra b), de la Ley 19.880, constituye en definitiva una privación y amenaza al derecho de propiedad que tal resguarda nuestra Carta Fundamental, por cuanto en definitiva se le priva de su trabajo y de sus remuneraciones, lo que atenta directamente contra el derecho de propiedad tan celosamente resguardado por nuestra Carta Fundamental, en la norma citada.

IV. CONCLUSIONES.- Así, S.S. Iltma., el trato discriminatorio e ilegal que ha dado el Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, objeto de la presente Acción de Protección, a mis representados, constituye una abierta privación y vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los Artículos N° 6, N° 7 y N° 8, de la Constitución y Articulo 19, número 2) , 3), 20), 22) y 24), de nuestra Carta Fundamental. Pues no se ha respetado la garantía de un racional y justo procedimiento, de igualdad ante la ley, de igualdad ante las cargas públicas, el derecho de propiedad y no se ha cumplido con el deber de probidad en la función pública, al no hacer uso de la normativa reglamentaria en los términos adecuados y proporcionales, obstando por la sanción más gravosa y no por otras medidas de apremio que consagra la normativa de Carabineros de Chile, sin respetar el mandato legal y constitucional, en cuanto a la autoridad que debió conocer del recurso, como en relación al acto mismo contenido en la mencionada Resolución.

POR TANTO; Según lo expuesto y lo dispuesto en el Artículo 19, Nº 2, 3, 20, 22 y 24, Artículo 20 y demás normas pertinentes de la Constitución Política de la República;

A US. ILTMA. SOLICITO: Tener por interpuesta esta Acción de Protección en contra del Sr. Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, Sr. nombre reservado, al dictar la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, ya individualizado; acceder a su tramitación, declarándola admisible y, en definitiva, reestablecer el imperio del Derecho, dejando sin efecto, como medida de protección, la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024, que desvincula de la Institución de Carabineros de Chile, a nuestro representado Sr. nombre reservado, a fin sea acogido en todas sus partes, realizando una efectiva y verdadera revisión de los antecedentes aportados y aplicando las normas legales y constitucionales que en derecho correspondan en conformidad a estos.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás medidas que SS.I. estime procedentes y todo ello con costas.”

Al primer otrosí acompaña: 1.- Mandato Judicial. 2.- Copia de la Resolución Exenta N° 837, de fecha 22.12.2024.

Segundo: Que el informe evacuado en autos, suscrito por el Teniente Coronel nombre reservado, Prefecto Subrogante de Curicó, es el siguiente:

“Al tenor del informe requerido mediante la resolución de la referencia, que incide en el Recurso de Protección Rol 35-2025, caratulado “nombre reservado/nombre reservado”, presentado en contra de mi persona en calidad de Prefecto Subrogante de la Prefectura nombre reservado N° 15, por entender que, al emitir la Resolución de Baja de las Filas de la Institución, habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario, vulnerando a su juicio las garantías constitucionales del articulo 6; 7 y 8, y 19 números 2;3;20;22 y 24. Sobre el particular, se informa a S.S. Iltma. lo siguiente:

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL RECURRENTE.

1.1. El ex Cabo 2do. nombre reservado, nombre reservado, quien fuera de dotación de la Tenencia Colbún, de la 1ra. Comisaría nombre reservado de esta dependencia, ingresó a la Institución el 12.02.2018, encontrándose actualmente en situación de Retiro Absoluto en virtud de la Resolución Exenta N° 837 de fecha 22.12.2024, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, N° 15, que dispuso su Eliminación de las Filas de la Institución, por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente a su notificación, esto es, del día 23.12.2024, de conformidad a lo establecido en el artículo 127, N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal N° 8, en relación con el artículo 23, N° 2, letra e) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11.

Lo anterior, por la responsabilidad que le asiste, al encontrarse involucrado en hechos que revestirían carácter de delito, en denuncia que le afecta por HURTO DE HALLAZGO, por hechos ocurridos el día 21.12.2024, consistentes en lo siguiente:

- Que, el día 21.12.2024, siendo las 21:40 horas, se presentó en el servicio de Guardia de la 5ta. Comisaría San Javier, un denunciante identificado como nombre reservado, 18 años, chileno, soltero, estudios medios, sin oficio, fecha de nacimiento 04.08.2006, Cédula de Identidad Nro. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien relata que siendo las 19:00 horas aprox., ingresó a un local comercial Mall Chino, ubicado en domicilio reservado, de la Comuna de San Javier, una vez en su interior, en uno de sus pasillos dejó su billetera color negro, en la que mantenía $150.000. (Ciento Cincuenta Mil pesos) de dinero en efectivo y documentos personales, en una vitrina con la finalidad de poder bajar unas cajas que se encontraban en altura, una vez que se dirigió hasta el sector de cajas para poder cancelar los productos, se percató que no mantenía en su poder su billetera la cual había dejado olvidada en uno de los pasillos, por lo que se trasladó de forma inmediata a buscarla, percatándose que ya no se encontraba en el lugar.

- Que, con este antecedente le solicitó al encargado del local, la posibilidad de verificar las grabaciones de las cámaras de seguridad, accediendo a su petición, logrando visualizar que efectivamente en los instantes en que olvidó su billetera y se alejó del lugar, una pareja joven (hombre y mujer), el varón toma desde la vitrina su billetera, para verificar su contenido, para luego guardarla y retirarse de la tienda comercial, en dirección desconocida.

- La víctima señaló que desde su teléfono celular, había grabado la secuencia del hurto con la finalidad de consultar a sus amistades sobre la identificación de la pareja, es así que un amigo del denunciante que reside domicilio reservado, le manifestó que el varón le era conocido, por lo que consultó en almacenes de dicha población, obteniendo como respuesta en uno de los negocios, que dicha persona efectivamente vivía en el sector, pero no conocían su nombre, por lo que continuo buscando por el sector y después de un tiempo dio con un perfil de Facebook, el cual mantenía una fotografía de un hombre quien sería la misma persona que sustrajo su billetera, manteniendo el nombre de nombre reservado, quien sería funcionario de Carabineros de Chile, según las fotografías que mantiene en dicho perfil social y público, trasladándose hasta la unidad en comento, para formular la denuncia.

En este orden de ideas y conforme a la denuncia, se realizaron actuaciones autónomas, disponiendo la concurrencia de la S.I.P. de la Unidad, con la finalidad de realizar el levantamiento de las cámaras de vigilancia del local comercial. Como asimismo con el nombre sindicado como denunciado, se consultó a personal Saicar nombre reservado, quienes corroboraron que correspondía al recurrente.

Además, consultado al Jefe de Tenencia Colbún (S), señaló que el funcionario se mantiene con feriado legal (05 días) desde el 20.12.2024 al 27.12.2024, registrando domicilio en el sector rural de Lomas de Putagan, S/N°, de la comuna de Colbún, concurriendo hasta este inmueble sin resultados positivos, como de igual forma al de familiares del P.N.I., sin dar con su paradero.

Que, del procedimiento se informó a la Fiscalía Local de San Javier, mediante el Parte Policial Nro. 2385, del 21.12.2024 y de igual a la Fiscalía de Flagrancia, por medio de sistema Bitácora Web.

Es dable hacer presente que siendo las 23:29 horas del día 21.12.2024, el nombre reservado, solicito al Jefe de Tenencia Subrogante el número telefónico del Cabo 2do. nombre reservado, efectuándole tres llamados, durante un periodo de 5 minutos, no entrando la llamada telefónica siendo redireccionado a un mensaje de voz.

Que, posteriormente siendo las 23:44 horas de la misma data, la Central de Comunicaciones nombre reservado, informó al nombre reservado, que mantenía por llamada telefónica al Cabo 2do. nombre reservado, quien se encontraba consultando el motivo por el cual personal de Carabineros, necesitaba tomar contacto con él y haciendo presente que en ese momento su teléfono celular se mantenía a disposición, para tomar contacto con el nombre reservado, Capitán nombre reservado, es así que siendo las 23:54 horas (día 21.12.2024), el citado Oficial Subalterno, recibe una llamada telefónica desde el número telefónico que registra el funcionario, el cual se identificó como el Cabo 2do. nombre reservado, a quien se le explica que el motivo de tomar contacto con el correspondía que existía una denuncia en su contra como autor de un hurto de hallazgo en la comuna de San Javier, hecho narrado sin entregársele mayores antecedentes, ante lo cual éste niega los hechos, ordenándole el Capitán nombre reservado, ese momento que se apersonara en algún cuartel de la Repartición, para conocer formalmente su versión y demás instrucciones que emanaran de quien dirige la investigación que se encontraba en su contra, lo cual no se concretó a la data de confección de la resolución Exenta 837, de 22.12.2024.

- Se hace presente que la 5ta. Comisaría San Javier, mediante su D/E N.C.U. 220599784, informa que consultado a la totalidad de Unidades y Destacamentos dependientes de la 1ra. Comisaria nombre reservado y 5ta. Comisaria San Javier, si durante el día 21 y 22.12.2024, se había recibido una billetera con los documentos de don nombre reservado, siendo negativo.

- Cabe señalar que dicha medida se aplicó ponderando los hechos, lo que hacían inconveniente que permaneciera en las Filas de la Institución, habiendo quedada en definitiva su sanción supeditada al resultado del sumario.

1.3. En razón de lo anterior, este Mando Subrogante de la Prefectura nombre reservado, dispuso la instrucción de un sumario administrativo mediante la Orden N° 21242/1, de 23.12.2024, con el objeto de establecer fehacientemente los hechos y las eventuales responsabilidades administrativas, el cual se encuentra suspendido mediante Resolución Exenta 24, de 13.01.2025, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N°15, de acuerdo al artículo 84 ter de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado mediante la Ley 21.427, que Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden Y Seguridad Pública, puesto que el hecho que motivó el sumario se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, debiendo continuar la tramitación del Sumario al término de la causa penal.

II. NORMATIVA QUE FUNDAMENTA EL ACTUAR DE LA ADMINISTRACIÓN.

2.1. El artículo 36 de la ley N° 18.961, dispone que la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes, a través de un racional y justo procedimiento administrativo, añadiendo que el personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa, conforme lo determine el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, mandato que tiene por finalidad resguardar el derecho a un debido proceso.

Sobre el particular, cabe considerar que el inciso primero del citado reglamento prescribe que las faltas se sancionarán de acuerdo con las atribuciones disciplinarias de que está investido cada superior y con arreglo al propio juicio que se forme sobre aquellas.

Asimismo, el artículo 35 previene que tendrán potestad para imponer sanciones disciplinarias al personal de su dependencia, en los diferentes grados, los Oficiales, Suboficiales Mayores y Suboficiales de Orden y Seguridad que se desempeñan en los cargos que la misma norma indica, quienes, según su grado jerárquico, podrán aplicar sólo los castigos para los cuales se encuentran autorizados.

Finalmente, el artículo 127 N° 4 inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, preceptúa que, cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del servidor y este confiese su responsabilidad o ella se haga evidente, el jefe que ordene su instrucción podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta su terminación, oportunidad en la cual deberá fijar esa nota, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, de acuerdo al mérito de aquel proceso.

Al respecto, cabe mencionar que la medida disciplinaria de baja con efectos inmediatos tiene el carácter de condicional y se encuentra supeditada al resultado del sumario administrativo incoado al efecto, asistiéndole al ex funcionario las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15, y en el caso que se determine aplicar una sanción distinta a la medida disciplinaria expulsiva, será reintegrado a la institución, desde el día de su baja.

2.2. Por otro lado, cabe advertir que los hechos conforme a los cuales se le aplicó al recurrente la medida disciplinaria expulsiva de Carabineros de Chile fueron denunciados a los tribunales competentes. Sin embargo, se hace presente que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.

III. ALEGACIONES EFECTUADAS POR EL RECURRENTE.

3.1. El recurrente indica que ha sido vulnerados las garantías constitucionales números 6; 7 y 8. Al respecto es dable señalar que al emito la resolución de baja se actúa conforme a la constitución y las leyes, previa investidura de este Oficial Jefe en carácter de Prefecto Subrogante y conforme al principio de probidad administrativa, por lo cual no se advierte de que manera se habría infligido aquello.

3.2. Indica además que se habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza los derechos fundamentales del artículo 19 Nros. 2°, y 3; 20; 22; y 24 de la Constitución Política de la República, esto es el de igualdad ante la ley; de igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos; la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y el derecho a propiedad.

Respecto a la supuesta vulneración al principio de igualdad ante la ley (artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República), es menester señalar que la Resolución Exenta N° 837 de fecha 22.12.2024, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, N° 15, que dispuso su Eliminación de las Filas de la Institución, por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, se encuentra íntegramente fundamentado al consignar las consideraciones de hecho y derecho, cumpliendo con el estándar de motivación para los actos emitidos para situaciones similares al tenor la ley N° 19.880; el cual se materializó a propósito del ejercicio de una facultad legal y reglamentaria de la cual este Mando Subrogante se encuentran revestido, quien, en uso de dichas facultades, ponderó para el caso concreto. Así las cosas, se estima que la actuación de la Administración no ha conculcado las garantías aducidas.

Se hace presente que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría general de la República, vinculante para Carabineros de Chile, en sus dictámenes números 46.744, de 2009, y 13215, de 2010, entre otros, ha sostenido que la evaluación de antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida, que da lugar al licenciamiento con efectos inmediatos, queda entregada a la autoridad competente del referido servicio, En cuanto a la supuesta conculcación a la de igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos (artículo 19, N° 3 de la Constitución Política de la República). Al respecto, no se advierte cómo dicha resolución haya vulnerado la garantía constitucional de igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos, toda vez que tal como se indicó en la referida resolución el podrá hacer uso de su derecho a defensa en la forma que lo estime, en la instancia procedimental correspondiente. Asimismo no está siendo juzgado por comisiones especiales sino que conforme lo establece el Reglamento de disciplina de Carabineros de chile, N° 11, y el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15. Es dable señalar que la Baja de las filas de la Institución se aplicó por incumplimiento a la normativa legal y reglamentaria de Carabineros de Chile, a la cual se encuentra supeditado, por haber sido denunciado por hechos que podrían revestir carácter de delito, no imputándosele delito alguno, como asimismo la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.

En cuanto a la supuesta conculcación la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica (artículo 19, N° 20 y 22 de la Constitución Política de la República). Al respecto, no se advierte cómo dicha resolución haya vulnerado las garantías constitucionales señaladas.

Respecto a la supuesta conculcación a la garantía constitucional del derecho propiedad (artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República). Al respecto, no se advierte que ello haya ocurrido ya que la baja de las filas de la Institución se aplicó conforme a derecho, de acuerdo a las potestades disciplinarias que estoy investido y al ponderar los hechos estimé que son graves, como asimismo al incumplimiento de las instrucciones al respecto, siendo los Carabineros quienes están llamados a hacer cumplir la Ley, garantes del derecho, infringiendo lo anterior al realizar aquella inconducta.

3.3. Se hace presente que respecto a no haber sido recibido en audiencia previa a la resolución de baja, es pertinente manifestar que el artículo 12 no contempla la obligación para el Mando competente de escuchar en audiencia al afectado antes de ejercer la potestad disciplinaria, en ese sentido se entiende que la Autoridad debe ponderar la gravedad -lo que se realizó-, además que el inculpado debe estar confeso en su responsabilidad o bien la responsabilidad debe ser evidente, y esta última hipótesis no exige declaración, como es el caso de marras, ya que existe un video en el cual se acredita el hecho motivo por el cual fue dado de baja de las Filas de la Institución.

3.4. Aduce además que la baja dispuesta en calidad de Prefecto Subrogante no fundamento mi investidura ni cargo, lo cual no es efectivo ya que de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, el cual señala que conocer y resolver las faltas que cometan los subalternos es un deber funcional y propio de la misión o puesto que desempeñan los oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros. Esta Atribución es inherente al cargo que se haya conferido. En Ausencia del titular pasará al que reglamentariamente lo reemplace. Por lo cual este Prefecto Subrogante tenía atribución y competencia para disponer la baja de las filas de la Institución con efectos inmediatos del recurrente, para lo cual se adjunta además acta de entrega del nombre reservado por haberse dispuesto su retiro absoluto, asumiendo como Prefecto Subrogante quien suscribe.

3.5. Finalmente en cuanto a la vulneración a su juicio de las normas contempladas en la Ley 19.880 que establece Bases de los Podrecimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, es pertinente señalar que ello no es susceptible de Recurso de Protección, por el contrario y tal como se indicó en la notificación de la Resolución de Baja, se inició un Sumario Administrativo, pudiendo realizar sus alegaciones en las instancias de impugnación a contar de la notificación de la Vista Fiscal.

IV. AUSENCIA DE DERECHO INDUBITADO.

Se hace necesario mencionar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinario y sumarísimo, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene este recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo.

En tal sentido, es importante mencionar que, para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de derecho indubitado, esto es un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que no es posible apreciar en sus alegaciones, haciendo presente a Usía. que el actuar de Carabineros se ampara en una facultad reconocida, que le permite la normativa legal y reglamentaria citada en el acápite II del presente instrumento; argumentado el recurrente que el referido acto, resulta ser ilegal y arbitrario.

Por tanto, al tenor de lo expresado previamente, y, en consecuencia, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, cabe colegir que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto –supuesto fáctico que no se verifica-, de modo que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

V. CONCLUSIÓN.

Acorde a las consideraciones expuestas, se estima que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y admitir el presente recurso de protección, por lo que el Iltmo. Tribunal de Alzada, debería rechazarlo, con costas, en atención a que Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

VI. ANTECEDENTES A REMITIR.

Para mayor ilustración se acompañan, como se requiere, copias de los siguientes antecedentes que inciden en la materia: - Resolución Exenta N° 24, de 13.01.2025 - Acta de Entrega de la Prefectura nombre reservado N° 15, con motivo de llamado a retiro absoluto de las filas de la Institución del nombre reservado, de 12.09.2024.

Tercero: Que el recurso de protección procede cuando existe un acto ilegal, o arbitrario –o una omisión semejante- que en grado de amenaza, perturbación o privación, conculca uno o más de los derechos señalados por el artículo 20 de la Carta Fundamental. Para ello debe haber un derecho indubitado y no una disparidad de pareceres o una controversia que deba resolverse en forma previa.

Cuarto: Que el acto específico denunciado en este caso como fuente de la vulneración de los derechos invocados en el libelo pretensor, es la Resolución Exenta N° 837 de 22 de diciembre de 2024 dictada por el Prefecto (S) de Carabineros de nombre reservado, mediante la cual se dio de baja al recurrente, por mala conducta y con efecto inmediato, al existir una denuncia por hurto en su contra.

Dicho acto establece los hechos en los que se basa, descritos con claridad en sus considerandos, complementados con las reglas legales y reglamentarias en las que se funda, que cita de manera pormenorizada.

Quinto: Que la resolución aludida se funda en la facultad que al emisor le otorgan las normas que la sustentan y contiene los fundamentos en los que se apoya, resultando coherente con lo establecido en el artículo 127 N° 4 letra a) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal, en relación con el artículo 23 N° 2, letra e) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile.

Sexto: Que consta en los antecedentes en estudio, que los hechos en los que se basa el acto que se impugna a través de esta vía cautelar, dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo y a la formación de una causa penal, encontrándose suspendida la primera de ellas por la cuestión penal en tramitación.

Séptimo: Que la decisión por la que se dio de baja al actor es un acto cuyo efecto queda condicionado a lo que se resuelva en el sumario administrativo, gestión en la cual el recurrente tiene derecho a intervenir en pos de su defensa; la existencia del sumario corrobora que la resolución impugnada no es definitiva ni terminal, lo cual se ajusta a la naturaleza y finalidad es ésta.

Octavo: Que, además, como está pronunciada por quien tiene la facultad legal para hacerlo, en atención al cargo que ostenta en Carabineros de nombre reservado y debido a que se apoya en los antecedentes fidedignos que la justifican, no es ilegal ni arbitraria, por lo que no concurren los requisitos para admitir lo impetrado en este arbitrio constitucional, sin perjuicio de lo que se concluyere en el sumario administrativo y en la investigación penal, indagación esta última en la cual el actor también tiene derecho a intervenir en su defensa.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Prefecto (S) de Carabineros de nombre reservado, sin costas.

Redacción del ministro Hernán González García.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 35-2025/Protección.