nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL DE TALCA DR. CESAR GARAVAGNO BUROTTO

Talca, ocho de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado Administrativo, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección, en contra del Hospital Regional de Talca y de don nombre reservado, Director del Hospital Regional de Talca, en su calidad de representante legal de dicha Institución o quien la represente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que a su juicio, infringen sus garantías constitucionales; conforme a lo prescrito por la Constitución Política de la República, las leyes y reglamentos aplicables, y que se encuentran particularmente consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República especialmente en sus numerales 1, 3, 4 y 24. Solicita que restablezca el imperio del derecho, ordenando al Hospital Regional de Talca y a nombre reservado, dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 5191 de fecha 20 de septiembre de 2020, que da lugar a las vulneraciones antes señaladas; acogiendo las peticiones concretas de esta parte para que se restablezca el imperio del derecho, y se tomen las medidas cautelares procedentes o las que se juzguen necesarias, en justicia y equidad.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expuso que ha visto vulnerados sus derechos a la integridad física y psíquica, a la honra y de propiedad, en virtud de haber sido sancionado por no incumplir el principio de control jerárquico sobre un trabajador de una empresa privada que jamás ha sido mi subalterno. Que en el contexto de que con fecha 22 de diciembre de 2016, tal y como consta en los hechos establecidos en la vista fiscal que se adjunta, mediante Ordinario N° 7553, el Servicio de Salud del Maule instruye que todas las licencias médicas recibidas a contar del 01 de enero de 2017 sean procesadas en su totalidad por el Hospital de Talca. Dicho proceso, fue auditado por el Contador Auditor nombre reservado quien según los mismos hechos anotados en la vista del Fiscal, pudo constatar que el manual respectivo se encontraba inconcluso y que no tenía resolución recomendando “capacitación específica de los funcionarios de licencias médicas”. Es decir que el informe del señor nombre reservado constata que en abril de 2017 no existían las condiciones suficientes para que pudiera llevarse a cabo la función recién encomendada por el Servicio de Salud del Maule. Es en este contexto, con las complejidades advertidas por don nombre reservado y en conocimiento del servicio, es que doña nombre reservado, funcionaria que depende jerárquicamente de doña nombre reservado, Jefa del departamento de Gestión de Personal, envió el 31 de julio de 2017 un correo electrónico dirigido a don nombre reservado, con copia a doña nombre reservado y a mí. Dicho correo decía lo siguiente: “Junto con saludarle, mediante el presente, me permito solicitar el cálculo de reembolso Subsidio de las licencias médicas de tipo Accidente de Trabajo o del Trayecto y Enfermedad Profesional, que se detallan a continuación, de las cuales, adjunto copia de licencia, Informe de Cálculo y las últimas tres liquidaciones correspondientes.” para luego listar una tabla con 2 columnas: Nombre y Número Licencia, como puede apreciarse a fojas 14 del expediente sumarial (fojas que se acompañan a esta presentación). El mismo correo fue enviado por doña nombre reservado a don nombre reservado el 23 de noviembre de 2017. El asunto es que este correo no fue respondido sino hasta diciembre de dicha anualidad y de una manera inentendible para mi, el fiscal sumarial asocia esto al hecho de que Doña nombre reservado no envió las licencias en la oportunidad correspondiente, motivando así la instrucción del sumario ordenado por Resolución Exenta N° 1587. En este contexto, se ha formulado un único cargo en mi contra que versa de la siguiente manera: “Que, en su calidad de Jefe del Subdepartamento de Cobranza tomó conocimiento del correo electrónico del 31 de Julio de 2017 enviado por doña nombre reservado a don nombre reservado, en que solicitaba el cálculo de reembolso de subsidio de 49 licencias tipo 5 y no controló que la respuesta a él se diera en forma oportuna, respuesta que se dio el 7 de Diciembre de 2017. Lo que significó que con esta omisión se impidió que se realizara oportunamente las gestiones de cobranza para el pago de subsidio con el Instituto de Seguridad Laboral, por parte de la Unidad de Licencias Médicas.”.

Agrega que lo anterior transgrede lo dispuesto en: El artículo 64 letras a) del Estatuto Administrativo (Ley 18.834), el cual señala: “Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. En relación con lo instruido en la resolución Exenta Nro. 6045 de 21 de Junio de 2017, que aprobó el manual de Procesos de Cobranza; La ley 19.345; y dictámenes de SUSESO que establecen el plazo de 6 meses para tramitar las licencias médicas una vez obtenida la resolución por parte de COMPIN. El cargo se sostiene con lo que consta a fojas 3, 11,14, 779, 780, 795, 845 y ss, 941, 943, 972, 999, 1001 (v) 914 y siguientes.”. Pero lo cierto es que difícilmente podría este funcionario haber incurrido en una vulneración grave de las obligaciones contenidas en el artículo 64, particularmente de su literal a) en virtud de que NO TENGO PERSONAL BAJO MI DEPENDENCIA, asunto que puede evidenciarse no solo de los sistemas de registro que el mismo hospital recurrido posee, sino del mismo sumario instruido por Resolución Exenta N° 1587 y de los mismos antecedentes que han sido tomados por el fiscal para levantar el único cargo que se me imputa. Tal y como puede evidenciarse en la página 6, específicamente en el número 5 de la resolución exenta 2874 del 6 de mayo de 2021, no existe ningún acto administrativo formal, es decir en los términos que la constitución establece, que me invista en un cargo de jefatura, es decir que me de facultades para ejercer el control jerárquico de otro funcionario, a lo sumo existen firmas de correos electrónicos en que nominativamente se señala que mis funciones serian de jefatura. Relata la resolución precitada “El manual aprobado por la Resolución Exenta Nro 4156 de 2017 puso un procedimiento en que se remitía antecedentes a Cobranza para efectuar recálculo bajo este mandato fue que se remitió por funcionario bajo su control; lo anterior se entiende desde el momento en que asumió en la comunicación, el cargo de jefatura, ya que así fue como firmaba los correos electrónicos que obran en el expediente, lo que permite sostener que junto con denominarse de esta manera debió tener un control de los requerimientos que se le hacían, especialmente cuando teniendo conocimiento expreso, al ser copiado para propiciar la pronta respuesta.”. Intenta la resolución exenta 2874 del 6 de mayo de 2021 y que rechaza el Recurso de Apelación presentado por ésta parte, sostener dos cosas que no son ciertas, y cuya veracidad no es interdependiente, es decir que una no es conditio sine qua non de la otra: que poseo un cargo de jefatura y que don nombre reservado es mi subalterno.

Expresa que en el documento titulado “VISTA FISCAL EN SUMARIO ADMINISTRATIVO”, de fecha 2 de septiembre de 2020 y que figura en el sumario administrativo sin fojar, particularmente en la página 8, número 9), se ha sostenido que “nombre reservado era trabajador de empresa externa de Servicios profesionales nombre reservado que proveía servicios administrativos, en modalidad de compra de servicios, NO era funcionario del Hospital, y dependía directamente de don nombre reservado, Fojas 809.”. Este contradictorio pasaje del sumario es profundamente relevante y si bien basta con el hecho de que don nombre reservado no sea funcionario del hospital para descartar la posibilidad de cualquier tipo de control jerárquico, al revisar la citada foja 809 el asunto queda totalmente resuelto. ¿Qué hay en la foja 809? Un certificado firmado por doña nombre reservado, Jefe de Gestión de Personal del Hospital Regional de Talca en el que acredita que don nombre reservado “desde el 01 de mayo del 2017 se desempeña como Administrativo, modalidad Compra de Servicio para la Empresa de servicios Profesionales nombre reservado, en la UNIDAD DE FINANZAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.”. Es decir que la misma foja que genera la convicción del Fiscal es la prueba fehaciente de que don nombre reservado no se desempeñaba siquiera en mi unidad. Sin perjuicio de todo lo anteriormente dicho, sostiene el artículo 6° de la Constitución Política de la República que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.” y así mismo sostiene el artículo 7° de la misma carta fundamental que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.” Y lo cierto es que la firma de un correo electrónico difícilmente puede satisfacer los supuestos establecidos por la Constitución.

Sostiene que, en resumen, podría decirse que estoy siendo sancionado por no ejercer el control jerárquico sobre una persona que no es mi subordinado, asumiendo que ostento una jefatura para la que jamás he sido investido conforme al ordenamiento jurídico y por las omisiones de una persona que no es funcionario del hospital y cuyos servicios fueron contratados para un departamento que no es aquel en que me desempeño. A esto último debe agregarse que el envío oportuno de las licencias no depende en absoluto de la respuesta con el recálculo que pueda enviar don nombre reservado, ósea además se me imputa responsabilidad residual sobre un problema que nada tiene que ver conmigo y que ha sido relatado en términos poco veraces, ya que la no respuesta del correo no tiene una relación causa-efecto con “que se realizara oportunamente las gestiones de cobranza.”. Como consta en la resolución Exenta 6045 del 21 de junio de 2017 que aprueba “El Manual de Procesos de Cobranza del Hospital Regional” los procesos que debe realizar el sub-departamento de cobranza son 4: Facturación, Cobranza, Gestión de Documentación para cobro de SOAP y Gestión de Cobro de Licencias Médicas. En este último proceso, detallado en el acápite 1.4 de dicho manual se desglosa que todos y cada uno de los subprocesos listados tienen como responsable y participante al cargo de administrativo sub-departamento de cobranza y no su "Jefe” como se me ha estado nombrando. En concreto no he incumplido ninguna de mis funciones. En términos muy simples se me acusa de no cerciorarme que una persona externa al hospital, respondiera un correo para satisfacer un proceso que no tiene ningún impacto en los fines de la función que otro departamento debe desempeñar, lo que de haber acontecido implicaría inobservar los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República ya que no está dentro de mis atribuciones y de que jamás he sido investido en un cargo que posea subalternos. Nadie está obligado a lo imposible, no tengo ninguna herramienta para ejercer control jerárquico sobre don nombre reservado, es más aún, no puedo otorgarle o denegarle permisos administrativos, no puedo firmar sus vacaciones, no participo de su proceso calificatorio (si es que lo tiene), ¿por qué?, sencillo, porque no soy su jefe. En todos estas décadas de funcionario público jamás he sido objeto de un sumario administrativo y hoy, injustamente, se me está sancionando por no ejercer el control jerárquico sobre quien no es mi subalterno, para supervisar un proceso ajeno a mi unidad y explícitamente fuera de mis funciones, todo esto sencillamente por haber sido copiado en el envío de un correo electrónico.

Expresa que infringiéndose manifiestamente estos principios que deben regir el procedimiento disciplinario y la acción de la administración con la sanción que se me aplica, se hizo procedente la invalidación de aquellos actos conducentes a la aplicación de una medida disciplinaria en mi contra por los hechos relatados, en virtud del artículo 53 de la ley 19.880, presentación que fue realizada con fecha 28 de Julio del presente año pero que fue extrañamente rechazada en virtud de que contraloría no hubiera tomado razón de dicho acto administrativo, asunto que no ocurrió hasta septiembre de 2021 y no me nombre reservado sino hasta el día 08 de octubre de este año. Como efecto de la injusta, arbitraria e ilegal sanción que se me ha aplicado y que ha quedado firme el día 08 de Octubre de 2021, pierdo de inmediato el Bono de Diciembre de $688.056 correspondiente a la Ley N° 19.490, según me indicó el mismo servicio. También me señalaron que no recibiré el bono de cumplimiento de metas que se entrega en Noviembre de este año, no cuantificado a la fecha. Por la aplicación de la Nota de Demérito estaría en el tramo tres de la Ley N° 19.490, lo que implicaría que el año 2022, los 4 bonos que me corresponden en el año, me bajarían a $ 288.694.- y no los $ 750.605.- que me corresponden por mis calificaciones y antigüedad, esto de acuerdo a la tabla de valores de este año, el próximo año se reajusta, por lo cual los valores son estimados. Todos estos hechos por supuesto han devenido en una profunda afectación de mi salud física y psíquica, como también de mi honra, toda vez que el injusto proceso y la injusta sanción afectan un pilar fundamental de mi vida, mi integridad profesional.

En lo tocante al derecho vulnerado, sostiene que nuestra Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” y lo cierto es, que sobre mis remuneraciones tengo un derecho de propiedad que la parte recurrida ha vulnerado de forma consistente.

Sostiene a este respecto el Código Civil en su artículo 583 que “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”, tal cual se da respecto de las remuneraciones, como ha reconocido ampliamente la jurisprudencia nacional, por ejemplo en el fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N° 16.671-2017 al señalar: “SEPTIMO: Que de acuerdo con lo expresado aparece que la autoridad recurrida vulneró la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que se efectuaron descuentos a sus remuneraciones y se les amenazó con continuar ejecutándolas a los funcionarios a cuyo favor se recurre, específicamente, con privarlos de una parte de sus remuneraciones.”. El derecho de propiedad solo puede limitarse en los términos señalados en el ya citado artículo 19 N° 24, que sostiene “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”. Y lo acontecido es que en base a una decisión totalmente ilógica, que además atenta contra la norma administrativa de manera evidente, el recurrente ha vulnerado los derechos que me consagra la constitución en su artículo 19 N° 24.Todo lo relatado tiene el efecto concreto de eliminar de mi remuneración varios montos de dinero desde que la decisión ha quedado firme, asunto que me nombre reservado el 08 de Octubre de 2021. El primero de estos montos que debería pagarse en el mes de diciembre de este año corresponde a $688.056 por ejemplo, esto de acuerdo a lo sostenido en la ley N° 19.490. El segundo de estos montos y según me ha indicado la propia institución recurrida, corresponde a un bono de cumplimiento de metas que se entrega en Noviembre de este año y que aún no ha sido cuantificado. Asimismo la recurrente me ha indicado que además de estos montos existen 4 bonos que no percibiré enteramente el año 2022 a propósito de la sanción impuesta, en vez de los $750.605 que corresponderían apenas recibiría $286.694, asumo que estos valores son estimados ya que podrían ser reajustados. Es decir que por el simple hecho de no cerciorarme de que una persona que trabaja para una institución privada contestara un correo necesario para el cumplimiento de una función que no es para la que me desempeño, la institución recurrida, en un acto arbitrario e ilegal ha decidido sancionarme, afectando derechamente el derecho de propiedad que tengo sobre mis remuneraciones. Es decir fui sancionado por no cumplir con una tarea que no está dentro de mis funciones.

Respecto del derecho consagrado en el artículo 19 N° 1, señala que nuestra constitución, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física, y es del caso que la situación en la que me he visto involucrado atenta abiertamente contra mi integridad. He sido un funcionario intachable durante toda mi carrera, he sabido con esmero y dedicación cumplir cuanta tarea ha sido necesaria para el correcto desempeño de mi cargo, y evidentemente afecta mi integridad física y psíquica el hecho de que se me impute una responsabilidad que no tengo y se me sancione a propósito de faltas que jamás he cometido. El hecho de verme involucrado en este injusto y absurdo proceso en que a propósito de una simple firma de correo el recurrente incorpora una serie de funciones que jamás he tenido, para luego consignar en mis antecedentes funcionarios que he incumplido con lo que durante tantos años me he esmerado por cumplir, el correcto e intachable desempeño de mi cargo. Todos los sinsabores de lo narrado me tienen actualmente con tratamiento psicológico por parte de la psicóloga del CEPA (Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca) y me impiden desarrollar con normalidad mis actividades cotidianas, ya que mi autoestima y seguridad han ido decreciendo por el cuestionamiento a mi integridad funcionaria y a mi conducta intachable, por todo lo que necesariamente implica el proceso y la sanción sustanciadas en mi contra. Actualmente me encuentro en tratamiento por un trastorno de ansiedad que tiene su origen en el sumario y la sanción que se me impuso, además de presentar permanentes cefaleas intensas y desánimo.

En lo tocante al derecho consagrado en el artículo 19 N° 4, manifiesta que también este asunto ha generado una profunda afectación de su honra, toda vez que lo que está en juego no solo es mi salud y mi patrimonio sino también mi prestigio y reputación. Tengo una amplia e intachable vida funcionaria, lo que me enorgullece, pero todo este injusto proceso y la ya indicada sanción atentan contra mi imagen y mi honor. Llevo más de 36 años trabajando como funcionario público, mi experiencia y probidad son reconocidos por mis pares, por mi familia y en el fondo por mi entorno. Mi conducta intachable y mi permanente disposición son identitarios y característicos y a pesar de jamás haber cometido una falta como la que se me imputa, hoy estoy condenado y sancionado por un acto ilegal y arbitrario asunto que por supuesto es de conocimiento de todo mi entorno laboral y familiar. Respecto del derecho consagrado en el artículo 19 N° 3, refiere que como puede concluirse de los hechos relatados en el presente recurso y de los documentos que se acompañan, el procedimiento disciplinario que motiva la sanción que se impone y que da origen a este recurso, ha infringido a los menos cuatro principios que deben estar presentes en la función jurisdiccional que ejerce esta administración en mi contra, el principio de legalidad, el de tipicidad, el de proporcionalidad y el principio pro-reo. Como bien señala nombre reservado “La Responsabilidad Administrativa emana del Estado de Derecho en cuanto forma jurídico política de organización estatal y se puede conceptualizar como el atribuir sanciones a una determinada conducta -activa u omisiva- por infracción de normas prohibitivas o imperativas atingentes a la función administrativa.” Y es justamente esta atingencia la que no se cumple en la especie. Son tres los elementos objetivos los que constituyen dicha responsabilidad como bien señala Aldunate: acción u omisión; la contravención a una norma del bloque de legalidad preestablecida y la oposición entre la conducta y la norma. Elementos objetivos que no estando presentes en el caso de marras, ni siquiera vale la pena pronunciarse sobre aquellos de carácter subjetivo. Es decir que la sanción impuesta se riñe a lo menos con cuatro principios que deben estar presentes en la función jurisdiccional que ejerce esta administración en mi contra, el principio de legalidad, el de tipicidad, el de proporcionalidad y el principio pro-reo. A priori el principio de legalidad se ve afectado toda vez que se me sanciona en virtud de atribuirse a mi persona funciones que no tengo y para las cuales no he sido legalmente investido como se ha señalado previamente, artículos 6 y 7 de la Constitución. Como bien ha sostenido nombre reservado para la revista Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso N° 42 “El propio Tribunal Constitucional ha hecho la distinción al señalar que "[...] es necesario destacar los principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta.".

En este sentido, lo cierto es que en materia administrativa en virtud de la compleja realidad que engloba las conductas, deberes y obligaciones que componen la función pública, el principio de tipicidad en particular tiene por objeto que los particulares tengamos la certeza de tales conductas, deberes y obligaciones con el fin de adecuar nuestra conducta a lo exigido y tal como sostiene nombre reservado: “Al mismo tiempo, dicha conducta es en principio legítima, salvo que el propio legislador determine que debe ser prohibida y sancionada, cuestión de estricta reserva legal.” Lo que en el caso concreto se traduce en que no puedo ser sancionado por no ejercer control jerárquico sobre alguien que no es mi subalterno. Y aunque lo fuera, como ya se dijo, nadie está obligado a lo imposible, no tengo ninguna atribución en virtud de la cual pueda impartir instrucciones a una persona que no es funcionaria del hospital, no al menos dentro del contexto de la función pública y menos en el contexto de un proceso que no depende de forma alguna de las funciones que desempeño. Como bien ha sostenido la Corte de Apelaciones de Valparaíso en su Sentencia rol Protección-9146-2018, la vulneración de todas estos principios que deben regir el procedimiento hace que la vulneración sufrida sea directamente a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° y así puede desprenderse del considerando OCTAVO de la sentencia referida y que a continuación se cita: “En consecuencia, se estima que lo obrado por la recurrida en el procedimiento disciplinario y sancionatorio materia de este recurso, se ha apartado de la normativa que debe regir el ejercicio de las potestades disciplinarias de una entidad como el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, actuación que ha vulnerado el derecho constitucional establecido en el artículo 19 N 3 inciso quinto de la Constitución política de la República, esto es nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta, con anterioridad a la perpetración del hecho, toda vez que de la manera como se arriba la aplicación de las sanciones a los recurrentes, queda de manifiesto que el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Superior de Disciplina, devinieron en una comisión especial no prevista por la Ley.”

Agrega que en este sentido, la sanción que se me aplica es ilegal, toda vez que no se cumplen los presupuestos para la observancia del principio de tipicidad, no tengo jerarquía para ejercer el control jerárquico, y a sí mismo no se cumple el principio de legalidad. La proporcionalidad de la sanción tampoco se cumple, ya que de pensar que hubiera una falta administrativa (que no existe), el que no se haya enviado el correo no impide el envío de las respectivas licencias para su cobro y en este mismo sentido tampoco se cumple el principio pro-reo toda vez que se asume que tengo una jefatura mediante una conjetura errada (firma de un correo), lo que necesariamente genera que la autoridad jurisdiccional que se sanciona devenga en una especie de comisión especial no prevista por la Ley. Que como puede apreciarse de lo anteriormente relatado, los hechos que motivan la presente acción de protección, justamente dicen relación con la vulneración de derechos fundamentales que actualmente sufre este recurrente; particularmente los derechos consagrados por el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental; vulneración que es producida por los actos y omisiones del recurrido que mantiene hasta la fecha de la presentación de este recurso, afectando mis remuneraciones producto de la aplicación de una sanción decretada de manera ilegal, en virtud de que su fundamento descansa en entregarme más funciones que las que la constitución y la leyes me confieren, asunto que atenta contra lo establecido en el artículo 6 y 7 de nuestra carta fundamental. Todos estos actos han surgido a la vida del derecho, así como la afectación de mi derecho de propiedad, con la notificación de la resolución N° 0003 del 3 de mayo de 2021, que recibí el día 08 de octubre del presente año y que contiene una resolución desfavorable para mí, consistente en la representación por escrito a este funcionario, de lo cual se dejará constancia en mi hoja de vida funcionaria, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente, afectando el derecho que me garantiza el artículo 19 N° 1, 3 inciso 5°, 4 y 24 de la Constitución, contraviniendo expresamente lo dispuesto por la constitución respecto de las limitación al derecho de propiedad.

Respecto del plazo para la interposición de este tipo de acciones constitucionales, es menester señalar que se encuentra absolutamente vigente ya que el acto que deja la decisión del recurrido firme, recién me fue notificada con fecha 08 de octubre de 2021, esto en concordancia con el artículo 1° del Auto Acordado que regula la tramitación del recurso o acción de protección y que señala: “El recurso o acción de protección se interpondrá... dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. Como bien ha de saber SSI., no podría haberse recurrido con anterioridad, ya que la Resolución Exenta N° 5191 de fecha 20 de septiembre de 2020 recién cumplió el trámite de toma de razón en el mes de septiembre del presente año, asunto que me nombre reservado recién el 08 de octubre de la misma anualidad, por lo que antes no se encontraba firme. Siguiendo a nombre reservado, el autor señala que en aquellos procedimientos administrativos complejos, el plazo debe contarse desde el acto administrativo final: “En efecto, mientras no se haya terminado la serie consecuencial, que origina el acto administrativo final, no es posible considerar que la ilegalidad haya causado vulneración de un derecho constitucional”. Por lo tanto SSI., no cabe duda de que éste recurso es temporáneo, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado del Recurso de Protección.

SEGUNDO: Que, doña nombre reservado don nombre reservado, abogados, en representación del Hospital Regional de Talca, evacuando el informe, solicitan que se rechace el recurso, con costas; argumentando que los hechos que fundan el recurso de protección se refieren a lo acontecido en tramitación de procedimiento disciplinario instruido por la Resolución Exenta Nro. 1587, del 08 de Marzo de 2018, por lo que el informe se remite al expediente sumario iniciado por dicha resolución. Explican que: 1) La Resolución Exenta Nro. 1587 de 2018 instruyó sumario Administrativo "a fin de esclarecer la prescripción del derecho a reembolso por concepto de licencias médicas así declarado a través de oficio N° 01 de 02.01.2018 y oficio 136 cd 31.01.2018, ambos del instituto de Salud Laboral, determinar si existió falta administrativa y de todo otro hecho de que tome conocimiento en el trascurso de la investigación".2) En vista fiscal del 14 de Junio de 2018, que rola a fojas 827 y siguientes del expediente disciplinario, se propuso sancionar a la funcionaria nombre reservado, por el cargo que en su función de encargada de licencias médicas del Hospital de Talca, omitió diligenciar oportunamente el cobro al Instituto de Salud Pública de las licencias médicas profesionales tipo 5 (accidente de trabajo) y 6 (Enfermedad profesional) que se contienen en los oficios números 7594 de 13.12.2017 y N° 258 de 17.01.2018, ambos del hospital. Al enviarlos a cobro en forma extemporánea no fueron pagados los subsidios por el Instituto de Salud Laboral por encontrarse las licencias médicas prescritas. Originando una pérdida para la institución. Vulnerando con lo anterior lo dispuesto en el artículo 61 letra c) en la parte que indica. Realizar sus labores con dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución. 3) La Resolución Exenta Nro. 3604, del 18 de Junio de 2018, (Fojas 829), sancionó el sumario, acogiendo la vista fiscal; y la Resolución Exenta Nro. 5094, del 06 de Agosto de 2018 (Fojas 832), dejó firme lo resuelto, y fue registrada el 17 de Diciembre de 2018 en la Contraloría Regional del Maule. 4) Mediante el Ordinario 7311, del 11 de Octubre de 2019, la Contraloría Regional del Maule (Fojas 845), un año después de haberse encontrado concluido el sumario y ya registrada y aplicada la sanción, ordenó la reapertura del sumario administrativo, motivado en que se habían omitido diligencias relativas a determinar las responsabilidades administrativas y civiles de las jefaturas de las diversas unidades intervinientes en el proceso de cobro de subsidios de licencias médicas, esto es el departamento de gestión de personal, el departamento de finanzas y el subdepartamento de cobranzas, especialmente derivadas de la falta de control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y personal a su cargo, y de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y planes, y aplicación de normas, y la legalidad y oportunidad de sus actuaciones, al no haber efectuado una adecuada supervisión sobre el diseño y la correcta ejecución de los procesos de gestión de recepción de licencias médicas y de cobranzas de los subsidios materia de su competencia. El antecedente para esta instrucción fue oficio de Abogado Procurador Fiscal de Talca, del Consejo de Defensa del Estado, en que comunicó que no iniciaría acciones legales en contra de doña nombre reservado, con objeto de hacer efectiva su responsabilidad civil determinada en el sumario. 5) La Resolución Exenta Nro. 7365, del 21 de Octubre de 2019, (Fojas 849) ordenó la reapertura del sumario; mientas que la Resolución Exenta Nro. 8700, del 23 de Diciembre de2019 (Fojas 861), nombro fiscal. 6) El 31 de Julio de 2020 (fojas 1314), se formuló cargo único al recurrente nombre reservado, que es del siguiente tenor: "Que, en su calidad de Jefe del Subdepartamento de Cobranza tomo conocimiento del correo electrónico del 31 de Julio de 2017 enviado por doña nombre reservado a don nombre reservado, en que solicitaba el cálculo de reembolso de subsidio de 49 licencias tipo 5 y 6, y no controló que la respuesta a él se diera en forma oportuna, respuesta que se dio el 7 de Diciembre de 2017. Lo que significó que con esta omisión se impidió que se realizara oportunamente las gestiones de cobranza para el pago de subsidio con el Instituto de Seguridad Laboral, por parte de la Unidad de Licencias Médicas." El hecho descrito constituye una vulneración grave de las obligaciones funcionarias contenidas en el artículo 64 letra a) de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo que dispone "Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de las actuaciones del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones"; en relación con lo instruido en la Resolución Exenta Nro. 6045 del 21 de Junio de 2017, que aprobó el Manual de Procesos de Cobranza; La Ley 19345; y dictámenes de SUSESO que establecen el plazo de 6 meses para tramitar las licencias médicas una vez obtenida la resolución por parte de COMPIN. El cargo se sostiene con lo que consta a fojas 3, 11, 14, 779, 780, 795, 845 y ss, 941, 943, 972, 999, 1001 (v) 914 y siguientes.". 7) El cargo expresamente señaló los documentos en que se sustentaba, estos son: Fojas 3, Memorándum Nro. 485, del 16 de febrero de 2018, de doña nombre reservado, Jefe de Personal, a don nombre reservado, Subdirector Administrativo, informando del incidente por cobro de licencias. Fojas 11, Declaración de doña nombre reservado, Jefe de personal de la época, de fecha 9 de Marzo de 2018. Fojas 14, Correo electrónico de fecha 31 de Julio de 2017, en que se encuentra copiado el Recurrente don nombre reservado, en que se solicita el cálculo de reembolso para subsidio de licencias., y reiteración del mismos de fecha 23 de Noviembre de 2017. Fojas 779, Memorándum Nro. 41, del 08 de Marzo de 2018, de doña nombre reservado, Jefe(s) de Departamento de Gestión Financiera, a don nombre reservado, Subdirector Administrativo, informando del análisis de lo acontecido en el contexto del cobro da ISL de licencias médicas del año 2017. En él se reconoce que el 31 de Julio de 2018 se recibió correo electrónico al encargado Sr. nombre reservado solicitando el recalculo de licencias, que no fueron procesados en su oportunidad; y cuando vuelve a ser solicitadas don nombre reservado le da prioridad a esta actividad. Fojas 780 y siguientes, Informe de fecha 23 de Enero de 2018, de don nombre reservado a nombre reservado, en el que se le califica como JEFE SUB DEPARTAMENTO COBRANZA, en que informa cuadro detalle de licencias médicas correspondientes a funcionarios del Hospital. Fojas 782, se encuentra correo electrónico, de fecha 7 de febrero de 2018, enviado por don nombre reservado a nombre reservado, comunicando mejorar al proceso de cálculo de licencias, en el que firma como JEFE SUB DEPARTAMENTO COBRANZA. Fojas 795 y siguientes, DECLARACIÓN de don nombre reservado, de fecha 9 de Marzo de 2018, donde se individualiza como como JEFE SUB DEPARTAMENTO COBRANZA, suscribiendo el mismo acto. Fojas 845 y siguientes, esto es copia del Ordinario Nro. 7311 del 11 de Octubre de 2019, de La Contraloría Regional del Maule, en que expresamente manifiesta que se omitió diligencias relativas a determinar las responsabilidades administrativas y civiles de las jefaturas. Fojas 941 y siguientes, DECLARACIÓN de don nombre reservado, de fecha 21 de Enero de 2020, donde se individualiza como como oficial administrativo, en que es consultado por el organigrama del subdepartamento de cobranza, señalando que "Esta el encargado que soy yo, además está el encargado de cobro de licencias médicas, el encargado de cobro de facturación y dos funcionarios encargados de SOAP. Al ser interrogado por quien es el encargado de las licencias médicas respondió que durante 2017 a junio de 2018 estaba nombre reservado, que no era funcionario; fue preguntado por los antecedentes que conocía y manifestó que nombre reservado no hizo el recalculo a tiempo, esto es al día siguiente, porque el correo no informaba cual era la urgencia y tiempo de prescripción, para poder priorizar. Al ser preguntado por la supervisión que hacía como encargado respondió que cuando hay requerimientos llegan correos y ve que estén copiados los encargados, si están dirigidos se da por enterado de que ya saben lo que tienen que hacer; el día a día no revisa si se ejecutó o cumplió lo que tenía que hacer, porque si fuera así estaría dedicado a vigilar lo que hacen, y tiene que cumplir su función. Monitorea si hay algún reitero. Al ser consultado si existía comunicación entre jefatura de personal y él respondió que tuvieron reunión en mayo de 2017. Al preguntarle si tenía algo más que agregar señaló quien trata de sacar todos los años instructivos a los funcionarios, señalando importancia de cumplir, acompañándolo a la declaración, así quedó a fojas 947, donde consta correo electrónico enviado por nombre reservado, el 5 de abril de 2017, entre los destinatarios se encontraba don nombre reservado, y en el que FIRMA COMO JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE COBRANZA. Fojas 943, se encuentra correo electrónico de fecha 20 de Enero de 2020, en que don nombre reservado reenvía correo electrónico de fecha 30 de Marzo de 2017, de nombre reservado, en el que él era copiado. Siempre firmando como JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE COBRANZA. Fojas 972 y siguientes, copia de Manual de Procesos de Cobranza, de Junio de 2017; que en la página 999 del expediente (54 del manual) consta el deber de recalculo del administrativo del subdepartamento de Cobranza y en la página 1001 (v) del expediente (59 del manual) se establece la responsabilidad del jefatura subdepartamento de cobranza. Fojas 914 y siguientes, declaración de doña nombre reservado, Jefa de Personal de la época, de fecha 16 de Enero de 2020. El cargo único nombre reservado el 31 de julio de 2020 (fojas 1315). 8) El 7 de Agosto de 2020 (Fojas 1339), el recurrente nombre reservado, formuló descargos, en los que no negó su calidad de jefatura, por el contrario señaló "antes esto puedo agregar que sí se efectuó control, priorizando correos anteriores por cierre contable, ajuste y requerimiento no solo a esta área sino también a las demás unidades dependientes del suscrito.". 9) En vista fiscal del 02 de Septiembre de 2020 se establecieron los hechos, que, para efectos de lo requerido informar, fueron: El Ordinario Nro. 7553, del 22 Diciembre de 2016, de Servicio de Salud del Maule, instruyó que todas las licencias médicas recibidas a contar del 01 de Enero de 2017 sean procesada en su totalidad por el Hospital de Talca. (Fojas 970), motivo por el cual a contar del 01 Enero de 2017 las licencias médicas comienzan a ser tramitadas por Gestión de Personal del Hospital de Talca, previamente eran tramitadas por el Servicio de Salud Maule. El 10 Abril de 2017 Informe de Auditoría de Licencias Médicas, solicitado por nombre reservado, enviado por Contador Auditor nombre reservado (Fojas 1282). Tuvo por objeto monitorizar el cumplimiento del Ordinario Nro. 7553 sobre procesos de recuperación de los subsidios por incapacidad laboral. 10) La Resolución Exenta Nro. 4156, del 18 Mayo 2017, aprobó Manual de Tramitación de licencias médicas. La funcionaria de nombre reservado, el 31 Julio de 2017, envió correo electrónico a nombre reservado de finanzas (Con copia a jefatura nombre reservado y nombre reservado) con 49 licencias aprobadas por COMPIN solicitando el recalculo del subsidio. (Fojas 14). El Manual de Tramitación de licencias médicas, vigente a la época, no requería de respuesta aprobación de COMPIN para envió a recalculo en finanzas, sino que establece que este proceso debe realizarse en paralelo. El Sr. nombre reservado era trabajador de empresa externa de Servicios profesionales nombre reservado, que proveía servicios administrativos, en modalidad de compra de servicios, NO era funcionario del Hospital, y dependía directamente de don nombre reservado. (Fojas 809). 11) La Resolución Exenta Nro. 6045 del 21 Junio de 2017 aprobó el Manual de Cobranza de licencias médicas. (Fojas 972). El 23 Noviembre de 2017 la funcionaria nombre reservado reitera email a nombre reservado, solicitando el recalculo de las licencias informadas el 31 Julio de 2017. El 7 Diciembre de 2017 nombre reservado responde correo electrónico informando el recalculo de las licencias. El Oficio 7594 del 13 Diciembre de 2017 del HRT enviado a ISL solicitando el pago de las 49 licencias. (Redactado por Gestión de personal). (Fojas 6). El 21 diciembre de 2017 nombre reservado envió correo electrónico a nombre reservado de finanzas (Con copia a jefatura nombre reservado y nombre reservado) con 54 licencias solicitando el recalculo de licencias aprobadas por COMPIN. El 27 Diciembre de 2017 nombre reservado de finanzas responde correo electrónico. Oficio Ordinario Nro. 03/2018, del 02 Enero de 2018, de ISL, que indica no era posible gestionar el pago (Solicitado en oficio 7594) por haber transcurrido el plazo de 6 meses de emitida la resolución por parte del COMPIN, por lo que no era posible realiza el reembolso, porque las licencias se encontraban prescritas. Vencieron en noviembre de 2017. (Fojas 5). En el mismo documento se propuso aplicar al funcionario nombre reservado, recurrente, la sanción administrativa contemplada en el artículo 121 letra a) y 122 del Estatuto Administrativo, esto es CENSURA, dejando constancia en la hoja de vida funcionaria, con anotación de demerito de 2 puntos, al considerar que se tuvo por cumplido el cargo único. 12) La Resolución Exenta Nro. 5191, del 24 de Septiembre de 2020, consideró al recurrente, don nombre reservado, como autor de la falta administrativa descrita en el cargo único, que ya fue transcrito, y aplicó la sanción contemplada en el artículo 121 letra a) y 122 de la Ley 18.834, esto es CENSURA, consistente en la representación por escrito al funcionario, de lo cual se deja constancia en su hoja de vida funcionaria, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente. 13) EL 06 DE OCTUBRE DE 2020 EL SR. nombre reservado DE LA RESOLUCIÓN NRO. 5191, DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, al recibir copia íntegra de ella. 14) El 7 de octubre de 2020 el Sr. nombre reservado solicitó copia íntegra del expediente y ampliación de plazo. 14) El Sr. nombre reservado formuló escrito que denominó apelación, en contra de la Resolución 5191, del 24 de Septiembre de 2020, en el argumentó que no transgredió la normativa porque no posee resolución de nombramiento del cargo de jefatura del entonces Subdepartamento de Recaudación y Cobranza, entre otros argumentos. 15) La Resolución Exenta Nro. 2874, del 06 de Mayo de 2021, resolvió los recursos presentados por los sumariados, entre los que se encuentra el Sr. nombre reservado, respecto a él, resolvió rechazar su recurso, para esta conclusión se razonó que "El manual aprobado por la Resolución Exenta Nro. 4156 de 2017 dispuso un procedimiento en que se remitía antecedentes a Cobranza para efectuar recalculo y bajo este mandato fue que se remitió por funcionario de gestión de personal antecedentes a trabajador contratado que estaba bajo su control; lo anterior se entiende desde el momento en que asumió, en la comunicación, el cargo de jefatura, ya que así fue como firmaba la los correos electrónicos que obran en él expediente, lo que permite sostener que junto con denominarse de esta manera debió tener un control de los requerimientos que se le hacían, especialmente cuando teniendo conocimiento expreso, al ser copiado para propiciar la pronta respuesta. En esta labor no puede ser considerado como antecedente que aminora la responsabilidad el hecho de existir exceso de trabajo en un periodo puntual, esto para justificar la falta de respuesta oportuna, especialmente si se considera el largo tiempo que tomó la respuesta. Sin perjuicio de lo anterior, consta que la resolución apelada valoró y efectuó el debido juicio de proporcionalidad al momento de disponer la medida disciplinaria, motivo por el cual se mantendrá lo resuelto.". 16) El 13 de mayo de 2021 el sr. nombre reservado personalmente de la Resolución Nro. 2874, del 06 de Mayo de 2021, al recibir copia íntegra de ella.

Agrega que La Resolución Afecta Nro. 3, del 03 de Mayo del año 2021, dejó firme la sanción aplicada en la Resolución 5191, del 24 de Septiembre de 2020. El Ordinario Nro. 2643, del 14 de Mayo de 2021, remitió el expediente del proceso disciplinario instruido por la Resolución Exenta Nro. 1587 del año 2018, para Toma de Razón, ello en consideración a lo dispuesto en el artículo 11 Nro. 5 de la Resolución Nro. 6, del año 2019, de la Contraloría General de la República. El 22 de Julio de 2021, el SR. nombre reservado efectuó presentación en que solicitó la invalidación de las Resoluciones Exenta Nros. 2874 de 2021 y 5191 de 2020. La Resolución Exenta Nro. 6137, del 28 de Julio de 2021, rechazó la solicitud de invalidación. El Ordinario Nro. E23238 del 29 de Septiembre de 2021, de la Contraloría Regional del Maule, informa que registró con alcances la Resolución Nro. 3 de 2021, estimando que se ajusta a derecho. Por medio del Memorándum Nro. 206, del 06 de Octubre de 2021, de doña nombre reservado, Jefe de Departamento Jurídico, a don nombre reservado, Jefe de Gestión de Personal, remitiendo copia de las Resoluciones 1587 de 2018, 7365 de 2019, 5191 de 2020 y Resolución Afecta Nro. 3, de 2021, tomada de razón, a fin de aplicar y registrar la sanción. El 08 de Octubre de 2021 nombre reservado don nombre reservado de la Resolución Nro. 3 del 13 de Mayo de 2021, tomada de razón. El 08 de Octubre de 2021 fue registrada la sanción en registro de Listado de Sumario y la anotación de demérito de dos puntos en el registro de listados de mérito y deméritos.

Sostienen que el recurrente acciona de protección solicitando dejar sin efecto la Resolución Exenta Nro. 5191, del 20 de Septiembre de 2020, la que le fue notificada personalmente el 06 de Octubre de 2020. El recurrente tomó conocimiento cierto de la Resolución en contra de la cual recurre el 06 de Octubre de 2021. La Jurisprudencia es clara en cuanto rechazar la acción de constitucional cuando ha sido interpuesta extemporáneamente, como consta en las sentencias de la Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en causas ROL Protección 702-2019 y 580-2020, confirmadas por la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL N° 16.990-2019 y 4.053​-2020 respectivamente; Fallo de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, en causa ROL Protección-143-2019, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL N° 17.465-2019; fallo de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, en causas ROL Protección-7607 y 20599 ambas del año 2019, confirmadas por la Excelentísima Corte Suprema en causas ROL N° 18.720 y 17.734 ambas de 2019, respectivamente. Más recientemente en la causa ROL 1905-2021 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Talca, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema 81.128-2021. De esta jurisprudencia. queda sentado que son extemporáneos los recursos interpuesto pasado el plazo fata de 30 días corridos contados de la ejecución de acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de éstos. desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. y debido a ello se rechazan. Se ha demostrado, mediante los antecedentes y prueba, que se recurrió de protección de manera extemporánea, esto es porque la recurrente tenía noticias y conocimiento cierto de la existencia de la Resolución Exenta Nro. 5191 del 24 de Septiembre de 2020, desde el 6 de Octubre de 2020, lo que evidentemente supera por mucho los 30 días antes de haber presentado el recurso de protección. De lo que tomó conocimiento el 8 de Octubre de 2021 fue la Resolución Nro. 3, del 13 de Mayo de 2021, tomada de razón por la Contraloría General de la República. Es importante destacar que tenía conocimiento de la Resolución 5191 de 2020, atendido que el 22 de Julio de 2021 presentó recurso de invalidación. por lo anterior, se solicita que se declare que el presente recurso de protección es extemporáneo, y por este motivo se rechace.

Sostienen la FALTA DE ACTO U OMISIÓN ILEGAL O ARBITRARIO; argumentando que la recurrente acciona de protección acusando habérsele vulnerado las garantías contenidas en el artículo 19 Nros. 1, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República. Se rechaza rotundamente, atendido que el fondo de su recurso es que acusa que no se le puede haber sancionado por no ejercer control jerárquico, porque él no era jefatura, pero observado los antecedentes que constaban el expediente sumario, en la época de ocurrido los hechos investigados y sancionados, el reconoce ejercer en la práctica, y ante todos, el cargo de jefatura y control, es más, así lo reconoció en sus descargos, y era tratado de esta forma en las comunicaciones de la época. Qué, de haber sido diferente la información por el entregada durante el transcurso de la investigación se pudo haber formulado cargos diferentes, pero los antecedentes llevaron al cargo formulado. Atendido lo anterior se rechaza que existiera una actuación arbitraria o ilegal, en el procedimiento disciplinario instruido por la Resolución Exenta Nro. 1587 de 2018. Asimismo, alegan falta de privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 19 número 1, 3,4 y 24 de la Constitución Política de la República. Se rechaza que existiera una vulneración, atendido que el procedimiento disciplinario instruido por la Resolución Exenta Nro. 1587 de 2018 fue legalmente tramitado, respetándose en todo momento las garantías constitucionales, proceso que fue sometido al trámite de toma de razón, esto es revisión de legalidad, por parte de la Contraloría General de la República, la que estimo que se ajustó a derecho. En cuanto a la vulneración de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y pro-reo, acusado por el recurrente, cabe señalar que de los antecedentes que se tuvieron a la vista en el expediente, al momento de resolver, el recurrente estaba envestido del cargo y facultades, ejerciéndolas en propiedad ante funcionarios del subdepartamento de cobranza, a quienes trataba como subordinados, y ante sus pares de otros departamentos y servicios de la institución; y ante terceras instituciones. Para lo anterior contaba con la autorización de jefaturas y Dirección de la época. Que, durante el periodo investigado actuó como jefatura, durante la investigación se presentó como tal, fueron los antecedentes del proceso disciplinario que se tuvieron a la vista que fundaron lo resuelto; que con posterioridad niega de su actuar no sólo es mala fe, sino que va en contra de sus actos propios. Concluyen solicitando tener por evacuado el informe y lo rechace en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protección del afectado. De este modo, corresponde al tribunal examinar si de los antecedentes proporcionados por las partes, se produce lesión a los derechos constitucionales de la recurrente.

CUARTO: Que de lo señalado tanto por la recurrente, como por el recurrido, queda de manifiesto que por Resolución Exenta N° 7.365, de 21 de octubre de 2019, en el Hospital Regional de Talca, se instruyó un sumario administrativo, en contra de don nombre reservado, para determinar la responsabilidad administrativa que en su calidad de jefe del subdepartamento de cobranza, le podía corresponder en el proceso de cobro de subsidios de licencia médicas, especialmente derivadas de la falta de control jerárquico n el funcionamiento de la unidad y personal a su cargo; para cuyo efecto por Resolución Exenta N° 8.700, de 23 de diciembre de 2019, se designó como Fiscal a la doctora nombre reservado; quien concluida la investigación formuló wl siguiente cargo en su contra: “Que, en su calidad de Jefe del Subdepartamento de Cobranza tomó conocimiento del correo electrónico del 31 de Julio de 2017 enviado por doña nombre reservado a don nombre reservado, en que solicitaba el cálculo de reembolso de subsidio de 49 licencias tipo 5 y 6, y no controló que la respuesta a él se diera en forma oportuna, respuesta que se dio el 7 de Diciembre de 2017. Lo que significó que con esta omisión se impidió que se realizara oportunamente las gestiones de cobranza para el pago de subsidio con el Instituto de Seguridad Laboral, por parte de la Unidad de Licencias Médicas”. Por Resolución Exenta N° 5.191, de 24 de septiembre de 2020, se sancionó a don nombre reservado, como autor de la falta administrativa antes mencionada, con la pena contemplada en el artículo 121 letra a) y 122 de la Ley 18.834, esto es, censura. El recurrente dedujo recurso de apelación, en contra de tal decisión, el cual fue resuelto y rechazado por Resolución Exenta N° 2874, de 6 de mayo de 2021. Por último, se dictó en dicho procedimiento, la Resolución Afecta N° 3, de 13 de mayo de 2021, que sólo tuvo por finalidad, dejar a firme la sanción dispuesta en la aludida Resolución N° 5.191. Además, el recurrente señor nombre reservado, con fecha 22 de julio de 2021, presentó una solicitud de invalidación de las resoluciones exentas 5.191 y 2.874; petición que fue denegada por Resolución Exenta N° 6.137, de 28 de julio de 29021. Por Ordinario E23238, la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Regional del Maule, informa haber tomado razón y registrado, la Resolución Afecta N° 3, de 13 de mayo de 2021, del Hospital regional de Talca.

QUINTO: Que, conforme a lo referido en el considerando precedente, no existen antecedentes bastantes, que formen convicción suficiente, para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igual protección en el ejercicio de sus derechos, su derecho a la honra o conculque su derecho de propiedad, consagrados, en los N° 1, N° 3, N° 4 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente; por cuanto la sanción impuesta al recurrente, corresponde a una de aquellas establecidas en la ley y que fue aplicada en el contexto de un sumario administrativo, en el que pudo hacer uso de todos sus derechos procesales, como efectivamente ocurrió. Por lo demás, el acto respecto del cual se recurre y que se estima atentatorio de las garantías constitucionales indicadas, esto es, la Resolución Afecta N° 3, de 13 de mayo de 2021, dictada por el Director del Hospital Regional de Talca, no es el que impone la sanción, sino que sólo dispone tenerla a firme, en razón de haberse resuelto los recursos presentados; por lo que dada su naturaleza, no correspondía efectuar un nuevo análisis de los antecedentes que se tuvieron en cuenta al momento de pronunciarse sobre el fondo.

SEXTO: Que atendido lo antes expuesto, el presente recurso debe ser desestimado, por no haberse establecido la afectación de un derecho, que pueda resolverse en un procedimiento cautelar, teniendo además en consideración, que la pretensión del recurrente, dice relación con la revisión de lo resuelto en un proceso administrativo, cual si la presente acción constituyera instancia.

SÉPTIMO: Que en razón de lo antes decidido, no se emite pronunciamiento en relación con la extemporaneidad del recurso, alegado por la recurrida, por resultar innecesario.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Talca y de su Director, don nombre reservado, en su calidad de representante legal de dicha Institución.

Se previene que el Presidente de la Sala, Ministro don Gerardo Bernales Rojas, estuvo por condenar en costas a la parte recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Interino, don Wilfredo Urrutia Gaete.

Rol N° 2650-2021/ Protección.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Abel Bravo Bravo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.