nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Talca, diez de marzo de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don JUAN PABLO COLLAO ARENAS, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula de identidad N°RUT reservado, en nombre de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Ingeniero de Sistemas; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Ingeniero industrial; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, casada, Ingeniero electrónico; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltera, Empleada; nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, conviviente civil, Ingeniero en mantenimiento mecánico; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, soltera, Trabajadora independiente, quien a su vez actúa en representación de su hijo nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, soltero, estudiante, todos de nacionalidad venezolana, a excepción de la recurrente nombre reservado, de nacionalidad colombiana, domiciliados para los solos efectos de este recurso en Calle Rió Cisne con pasaje 11, Talca, Región del Maule, interpone Recurso de Protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración con domicilio en domicilio reservadoº Piso, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de los recurrentes, garantizados en el artículo 19 en su número 2 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectados, todo conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone:

Señala que los recurrentes ingresaron a Chile, de forma legal y por pasos habilitados, luego de lo cual, con el propósito de hacer vida en este país, solicitaron y obtuvieron sus visas temporarias, mediante resoluciones otorgadas por el Ministerio del Interior y Seguridad pública, a excepción de las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, quienes ingresaron con Visa de Responsabilidad Democrática otorgada por el Consulado de Chile en Caracas, todo conforme al detalle que se indica a continuación:

Recurrente Visa Temporaria Titular (Resolución Exenta)

Vigencia nombre reservado

N°11651/24-09-2019 Desde: 29/10/2019 Hasta: 29/10/2020 nombre reservado

N°287470/03-09-2018 Desde: 12/09/2018 Hasta: 12/09/2019 nombre reservado

SAC2139346 Desde: 09/09/2019 Hasta: 09/09/2020 nombre reservado ZABALA4.

SAC1957047 Desde: 05/10/2018 Hasta: 05/10/2019 nombre reservado

N°6162/08-01-2019 Desde: 28/01/2019 Hasta: 28/01/2020 nombre reservado

N°173870/2018 Desde: 18/05/2018 Hasta: 18/05/2019 nombre reservado

N°381430/2017 Desde: 29/01/2018 Hasta: 29/01/2019 Expone que en virtud de haber sido conferidos los permisos de residencia previamente mencionados, efectuaron su registro en la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Nacional de Investigaciones de Chile (PDI), para posteriormente proceder a inscribirse en el Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que les otorgó cédulas de identidad con el nombre reservado. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado respectivamente. Antes del vencimiento de sus visas temporarias, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, los recurrentes enviaron sus solicitudes de Permanencia Definitiva a través de la plataforma online que dispuso para tal fin el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Posteriormente, recibieron las siguientes notificaciones sobre el avance de sus solicitudes:

Recurrente Código de Trámite actual Certificado de Envío de Solicitud de Permanencia Definitiva Estatus de la solicitud nombre reservado

7383572 30/07/2020 Análisis Avance de solicitud: 61% nombre reservado

1323719 12/09/2019 Análisis resolutivo Avance de solicitud: 69% nombre reservado

7373584 11/07/2020 Análisis resolutivo Avance de solicitud: 64% nombre reservado

1130903 14/08/2019 Análisis resolutivo Avance de solicitud: 77% nombre reservado

3032055 28/01/2020 Análisis Avance de solicitud: 39% nombre reservado

356897 08/05/2019 Análisis resolutivo Avance de solicitud: 99% nombre reservado

1384507 17/09/2019 Análisis resolutivo Avance de solicitud: 69% De lo anterior se desprende, que luego del envió de estas solicitudes, el plazo de respuesta ha sido totalmente desproporcionado para cada uno de los solicitantes, extendiéndose en algunos casos por incluso DOS AÑOS, en los cuales los recurrentes aún no han recibido ni siquiera la orden de pago. Ahora bien, a fin de evidenciar la situación actual de cada caso, se anexan las siguientes capturas de pantalla disponibles en la página de: Consulta de Estado de Beneficios Migratorios, del Departamento de Extranjería y Migración, en https://tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/9830913.

Estima que esta omisión o abstención a decidir tan prolongada en el tiempo por parte del Departamento de Extranjería y Migración, les ha traído graves consecuencias a los recurrentes, debido a las limitaciones ordinarias que surgen al no poder tener condición de accesibilidad a un mundo normal de gestiones, siendo que para sus cédulas de identidad han permanecido vencidas por hasta dos años, por lo que para los efectos del Registro Civil, estos se encuentran en un estatus de “no vigente”. Lo anterior, en la práctica deja sin ninguna aplicabilidad el contenido del Decreto Nº 116 que “Extiende vigencia de cédula de identidad para extranjeros“ con fecha 3 de febrero de 2021, toda vez que en la realidad subsiste la imposibilidad de realizar cualquier trámite - incluso con el decreto de extensión de vigencia-, que implique una consulta electrónica del RUN y su número de seguridad (número de serie), tales como adquirir una línea telefónica de celular, cambiar plan telefónico, comprar bonos de salud, solicitar informes comerciales, acceso a créditos bancarios y otros productos financieros, estos últimos se manifiestan en especial en el caso de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado. Así las cosas, la mayoría de los trámites enunciados solo se pudieron efectuar hasta la fecha en que tuvieron sus carnets de identidad vigentes, mientras que actualmente se encuentran impedidos, motivado a la incapacidad de la autoridad administrativa de dar respuesta de manera OPORTUNA al mandato de ley, que no es otro que procesar de manera acertada las solicitudes que hagan los extranjeros en Chile, cuidando siempre el respeto a los principios de la legislación vigente, así como las limitaciones y regulaciones a éstos impuestas.

Agrega, como corolario de lo expuesto, que a estos recurrentes quienes llegaron a Chile con la convicción intangible pero arraigada de desempeñarse profesionalmente, el mayor obstáculo se les ha presentado en el campo laboral, ya que se han reducido considerablemente sus posibilidades de contratación, por lo que se han visto compelidos a tener que aceptar funciones laborales de menor envergadura, o inclusive se les ha privado de poder alcanzar ascensos laborales ya que los empleadores alegan que más allá de estar legalmente habilitados para desarrollar actividades remuneradas, deben contar con Permanencia Definitiva o cédula de identidad vigente. En este punto, resalta que, desde el primer trimestre del pasado año 2019, se anunciaba por distintos medios la decisión del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de implementar este nuevo sistema para las solicitudes de Permanencia Definitiva, las cuales dejarían de enviarse vía Correo Certificado, y comenzarían a tramitarse de manera 100% online, y así daba cuenta las notas de prensa de esos meses. Entre otras cosas aseguraba el director del Departamento de Extranjería y Migración, nombre reservado que: “Esta medida apunta justamente a ordenar la casa, en la lógica que se reduce la incertidumbre de la espera del inicio del trámite que era en papel y por correo físico y se genera un proceso ordenado y digno. Esta medida, junto con la nueva ley que permite que los residentes soliciten la visa de forma consular para llegar a Chile desde el día 1 con visa y RUT, va a permitir reducir los tiempos de espera y sincerar sus proyectos de vida en nuestro país”. A pesar de lo anterior, el Departamento de Extranjería y Migración, simplemente se ha excusado del excesivo retraso en la resolución de las solicitudes de estos permisos de residencia, señalando que existe un “atochamiento mayor de lo usual en las operaciones de esa autoridad administrativa”, y que por tanto desde el envío de sus solicitudes, “se entiende” que la situación de residencia de estos extranjeros es regular en el país, ello aunque en la práctica como ya fue señalado, las limitaciones son incontables sobre todo por el hecho de no poder contar con un cédula de identidad vigente, siendo que como también ha sido reconocido por el ente recurrido, el otorgamiento de este documento en el caso de los extranjeros, está supeditado al otorgamiento de un permiso de residencia.

Considera que ante los resultados de la implementación de esa plataforma, transcurrido un año y medio, en los que se puede verificar de forma clara que: i) no hubo reducción de los tiempos de tramitación y espera, y por el contrario se han duplicado y en algunos casos triplicado; ii) no se redujo -en consecuencia- la incertidumbre de los solicitantes, pues la plataforma lejos de generar un proceso ordenado, ha presentado distintas fallas, la mayoría de ellas por falta de su adecuación a la Ley 19.880, que dejan a los solicitantes en total indefensión; iii) no ha eliminado las filas, sólo que ahora no las podemos ver porque son virtuales. Asimismo, ha señalado el Departamento de Extranjería y Migración (en informe de fecha 21/08/2020 presentado en Recurso de Protección N° 67459 -2020, ante la Corte de Apelaciones de Santiago) que la dilación excesiva está justificada en consideración a la cantidad de población extranjera con ánimo de residir que ha recibido nuestro país, y que lo alegado se traduce en un aumento masivo de solicitudes de residencia siendo que de julio el año en curso se han presentado 116.320 solicitudes de Permanencia Definitiva. Sin embargo, lo anterior se contradice claramente con los anuncios que prometían una modernización y digitalización del sistema que reduciría los tiempos de respuesta a partir de mediados del año 2019, lo cual de igual forma ha sido ratificado en distintas notas de prensa.

Acota que no se puede pasar por alto el hecho de que si se han presentado 116.320 solicitudes de Permanencia Definitiva, significa que el Departamento de Extranjería y Migración le otorgó a similar cantidad de personas visas temporarias (sólo quedando excluidas aquellas que llegaron al país con visas consulares), y a través del anterior proceso, es decir, que fueron enviadas por correo certificado, sin contar con la “modernización y reducción de los plazos de tramitación” que traería la plataforma digital, siendo que contradictoriamente los tiempos de tramitación eran muchos menores, y en ningún caso excedían el año. No puede entonces el Departamento de Extranjería y Migración desviar su responsabilidad en el hecho de que más personas extranjeras han ingresado al país, pretendiendo establecer esta situación como un caso fortuito o fuerza mayor, que justificaría la dilación excesiva en la tramitación de la solicitud de los recurrentes, esto porque para ser solicitantes de Permanencia Definitiva, a estas personas ya les ha sido tramitado y otorgado a lo menos un permiso de residencia previo como ya fue señalado, por lo que esta situación era claramente previsible. 19.- Finalmente, también en referencia al alegato del “aumento exponencial de la cantidad de población extranjera” y sus solicitudes de permisos de residencia, la misma autoridad migratoria paralelamente ha señalado en su página web, que: “Flujos migratorios y solicitudes de visa.

Sobre el saldo neto de flujos migratorios, vale decir, la diferencia entre la cantidad de extranjeros que entran y salen, desde el año 2014 que se venía incrementando anualmente. Esto se representaba principalmente por las comunidades de ciudadanos haitianos que a fines del 2017 y comienzos del 2018 tenían saldos netos de 16 mil ciudadanos por mes, los que eran constantes y con bajas salidas. O el caso de la comunidad venezolana que en mayo de 2019 llego a tener 27 mil nacionales en Chile.

Estos flujos disminuyeron a mediados de 2019, principalmente por el establecimiento de visa consular de turismo, con lo que los extranjeros de esas nacionalidades que venían a Chile, solicitaban sus visas en consulados en sus países de origen o consulados en el exterior, para llegar a nuestro país con visa y poder fácilmente obtener cédula de identidad, insertarse en el país y facilitar el respeto a sus derechos”.

Estima que tampoco puede pretender que su responsabilidad se limita a otorgar un certificado de permanencia definitiva en trámite y en reconocer el “estatus legal” de los recurrentes, cuando a la vez reconoce que el otorgamiento de sus cédulas de identidad, documento fundamental en este país para cualquier residente, depende de la vigencia de su permiso de residencia, perjudicando la situación de los recurrentes desde que ven limitados sus derechos en el país, mientras la autoridad migratoria no resuelve su solicitud. Destaca de igual forma, que no podría la autoridad migratoria pretender señalar que estamos frente al otorgamiento de un “beneficio”, por lo que no se les impone un plazo fatal para dar término al referido procedimiento, siendo que por el contrario, ha sido la misma Contraloría General de la República, la que mediante reciente Dictamen 008013N20 de fecha 17 de abril de 2020, ha señalado: “En este aspecto, es dable indicar que si bien no es obligatorio para la autoridad acceder a lo requerido, en virtud del principio conclusivo, previsto en el artículo 8° de la ley N° 19.880, la Administración debe dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, correspondiendo, asimismo, que las decisiones se adopten y comuniquen en tiempos razonables, en cumplimiento de los principios imperativos de celeridad previsto en el artículo 7° de la misma ley y de eficiencia, eficacia y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N° 18.575 (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N 45.000, de 2017; 17.622, de 2018 y 2.753, de 2020)”. De igual forma en Dictamen más reciente E81089N21 del 26 de Febrero de 2021, la Contraloría General de la República señaló: “Consecuente con lo expresado, el DEM, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y demás organismos competentes, deben procurar desarrollar una expedita tramitación de los procedimientos en comento, a fin de que los correspondientes actos administrativos terminales sean dictados en tiempos razonables y dentro de los plazos establecidos al efecto, teniendo en consideración los principios imperativos de celeridad y conclusivo contenidos en los artículos 7° y 8° de la mencionada ley N° 19.880, respectivamente, y de eficiencia, eficacia y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5° inciso primero y 8° inciso primero, de la ley N° 18.575 (aplica criterio manifestado, entre otros, en los dictámenes Nos 45.000, de 2017; 17.622, de 2018, y 2.753 y 8.013, de 2020)”.

Explica que, en definitiva, de la relación de los hechos acaecidos se advierte que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la Administración Pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para los administrados, especialmente el de celeridad, incurriendo en una trasgresión a la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final, ya que en el caso que nos ocupa los plazos han sido excesivamente largos. Así las cosas, se puede dilucidar que, en el caso de autos se les ha conferido un trato desigual a los recurrentes considerando que el único fundamento esgrimido para dilatar la tramitación de sus solicitudes de Permanencia Definitiva radica en el exceso de solicitudes, lo que lleva necesariamente a sostener que se les ha otorgado un trato discriminatorio en relación a otras personas que en igualdad de condiciones, si han obtenido la resolución de sus solicitudes en un plazo razonable, no siendo admisible que se les señale que es el mismo trato que han recibido todas las personas quienes comparten su condición de “extranjero”, siendo que todos los procedimientos administrativos iniciados ya sea por extranjeros o chilenos, deben ceñirse al mismo marco legal y constitucional aplicable, y en este caso la Ley 19.880 regula de forma clara los tiempos de respuesta por parte de la Administración.

i.- En cuanto al trámite de solicitud de permanencia definitiva. Relata que la permanencia Definitiva es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que los que imponen las leyes vigentes. Ahora bien, en el presente caso, se hace indispensable hacer una revisión respecto a lo que las normas migratorias establecen con respecto a la solicitud de Permanencia Definitiva:

“De la Permanencia Definitiva Artículo 41.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior.

Artículo 42.- Los plazos de residencia en el país para obtener la permanencia definitiva deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido interrupción cuando los períodos de ausencia no superen los ciento ochenta días dentro del año, contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento de la visación de residencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los tripulantes que hayan obtenido visación sujeta a contrato, a lo menos por un período continuado de cuatro años o de dos si la visación fuere de residente temporario, podrán solicitar permanencia definitiva al vencimiento de ella, sin sujeción al plazo de ausencia señalado en el inciso anterior”.

Artículo 43.- Se considerará revocada tácitamente la permanencia definitiva de todo extranjero que se ausente del país por un plazo ininterrumpido superior a 1 año. Esta revocación no operará respecto de los casos calificados que determine el reglamento.

Artículo 31.- El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si completare dos años de residencia en Chile, estará obligado a solicitarla. En caso de no hacerlo, deberá abandonar el país. (Subrayado y negrillas nuestras)”.

Agrega, por otra parte, que establece el artículo 80 de su Reglamento: “Artículo 80.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualesquiera clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Se otorgará a los extranjeros que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el presente Título, no se encuentren en las situaciones previstas en el Título VII y se cumpla, ajustándose en todo, con las reglas de procedimiento, tramitación y suficiencia documentaria establecidas en el presente Reglamento.

Los inmigrantes podrán obtener la Permanencia Definitiva cuando hayan cumplido 2 años de residencia en el país.

Excepcionalmente el Ministro del Interior podrá conceder por gracia el permiso de permanencia definitiva a los extranjeros que, encontrándose en el territorio nacional y en mérito de sus antecedentes se hagan merecedores a este beneficio”.

Considera que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias las siguientes circunstancias para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva:

1) El otorgamiento del permiso de Permanencia Definitiva a los extranjeros que tengan las calidades de residente se hará con sujeción a los plazos de residencia en el país que señalan las normas pertinentes.

2) El residente temporario que complete un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su Permanencia Definitiva.

3) El referido plazo debe ser ininterrumpido, es decir, que no haya tenido períodos de ausencia que superen los ciento ochenta días dentro de ese año.

Señala que es un hecho que los recurrentes cumplen con todas estas circunstancias siendo que tienen más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titulares de una visación Temporaria. Con respecto a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva, el Departamento de Extranjería exige diversos documentos los cuales a su vez se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo Nº 597, el cual establece: “Artículo 127°.- A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse:

1. Certificado de antecedentes para fines especiales;

2. Certificado de registro;

3. Dos últimas declaraciones de impuesto a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; (DS 3553, INT. 1996, Art. único, 2.-)

4. Pasaporte, y 5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: Contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas, autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de órdenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificaciones de empresas, entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso, y/o responsables de sus actividades en el país, etc.

El Ministerio del Interior podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias”.

Estima que, como se desprende del artículo anterior, la autoridad migratoria igualmente está facultada para solicitar a los extranjeros requisitos adicionales a los ya mencionados, y en ese sentido ha incorporado nueva documentación al trámite los que se encuentran disponibles en https://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-definítiva/.

Respecto de la omisión ilegal y arbitraria por parte de la recurrida, expresa que el artículo 20 de la carta fundamental exige para que nos encontremos frente a una situación protegible a través de la acción constitucional de Protección, que concurran en ella una acción u omisión arbitraria o ilegal, entendiendo como arbitraria aquella omisión injusta, en el sentido de injustificada, contraria a la racionalidad, prejuiciada o desproporcionada; y como ilegal, todo aquello contrario a derecho positivo, es decir, al ordenamiento jurídico vigente. El procedimiento establecido para las solicitudes de Permanencia Definitiva en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la ley 19.980, por lo que no sólo deben sujetarse a las normas antes señaladas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, ello en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, el cual debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental. Es así como el artículo 4 de la referida Ley 19.880 establece que los procedimientos administrativos están regidos por el principio de celeridad, el cual debe ser impulsado de oficio en todos los trámites del procedimiento, en conformidad con el artículo 7. En ese sentido, el referido artículo 7 establece con respecto al Principio de celeridad lo siguiente: “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión...”. Por su parte, el artículo 14 establece el principio de inexcusabilidad, conforme al cual “la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”. Asimismo, el artículo 17 a) de la misma Ley establece como derecho de toda persona, el poder “conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”. Finalmente, el artículo 27 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. En este sentido, de acuerdo con el principio conclusivo, existe un deber legal general de resolver, ya que la actividad de la Administración no puede mantenerse infinitamente en el tiempo. De manera que, si la autoridad no cumple con este deber se genera una indefensión y discriminación en contra del administrado. Así entonces, al negarse la recurrida a pronunciarse ante una solicitud, coloca a los interesados ante la imposibilidad práctica de conocer el acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por éstos, y, en consecuencia, si existe o no un mérito para requerir el control jurisdiccional del mismo. En este orden de ideas, el cumplimiento de ese deber de dar respuesta exige adoptar, en un plazo prudencial o razonable, una determinación frente a lo pedido. En el presente caso, conforme ha sido suficientemente narrado en la exposición de los hechos de esta Acción Constitucional, los recurrentes no han podido completar sus trámites a pesar de que el plazo más breve analizado supera los DIECISIETE MESES desde el envío de la solicitud, por lo que se concluye que la recurrida ha dilatado los plazos de manera desproporcionada, infringiendo las normas invocadas y menoscabando los principios que rigen la Administración Pública, especialmente el de celeridad, en el sentido que, la recurrida no ha cumplido con el deber de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

Respecto de sobre las vulneraciones a las garantías constitucionales cauteladas por la acción de protección. Al respecto el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política establece lo siguiente; Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:

(…) 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”.

Señala que, al mismo tiempo, todo lo anterior debe ir en concordancia con lo que establece la misma Constitución en su artículo 1º, al indicar que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, pero sustituyendo la palabra “humanos” por “personas”. Visto lo anterior, entiende que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes, o, en este caso, excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Agrega que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios. Considera que la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándole un trato desigual a los recurrentes con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de sus solicitudes de permanencia definitiva vulnerando su derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política. Aunado a lo anterior, resulta oportuno también traer a colación el principio de legalidad al cual están sujetas todas las autoridades y órganos que componen las distintas funciones del Estado, siendo que su accionar debe estar completamente sujeto a lo establecido en la Ley, tal como determina el artículo 6 de la Constitución Política de la República, que establece: “Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Acota que la dilación excesiva del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver las solicitudes de permanencia definitiva de los recurrentes la cual en algunos casos excede los DOS AÑOS de tramitación se constituye en ilegal siendo que ha infringido lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) y 27 de Ley N°19.880, por lo que violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 6 de la Constitución Política; y arbitraria, dado que, no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejerciciode su derecho de igualdad ante la ley, según lo prevé el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se está haciendo una diferenciación con relación a las solicitudes de los recurrentes respecto de la de otros solicitantes que han visto resueltas sus solicitudes en menores tiempos, dado que para todo administrado existe el derecho de que toda solicitud en la que se encuentren involucrados, se resuelva en los plazos señalados por la ley, lo cual no ha ocurrido en la especie. De esta manera se cumple con la exigencia contenida en el artículo 20 de la carta fundamental, siendo que:

1) Nos encontramos frente a una situación protegible, pues la omisión por parte de la recurrida se torna arbitraria e injusta, contraria a la racionalidad y desproporcionada.

2) La omisión ilegal y arbitraria genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental;

3) El derecho fundamental esgrimido es de aquellos que la Constitución Política de la República ampara por esta acción;

4) La acción se dedujo dentro de plazo y ante tribunal competente.

Señala, con respecto a la Notificación que, en relación al plazo de interposición de la presente acción constitucional, la norma contenida en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. En el presente caso, la conducta por la cual recurre a través de esa Acción de Protección, se compone de una serie de omisiones, que, conforme ha quedado establecido, perduran hasta la fecha, sin que ello se encuentre subsanado, por cuanto aún no se ha dictado un acto administrativo que resuelva las solicitudes de permanencia definitiva de los recurrentes, por parte del ente recurrido, lo que se constituye en una omisión que los mantiene en una situación precaria de manera indefinida. La base del presente Recurso es la dilación excesiva por parte del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver las solicitudes de permanencia definitiva de los recurrentes, y de acuerdo con la Ley N°19.880, de Procedimientos Administrativos, en los artículos 14 y 27, se establece la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, en un plazo máximo de seis meses, lo cual no ha ocurrido en la especie, y, lejos de finalmente resolverlas transcurrido un plazo razonable, se ha negado, dejándolos totalmente en indefensión para ejercer los recursos ordinarios correspondientes. En consecuencia, desde que la recurrida se sigue negando a dictar una decisión final en los casos bajo estudio, como en derecho corresponde, por el contrario, dándole a los recurrentes un trato desigual con respecto a los demás solicitantes de permanencia definitiva, y violando de esta manera las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, ha incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que hoy denunciamos y que se ha extendido en el tiempo, toda vez que la vulneración de las garantías constitucionales cuya protección se solicita a través de la presente Acción Constitucional, se produce de manera continuada mientras subsista la omisión arbitraria o ilegítima, durante el tiempo en que el Departamento de Extranjería y Migración omite resolver de manera definitiva las solicitudes de los recurrentes.

En cuanto a la omisión ilegal y arbitraria, expone que la falta de pronunciamiento oportuno sobre el otorgamiento de Permanencia Definitiva en favor de los recurrentes constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca la garantía constitucional de Igualdad ante Ley, esto es, a su derecho de no ser tratados en forma desigual, y, por tanto, a no ser discriminados arbitrariamente, desde que se producen diferencias a través de un comportamiento distinto respecto de otros casos y de sus tiempos de resolución por parte de la recurrida.

Respecto de la Jurisprudencia aplicable relata que el criterio precedentemente señalado ha sido recogido por la Excelentísima Corte Suprema, acogiendo los argumentos y la tesis planteada en autos. En este sentido, en el fallo que se citará a continuación, el cual es de reciente data, ha quedado en evidencia la vulneración por parte de la recurrida a la garantía constitucional señalada; se ha formulado una interpretación suficientemente fundada acerca de la aplicación que debe tener la Ley 19.880 a los procedimientos en materia de migración y extranjería, y, se le ha ordenado al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de residencia definitiva presentadas ante ella por los recurrentes, estableciendo un plazo para ello. De esta manera, en reciente fallo de fecha 08 de Marzo de 2021, en causa Rol Nº 150.306-2020, la Excelentísima Corte Suprema señaló lo siguiente: “Cuarto: Que los sentenciadores desecharon el recurso de protección intentado en autos basados en que la recurrente se encuentra en proceso legal para obtener su residencia definitiva, y el comprobante respectivo la habilita para permanecer en el país, con residencia legal y realizar todo tipo de actividades lícitas.

Quinto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia.

Al respecto, cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo y, al respecto cabe reseñar, que el artículo 4 de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

En este sentido, resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de la solicitud de residencia definitiva presentadas por la actora, por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880… (…) Octavo: Que la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la actora, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo”.

Indica que lo anterior, de igual forma ha sido recogido, mediante Fallos de la Excelentísima Corte Suprema en causas Rol N° 24827-2020 (Fallo de fecha 05/06/2020), Rol Nº 138452-2020 (Fallo de fecha 24/11/2020), Rol Nº 138452-2020 (Fallo de fecha 13/05/2021), y más recientemente Rol N° 36704-2021 (Fallo de fecha 03-06-2021).

En relación al remedio solicitado, añade que conforme a los argumentos de hecho y de derecho expuesto, solicito condenar al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a:

(l) Resolver, sin más trámite, las solicitudes de Permanencia definitiva de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado ya individualizados, emitiendo la respectiva resolución que en derecho corresponda en el más breve plazo.

(II) Que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, a folio 15, se prescinde del informe solicitado.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en este caso del derecho de igualdad ante la ley.

CUARTO: Que, así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Que en el caso de autos, nos encontramos ante la solicitud de seis ciudadanos de origen venezolano, y una de nacionalidad colombiana. Todos ingresan de forma regular a Chile, por pasos regulares y con visa de turista, con excepción de las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, quienes ingresaron con Visa de Responsabilidad Democrática otorgada por el Consulado de Chile en Caracas.

En el caso de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, se le concedió la Visa de Permanencia definitiva el 28 de febrero de 2022, es decir, después de solicitado el informe por este recurso. Además, el mismo día de la vista del presente recurso, el 1 de marzo de 2022, se concedió la Visa de Permanencia definitiva a doña nombre reservado y doña nombre reservado; razones por las cuales el recurso perdió oportunidad respecto de ellas.

QUINTO: Que respecto del resto de los recurrentes, desde que iniciaron su tramitación, como ocurre en el caso de nombre reservado, que inició el 8 de mayo de 2019, han transcurrido 34 meses, en el caso de mayor atraso, y 20 meses (caso de nombre reservado) en el de menor tiempo, siendo el plazo máximo de duración de dicho trámite señalado por la ley, de seis meses, entendiendo este tribunal que se trata de un plazo extensible a un tiempo prudencialmente mayor, atendida la naturaleza del procedimiento y las situaciones particulares de cada caso su situación.

En concreto, han pasado en exceso el plazo señalado, y la solicitud no se ha resuelto, generando una situación de inseguridad e inquietud que debe considerarse grave.

Se debe tener presente la situación general de los migrantes, quienes en todo momento de la historia lo han debido ser por razones de guerras, situaciones de crisis sociales, políticas y económicas, siendo el elemento común en ellas, el que el migrante toma la decisión de salir de su país natal forzado por una situación de facto que vulnera, en mayor o menor medida, sus derechos esenciales, de manera tal que el migrante siempre se encuentra en una situación precaria y vulnerable ante todo y todos.

Por otro lado la situación de Venezuela es ampliamente conocida en todas las sociedades, por lo que no resulta extraño ni ajeno a la realidad la necesidad de la recurrente de buscar nuevas expectativas en un país distinto del suyo, se trata esto de hechos públicos y notorios, que no necesitan de prueba y que analizados desde la perspectiva pro persona de los derechos fundamentales, alimenta aún más esta visión.

Lo señalado precedentemente sirve de contexto para ubicar el caso en análisis. En efecto, se trata de personas que han solicitado el trámite de la visa de forma regular, y se les ha dilatado la tramitación de su visa de una forma que excede cualquier consideración de tiempo razonable y prudente, más aún, solo después de solicitado el informe de la presente acción, se ordenó el pago de las tasas pertinentes a la solicitud, lo que da cuenta de la inmovilidad del proceso.

Que lo anterior, constituye una vulneración al derecho de igualdad ante la ley, toda vez que no se ha fundamentado un retraso tan extenso, como el que se da cuenta en esta acción constitucional, y que escapa a cualquier dilación prudencial y justificada, vulnerando el derecho señalado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y lo señalado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de folio 1, respecto de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, quien a su vez actúa en representación de su hijo nombre reservado, SOLO EN CUANTO se ordena emitir la resolución fundada que dé respuesta definitiva a la solicitud de los recurrente, dentro de un plazo no superior a TREINTA DIAS. No se condena en costas a la recurrida.

Respecto de doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, habiéndose otorgada la Visa de Permanencia definitiva, el recurso ha perdido oportunidad Se previene que el abogado integrante don Ruperto Pinochet Olave, concurre al acuerdo, pero estuvo por conceder un plazo de 60 días.

Redactado por el Ministro don Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Ingreso Corte N° 2662-2021.