nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Talca, uno de julio de dos mil veintidós.- VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado don Carlos San Martín Morandé, por don nombre reservado, su abuelo, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional del Maule, con motivo de la acción arbitraria consistente en cobrarle y aumentarle, año a año, el impuesto territorial (contribuciones), pese a su avanzada edad 92 años, y atendido a que desde hace ya muchos años que ha dejado de trabajar, tiene una renta que no le permite solventar los altos gastos impositivos que recaen sobre la propiedad que ha poseído desde hace casi toda una vida, lo que vulnera gravemente sus garantías constitucionales, reconocidas en los número 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que su abuelo, es una persona oriunda de Curicó que desde temprana edad se ha dedicado a trabajar arduamente, incluso teniendo que abandonar tempranamente sus estudios para poder costear su vida y la de su familia; que estudió dos años en el Instituto Superior de Comercio de Santiago, pero luego, ante la necesidad económica, se vio forzado a abandonar sus estudios, agregando que se ha desempeñado en distintos rubros y empresas a lo largo de su vida, ferretería, siembra, agroquímicos, contabilidad, entre otros. Dice que ha emprendido, se ha empleado, ha prestado servicios; ha trabajado, año a año, sin tener ninguna laguna, desde que era menor de edad.

SEGUNDO: Continúa diciendo, que transcurridas décadas se jubiló el año 1995, señalando que el año 1988 logró adquirir el terreno en donde vive actualmente; en esa época una zona alejada y rural de Curicó, sector El Boldo, de escaso valor comercial, tanto así, que, nunca pagó un solo peso por ese terreno, sino que lo recibió en parte de pago a causa de una deuda que le fue pagada por un antiguo deudor, ascendente a $5.000.000. De esta manera, en un lugar cerca de su ciudad natal, y bajo la tranquilidad característica del campo, a la fecha de jubilación, en el año 1995, logró construir con sus ahorros la casa en la que vive hasta el día de hoy, residiendo desde hace más de 30 años en el mismo lugar, agregando que pese a que ya había jubilado, siguió trabajando, debido que a los 65 años las deudas son tan altas, que es imposible dejar de producir, por lo que su abuelo tuvo que seguir generando alguna renta, aunque fuere menor a la habitual, lo que duró hasta el año 2010, fecha en que dejó de trabajar y recibir cualquier tipo de renta laboral.

Arguye que pese a lo anterior, debió seguir pagando, año a año, los impuestos territoriales que gravan la propiedad en la cual sigue viviendo junto a su abuela, la que siempre ha vivido a expensas de su marido; impuestos que aumentan considerablemente todos los años, ya que conforme a lo que dispone el artículo 3 de la Ley de Impuesto Territorial cada 4 años se efectúa, en el país, un reavalúo de todas las propiedades.

En definitiva, dice que su abuelo desde el año 2010 no genera rentas y pese a ello, el Servicio de Impuestos Internos, año a año, sigue aumentando el cobro por concepto de impuesto territorial que recae sobre su propiedad, lo que, lamentablemente, lo forzará a venderla, acotando que durante los últimos 12 años ha logrado pagar las contribuciones con sus ahorros, pero a estas alturas, agotadas casi todas sus reservas, considerando además los altos costos que tiene una persona de la tercera edad que ya tiene casi 92 años, en fármacos costosos, gastos en doctores y exámenes médicos, seguros de salud, entre otros, se encuentra forzado a interponer esta acción constitucional de protección, porque de lo contrario deberá vender su propiedad.

TERCERO: Luego de reseñar los ingresos de su abuelo y los costos que debe asumir, los que resume en $2.000.000 el gasto mensual habitual, mientras que su ingreso mensual no supera los $200.000, representando apenas el 10% de sus gastos mensuales y ordinarios; acota que los gastos siguen aumentado año a año, en especial los de orden médico y por contribuciones de bienes raíces.

Hace luego un alcance a las costas adicionales que cubre con sus ahorros, detallando tanto las operaciones quirúrgicas, su valor y la forma como cubrió esos costos, habiendo consumido, dos operaciones, buena parte de los ahorros de su abuelo.

Expresa que su abuelo es dueño de dos propiedades pequeñas y de escaso valor, que con los escasos arriendos que recibe logra pagar las contribuciones pertinentes, acotando que esos departamentos son la única fuente de ahorro que le permite seguir viviendo el día de hoy, y con la cual puede solventar sus gastos mensuales de alimentación, vivienda, gastos médicos, entre otros, aduciendo que ya la puso en venta lograr seguir sustentando su vida y la de su cónyuge, porque no tiene ningún otro ingreso más, salvo su pensión que con suerte supera los $100.000.

CUARTO: En cuanto a las contribuciones que debe solventar su abuelo, por la propiedad rol 1298-02 de Curicó, para ejemplificar el aumento acompaña un cuadro explicativo, pudiendo observarse que las contribuciones han aumentado vertiginosamente, lo que claramente representa uno de los gastos más relevantes y costosos para la vida de su abuelo, expresando que en 20 años, la cuota trimestral por contribuciones ha llegado a aumentar en un 300%, encontrándose a la fecha de hoy, al día en el pago de contribuciones, no adeudando ninguna sola cuota, lo que da cuenta de la fiel y honesta conducta pagadora que ha tenido toda su vida frente a sus obligaciones fiscales.

QUINTO: Afirma que las acciones de la recurrida, consistente en cobrar y aumentar los impuestos territoriales de la propiedad de su abuelo, revisten una evidente arbitrariedad, en tanto se cursan cobros impositivos a una persona que tiene casi 92 años, tratándolo como si siguiera ejerciendo laboralmente y siguiera obteniendo rentas por el trabajo, sin considerar de modo alguno su estado patrimonial, etario y vital, apoyándose en doctrina dice que un acto es arbitrario cuando es contrario a la justicia, injusto, irracional, prejuiciado, desproporcionado para el fin querido, guiado o movido por el capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, todo en desmedro del valor de la justicia y de la equidad, como también en jurisprudencia del Tribunal Constitucional al sostener que “En la arbitrariedad hay una ausencia de razones en un accionar determinado; es un simple “porque sí”; por eso la tendencia a hacerla sinónimo de falta de fundamento, de mero capricho o voluntad”.

SEXTO: Enfatiza que precisamente dicha situación se da en este caso, siendo irracional, contrario a la justicia y caprichoso que, habiendo transcurrido casi 30 años desde que su abuelo se jubiló y casi 15 años desde que dejó de trabajar, se le sigan cobrando, e incluso con un alza progresiva, los impuestos territoriales sobre la casa que ha vivido las últimas tres décadas de su vida y en la cual pretende terminar sus últimos días, diciendo que no hay nada más injusto y arbitrario que forzar a una persona a vender lo que ha logrado con esfuerzo y sudor, solo por ser anciano, por tener más de 90 años, y por no tener la capacidad física de seguir trabajando y produciendo para pagar las deudas con el Fisco de Chile, sin perjuicio de haber sido un excelente pagador de todas sus obligaciones durante toda su vida, expresando que los actos señalados en este libelo perturban o al menos amenazan distintos derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad ante la ley, contenido en el n° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía fundamental que no consiste en tratar a todas las personas por igual, sino que tratar igual a los iguales, y diferente a quienes son diferentes, como reiteradamente lo ha explicado nuestra doctrina y jurisprudencia, volviendo a citar doctrina y jurisprudencia.

Reflexiona que su abuelo, que tienen más de 90 años y que padece de serios problemas ajenos al resto de las personas sub 90's, merecen ser tratadas conforme a las mismas; dice que abuelo no es igual a una persona que trabaja, que tiene rentas laborales, que puede desplazarse fácilmente, que no tiene graves problemas de salud, que no tiene que hospitalizarse regularmente, que no tiene que acudir semana a semana al médico, que tiene un estado físico activo o que tiene suficientes ahorros o ingresos para paliar los distintos gastos de la vida.

En ese sentido agrega, es totalmente arbitrario y atentatorio contra el derecho a la igualdad, que se cobre y aumenten impuestos territoriales a su abuelo en igual razón como ocurre con todas las otras personas y ciudadanos de nuestro país que se encuentran en una situación diametralmente más ventajosa y provechosa, y en todo aspecto, como salud, patrimonio, entre otras, por lo cual los actos recurridos atentan directamente contra la igualdad ante la ley, al tratar a su abuelo, como si se tratara de un contribuyente común y corriente, sin considerar su verdadero estado patrimonial, etario y de salud.

En cuanto a la otra garantía conculcada, contemplada en el numeral 24 del artículo constitucional ya citado, el derecho de propiedad, lo califica de excluyente, individual, total, soberano y perpetuo”, y avalado por nombre reservado, afirma que el acto recurrido consistente en cobrar y seguir aumentado los impuestos territoriales sobre la propiedad de su abuelo, atenta derechamente contra su derecho constitucional de propiedad, ya que, los gastos que representan dichas contribuciones, de conformidad con el estado de vida de su abuelo, lo terminarán forzando a deshacerse derechamente de su propiedad, porque, de otra manera, no tendrá los recursos suficientes para pagar los dispendiosos impuestos que año a año cobra el Servicio de Impuestos Internos, agregando que este cobro impositivo importa la infracción y el desmembramiento de la propiedad, ya que, no tienen el dinero para costear las contribuciones, como tampoco la más mínima posibilidad de generar ingresos atendido su avanzado estado de vejez y delicado estado de salud.

Termina solicitando que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para reestablecer el imperio del derecho y, en especial, ordenando al Servicio de Impuestos Internos que declare que nombre reservado se encuentra exento de pagar contribuciones por la propiedad señalada, en subsidio que declare que se encuentra exento de pagar el 50% de cada cuota de contribuciones y que las contribuciones no pueden seguir aumentando, debiendo ser congeladas a la fecha en que se dicte sentencia definitiva, y en subsidio que declare que se encuentra exento de pagar el porcentaje o monto de cada cuota de contribuciones, con expresa condena en costas en caso de oposición.

SÉPTIMO: Que al informar el Servicio recurrido, señala que de acuerdo a sus registros aparecen a nombre del recurrente tres propiedades habitacionales, dos estacionamientos y dos bodegas, entre los cuales se encuentra el inmueble a que se refiere el recurso el que se encuentra ubicado en “Parcelación Santa Ana pc 27 santa Ana”, de la comuna de Curicó, rol de avalúo fiscal N° 1298-2, cuyo avalúo vigente asciende a la suma de $283.808.525, de 5.424 metros cuadrados de superficie, 350 metros cuadrados de construcciones y 71 metros cúbicos de piscina, correspondiendo a un terreno urbano con destino habitacional, solicitando que el recurso debe ser rechazado, ya que no se verifican en la especie, ninguna de las exigencias previstas en la ley para su procedencia, esto es, inexistencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en la actuación impugnada.

OCTAVO: Como todo órgano del Estado, dice que el Servicio de Impuestos Internos debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6°, de la Constitución Política de la República, y en estricta relación con el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo, que reproduce, como también el artículo 2°de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que también copia, haciendo referencia además a lo dispuesto en el artículo 1°, del Código Tributario, en concordancia con el artículo 1°, de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, señalando que le corresponde a ese organismo, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter, en que tenga interés el Fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente; continúa mencionando el artículo 6°, del Código Tributario, en cuanto a que: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Prosigue señalando que en ese contexto, la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, prescribe en su artículo 1° que: “Establécese un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado de conformidad con las disposiciones de la presente ley’; y el artículo 2°, de este cuerpo legal, dispone que “Estarán exentos de todo o parte de los impuestos establecidos en la presente ley, los inmuebles señalados en el Cuadro Anexo en la forma y condiciones que en él se indican. Además, estarán exentos de todo o parte del referido impuesto, aquellos predios que no se mencionan en dicho cuadro y que gozan de este beneficio en virtud de leyes especiales.”, afirmando que las exenciones de impuestos se encuentran consagradas en normas de orden público y de derecho estricto, por lo que se requiere cumplir con los requisitos establecidos por el legislador para encontrarse amparado en éstas. Luego hace cita del artículo 3° de la citada Ley, que establece lo concerniente al proceso periódico de reavalúos.

NOVENO: El recurrido afirma que el recurrente no individualiza cual es la acción u omisión realizada por el Servicio, que conculcaría sus derechos, solicitando que se declare, que está exento del pago de impuesto territorial o del 50% de él, en base a su elevada edad y escasos ingresos.

En relación a lo anterior el Servicio recurrido afirma que por Ley corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización del Impuesto Territorial; que pesa sobre el Servicio, el deber de tasación de los bienes raíces, situados en Chile, concretamente en el artículo 3° de la Ley que rige el Impuesto Territorial; que el avalúo de los bienes raíces debe ser reajustado semestralmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 17.235, que indica; que el legislador ha establecido beneficios especiales en esta materia para los adultos mayores vulnerables, los que se encuentran consagrados en la Ley N° 20.732, publicada en el DO de fecha 05.03.2014, sobre “Rebaja al Impuesto Territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente”, que en su artículo 1° dispone: “ Rebájase el monto del impuesto territorial correspondiente a la suma del valor de las cuotas tercera y cuarta del segundo semestre de un año y primera y segunda del primer semestre del año siguiente respecto de un inmueble no agrícola con destino habitacional, del siguiente modo: a.) Si los ingresos anuales del contribuyente de impuesto territorial al 31 de diciembre del año anterior, no exceden de la cantidad equivalente al tramo exento de pago del impuesto global complementario, considerando para este efecto el valor de la unidad tributaria anual en el mes de diciembre del año anterior a aquel en que se hace efectiva la rebaja, dicha rebaja corresponderá al 100% del impuesto territorial determinado para el período de aplicación de este beneficio; b). Si los ingresos anuales del contribuyente de impuesto territorial al 31 de diciembre del año anterior superan la cantidad señalada en la letra anterior y no exceden del límite superior del primer tramo afecto al impuesto global complementario, considerando para este efecto el valor de la unidad tributaria anual en el mes de diciembre del año anterior a aquel en que se hace efectiva la rebaja, dicha rebaja corresponderá al 50% del impuesto territorial determinado para el periodo de aplicación de este beneficio.

Continúa el Servicio recurrido señalando que para acceder a la rebaja señalada en el inciso anterior, se deberán cumplir los siguientes requisitos copulativos: 1. - Tener el contribuyente beneficiario al menos 60 años de edad si es mujer o 65 años de edad si es hombre, en el año anterior a aquel en que se haga efectiva la rebaja; 2. - Que el inmueble por el que se hace efectiva la rebaja se encuentre inscrito a su nombre, exclusivamente o en conjunto con su cónyuge, conviviente civil o, en caso que estos últimos hubieran fallecido, con sus hijos que los hayan sucedido, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se haga efectiva la rebaja; 3. - Que el respectivo inmueble se encuentre destinado efectivamente a la habitación; 4. - Que el avalúo fiscal vigente del inmueble en el semestre en que se realiza el cobro del impuesto territorial y se invoca el beneficio, no exceda de la cantidad de ciento veintiocho millones de pesos, al 1° de julio de 2018, cantidad que se reajustará semestralmente a contar del 1° de enero de 2019, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9° de la ley N° 17.235. En forma adicional a ese reajuste, cada vez que se practique un reavalúo de bienes inmuebles no agrícolas con destino habitacional de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo tercero de la ley N° 17.235, dicha cantidad se reajustará en la misma proporción en que varíen en promedio los avalúos fiscales de dichos inmuebles. En caso que el contribuyente sea propietario de más de un inmueble que califique para el beneficio, éste se aplicará al que tenga el avalúo fiscal mayor; 5. - Que la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces del contribuyente, independientemente de su serie o destino, no exceda de la cantidad de ciento setenta y un millón de pesos al 1° de julio de 2018, reajustada en la misma forma establecida en el número 4.- anterior, considerando para estos efectos el avalúo vigente en el semestre del cobro del impuesto territorial respectivo.”

DÉCIMO: Que en relación a lo hasta ahora razonado, el recurrido dice que conforme a la información con que cuenta ese Servicio, el recurrente no cumple con el requisito singularizado en el N° 5, del artículo transcrito, toda vez que la suma total de los avalúos de los inmuebles de su propiedad asciende a la cifra de $474.214.490., por lo que no tiene derecho al beneficio señalado, por lo que no existe propiamente una acción u omisión ilegal o arbitraria emanada del Servicio y que más bien, la recurrente pretende a través de la interposición de su acción, que le otorgue un beneficio que no está contemplado en la ley, lo que no solo es improcedente sino que además excede el ámbito de la presente acción cautelar.

Razona a su vez, que si el recurrente se encuentra disconforme con el avalúo fiscal de su propiedad, en el ordenamiento jurídico existe un procedimiento jurisdiccional especial, de carácter declarativo, para que pueda reclamar del mismo, que se encuentra establecido en el artículo 149 y siguientes del Código Tributario, sobre “Procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces”, que es de competencia del Tribunal Tributario y Aduanero respectivo. Y, que en relación con el beneficio al adulto mayor señalado, la Ley N°20.732 también dispone de un procedimiento jurisdiccional especial para conocer del mismo, al señalar que “En todo caso, los contribuyentes podrán reclamar del giro de la cuota de contribuciones que no haya considerado la rebaja el beneficio establecido en este artículo en conformidad a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.”, concluyendo que el actuar del Servicio se encuentra ajustado a la legislación vigente, no apreciándose ilegalidad alguna en la determinación del impuesto territorial o contribuciones respecto del inmueble antes señalado.

UNDÉCIMO: Conforme a sus predicamentos, el recurrido expresa que no existe por su parte un acto ilegal o arbitrario, en los términos expuestos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales por ella consagradas, por cuanto su actuar se enmarca dentro de las potestades que detenta de acuerdo con lo establecido en la Ley N°17.235 sobre Impuesto territorial, reiterando que no se expresó de manera clara y concreta cuál sería la forma en que dichos derechos se han visto afectados, o cómo es que ellos resultaron conculcados por la actuación que le imputa, insistiendo que en el arbitrio no existe constancia alguna de la verificación de un hecho concreto que justifique dicha acción, para lo cual fue al relato del recurrente diciendo que éste carece de fundamento dado que la acción, alegada como arbitraria, aparece como un reclamo ante su disconformidad ante el ejercicio de una facultad legal radicada en el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, la cual está limitada al cumplimiento de una serie de requisitos administrativos, pero que, en el caso en concreto, y de acuerdo a lo expuesto por el propio recurrente, de manera alguna afecta el ejercicio de alguno de los derechos supuestamente afectados.

En la prosecución de su informe sostiene que no se divisa cómo el actuar del Servicio de Impuestos Internos pudiera afectar el derecho a la igualdad del recurrente, ni cómo ese derecho se entiende privado, perturbado ni amenazado, lo cual no se fundamenta mayormente en el recurso incoado, ante lo que no cabe sino rechazar estas imputaciones, debido a que todas las acciones efectuadas por el Servicio se han realizado en estricto apego a las normas legales vigentes, volviendo a repetir que el recurrente no se enmarca dentro de los requisitos establecidos en la Ley N°20.732, por lo que no resultaría aplicable una rebaja de contribuciones, toda vez que la suma de los avalúos de sus propiedades ascienden a $474.214.490., acotando que conceder exenciones de impuestos no establecidas en la ley podría entenderse como una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, afirma que tampoco puede considerarse conculcado el derecho de propiedad, puesto que el recurrente carece de un derecho indubitado para exencionarse del impuesto territorial, reiterando lo legislado respecto de los adultos mayores que limitó el beneficio, estableciendo que el avalúo de las propiedades de las cuales es dueño no debe superar el monto de $187.157.619.-, siendo en consecuencia el propio legislador quien ha establecido un beneficio en la Ley N°20.732 para que los adultos mayores puedan rebajar el monto de contribuciones que debiesen pagar, el cual no resulta procedente en el presente caso, debiendo el Servicio proceder al cobro de las correspondientes contribuciones en virtud de lo dispuesto por la Ley N°17.235, no debiendo entenderse que ello implique una afectación del derecho de propiedad de la recurrente, haciendo referencia a lo resuelto por esta misma Corte de Apelaciones en la causa rol 494-2010, como la Corte de Alzada de Santiago en causa rol 79.896- 2019.

DÉCIMO SEGUNDO: Por último, para el Servicio recurrido, lo que el recurrente pretende es que la Corte declare una exención de Impuesto Territorial en un 100% o en un 50%, al margen del beneficio para el adulto mayor ya referido, o se “congelen las contribuciones”(sic) lo que a su parecer escapa de las facultades de este tribunal de alzada, ya que, en virtud del principio de reserva legal, establecido en N° 14, del artículo 63 y N° 1, del inciso final del artículo 65 de la Constitución Política de la República, solo una Ley promovida por el Poder Ejecutivo, puede “crear exenciones”.

En definitiva sostiene que no existe actuación arbitraria e ilegal por parte de su repartición; y, no existe afectación a las garantías constitucionales invocadas, por lo que pide el rechazo del arbitrio.

DÉCIMO TERCERO: Que el recurrente sosteniendo que el cobro del impuesto territorial que se le hace a su abuelo, por un hombre de 92 años de edad es arbitrario y atentatorio contra el derecho a la igualdad, por encontrarse su ascendiente en una situación precaria tanto en salud como en patrimonio, al tratar a su abuelo, como si se tratara de un contribuyente común y corriente, sin considerar su verdadero estado patrimonial, etario y de salud; como también afectándole el derecho de propiedad, al cobrar y seguir aumentado los impuestos territoriales ya que, los gastos que representan dichas contribuciones, de conformidad con el estado de vida de su abuelo, lo terminarán forzando a deshacerse derechamente de su propiedad, porque, de otra manera, no tendrá los recursos suficientes para pagar los impuestos que año a año cobra el Servicio de Impuestos Internos, impetra esta acción cautelar constitucional solicitando que la Corte e adopte restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido que declare que nombre reservado se encuentra exento de pagar contribuciones por la propiedad señalada, en subsidio que declare que se encuentra exento de pagar el 50% de cada cuota de contribuciones y que las contribuciones no pueden seguir aumentando, debiendo ser congeladas a la fecha en que se dicte sentencia definitiva, y en subsidio que declare que se encuentra exento de pagar el porcentaje o monto de cada cuota de contribuciones. Para solicitar lo anterior cuestiona el actuar del Servicio recurrido, diciendo que es ilegal y arbitrario.

DÉCIMO CUARTO: Que la pretendida ilegalidad del Servicio recurrido pierde sustento del momento que es la legislación a través de la Ley n° 17.235 el que le da sustento al actuar de aquel servicio, tanto al establecer un impuesto a los bienes raíces, que se aplica sobre el avalúo de ellos, como al disponer las exenciones totales o parciales de dichos impuestos, como también la periocidad de los reavalúos. Lo anterior se ve reafirmado del momento que es por ley que al Servicio de Impuestos Internos le corresponde la aplicación y fiscalización del impuesto territorial; como también que es una ley, la N° 20.732, la que dispone la rebaja aplicable a los adultos mayores, conforme a las exigencias que esa ley contiene y los requisitos para acceder a ello.

Además el actuar del Servicio se encuentra reglado en el Código Tributario y en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, no divisándose que en el actuar que se le reprocha se haya apartado de la legalidad.

Del mismo modo no se vislumbra arbitrariedad en lo concerniente al rol del servicio recurrido en cuanto a la aplicación de las leyes aplicadas, aun cuando pudiera estimarse que la ley n° 20732 es discriminatoria o que el legislador al sancionarla haya discriminado respecto a determinados adultos mayores, tanto más cuando la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 2° dispone que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes", y lo prevenido en el artículo 1°, del Código Tributario, en concordancia con el artículo 1°, de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto corresponde a ese organismo, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter, en que tenga interés el Fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.

DÉCIMO QUINTO: Que al estimarse que el actuar del Servicio se ajustó a la legalidad vigente, no hay afectación a las garantías que se dicen conculcadas; a lo anterior se puede agregar que no resulta indubitado lo sostenido respecto al derecho de propiedad, toda vez que los asertos del recurrente mas bien refieren a una mera expectativa sujeta a la ponderación y resolución de la autoridad pertinente en el marco de sus prerrogativas, por lo que no cabe calificar tal situación jurídica como un indubitado derecho de propiedad en los términos que lo exige el presente recurso, por lo que deberá desecharse este arbitrio.

Conforme a lo razonado, disposiciones legales citadas y, visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se RECHAZA el interpuesto por el abogado don Carlos San Martín Morandé, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional del Maule, sin costas; lo anterior sin perjuicio de otras acciones que puede presentar en sede tributaria.

Si bien se ha rechazado esta acción cautelar, los sentenciadores no pueden soslayar la grave situación de injusticia en que quedan personas de avanzada edad como en este caso ocurre, en desmedro de otras, dejándole como única alternativa el desprenderse de sus propiedades obtenidas con esfuerzo y trabajo, no encontrando justificación la exención o rebaja en una arbitraria decisión de vulneralidad, situación en que están todos los nacionales de este país mayores, a lo menos, de 80 años.

Redacción del presidente de la Segunda Sala, ministro don Rodrigo Biel Melgarejo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 338-2022 protección.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber concluido la suplencia.