nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO (ACUMULADA ROL N° 2927-2019)

Talca, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve.

Visto:

Primero: Que con fecha 21 y 28 de julio de 2019, comparece la abogada IVONNE CECILIA SAN LUIS GONZÁLEZ, en representación convencional de los profesionales de la educación: nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos chilenos, profesores, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número, RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado. cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número, RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos chilenos, profesores, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos profesores, chilenos, mayores de edad, domiciliados en domicilio reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad númeroRUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, camino a Sauzal Sector la Orilla comuna de Empedrado; nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado, nombre reservado cédula nacional de identidad número RUT reservado y nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado camino a Sauzal Sector la Orilla comuna de Empedrado, todos funcionarios dependientes de la Ilustre Municipalidad de Empedrado, quienes deducen recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO, representada por su alcalde don Manuel Báez Gajardo, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y derecho que expone.

Señala como consideraciones previas que los profesionales de la educación dependientes de la Municipalidad de Empedrado fueron informados por sus directores del Decreto Alcaldicio N° 1466 de 18 de agosto del 2018 y su modificación contemplada en Decreto Alcaldicio 1543 de fecha 22 de agosto de agosto del 2018, que transcribe:

“VISTOS:

1. El artículo 4 N° 1 de la Ley 20.903 que crea el sistema de nombre reservado docente modifica otras normas, que derogó el artículo 8 de La Ley 19.410.

2. El artículo 1 N° 39 de la Lay 20.903 que reemplazó el artículo 63 de la Ley 19.070 y sustituyó la asignación de bonificación profesional por la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios.

3. El artículo 1 N°23 de la Ley 20.903 que establece que el sistema del nombre reservado docente se aplicará a los profesionales de la educación que se desempeñan en los establecimientos regidos por el DFL N° 2 de1998 del Ministerio de Educación, los regulados por el decreto Ley N° 3166 de 1980 y los que ocupen cargos directivos y técnicos pedagógicos en los departamentos de administración de educación municipal o en las corporaciones creadas por éstas.

4. El Ordinario N°600 de 27 de junio del 2018 emitido por la Municipalidad de Empedrado en el que solicita un pronunciamiento jurídico a la Contraloría Regional del Maule acerca de la procedencia de continuar pagando con posterioridad al mes de junio del 2017 la bonificación proporcional a los docentes que se encuentran asignados en los tramos del título III del DFL N° 1 de 1996 del Ministerio de Educación.

5. El oficio N° 4455 de fecha 26 de Julio del 2018 emitido por la Contraloría Regional del Maule.

6. Las atribuciones que confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se ha fijado por el DFL N° 1 del 2006.

CONSIDERANDO 7. Que la Ley 20.903 que crea el sistema de nombre reservado docente modifica otras normas, que derogó la bonificación proporcional contemplada en el artículo 8 de La Ley 19.410 y reproducida en iguales términos en el artículo 63 de la Ley 19.970 2.- Que los profesionales de la educación de la comuna se encuentran asignados en los tramos del título III del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación a contar del mes de Julio del 2017, sometiéndose al nuevo sistema de remuneraciones docentes.

3.- Que por una omisión involuntaria se continuó pagando a los profesionales de la educación la bonificación proporcional regulada en las leyes 19.410 y 19.933, produciéndose un enriquecimiento ilegítimo a favor de los aludidos funcionarios al percibir el pago de una asignación que se encontraba delegada a contar del mes de Julio del año 2017.

4.- Que, al corroborarse que existió por parte del Departamento de administración de educación municipal un pago indebido de la bonificación proporcional a los profesionales de la educación con posterioridad al mes de Junio del 2017, corresponde solicitar el reintegro de las sumas percibidas sin causa legal que lo justifique.

DECRETO ALCALDICIO N° 1466 1.- REINTÉGRESE, la asignación bonificación proporcional percibida por los profesionales de la educación de la Comuna de Empedrado durante los meses de Julio del año 2017 a mayo del 2018, ambos meses inclusive.

2.- OFÍCIESE a la encargada de Remuneraciones del Departamento de administración de educación municipal para que proceda a efectuar el cálculo de la bonificación a reintegrar por cada docente, hecho lo anterior, procédase a descontar mediante descuento de la remuneración de cada funcionario la cuota correspondiente 3.- CONCÉDASE, para el pago de la asignación antes requerida el siguiente plazo • Para los profesionales de la educación que tengan nombramiento de titular (indefinido) el plazo será de 11 meses, pudiéndose pagar en igual cantidad de cuotas • Para los profesionales de la educación que tengan nombramientos a contrata, el plazo será de 7 meses, pudiéndose pagar en igual cantidad de cuotas Lo anterior, no obsta a que algún profesional de la educación pueda reintegrar la totalidad de los recursos en menor número de cuotas que las otorgadas por el empleador 4.- Los descuentos comenzarán a contar del mes de agosto del 2018”

Este Decreto fue modificado por el Decreto Alcaldicio 1543 (8) del 22 de agosto del 2018 que en lo pertinente establece:

“1.- MODIFÍQUESE el Decreto Alcaldicio N° 1466 de fecha 10 de agosto de 2018, en los puntos 3 y 4 por el siguiente tenor:

a) Para los profesionales de la educación que tengan nombramiento a contrata, el plazo será de 6 meses, pudiéndose pagar en igual cantidad de cuotas b) Los descuentos comenzarán a contar del mes de septiembre de 2018.

2.- NOTIFÍQUESE personalmente o por carta certificada a los docentes.

3.- NOTIFÍQUESE a la encargada de remuneraciones del Departamento de educación 4.- En todo lo no modificado rige el Decreto Alcaldicio N° 1466 con fecha 10 de agosto del 2018”

Ante esta situación tan impensada, insólita y vulneratoria realizaron una presentación ante la entidad contralora. En dichas presentaciones se solicitó se aplicara en favor de sus representados la facultad que establece el artículo 67 de la ley N° 10.336, que permite al Contralor General condonar u otorgar facilidades para el reintegro de remuneraciones indebidamente percibidas cuando exista buena fe o justa causa de error respecto del decreto alcaldicio número 1466 de fecha 18 de agosto del 2018 y su modificación contemplada en Decreto Alcaldicio 1543 de fecha 22 de agosto de agosto del 2018 emitidos por la MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO, que ordena el “reintegro de la asignación bonificación proporcional percibida por los profesionales de la educación de la comuna de Empedrado durante los meses de julio del año 2017 a mayo del 2018”.

Ante este requerimiento la Contraloría, a través de resolución exenta N° 337 2018 y 117/ 2019, en definitiva resuelve:

“1° No ha lugar a las solicitudes de condonación formuladas por los funcionarios que a continuación se indican.

2° Dispone en subsidio, que la devolución de los montos adeudados, los cuales al mes de agosto de 2018, representaban el equivalente en UTM, que en el caso que se indica, se efectúen en parcialidades señaladas, del valor vigente de dicha unidad, al momento de hacer efectivo los descuentos.

Es importante tener en cuenta que hasta este momento los recurrentes no tenían claridad de a cuanto de sus remuneraciones se les solicitaba reintegrar.

Con fecha 29 de junio de 2019, los docentes comenzaron a recibir mediante carta certificada de parte de la Municipalidad de Empedrado, específicamente del Departamento de Educación, la NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO, en el siguiente tenor que se transcribe:

“NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO En empedrado a 24 de junio de 2019.

Junto con saludarle cordialmente, vengo a notificarle formalmente que el departamento de Administración de Educación Municipal procederá a contar del mes de julio del presente año a efectuar los descuentos correspondientes al pago indebido de la bonificación proporcional establecida en la ley 19.993 según la modalidad y plazos establecidos en la Resolución Exenta SIAPER N° 337 de fecha 13 de noviembre de 2018 y Resolución Exenta SIAPER N° 117 de fecha 26 de abril de 2019, ambas de la Contraloría Regional del Maule.

Para mayor abundamiento la suma total que usted debe reintegrar asciende a (varía según el recurrente), UTM, debiendo reintegrarla en (varía según el recurrente) cuotas iguales y sucesivas de (varía según el recurrente) UTM cada cuota. El valor de la UTM se tomará el vigente al (sic), es de hacer efectivo el descuento, según información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos.

Sin otro particular, se despide Atte.

nombre reservado. (R).”

Enfrentándose los docentes de la Municipalidad de Empedrado ante esta injusta situación que ha derivado en este hecho ilegal que ha provocado gran daño, tanto a su integridad personal, como a su patrimonio, se ven obligados a recurrir ante esta Corte a fin de que se restablezca el derecho y, en especial, se resguarden las garantías constitucionales que tienen todos los trabajadores de nuestro país, sin excepción ni discriminación arbitraria, ya que, sin duda, la postura de la Ilustre Municipalidad, así también de la Contraloría Regional del Maule, de obligar a devolver dineros que forman parte de las remuneraciones de los trabajadores, toda vez que los pagos fueron hechos a todos los docentes por más de 11 meses por la empleadora edilicia, por lo que la obligación que se ha notificado expresamente de reintegrar estos dineros resulta a lo menos injusta, más aun cuando de manera vejatoria han sido tratados como si esta situación fuera de su responsabilidad y como, de manera reiterada, se les imputa el hecho de haber obtenido un “enriquecimiento ilegítimo” sin ser esto efectivo.

En cuanto al plazo para la interposición del recurso de protección, señala que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, tal como ha ocurrido en este caso.

Siendo requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado contrariando a una o más de las garantías protegidas, como ha ocurrido en contra de sus representados.

Refiere que preceptúa el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Que, por otra parte, el inciso 2° del artículo 54 de la ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, dispone que una vez interpuesta una reclamación en contra de una resolución administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO, emitida por la Municipalidad de Empedrado, que fuera notificada por carta certificada a los docentes fechada el día 24 de junio del 2019, que se ingresara al correo el día 25 de junio, instancia en que tomaron conocimiento de manera formal de que a sus liquidaciones se realizarían descuentos, por lo que debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso de protección, desde el tercer día de ingresado al correo conforme lo establece la ley de Municipalidades, puesto que es a partir desde ese momento que se configura el hecho cierto de que la Municipalidad de Empedrado hará descuentos en sus remuneraciones reintegrando los dineros que se pagaron “ilegítimamente” durante 11 meses.

Respecto de los fundamentos de la solicitud indica que en el año 2015 por mensaje de la otrora Presidenta de la República se da inicio al proceso de la llamada Carrera Docente, que dio origen a la Ley 20.903.- CREA EL SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y MODIFICA OTRAS NORMAS, complementando la ley 20.529 sobre SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN, normas que apuntan al mejoramiento de la educación en nuestro país, así como también dar un impulso a la carrera docente.

Si bien los profesionales de la educación a quienes representa, estaban enterados de los cambios que iban a acontecer, ya que asistieron, en especial quienes tenían cargos administrativos, a diversas reuniones con la Provincial, en las que se les capacitó respecto de la implementación de las normas ya indicadas.

Si bien es efectivo que lo que dice relación con el aspecto remuneracional también fue tocado, los docentes tenían claro que habría una renta básica mínima, que se eliminaría las asignaciones por años de servicio, que habría modificaciones en asignaciones por perfeccionamiento pero que ello no afectaría a los montos totales que ya recibían como remuneración y, si hubiere modificaciones, no serían en desmedro de lo que ya percibían; esto se aseguró siempre por las autoridades.

Era también de conocimiento de todos que cada profesor quedaría en un tramo de acuerdo al nombre reservado y que esto determinaría sus remuneraciones y que la nueva forma de pagar las remuneraciones comenzaría a regir a partir del mes de Julio del 2017.

A partir de la mencionada fecha, es decir, julio del año 2017, cada profesional recibió sus liquidaciones de sueldo entendiendo que eran las que correspondían de acuerdo a lo señalado en la nueva ley. Algunos docentes realizaron las consultas en finanzas a fin de tener la certeza de que los montos que se pagaron serían las remuneraciones que correspondían a cada uno de ellos y perdurarían en el transcurso del tiempo, recibiendo como respuesta que ésas eran efectivamente.

Ninguno de los profesionales de la educación que dependen de la Municipalidad de Empedrado, llámese profesores, directores, jefes de UTP, etcétera puso en duda lo que se establecía en sus liquidaciones, más aun cuando éstas se repitieron conforme fueron pasando los meses hasta que en el mes de junio del 2018, 11 meses después de la citada implementación, deja de aparecer una asignación que en su glosa decía “BONIF LEY 19933” cifra que varía para cada profesor, pero que representa un valor que estaba contemplado dentro de las remuneraciones y, por lo tanto cada uno de los profesionales de la educación consideraba como un ingreso consolidado y parte de lo que por derecho le corresponde recibir por su gestión docente situación que, sin duda, va en desmedro de sus ingresos, alterando su patrimonio, afectándolos en lo profesional, personal y familiar.

Señala que respecto a la buena fe, éste es un principio que se establece en todo nuestro ordenamiento jurídico y los profesores han actuado conforme a este principio; ellos tuvieron justa causa de error al percibir lo que consideraron que era parte de sus remuneraciones; por esta razón es del todo pertinente exigir que los montos que formaron parte de sus remuneraciones por casi un año a todos los docentes se mantengan en su patrimonio y no sean desprovistos de estos pagos, por un “error” de la recurrida.

Los docentes sólo se enteraron de este supuesto “error involuntario” con la notificación del Decreto Alcaldicio 1466, que ordena el reintegro de la asignación bonificación proporcional percibida por sus representados durante los meses de julio del año 2017 a mayo del 2018; el argumento esgrimido en el considerando 3° de dicho decreto Alcaldicio dice que “por una omisión involuntaria se continuó pagando a los profesionales la bonificación proporcional”, afirmando a continuación que con ello se produjo “un enriquecimiento ilegitimo a favor de los funcionarios”.

Al respecto la institución edilicia tiene, sin lugar a dudas, la obligación de pagar las remuneraciones a sus funcionarios y hacerlo conforme a lo que la ley exige. Si bien es posible comprender que exista un “error involuntario” el hecho que perdure durante 11 meses e incluye a todos los profesionales de la educación a quienes debía dejar de pagárseles la bonificación contemplada en el artículo 8° de la ley 19.410, (que por lo demás en la glosa de sus liquidaciones dice BONIF. Ley 19.933, lo que con mayor razón induce a un error) denota una falta de prolijidad en el actuar administrativo, lo que implica que una negligencia de esa magnitud amerita buscar responsabilidades, derecho que tienen los servidores de acuerdo a lo establecido en la letra g) del artículo 17 de la ley 19.880.- Si bien se podría llegar a comprender las circunstancias que generaron la supuesta deuda que, como ya se dijo, corresponde al pago de la bonificación contemplada en el artículo 8° de la ley 19.410, según se indica en el decreto alcaldicio que se notificó a los docentes pero que, según sus liquidaciones, se dejó de pagar la BONIF. Ley 19.933, esto a partir de junio del 2017, lo que agudiza la incomprensión de las glosas que forman parte de sus remuneraciones; se suma a ello los hechos que los pagos se mantuvieron durante todo el periodo comprendido desde el mes de julio de 2017 a mayo de 2018 y a todos los profesionales lo que hace presumir, indudablemente, que está legalmente pagado, por lo que no causó ninguna duda en ningún profesor ni directivo, como tampoco al parecer causó duda al órgano Municipal, aun cuando la Municipalidad cambió la administración de finanzas en este periodo y se siguió pagando, por lo que la buena fe de los profesionales de la educación no es posible discutirla.

Cabe destacar que, tal como se ha dicho, estamos frente a profesionales de la educación que no vieron aumentado su patrimonio de manera tal que pudiera hacer cuestionable el hecho de percibir la mentada bonificación, sino que se mantuvo dentro de los rangos que percibían previo a la implementación de la carrera docente y es necesario recordar que el compromiso del Estado era que los profesionales de la Educación mantendrían los montos de las remuneraciones y así sucedió.

Respecto a la ilegalidad y arbitrariedad, indica que los hechos descritos son ilegales en atención que los profesionales de la educación son trabajadores, si bien no se rigen con el Código del Trabajo, sino por el Estatuto Docente, en este cuerpo legal se establece en su artículo 71 que los profesionales de la educación se regirán supletoriamente por las normas del Código del Trabajo y las leyes complementarias. Siendo así y al no existir en el Estatuto Docente norma expresa que diga relación con los hechos acontecidos, a saber, el pago de una bonificación, deberá necesariamente regirse por lo preceptuado en el artículo 54 bis del Código del Trabajo en que el inciso primero establece que las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio de los trabajadores, teniéndose por no escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, por lo que la pretensión de la recurrida de que le sean devueltos los montos pagados por un supuesto “error involuntario” durante 11 meses a todos los profesionales de la educación resulta ser un acto ilegal, que atenta contra los principios fundamentales que rigen las materias laborales y que son parte, incluso, de los acuerdo internacionales suscritos por nuestro país.

Así también es importante tener presente que con la dictación de la ley 20.903, que aprobó la nueva carrera docente, se establece en ella un principio general que señala que ningún profesor recibirá una vez entrada en vigencia esta normativa una remuneración inferior de lo que recibía, lo que también queda de manifiesto en el Estatuto Docente (ley N° 19.071), por lo que la devolución de los montos supuestamente pagados en exceso a los recurrentes implicaría que quedarían bajo la remuneración que percibían antes de la entrada en vigencia, por lo que también constituiría una acto ilegal.

La acción que se entabla está dirigida a proteger las derechos indubitados de sus representados, ya que los dineros que la recurrida pretende que le sean reembolsados ingresaron en el patrimonio de cada uno de los recurrentes, a través de sus remuneraciones durante once meses, sin que existiera por parte de la recurrida alegación alguna al respecto; es más, el pago de esos montos no implicó en caso alguno que se percibiera una remuneración manifiestamente superior a la que se tenía previo a la entrada en vigencia de la ley 20.903, por lo que considerar que hubo un “enriquecimiento ilegítimo” por parte de los profesionales de la educación es una acusación arbitraria y ofensiva para quienes son protagonistas de la educación de los futuros ciudadanos de nuestro país. Esta acusación ha dañado a los docentes, los ha menoscabado en su integridad, los hace aparecer ante la ciudadanía como viles abusadores del sistema; con esta acusación no sólo se afecta a los recurrentes, sino que a todo su entorno; se afecta al sistema escolar municipal de Empedrado y, por lo tanto, a toda la comunidad. El pago que se hizo, tal como lo expresó la recurrida en sus decretos fue de su responsabilidad por un denominado “error involuntario”, pero es importante tener en cuenta que los destinatarios de este “error” son parte importante de la comunidad, son profesionales que entregan sus vidas al servicio de la educación y sus remuneraciones son ínfimas respecto de la contraprestación que entregan; demás está decir, que en nuestro país estamos siendo testigos del paro de los profesores exigiendo reivindicaciones a sus remuneraciones y la Municipalidad recurrida pretende ilegalmente obligar a los docentes que reincorporen parte de las remuneraciones que fueron pagadas, incorporadas en sus patrimonios, que formaron parte integrante de su dominio, que fue pagada y recibida a conformidad de los contratantes, de manera regular y constante en el tiempo, como fruto de su trabajo, por lo que la reincorporación de los dineros resulta a lo menos injusto.

Respecto a las garantías infringidas, menciona que la notificación de reintegro constituye un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza a los profesionales de la educación recurrentes en el ejercicio y garantías constitucionales que contempla el artículo 19 en los números 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, en concreto:

1. Infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución: El artículo 19 N°2 de la Constitución garantiza “La igualdad ante la ley” que en su inciso segundo puntualiza “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Pues bien, la notificación recurrida vulnera esta garantía, ya que la obligación que establece a los recurrentes el acto de que se procederá a efectuar descuentos en las remuneraciones producto de un supuesto pago indebido provocado por un “error involuntario” del empleador durante 11 meses y a todos los funcionarios, no sería posible para ningún trabajador de nuestro país, ya que los principios laborales, garantizados a través de las normas laborales y los tratados internacionales de la materia que han sido ratificados por nuestro país lo impiden, por lo que en este caso en particular, la pretensión de la Municipalidad recurrida provoca una evidente desigualdad con los demás trabajadores de nuestro país, lo que atenta contra la garantía constitucional invocada, sin mediar razón alguna que sea lo suficientemente aceptable para ser justificada.

Así también, al carecer de un fundamento razonable la decisión de la recurrida, ya que resulta improcedente basarse en un “error involuntario”; con el acto recurrido y su origen se vulnera el inciso segundo del artículo 19 N°2 del al Constitución, en tanto dicha norma prohíbe a las autoridades del Estado dictar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad.

2. Infracción al artículo 19 N° 4 de la Constitución: El artículo 19 N°4 de la Constitución garantiza “El respeto y protección a la vida privada y honra de la persona y su familia”.

Al respecto la recurrida ha vulnerado la garantía contenida en la segunda parte de la norma “…honra de la persona y su familia”, según se expresa por el profesor nombre reservado la honra es “la buena fama, el crédito, el prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general”.

Para esto es importante situarse en el lugar de ocurrencia de los hechos, es decir, la comuna de Empedrado, un lugar pequeño donde todos se conocen y donde las noticias corren rápido; el hecho de que los docentes de la comuna sean acusados por la entidad edilicia de “enriquecimiento ilegítimo” resulta ofensivo al honor de los docentes, quienes injustamente han debido soportar el oprobio de la comunidad, el cuestionamiento a su proceder, la deshonra ante los apoderados y los estudiantes, debiendo dar explicaciones por un hecho del que no son responsables, sino víctimas, extendido esto a las familias de los recurrentes que han debido soportar los cuestionamientos y dudas de la comunidad que se han generado respecto a la honorabilidad de los docentes, es sin duda una vulneración que se ha cometido en la garantía invocada.

3. Infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución. Éste garantiza el derecho de propiedad sobre toda clase bienes corporales, agregando en su inciso tercero que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad…”.

Es el caso que los recurrentes que el acto de la recurrida pretende privarlos de su propiedad, ya que los montos percibidos en sus remuneraciones que se pretende sean reincorporados al empleador no son meras expectativas, sino derechos adquiridos que ya han sido durante meses incorporados en su patrimonio, por lo que son de su propiedad y, en ningún caso, podrían ser privados de ella, ya que la carta fundamental no contempla entre sus presupuestos los argumentos esgrimidos y reiterados en este recurso.

Siendo así el actuar de la Municipalidad de Empedrado es vulneratorio del derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Concluye finalmente expresando que los profesionales de la educación de la comuna de Empedrado, una vez en entrada en vigencia la ley 20.903 que prescribe sobre la nueva carrera docente, en junio del 2017 siguieron percibiendo sus remuneraciones en montos similares a lo que lo hacían previo a la vigencia de la nueva ley; en junio del 2018 dicho monto fue inferior en atención a que la recurrida informó a los directores de los distintos establecimientos que le serían descontados los montos que supuestamente fueron pagados en exceso, dado que se siguió pagando por “error involuntario” un bono que correspondía a una ley se encontraba derogado.

Los recurrentes no tuvieron conocimiento de este hecho, ya que con los cambios producidos con la implementación de la nueva ley sólo tenían claro que sus remuneraciones no iban a disminuir y así sucedió (tampoco aumentaron en el mayor de los casos).

Los recurrentes acudieron a la Contraloría Regional del Maule a fin de solicitar la condonación de dichos montos, ya que no hubo respuesta positiva de parte de su empleadora. Dicha institución consideró, al igual que la recurrida, que los descuentos producían un enriquecimiento ilegítimo.

La recurrida notificó formalmente que los montos pagados, supuestamente en exceso se descontarían a partir del mes de julio del presente año; la notificación fue enviada por carta certificada a los docentes el 25 de julio del 2019.

Estos hechos transgreden las garantías laborales que todos los trabajadores de nuestro país tienen, ya que se encuentran en tratados que fueron ratificados por Chile; es así que la obligación de reintegrar dineros que ya ingresaron en el patrimonio de los recurrentes y son, por tanto, derechos adquiridos, vulneran las garantías constitucionales protegidas por esta acción tutelar. El artículo 19 N º 2 garantiza la igualdad ante la ley, y en este caso se produce una discriminación a los profesionales de la educación dependientes de la Municipalidad respecto al resto de los trabajadores de nuestro país. Así también la entidad edilicia recurrida dicta una resolución que es arbitraria ya que se basa en un “error involuntario” cometido por el empleador y debe ser pagado por las víctimas recurrentes en quienes causaron un grave daño.

Así también les afecta la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 4 ya que, los recurrentes se han visto oprobiados por la entidad recurrida, ya que, siendo Empedrado una localidad pequeña, todos los acontecimientos que ocurren pasan a ser de conocimiento público y la honra de los recurrentes se ha visto afectada dado el tenor de las resoluciones que indican que los docentes se enriquecieron ilegítimamente, lo que al no tener claro el contexto aparecen ante la comunidad como abusadores del sistema o simplemente corruptos.

Demás está decir que el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 º 24 se ha visto manifiestamente vulnerado, ya que, la recurrida pretende que se reincorporen montos que fueron ingresados en los patrimonios de los docentes por 11 meses y forman parte de sus derechos adquiridos.

Siendo así los recurrentes ponen en conocimiento de esta Corte estos hechos vulneratorios que son ilegales y arbitrarios para que sean enmendados y se ordene a la Municipalidad de Empedrado cesar en su persecución de reintegro de parte de las liquidaciones de los profesionales de la educación que percibieron legítimamente por sus servicios.

Por lo que pide, acoger el presente recurso en todas sus partes, ordenando las medidas necesarias para que esta entidad cese y se abstenga en lo sucesivo de perturbar, amenazar y permitir que se vulneren las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República por los hechos ilegales y arbitrarios que expuso, ordenado que se dejen sin efectos los reintegros de los montos de dinero que fueron pagados en sus liquidaciones de sueldos durante los meses de julio del 2017 a mayo del 2018, que forman parte de sus remuneraciones y que son derechos adquiridos.

Segundo: Que el 8 de agosto de 2019 el abogado Juan Carlos Rodríguez Cancino, por la parte recurrida MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO, evacúa informe solicitando su más absoluto rechazo en atención a las consideraciones de hecho y fundamento de Derecho que expone.

En cuanto al contexto en el cual se dictaron los Decretos Alcaldicios N° 1466 y 1543 ambos de 2018, emitidos por la Municipalidad de Empedrado y la notificación de reintegro de fecha 24 de junio de 2019, indica que la Municipalidad de Empedrado mediante el Oficio Ord. N° 600 de fecha 27 de junio de 2018 solicitó a la Contraloría Regional del Maule un pronunciamiento jurídico que determine la procedencia de continuar pagando con posterioridad al mes de julio de 2017 la bonificación proporcional contemplada en las leyes 19.410 y 19.933 a los docentes que se encuentren asignados en los tramos del Título III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996 del Ministerio de Educación, teniendo en consideración las modificaciones legales contempladas en la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica otras Normas. Y en caso de no proceder el pago de la bonificación proporcional, correspondería solicitar el reintegro a los profesionales de la educación, por haber obtenido estos últimos un enriquecimiento ilícito”.

La Contraloría Regional del Maule el 26 de julio de 2018, dando respuesta a la solicitud efectuada por la Municipalidad de Empedrado, emitió un pronunciamiento jurídico contenido en el Oficio N° 4.455, el cual sostiene en lo que interesa que “Los profesionales de la educación que ingresaron al Sistema de Desarrollo Profesional Docente tienen derecho a percibir la bonificación proporcional, prevista en el antiguo artículo 8 de la ley N° 19.410 –conforme a su texto vigente antes de la modificación introducida por la ley N° 20.903-, hasta el mes de junio del año 2017, inclusive, resultando improcedente su entero con posterioridad a esa data (aplica dictamen N° 3.482 de 2018)”.

Prosigue el referido oficio señalando que “en relación a lo consultado respecto de la forma de proceder en caso de haber sufragado el emolumento indicado con posterioridad a la fecha señalada, cabe recordar que cuando se ha generado un pago erróneo, se produce un enriquecimiento ilegítimo en favor del funcionario respectivo, surgiendo para éste la necesidad de reintegrar las sumas mal percibidas a objeto de saldar la obligación que tiene, en este caso, con la municipalidad, siendo deber de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones (aplica criterio contenido en el dictamen N° 58.957 de 2012).

En este sentido, la jurisprudencia administrativa emanada de la Entidad Fiscalizadora contenida, entre otros, en los dictámenes N° 16.973, 33.961 y 37.604 de 1999 ha concluido que, en atención a que al alcalde le corresponde administrar los recursos económicos del municipio, encontrándose dentro de esta atribución la del manejo de los fondos destinado al pago de las remuneraciones del personal de su dependencia, puede adoptar las medidas administrativas conducentes para descontar de éstas las sumas que sus funcionarios hayan percibido indebidamente, debiendo entenderse que dentro de tal facultad también se comprende la de conceder facilidades para su reintegro, considerando el carácter autónomo de los municipios, atribución que no se extiende a la condonación por requerir de texto legal expreso.

De esta manera, en el evento que un servidor haya percibido erróneamente la bonificación de que se trata, la entidad edilicia se encuentra en el imperativo de adoptar las medidas para obtener reintegro de las remuneraciones mal enteradas (aplica criterio contenido en los dictámenes N° 59.911 de 2014 y 1.790 de 2015)”.

Refiere que su representada con el objetivo de resguardar el patrimonio público y obtener reintegro de las remuneraciones mal enteradas a los docentes de la comuna, dictó oportunamente el Decreto Alcaldicio N° 1466 de fecha 10 de agosto de 2018, el que en su parte resolutiva señala que:

“DECRETO ALCALDICIO N° 1466 1.- REINTÉGRESE, la asignación bonificación proporcional percibida por los profesionales de la educación de la comuna de Empedrado durante los meses de julio del año 2017 a mayo de 2018, ambos meses inclusive.

2.- OFÍCIESE a la encargada de Remuneraciones del Departamento de Administración de Educación Municipal para que proceda a efectuar el cálculo de la bonificación a reintegrar por cada docente; hecho lo anterior, procédase a descontar mediante descuento de la remuneración de cada funcionario la cuota correspondiente.

3.- CONCÉDASE, para el pago de la asignación antes referida el siguiente plazo:

- Para los profesionales de la educación que tengan nombramiento de titular (indefinido) el plazo será de 11 meses, pudiéndose pagar en igual cantidad de cuotas.

- Para los profesionales de la educación que tengan nombramiento a contrata, el plazo será de 7 meses, pudiéndose pagar en igual cantidad de cuotas.

Lo anterior no obsta a que algún profesional de la educación pueda reintegrar la totalidad de los recursos en menor número de cuotas que las otorgadas por el empleador.

4.- Los descuentos comenzaran a contar del mes de agosto de 2018”.

Acto seguido y ante el descontento generalizado y múltiples reclamos de los docentes de la comuna, en orden a que el empleador no se le había notificado con 30 días de anticipación la orden de reintegro, su representada con fecha 22 de agosto dictó el Decreto Alcaldicio N° 1543 que modifica su antecesor, esto es, el Decreto Alcaldicio N° 1466. Dicho acto administrativo en su parte resolutiva señala que:

“DECRETO ALCALDICIO N°1543 1.- MODIFIQUESE el Decreto Alcaldicio N° 1466 de fecha 10 de agosto de 2018, en los puntos 3 y 4 por el siguiente tenor:

a) Para los profesionales de la educación que tengan nombramientos a contrata, el plazo será de 6 meses, pudiéndose pagar en igual cantidad de cuotas.

b) Los descuentos comenzaran a contar del mes de septiembre de 2018.

2.- NOTIFÍQUESE, personalmente o por carta certificada a los docentes.

3.- NOTÍFIQUESE, a la encargada de Remuneraciones del Departamento de Educación.

4.- En todo lo no modificado, rige el Decreto Alcaldicio N° 1466 de fecha 10 de agosto de 2018.”

Indica que los recurrentes una vez que se les notificó los Decretos Alcaldicios N° 1466 y 1543, presentaron con fecha 24 de agosto de 2018 en la Contraloría Regional del Maule, una solicitud de condonación de la deuda que mantenían con la Municipalidad de Empedrado, según consta del documento ingresado bajo el número 74.546 y que acompaña al informe.

La Contraloría Regional del Maule mediante el oficio N° 5.313 de fecha 03 de septiembre de 2018 solicitó a la Municipalidad de Empedrado informe detallado respecto de la presentación efectuada por los docentes, ordenando que mientras no se dictamina en definitiva al respecto; es improcedente exigir el reintegro de lo adeudado, debiendo, en consecuencia, continuar pagándose las remuneraciones que legalmente le corresponde percibir a los recurrentes.

Para dar cumplimiento a esta orden de no efectuar el reintegro mientras se encuentre pendiente la solicitud de condonación, es que, su representada dictó el Decreto Alcaldicio 1650 de fecha 11 de septiembre de 2018, el que en su parte resolutiva señala:

“DECRETO ALCALDICIO 1650 1.- SUSPÉNDASE, respecto de los docentes que presentaron solicitud de condonación REF 74.546/18, hasta que la Contraloría Regional del Maule dictamine al respecto la solicitud incoada por los docentes.

2.- RECURSOS, en contra de la presente resolución procede recurso de reposición ante la misma autoridad que lo dictó en los términos del artículo 59 de la Ley 19.880.

3.- NOTIFÍQUESE personalmente o por carta certificada a los interesados”.

La Municipalidad de Empedrado mediante el Oficio Ord. N° 1110 de fecha 27 de septiembre de 2018 evacúa el informe solicitado, señalando en lo pertinente que “Las causas que motivaron la solicitud de reintegro ordenada en los Decreto Alcaldicio N° 1466 de fecha 10 de agosto y modificado en virtud del Decreto Alcaldicio N° 1543 de fecha 22 de agosto, ambos de 2018, emitidos por la Municipalidad de Empedrado obedece a que el Jefe de Finanzas subrogante del Departamento de Educación Municipal se percató que la bonificación proporcional se continuaba pagando a los docentes de la comuna que ingresaron al sistema de nombre reservado docente con posterioridad al mes de junio de 2017, aun cuando la Ley 20.903 la derogó expresamente. Además, se indica como causa del reintegro ordenado en los actos administrativos antes citados, el Oficio N° 4.455 de fecha 26 de julio de 2018 de la Contraloría Regional del Maule, en la cual concluye que la entidad edilicia se encuentra en el imperativo de adoptar las medidas para obtener el reintegro de las remuneraciones mal enteradas (aplica criterios contenidos en los dictámenes N° 59.911, de 2014 y 1.790 de 2015).

Los docentes eran los principales interesados en conocer la reforma a la carrera docente, por lo que debían saber las principales modificaciones que se habían instaurado en la Ley ya que se trata de una reforma que tuvo gran debate público en los medios de comunicación, múltiples movilizaciones del gremio de los docentes e, incluso, algunos paros a nivel nacional que se prolongaron por meses. Además, nuestra legislación contempla en el artículo 8 del Código Civil la presunción de conocimiento de la Ley al sostener que “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”, por lo que no resulta válido alegar desconocimiento de la ley so-pretexto para obtener un beneficio personal.

Cabe señalar que la Municipalidad de Empedrado al momento de solicitar el reintegro de los recursos concede facilidades de pago, teniendo en cuenta la capacidad económica de los funcionarios y sus circunstancias personales, su calidad funcionaria, es decir, si el funcionario es de planta o a contrata, a fin de prever la imposibilidad de realizar los descuentos de aquellos servidores que abandonen el servicio; es así como se estipula que los profesionales de la educación que tengan nombramiento de titular (planta) el plazo será de 11 meses, con igual cantidad de cuotas en que el emolumento fue indebidamente pagado y para los profesionales de la educación que tengan nombramiento a contrata, el plazo será de 6 meses, ya que esa es la mayor extensión que podía concedérsele atendida a la naturaleza de sus contratos, los cuales terminan el 28 de febrero de 2019, de manera de saldar íntegramente la obligación dentro del periodo de vigencia de la relación funcionaria.

La Municipalidad de Empedrado, al solicitar el reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente, está cautelando el patrimonio público y cumpliendo con el mandato legal establecido en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.”

La Contraloría Regional del Maule con fecha 13 de noviembre de 2018, en virtud de la Resolución EXENTA SIAPER N° 337 Resolvió lo siguiente:

“1.- No ha lugar a las solicitudes de condonación formuladas por los funcionarios que a continuación se individualizan.

2.- Dispónese, en subsidio, que la devolución de los montos adeudados, los cuales al mes de agosto de 2018 representaban el equivalente en U.T.M, que en cada caso se indica, se efectúen en las parcialidades señaladas, del valor vigente de dicha unidad al momento de hacer efectivo los descuentos. (Agregando una tabla con el número de cuotas y su valor en UTM respecto de cada docente que solicitó condonación).

3.- El Departamento de Finanzas de esa Municipalidad remitirá, en su oportunidad, a esta Contraloría Regional, un informe detallado sobre el cumplimiento de los reintegros ordenados por esta resolución a fin de levantar los cargos formulados en contra de los afectados.”

En contra de la Resolución EXENTA SIAPER N° 337, los docentes debidamente representados por su apoderada presentaron con fecha 23 de noviembre de 2018 un recurso de reposición ante la Contraloría Regional del Maule, dicha entidad solicitó informe a su representada según consta del oficio N° 7272 de fecha 10 de diciembre de 2018, que se acompaña a esta presentación.

Su representada, en virtud del Oficio Ordinario N° 1364 de fecha 19 de diciembre de 2018 informó lo que indica sobre el recurso de reposición presentado y en lo medular expone que: “… cuesta creer que los docentes como principales beneficiarios de la ley 20.903 que significó un cambio sustancial en las condiciones de remuneración de los docentes y los tramos a los que se encasillaban en ejercicio de su profesión no hayan conocido la ley, en especial, los principales cambios que se introdujeron. En más, la ley se presume conocida por todos desde que se publica en el Diario Oficial, hecho que ocurrió el día 01 de abril de 2016.

Con respecto al segundo argumento del recurso es preciso recordar que conforme indica el artículo 67 bis la Ley 10.336 el monto adeudado se debe reajustar de acuerdo a la Unidad Tributaria Mensual, ya que, en caso contrario los docentes deberían restituir los recursos en un solo acto, lo cual resulta difícil de concretar y ocasionaría perniciosos efectos. Por este motivo, el mecanismo de reajuste obedece a razones de desvalorización de la moneda nacional por el transcurso del tiempo y teniendo en cuenta que en el caso de marras se han otorgado en algunos casos hasta 29 meses para restituir, lo cual obligatoriamente debe llevar un mecanismo de reajuste y en este sentido la ley es clara en establecer que se reajustará de acuerdo a la Unidad Tributaria Mensual.

Con respecto al tercer argumento del recurso, es preciso indicar que, resulta imposible otorgar 24 cuotas a todos profesionales por igual ya que, conforme indica el dictamen N° 43.895 de 2016, “para la fijación del número de parcialidades se deberá tener en cuenta la capacidad económica del funcionario y sus circunstancias personales, su calidad funcionaria, es decir, si es de planta o a contrata a fin de prever la imposibilidad de realizar los descuentos de aquellos servidores que abandonen el servicio”, teniendo presente que el año de los docentes finaliza en el mes de febrero, por lo que no se sabe a priori si todos los docentes a contrata continuarán durante el año 2019, lo que dificultará obtener el reintegro de los que abandonen el servicio.

Se solicitó, en definitiva, que el recurso de reposición presentado por nombre reservado respecto de la Resolución Exenta 337 de esta Contraloría Regional, sea desestimado.

La Contraloría Regional del Maule con fecha 26 de abril de 2019, en virtud de la Resolución EXENTA SIAPER N° 117 señala que “No ha lugar a las solicitudes de reconsideración que indica y otorga facilidades de pago para su restitución.”

En síntesis, habiéndose resuelto la Contraloría Regional del Maule, que no ha lugar a las solicitudes de condonación formuladas por los funcionarios docentes de la comuna de Empedrado y no habiendo más recursos administrativos que puedan interponerse, su representada procedió a adoptar medidas para obtener reintegro de las remuneraciones mal enteradas y notificó por carta certificada la solicitud de reintegro a los docentes. Dicha carta de notificación fue emitida en el siguiente tenor:

“NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO En Empedrado a 24 de junio de 2019 A: (varía según el destinatario)

Junto con saludarle cordialmente, vengo a notificarle formalmente que el Departamento de Administración de Educación Municipal procederá a contar del mes de julio del presente año a efectuar los descuentos correspondientes al pago indebido de la bonificación proporcional establecida en la Ley 19.933, según la modalidad y plazos establecidos en la Resolución Exenta SIAPER N° 337 de fecha 13 de noviembre de 2018 y Resolución Exenta SIAPER N° 117 de fecha 26 de abril de 2019, ambas de la Contraloría Regional del Maule.

Para mayor abundamiento la suma total que usted debe reintegrar asciende a (varía según el destinatario) UTM, debiendo reintegrarla en (varía según el destinatario) cuotas iguales y sucesivas de (varía según el destinatario) UTM cada cuota. El valor de la UTM se tomará el vigente al mes de hacer efectivo el descuento, según información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos.

Sin otro particular, se despide atte.

nombre reservado (R)”

Para aquellos docentes que no han recurrido de protección, durante el mes de julio se comenzó a efectuar el descuento en sus remuneraciones según la modalidad y plazos establecidos en la Resolución Exenta SIAPER N° 337 de fecha 13 de noviembre de 2018 y Resolución Exenta SIAPER N° 117 de fecha 26 de abril de 2019, ambas de la Contraloría Regional del Maule.

En relación al principio de legalidad y juridicidad y el control que ejerce la Contraloría General de la República sobre los municipios, indica que la superioridad de la Constitución como norma determina la sumisión del resto del ordenamiento a sus prescripciones, así como también el del actuar de los Órganos del Estado y de los particulares.

En este sentido, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República consagran los principios de legalidad y juridicidad y que se traduce en que los órganos de la administración del Estado, como es el caso de su representada, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Por su parte el artículo 7 señala que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

En otras palabras, su representada, por ser un órgano de la Administración del Estado sólo puede circunscribir su actuación a lo que la ley expresamente señala, no pudiendo en caso alguno la autoridad comunal exceder al mandato legal o realizar actuaciones contrarias a la Constitución o la Ley.

En virtud del principio de legalidad, la Contraloría General de la República como un organismo autónomo le corresponde por mandato del artículo 98 de la Constitución Política de la República, ejercer entre otras funciones, el control de la legalidad de los actos de Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismo y servicios que determinen las leyes, y que le encomiende su Ley Orgánica Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

A su vez, el inciso primero del artículo 6º de la aludida Ley Nº 10.336, prescribe que “corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre el derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y en general sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rige”, y el inciso final de su artículo 9º establece que “los informes de la Contraloría General serán obligatorios para los funcionarios correspondientes en el caso o casos concreto a que se refieren”.

La facultad de la Contraloría General de la República para emitir dictámenes emana de lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política y de su propia Ley Orgánica Constitucional Nº 10.336 en sus artículos 5º,6º y 9º.

Por su parte, el artículo 67 de la ley 10.336 autoriza al Contralor para ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios que controla las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente.

En el caso concreto, su representada con fecha 27 de junio de 2018 solicitó un pronunciamiento jurídico a la Contraloría Regional del Maule, para que, en ejercicio de su potestad dictaminante, fijara la correcta interpretación y alcance de la norma jurídica consultada, esto es, la procedencia de continuar pagando con posterioridad al mes de julio de 2017 la bonificación proporcional contemplada en las leyes 19.410 y 19.933, a los docentes que se encuentren asignados en los tramos del Título III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación, teniendo en consideración las modificaciones legales contempladas en la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica otras Normas.

En este sentido, su representada por disposición legal expresa del artículo 51 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se encuentra sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.”

Fue la Contraloría Regional del Maule, la que instruyó a su representada que “en el evento que un servidor haya percibido erróneamente la bonificación de que se trata, esa entidad edilicia se encuentra en el imperativo de adoptar las medidas para obtener el reintegro de las remuneraciones mal enteradas (aplica criterio contenido en los dictámenes N° 59.911 de 2014 y 1.790 de 2015)”.

Por mandato legal del artículo 56 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, “El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.”

En virtud de este mandato legal, le corresponde al alcalde administrar los recursos económicos del municipio, encontrándose dentro de esta atribución la del manejo de los fondos destinados al pago de las remuneraciones del personal de su dependencia, pudiendo adoptar las medidas administrativas conducentes para descontar de éstas las sumas que sus funcionarios hayan percibido indebidamente, debiendo entenderse que dentro de tal facultad también se comprende la de conceder facilidades para su reintegro considerando el carácter autónomo de los municipios. Por tanto, su representada, en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría Regional, dictó los Decretos Alcaldicios N° 1466 y 1543, ambos de 2018, solicitando el reintegro de lo indebidamente pagado y otorgando facilidades para el pago, acciones que se encuentran dentro del ámbito de atribuciones del Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la comuna y administrador de los recursos públicos.

En relación a la manifestación del principio de legalidad en el pago de las remuneraciones de los docentes indica que las remuneraciones de los docentes del sector municipal se encuentran expresamente estipuladas en la Ley, es así como, el artículo 35 del DFL 1/1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Docente, señala que “Los profesionales de la Ley educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, en conformidad a la normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes.”

Prosigue señalando el artículo 47 del referido Estatuto que “Los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las siguientes asignaciones: a) Asignación de Experiencia. b) Asignación por Tramo de nombre reservado. c) Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios. d) Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica. e) Bonificación de Reconocimiento Profesional. f) Bonificación de Excelencia Académica.

Los sostenedores podrán establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, las que se otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos de la respectiva municipalidad.”

Por su parte, otras leyes especiales establecen ciertas asignaciones que le corresponde al personal docente del sector municipal; es así como la ley 19.933 contenía, entre otras asignaciones, la bonificación proporcional que se le pagaba a los docentes del sector municipal, pero que fue derogada por disposición expresa del artículo 7 de la Ley 20.903, al disponer que “Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.933: 1. Derógase el Capítulo I del Título I "Aumento de la Bonificación Proporcional".

Prosigue el artículo séptimo transitorio de la Ley 20.903 señalando que “Las derogaciones y modificaciones a las asignaciones y demás beneficios pecuniarios establecidos en los numerales 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 b), 39, 40, 49 y 50 del artículo 1°; artículo 4°; artículo 5°; numerales 1, 2, y 3 del artículo 6°; y numerales 1, 2 y 3 del artículo 7°, todos de esta ley, no se aplicarán a aquellos profesionales de la educación que no se rijan por lo establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N°1, de 1996 del Ministerio de Educación.

En el caso concreto, todos los docentes dependientes de su representada accedieron a la carrera profesional docente, siendo encasillados en los tramos establecidos al efecto de acuerdo a los criterios y requisitos fijados por la ley; por lo tanto, los docentes comenzaron a regirse a contar del 01 de julio de 2017 por lo dispuesto en el Título III del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación.

Al haberse derogado la asignación “Aumento bonificación proporcional”, con la entrada en vigencia de la carrera docente (01 de julio de 2017), los recurrentes carecen de causa legal que los habilite seguir percibiendo dicho estipendio, con posterioridad a esa fecha, produciéndose un enriquecimiento indebido para los recurrentes.

Habiéndose producido el pago indebido de la asignación “aumento de la bonificación proporcional”, su representada se encuentra en el imperativo legal de adoptar las medidas para obtener el reintegro de las remuneraciones mal enteradas a los actores.

Los recurrentes declaran expresamente que “tenían conocimiento de los cambios remuneracionales que implicaba la carrera docente ya que era de conocimiento de todos que cada profesor quedaría en un tramo de acuerdo al nombre reservado y que esto determinaría sus remuneraciones y que la nueva forma de pagar las remuneraciones comenzaría a regir a partir del mes de julio de 2017”.

Atendido el conocimiento que los docentes tenían de las asignaciones que componen sus remuneraciones, nada le señalaron al empleador sobre el pago indebido de esta asignación que ya había sido derogada y que, por disposición legal, no correspondía que su representada la continuara pagando.

En relación a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad señala que los recurrentes pretenden justificar y hacer creer que las actuaciones realizadas por su representada son ilegales y arbitrarias.

Ha sido la Constitución Política de la República que consagra el principio de la legalidad, disponiendo en su artículo 6 que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, de modo que su mandato de sumisión al orden jurídico abarca de manera inequívoca no sólo al ejercicio del poder legislativo, sino también el del poder reglamentario que autoriza ejercer al Presidente de la República, a los gobiernos regionales y a las municipalidades proyectándose, asimismo, a la facultad de las Cámaras legislativas para dictar reglamentos y de las Magistraturas judiciales para hacer lo propio con los autos acordados.

El artículo 7 establece que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

Es así como la Carta Fundamental, en sus artículos 6º, 7º y 99, entiende la legalidad como una sujeción al orden jurídico normativo constitucional, legal y reglamentario, autorizando al legislador orgánico constitucional de la Ley Nº 18.575 a caracterizar esta sumisión como observancia del ordenamiento jurídico.

A su vez, el artículo 1 inciso segundo de la Ley 18.575, señala que: “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley”.

Prosigue el artículo 2 señalando que “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”

Indica que su representada actuando dentro de su competencia y previa instrucción de la Contraloría Regional del Maule dictó los Decretos Alcaldicios N° 1466 y 1543 ambos de 2018, solicitando el reintegro de lo indebidamente pagado a los recurrentes y otorgó facilidades para el pago.

Estas acciones se encuentran dentro del ámbito de atribuciones del Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la comuna y administrador de los recursos públicos, por lo que no se vislumbra ningún atisbo de ilegalidad en su actuación al notificar en forma legal la solicitud de reintegro de lo pagado indebidamente a los recurrentes.

La referida solicitud de reintegro ha sido debidamente fundada, obedece a criterios objetivos de rango legal, por lo que tampoco se vislumbra arbitrariedad en la medida adoptada por su representada.

Corrobora esta conclusión, la circunstancia que ha sido la Contraloría Regional del Maule, órgano fiscalizador de las municipalidades y, en este caso, de su representada porque ésta administra dineros que son fiscales, de manera que si existían dineros indebidamente pagados, como ocurrió, se dispuso su devolución, lo que debía cumplirse por su representada y consecuentemente, la percepción de los actores carecía de causa legal.

Respecto de las garantías supuestamente infringidas, manifiesta que los recurrentes estipulan que la notificación de reintegro constituye un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza a los profesionales de la educación recurrentes en el ejercicio y garantías constitucionales que indica.

En relación a la supuesta infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución, los recurrentes estipulan que la notificación de reintegro efectuada por su representada vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley ya que, a juicio de los recurrentes, pretenden aplicar disposiciones de general aplicación contenidas en el Código del Trabajo a los vínculos funcionarios regulados por un estatuto especial (Ley 19.070, Estatuto Docente).

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en sentencia del 8 de abril de 1985, Rol Nº 28 establece que "la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallan en condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo.

La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición; por lo que ella no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo".

Por otra parte, el mismo criterio es sostenido por la Excma. Corte Suprema en sentencia del 15 de junio de 1988 donde establece, "La igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que, en una serie de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga una justificación racional".

No se vislumbra, que su representada mediante la notificación del reintegro haya afectado la igualdad ante la ley de los recurrentes ya que, dicha notificación se da en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría Regional del Maule, que señala que su representada se encuentra en el imperativo de adoptar las medidas para obtener el reintegro de las remuneraciones mal enteradas a los actores.

La notificación del reintegro enviada por su representada se encuentra debidamente motivada en las condiciones y plazos establecidos en la Resolución Exenta SIAPER N° 337/2018 y Resolución Exenta SIAPER N° 117/2019, ambas de la Contraloría Regional del Maule, por lo que dicha notificación carece de la arbitrariedad denunciada.

En relación a la supuesta infracción al artículo 19 N° 4° de la Constitución, los recurrentes fundamentan dicha vulneración en que su representada al momento de solicitar el reintegro empleó la palabra “ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO” precepto que resultaría ofensivo al honor de los recurrentes.

Señala que el enriquecimiento sin causa como principio general del derecho, en conocido con distintas denominaciones siendo las más divulgada las de “enriquecimiento sin causa”, “enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento indebido”, “enriquecimiento sin causa a expensas de otro”, etc.

Para el profesor Peñailillo el principio de enriquecimiento sin causa, rechaza el empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento correlativo de otro sin una razón que lo justifique.

En el caso concreto, cabe indicar que la Contraloría Regional del Maule, al emitir el Oficio N° 4.455, empleó los vocablos de “enriquecimiento ilegítimo” sosteniendo que “cabe recordar que cuando se ha generado un pago erróneo se produce un enriquecimiento ilegítimo en favor del funcionario respectivo, surgiendo para éste la necesidad de reintegrar las sumas mal percibidas, a objeto de saldar la obligación que tiene, en este caso, con la municipalidad, siendo deber de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.”

Los preceptos de “enriquecimiento ilegítimo”, “enriquecimiento sin causa”, “enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento indebido” empleados en su sentido natural no pueden resultar ofensivos al honor de los recurrentes, por ser estos vocablos de uso común en la vida jurídica.

Refiere que a su juicio los docentes simplemente desconocen el significado del vocablo empleado “enriquecimiento ilegítimo” y en su esfera de desconocimiento de términos jurídicos, pensaron que su representada estaba formulando una acusación arbitraria y ofensiva, hecho que jamás ha ocurrido. Prueba de ello es el contexto en que se empleó el vocablo cuestionado y supuestamente vulneratorio de la honra de los recurrentes.

En relación a la supuesta infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución. En cuanto a la tercera garantía constitucional supuestamente vulnerada, esto es la “el derecho de propiedad”, los recurrentes fundamentan dicha vulneración en que su representada al momento de solicitar el reintegro los estaría privando de su propiedad.

Reitera que los recursos que percibieron indebidamente los recurrentes carecen de causa legal que permita sustentar que han ingresado de forma lícita al patrimonio de cada recurrente.

La Contraloría Regional del Maule, al emitir el Oficio N° 4.455, señaló expresamente que “cuando se ha generado un pago erróneo se produce un enriquecimiento ilegítimo en favor del funcionario respectivo, surgiendo para éste la necesidad de reintegrar las sumas mal percibidas a objeto de saldar la obligación que tiene, en este caso, con la municipalidad, siendo deber de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.”

Por su parte el artículo 67 de la Ley 10.336, autoriza al Contralor para “ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios que controla, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente.”

En cuanto fuente de las obligaciones el profesor Peñailillo define el enriquecimiento sin causa como “una atribución patrimonial sin una causa que la explique, de modo que, constatado, se impone la obligación de restituir”; la ley dota al empobrecido de una acción, en contra de quien se ha enriquecido sin razón a costa de él.

En este sentido el Oficio N° 4.455 de Contraloría Regional del Maule, señaló expresamente que “cuando se ha generado un pago erróneo se produce un enriquecimiento ilegítimo en favor del funcionario respectivo, surgiendo para éste la necesidad de reintegrar las sumas mal percibidas a objeto de saldar la obligación que tiene, en este caso, con la municipalidad, siendo deber de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares… La solicitud de reintegro persigue como objetivo obtener el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales ocasionados por el pago indebido, sin causa legal que lo justifique, por lo que no existe vulneración al derecho de propiedad de los actores.

Por lo que pide, en mérito de lo expresado, rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos y se condene expresamente a los recurrentes a las costas tanto personales como procesales.

Tercero: Que en virtud del mérito de autos se solicitó informe a la Contraloría Regional del Maule, quien manifestó que en virtud de lo señalado en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo que ocurre en la situación planteada en la especie. Sin perjuicio de ello, remitió copia del oficio N° 4.455, de 2018, vinculado con la materia del recurso.

Cuarto: Que son hechos no controvertidos los siguientes:

1) Los recurrentes gozaron de la bonificación proporcional contemplada en las leyes N°19.410 y 19.933 hasta el mes de junio de 2017.

2) Que la recurrida solicitó informe a la Contraloría Regional de Maule acerca de la procedencia legal de continuar pagando con posterioridad al mes de julio de 2017 dicha bonificación a los recurrentes.

3) Que la Contraloría Regional del Maule, mediante Oficio N°4455, de 26 de julio de 2018, evacuando la consulta formulada por el Alcalde de la recurrida, en síntesis, manifestó que la disposición legal que había permitido originalmente su pago, esto es, el artículo 8° de la ley N°19.410, al quedar derogada por el artículo 4° N°1 de la ley N°20.903, significó que los profesionales de la educación gozaron de tal bonificación hasta el mes de junio de 2017 inclusive, resultando improcedente su entero con posterioridad a esa data, produciéndose un enriquecimento ilícito al tratarse de un pago erróneo a dichos profesionales, que continuaron percibiéndola, surgiendo la necesidad de reintegrar las sumas mal percibidas, a objeto de saldar la deuda de la obligación que tienen con la Municipalidad, siendo deber de los órganos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardados pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.

4) Por Decreto Alcaldicio N°1466 de 1 de agosto de 2018 la Municipalidad recurrida dispuso el reintegro de la asignación de bonificación proporcional percibida por los profesionales de la educación de la comuna de Empedrado durante los meses de julio de 2017 a mayo de 2018, oficiándose a la Encargada de Remuneraciones del DAEM para que procediera a efectuar el cálculo de la bonificación a reintegrar por cada docente; hecho lo anterior, procederá a descontar mediante descuento de la remuneración de cada funcionario la cuota correspondiente.

5) Por Decreto Alcaldicio N°1543 de 22 de agosto de 2018, se modificó el Decreto Alcaldicio N°1466 sólo en cuanto al plazo para el pago en referencia.

6) Las solicitudes de condonación y reconsideración presentadas por los recurrentes a la Contraloría Regional del Maule fueron rechazadas por ésta.

Quinto: Que como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, el thema decidendum en la presente acción cautelar es determinar si la descrita actuación de la recurrida vulneró algunas de las garantías constitucionales que se dice no observadas.

Sexto: Que con el propósito de cumplir con dicha finalidad es del caso tener en consideración que el error involuntario que invoca la recurrida en el pago efectuado de la bonificación de que se trata no la muta en enriquecimiento indebido por parte de los recurrentes, pues éstos estaban conscientes que los emolumentos percibidos a su respecto formaban parte de su remuneración mensual, percepción que se extendió por el lapso un año desde que la Municipalidad recurrida detectó que se había equivocado en su pago.

Séptimo: Que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico relativo al pago de obligaciones, en el caso de las obligaciones naturales, como podrían ser las que tenían los recurrentes respecto del pago de la bonificación en cuestión luego de haber sido derogada, no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas, autorizan para retener lo dado o pagado en razón de ellas, conforme lo señala el artículo 1470 del Código Civil.

Octavo: Que de otro lado, si la recurrida estima que los recurrentes deben reintegrar los valores de la bonificación que habría sido indebidamente pagada por un error involuntario de ella, debe acudir a la justicia ordinaria para que en un procedimiento de lato conocimiento, con plena aplicación de los momentos jurisdiccionales comunes de todo procedimiento, se conozca, pruebe y decida lo que corresponda en derecho.

Noveno: Que lo que no está permitido a un acreedor es que se haga justicia por su propia mano, que en la especie se ha traducido en que la recurrida, invocando dictámenes emitidos por la Contraloría Regional del Maule, que si bien son vinculantes para los municipios, no lo son para el órgano jurisdiccional, el que debe a través de esta medida cautelar remover los actos contrarios al orden constitucional establecido, dando respuesta a los reclamos de las personas que han visto vulnerados los derechos y garantías constitucionales por un acto ilegal y arbitrario de la autoridad.

Décimo: Que a mayor abundamiento las remuneraciones, como lo es la bonificación proporcional cuestionada, conforme a lo previsto en el artículo 54 bis del Código del Trabajo, aplicable en la materia de acuerdo a lo estatuido en el inciso tercero del artículo 1° de dicho cuerpo normativo, pues el Estatuto Docente no contiene regulación sobre el particular, luego de devengadas, se incorporan al patrimonio del trabajador, teniéndose por no escrita cualquier cláusula que explique su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, salvo que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo.

Tal norma, como puede apreciarse, indica el principio de no restitución de remuneraciones por parte del trabajador al empleador por sí y ante sí, lo que no excluye, por cierto, que recabada por éste la intervención de la justicia, pueda disponerse tal reintegro.

En todo caso, no hay antecedentes que permitan inferir que ha existido mala fe por parte de los recurrentes en la percepción de la bonificación tantas veces referida y, consecuencialmente, no ha habido, como se adelantó, un enriquecimiento ilícito con dicha percepción, pues se hizo con la convicción que obedecía a la remuneración mensual correspondiente.

Undécimo: Que la conducta de la recurrida, conforme se ha dicho, ha vulnerado la garantía del derecho de propiedad de los recurrentes; más no así las consignadas en los numerales 2° y 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que no ha sido suficientemente acreditado su desconocimiento.

Duodécimo: Que, en consecuencia, procede acoger la presente acción cautelar en la forma que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA que se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios la Municipalidad de Empedrado N°1466 de 1 de agosto de 2018 y N°1543 de 22 de agosto del mismo año, precedentemente señalados, sin costas por haber obtenido un voto la recurrida.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Guillermo Monsalve Mercadal, quien estuvo por rechazar el presente recurso de protección en consideración a los siguientes fundamentos:

1.-) Que el presente recurso se ha enderezado únicamente respecto de la I. Municipalidad de Empedrado y no de la Contraloría General de la República, organismo a quien el artículo 67 de la ley 10.336 lo autoriza Contralor para ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios sujetos a su control las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente.

2.- ) Que es un hecho del recurso que la bonificación proporcional contemplada en las leyes N°19.410 y 19.933 tuvo vigencia únicamente hasta el mes de junio de 2017, puesto que la norma del artículo 8° de la ley N°19.410, que autorizaba su pago, fue derogada por el artículo 4° N°1 de la ley N°20.903, quedando la I. Municipalidad de Empedrado liberada e impedida de continuar pagando tales estipendios, los que fueron sustituidos por un nuevo esquema remuneracional.

3.-) Que a mayor abundamiento queda en evidencia la falta de sustento legal del recurso si se tiene en consideración que la Corporación Edilicia solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de la pertinencia de mantener el pago de esa bonificación, ente público que a través del Oficio N°4455, de 26 de julio de 2018, precisó que tales beneficios habían sido suprimidos en virtud de la modificación legal antes explicitada y ordenó el reintegro de los emolumentos erradamente pagados a los recurrentes, resolución que es obligatoria para el ente municipal.- 4.-) Que de otro lado este disidente discrepa que la situación planteada a través del recurso pudiera vincularse con el caso de las obligaciones naturales, tanto porque ello no se encuadra en los casos descritos por el artículo 1470 del Código Civil, cuanto porque simplemente se trata de emolumentos entregados a servidores públicos sin una causa legal que lo habilitara, siendo procedente su restitución, conforme a la normativa que gobierna la relación de los funcionarios con la administración, en este caso con la I. Municipalidad de Empedrado, quien tampoco ha obrado en forma arbitraria pues se ha limitado a cumplir con lo dispuesto por el órgano contralor, toda vez que ella, de conformidad al artículo 51 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se encuentra sometida precisamente a la fiscalización de la Contraloría General de la República.- Anótese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Presidente de la Segunda Sala, Ministro Eduardo Meins Olivares y del voto disidente, su autor.

Rol N°2824-2019/Protección (acumulada la Rol 2927-2019/Protección).

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Guillermo Monsalve Mercadal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.