Protección contra recurrente

10 Talca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Por cumplida la medida para mejor resolver consistente en tener a la vista el sumario incoado por la recurrida en contra del recurrente.

Visto:

1°) Son partes en el presente recurso de protección como recurrente, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y como recurrido, el nombre reservado de Maule, representado por su Superintendente don Enrique Espinoza Cáceres, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber incurrido, según expresa, en actos ilegales y arbitrarios que afectan gravemente las garantías constitucionales descrita en el artículo 19, números 3 y 4 de la Constitución Política de la República, conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que textualmente detalla:

Con la convicción que me da la madurez de mis años, decidí ingresar al nombre reservado como voluntario, desde el día 1 de enero de 2014.

Ilusionado con una actividad tan noble y respetada sentía un profundo orgullo de pertenecer a una institución tan querida por la comunidad. Fue tal mi compromiso y dedicación al nombre reservado y especialmente a mi compañía, la Segunda, que luego de ganarme el respeto y confianza de mis compañeros y superiores, el 1 de enero de 2020 fui designado Tesorero de la compañía. Tal responsabilidad me llenaba de orgullo y satisfacción.

No imaginan el compromiso que sentía con la institución, puesto que más allá de mi labor como voluntario y tesorero, mi agradecimiento con los Bomberos de Chile lo vivo además cada vez que recuerdo el incendio que afectó mi casa y el trabajo de mis ex colegas y amigos para impedir que perdiera todas mis pertenencias.

Mis esperanzas en defender del fuego a las personas y sus pertenencias fueron destruidas cuando el 8 de octubre del año en curso terminó definitivamente un proceso disciplinario en mi contra que no ha sido más que una burda pantomima para separarme de las filas del nombre reservado.

Fui separado después de 7 años como voluntario, producto de una irregular denuncia interpuesta por un bombero de nombre nombre reservado, antiguo voluntario, quien me acusó de errores en el manejo administrativo de la contabilidad a mi cargo en mi calidad de Tesorero durante los años 2020 y 2021.

Debo aclarar que en mi calidad de Tesorero de una compañía, debo anualmente dar cuenta de mi gestión la que debe ser aprobada por el Director de la Compañía y además por la Dirección Nacional de la institución.

La cuenta del año 2020 fue declarada por mi parte a la institución y aprobada por las autoridades señaladas, de tal manera que el nombre reservado, recibió sin inconveniente la subvención para el año 2021 por más de 150 millones de pesos, que de no mediar una contabilidad correcta no se habría otorgado.

Pero mayor fue mi sorpresa cuando recibí una llamada telefónica para avisarme de una citación a una reunión con el Consejo Superior de Disciplina para discutir asuntos sobre la contabilidad y mi trabajo como tesorero de la compañía.

Sin sospechar lo que venía, asistí al llamado de mis superiores y en esa reunión se me informa que estoy siendo investigado por una denuncia en mi contra que no fue presentada por el Director de mi compañía, señor nombre reservado, sino que fuera de todo conducto regular, fue interpuesta por otro bombero, el señor nombre reservado.

En ese momento mi ánimo se fue al piso, mi incredulidad fue mayúscula frente a la encerrona de la que era víctima y mientras era interrogado por los miembros del Consejo Superior de disciplina no era capaz de dar crédito a las imputaciones de las que fui objeto.

No recuerdo todas las palabras que se pronunciaron en esa reunión de la que no tengo registro alguno y de la que fui citado el 12 de agosto a las 22.05 horas vía whatsapp por el Secretario General don nombre reservado quien me envió en formato PDF la invitación que se realizó para “analizar y realizar preguntas sobre la denuncia presentada por el Miembro Honorario del Cuerpo don nombre reservado, relativas a faltas incurridas en la contabilidad de la 2da Compañía”. De esta comisión formada entre mis superiores no recibí los cargos específicos que se me imputaban haciendo imposible ejercer mi derecho a la defensa y tanto o más grave aún no recibí de su parte ni tampoco lo he hecho hasta el día de hoy copia del expediente que me permitiera el correcto ejercicio de mis derechos.

No se me permitió ejercer mi derecho a acompañar prueba alguna, ni siquiera se me indicó en qué forma o tiempo podía hacerlo, solo se me interrogó y se redactó una declaración que ni siquiera me permitieron leer ni menos firmar.

Esta fue la única vez que fui citado.

Todo lo anterior es una flagrante infracción al Reglamento Transitorio de Disciplina que en su artículo 7 inciso primero establece que: “Las citaciones a comparecer ante el Tribunal de Apelación, Consejo Superior de Disciplina y el Consejo de Disciplina de Compañía serán siempre por escrito contra firma de recepción o mediante carta certificada enviada al domicilio que el Bombero tenga registrado en su Compañía, con a lo menos 48 horas de anticipación a la fecha de comparecencia. Se entenderá practicada desde el día siguiente a la fecha de su envío, debiendo contener una breve descripción de los hechos que motivan la citación”.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, para mi mayor asombro, el día 3 de septiembre me encontraba en una bomba de bencina del barrio la florida de Talca cuando recibí un llamado de la escribana del proceso, doña nombre reservado, quien en términos coloquiales me saluda y me pregunta donde estoy, a lo que respondo que cargando combustible. Con extrañeza la sigo escuchando y me indica que ella está en la misma bencinera y que como le había parecido verme iría a mi encuentro. Con estupor y desconcierto la señora nombre reservado llega a mi vehículo y me dice que me notificará la resolución del Consejo donde se me comunica frente a mi pareja, la hija de ella y mi hija, mi separación de la Compañía y que además por favor le firme la declaración que semanas antes había prestado ante el Consejo, en virtud de la aplicación del número 6 del artículo 7 del Reglamento Transitorio de Disciplina del nombre reservado.

Recibí la notificación dejando constancia del día, hora y lugar con mi puño y letra, pero me negué a firmar una declaración de la que no tenía recuerdo cierto y menos en un lugar de acceso público, ya había sido suficiente humillación y menosprecio que con todo desparpajo el nombre reservado a través de la escribana de este proceso viciado e ilegal me notificara en público.

Con una profunda tristeza, rabia e impotencia leí cada una de las líneas de la resolución que me expulsaba de la institución, sin poder creer que se me acusara de errores en la contabilidad del año 2020, la que había sido aprobada por el director de la compañía y por la dirección nacional de nombre reservado. Pero más aún, no daba crédito a la falta de fundamentos y al incorrecto proceder de la institución a la que me había entregado profesional y personalmente.

Se me condenó a la separación del nombre reservado en virtud de pruebas que no fueron ponderadas y a declaraciones que no fueron analizadas ni tampoco fueron conocidas en la resolución.

Las supuestas faltas de las que fui acusado se explican durante este año a las constantes cuarentenas y dificultades propias de la pandemia COVID19, no era posible acudir al recinto de la compañía ni menos al banco a hacer largas filas incompatibles con mi vida familiar y mi trabajo por lo que la contabilidad se vio atrasada y los documentos contables se acumularon por más tiempo del estipulado.

Soy trabajador a honorarios del SEREMI de Salud del Maule, me desempeño en el traslado de pacientes enfermos de COVID19, y como muchos ex compañeros y compañeras nos vimos fuertemente afectados por la pandemia y ante tal situación fue la misma institución la que nos dio un alivio al resolver durante el 2020 que los voluntarios nos encontrábamos eximidos de nuestros deberes bomberiles en razón de la grave crisis de salud mundial mediante ORD.: 09/2020 (MAT.: Exención de obligación a personal de salud). Si entonces el nombre reservado permitió que un voluntario se exima de concurrir a sus labores en el cuartel, no entiendo por que yo si estaba obligado a asistir al cuartel a retirar dinero y depositarlo en el banco exponiéndome al contagio y a dejar de lado mi trabajo y familia, situación que ha sido desatendida por el Consejo. No me cabe más respuesta que para el nombre reservado es más importante el dinero que mi bienestar y mi vida.

Como se acreditará, todo el proceso disciplinario se desarrolló de manera irregular. Fui citado al Tribunal de Disciplina de la Compañía, ante el cual presté declaración sin que se me formularan cargos concretos sobre las acusaciones que dieron lugar a este procedimiento, puesto que de la escasa documentación que se me ha entregado, aparece en ella que se cuestionó en mi calidad de Tesorero la contabilidad del año 2020 y 2021, sin embargo la cuenta del año 2020 fue aprobada por la Junta nacional de Bomberos y la del 2021 todavía no se rinde, por lo que no es posible aplicar sanción alguna por esos precarios argumentos, menos aún la separación de la institución, que es la sanción más grave para un bombero.

A mayor abundamiento desconozco incluso la forma en que se ha sustanciado este procedimiento, del cual no se me ha entregado copia ni registro de las actuaciones realizadas. En ese orden de ideas, solicité por correo electrónico copia de todo lo obrado, la que me fue negada señalándome que debo pedirla por medios formales, sin perjuicio de que la citación al Consejo de Disciplina y la notificación de la resolución de la apelación que presenté ante el Tribunal de Apelación respecto de la sanción que me fuera impuesta, me fueron notificadas por medios electrónicos. Al solicitar copia del expediente por correo electrónico, la respuesta fue la siguiente: “Estimado se solicita realizar solicitud por medio formal, desde ya muchas gracias”.

La actuación arbitraria e ilegal por parte del nombre reservado se ha manifestado en diversas acciones y omisiones que han infringido mis derechos garantizados constitucionalmente. Entre ellos:

● La citación a declarar se me envió por el Secretario General del nombre reservado por medios electrónicos vía whatsapp después de las 10 de la noche del 12 de agosto de 2021 ● La resolución del Consejo de Disciplina no se hace cargo de las declaraciones de quienes fueron citados, sólo señala sus nombres, impidiéndome saber cuáles fueron sus dichos y en qué calidad comparecen, puesto que por ejemplo el denunciante nuevamente es citado en una calidad que desconozco.

● La notificación del resultado de este proceso disciplinario se me notificó en una estación de servicio mientras cargaba combustible.

● Presté declaración sin tener a la vista los antecedentes del caso, ni la documentación respectiva, y sin emplazamiento al desconocer los términos de la denuncia en mi contra ● No se me entregó copia de la declaración que rendí.

● Solo cuando me notificaron la sanción, me pidieron leer mi declaración y firmarla.

● Se me negó la copia del expediente ● Se me impuso una sanción desproporcionada y sumamente gravosa como la separación de la institución.

Es necesario señalar a Ssa, que para conservar mi buen nombre, no hay ninguna prueba de que falte un peso en la contabilidad que rendí el año 2020 y menos aún respecto de la de 2020 respecto de la que no se ha rendido cuenta del año contable aún, por lo que ser separado de la institución a todas luces es una sanción impropia, desproporcionada e incoherente con este aparente proceso del que fui útil marioneta para fines que desconozco, puesto que de mi actuar no ha devenido un perjuicio ni menoscabo para la institución, sino que yo he sido la única persona vulnerada en sus derechos, humillada y afectada en su dignidad.

Por esta razón es que presenté un recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el que finalmente fue desestimado mediante resolución que me fue notificada por correo electrónico el día 8 de octubre de 2021.

Los hechos descritos son constitutivos de lesiones en los derechos garantizados por la Constitución Política de la República, en especial los siguientes:

Artículo 19 número 3.

De los hechos detallados anteriormente se desprende claramente una afectación en las garantías del debido proceso entre ellas no ser juzgado por comisiones especiales y a una sanción proporcional.

Ambas garantías del debido proceso han sido conocidas por los tribunales superiores de nuestro país, y además han sido aplicadas a las resoluciones en procedimientos disciplinarios ante el nombre reservado.

Por lo anterior no es posible que la institución se exima del cumplimiento de estos deberes, más aún cuando existe mandato legal en virtud de las modificaciones al Código Civil por la ley 20500 que agrega al artículo 533 del primer texto lo que sigue. “La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados (el subrayado es mío). En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”.

Todo lo anterior repercute en que la resolución del Consejo de Disciplina no razona en base a qué medio de prueba se acreditaron cada una de las irregularidades ni menos, como estas se vinculan directamente a mi función de tesorero, aplicando el Consejo las sanciones, sin esta necesaria fundamentación. Lo mismo se puede señalar en relación con la sentencia que resuelve el recurso de apelación, que mantuvo la sanción.

Como bien ha sostenido la Corte de Apelaciones de Valparaíso en su Sentencia rol Protección-9146-2018, la vulneración de todas estos principios que deben regir el procedimiento hace que la vulneración sufrida sea directamente a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º y así puede desprenderse del considerando OCTAVO de la sentencia referida y que se transcribe.

En el mismo orden de ideas y respecto de las sanciones impuestas por el Consejo Superior de Disciplina, la Corte Suprema en causa Rol N° 2221-2018 ha señalado que: “En esta dirección, la censura denunciada apunta a una conducta que parece dar cuenta de una falta de orden formal lo que no puede dar lugar a la aplicación de la sanción más elevada que contempla el reglamento del nombre reservado. Existiendo en consecuencia, otras sanciones menos gravosas que pudieron aplicarse en este supuesto en contra del recurrente, no resulta justificada la aplicación de una medida extrema como ocurre con la separación del voluntario de su Compañía. La falta de adecuada proporcionalidad de la sanción o de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada en el marco del procedimiento justo y racional que garantiza la Carta Fundamental, importa, en definitiva, que la recurrida, a través de la decisión objeto del presente recurso, ha vulnerado de manera ilegítima el derecho al debido proceso del recurrente, perturbación que debe ser enmendada y amparada por esta vía cautelar”.

Artículo 19 número 4.

Al respecto, ya se señaló en el cuerpo de este recurso la forma en que este procedimiento atentó contra mi honra al ser notificada su resolución en la vía pública ante mi familia, mi pareja sentimental, su hija y mi hija.

La humillación a la que fui sometido ha sido validada por el nombre reservado y no ha existido de parte de la institución ánimo alguno por enmendar sus conductas contra la dignidad de las personas. En mi caso, se ha permitido alterar mi vida cotidiana en un espacio de convivencia familiar con una actuación que generó tal conmoción que todavía debo explicar a dos niñas que están bajo mi cuidado las razones de mi marginación del lugar en que a juicio de ellas yo me dedicaba a salvar las vidas de las personas y de sus casas en los incendios.

Toda esta puesta en escena a todas luces es una intromisión en mi vida privada que causó un menoscabo hasta ahora irreparable a mi honra.

Finalmente solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por su Superintendente don Enrique Espinoza Cáceres, ya individualizados, hacer lugar a él, declarando que se ha atentado en contra de las garantías constitucionales del artículo 19 números 3 y 4 de la Constitución Política de la República, disponiendo las medidas pertinentes para el cese de estos atentados y en consecuencia dejar sin efecto la sanción que me fuera impuesta por el Consejo Superior de Disciplina y que fue confirmada por el Tribunal de Apelación, o aquellas que esta Corte considere adecuadas en cuando medio acertado para la protección de sus derechos.

3°) Con fecha cuatro de enero se prescinde del informe solicitado al nombre reservado, ordenándose traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenazas en el goce de alguna o algunas de las garantías expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado y, como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, acorde a lo señalado, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la Institución recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o aún amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo.

Tercero: Que, se prescindió como se dijo del informe solicitado al nombre reservado, y consta de lo expuesto por el recurrente y del sumario tenido a la vista los siguientes hechos:

a) que, con fecha 31 de agosto de 2021, don nombre reservado, Presidente de la Sala Dos del Consejo Superior de Disciplina, remitió oficio N° 46 al Superintendente don Enrique Espinoza Cáceres, mediante el cual le informa la decisión final de ese organismo, en la que se había determinado su separación como voluntario de la institución, por haber incurrido, según expresa, en faltas gravísimas contempladas en el artículo sexto transitorio del Reglamento del Régimen Disciplinario del nombre reservado; y b) que, dedujo apelación para ante el Consejo de Apelación en contra de dicha decisión, respecto de la cual el Tribunal de Apelación, por unanimidad, no dió lugar al recurso, resolución fundamentada, según dice, principalmente en que los hechos mencionados en dicha carta (la que contenía el arbitrio), se encuentran fuera de plazo, respaldados por todo lo antes mencionado y además, al revisar el expediente del caso en el que se ha dado ha lugar a la sanción interpuesta por la 2° sala del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado.

Cuarto: Que, de lo señalado en el motivo anterior, se infiere que lo actuado por la recurrida no se ajusta a derecho, ya que conculca la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, pues la sentencia no se fundó en un proceso previo legalmente tramitado y, además, ella no contiene los hechos en que se instituye una decisión de tal naturaleza, como también, de ellos mismos se desprende su arbitrariedad.

Quinto: Que, por las razones dadas, la acción cautelar intentada debe ser acogida, al haberse comprobado su fundamento.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, declara:

a) que se acoge la acción de protección deducida por don nombre reservado, en contra del nombre reservado, representado por su Superintendente don Enrique Espinoza Cáceres, dejándose sin efecto la resolución del Consejo Superior de Disciplina de 31 de agosto de 2.021, que contiene la decisión de la sesión de 23 de agosto, que determinó la separación del recurrente como voluntario de la Segunda Compañía de Talca, a contar desde el 15 de septiembre de 2021; y b) que no se condena en costas al recurrido por la naturaleza de la Institución.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro.

Regístrese, comuníquese, y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2651-2021 Protección.