nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Talca, trece de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección que dio lugar a la formación de estos autos, es del tenor siguiente:

“NICOLE ALEJANDRA TORRES OPAZO, cédula de identidad N° RUT reservado, abogada, y DAVID ESTEBAN NILO LÓPEZ, cédula de identidad N° RUT reservado, habilitado para comparecer acorde a la Ley N° 18.120, actuando conjunta o separadamente, en representación de nombre reservado –en adelante el recurrente–, argentino, cédula de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; a Usía. Ilustrísima decimos:

En su representación deduzco acción constitucional en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA –en adelante el recurrido–, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; por vulneración del derecho constitucional de libertad personal y seguridad individual; en virtud de los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que paso a exponer:

I. ANTECEDENTES DE HECHO: el recurrente nombre reservado postuló a su permanencia definitiva en nuestro país, cumpliendo al afecto con cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 41 y siguientes del Decreto Ley N° 1094 que establece las normas sobre extranjeros en Chile. Al efecto, acompañó y acreditó ante la autoridad administrativa el cumplimiento de todos los requisitos, esto es, su situación penal en su país de origen; sus vínculos con chilenos; su actividad, ingresos y sustento económico; y el poseer la visaciones anteriores y necesarias.

Pese a lo anterior, con fecha 20 de octubre de 2021, la recurrida resolvió lo siguiente en el código de trámite 8345909 folio 19596918:

“En virtud de lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 del D.L. 1094, Ley de Extranjería y en los artículos 80 y siguientes; y artículos 127 a 129 de su Reglamento, así como lo establecido en la circular N° 11/2019 de este Departamento se informa a usted que su solicitud de permanencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes. Lo anterior, en atención a las razones que se exponen a continuación: Con respecto a la documentación presentada se informa lo siguiente: Certificado de antecedentes del país de origen. No presentó el documento requerido: el documento presentado no era el que se le estaba solicitando. Por lo señalado, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley N° 19.880 de Procedimientos Administrativos, usted tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción de esta notificación, para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, a través de la plataforma de permanencia definitiva digital, con el objeto de continuar con la tramitación de su solicitud. Sino lo hiciere en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su petición”.

Pues bien, por el contrario de lo que se indica, el recurrente sí entregó su certificado de antecedentes de su país de origen. No obstante, por pleno desconocimiento no sabía que dicha certificación debía ser apostillada. Aun con ello, no existe justificación ni proporcionalidad alguna para que la recurrida haya otorgado el plazo mínimo de cinco días para acompañar dicho certificado, cuando es sabido que los documentos apostillados no se logran obtener en un plazo inferior a cuarenta y cinco días promedio. Con dicha resolución en la práctica, cuya notificación por correo electrónico tampoco garantiza su notificación inmediata, se logra tener por desistido al recurrente de su solicitud de permanencia definitiva.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: DE LA ILEGALIDAD. El inciso 2° del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, indica: “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública (…)”.

La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Se puede concluir que la resolución en cuestión está divorciada de la eficacia, en cuanto es imposible que el recurrente el acompañar el certificado de antecedentes penales apostillado dentro del término de cinco días.

III. GARANTÍA CONSTITUCIONAL CONCULCADA: el actuar de la recurrida infringe notoriamente la garantía constitucional del inciso 2° del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: “Ni la ley ni autoridad alguna una podrán establecer diferencias arbitrarias”.

IGUALDAD ANTE LA LEY. El hecho que sustenta la presente acción no es de aquellos en donde se reproche una diferenciación respecto de otros sujetos, sino que, descansa en la oposición a toda clase de actos que estén divorciados de lo que dispone el ordenamiento jurídico. En este caso, derechamente, la resolución y decisión de la recurrida es ilegal por no responder a las exigencias que establece la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

IV. JURISPRUDENCIA: el actuar de la recurrida es contrario a diversos fallos de la Excelentísima Corte Suprema –se citaran extractos–:

Fallo de la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL N° 39352-2021, de fecha 30 de junio de 2021:

“1°) Que, Kerby Saintubert, de nacionalidad haitiana, solicitó al Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el permiso de permanencia definitiva, autoridad que mediante Resolución Exenta N° 23237, de fecha 19 de febrero de 2021, dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 85772 de 12 de febrero de 2020, que le había otorgado la visa de residente temporaria y, a su vez, rechazó la solicitud de residencia definitiva por no haber acompañado la documentación solicitada en el plazo máximo, disponiendo además, que el amparado debía hacer abandono del país dentro del plazo de quince días la rechazó (sic). 2°) Que si bien el artículo 23 del DL 1094, y los artículos 35 y 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984, establecen que la visación es una facultad que se ejerce en forma discrecional por la competente autoridad administrativa, dicho ejercicio debe sujetarse a un estándar de razonabilidad, necesariedad y proporcionalidad. 3°) Que, según aparece del mérito de los antecedentes de la Resolución Exenta N° 23237, de fecha 19 de febrero de 2021, realiza una referencia formal a las normas genéricas, sin motivar la decisión adoptada, ni especificar las circunstancias fácticas en que se funda, transformando el acto administrativo en una mera afirmación de la autoridad (…). Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, se revoca la sentencia apelada de uno de junio pasado dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 1983-2021 y, en su lugar, se declara que se acoge la acción constitucional interpuesta, solo en cuanto se dispone que la autoridad migratoria recurrida deberá otorgarle el plazo de 60 días al amparado Kerby Saintubert, para los efectos que acompañe la documentación omitida”.

Fallo de la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL N° 45365-2021, de fecha 16 de agosto de 2021:

“Que, el plazo concedido por la autoridad migratoria a la amparada para adjuntar la información requerida por Resolución Exenta N° 86.359, de 2 de julio de 2021, en relación con el certificado de antecedente penal de su país de origen, debidamente apostillado, aparece del todo exiguo, considerando además las demoras inherentes a la situación sanitaria vivida en el país y en consideración, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, se revoca la sentencia apelada de diez de julio de dos mil veintiuno, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el ingreso N° 424-2021, y en su lugar se acoge la acción de amparo intentada por nombre reservado, solo en cuanto se dispone que la documentación requerida por la autoridad migratoria deberá ser acompañada por la amparada en el plazo de 30 días, desde la presente resolución”.

Fallo de la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL N° 81323-2021, de fecha 03 de noviembre de 2021:

“Primero: Que la acción de amparo encuentra su fundamento en la dictación por parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Resolución Exenta 26870 de 25 de febrero de 2021, que deniega la solicitud de permanencia definitiva presentada por el amparado, disponiendo en consecuencia que este debe hacer abandono del país en el plazo que ahí se señala. Segundo: Que el fundamento que tuvo en consideración la Administración para rechazar la petición, según se lee en la resolución recurrida, fue el hecho que el amparado no acompañó el contrato de trabajo con cláusula de viaje firmado ante Notario. Tercero: Que, debe tenerse presente que de los antecedentes del recurso se desprende que el amparado cuenta con familia en el territorio nacional, y tiene una hija chilena, por lo que de mantenerse la decisión de la autoridad administrativa se ocasionará la separación de ella. El acto administrativo impugnado vulnera de esta forma el principio consagrado en el artículo 1° inciso primero y final de la Constitución Política de la República, en cuanto establecen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección, por lo que el tribunal debe adoptar las medidas para reparar la afectación de los derechos vulnerados. Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 3776-2021, en cuanto rechaza el recurso de amparo interpuesto en favor de nombre reservado y en su lugar se acoge, dejándose sin efecto la Resolución Exenta 26870 de 25 de febrero de 2021, emitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien deberá en consecuencia otorgar a la recurrente un plazo para acompañar la documentación requerida no inferior a sesenta días para efectos de continuar con la tramitación de la aludida solicitud”.

Fallo de la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL N° 81330-2021, de fecha 03 de noviembre de 2021:

“Primero: Que la acción de amparo encuentra su fundamento en la dictación por parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Resolución Exenta N° 21152072 de 21 de septiembre del año en curso, que deniega la solicitud de regularización migratoria presentada por el amparado, disponiendo en consecuencia que este debe hacer abandono del país en el plazo que ahí se señala. Segundo: Que el fundamento que tuvo en consideración la Administración para rechazar la petición, según se lee en la resolución recurrida, fue el hecho que el amparado no acompañó el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado. Tercero: Que en este orden de ideas la decisión ministerial revisada, no satisface las exigencias de razonabilidad y proporcionalidad contempladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y artículos 1, 2, 3, 17 y 41 de la Ley N° 19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”, al desatender completamente las demoras inherentes a la situación sanitaria vivida en el país. Cuarto: En virtud de lo anterior y considerando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal, el presente recurso será acogido. Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el Ingreso Corte N° 544-2021, en cuanto rechaza el recurso de amparo interpuesto en favor de Andrés Darias Cribeiro y en su lugar se acoge, dejándose sin efecto la Resolución Exenta 21152072 de 21 de septiembre del año en curso, emitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien deberá en consecuencia otorgar a la recurrente Andrés Darias Cribeiro, un plazo para acompañar la documentación requerida no inferior a sesenta días para efectos de continuar con la tramitación de la aludida solicitud”. POR TANTO, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado S/N, Acta N° 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales y demás normas aplicables.

A S.S. ILUSTRÍSIMA SOLICITO: tener por deducida acción de protección en contra del recurrido DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, RUT N° RUT reservado; ordenando que este informe en el plazo perentorio que S.S. Ilustrísima fije, y se ordene al recurrido otorgar un plazo para acompañar la documentación requerida no inferior a sesenta días para efectos de continuar con la tramitación de permanencia definitiva.”

Al primer otrosí acompañó copia de 1. Cédula de identidad para extranjero del recurrente. 2. Cédula de identidad argentina del recurrente. 3. Certificado de registro de visa del recurrente. 4. Certificado de antecedentes penales en Chile del recurrente. 5. Certificado de antecedentes penales de Argentina del recurrente. 6. Pasaporte con visaciones temporarias debidamente estampadas. 7. Contrato de trabajo del recurrente. 8. Resolución del Departamento de Extranjería y Migración que se impugna.

2°) Que el informe evacuado por la recurrida, es del tenor siguiente:

“Bárbara Donoso Hernández, abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en autos Ingreso Corte Nº 2652-2021, sobre acción constitucional de protección, deducida a favor de la extranjera de nacionalidad argentina nombre reservado, a S.S. Iltma. respetuosamente digo:

Que en virtud de este acto, vengo en evacuar el informe requerido en la presente acción constitucional de Protección, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES DE HECHO 1) Que, con fecha 22 de agosto de 2018 el extranjero solicita ante la Gobernación de Linares visa temporaria acuerdo residencia Mercosur.

2) Que, mediante Resolución Exenta N° 4473 de fecha 23 de agosto de 2018 de la Gobernación de Linares se otorgó visación temporaria al extranjero por un año, en condición de titular y con validez hasta el 06 de septiembre de 2019.

3) Que, con fecha 09 de agosto de 2019 el extranjero solicita ante la Gobernación de Linares prorroga de su visa temporaria la cual le es otorgada mediante Resolución Exenta N°1969, de fecha 13 de agosto de 2019 de la Gobernación de Linares, en condición de titular y con vigencia hasta el 06 de septiembre de 2020.

4) Que, con fecha 03 de septiembre de 2020 el extranjero solicita ante esta autoridad permiso de permanencia definitiva, ID TRAMITE PEDE 8345909.

5) Que mediante comunicación electrónica folio 19596919, de fecha 20 de octubre de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó un plazo de 5 días para que la extranjera acompañe la documentación necesaria para pronunciarse respecto de su solicitud de permiso de permanencia definitiva, es decir, certificado de antecedentes del país de origen, porque el presentado no era el documento requerido, como consta en siguiente captura de pantalla:

6) Que, en dicha comunicación se apercibe que si el extranjero no realiza la subsanación de su solicitud en el plazo estipulado, se tendrá su solicitud por desistida, en atención a lo dispuesto en el art, 31 de la Ley 19.880.

7) Que, no obstante haber enviado, correo electrónico solicitando los antecedentes faltantes el extranjero no lo ha acompañado.

8) Que no es efectivo lo indicado por el recurrente en el sentido de haber acompañado certificado de antecedentes del país de origen, al cual sólo faltaría el apostille o legalización, porque NO ACOMPAÑO EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, por ello no consta si faltaba o no apostille o legalización y la comunicación electrónica aludida sólo se refiere a esta circunstancia, no constando documento fundante de la solicitud de Permanencia Definitiva.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO:

1. En cuanto a la autoridad, sus atribuciones legales y causales legales para resolver los permisos de visación.

Es necesario hacer presente, previamente, que el inciso 1° del artículo 13 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, establece que “Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para la prórroga de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones”. Esta norma se encuentra redactada en términos casi idénticos en el también artículo 13 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

A saber, el artículo 141 del D.S. N°597 de 1984, Reglamento de Extranjería, señala que “El Ministerio del Interior o la autoridad que actúa por delegación, cuando corresponda, resolverá los rechazos y revocaciones a que se refieren los artículos precedentes”.

Por su parte, en el inciso final del artículo 178 del D.S: N° 597 de 1984, Reglamento de Extranjería, señala que “Le corresponderá al Jefe del Departamento de Extranjería, o a quien lo subrogue, resolver aprobando o rechazando, las solicitudes de permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento (...)”.

Frente a esto, es importante entonces tener presente la normativa aplicable al caso, en relación a las solicitudes de permanencia definitiva que se presenten en territorio nacional.

Al respecto, el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Luego, al tratarse la presente acción de protección sobre supuestas vulneraciones cometidas por esta autoridad en la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva del Sr. nombre reservado, corresponde entonces aplicar y analizar aquellas reglas de procedimiento contenidas en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N°597 que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería; Decreto Ley N° 1.094.

En esa línea, se señala que, a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva, los extranjeros deben acompañar diversos documentos con el objeto de fundar la solicitud precitada, estos se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597. Dichos documentos deben ser presentados dentro de un plazo determinado, el que se encuentra establecido en el artículo 129 numeral 3 del Decreto N° 597.

“A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse:

1. Certificado de antecedentes para fines especiales;

3. Dos últimas declaraciones dbe impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda;

4. Pasaporte;

5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”.

A mayor abundamiento, la autoridad está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597;

“El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”

En este sentido, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su sitio web www.extranjeria.gob.cl señala como debe ser presentada cada solicitud de permiso de residencia, los documentos necesarios y las instrucciones para cada tipo de trámite, destacando que en el caso de la solicitud de permanencia definitiva el solicitante debe acompañar de manera obligatoria:

1. Certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizado o apostillado y vigente.

2. Certificado de antecedentes emitido por el Registro Civil, vigente.

3. Copia de visa estampada en pasaporte o título de residencia.

4. Copia de cédula de identidad.

5. Fotografía del solicitante.

6. Certificado de registro de última visa en PDI.

7. Imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte y todas las visaciones que tuvo.

8. Imagen escaneada de título de residencia y visas estampadas, en caso de no contar con pasaporte.

9. En el caso de tener contrato de trabajo: copia del contrato actual, y de los anteriores suscritos, firmados ante Notario, certificado de vigencia de contrato, firmado ante Notario, Certificado histórico de cotizaciones AFP y certificado histórico de cotizaciones de salud.

10. En el caso de trabajar a honorario: certificado de inicio de actividades, boletas de honorarios (6 últimas), informe anual de boletas.

11. En el caso de los inactivos: Declaración jurada de expensas e ingresos económicos del sostenedor.

En este mismo sentido, es que se encuentra publicada en la página web de este Departamento de Extranjería y Migración, la documentación exigida por la autoridad con el fin de acreditar el sustento económico de los peticionarios, mediante una guía visual aclaratoria, en donde se señalan los documentos obligatorios y de carácter opcional, estableciendo como obligatorios, por ejemplo el certificado histórico de cotizaciones de AFP y el certificado histórico de cotizaciones de salud.

Por tanto, el envío de la solicitud de permiso de Permanencia Definitiva del extranjero debe ser completa y con documentos vigentes, ya que la autoridad, de conformidad al artículo 135 del Reglamento de Extranjería, y producto del análisis de la información incorporada en la solicitud, determina la admisibilidad que permite pronunciarse sobre ella y mantener la regularidad migratoria del solicitante. Lo anterior, en base a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de Extranjería. Del artículo antes expuesto se deduce que uno de los requisitos para solicitar Permanencia Definitiva es acompañar antecedentes penales del país de origen del solicitante y por consecuencia al no presentar un certificado de antecedentes vigente no cumple con dicho requisito.

En efecto, el Sr. nombre reservado, solicito el Beneficio de la Permanencia Definitiva sin adjuntar los documentos requeridos por la normativa migratoria, porque no acompaño el certificado de antecedentes de su país de origen, en vez del certificado de antecedentes acompaño una constancia de inicio de trámite que no corresponde al documento, como consta en la siguiente captura de pantalla:

A la presentación de la solicitud de permanencia definitiva los extranjeros deben acompañar diversos documentos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, estos se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597. Correspondiendo a un requisito explícito en nuestra normativa y de no acompañarse acarrea no continuar con la solicitud de Permanencia Definitiva.

No obstante lo anterior, y con el objeto de cumplir con lo establecido en el inciso primero del artículo 31 de la ley 19.880, se otorgó un plazo de 5 días para que acompañara la documentación faltante, aun cuando es obligación del solicitante presentar su solicitud con todos los documentos requeridos por la autoridad, los cuales son conocidos por los extranjeros con antelación a su solicitud, como consta en esta captura de pantalla:

Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

De acuerdo al artículo antes indicado, el plazo de la comunicación electrónica, que se remite al extranjero con fecha 20 de octubre de 2021, para que remita la documentación faltante en un plazo de 5 días, está establecido por la ley, por ello no obra la autoridad fuera de la norma ni de manera arbitraria o ilegal, por cuanto es un plazo legal y el extranjero fue notificado de ella, de acuerdo a lo indicado por el mismo recurrente.

Además, el artículo 26 de la ley 19880, faculta al recurrente a solicitar ampliación del plazo, hecho que no solicito, no constando requerimiento de esa naturaleza ni en oficina de partes ni por otro medio.

Artículo 26. Ampliación de los plazos. La Administración, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.

En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

Así de lo indicado en el artículo 26 de la Ley 19.880, la autoridad se rige por este articulado, no pudiendo ampliar un plazo ya vencido como el de autos, porque el recurrente no acompaño el documento fundante a su solicitud, más aún, otorgándole un plazo para que lo acompañara tampoco lo hace ni da excusas de ello y más aún tampoco solicita ampliar dicho plazo, estando el acto administrativo firme.

Es por las distintas actuaciones realizadas por esta autoridad que resulta evidente que no ha existido por parte de esta autoridad acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental.

Que en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, no existe, a juicio de esta autoridad, acto u omisión arbitraria o ilegal, por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de la recurrente respecto de las garantías incoadas, solicitando que la presente acción constitucional de protección sea rechazada en todas sus partes, por no existir las vulneraciones alegadas, y no siendo procedente tampoco que esta parte sea condenada en costas.

POR TANTO, RUEGO A S.S. Iltma., tener por evacuado el informe requerido, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no siendo procedente que esta parte sea condenada en costas.”

Al otrosí acompañó: 1. Copia de Comunicación electrónica de fecha 20 de octubre de 2021 del Servicio nacional de Migraciones. 2. Copia de documento acompañado a su solicitud de Permanencia Definitiva en el lugar del Certificado de Antecedentes de su país de origen.

3°) Que el recurso de protección procede cuanto existe un acto u omisión ilegal o arbitrario que en grado de amenaza, perturbación o privación, afecta alguno de los derechos que del artículo 19 de la Carta Fundamental, indica el artículo 20 del mismo texto.

4°) Que, en este caso, se denuncia vulnerada la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de dicho cuerpo normativo, debido a que el interesado solicitó la visa definitiva para su permanencia en el país y durante la gestión, por resolución de 20 de octubre último, se le pidió que acompañara un certificado de antecedentes legalizado, de su país de origen, dentro de quinto día, lo que resulta imposible de cumplir, por lo que solicita, mediante esta vía extraordinaria, que se le conceda un plazo no inferior a 60 días para adjuntarlo.

5°) Que en el informe aludido se precisa que la resolución se ajusta a lo previsto por la ley y, en la vista del recurso, el abogado de la recurrida manifestó, además, que al no haberse cumplido con esa exigencia, se declaró desistida la petición, por resolución de 23 de diciembre recién pasado, reservándose al interesado el ejercicio de los recursos administrativos.

6°) Que de lo antes expuesto se deduce que en lo obrado por el Departamento de Extranjería no hay ilegalidad ni arbitrariedad susceptible de corregirse a través de esta acción constitucional, pues actuó con estricto apego a las normas legales que regulan la situación específica reclamada y mediante una resolución fundada en una circunstancia objetiva.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección y en los artículos 31, 41 y 59 de la Ley 19.880, SE RECHAZA el presente recurso de protección, sin costas.

Redacción del Ministro don Hernán González García.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2652-2021/Protección.