Protección contra Empresa CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA

Talca, siete de marzo de dos mil diecinueve VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que nombre reservado, en conjunto nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deducen acción de protección en contra de la Empresa CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA., en contra de nombre reservado, por sí y como profesional Residente de la obra “MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715 VILCHES ALTO, TRAMO KM 11.700 AL KM 27230, COMUNA DE SAN CLEMENTE, nombre reservado, REGION DEL MAULE”, ambos con domicilio domicilio reservado, vereda Norte, Vilches Alto, comuna de San Clemente, nombre reservado, en contra de nombre reservado y en contra de nombre reservado, ambos con domicilio en el Sector de Vilches Altos, Comuna de San Clemente, paradero “El Roble” sin número, Kilometro 24.000 aproximadamente, por sus actuaciones arbitrarias, ilegales y abusivas consistentes en el ingreso sin autorización a su propiedad ubicada en el Kilómetro 24.200 denominada “EL CANELO”, donde procedieron a instalar maquinarias pesadas encargadas del procesamiento de áridos, generando con ello un impacto paisajístico y medio ambiental de carácter grave; alteraron el terreno con excavadoras y camiones, provocando además, la destrucción de deslindes y el acopio de material de desecho, utilizando el terreno como botadero de excedentes de movimiento de tierra, sin su consentimiento.

Al efecto y en lo estrictamente pertinente, manifiestan que la presente acción de protección de Derechos y Garantías Fundamentales se origina porque los recurridos procedieron a ingresar ilegal y arbitrariamente, sin autorización a su propiedad, de la que tienen un Derecho de dominio indubitado, donde los recurridos están realizando actos de destrucción en un inmueble que tiene una superficie aproximada de 2, 5 hectáreas, han alterado cercos y han atentaron contra la flora y especies nativas propias de la zona, pasando a llevar con sus máquinas arboles de larga data, alteraron el suelo y su calidad, causando un daño medio ambiental difícil de revertir.

Señalan que es necesario para un cabal entendimiento de la violación del Derecho de Propiedad amparado por el artículo 19 N° 24 y el Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación amparado por el articulo 19 N° 8 de la Constitución Política de la Republica y del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, analizar el título de propiedad indubitado y legalmente constituido, que le asiste a esa parte y del cual son exclusivos titulares respecto de los derechos provenientes de nombre reservado, que sustenta su legitimación activa y que reflejaran el abuso, arbitrariedad e ilegalidad de los recurridos en sus actos, realizados con el único propósito de entorpecer, dañar y privarlos de sus Derechos. Dice que el Derecho de Propiedad que se está viendo vulnerado y que suscita la presente acción y requerimiento de Protección se genera en virtud de una escritura Pública de Cesión de Derechos donde Doña nombre reservado y Don nombre reservado, sus tíos, venden, ceden y transfieren a Don nombre reservado (su padre), quien acepta y compra para sus hijos Iván, Diana y nombre reservado, recurrentes en estos autos, todas las acciones, cuotas y derechos que le correspondían a los Cedentes, en la herencia quedada al fallecimiento de sus padres Don nombre reservado y a Doña nombre reservado, en la hijuela A, Vilches Altos, a la altura de Kilómetro 24.200, denominada “El Canelo” perteneciente a la comuna de San Clemente, Rol del Servicio de Impuestos Internos 166-05. Dicha escritura se celebró en Talca el día 7 de enero del año 1994 y se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, y generó la inscripciones de fojas 5.282, Número 3387 del año 1995, esto es, hace más de 20 años atrás y la inscripción de fojas 10213, Número 4519 y 4520, del año 2013. Siendo la Número 4519 la correspondiente al lugar donde se están conculcando sus Derechos por los recurridos. Hace presente que sólo a modo aclaratorio, la Número 4520 corresponde a otro terreno que se ubica en la localidad de Vilches Bajos, que recae en un inmueble donde esa parte recurrente también tienen los Derechos de Propiedad provenientes de nombre reservado y nombre reservado ambos nombre reservado, por Cesión De Derechos, y también los derechos provenientes de Don nombre reservado (padre de los recurrentes) por Herencia, sucesión intestada, pero que no son materia de estos autos.

Indican que el terreno afectado, que corresponde a una superficie aproximada de 2,5 hectáreas y que hoy es objeto de vulneración de garantías y Derechos constitucionales, se emplaza en la localidad de Vilches Altos, en la llamada Hijuela A, Kilometro 24.200, estos derechos se encuentran vigentes y forma parte de un inmueble de mayor cabida. Estos derechos pertenecen a esa parte recurrente, donde Ivan y Fiorella, son propietarios cesionarios desde el año 1994, en razón de la ya citada Cesión de doña nombre reservado. Iván, Diana y nombre reservado quienes son cesionarios de Doña nombre reservado y don nombre reservado; son propietarios además de la cuota que como herederos de la cesión intestada, quedada al fallecimiento de nombre reservado.

Afirman que las anteriores inscripciones correspondiente a la Cesión de Derechos, citada anteriormente, las que quedaron suscritas originariamente a fojas 1015, Número 1004, del año 1972 y a fojas 1016 vuelta, Número 1005, también del año 1972. Dice que se puede advertir que los Derechos que provienen de Doña nombre reservado y que están siendo vulnerados, trasgredidos y afectados por los recurridos, son propiedad de esa parte hace más de 20 años y así los han mantenido inalterables por el tiempo, conservando este patrimonio de manera invariable y propiciando en todo momento la conservación de la Flora existente en el lugar, prohibiendo siempre cualquier intervención de terceros, evitando la tala de árboles nativos que están debidamente amparados por la Corporación Nacional Forestal.

Estiman necesario aclarar, que esa parte transfirió los Derechos y Acciones provenientes de la Cesión hecha por Don nombre reservado por la Número 6577, del año 2015, en dicha inscripción tal cual sucedió con la Sub inscripción al margen que se registra en la N° 4519 del año 2013, el Conservador de Bienes Raíces de Talca cometió un error en su elaboración, pero rápidamente en virtud del artículo 88 del Registro del Conservador de Bienes Raíces, teniendo a la vista la Escritura que dio origen a estas anotaciones, se enmendaron, dejando claro que respecto a la N° 4519 del año 2013, solo se transfirieron los Derechos provenientes, como ya se dijo, de la Cesión de Don nombre reservado. La propiedad que les pertenece es un bien raíz que en su origen se extendía desde el camino Publico hasta el Rio Lircay, la casa familiar se erigió en la propiedad que luego correspondería por una partición de común acuerdo entre los herederos, a doña nombre reservado, cedente de esta parte. A ese predio se ingresa por el Camino Vecinal, camino interno y privado que está inserto en el Dominio y forma parte de la cuota que le pertenecía a nombre reservado. Hacen mención a este hecho por la alteración que también ha sufrido esta vía de ingreso a consecuencia de los actos arbitrarios e ilegales cometidos por los recurridos.

Exponen que este camino interior o vecinal que estaba en buen estado, es la única vía de acceso a él, sin perjuicio de lo anterior, este camino vecinal forma y es parte de su Derecho de Dominio y son ellos quienes tiene total y legitima facultad para permitir la libre circulación de todo aquel que acceda a sus inmuebles, por mera tolerancia.

Añaden que el día 21 de Octubre de 2018, el recurrente nombre reservado concurrió al terreno y se encontró con la puerta de fierro que da acceso a ella cerrada con una cadena con candado instalado en ella, a consecuencia de esto, no pudo ingresar ni a pie ni menos aún con vehículo. Destaca este hecho ya que este acto arbitrario e ilegal ya se había suscitado hace dos años atrás aproximadamente. En ese momento dedujeron una Acción de Protección que fue acogido por esta Corte, en todas sus partes. Claramente se estaba en presencia del delito de Desacato, pero hasta ese momento desconocían quién o quienes podrían estarlo cometiendo. A la distancia se observaba maquinaria de la Empresa YELCHO estacionada en el lugar y material rocoso disperso en el camino vecinal anteriormente mencionado. Se hizo un ingreso por un lugar no habilitado para poder saber a quien pertenecía la maquinaria y la afectación de su propiedad. Hasta ese momento, solo existía maquinaria estacionada en el lugar y una intervención marginal en el lugar. Posteriormente el recurrente nombre reservado concurrió a la casa donde residen nombre reservado y nombre reservado; el Sr. nombre reservado señala que el tiene las llaves del portón de ingreso. En un primer momento señala que les entregara copias, pero que no puede hacerlo en ese instante porque debía sacar copias y que se las haría llegar. Se le pregunta por las maquinas que se habían avistado y sola da respuestas evasivas.

Hacen presente que comenzó una busqueda utópica por lograr que los recurridos nombre reservado y nombre reservado hicieran entregas de las llaves de la puerta de acceso a su terreno. Ellos generaron, mediante llamados telefónicas, las expectativas de que entregarían las llaves pero luego desaparecían y no llegaban al lugar o el día en que ofrecía su entrega. Finalmente el día 7 de octubre de 2018, la Sra. nombre reservado señala que por instrucciones de otra comunera, Doña nombre reservado no se les entregaría las llaves hasta que esta última regresara de un viaje a EEUU, donde estaba. Se le manifiesta a la recurrida nombre reservado que lo que estaba haciendo era desatender una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca y por ende estarían en desacato. Hace presente que el fallo al que se hace referencia es el dictado en el Recurso de Protección Rol Nº 3596-2016.

Consideran que el actuar de los recurridos mencionados en este punto, son manifiestamente arbitrarios e ilegales, son derechamente desafiantes respecto a lo resuelto por los Tribunales de Justicia.

Exponen que con los antecedentes que vagamente manejaban y con el fin de entender porque había maquinaria en el lugar y piedras en el camino vecinal, intentaron comunicarse con la empresa recurrida, en sus oficinas de Santiago, el día 25 de octubre, indicándoseles que el profesional Residente a cargo del proyecto de pavimentación del camino a Vilches Alto, es el recurrido nombre reservado, con quién se contactaron telefónicamente el mismo día 25 de Octubre. Se le pregunta a este último por las máquinas y se le señala que ellos propietarios del lugar no dan permiso ni autorización para ingresar con maquinaria. Hasta ese momento desconocían absolutamente las verdaderas razones del estacionamiento de las máquinas de la empresa recurrida en el inmueble. Tampoco el recurrido Sr. nombre reservado comenta la situación ni dio señales de lo que ocurriría en el lugar.

Agregan que intentaron obtener copia de las llaves del candado que mantenía cerrado el portón de acceso de parte de los recurridos nombre reservado y nombre reservado, necesitaban saber que estaba sucediendo. El día martes 6 de noviembre se recibe vía Whatsapp fotografías de documentos enviados por el recurrido nombre reservado, siendo el primer conocimiento por su parte de estos documentos y no lograban entender ni dimensionar de que se trataba todo esto. De manera inmediata se comunicaron vía telefónica desde Santiago con él, donde se le solicita explique de que se trata todo lo enviado y manifiesta que él como parte de la empresa YELCHO SPA había firmado con la recurrida nombre reservado un instrumento público, donde esta última, arrogándose la calidad de propietaria habría autorizado el ingreso de la maquinaria para instalar una planta chancadora y un botadero en la propiedad.

Dicen que la recurrida nombre reservado carece de título de dominio en la Hijuela A, no es titular de derechos y tampoco es comunera.

Remarcan que la Empresa YELCHO SPA. No tenía ni tiene autorización de los recurrentes, como propietarios y por parte de la comunidad, para ingresar y menos trabajar y destruir la propiedad.

Expresan que concurrieron a la propiedad el domingo 11 de noviembre del año pasado y solicitaron a Carabineros de Chile, dotación del Reten Mariposas, que los acompañaran al domicilio de los recurridos nombre reservado y nombre reservado con el objeto de solicitarle las llaves de portón de acceso de la propiedad. En el lugar a los funcionarios de carabineros se les informa que existe un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que señala que el portón de acceso a la propiedad debe estar abierto y si está cerrado con candado, ellos deben tener llaves de dicho candado, para ingresar libremente. Nuevamente niegan las llaves pero dicen que sacaran el candado y cadena, dejando abierto, señalando que dejaran cerrado en la noche. Con su decisión limitan con horario el ingreso al terreno, por lo que claramente los recurrentes nuevamente actuando ilegalmente limitan y perturban sus derechos de propiedad. Gracias a la asistencia e intervención de carabineros los recurridos dejan abierto el portón de acceso al y una vez que lograron ingresar en vehículo a la propiedad, se dieron cuenta por primera vez, con mucha tristeza e impotencia que la empresa había instalado parte de una maquinaria pesada en la propiedad y había destruido una superficie de aproximadamente 2,5 hectáreas, realizando excavaciones, destruyendo cercos, arrancando árboles de flora nativa, ingresando con camiones de carga pesada, dejando residuos de áridos y piedras en el terreno, afectando de manera grave el terreno que será muy difícil de recuperar. En ese momento se entendió cuál era el objetivo que comprendía la negativa de dos de los recurridos de no entregar las llaves de acceso del portón ubicado en el camino vecinal. El día lunes 12 de noviembre volvieron al terreno, acompañados por el Sr. nombre reservado para constatar si los trabajos proseguían en el lugar, de inmediato vieron una camioneta ingresando y funcionarios de la empresa YELCHO trabajando en la propiedad, pese a la solicitud de abstención y no intervención hecha al profesional residente nombre reservado, quién representa a la empresa YELCHO en la zona. También se constató que el recurrido nombre reservado se encontraba trabajando en el lugar, asistiendo y ayudando a la empresa.

Afirman que los hechos anteriormente descritos demuestran que el actuar de los recurridos ha sido habitual, violento, arbitrario e ilegal; que más allá de respetar el derecho de Propiedad (sic) han ingresado sin la debida autorización de aquellos que tienen un título de propiedad debidamente inscrito, han destruido el lugar y arbitrariamente han intervenido un terreno sin tener el permiso correspondiente. Lejos de detenerse y evitar seguir actuando abusiva e ilegalmente han persistido en sus actos, dejando de lado el debido respeto que se merecen garantías tan fundamentales como el Derecho a vivir en un Medio Libre de Contaminación y el Derecho de Propiedad, afectando en el caso específico de las garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 8 y 24 de la Constitución Política de la República.

Insisten en señalar que tanto la empresa YELCHO SPA y ninguno de los recurridos tienen derecho de Dominio en el lugar en cuestión, carecen de título alguno y por tanto, no tienen la facultad de ingresar, destruir y alterar su derecho de propiedad respecto al inmueble que por una división de facto entre los comuneros, pertenecía a doña nombre reservado, y que a partir del año 1994 mediante una cesión de derechos adquirieron legítimamente.

Hacen presente que los comuneros en su totalidad han ratificado mediante actos administrativos, acciones y recursos civiles de distinta naturaleza la cuota que corresponde a cada comunero, su ubicación y la partición de facto que ha existido desde tiempos pretéritos.

Añaden que el día martes 13 de noviembre se llevó a cabo una reunión en las oficinas del abogado Roberto Celedón Fernandez donde participaron los recurridos nombre reservado, otro funcionario de la empresa YELCHO y la recurrida nombre reservado donde los recurridos reconocieron el derecho de propiedad que les cabe y del cual gozan ellos, los recurrentes. Los recurridos declaran que actuaron por una autorización y que ellos no verificaron ni revisaron los títulos antes de ingresar e intervenir ilegalmente el terreno.

Señalan que el 20 de noviembre de 2018 nombre reservado, volvió a subir a la propiedad para ver in situ si los recurridos habrían dejado de realizar actos arbitrarios e ilegales, pero lejos de encontrarse con un mejor panorama, pudo ratificar que pese a todas las advertencias y conversaciones con ellos, aún siguen actuando arbitraria e ilegalmente, donde han tomado una posición desinhibida, contraria a la ley, atentatoria contra las garantías constitucionales y al orden público.

Exponen que a través de esta acción se intenta remediar la vulneración a sus garantías por los actos arbitrarios e ilegales cometidos por los recurridos mencionados en este libelo, los que mediante su proceder han privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N° 8 y 24, que detentan esa parte como recurrentes. Todos ellos, de una manera ilegal y arbitraria realizaron actos reñidos con la legalidad, perturbando y vulnerando derechos y garantías fundamentales relativos al pleno uso, goce, disposición y posesión del dominio sobre el predio afectado por las acciones de los recurridos, afectando, como personas naturales, a su derecho a vivir en un medio ambiente incontaminado y con un ecosistema que ha sido preservado por esa parte recurrente por más de 20 años; dos de los recurridos (nombre reservado y nombre reservado intentaron también aislar la propiedad de conexión hacia el interior como con el exterior, cuando no les dieron copias de las llaves del portón y les impidieron ingresar a la propiedad, acto que es arbitrario e ilegal pues les impidió el libre ingreso a su terreno en forma normal y soberana y que solo logro desafectarse gracias a la asistencia de carabineros el 11 de noviembre, todo lo anterior se traduce en la trasgresión de las ya citadas garantías contempladas en el artículo 19 Números 8 y 24 de la Constitución Política de la Republica, es decir, el Derecho de Propiedad en cuanto a sus atributos y facultades esenciales y luego, el Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación.

Aducen que en cuanto a la legitimidad activa para interponer esta acción, no existe controversia, por cuanto ha sido presentada por los dueños de la propiedad donde se ha producido la afectación de las garantías constitucionales invocadas y quienes han sido directamente afectados por los actos arbitrarios e ilegales cometidos por los recurridos, derecho de Propiedad que es indubitado, indiscutido y legalmente establecido.

Agregan que ha habido por parte de los recurridos auto tutela en su actuar, es decir, por propia mano han decidido, sin legalidad que los ampare, ingresar con operadores y maquinaria pesada y de tratamiento de material de áridos y desechos a una propiedad privada sin tener el permiso correspondiente, han dañado su propiedad destruyendo un terreno al circular con dichas maquinas, han realiza descargas de material de desecho, han arrancado árboles y flora nativa, alterando el ecosistema y su preservación y deslindes en una superficie aproximada de 2,5 hectáreas. La arbitrariedad de los hechos que se reclaman, se traducen en la mera voluntad y capricho de los recurridos que no han permitido que esa parte hasta el día de hoy pueda ejercer el libre y natural ejercicio de las facultades que les otorga el Derecho de Dominio sobre este predio por un lado, esto es, de usar, gozar y disponer de él, limitando también a su vez, el Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, atentando derechamente en contra de la integridad de dicho inmueble, por y a consecuencia de los actos de los recurridos.

Insisten en señalar que los hechos anteriormente descritos, vulneran el derecho constitucional garantizado en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la Republica, que ha sido perturbado y amenazado por los actos antojadizos de los recurridos quienes han configurado una conducta o actuación de facto que debe estimarse ilegal y arbitraria. Esta alteración de hecho por parte de los recurridos, mediante actos arbitrarios e ilegales ha perturbado el derecho de dominio de estos recurrentes, puesto que se les impide ejercitar debidamente los derechos de uso y goce inherentes a él, inclusive no han podido ejercer ninguna de las facultades que concede la legislación común(artículo 582 del Código Civil), lo que es especialmente grave, ya que esa parte no puede usar la tierra ni gozarla en su totalidad, tanto para fines económicos o por el solo disfrute, además han modificado un statu quo precedente del inmueble, que es, él ser un terreno limpio sin intervención de terceros, con un ecosistema protegido por nosotros, los recurrentes, por muchos años.

Refieren que el articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile, que contempla la garantía del Derecho de Propiedad, no tiene un significado estático o desvinculado de otros cuerpos normativos, y así se refleja la protección de dicho derecho en la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 21 eleva y se refleja que esta garantía tiene un lugar preponderante en cuanto a su protección, es por ello que con esta presentación se busca que se reestablezca el imperio del Derecho en virtud de la vulneración e inobservancia por parte de los recurridos.

Dicen que también se ve afectado el derecho contemplado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, “El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.” Si se toma en cuenta que el hecho de vivir en un ambiente libre de contaminación facilita que el ser humano despliegue todas sus potencialidades y para ello debe tener condiciones de muy baja contaminación del entorno donde se desarrolla; Esto quiere decir que sus condiciones de desarrollo serán mejores o peores dependiendo de los niveles de contaminación existentes ya sea acústica, atmosférica, vehicular, visual, etc. El radio de aplicación de este derecho contemplado en el artículo 19 Nº 8 se amplia y toca otras áreas infinitas. Es un derecho constitucional que tiene una eficacia jurídica propia y distinta a los otros derechos constitucionales. “El medio ambiente es el relacionado con el ser humano que es necesario para que este desarrolle sus potencialidades”.

Agregan que la protección a este derecho busca no solo la Conservación del Patrimonio Ambiental y Preservación de la naturaleza, busca que no se altere y dañe el entorno adyacente, el ecosistema y la calidad de vida que pueden verse afectadas por las actos de mera liberalidad, ilegales y arbitrarios. Transcribe el artículo 1º de la Ley 19.300 y de esta norma y del derecho amparado constitucionalmente busca proteger distintos bienes jurídicos sobre los que se proyecta la norma para evitar la contaminación especialmente a través de la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Este es un derecho que no puede ser restrictivo ya que se perdería su eficacia y protección.

Afirman que se ejerce esta acción cautelar de Protección con el objeto de que esta Corte tome los resguardos procedentes y conducentes para reestablecer el imperio del Derecho frente a las vulneraciones de las garantías Constitucionales que han sido afectadas por los actos arbitrarios, abusivos, violentos e ilegales de los recurrentes. La afectación de los derechos contemplados en el artículo 19 N°8 y 24, es de tal naturaleza, que producen efectos que se harían irremediables o severamente injustos, esto en atención a que esa parte ya ha constatado que se han cortado arboles protegidos, se ha dañado la calidad del suelo y se ha afectado una napa de agua natural.

Insisten en señalar que existe un derecho pleno e indubitado que le asiste y pertenece a los recurrentes, sin que exista disputa acerca de la titularidad del mismo, pero existen situaciones injustas e inconvenientes que pueden generar grave daño a ellos, pero que en virtud de este Recurso de Protección se pueden evitar.

Concluyen pidiendo que se tenga por interpuesto el presente Recurso de Protección en contra de todos los recurridos, ya individualizados, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, ordene a los recurridos, de forma inmediata que procedan al retiro de todo maquinaria que se encuentre en el terreno de los recurrentes, que se abstengan de manera inmediata de seguir realizando trabajos en dicha propiedad tanto de procesamiento de material de áridos como descargando desechos en dichos terrenos, dejando de utilizar el inmueble como botadero; que procedan a reparar y restaurar los daños provocados en el lugar, como la reinstalación de cercos que han sido alterados por el obrar arbitrario e ilegal de los recurridos; Que deben evitar generar cualquier obstáculo que afecte el derecho de Propiedad y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación con el fin de que los recurrentes puedan acceder a su propiedad sin ninguna limitación, ejerciendo el pleno ejercicio de su titularidad en dicho predio; que en lo sucesivo, deberán abstenerse de ejecutar conductas que perturben el libre ejercicio del derecho de los recurrentes invocados en el presente recurso; que en caso de ser necesario, se oficie a la unidad competente de Carabineros de Chile, con el fin de que preste auxilio para cumplir con lo que se ordene y que provea de todas las medidas necesarias que estime pertinentes para asegurar la vigencia y respeto del Derecho de Propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por parte de estos recurrentes.

nombre reservado: Que el abogado Pedro Contreras Gutiérrez, en representación de CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA. (en adelante indistintamente ‘YELCHO’), informando al tenor del recurso de protección deducido en su contra, manifiesta su total rechazo con expresa condenación en costas.

Al efecto y en lo pertinente, señala que su representada es una sociedad del rubro de la construcción que comenzó sus actividades en la década de 1980, dedicándose principalmente a las obras de infraestructura y edificación. En el desarrollo de su giro, el Ministerio de Obras Públicas le ha adjudicado, desde sus inicios, múltiples contratos de obra pública, los que han sido cumplidos a cabalidad y satisfactoriamente, sin haberse presentado disputas extraordinarias en torno a la ejecución de las obras que se le han encomendado y es así como su representada, constantemente ha sido calificada positivamente por parte del Ministerio de Obras Públicas, en la ejecución de las obras que le han sido encomendadas como mandataria, en el sentido de respetar fielmente las estipulaciones y obligaciones que derivan de los respectivos contratos de construcción, ajustándose siempre además a lo prescrito en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas y demás cuerpos normativos aplicables.

Agrega que su representada se encuentra en el lugar de los hechos, gracias a que fue la adjudicataria del contrato de obra pública denominado “Mejoramiento ruta K-705, sector ruta K-715 – Vilches Alto, tramo Km. 11.700 al Km. 27.230”, Licitado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el cual se emplaza en la nombre reservado, Región del Maule. Dicho contrato fue adjudicado el 24 de septiembre de 2017, por resolución adjudicatoria D.G.O.P. N°040, tomada de razón por la Contraloría General de la Republica con fecha 12 de mayo de 2017. En atención al contrato recién individualizado, concretamente tiene la responsabilidad de ejecutar fielmente las obras encomendadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en atención a las bases de licitación y Especificaciones Técnicas de las obras previamente diseñadas y entregadas por éste (Ministerio de Obras Públicas) y en este sentido, los trabajos a ejecutar por su representada consisten precisamente en asfaltar la ruta K-705 entre el tramo que va desde el Km. 11.700 al Km. 27.230, el cual se emplaza en la Provincial de Talca, Región del Maule.

Añade que a fin de ejecutar fielmente los trabajos encomendados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, su representada se vio obligada a instalar en la zona ya indicada, sus respectivas plantas de asfalto y chancadora y, a su vez, contar con un lugar destinado al botadero del material propio que se genera en este tipo de construcciones. Para el cometido indicado sui representada se contactó con la Junta de Vecinos de Vilches Alto, a fin de indagar sobre la factibilidad de situar las plantas y botadero ya anotados en algún terreno de la zona. Fue así como su representada llega a hablar, por medio de su ingeniero residente de obra, don nombre reservado, con doña nombre reservado, presidenta de la Junta de Vecinos de Vilches Alto. En dicha conversación, doña nombre reservado le indica a su representada que le proporcionará de forma gratuita los terrenos denominados “Hijuela a” y “Lote A”, los cuales, si bien no son de ella, tiene la faculta de disponer de éstos, toda vez que es mandataría de doña nombre reservado, quien es dueña en acciones y derechos respecto del primer predio y única propietaria de la segunda propiedad ya anotada. Dice que la autorización indicada tiene su justificación en el beneficio que le reporta a los habitantes de la zona los trabajos que ejecuta su representada en dicha localidad.

Hace presente que el permiso indicado se concretó formalmente por medio de las autorizaciones notariales de 22 y 24 de octubre de 2018, las cuales fueron suscritas por doña nombre reservado en representación de doña nombre reservado y por don nombre reservado en representación de YELCHO, las que acompaña.

Añade que sin perjuicio de lo anterior, dichas autorizaciones notariales fueron ratificadas por doña nombre reservado, dueña en acciones y derechos del terreno denominado “Hijuela a” y única propietaria del predio denominado “Lote A”, por medio de declaración jurada de fecha 12 de diciembre de 2018, tomada en presencia del notario público de San Clemente, don Enrique Pedro Ortiz Schindler, la que también acompaña, por lo que en atención a las autorizaciones ya indicadas su representada ingresó a la propiedad denominada “Lote A” a fin de instalar sobre ésta tanto las plantas de asfalto y chancadora como el botadero ya indicado, empero, dichas infraestructuras en parte sobrepasaron los deslindes propios del predio precitado, pasando ocupar derechamente una fracción pequeña de la propiedad denominada “Hijuela a”.

Hace presente que su representada en el mes de noviembre de 2018, se entera que ciertos comuneros del predio denominado “Hijuela a”, manifestaron su voluntad concerniente a la negativa de la presencia de la Empresa YELCHO al interior del terrero ya indicado, frente a lo cual esta última procedió a gestionar el pronto retiro de todo elemento al interior dicha propiedad, lo cual se concretó dentro de los primeros días del mes de diciembre de 2018, por lo que afirma que su representada actualmente no se encuentra al interior de la propiedad denominada “Hijuela a”, ni que ésta haya sufrido alguna alteración en su composición geográfica y/o que se haya visto afectada en términos ambientales a razón de la fugaz permanencia de la Empresa YELCHO al interior de aquella.

Continúa señalando que previo a los argumentos en los que se sustenta la excepción interpuesta, se considera de suma relevancia, referirse entonces a la acción, respecto de quién o quiénes son titulares de la misma y en contra de quién o quiénes puede ser ejercida, de manera tal, que dicho acto que da inicio al proceso sea conducente al fin del mismo: la dictación de una sentencia que resuelva el conflicto. La doctrina ha señalado que desde el momento en que se produce la violación de un derecho, su titular recurre a la protección del estado, quien se la proporciona mediante aquellos en quienes reside la función jurisdiccional. La manera de provocar esta protección es deduciendo una demanda, que es el modo normal de ejercitar la acción, y se manifiesta posteriormente en un acto del tribunal que recibe el nombre de sentencia. El Código de Procedimiento Civil no contiene ninguna definición de lo que se debe entender por acción, ya que sus redactores tuvieron presente el concepto de acción como un elemento del derecho sustantivo, es decir, participaron de la teoría clásica de la acción. Así y siguiendo la posición doctrinaria clásica, deben concurrir al ejercicio de la acción una serie de elementos, a saber:

Existencia de un derecho, ya que la acción no es más que el derecho subjetivo puesto en ejercicio.

Existencia de un interés, es indispensable que el actor tenga interés porque el derecho no es sino el interés protegido por la ley, y si falta el interés, la protección que es la acción es innecesaria y desaparece.

Existencia de una calidad, es decir que el actor debe estar legitimado para deducir la acción, y lo está aquel al cual la ley le reconoce la posibilidad de accionar.

Existencia de una capacidad, el actor o demandante para deducir válidamente su demanda, es decir, para entablar su acción debe tener capacidad procesal equivalente a la capacidad de ejercicio del Código Civil.

Refiere que para Casarino, son tres los elementos de la acción: (i) los sujetos de la acción, (ii) el objeto de la acción y, (iii) la causa de la acción. En cuanto al primer elemento, este procesalista, señala que los sujetos de la acción, a su vez, se clasifican en: activo y pasivo. Al hablar que la acción debe ejercitarse con las formalidades que señala la ley se está refiriendo a que ese ejercicio debe realizarse a través de un vehículo, de una prestación que se hace al tribunal y esa es la demanda. En general se puede decir que la demanda es el medio hábil para ejercitar la acción siendo ésta la forma de hacer valer el derecho que se reclama.

Aduce que vistos los conceptos de acción y pretensión, toca señalar que la jurisprudencia y doctrina sostienen en forma unánime, que uno de los requisitos para obtener la tutela jurisdiccional, la protección de los derechos por medio de los tribunales de justicia, es que la demanda se entable por el sujeto al cual corresponda la acción y se dirija en contra del sujeto pasivo de la misma. Este requisito se denomina legitimación en la causa, y puede ser activa –en el caso del demandante– o pasiva - en el caso del demandado-. Nuestro ordenamiento jurídico determina a quien corresponde la acción. En el caso del recurso de protección a aquellos que al tenor de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, hayan sufrido la afectación de derechos y garantías constitucionales.

Afirma que los recurrentes han errado al intentar su acción en contra de su representada en atención a que, habiendo ingresado al terreno denominado “Hijuela a” con autorización expresa por parte de uno de los comuneros de dicho terreno, el cual se gestó en todo momento bajo el marco de la buena fe, mal podría YELCHO ser el legitimado pasivo del presente recurso, dado que en ningún caso actuó ilegal y/o arbitrariamente. Sin perjuicio de lo anterior, considera que los recurrentes deberán acreditar por hechos objetivos y no meras especulaciones, que su representada conculcó o transgredió los derechos fundamentales que éstos invocan y que se encuentran consagrados en Nos 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

En subsidio de la excepción precedente y en lo que ésta no fuera aplicable, esa parte recurrida alega la inexistencia de un acto ilegal y/o arbitrario sobre las acciones y derechos que tienen los recurrentes sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que sí su representada ingresó en dicho terreno, fue precisamente porque se encontraba autorizada y/o facultada para el efecto por parte de una comunera del predio en cuestión, acto que ejecutó a vista y paciencia de toda la comunidad de la zona, pues en todo momento YELCHO operó dentro del marco jurídico de la buena fe.

Afirma que para configurar un recurso de protección requiere de la concurrencia copulativa de (i) un acto u acción ilegal o arbitraria; (ii) la afectación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos esenciales garantizados en la misma constitución; (iii) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y la vulneración de una garantía constitucional; y, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que resuelve la contienda pueda adoptar las medidas de protección o cautelares respectivas para resguardar los derechos afectados, transcribiendo lo que parte de la jurisprudencia ha señalado. En este sentido, no concurriría en la especie un acto ilegal y/o arbitrario de parte de su representada, toda vez que si la Empresa YELCHO ingresó fugazmente al terreno denominado “Hijuela a”, fue precisamente porque una comunera dueña en acciones y derechos sobre el mismo, autorizó a su representada para que se instalara en dicho lugar, predio en el cual ya no se encuentra.

Expresa que es inexistente la afectación, perturbación o amenaza sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, respecto a los hechos acaecidos sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que si bien su representada se situó sobre una pequeña parte de dicho terreno, éste no sufrió alteración alguna que implique un perjuicio ambiental sobre el mismo. Dice que el predio precitado a la fecha no ha experimentado ningún tipo de alteración geográfica y/o medio ambiental que haga presumir que éste se encuentre contaminado como malamente pretende hacer creer los recurrentes de autos por medio de simples aseveraciones que no encuentran ningún tipo de sustento legal sobre algún medio de prueba acompañado en este proceso. Sumado a lo anterior, dice que para que esta Corte accione de protección respecto de la garantiría constitucional consagrada en el numeral 8° del artículo 19 de la Constricción Política de la República de Chile, es necesario para el efecto que el recurrente en cuestión viva en el lugar supuestamente afectado, lo cual no concurre en la especie, toda vez que conforme lo indicado por la contraria en la comparecencia, éstos fijan su domicilio en domicilio reservado.

Añade que ante la posibilidad remota que se acogiera el recurso de protección deducido en autos, resulta improcedente una condena en costas a esa parte, toda vez que ha tenido motivo plausible para litigar, máxime conforme a la poca prolijidad del recurso de especie, que ha constreñido el derecho a la defensa de esa parte.

Concluye pidiendo que se rechace el recurso de protección deducido en autos, con condenación en costas.

Tercero: Que el abogado Abbas Abi-Raad Gosen, en representación de nombre reservado, informando al respecto y en lo medular, manifiesta que el 03 de julio de 2018, su representado fue contratado por la Empresa CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA. [en adelante indistintamente “YELCHO”] para trabajar en calidad de ingeniero residente en la obra pública denominada “Mejoramiento ruta K-705, sector ruta K-715 – Vilches Alto, tramo Km. 11.700 al Km. 27.230”, Licitado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el cual se emplaza en la nombre reservado, Región del Maule.

La función que cumple su representado en la empresa recurrida, estriba en custodiar la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los planos de proyecto, con las normas técnicas de construcción vigentes, con la planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el mandante de la Empresa CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA., quien para este caso corresponde a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Expone que a fin de ejecutar fielmente los trabajos encomendados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, su representado se vio obligado a instalar en la zona ya indicada, la respectiva planta chancadora de la Empresa YELCHO y, a su vez, contar con un lugar destinado al botadero de material orgánico y biodegradable proveniente del despeje de ramas y maleza de la ruta K-705.

Reitera los mismos argumentos vertidos por la aludida empresa al evacuar su informe, los cuales se omiten por inoficioso.

Afirma que cuando tuvo conocimiento que terceros se oponían a la ocupación del terreno, la empresa procedió a gestionar el pronto retiro de todo elementos al interior de la propiedad, lo cual se concretó dentro de los primeros días del mes de diciembre de 2018, por lo que actualmente no se encuentra al interior de la propiedad denominada “Hijuela a”, ni que ésta haya sufrido alguna alteración en su composición geográfica y/o que se haya visto afectada en términos ambientales a razón de la fugaz permanencia de la Empresa YELCHO al interior de aquella, prueba de lo anterior es la constancia de don nombre reservado efectuada ante la 1era Comisaria de San Clemente de Carabineros de Chile, denominada “Reten Mariposa”, con fecha 20 de diciembre de 2018, bajo en número 0000120/180, que acompaña y que reza “Que, me desempeño como ingeniero ambiental, en la empresa Yelcho, la cual en la actualidad se encuentra a cargo de la obra de mejoramiento ruta Vilches, es por ello que mantenemos en el sector de Vilches Altos, específicamente en el kilómetro 24.200, una planta chancadora de áridos, la cual está emplazada en superficie denominada Lote – A, de propiedad de nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, lugar en donde y particularmente se encuentra la empresa Yelcho. Situación que fue constatada en terreno el día de hoy a esos de las 11:00 horas por personal de la citada empresa de primer patrullaje del Reten Mariposa, quienes en base a la información bajo respaldo documental les informó en terreno, que el actual emplazamiento se rige conforme a la legalidad en base a demarcaciones de limites existentes en plano. Cabe hacer presente que en este acto no existe ningún otro tipo de emplazamiento de superficies en la cual la empresa Yelcho hago uso de otro terreno distinto al cual se mantengan autorización por parte del propietario de predio, lo que es constatado por la demarcación física de estaquillas de color blancas, respaldadas en base a procedimientos de mediciones topográficas, en relación a lo señalado en el plano de la propiedad los cuales se encuentran debidamente actualizados ante los organismos competentes. Hago presente que es importante señalar que en este acto, no se aprecia ningún tipo de daño ambiental en alguno de los componentes involucrados dentro de las áreas en cuestionamiento a la propiedad lo que se mantiene bajo respaldo fotográfico y técnico. Todo lo anterior desde el punto de vista de la realidad actual observada físicamente en terreno es apreciada por el personal de servicio.”

También alega y en los mismos términos la falta de legitimación activa del recurrente, que como lo hizo la empresa recurrida Yelcho.

En subsidio de la excepción precedente y en lo que ésta no fuera aplicable, esa parte recurrida alega la inexistencia de un acto ilegal y/o arbitrario sobre las acciones y derechos que tienen los recurrentes sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que sí su representada ingresó en dicho terreno, fue precisamente porque se encontraba autorizada y/o facultada para el efecto por parte de una comunera del predio en cuestión, acto que ejecutó a vista y paciencia de toda la comunidad de la zona, pues en todo momento YELCHO operó dentro del marco jurídico de la buena fe.

Afirma que para configurar un recurso de protección requiere de la concurrencia copulativa de (i) un acto u acción ilegal o arbitraria; (ii) la afectación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos esenciales garantizados en la misma constitución; (iii) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y la vulneración de una garantía constitucional; y, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que resuelve la contienda pueda adoptar las medidas de protección o cautelares respectivas para resguardar los derechos afectados, transcribiendo lo que parte de la jurisprudencia ha señalado. En este sentido, no concurriría en la especie un acto ilegal y/o arbitrario de parte de su representada, toda vez que si la Empresa YELCHO ingresó fugazmente al terreno denominado “Hijuela a”, fue precisamente porque una comunera dueña en acciones y derechos sobre el mismo, autorizó a su representada para que se instalara en dicho lugar, predio en el cual ya no se encuentra.

Expresa que es inexistente la afectación, perturbación o amenaza sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, respecto a los hechos acaecidos sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que si bien su representada se situó sobre una pequeña parte de dicho terreno, éste no sufrió alteración alguna que implique un perjuicio ambiental sobre el mismo. Dice que el predio precitado a la fecha no ha experimentado ningún tipo de alteración geográfica y/o medio ambiental que haga presumir que éste se encuentre contaminado como malamente pretende hacer creer los recurrentes de autos por medio de simples aseveraciones que no encuentran ningún tipo de sustento legal sobre algún medio de prueba acompañado en este proceso. Sumado a lo anterior, dice que para que esta Corte accione de protección respecto de la garantiría constitucional consagrada en el numeral 8° del artículo 19 de la Constricción Política de la República de Chile, es necesario para el efecto que el recurrente en cuestión viva en el lugar supuestamente afectado, lo cual no concurre en la especie, toda vez que conforme lo indicado por la contraria en la comparecencia, éstos fijan su domicilio en domicilio reservado.

Añade que ante la posibilidad remota que se acogiera el recurso de protección deducido en autos, resulta improcedente una condena en costas a esa parte, toda vez que ha tenido motivo plausible para litigar, máxime conforme a la poca prolijidad del recurso de especie, que ha constreñido el derecho a la defensa de esa parte.

Concluye pidiendo que se rechace el recurso de protección deducido en autos, con condenación en costas.

Cuarto: Que la abogado Valeria Montero Cruzat, en representación de nombre reservado, informado al tenor del recurso de que se trata, pide el total rechazo del recurso, con expresa condenación en costas, argumentando en lo pertinente que su representada se haya en el lugar de los hechos del presente litigio, gracias a que es vecina de los pedios denominados “Lote A” y “Hijuela a” respectivamente, ambo inmuebles que se encuentran a la altura del kilómetro 24.200 de la ruta K-705, Sector de Vilches Alto, de la comuna de San Clemente, nombre reservado. Ella es más que una simple vecina de la zona ya individualizada, toda vez que ésta se constituyó a mediados del año 2016, como presidenta de la “Junta de Vecinos de Vilches Altos”, siendo la porta voz de los lugareños de la zona. En ese contexto su representada, como presidenta de la “Junta de Vecinos de Vilches Altos”, es que a mediados del año en curso – 2018 – recibe la presencia de don nombre reservado, el que se presenta como ingeniero residente de obra de la Empresa Yelcho, en otras palabras, como dependiente de ésta última. Al tenor de la conversación que se generó entre su representada y la anotada Empresa, estribo en la presentación de esta última, a fin de que la comunidad se enterará por medio del canal adecuado, que esta Compañía se encontraría por algún tiempo en la zona a razón de ciertos trabajos que debía ejecutar.Según la información que le aportó don nombre reservado a su representada, la Empresa Yelcho se encuentra en el lugar de los hechos del presente litigio, toda vez se adjudicó el contrato de obra pública denominado “Mejoramiento ruta K-705, sector ruta K-715 – Vilches Alto, tramo Km. 11.700 al Km. 27.230”, Licitado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el cual se emplaza en la zona ya individualizada.

Agrega que desde la primera conversación habida entre su representada y el dependiente de la Empresa Yelcho, don nombre reservado vuelve a contactarse con esa parte, con el objetivo de indagar sobre la posibilidad de que la “Junta de Vecinos de Vilches Alto” le facilite a la sindicada Compañía un terreno en el cual puedan instalar su planta chancadora y, a su vez, el botadero de material orgánico y biodegradable proveniente del despeje de ramas y maleza de la ruta K-705, empero, nombre reservado le indica que previamente a autorizarlo a ingresar a un terreno de la zona, debe consultarlo con las bases del anotado cuerpo intermedio – Junta de Vecinos. Así las cosas, es que su representada le consulta a los vecinos de la zona de Vilches Alto, de si existe un inconveniente de que la Empresa Yelcho se ubique en algún terreno aledaño a ellos para instalar una planta chancadora y un botadero de material orgánico y biodegradable proveniente del despeje de ramas y maleza de la ruta K-705, ante lo cual los lugareños manifestaron su completa autorización, dado que la Compañía en cuestión no constituía ningún problema en la zona, muy por el contrario, les reportaba un beneficio a ellos mismo a razón de los trabajo que ejecuta la Empresa en la localidad ya individualizada.

Hace presente que si bien su representaba contaba con la autorización de los vecinos de la zona, aún no contaba con un terreno en el cual la Empresa Yelcho se pudiera instalar. Para solucionar el inconveniente su representada se contactó con doña nombre reservado, a fin de que facilitará su predio denominado “Lote A”, en su calidad de única dueña de aquel – actualmente como usufructuaria del mismo – y parte de la propiedad denominada “Hijuela a” en su calidad de dueña de acciones y derechos sobre ésta, para que la Empresa Yelcho se pudiera instalar en dichos terrenos. Ante dicha solicitud, doña nombre reservado manifiesta su completa y entera autorización para que la Empresa Yelcho se instale en los terrenos ya individualizados, empero, que la formalización del ingreso de la Compañía a estos predio se gestione por medio de su representada, dado que cuenta con un mandato general de administración de bienes por parte de doña nombre reservado, según documento que acompaña.

Aduce que con el permiso indicado se concretó formalmente por medio de las autorizaciones notariales de fechas 22 y 24 de octubre de 2018, las cuales fueron suscritas por doña nombre reservado en representación de doña nombre reservado y por don nombre reservado en representación de la Empresa Yelcho. Sin perjuicio de lo anterior, dichas autorizaciones notariales fueron ratificadas por doña nombre reservado, dueña en acciones y derechos del terreno denominado “Hijuela a” y única propietaria del predio denominado “Lote A”, por medio de declaración jurada de fecha 12 de diciembre de 2018, tomada en presencia del notario público de San Clemente, don Enrique Pedro Ortiz Schindler.

Expresa que sumado a lo anterior, el predio denominado “Lote A”, actualmente se encuentra con un usufructo vitalicio a favor de doña nombre reservado desde el 22 de noviembre de 2018 y la nuda propiedad de dicho terreno se halla en poder de don nombre reservado desde el 15 de noviembre de 2018, todo lo cual se acredita por medio de los certificado emitidos por el Conservador de Bienes Raíces de Talca que acompañan.

Expone que en atención a las autorizaciones ya indicadas precedentemente, fue que la Empresa Yelcho ingresó a la propiedad denominada “Lote A” a fin de instalar sobre ésta tanto la planta chancadora como el botadero ya indicado, empero, dicha infraestructura en parte sobrepasó los deslindes propios del predio precitado, puesto que no existe un cerco divisor entre ambos terrenos, pasando ocupar derechamente una fracción pequeña de la propiedad denominada “Hijuela a”.

Agrega que sin perjuicio de lo anterior, señala que su representada, en el mes de noviembre de 2018, se entera que ciertos comuneros del predio denominado “Hijuela a”, manifestaron su voluntad concerniente a la negativa de la presencia de la Empresa Yelcho al interior del terrero ya indicado en el presente párrafo, frente a lo cual esta última procedió a gestionar el pronto retiro de todo elemento al interior dicha propiedad, lo cual se concretó dentro de los primeros días del mes de diciembre de 2018.

Reitera en los mismos términos los argumentos vertidos en el informe evacuado por el recurrido nombre reservado. También alega y en los mismos términos la falta de legitimación activa del recurrente, que como lo hizo la empresa recurrida Yelcho.

En subsidio de la excepción precedente y en lo que ésta no fuera aplicable, esa parte recurrida alega la inexistencia de un acto ilegal y/o arbitrario sobre las acciones y derechos que tienen los recurrentes sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que sí su representada ingresó en dicho terreno, fue precisamente porque se encontraba autorizada y/o facultada para el efecto por parte de una comunera del predio en cuestión, acto que ejecutó a vista y paciencia de toda la comunidad de la zona, pues en todo momento YELCHO operó dentro del marco jurídico de la buena fe.

Afirma que para configurar un recurso de protección requiere de la concurrencia copulativa de (i) un acto u acción ilegal o arbitraria; (ii) la afectación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos esenciales garantizados en la misma constitución; (iii) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y la vulneración de una garantía constitucional; y, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que resuelve la contienda pueda adoptar las medidas de protección o cautelares respectivas para resguardar los derechos afectados, transcribiendo lo que parte de la jurisprudencia ha señalado. En este sentido, no concurriría en la especie un acto ilegal y/o arbitrario de parte de su representada, toda vez que si la Empresa YELCHO ingresó fugazmente al terreno denominado “Hijuela a”, fue precisamente porque una comunera dueña en acciones y derechos sobre el mismo, autorizó a su representada para que se instalara en dicho lugar, predio en el cual ya no se encuentra.

Expresa que es inexistente la afectación, perturbación o amenaza sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, respecto a los hechos acaecidos sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que si bien su representada se situó sobre una pequeña parte de dicho terreno, éste no sufrió alteración alguna que implique un perjuicio ambiental sobre el mismo. Dice que el predio precitado a la fecha no ha experimentado ningún tipo de alteración geográfica y/o medio ambiental que haga presumir que éste se encuentre contaminado como malamente pretende hacer creer los recurrentes de autos por medio de simples aseveraciones que no encuentran ningún tipo de sustento legal sobre algún medio de prueba acompañado en este proceso. Sumado a lo anterior, dice que para que esta Corte accione de protección respecto de la garantiría constitucional consagrada en el numeral 8° del artículo 19 de la Constricción Política de la República de Chile, es necesario para el efecto que el recurrente en cuestión viva en el lugar supuestamente afectado, lo cual no concurre en la especie, toda vez que conforme lo indicado por la contraria en la comparecencia, éstos fijan su domicilio en domicilio reservado.

Añade que ante la posibilidad remota que se acogiera el recurso de protección deducido en autos, resulta improcedente una condena en costas a esa parte, toda vez que ha tenido motivo plausible para litigar, máxime conforme a la poca prolijidad del recurso de especie, que ha constreñido el derecho a la defensa de esa parte.

Concluye pidiendo que se rechace el recurso de protección deducido en autos, con condenación en costas.

Quinto: Que el abogado Pedro Mery Reyes, en representación de nombre reservado, informando al respecto, solicita el total rechazo del recurso de la especie, con expresa condenación en costas, dando para ello similares argumentos de hecho y de derecho que formula la recurrida nombre reservado, cónyuge de este recurrido.

Manifiesta que su representado a mediados del año 2018, se entera de que a la zona llegaría la empresa Constructora de Obras Civiles Yelcho Spa para la ejecución de ciertos trabajos de construcción sobre la ruta K-705 precitada. Atendido lo anterior y ya situada la empresa Yelcho en la zona de Vilches Alto, su representado se apersona en las dependencias de la constructora en cuestión, a fin de solicitar empleo, siendo contratado el 05 de noviembre de 2018, para que preste servicios en calidad de jornal en la obra pública denominado “Mejoramiento ruta K-705, sector ruta K-715 – Vilches Alto, tramo Km. 11.700 al Km. 27.230”, relación laboral que sigue vigente al día de hoy.

Afirma que su representado como vecino del sector de Vilches Alto se entera, por medio de su cónyuge doña nombre reservado, presidenta de la junta de vecinos de la localidad, de que su empleador se había contactado con ésta a fin de solicitarle un terreno en el cual pudieran situar tanto su planta chancadora como el botadero de material orgánico y biodegradable proveniente del despeje de ramas y maleza de la ruta K-705, frente a lo cual, doña nombre reservado le indica a la empresa Yelcho que, previamente a autorizar el ingreso de ésta a un terreno de la zona, debía previamente consultarlo con los vecinos del sector. Es así, como la cónyuge de su representado, le consulta a los vecinos de la zona de Vilches Alto, de si existe un inconveniente de que la empresa Yelcho se ubique en algún terreno aledaño a ellos para instalar una planta chancadora y un botadero de material orgánico y biodegradable proveniente del despeje de ramas y maleza de la ruta K-705, ante lo cual los lugareños manifestaron su completa autorización, dado el beneficio que les reporta los trabajo que realiza la empresa Yelcho en la localidad individualizada. Si bien su cónyuge contaba con la autorización de los vecinos de la zona, aún no contaba con un terreno en el cual la empresa Yelcho se pudiera instalar. Para solucionar el inconveniente anotado su cónyuge se contactó directamente con doña nombre reservado, a fin de que facilitará su predio denominado “Lote A”, en su calidad de única dueña de aquel – actualmente como usufructuaria del mismo – y parte de la propiedad denominada “Hijuela a” en su calidad de dueña de acciones y derechos sobre ésta, para que la empresa Yelcho se pudiera instalar en dichos terrenos. Ante dicha solicitud, doña nombre reservado manifiesta su completa y entera autorización para que la empresa Yelcho se instale en los terrenos ya individualizados, empero, que la formalización del ingreso de la Compañía a estos predio se gestione por medio del cónyuge de su representado, dado que ésta cuenta con un mandato general de administración de bienes por parte de doña nombre reservado.

Añade que el permiso indicado se concretó formalmente por medio de las autorizaciones notariales de fechas 22 y 24 de octubre de 2018, las cuales fueron suscritas por doña nombre reservado en representación de doña nombre reservado y por don nombre reservado, en representación de la empresa Yelcho. Dichas autorizaciones notariales fueron ratificadas por doña nombre reservado, dueña en acciones y derechos del terreno denominado “Hijuela a” y única propietaria del predio denominado “Lote A”, por medio de declaración jurada de fecha 12 de diciembre de 2018, tomada en presencia del notario público de San Clemente, don Enrique Pedro Ortiz Schindler.

Agrega que sumado a lo anterior, el predio denominado “Lote A”, actualmente se encuentra con un usufructo vitalicio a favor de doña nombre reservado desde el 22 de noviembre de 2018 y la nuda propiedad de dicho terreno se halla en poder de su representado desde el 15 de noviembre de 2018, todo lo cual se acredita por medio de los certificado emitidos por el Conservador de Bienes Raíces de Talca que acompaña. Dice que en atención a las autorizaciones ya indicadas precedentemente, fue que el empleador de su representada ingresó a la propiedad denominada “Lote A” a fin de instalar sobre ésta tanto la planta chancadora como el botadero ya indicado, empero, dicha infraestructura en parte sobrepasó los deslindes propios del predio precitado, puesto que no existe un cerco divisor entre ambos terrenos, pasando ocupar derechamente una fracción pequeña de la propiedad denominada “Hijuela a”.

Expresa que su representado, en el mes de noviembre de 2018, se entera que ciertos comuneros del predio denominado “Hijuela a”, manifestaron su voluntad concerniente a la negativa de la presencia de la empresa Yelcho al interior del terrero frente a lo cual esta última procedió a gestionar el pronto retiro de todo elemento al interior de dicha propiedad, lo cual se concretó dentro de los primeros días del mes de diciembre de 2018, por lo que la empresa Yelcho actualmente no se encuentra al interior de la propiedad denominada “Hijuela a”, ni que ésta haya sufrido alguna alteración en su composición geográfica y/o que se haya visto afectada en términos ambientales a razón de la fugaz permanencia de la empresa Yelcho al interior de aquella, prueba de lo anterior es la constancia de don nombre reservado efectuada ante la 1era Comisaria de San Clemente de Carabineros de Chile, denominada “Reten Mariposa”, con fecha 20 de diciembre de 2018, bajo en número 0000120/180, la que acompaña y que señala lo siguiente en su parte pertinente: “Que, me desempeño como ingeniero ambiental, en la empresa Yelcho, la cual en la actualidad se encuentra a cargo de la obra de mejoramiento ruta Vilches, es por ello que mantenemos en el sector de Vilches Altos, específicamente en el kilómetro 24.200, una planta chancadora de áridos, la cual está emplazada en superficie denominada Lote – A, de propiedad de nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, lugar en donde y particularmente se encuentra la empresa Yelcho. Situación que fue constatada en terreno el día de hoy a esos de las 11:00 horas por personal de la citada empresa y el apersonamiento de personal de Carabineros de servicio de primer patrullaje del Reten Mariposa, quienes en base a la información bajo respaldo documental les informó en terreno, que el actual emplazamiento se rige conforme a la legalidad en base a demarcaciones de limites existentes en plano. Cabe hacer presente que en este acto no existe ningún otro tipo de emplazamiento de superficies en la cual la empresa Yelcho hago uso de otro terreno distinto al cual se mantengan autorización por parte del propietario de predio, lo que es constatado por la demarcación física de estaquillas de color blancas, respaldadas en base a procedimientos de mediciones topográficas, en relación a lo señalado en el plano de la propiedad los cuales se encuentran debidamente actualizados ante los organismos competentes. Hago presente que es importante señalar que en este acto, no se aprecia ningún tipo de daño ambiental en alguno de los componentes involucrados dentro de las áreas en cuestionamiento a la propiedad lo que se mantiene bajo respaldo fotográfico y técnico. Todo lo anterior desde el punto de vista de la realidad actual observada físicamente en terreno es apreciada por el personal de servicio.”

Expone que sumado a lo anterior, el 28 de diciembre de 2018, siendo las 08:20, se constituyó en el lugar de los hechos el ministro de fe don Enrique Pedro Ortiz Schindler, notario público titular de la comuna de San Clemente, el cual observo presencialmente que la sindicada empresa Yelcho se encuentra trabajado sólo al interior del predio denominado “Lote A”, emplazando sobre dicho terreno una planta chancadora. Reitera en los mismos términos los argumentos vertidos en el informe evacuado por el recurrido nombre reservado.

También alega y en los mismos términos la falta de legitimación activa del recurrente, que como lo hizo la empresa recurrida Yelcho.

En subsidio de la excepción precedente y en lo que ésta no fuera aplicable, esa parte recurrida alega la inexistencia de un acto ilegal y/o arbitrario sobre las acciones y derechos que tienen los recurrentes sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que su representado ingresó fugazmente al terreno, lo hizo como trabajador de la empresa recurrida, y porque esta última se encontraba autorizada y/o facultada para el efecto por parte de su cónyuge y la Junta de Vecinos referida, acto que ejecutó a vista y paciencia de toda la comunidad de la zona.

Afirma que para configurar un recurso de protección requiere de la concurrencia copulativa de (i) un acto u acción ilegal o arbitraria; (ii) la afectación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos esenciales garantizados en la misma constitución; (iii) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y la vulneración de una garantía constitucional; y, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que resuelve la contienda pueda adoptar las medidas de protección o cautelares respectivas para resguardar los derechos afectados, transcribiendo lo que parte de la jurisprudencia ha señalado. En este sentido, no concurriría en la especie un acto ilegal y/o arbitrario de parte de su representado, toda vez que si ingresó fugazmente y como trabajador de la Empresa YELCHO, fue precisamente porque fue autorizada para que se instalara en dicho lugar, predio en el cual ya no se encuentra dicha empresa.

Expresa que es inexistente la afectación, perturbación o amenaza sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, respecto a los hechos acaecidos sobre el predio denominado “Hijuela a”, toda vez que si bien la empresa se situó sobre una pequeña parte de dicho terreno, éste no sufrió alteración alguna que implique un perjuicio ambiental sobre el mismo. Dice que el predio precitado a la fecha no ha experimentado ningún tipo de alteración geográfica y/o medio ambiental que haga presumir que éste se encuentre contaminado como malamente pretende hacer creer los recurrentes de autos por medio de simples aseveraciones que no encuentran ningún tipo de sustento legal sobre algún medio de prueba acompañado en este proceso. Sumado a lo anterior, dice que para que esta Corte accione de protección respecto de la garantiría constitucional consagrada en el numeral 8° del artículo 19 de la Constricción Política de la República de Chile, es necesario para el efecto que el recurrente en cuestión viva en el lugar supuestamente afectado, lo cual no concurre en la especie, toda vez que conforme lo indicado por la contraria en la comparecencia, éstos fijan su domicilio en domicilio reservado.

Añade que ante la posibilidad remota que se acogiera el recurso de protección deducido en autos, resulta improcedente una condena en costas a esa parte, toda vez que ha tenido motivo plausible para litigar, máxime conforme a la poca prolijidad del recurso de especie, que ha constreñido el derecho a la defensa de esa parte.

Concluye pidiendo que se rechace el recurso de protección deducido en autos, con condenación en costas.

Sexto: Que de lo expuesto por los recurrentes y los recurridos, como, asimismo, de los documentos que al efecto las partes han adjuntado, es posible tener por acreditado los siguientes hechos, respecto de los cuales no existe controversia.

1.- Que Constructora de Obras Civiles Yelcho SPA se adjudicó el contrato de obra pública denominado Mejoramiento ruta K-705, sector ruta K-715 Vilches Alto, tramo Km. 11.700 al Km. 27.230”, licitado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, emplazado en la nombre reservado de esta Región.

2.- La Junta de Vecinos de Vilches Alto, por medio de su Presidenta nombre reservado autorizó a la referida empresa constructora la ocupación de la Hijuela a) y Lote a), mediante suscripción de autorizaciones notariales de 22 y 24 de octubre de 2018, actuando dicha persona en representación de nombre reservado, la que fue ratificada por esta última.

3.- El propósito de la ocupación material por parte de la empresa Yelcho SpA era instalar en el terreno planta de asfalto y chancadora de botadero de sustancias.

4.-Que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, que tienen derechos en los retazos ocupados por la empresa aludida, en ningún momento han manifestado su aquiescencia en la autorización prestada por nombre reservado, para que Yelcho SpA ocupe materialmente parte de los retazos de terrenos referidos.

Séptimo: Que de los hechos descritos precedentemente se advierte de manera inconcusa, que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado han sido vulnerado en su derecho de propiedad, que a ambos les asiste en los terrenos ocupados por Yelcho, tanto por la conducta adoptada por esta empresa, que sabiendo que quien autorizaba la ocupación no era quien detentaba el derecho de dominio sobre sendos inmuebles, como, asimismo, la actitud desplegada por la recurrida nombre reservado, quien se tomó la atribución de prestar por escrito dicha autorización, sin tener la representación correspondiente de los recurrentes.

Octavo: Que es útil consignar que el derecho de propiedad en todas sus especies, es una de las garantías individuales que aparece contemplada y garantizada por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, en atención a que la facultad de uso y de goce del retazo ocupado se ha visto lesionado sin justificación legal alguna, toda vez que no existe norma jurídica que legitime el actuar de los recurridos en la forma descrita, sino que por el contrario, existe un conglomerado de disposiciones legales que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo núcleo central es el artículo 582 del Código Civil, que constituyen el marco normativo dentro del cual los titulares de ese derecho lo pueden ejercer, siempre y cuando no se lesionen derechos ajenos y, con mayor razón, impone el deber de abstención a los terceros, para no vulnerar, bajo ningún aspecto, el derecho de dominio de que se trata.

Noveno: Que cabe tener presente que la acción de protección incoada tiene por objeto el restablecimiento del derecho, cuando por actos ilegales y/o arbitrarios se ha amenazado, perturbado o privado algunos de los derechos enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, dentro de los cuales figura el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 del cuerpo normativo precitado, motivo por el cual la acción que al efecto se ha promovido por los recurrentes deberá ser acogida en los términos que se dirá en la parte resolutiva, fundado para ello en el acto ilegal descrito anteriormente.

Décimo: Que atento a lo antes reflexionado, no resulta necesario entrar a examinar si el acto atribuido a los recurridos indicados ha infringido el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, en atención a que no se vislumbra afección al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, toda vez que ninguno de los recurrentes ha acreditado estar domiciliado en el sector donde se produjo la ocupación y por ende, no concurre el presupuesto exigido en el inciso final del artículo 20 de nuestro cuerpo jurídico constitucional.

Undécimo: Que en lo concerniente a los recurridos nombre reservado y nombre reservado, la acción de protección incoada en autos deberá desestimarse, habida consideración que el primero de ellos sólo actuó a nombre de la empresa Yelcho SpA recurrida y no a nombre propio y, el segundo de los nombrados no participó directamente en ninguno de los actos que se reprochan por esta vía proteccional, como tampoco se desprende que en las decisiones adoptadas por nombre reservado haya tenido una influencia relevante.

Por estas argumentaciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto nombre reservado y nombre reservado en contra de los recurridos Empresa Constructora de Obras Civiles Yelcho SpA y en contra de nombre reservado y, en consecuencia, se ordena:

1.- Que la Empresa Yelcho SpA deberá desocupar los terrenos, con sus maquinarias incluídas, emplazado en la Hijuela a) y Lote a), del sector Vilches Altos, que comprende la autorización dada por nombre reservado mediante instrumentos de 22 y 24 de octubre de 2018, dentro del plazo de quince días de ejecutoriado este fallo.

2.- Que doña nombre reservado deberá en lo sucesivo de abstenerse de ejecutar algún acto jurídico en representación de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, respecto de los retazos de terreno aludidos.

Que, SE RECHAZA, en lo demás, el aludido recurso de protección.

Acordada con el voto en contra del Ministro don Moisés Muñoz Concha, quien fue de opinión de rechazar el recurso de protección promovido en autos, en virtud de los siguientes argumentos:

1.- Que el recurso de protección, es un mecanismo constitucional reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

El propósito por ende es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, vulneren tales derechos.

2.- De allí entonces que es importante consignar que la vulneración mediante la cual se ejerce la presente acción debe afectar derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro Ordenamiento Jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicado. Por ende, la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no reúne tales características, la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos ordinarios declarativos que el legislador ha creado al efecto.

3.-Que en la situación de autos, los recurrentes si bien afirman tener derechos sobre los terrenos aludidos en el recurso, también algunos de los recurridos afirma tenerlos, de manera que en estas circunstancias el conflicto jurídico debe zanjarse por otra vía, eminentemente jurisdiccional.

Es decir, esta no es la sede jurisdiccional donde se puedan ventilar y resolver aspectos de fondo en que se sustenta la actual acción constitucional entablada, sino que ello debe resolverse a través de los procedimientos ordinarios declarativos que nuestro ordenamiento jurídico contempla.

No se condena en costas al recurrente por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol Nº 3.205-2018.- Protección Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.- Se deja constancia que no firma el Ministro don Carlos Carrillo González, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso en conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, ni el Abogado Integrante don Diego Palomo Vélez, por haber cesado en el cargo.