nombre reservado CON nombre reservado

Talca, quince de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ha comparecido don nombre reservado, dedicado a la construcción y reparación de sepulturas, mausoleos, nichos y actividades conexas en cementerios, domiciliado en domicilio reservado, comuna de nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Parroquia Niño Jesús de Villa Alegre, perteneciente al Decanato de San Javier el que, a su vez, pertenece a la Diócesis de Linares, representada legalmente por su párroco Pbro. nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, por haber perturbado, privado y amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías, consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 inciso 5° y N° 21 de la Constitución Política de la República. En razón de ello, solicita a esta Corte que acoja el presente recurso y ordene a la Administración del nombre reservado Alegre, dejar sin efecto cualquier sanción que impida su libre acceso e iniciativa económica, y que se abstenga de limitarla a futuro, o bien, cualquier otra medida que este Tribunal estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Por resolución de 8 de noviembre de 2018, se acogió a tramitación el recurso y se pidió informe a la recurrida Parroquia Niño Jesús de Villa Alegre, representada por su párroco nombre reservado, quien lo evacuó a través de su abogado, don Luis Alberto Araya Díaz, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Con fecha 29 de noviembre de 2018, se tuvo por evacuado el informe y se dispuso traer los autos en relación el 29 de noviembre de dicho año, procediéndose a su vista el día 13 de diciembre de 2018.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en apoyo de su pretensión, el recurrente señaló que desde los últimos quince años se ha dedicado casi con exclusividad al rubro de la construcción civil, como “maestro constructor” y ha optado por especializarse en los últimos 4 años, en la construcción y reparación de sepulturas, mausoleos y nichos en los cementerios donde sea requerido. Dicha actividad económica la ha desarrollado principalmente en nombre reservado, comuna donde reside, para construir y reparar estas edificaciones en el nombre reservado de la comuna, administrado por la Parroquia Niño Jesús de Villa Alegre. Expuso que este oficio se ha transformado en su principal ingreso y para su familia, siendo en definitiva su único sustento económico.

Explicó que su labor como "maestro constructor" se formaliza con la suscripción de contratos de arrendamiento para la confección de una obra material (contratos privados de construcción), por medio de los cuales los familiares de los fallecidos o quien tenga interés, habiendo adquirido previamente los derechos de inhumación de la administración del cementerio, le encarga la construcción o reparación de una sepultura, mausoleo, nichos o cualquier otra obra relacionada.

En este contexto, el 7 de septiembre de 2018, suscribió un contrato privado de construcción con don nombre reservado, por medio del cual le encomendó la ejecución de la obra consistente en "tapa de sepultura en nombre reservado Alegre", fijándose como precio a título de honorarios por el trabajo a realizar la suma de $90.000 (noventa mil pesos). En tal razón, el 12 de septiembre del 2018, se dirigió al nombre reservado Alegre, ubicado en domicilio reservado, para comenzar a ejecutar el contrato que había suscrito y cumplir con sus obligaciones; pero para su sorpresa se le negó el acceso, argumentando el cuidador del nombre reservado, que eran "instrucciones que tenía de la Parroquia", y que le habían ordenado que se le prohibiera el ingreso para ejecutar los trabajos en el cementerio.

Manifestó que indignado por la situación se dirigió a la Parroquia, esperanzado de encontrar una explicación y una solución a la situación que le aquejaba; pero allí le confirmaron la información que se le había dado y que, efectivamente, se había tomado la decisión de negarle el acceso como una "sanción al no cumplir con entregar un porcentaje de las utilidades de sus trabajos a la administración del cementerio".

Sostuvo que, a la fecha, cada vez que concurre a la Parroquia a solicitar autorización para ejecutar los trabajos, la respuesta sigue siendo la misma y, nuevamente, se le impide ejecutar los trabajos a los que se compromete, como ocurrió el 12 de octubre de 2018, en que suscribió un compromiso de construcción con don nombre reservado, encargándosele la ejecución de la obra "reparación estructural de sepultura en cementerio nombre reservado", fijándose como precio de la misma la suma de $120.000 (ciento veinte mil pesos), pagaderos al concluir la obra, la que no pudo ejecutar.

Argumentó que la Parroquia sin ningún fundamento válido, le ha impuesto una "sanción" que hasta la fecha le ha impedido ejercer la labor que durante años ha desarrollado sin contratiempos. Labor que, por lo demás, es la actividad económica que supone el sustento personal y familiar, y cuyo impedimento ha significado tener que aplazar trabajos futuros, respecto de los cuales no sabe si va a poder ejecutar. Todo esto no solo ha afectado su economía en términos inmediatos sino que, asimismo, ha mermado la confianza en su trabajo respecto de eventuales clientes, quienes prefieren desistir de encomendarle la ejecución de obras al enterarse de la situación actual.

Señaló que la doctrina se ha encargado de precisar que, en el caso del recurso de protección, no se está propiamente frente a un recurso. Se funda, para ello, en el hecho de que la voz "recurso" ha estado destinada a impugnar resoluciones judiciales, lo que no configura el objeto primordial de esta acción, pues ella apunta a amparar al afectado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de aquellos derechos expresamente consignados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, todo ello con las finalidades de restablecer el imperio del derecho (fin objetivo) y asegurar la debida protección del afectado (fin subjetivo). Dichos actos u omisiones no sólo pueden provenir de un órgano del Estado sino que, a estas alturas, se reconoce que también pueden originarse en los particulares e, incluso, en las denominadas "jurisdicciones domésticas". Por eso se le ha definido como: "una acción constitucional que permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, ocurrir a una Corte de Apelaciones, con el objeto de impetrar la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales de Justicia".

Agrega que, a juicio mayoritario de la doctrina, constituye una acción cautelar de derechos fundamentales, puesto que la expresión "cautelar" significa, precisamente, "medida o regla para prevenir la consecución de un determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo". Así, lo ha refrendado reiteradamente nuestra Jurisprudencia al precisar que: "Constituye la acción de protección una acción de urgencia de carácter tutelar, que permite a la CA y, eventualmente a la Corte Suprema, examinar sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente. En consecuencia, por la interposición de este recurso no se da lugar a un proceso de carácter contradictorio en que las partes puedan exponer sus respectivas posiciones y comprobar los hechos que alegan por los medios de prueba legal (...)".

Su regulación normativa está en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y sumado a las disposiciones contenidas en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, los Tribunales Superiores de Justicia han sistematizado sus requisitos en los siguientes: legitimidad activa; que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección; que se pruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; y que se interponga en el plazo fatal de 30 días corridos.

Adujo que, habiendo sufrido personalmente la afectación a las garantías constitucionales que se reclaman por la presente acción, tiene la plena legitimidad para reclamar la cautela y obtener el restablecimiento del imperio del derecho. En cuanto a la situación jurídica y material de la Corte de Apelaciones para dar protección, es la norma del artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, que transcribe. Por lo que considera que habiendo ocurrido los hechos reclamados en la comuna de nombre reservado, corresponde conocer y dar cautela a las garantías que se han conculcado, adoptando materialmente las medidas conducentes a que se restablezca el imperio del derecho, permitiendo desarrollar libremente la actividad económica que durante los últimos años se ha transformado en el único ingreso familiar.

Especificó que la omisión consiste en no hacer algo, a raíz de lo cual se va a afectar el derecho de una persona o de un grupo.

En cuanto a los actos, señaló que se ha sostenido que pueden revestir dos formas diferentes: a) Vías de hecho: Se trata de actos compulsivos que alteran el orden jurídico existente. Así, mediante el recurso de protección, se trata de reconstituir ese orden jurídico, independientemente de lo que se resuelva, en definitiva, sobre el fondo del asunto; b) desconocimiento de un derecho indudable o no seriamente controvertido: En este caso, no se trata de poner término a un problema de hecho, sino que de dar solución, en forma definitiva, a un problema que no puede resolverse por las vías tradicionales.

Hizo presente que la administración del nombre reservado le ha impedido el ingreso a las dependencias del mismo, atribuyéndose facultades jurisdiccionales y de imperio, en lo que ellos han calificado como una "sanción". De esta manera, por medio de esta imposición, que es una vía de hecho y, asimismo, el desconocimiento de un derecho, en términos de lo precedentemente razonado, se le ha impedido ejercer la actividad económica con la libertad que desde hace años ha desarrollado. Por lo que tal conducta, que ha conculcado garantías cauteladas por la acción de protección, es también arbitraria e ilegal. Es arbitraria porque carece de razonabilidad o justificación y se funda en un mero capricho.

Al efecto, indicó que la Parroquia Niño Jesús no ha aplicado ningún criterio razonable para justificar su negativa a que pueda desplegar su actividad económica en dependencias del cementerio, cuya administración tiene a cargo. Es más, hasta la fecha se le niega el acceso sin mayor fundamento y cada vez que trata de solicitar autorización para ejecutar los trabajos la respuesta es la misma, se impide el paso como sanción a supuestos incumplimientos en el pago de porcentajes a título de comisión a la administración por trabajos anteriormente ejecutados.

Indicó que en este sentido los Tribunales Superiores de Justicia, han concluido que se está en presencia de un acto arbitrario cuando no existe razón que lo fundamente: “El arbitrio no es sino la voluntad no gobernada por la razón, sino por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes.”.

Además, adujo que la conducta de la administración del nombre reservado es ilegal porque el artículo 135 del Código Sanitario, dispone que “Sólo en cementerios legalmente autorizados podrá efectuarse la inhumación de cadáveres o restos humanos.” En tanto que el artículo 1 del Reglamento General de Cementerios, señala que "Los cementerios, velatorios, casas funerarias y crematorios, públicos o particulares, quedan sometidos, en lo que se refiere a su instalación, funcionamiento y clausura temporal o definitiva, a las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, en el presente reglamento y en lo que proceda, a sus propios reglamentos internos.".

Añadió que el Decreto N° 357 del año 1970, que aprueba el Reglamento General de Cementerios, no contiene norma alguna que sancione las conductas antes descritas, es más, no señala procedimiento alguno para aplicar sanciones y/o negar, justificada e injustificadamente, la entrada a algún cementerio del territorio nacional.

Sostuvo que habiendo consultado a la Parroquia Niño Jesús sobre la existencia de algún reglamento nombre reservado, que contenga aplicación de sanciones o la negativa de ingreso a desarrollar alguna activad económica, esta ha declinado en facilitar documento oficial alguno que regule dicho procedimiento, ello por expreso mandato del actual párroco de la comuna.

Manifestó que en cuanto a la garantía constitucional vulnerada, esto es, la del artículo 19 N° 2, el derecho a la igualdad ante la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona a no ser objeto de cualquier forma de discriminación arbitraria. Agregó que el profesor Nogueira citando a nombre reservado, sostiene que en el plano de su aplicación, "la igualdad ante la ley obliga a que esta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el operador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en las normas.”. Es así como el derecho a no ser objeto de discriminación ha sido aplicado en diferentes casos, y circunstancias por los Tribunales Superiores de Justicia. Siempre procurando reestablecer en beneficio del afectado cualquier conducta que suponga un trato desigual o discriminatorio, ya sea que provenga de entes públicos o privados. A modo ejemplar el profesor Nogueira cita un fallo emblemático de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, en donde una persona de origen coreano se le negó el acceso a un recinto denominado "Piscina Mund", señalando el autor que la persona afectada presentó una acción constitucional de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago la que, haciendo una correcta aplicación del bloque constitucional de derechos fundamentales respecto al derecho de igualdad ante la ley, determinó: “Que el hecho de impedir a una persona o grupo de personas poder entrar en un lugar público en general sea gratuito o pagado, basadas en circunstancias de raza, sexo, idioma, religión o cualquiera otra circunstancia implica un trato desigual y discriminatorio que contravienen los principios que hoy imperan en las sociedades modernas relativos a derechos humanos contenidos en la Carta de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Americana sobre Derechos Humanos que son leyes de la Republica en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 inciso sede nuestra Carta Fundamental (…).”.

Señaló que la conducta que la administración del nombre reservado Alegre ha tenido con él, negando el acceso al cementerio para ejecutar los trabajos, no sólo es arbitraria e ilegal si no que constituye abiertamente una decisión discriminatoria que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, protegida en términos de lo razonado.

De otro lado, argumentó que respecto a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, rige la norma del artículo 19 número 3, inciso quinto de la Constitución Política de la Republica, que reproduce. Agrega que las normas de los artículos 38 inciso 2°, 76 y 77 de nuestra Carta Fundamental están en plena concordancia y terminan por configurar lo que en doctrina se ha designado como el derecho al juez natural o al "juez ordinario". Sobre este punto cita al profesor Nogueira, en cuanto señala que esta garantía "exige que el órgano judicial haya sido creado por la norma legal previamente, que esta lo haya investido de jurisdicción y de competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o procesó judicial. Nadie puede ser desviado de la justicia ordinaria, como asimismo, nadie puede ser desviado dentro de la justicia ordinaria del juez natural que le corresponde, que conforme a la ley le corresponda objetivamente y que esté determinado previamente.”.

En base a lo anterior, argumentó que la Parroquia Niño Jesús, ha impuesto esta prohibición de acceder al nombre reservado para ejecutar cualquier trabajo de construcción, a modo de sanción por supuestos incumplimientos, situación que por lo demás no fue canalizada por ninguna vía judicial que garantice un debido proceso; por lo que estima que la administración ha tomado la justicia de propia mano, resolviendo a su acomodo, por medio de una conducta arbitraria e ilegal, lo que ellos estimen conveniente, afectando su garantía constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales. Al efecto, citó jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto de la garantía consagrada en el artículo 19 N°3 de nuestra carta Fundamental. En el mismo sentido señaló que la doctrina está conteste en concluir que nadie puede ser objeto de sanciones que no sean previamente ventiladas en procesos legítimamente substanciados, como lo refrenda la jurista Valeria Lubbert.

En lo que respecta a la libertad para desarrollar actividad económica, señaló que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de desarrollar libremente cualquier actividad económica, personalmente o en sociedad, organizadas en empresas, en cooperativas o en cualquier otra forma de asociación lícita, con el único requisito de respetar las normas legales que regulan la respectiva actividad y siempre cuando esta no sea contraria la moral, al orden público o a la seguridad nacional.

Hizo presente que la libertad de emprender supone que todo individuo puede entrar y salir del mercado, respetando las normas vigentes, con plena autonomía. Por tanto excluye, naturalmente que un tercero pueda hacer cesar su libertad para emprender de manera arbitraria. Asimismo, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha resuelto que la norma constitucional en análisis garantiza a todos los individuos la libertad para emprender cualquiera actividad económica, derecho de contenido amplio e importa la libertad que se garantiza a todos las personas, físicas o morales, para satisfacer sus necesidades mediante la utilización de bienes escasos y limitados, no siendo indispensable, por tanto, el carácter lucrativo de las mencionadas actividades económicas, no correspondiéndole al Estado involucrarse en actividades de naturaleza empresarial, a menos que concurra la circunstancia que una ley de quórum calificado lo autorice.

Afirmó que nadie, ni persona natural o jurídica, de derecho público o privado, puede limitar, impedir, dificultar o imponer cargas en el ejercicio al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita, si no en los casos y bajo las circunstancias que estrictamente señala la Constitución Política de la Republica; y que los límites en el ejercicio de este derecho, según la doctrina serían, "algunos límites expresos explícitos que están determinados constitucionalmente en el artículo 19 N° 21, inciso 1° de la Constitución, como son 'las normas legales que la regulen'; además de los limites explicitados por otras disposiciones constitucionales, tales como la función social de la propiedad (...). A su vez, se encuentran los límites implícitos intrínsecos, que no están expresados en el texto constitucional, pero que emanan del contenido implícito en el texto constitucional de que esta actividad económica se desarrolla necesariamente en una economía de mercado, la que opera bajo la regla de la competencia. Así, la libertad para desarrollar actividad económica debe concretarse dentro de las normas legales que la regulen, que legitiman la intervención de los poderes estatales de dirección de la economía en procura del bien común, y del deber de asegurar el derecho a las personas de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, que prescribe el artículo 1° de la Constitución Política de la República.”.

Añadió que teniendo el pleno derecho a continuar desarrollando la actividad económica lícita, que desde los últimos años ha significado su sustento, es que la conducta abiertamente arbitraria e ilegal de la Parroquia Niño de Jesús de no permitir hacer ingreso al cementerio por parte de la administración, impide de manera sustantiva que pueda ejecutar cualquier obra de construcción.

Finalmente, sostuvo que la última vez que intentó solicitar autorización para ejecutar un trabajo con la administración del cementerio, fue el pasado 12 de octubre, no obstante, desde esa oportunidad se ha dirigido periódicamente para reiterar sus solicitudes, incluso acudiendo directamente al cementerio, manteniéndose la negativa a la fecha.

SEGUNDO: Que, el abogado, don Luis Alberto Araya Díaz, evacúo el informe en representación del recurrido, solicitando el rechazo de la acción de protección, de manera principal por manifiesta extemporaneidad y, en subsidio de lo anterior, por estar alejado de los hechos y el derecho, en ambos casos, con expresa condenación en costas.

En primer término, expuso los antecedentes del sacerdote y Administrador del Cementerio, Pbro. Don nombre reservado, indicando que fue nombrado Párroco de la Parroquia Niño Jesús de Villa Alegre por Decreto del 4 de enero del 2018, con todas las facultades propias a su oficio, especialmente las señaladas en los cánones 515 al 519; 521-522; 528 al 537; 682 y 776-777.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso: indicó que esta acción debe interponerse dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Conforme a lo anterior, es posible distinguir diversas situaciones para determinar cuándo comienza a correr el plazo, siendo las siguientes:

a) hecho material: desde la ejecución del acto. Si el acto es permanente se cuenta desde que se comete el último de ellos;

b) actos jurídicos que se ponen en conocimiento de parte mediante su publicación o notificación: a partir de su notificación o publicación; y c) actos jurídicos que no se notifican o publican: desde que el afectado toma conocimiento de ellos, lo que deberá acreditar.

En este aspecto, tanto el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema, disponen que debe presentarse en el plazo fatal de treinta (30) días corridos, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se ha cometido el acto u omisión que lo ocasiona. Añade que según el Auto Acordado, tal pazo se cuenta: “…desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

En cuanto a la acción cautelar deducida en estos autos, indicó que a inicios del año 2018 y ante el incumplimiento del Reglamento nombre reservado (conforme a las normas que cita y transcribe), se le prohibió a don nombre reservado, ingresar al nombre reservado. Precisó que su comportamiento explosivo se agravó desde hace unos 5 años o más, por lo que también hay denuncias criminales –que se ventilan en el Ministerio Público de San Javier- con personas que realizan labores en el Cementerio entre otros con el propio Panteonero, correspondiendo a las siguientes causas: RUC 1800651225-5 y RUC 1810025728-5. Señaló que ambas son denuncias anteriores a la presunta violación de derechos y garantías constitucionales señaladas en este libelo.

Sostuvo que resulta más que evidente que la contraria señala una supuesta vulneración de algún derecho constitucional en el mes de octubre recién pasado, siendo que la actitud hostil de dicha parte con su representado tiene sus inicios desde enero de este año. Por lo que considera que el actor ideó una fecha para cumplir o tratar de cumplir con el plazo señalado por la ley.

Manifestó, que de la declaración de la secretaria de la Iglesia, doña Isabel Margarita Cancino Garrido, consta que le han llegado reclamos por el comportamiento del Sr. nombre reservado; y añade que esto le consta también al Panteonero, don nombre reservado, que se encuentra en la misma situación, para cuya constancia adjunta declaraciones juradas de ambos, en que darían testimonio de sus dichos señalando más o menos lo mismo.

Conforme a lo anterior, afirma que cuando asumió el Párroco don nombre reservado, el recurrente ya venía con problemas con la administración de la Iglesia y del nombre reservado; por lo que el recién asumido sacerdote, en su calidad de administrador de los bienes de la Iglesia, sólo se encargó de ordenar el funcionamiento de la Parroquia y sus organismos, capillas, etcétera, entre la que se encuentra el camposanto. Por tanto, desde fines de enero o principios de febrero de este año 2018, el recurrente ya no podía celebrar ninguna actividad al interior del cementerio, ya que el Padre nombre reservado recibió toda la documentación e informes de funcionarios de la Parroquia y del Cementerio, que daban cuenta del comportamiento errático del aludido señor nombre reservado.

Mencionó que la contraria incluso se ha dedicado a enviar 2 “wasaps” (sic) al administrador del nombre reservado, esto es, al sacerdote don nombre reservado, ambos con actitud amenazante, el 13 de abril de 2018, en que señala que seguirá trabajando en el cementerio les guste o no; y el otro el día 18 de mayo de 2018, en que indica: “que pretenden que alguien mura”. En base a estos mensajes afirma que es indudable que hace más de 30 días que se vendría dando esta supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Finalmente, adujo que el supuesto actuar arbitrario e ilegal alegado por la contraria, en atención a la información entregada, indudablemente echa por tierra el plazo de la supuesta vulneración de algún derecho. Al efecto cita jurisprudencia de causa Rol N° 6370-2015 de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al fondo, adujo que ha habido quejas por el trabajo del actor y su nulo respeto al reglamento nombre reservado Alegre; indicando que han recibido reclamos en tal sentido la secretaria de la Iglesia, doña Isabel Margarita; y al Panteonero don nombre reservado, funcionarios con treinta o más años de labores en la Iglesia nombre reservado como en el nombre reservado; indicando que se acompañan declaraciones juradas de aquéllos. Además, reiteró lo expuesto en la alegación de extemporaneidad, en cuanto a que el párroco don nombre reservado asumió el día 4 de enero de 2018, y que el recurrente venía con problemas desde antes; que el mencionado párroco había recibido toda la documentación e informe de los funcionarios de la parroquia y del nombre reservado, respecto del comportamiento errático del actor; como también que, posteriormente, se dio inicio a dos causas ante el Ministerio Público de San Javier en contra del recurrente.

En cuanto a los documentos incorporados por el actor en su libelo, consistentes en contratos o documentos para construir o realizar alguna obra al interior del campo santo por parte de aquél, adolecen de nulidad puesto que los realizó con infracción del Reglamento nombre reservado Alegre, que se ha dictado en conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Cementerios.

Expuso que el recurrente tampoco cumplió con entregar un porcentaje de las utilidades de sus trabajos a la Administración del nombre reservado, teniendo en cuenta que el cementerio debe pagar impuestos, agua, luz, personal –un Panteonero-, etcétera; y que pertenece a la Parroquia. Por lo demás, esto está regulado en el TITULO III, DE LAS SEPULTURAS, del Reglamento Interno del Cementerio. Al efecto, citó lo estatuido en el punto III.5, en cuanto señala: “estos últimos deberán cumplir con las disposiciones internas en relación a las construcciones”. Al efecto, insistió en señalar que el recurrente no cumplía dicha obligación desde antes que asumiera el Pbro. nombre reservado; agregando que dicho sacerdote fue quien ordenó la administración interna del nombre reservado, siendo importante lo señalado en el TITULO III, DE LAS SEPULTURAS. De manera que se actuado conforme a la Ley, sin que se haya incurrido en alguna infracción legal, como se señala en este recurso de protección.

En cuanto a lo expuesto por el actor, al indicar que no obstante habérsele impedido desde inicios de año trabajar en el nombre reservado de igual forma continuó celebrando contratos privados, estima que esa es una actitud arbitraria y completamente alejada del Reglamento nombre reservado y de los hechos expuestos, lo que incluso puede ser constitutivo de dolo y de un eventual delito de estafa. Además, esgrime que aquél pretende, por medio de actos de fuerza, que se le vuelva a autorizar para trabajar en el Cementerio, lo que no corresponde, ya que la primera obligación para con dicho Campo Santo es, entre otras materias, mantener la sana convivencia y el cumplimiento de su normativa interna. Conforme a lo anterior, esgrime que no se puede estar o ser parte de una institución donde no se respeta su normativa interna, incluso la sana convivencia queda por los suelos con actitudes amenazantes, tratos vulgares, etcétera.

En lo concerniente a la alegación de falta de fundamento de la sanción impuesta, expuso que eso es errado por cuanto los problemas con el señor nombre reservado vienen desde hace varios años, pero sólo a inicios del 2018, al conminársele a no seguir trabajando al interior del cementerio, trajo como consecuencia la multiplicación de problemas, amenazas, peleas, trato grosero, denuncias ante el Ministerio Público, etcétera, por lo que estima que la falta de fundamento válido es de lo que carece el relato de la contraria.

Adujo que el recurrido no actúa ni ha actuado como se señala en el cuerpo del libelo, puesto que el Pbro. nombre reservado no ha tenido reclamos de los feligreses, en ninguno de los lugares que le ha tocado ejercer, siendo su cargo anterior en la Parroquia La Merced de la comuna de San Javier. Ha tenido una hoja de vida Sacerdotal impecable, no hay quejas en su contra, ni acciones de ninguna índole; por lo que no se puede decir que los actos de su representado están gobernados por impulsos o instintos sin motivación aparente, menos aún por un mero capricho.

De otro lado, argumentó que la contraria utilizó mala y arteramente el Decreto Nº 357 del año 1970, que aprueba el Reglamento General de Cementerios, para ponerse en calidad de víctima al señalar que dicho Reglamento no establece ningún procedimiento para aplicar sanciones o negar, justificada o injustificadamente, la entrada a algún cementerio del territorio nacional; puesto que eso no es efectivo en la especie, dado que el recurrente puede ingresar al cementerio a ver a sus deudos o en cortejos fúnebres, en eso no hay problemas; esto último ocurre en cuanto no puede ingresar a realizar trabajos de construcción al interior del nombre reservado, por eso se le ha negado tal acceso cuando ha llegado al cementerio con materiales de construcción y herramientas, tratando de vulnerar las disposiciones internas del campo santo y continua con su actuar grosero y su nulo respeto a normas internas, cuestión que el actor oculta.

Expuso que don nombre reservado trata con garabatos al Panteonero, lo que es oído por todas las personas o feligreses que se encuentran en el lugar, y que también efectúa amenazas en contra de dicho funcionario del cementerio y de los demás, Sacerdote incluido.

Hace presente que en oficinas de la Parroquia consta un ejemplar del Reglamento Interno del Cementerio y, en el caso del Reglamento General de Cementerios, señala que éste se puede descargar desde cualquier computador con internet. Agrega que cuando el señor nombre reservado ha concurrido a dependencias de las oficinas parroquiales lo ha realizado en forma prepotente, amenazante, llegando a la vulgaridad y es de entender que es muy difícil tratar con alguien con dicho comportamiento. Es por eso que ya hay algunas denuncias que se han presentado en su contra ante el Ministerio Público de la comuna de San Javier, en causa RUC 1800651225-5 y en la cusa RUC 1810025728-5; además, en algunas ocasiones se ha debido llamar a Carabineros de Chile, de lo cual sólo queda la constancia para evitar dichas amenazas escalen aún más.

Sostuvo que su mandante está actuando totalmente conforme al Reglamento General de Cementerios y con el Reglamento nombre reservado Alegre, precisando que dicho cementerio es de la Parroquia Niño Jesús, de todo lo cual adjunta documentos a su informe.

En cuanto a las disposiciones aplicables en la especie, respecto al Reglamento Interno que, a su parecer, está conteste con el Reglamento General de Cementerios, indicó que corresponde a las contenidas el TÍTULO III: DE LAS SEPULTURAS, desde el III.4 AL III.6, que tratan las materias relativas a construcciones, responsabilidades y relaciones que deben imperar en el campo santo, las que transcribe del modo siguiente:

“III.4.- En lo que respecta a derechos de inhumación en fracciones de terreno para mausoleos de familias o institucionales, bóvedas o tumbas familiares su construcción será de responsabilidad de los respectivos adquirientes de tales derechos de inhumación, quienes deberán presentar previamente a la Administración del camposanto los proyectos de construcción respectivos, para su aprobación.

III.5.- La administración del cementerio dejará a la responsabilidad de los adquirentes la elección y contratación de quienes construirán sus obras en el cementerio; estos últimos deberán cumplir con las disposiciones internas en relación a las construcciones. Con todo, el adquirente se deberá hacer responsable de mantener el aseo durante y una vez finalizada la construcción que, de ser así, podrá solicitar devolución de parte de lo cancelado por concepto de derecho de construcción a la administración una vez terminada la obra y verificada la limpieza. El plazo de construcción no podrá ser superior a 2 meses.

III.6.- La administración del cementerio, no obstante lo señalado en el punto anterior –III. 5.- se reserva la facultad de rechazar alguno o todos los maestros que contraten los adquirentes de los servicios del nombre reservado, esto por motivos propios de la administración, en particular la buena convivencia al interior del campo santo y no cumplir con las disposiciones internas en relación a las construcciones, solo a modo de ejemplo, sin que estos enunciados sean taxativos, se señalan; Incumplimiento de normas del cementerio, mala convivencia con otros maestros, público en general o con la administración del cementerio, falta de respeto y trato grosero con la administración del cementerio, reclamos reiterados y justificados de personas –deudos- a quienes se les presta sus servicios, mala calidad de las obras, injurias, calumnias o amenazas tanto a la administración, resto de personal del cementerio o público en general. De darse algunas de estas situaciones a quien incurra en ellas se le prohibirá construir obras en el interior del Campo Santo, esta prohibición es inapelable, produciendo sus efectos ipso facto, desde el momento que se determine”.

En base a dichas disposiciones, alegaciones efectuadas y documentación que acompaña, esgrimió que ha quedado más que claro que es el recurrente quien ha incumplido dicho reglamento y, fundándose en calumnias, trata de forzar una autorización que a todas luces no corresponde, desde que la persona vulnera el comportamiento básico de convivencia con tratos groseros, desconocimiento de la autoridad, actitudes amenazantes, conflictos con el resto del personal de la Iglesia y del propio campo santo, incluso con el Sacerdote de la comuna y administrador de dicha institución. Por lo que considera que indudablemente hay una vulneración a los Derechos y Garantías Constitucionales estatuidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en algunos de sus numerales, pero de parte del recurrente quien, con su actitud hostil, ha menoscabado la sana convivencia “en una Institución que en estos días no pasa por su mejor momento” (sic).

Finalizó señalando que su parte sólo ha hecho cumplir el Reglamento nombre reservado, conforme lo estatuido en el Reglamento General de Cementerios, sin que se haya limitado ningún derecho constitucional, sino que se está protegiendo la sana convivencia al interior del Cementerio y de la propia Iglesia de nombre reservado, pues el recurrente no solo ha producido actos violentos al interior del campo santo sino que, además, ha concurrido a la propia Iglesia en actitud de conflicto.

TERCERO: Que, en lo que concierne a la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por el recurrido, cabe señalar que esta Corte ya se pronunció respecto de la admisibilidad del mismo. Sin perjuicio de tener en consideración que cada eventual prohibición de ingreso a trabajar al cementerio que se pudo efectuar, en los términos planteados en el recurso, constituiría un hecho nuevo que podría vulnerar los derechos del actor, por lo que resurge el plazo para intentar la acción constitucional que nos ocupa, por lo que se desestimarán las alegaciones efectuadas en este sentido.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

En cuanto a la primera exigencia, cabe señalar que una acción arbitraria implica un proceder caprichoso, carente de razonabilidad, una falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna con la lógica y la recta razón. Por tanto, es lógico suponer y concluir que un acto fundado y de acuerdo a la ley no puede ser calificado de arbitrario.

Por otra parte, una acción o proceder es ilegal cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.- QUINTO: Que, de acuerdo con lo expuesto por las partes y documentación acompañada por ambas es posible dar por establecidos los hechos siguientes:

1.- Don nombre reservado realizaba trabajos en el nombre reservado Alegre, de manera independiente, en labores de reparación de sepulturas, mausoleos, nichos y actividades conexas.

2.- El mencionado nombre reservado es de propiedad del Arzobispado de Santiago, según consta de inscripción de fojas 247 N°571 del Conservador de Bienes Raíces de San Javier, correspondiente al año 1916. Actualmente dependiente del Obispado de Linares.

3.- El Pbro. don nombre reservado, en su calidad de cura párroco de la nombre reservado, es el actual administrador de dicho cementerio.

4.- A contar del mes de enero de 2018 se le prohibió a don nombre reservado que accediera al nombre reservado a efectuar los trabajos señalados en el punto 1, que precede; lo que se reiteró durante el año, por problemas de conducta y malos tratos de su parte y por no cancelar el porcentaje de dinero que grava dicha actividad.

5.- Se dio inicio a dos causas en contra del recurrente don nombre reservado ante el Ministerio Público de San Javier, correspondientes al RUC 1800651225-5 y al RUC 1810025728-5, con ingreso en el Juzgado de Garantía de San Javier N°901-2018 y 1229-2018, respectivamente; en ambos casos por problemas acaecidos al interior del campo santo de nombre reservado, en que estuvo involucrado el recurrente, en el mes de enero de 2018 y día 3 de julio del mismo año.

En la primera causa, se le atribuyó el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, perpetrado en contra de don nombre reservado (panteonero y tío del actor), las que se iniciaron al informarle el ofendido, en el mes de enero, que se le desvinculaba de sus funciones en el cementerio, amenazas que persistieron en el tiempo. Además, consta en la carpeta virtual RIT 901-2018 que en audiencia del 4 de enero en curso se decretó la suspensión condicional del procedimiento, debiendo cumplir el recurrente las condiciones de prohibición de acercarse a la víctima don nombre reservado, fijar domicilio e informar al Ministerio Público cualquier cambio del mismo.

En el segundo caso, el ente persecutor dedujo requerimiento simplificado a su respecto y de don nombre reservado, por el delito de amenazas simples contra personas y propiedades, fundado en que el día 3 de julio de 2018, en el patio del nombre reservado Alegre, los requeridos tuvieron una discusión y se realizaron amenazas de agresión mutua, el primero con un machete y el segundo con un palo. Según la carpeta virtual RIT 901-2018, con fecha 25 de septiembre de 2018, el Juzgado de Garantía de San Javier aprobó el acuerdo reparatorio a que arribaron las partes, se sobreseyó definitivamente y se dispuso el archivo de la causa.

6.- Don nombre reservado envió mensajes de whatsapp el recurrido en el mes de abril y mayo de 2018, entre ellos, los siguientes:

13 de abril de 2018: “Le escribo para comunicarle q mañana saco mis cosas del cementerio y también le comunico q seguire trabajando le guste o no porq los servicios se los presto a terceros no a la parroquia” (sic)

10 de mayo de 2018: “hasta cuando van aserme la vida imposible que pretenden que alguien mura para que la corten con migo quiero que les quede claro que yo no les trabajo a uds por lo tanto mo pueden prohibirme que yo trabaje porq el servicio se lo presto al dueño del terreno yo de la unica manera que no podria hacer cosas es con una orden del tribunal solo de esa manera podría no ingresar además esta el porcentaje pagado no hay nada de manera ilegal no quiero llegar el dia en que tengo que hacer el trabajo y me encuentre con sorpresas porq ya es tanto el problema q me han hecho q no se de q manera podría reaccionar por eso les pido que la corten con migo porq voy a llegar hasta las ultimas con todo esto ya lo de ustedes es un problema personal no laboral.” (sic)

Cabe señalar que en lo que respecta a los mensajes antes transcritos, se tuvieron por acreditados con las fotos captadas desde el teléfono celular del recurrido, dado que no fueron controvertidos o negados por el actor.

SEXTO: Que, a objeto de resolver la procedencia de la acción cautelar intentada en la especie, ha de tenerse en consideración los estatutos aplicables en la especie, esto es, el Decreto N°357, de 1970, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento General de Cementerios y el Reglamento nombre reservado Alegre, de 15 de enero de 2018.

Conforme a lo sentado en el punto 2) del considerando que precede, es dable concluir que el nombre reservado Alegre, es un cementerio de índole particular, a la luz de lo prevenido en el acápite final del artículo 15 del Decreto N°357, en cuanto preceptúa que: “…Son cementerios particulares, los de cultos religiosos determinados, como los católicos y otros,…”. En tal virtud, se encuentran autorizados para disponer y regirse por de su propio Reglamento Interno, como ocurre en la especie, sin perjuicio de que le es plenamente aplicable el Reglamento General de Cementerios y que también se encuentran sometidos al Código Sanitario, conforme a lo estatuido en el artículo 1° del antes citado cuerpo normativo.

De esta forma, resultan atingentes al caso las siguientes disposiciones contenidas en el Reglamento nombre reservado Alegre:

V.1 “El camposanto estará a cargo de un administrador, designado por su propietario por medio de escritura pública, donde se especificarán sus facultades. Este administrador será responsable del camposanto ante las autoridades sanitarias y dispondrá del personal necesario para cumplir sus funciones.”.

III.5 “La administración del cementerio dejará a la responsabilidad de los adquirentes la elección y contratación de quienes construirán sus obras en el cementerio; estos últimos deberán cumplir con las disposiciones internas en relación a las construcciones. Con todo, el adquirente se deberá hacer responsable de mantener el aseo durante y una vez finalizada la construcción que, de ser así, podrá solicitar devolución de parte de lo cancelado por concepto de derecho de construcción a la administración una vez terminada la obra y verificada la limpieza. El plazo de construcción no podrá ser superior a 2 meses”.

III.6 “La administración del cementerio, no obstante lo señalado en el punto anterior –III. 5.- se reserva la facultad de rechazar alguno o todos los maestros que contraten los adquirentes de los servicios del nombre reservado, esto por motivos propios de la administración, en particular la buena convivencia al interior del campo santo y no cumplir con las disposiciones internas en relación a las construcciones, solo a modo de ejemplo, sin que estos enunciados sean taxativos, se señalan; Incumplimiento de normas del cementerio, mala convivencia con otros maestros, público en general o con la administración del cementerio, falta de respeto y trato grosero con la administración del cementerio, reclamos reiterados y justificados de personas –deudos- a quienes se les presta sus servicios, mala calidad de las obras, injurias, calumnias o amenazas tanto a la administración, resto de personal del cementerio o público en general. De darse algunas de estas situaciones a quien incurra en ellas se le prohibirá construir obras en el interior del Campo Santo, esta prohibición es inapelable, produciendo sus efectos ipso facto, desde el momento que se determine”.

VII-1 "El nombre reservado Alegre, Obispado de Linares, es una empresa privada y como tal está facultada para normar el actuar de las personas al interior del recinto, incluso restringiendo el acceso al mismo”.

VII-2 “Se podrá ingresar al Cementerio durante los horarios de funcionamiento. De 9.00 am a 13:00 pm y de 14:30 a 18:00 pm”.

SEPTIMO: Que, conforme a la normativa referida en el fundamento anterior, es dable concluir que siendo el nombre reservado Alegre de dominio privado, autorizado para funcionar como tal y con libre acceso al público dentro de un horario pre establecido, su dueño se encuentra facultado por el artículo 1° del Decreto N°357, para regular su funcionamiento mediante un reglamento interno, como ha sucedido en la especie, a través de su administrador legalmente investido. Además, en este último estatuto se regula la construcción de obras o reparaciones en el cementerio en el Título III, con expresa reserva de rechazar a alguno o todos los maestros que contraten los adquirentes de los servicios del nombre reservado, por motivos propios de la administración, en particular la buena convivencia al interior del campo santo y no cumplir con las disposiciones internas en relación a las construcciones.

De esta forma, constando en estos antecedentes que ha habido problemas de convivencia en el nombre reservado Alegre y con sus funcionarios y administrador, que han sido generados por el recurrente, es dable concluir que el recurrido simplemente hizo uso de las facultades que le confiere el reglamento Interno al restringir el acceso del actor a dicho camposanto, en cuanto se le prohíbe que lo haga para ejecutar labores de construcción de obras o reparaciones de sepulturas; por lo que su proceder se encuentra ajustado a la normativa aplicable al caso.

De otro lado, tal proceder no es arbitrario por cuanto obedece a un razonamiento concordante con un imperativo normativo, lo que se estima suficiente para desechar la idea de haber sido adoptadas por un mero capricho del recurrido y tampoco se han apartado de la ley.

OCTAVO: Que, así las cosas, no habiendo existido ilegalidad ni arbitrariedad de parte del recurrido, que deba y pueda ser subsanada mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, la acción deducida no podrá prosperar, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados –privados, perturbados o amenazados- mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias. De esta manera y como se expresó en el considerando séptimo que antecede, la falta de ilegalidad y arbitrariedad del accionar del recurrido debe llevar necesariamente al rechazo de la acción intentada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de la Parroquia Niño Jesús de Villa Alegre, perteneciente al Decanato de San Javier, que a su vez pertenece a la Diócesis de Linares, representada legalmente por su párroco Pbro., nombre reservado.

No se condena en costas al recurrente por estimar que accionó con fundamento plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Rol N°2959-2018/ Protección.

Dejo constancia que no firma la Fiscal Judicial doña nombre reservado, por encontrarse haciendo uso del artículo N°347 del Código Orgánico de Tribunales, asimismo, nos firma el Abogado Integrante don Héctor Bobadilla Toledo, por encontrase ausente.