nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Talca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don nombre reservado, ingeniero, cedula RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud del Maule, representado por su Director don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado y en contra de la Contraloría Regional del Maule, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Señala que entre los años 2015 y 2021 se vinculó mediante un contrato de honorarios a suma alzada con la Subsecretaría de Redes Asistenciales perteneciente al Ministerio de Salud, para desempeñarse como inspector técnico de obra en diferentes proyectos pertenecientes a la cartera de inversiones del Ministerio de Salud, actuando en ese rol en los proyectos del hospital Regional de Talca, hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y en el hospital provincial de Linares.

Qué el 16 de febrero de 2021 se le remitió por correo electrónico para su firma, una declaración jurada simple solicitada por el Ministerio de Hacienda y además el contrato de prestación de servicios a suma alzada. Que el 24 de febrero de 2021 en el hospital de Curicó con la asistencia de diversos personeros de la Subsecretaría de Redes Asistenciales se efectuó una reunión para aclarar los alcances de las restricciones contenidas en la ley 18.575, artículo 58 y las indicaciones de ese convenio a firmar. Que el 4 de marzo de 2021, se le indicó vía telefónica respecto de la imposibilidad de aceptar cualquier oferta laboral con empresas relacionadas con la Subsecretaría de Redes Asistenciales ya que la declaración y el contrato suscrito, por lo dispuesto en la ley 18.575, no lo permitiría, se trató de una suerte de advertencia que fue luego materializada por el Servicio de Salud mediante actos directos. Por último que el 9 de marzo el envío el contrato y la declaración jurada la Subsecretaría de redes asistenciales debidamente firmadas de manera física a través de los canales institucionales.

Qué el 31 de marzo de 2021 presentó su renuncia por escrito a la jefa de la Unidad de monitoreo de la Subsecretaría y luego por correo electrónico al Jefe de la División de Inversiones de la misma repartición.

Con posterioridad, según indica. tomó contacto con la empresa Astaldi SpA, la cual tiene entre sus obras la adjudicación de la licitación para el diseño y construcción del hospital base de Linares, donde se le propuso realizar las labores de profesional residente administrador del contrato de la obra, lo que se comunicó a la entidad demandante a través del libro maestro de obras.

Que el 7 de junio de 2021, en el Folio 706 del libro de obra, el Servicio de Salud del Maule, mandante de la obra a través del Inspector Técnico de la misma don nombre reservado dejó constancia y qué ” se resuelve rechazar la presentación de don nombre reservado como residente en calidad de titular”.

Esa decisión se asila en una supuesta aplicación del artículo 56 inciso tercero de la ley 18.575, norma que en forma textual indica” del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o exfuncionarios de una institución fiscalizadora que implique una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo esta incompatibilidad se mantendrá hasta 6 meses después de haber expirado en funciones”.

De esa manera el Servicio de Salud de manera artera ha vulnerado mi derecho a la libertad de trabajo y al libre ejercicio de una profesión al sostener una posición jurídica superada y zanjada por la jurisprudencia especializada del ramo administrativo, privándome de poder desarrollar en el plano laboral y provocándome conflicto el desarrollo de mi actual labor profesional.

Adicionalmente presentó a la Contraloría una solicitud de interpretación del artículo 56 inciso tercero de la ley 18575, con fecha 23 de abril del 2021, solicitud que buscaba obtener un pronunciamiento acerca de si resulta procedente hacer extensiva la aplicación del artículo 56 al contrato de honorarios que suscribí con la Subsecretaría de Redes Sociales y consultar si existen inconvenientes legales para suscribir contratos con entidades privadas que a su vez tengan vinculaciones con esa Subsecretaría.

Sin embargo, a la fecha ese pronunciamiento se encuentra pendiente, sin perjuicio de lo cual la recurrida por cierto en su particular interpretación de la prohibición, en circunstancias de existir dictámenes que de manera palmaria, señala lo contrario y peor aún en circunstancia de estar en conocimiento de que existe un pronunciamiento pendiente por parte de la Contraloría General de la República.

Señala el recurrente que no se cumple con la norma legal ya que difícilmente puede indicarse que tenía en el Servicio de Salud la calidad de ex autoridad o de exfuncionario, cuando en verdad se regía por un contrato civil de arrendamiento de servicios inmateriales.

Refiere a continuación diversa jurisprudencia administrativa en referencia a la ley 18575.

Expresa el recurrente que por parte de la Contraloría general de la República se infringe el artículo 27 de la ley 19.880 ya que desde la fecha de la presentación a Contraloría, el 23 de abril de 2021 al 23 de octubre de 20 a 21, época de presentación del recurso, han transcurrido 6 meses y ese plazo de 6 meses que señala la norma ha sido sobrepasado por lo que la Contraloría ha incurrido en una omisión ilegal que además vulnera la igualdad ante la ley .Adicionalmente a lo cual, esa inacción o no actuar de Contraloría afecta su garantía de libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, esto en concatenación a las decisiones antojadizas tomadas por el Servicio de Salud la que se han sucedido por la falta de pronunciamiento en tiempo y forma por parte de la Contraloría.

Refiere luego como actos concretos de privación perturbación y amenaza consistente en una interpretación sesgada del artículo 56 inciso tercero de la ley 18.575, a pesar de haber un pronunciamiento pendiente, las constancias en el libro de obra maestro asociado al contrato de diseño y construcción del Hospital base de Linares donde luego de su presentación a Folio 686 el inspector técnico de la obra don nombre reservado a Folio 706 señala que en su consideración el suscrito se encuentra afectó a las inhabilidades descritas precedentemente hasta 6 meses después de expirar a sus funciones en el Ministerio de salud, esto es, hasta el 30 de septiembre de 2021, por lo que resuelve rechazar mi presentación como residente en calidad de titular.

Qué a Folio 738 de 9 de junio de 2021 del mismo Inspector técnico de la obra refiriéndose a la reposición interpuesta por la empresa Astaldi de Folio 706, rechaza esa reposición indicando que lo resuelto está debidamente fundamentado en las inhabilidad ,señala en el precepto lo que fue indicado de manera completa y suficiente que dicha situación de inhabilidad no es desconocida para el profesional lo que se prueba con la denuncia que se efectuó ante la Contraloría entre otras consideraciones en qué se funda su rechazo a la reposición.

Por su parte el Director del Servicio de Salud insiste que le sería aplicable la inhabilidad del artículo 56 de la ley 18.575, lo que expone la resolución exenta 5220 de 29 de septiembre del año 2021.

Todo lo anterior me impidió hasta el 30 de septiembre de 2021 asumir en la calidad indicada puesto que el Servicio de Salud se asiló en una interpretación antojadiza, y más grave aún, que una vez ya transcurrido el plazo de 6 meses de esta supuesta inhabilidad, se siguen sucediendo hechos que dan cuenta de una animadversión en mi contra impidiendo que pueda desempeñarme en la calidad para la cual la empresa Astaldi me propuso como residente. Ello es así puesto que se consulta a Astaldi de qué manera me he vinculado con aquella empresa solicitando que sea borrado de los registros en circunstancias que con Astaldi, como con la Subsecretaría, mi vinculación era a través de las reglas del Código Civil respecto al arrendamiento de servicios y materiales. Esta situación se repite el 14 de octubre de 2021 a folias 1607 del Libro de obra dónde se insiste en la eliminación del registro y se pide aclarar la situación contractual que tendría con el contratista. Lo que nuevamente se insiste con fecha 21 de octubre dónde se pide a Astaldi aclarar si mi vínculo es de carácter laboral o por la vía de la prestación de servicios profesionales, siendo el caso que ya había transcurrido el plazo de supuesta inhabilidad que me impedía desarrollarme, plazo que se había cumplido al 30 de septiembre de 2021 y sin perjuicio de aquellos se continúa con esta actitud que perturba y amenaza su estabilidad laboral.

Adicionalmente el Servicio de Salud en forma revanchista desconoce la experiencia que poseo rechazando su presentación en calidad de profesional residente administrador del contrato, así sucede el 6 de julio de 2021, en la evaluación curricular que requiere para ser presentado en calidad de profesional residente domicilio reservado, oportunidad en la cual no se reconoce los tiempos que corresponden al período servido de la manera como expone el recurso, todo aquello busca privarlo de la posibilidad de ejercer su profesión, lo que es un reflejo de la postura que un comienzo se ha tenido en su contra en cuanto que les sería aplicable la prohibición a qué se refiere el artículo 56 de la ley 18.575.

Sobre las garantías fundamentales amagadas señala en primer lugar la del artículo 19 número 16 de la Constitución Política referida a la libertad de trabajo y su protección. Indicando que de acuerdo a lo expuesto la recurrida Servicio de Salud a cercenado hasta el 30 de septiembre, su posibilidad de desempeñarse profesionalmente, e indica que esperó hasta esa fecha, pues entendía que cumpliendo el plazo no existiría conflicto con la autoridad, lo que fue un error pues luego de ese plazo la autoridad no cesa en cuestionarlo por aquello, con evaluaciones sesgadas y de esa manera sigue solicitando información y antecedentes a la empresa Astaldi como son copia de las boletas de honorarios lo que evidencia una extralimitación de funciones de parte de Inspección técnica pero que se realiza con la única finalidad de cuestionar su derecho a la libertad laboral y evaluándola y curricularmente en razón de aquella animadversión.

Adicionalmente se amaga la garantía del artículo 19 número dos sobre igualdad de la ley indicándose claramente de acuerdo a los hechos expuestos que la autoridad recurrida ha establecido diferencias arbitrarias a su respecto. Por último también dada su integridad psíquica conforme al numeral 1 del artículo 19 como también al numeral cuatro referido a su honra.

Termina solicitando se acoja el recurso y se ordene al Servicio de Salud del Maule se abstenga de indicar y dar por cierto en el Libro de obras del contrato sobre diseño y construcción del hospital base de Linares, el que a su persona le afecta la inhabilidad del artículo 56 inciso tercero de la ley 18.575 en tanto no se resuelva la presentación ingresada a la Contraloría General de la República por su parte el 23 de abril del 2021. Además ordenar al Servicio de Salud del Maule qué cese de investigarme para corroborar si he prestado servicios, en la calidad que sea, a la empresa Astaldi, o alguna otra, en tanto no se resuelva la presentación ingresada a Contraloría. Ordenar al Servicio de Salud del Maule evaluar sus antecedentes curriculares de manera objetiva, sin sesgos y dando cuenta de los argumentos y criterios para el cambio a la evaluación que se grafican en el informe de fecha 6 de julio de 2021 suscrito por nombre reservado y el informe de 30 de septiembre de 2021. Además ordenar la Contraloría regional del Maule cumplir el artículo 27 de la ley 19.880 y emitir un pronunciamiento como el derecho corresponde respecto de la presentación efectuada el 23 de abril de 2021 en el plazo de 15 días corridos, desde la notificación de la sentencia. Por último ordenar al Servicio de Salud del Maule que una vez resuelta la petición referida por Contraloría, emita los actos administrativos necesarios para dejar sin efecto las resoluciones y anotaciones prefería a su persona en relación a la prohibición del artículo 56 de la ley 18.575 Acompaña a su presentación diversos documentos relativos a su presentación y recurso.

SEGUNDO: Que, doña nombre reservado, abogado por el Servicio de Salud del Maule procede informar el recurso interpuesto, solicitando su rechazo en todas sus partes. Efectúa un resumen del recurso y asimismo una relación de los hechos expuestos en él.

Parte solicitando declarar la extemporaneidad del recurso, ya que éste fue interpuesto pasado el plazo de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto y desde que se ha tenido noticia o conocimiento de los mismos hechos. Respecto de lo cual señala que el recurrente tomó conocimiento el rechazo de su nombramiento como profesional residente administrador del contrato, el 7 de junio de 2021, mediante anotación en el libro de obras Folio 706, rechazó que se basó en las incompatibilidad que tenía el profesional para asumir funciones en esa calidad en la obra sobre diseño y construcción del Hospital base de Linares. Luego de lo cual se dicta la Resolución exenta 5220 de 29 de septiembre de 2021, que rechaza la reposición presentada por la empresa Astaldi sucursal Chile ,respecto de la decisión de no aceptar al profesional nombre reservado como profesional residente. Refiere que este recurso es extemporáneo, al menos en esta materia ,ya que el recurrente tuvo conocimiento del rechazo a su nombramiento desde junio de 2021 y que la resolución que solicita se deje sin efecto es del 29 de septiembre del 2021 la que fue notificada en el libro de obras a la empresa Astaldi en el Folio 714 de 30 de septiembre 2021, ya que el recurso de protección fue interpuesto el 2 de noviembre de 2021, esto ha ocurrido con más de 30 días contados desde que el recurrente tuvo conocimiento de los hechos por los cuales recurren la presente acción constitucional.

Señala que no existen actos ilegales o arbitrarios que afecten al recurrente o a sus derechos, hace al efecto una nueva relación de los hechos que vincularon al recurrente con su representada y como entonces era aplicable a este, la incompatibilidad contemplada en el artículo 56 inciso tercero de la Ley Orgánica constitucional de Bases generales de la Administración del Estado. Señala luego las normas que constituyen el marco regulatorio del contrato de diseño y construcción del hospital Linares, en específico el numeral 1.6 de las bases administrativas párrafo segundo, respecto de lo cual transcribe las normas pertinentes y señala los fundamentos por los cuales en definitiva el Servicio de Salud desestimo el recurso de reposición planteado respecto de la situación del recurrente. A ese respecto concluye qué tanto del Servicio de Salud como la Inspección técnica de la obra han actuado motivados por el estricto cumplimiento de las normas que regulan la materia.

En relación a lo indicado por el recurrente sobre una supuesta imposibilidad de desarrollar actividades económicas, ello no es efectivo ya que pudo realizar cualquier tipo de actividades remuneradas licitas en cualquier otro organismo público y privado, e incluso pudo haber prestado servicios en un contrato diverso al Hospital base de Linares.

Valiéndose de la jurisprudencia administrativa en relación al artículo 56 inciso tercero de la ley 18.575, expone la informante que Contraloría ha realizado los análisis respecto a su aplicación en una forma casuística analizando las circunstancias particulares de cada caso por lo que no hay una posición única en la materia. Respecto a que el Servicio estaría imposibilitado de pronunciarse en la materia por la solicitud efectuada ante Contraloría, ello no es así, ya que la Inspección técnica de la obra está facultada legalmente para adoptar las determinaciones que sean necesarias para velar por el cumplimiento del contrato y de las disposiciones que los rigen.

Por ello es claro qué la Inspección técnica y la Unidad técnica han actuado dentro de sus facultades al rechazar al profesional nombre reservado, por encontrarse afectó a la incompatibilidad señalada en el artículo 56 de la Ley Orgánica constitucional de Bases generales de administración del Estado, así como la relativa a su deber de confidencialidad hasta 6 meses después de expirar a sus funciones. Esa incompatibilidad es manifiesta ya que al asumir las labores de inspector técnico de la obra del contrato diseño y construcción hospital base de Linares y donde ese cargo tiene como principal labor controlar, verificar, supervisar y fiscalizar el correcto desarrollo del contrato, que es el mismo contrato que actualmente pretende ejercer funciones de profesional residente con la empresa que él ya había fiscalizado, entre los años 2017 a 2021.

En relación a la evaluación técnica del profesional recurrente de autos y sobre el incumplimiento de las exigencias técnicas contenidas en las bases administrativas, señala que el recurrente no da cumplimiento a las exigencias señaladas las bases administrativas para el cargo de residente administrador de contrato, en cuanto a poseer al menos 8 años de experiencia, en la ministración de contratos en particular de construcción. Señala que no hay un ánimo revanchista sino que el ánimo del servicio es velar por el fiel cumplimiento del contrato y de las bases administrativas que los regulan, como de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Que respecto del cómputo de los años de experiencia, la exigencia es que ellos sean 8 años de experiencia en administración de contratos, en particular en construcción, por lo que la experiencia es en dicha etapa de construcción y no en otras etapas previas cómo es la preparación de bases evaluación u otras, que así está expresamente señalado en las bases de administrativas y es lo que se ha realizado por el servicio a través de la Inspección técnica.

Indica además que no hay actos vulneratorios de derechos de parte del Servicio de Salud, que el recurrente no se encuentra impedido de realizar cualquier actividad económica, sino únicamente es rechazado como candidato al cargo profesional de residente, situación que se da dentro del ordenamiento jurídico como de las bases que son ley para las partes. Agrega que el recurrente actualmente está trabajando para el contratista Astaldi cómo “asesor externo” para el proyecto del nuevo Hospital base de Linares, por lo que en julio de 20 21 cuando se constató que éste se encontraba en la lista de la plataforma utilizada como Libro de obras, y estando aún afectó a la inmovilidad, por ello es que se solicitó suprimir de dicha plataforma a este profesional lo que fue acogido por el contratista dándose por cumplida la instrucción. Que en octubre de 20 21 se constató que el contratista volvió a incorporar el recurrente como asistente contraviniendo la instrucción anterior, lo que no fue cumplido claramente por la empresa contratista, siendo ello grave puesto que la instrucción respectiva ha sido respondida con evasivas aludiendo a una supuesta confidencialidad de la información, hechos que han impedido a la Inspección técnica tomar conocimiento pleno de los hechos. Que lo anterior se justifica plenamente respecto de la vinculación contractual entre el recurrente y hasta el día de hoy, donde queda de manifiesto el interés público comprometido en el presente caso y el errático proceder del contratista sobre ese tema.

Señala que no hay infracciones artículo 19 número 16 de la Carta fundamental, lo que se demuestra claramente en los hechos relatados. Respecto a la afectación a la garantía sobre igualdad ante la ley sostiene que no existen diferencias arbitrarias de ningún tipo y que por el contrario el Servicio se ha apegado de manera estricta a las bases a fin de que todas las decisiones que se adopten estén debidamente fundadas, por último respecto a la supuesta afectación a la integridad psíquica y en lo que se refiere a la honra, debe indicarse que no se explica qué acción de qué forma con qué objeto o causa se ven afectados dichos derechos. así las aseveraciones del recurrente en torno a un ataque a sus cualidades profesionales por parte del Servicio no tienen sustento alguno, más aún cuando en el caso existe un texto expreso que permite actuar en el marco de lo establecido en las Bases administrativas que rigen el contrato. Por todo lo anterior, solicita el rechazo del presente recurso en atención a las consideraciones antes expuestas, con costas.

Acompaña un total de 20 documentos que dan cuenta de los hechos referidos en el informe.

TERCERO: Que, informando la Contraloría General de la República señala que el recurrente ingresó el 23 de abril del 2021 una solicitud a la sede regional Maule, en la que sin exponer un conflicto real y concreto, pidió aclarar que no resulta procedente hacerle extensiva la aplicación del inciso final del artículo 56 de la ley 18.575, por haber suscrito un convenio para la prestación de servicios honorarios con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para desempeñarse como Inspector técnico de obra en diferentes proyectos pertenecientes a la cartera de inversiones del Ministerio de salud, y que por lo tanto no existen inconvenientes legales para su contratación con entidades privadas que tengan vinculaciones con esa Subsecretaría a la que ya había renunciado.

Que en esta presentación se consigna que ya el 4 de marzo del 2021, la Jefa de la Unidad de monitoreo como el Jefe subrogante de la Unidad de la Subsecretaría le habían comunicado la imposibilidad de aceptar cualquier oferta laboral con empresas relacionadas con esa Subsecretaría toda vez que la declaración jurada suscribir en función a la ley 18.575 y ciertas cláusulas del contrato honorario no lo permitirían.

Con el objeto de atender la citada presentación Contraloría solicitó al servicio de salud informar al tenor de lo expuesto, lo que se cumplió el 25 de mayo de 2021.

Qué el 10 de junio de 2021 el ocurrente ingreso una nueva presentación en la Contraloría regional, adjuntando antecedentes que complementaban la primera denuncia, referida a jurisprudencia de esta entidad de fiscalización en la materia.

Atendida esta nueva presentación y la respuesta del Servicio de Salud la Contraloría regional del Maule remitió a Contraloría General, con fecha 10 de agosto de 2021, las presentaciones efectuadas, por considerar que no existía jurisprudencia administrativa que se pronunciará al respecto de la materia consultada.

Que el 19 de agosto 2021 la División Jurídica de la Contraloría General solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales informar sobre los requerimientos del actor.

Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2021, el ocurrente nuevamente complementa su solicitud requiriendo esta vez la aplicación del artículo 64 de la ley 19.880, a fin de que se entendiera aceptada su solicitud, en cuanto que no existe inhabilidad o incompatibilidad alguna en los términos que planteaba en su solicitud original ya que la Subsecretaría de Redes Asistenciales no había dado respuesta al informe que le fuera requerido por esa entidad fiscalizadora petición que reiteró nuevamente el 19 de octubre de 2021.

Por último la referida Subsecretaría remitió su respuesta a Contraloría General el 3 de noviembre de 2021, la que ingresó el 5 de noviembre de ese año, coincidiendo dicha fecha con la notificación a este órgano fiscalizador de la acción cautelar de autos.

Respecto de los antecedentes planteados señala que la consulta ingresada a Contraloría por el recurrente lo fue en términos genéricos e hipotéticos, sin dar cuenta de la existencia de un conflicto específico que pudiera haber alertado sobre la necesidad de emitir un pronunciamiento para resolver una situación puntual que estuviera efectuando el interesado, quien a la fecha la presentación de su denuncia ante esta entidad de control, ya no tenía vinculación con la Subsecretaría de Redes Sociales por lo que solo una vez recibido el informe la Subsecretaría fue posible para esa entidad fiscalizadora advertir la existencia de un conflicto concreto. Indica que los hechos descritos y que reclama el recurrente en su recurso de protección, no están plasmados en las presentaciones y denuncias que efectuó ante Contraloría, ya que solo planteó una consulta acerca de la aplicación de la incompatibilidad prevista en el inciso final del artículo 56 de la ley 18.575. En ese contexto lo alegado en el recurso de protección respecto de que Contraloría ha incurrido en una omisión que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica consagrada a la Carta Fundamental no resulta ser efectivo puesto que los hechos materia de la acción de protección no fueron conocidos por esta entidad con antelación ya que el actor no los hizo presente en las diversas denuncias que efectuó, lo que habría permitido tener conocimiento de la existencia del conflicto específico sobre lo que se solicitaba pronunciamiento.

Por consiguiente, atendido a que los hechos materia del recurso de protección se suscitaron con posterioridad al ingreso de la denuncia a esta entidad de control y fueron recientemente informados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales el pasado 5 de noviembre de 2021 , lo que solo entonces permite contextualizar la situación fáctica descrita por el recurrente en su denuncia es que no se ha producido la especie la vulneración de las garantías invocadas y en otro sentido que el pronunciamiento requerido por don nombre reservado se encuentra en condiciones para ser emitido conforme lo que en derecho corresponda.

Acompaña al informe copia las denuncias diversas ingresadas por el señor nombre reservado todas del año 2021, más la documentación interna de su tramitación.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección, según los resuelto reiteradamente por la jurisprudencia, es un procedimiento cautelar de determinadas garantías señaladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ante acciones u omisiones, de parte de personas o entidades públicas o privadas, que priven, amenacen o perturben tales derechos. Que en todo caso, se requiere que esas garantías sean indubitadas, es decir no estén sujetas a controversia o discusión en cuanto a su existencia o ejercicio, pues si así fuere, la vía de protección no resulta idónea y por ello debe recurrirse a tramitar la controversia dentro de un procedimiento de orden declarativo de derechos, dónde esté contemplado un período probatorio, y en base al cual el Tribunal respectivo se forme la convicción que luego vuelca en la sentencia a dictar.

QUINTO: Que, en el presente recurso se dan dos situaciones diversas. la primera de ellas en la que se dirige en contra del Servicio de Salud del Maule por las actuaciones realizada por esta entidad pública respecto de la inhabilidad contemplada en el artículo 56 inciso tercero de la ley 18575, cuyo detalle ha sido previamente expuesto. Además de lo anterior, las discrepancias respecto de la calificación y puntaje de la experiencia laboral del recurrente para el cargo o función con la empresa Astaldi.

Lo segundo se refiere a la situación producida respecto de la presentación o solicitud efectuada por el recurrente a la Contraloría General de la República, región del Maule, para que este ente de control se pronuncie respecto de si la señalada inhabilidad resulta aplicable al recurrente de acuerdo a los hechos expuestos.

SEXTO: Que, analizado los antecedentes, esta Corte es de opinión que lo actuado por el Servicio de Salud del Maule, en el periodo en que el recurrente era funcionario, como en los meses posteriores en que toma conocimiento qué don nombre reservado ha sido nombrado cómo profesional residente del proyecto sobre diseño y construcción Hospital base Linares por la empresa Astaldi SpA, no constituyen actuaciones ilegales arbitrarias de por sí, ya que el servicio busca que se cumpla con la norma de inhabilidad descrita en el artículo 56 inciso tercero de la ley 18.575 en el periodo desde que dejó sus funciones en el Ministerio de salud y hasta 6 meses, después es decir hasta el 30 de septiembre de 2021.

Eso es así, ya que este servicio público está obligado a cautelar porque se cumplan esas inhabilidades, más aún respecto de aquel ex funcionario qué pasa a prestar servicios en una institución o empresa que es fiscalizada por el Servicio de Salud. Tampoco es arbitraria esa actuación ya que tiene el fundamento legal que sea indicado, por lo que no responde a un capricho o revancha de su parte. Sin embargo es del caso, qué como lo indica la misma norma tal inhabilidad se extiende hasta 6 meses luego de expirado sus funciones en el Ministerio de Salud por lo que logrado por el Ministerio y el servicio de salud hasta el 30 de septiembre de 2021 se encuentra ajustado a la ley, no así las actuaciones posteriores a esa fecha, por estar fuera del periodo o plazo de la inhabilidad, y por lo mismo respecto de la inhabilidad señalada, no le corresponden al servicio, debiendo éste abstenerse de cualquier actuación a ese respecto.

Por lo anterior es que se estima que los derechos constitucionales del recurrente que señala como amagados no lo son por parte del Servicio de Salud del Maule dado que no puede entenderse que lo actuado en el plazo señalado precedentemente afecte su libre contratación, la igualdad ante la ley, su integridad física o su honra personal. Aquello que se ejecute después del plazo señalado podría eventualmente ser constitutivo de esta perturbación a las garantías.

También respecto de este recurrido Servicio de Salud del Maule y en relación a lo alegado en el recurso respecto a una arbitrariedad de su parte respecto de la evaluación y ponderación de su experiencia profesional en materias de construcción, y por ende su habilitación para la función con la empresa Astaldi SpA , esta Corte es de opinión que esa es una materia que requiere prueba técnica, ya que implica la calificación de los trabajos efectuados, lo que excede la competencia de esta Corte en relación a la naturaleza del recurso.

SÉPTIMO: Que, y en cuanto a lo actuado por parte de la Contraloría General de la República, región del Maule, y dado que el recurrente ingresó el 23 de abril de 20 a 21 una solicitud a la Contraloría regional del Maule en que requería aclarar si era o no procedente a su respecto la inhabilidad del artículo 56 de la ley 18575, gestión qué según lo expresado se extendió hasta el 5 de noviembre de 2021, fecha que resulta la misma en que se requirió a ese órgano el informe al tenor del presente recurso.

Sin perjuicio de que Contraloría estimara que la solicitud efectuada por el recurrente era genérica y que no exponía un conflicto real y concreto, apreciación en la cual esta Corte no se encuentra de acuerdo, es del caso que la tramitación ante ese órgano excedió los plazos contenidos en el artículo 27 de la ley 19.880, la que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, y que fija como plazo para los procedimientos el de 6 meses, período que en este caso se encuentra ampliamente superado. Por lo que debe entenderse qué que sí se configura una situación de infracción al artículo 19 número 2 de la Constitución, en cuanto el órgano ha actuado de una manera que no es igualitaria respecto de los demás administrados lo que se expresa en una demora excesiva en evacuar la solicitud o consulta efectuada, lo que va además en contra de los principios del procedimiento administrativo señalados en el artículo 4 y siguientes de la ley 19.880 en especial el de celeridad, motivo por el cual esa actuación si se considera como ilegal además de arbitraria de su parte y vulneratoria de la garantía de igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 número 2 de la carta fundamental.

Por esas consideraciones, artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema en la materia, se resuelve:

a) Que SE RECHAZA el recurso de protección planteado por don nombre reservado en contra del Servicio de Salud del Maule.

b) Que SE ACOGE el recurso de protección planteado por don nombre reservado en contra de la Contraloría Regional del Maule, debiendo este órgano dar respuesta, dentro del plazo de 10 días corridos a contar que el presente fallo quede ejecutoriado, a la solicitud ingresada a ese órgano con fecha 23 de abril de 2021.

c) Lo anterior sin costas.

Se previene que el Presidente de la Sala Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda, concurre a la decisión que precede, en aquella parte en que acoge el remedio constitucional en estudio, por afectar en sede de privación la garantía constitucional de igualdad ante la ley de que es titular el recurrente , prevista en el artículo 19 N°2 de la Carta Política de 1980, teniendo en especial consideración para que ello, que la Contraloría General de la República al incurrir en la omisión ilegal que se denuncia en el arbitrio en estudio, esto es, al no emitir - en presencia de una solicitud que da inicio a un procedimiento administrativo- un pronunciamiento mediante la dictación de un acto administrativo terminal, ya sea de carácter negativo o positivo, dentro del término legal de seis meses que establece la ley y prescindiendo, por ende, de dar cumplimiento a la misma, tolerando que transcurriera largamente aquel , no observó- debiendo hacerlo- los principios de celeridad y conclusivo que disciplinan su obrar ministerial, resultando manifiestamente inexcusable su desidia sobre este particular, más aun cuando su desatención funcionaria la edifica sobre lo genérico e incompleto de la solicitud del administrado, como quiera que la autoridad recurrida en comento, disponía de las herramientas legales para actuar oficiosamente y complementar dicha información, o bien para dar por finalizado al procedimiento mediante la institución administrativa del abandono, si la desidia en referencia fuera de exclusiva responsabilidad del interesado, eso sí, todo ello dentro del plazo legal, de conformidad a lo prevenido en los artículos 2°,7°,8°,18, 24°,27,30,31,34,37 y 43 de la Ley N°19.880 en relación al 48 del Estatuto de Bello.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Robert Morrison Munro.

Rol 2.636-2021 recurso de protección.

Se deja constancia que no firman el Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda y la Ministra Suplente doña Marta Asiain Madariaga, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber concluido las suplencias.

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