nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Talca, veinte de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Se presenta doña nombre reservado, Administrativo, domiciliada en domicilio reservado, quien viene en interponer recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, representada por el Director Nacional don Walter Hernán Bruning Maldonado, la cual es dependiente de la Dirección General De Obras Públicas, organismos públicos descentralizados de la administración del Estado, representada legalmente por la Directora General de Obras Públicas doña nombre reservado, Ingeniero Civil, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que le hicieron sufrir privación, perturbación o amenaza en sus legítimos derechos, contenidos en la Resolución Exenta RA N°97/389/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, emanada de la Dirección de Vialidad, que pone término anticipado a su designación como trabajadora a contrata por no ser necesarios sus servicios, de la que fuere notificada con fecha 20 de agosto de 2018. Lo anterior, toda vez que tal acto administrativo vulnera aquellos derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 19 N 2, 3, 4 y 24. Por tanto, mediante la presente acción constitucional, viene en solicitar se adopten las medidas que se solicitan y, además, todas aquellas que este Ilustrísimo Tribunal juzgue y estime pertinentes, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y velar por la efectiva protección de sus derechos constitucionalmente garantizados, invalidando y dejando sin efecto el acto administrativo que ha dispuesto su desvinculación de la entidad antes mencionada, procediendo a su reincorporación en el cargo que desempeñaba, todo ello con expresa condenación en costas. Expresa que, el 12 de enero del año 2015 comenzó a prestar servicios para la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, realizando un reemplazo, específicamente como Asistente Administrativo en el área de Recursos Humanos, en la Dirección Regional de Vialidad, modalidad de contrata, grado 21 en la Escala Única de Sueldos, el cual terminó el día 13 de marzo de 2015. Lo anterior fue refrendado por la Resolución N°57 de fecha 30 de enero de 2015. Luego, con fecha 7 de mayo de 2015, fue contratada nuevamente bajo la Resolución N°355 en grado 20 de la EUS, el que luego fue prorrogado el 15 de junio 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Desde aquella época, luego de una serie de nuevos contratos, cambios de grado, sucesivas prórrogas y cambios de funciones – las que se detallan entre los años 2016 y 2018 - el día 12 de julio le fueron asignadas atribuciones de asistente administrativo de la Unidad de Gestión de Personas, teniendo como función la confección de cometidos funcionales individuales y colectivos. Reseñado lo anterior y más allá de los diversos cargos en que se he desempeñado, indica que siempre se esmeró por cumplir fielmente sus deberes funcionarios, lo que se vio reflejado en sus excelentes calificaciones y en las sucesivas renovaciones del vínculo contractual con esta repartición Pública. Asimismo, señala siempre haber tenido un comportamiento funcionario irreprochable, independiente de las tareas que me fueran asignadas. Asimismo, durante el tiempo que se desempeñó como funcionaria, nunca fue sujeto de acción o investigación disciplinaria de ningún tipo, no habiendo recibido tampoco reclamos acerca de mi desempeño. En síntesis, desarrolló su trabajo de manera ejemplar, lo que se evidencia no solo en sus dichos, sino en su historial funcionario verificable. Por ello, resultaba imprevisible que la nueva autoridad dispusiera el término de su contrata, imputándole graves infracciones. Es del caso que, con fecha 20 de agosto (2018) fue notificada de su desvinculación mediante el Ord. Reservado N°15 de 20 de agosto de 2018, que contenía el termino anticipado de su contrato, representado por la Resolución N°97/389/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, ordinario que se negó a firmar. En aquel mismo momento fue bloqueada del sistema de registro de asistencia y no pudo registrar su salida de la oficina. La resolución enunciaba una serie de fundamentos completamente incongruentes, apartados de la realidad y deshonrosos, además de una serie de errores de forma que demuestran la más absoluta improvisación y falta de rigor técnico. De su simple lectura, aquella dispone el fin de su contrata, fundada en ciertos reparos que recaen supuestamente en su idoneidad, aptitudes y habilidades personales, sin ser estas explicitadas en forma alguna, lo que, por otra parte, no se condice con sus calificaciones, las que fueron destacadas en todos los periodos en que fue evaluada. Adicionalmente, se debe plantear la manifiesta y absoluta incongruencia que existe entre la motivación de la resolución (idoneidad, aptitudes y habilidades personales) y su parte resolutiva, la que pone fin de manera inmediata a la contrata por no ser necesarios sus servicios. Así las cosas, el acto administrativo que dispone la terminación inmediata de su contrata aparece como autosuficientemente ilegal, no requiriendo ningún esfuerzo interpretativo que busque más allá de la propia resolución para constatar la evidente infracción de sus derechos, sino simplemente subsumir los hechos indicados en las respectivas normas jurídicas aplicables. En él se consultan una serie de infracciones, a saber: a) Infracción del artículo 119 del Estatuto Administrativo, ya que se ha efectuado un juicio apresurado y sumarísimo acerca de sus capacidades e idoneidad, sin respetar su derecho a ser oído y a presentar descargos; b) Infracción al artículo 2° de la Ley 20.609 en relación con el artículo 84 letra l) del Estatuto Administrativo, dado que la serie de severas y deshonrosas afirmaciones proferidas en su contra, en el acto administrativo recurrido, constituyen una discriminación arbitraria, en tanto se le ha privado del derecho que todo funcionario posee de ser investigada su responsabilidad en el marco de un sumario administrativo, respetuoso de la garantía de ser oído; c) Transgresión del artículo 146, 125 y 126 del Estatuto Administrativo, toda vez que la terminación anticipada a su contrata no puede sino subsumirse en la causal de destitución, por lo que para su aplicación deberá previamente acreditarse su responsabilidad administrativa y los hechos graves en que se funda, porque dado el principio de proporcionalidad de las sanciones, no puede aplicarse la medida más gravosa a cualquier hecho. Asimismo, la destitución naturalmente debe ser fruto de un proceso administrativo disciplinario, legalmente tramitado, que no puede ser de otro tipo que un sumario administrativo. Así las cosas, la autoridad recurrida no obedeció el mandato legal expreso contenido en las noemas que se señalan; d) Contravención del Decreto N°1825 de 1998 sobre calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo, en tanto, se ha llevado adelante un proceso de evaluación extra-sistema, sin atenerse a las normas dictadas sobre el particular en el correspondiente reglamento de calificaciones, de forma irregular y privativa de sus garantías constitucionales, que arrojó como resultado el que fuera calificada como una persona no idónea para desempeñarme en el Servicio recurrido. En lo que dice directa relación con la arbitrariedad del acto, se destacan las siguientes circunstancias: a) Incongruencia manifiesta entre la fundamentación de la resolución que puso fin a su contrata y su parte resolutiva; b) No existe fundamentación alguna respecto a por qué no serían necesarios sus servicios y; c) No se han ponderado sus excelentes calificaciones y la circunstancia de tener más de tres años en la institución y siempre en lista 1. Así las cosas, se ven conculcadas perturbadas y/o amenazadas las siguientes garantías: a) Derecho al debido proceso (Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República). Como ya se ha indicado, a esta recurrente no se le ha respetado su derecho a ser oída; se ha vulnerado la prohibición de comisiones especiales o derecho al juez natural, ya que la autoridad se ha arrogado las facultades de fiscal instructor o de ente calificador, siendo lo correcto la instrucción de un procedimiento disciplinario, designándose un fiscal imparcial para realizar la investigación; se ha conculcado el derecho al racional y justo procedimiento; se ha vulnerado su derecho a defensa y a rendir prueba, puesto que no se le han formulado cargos, no se le ha dado tiempo para formular descargos, recusar a los investigadores, ni rendir prueba, presumiéndose su culpabilidad mediante la realización de una “investigación sumarísima” más propia de los gobiernos de facto que de los Estados Democráticos; b) Derecho a la honra (Artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República). Desde una posición de reconocimiento y prestigio ante los pares y la sociedad toda, la resolución dictada por la autoridad recurrida la expone como una funcionaria negligente, ineficiente y no idónea, dañando su honra de manera grave, dado que su caso - como el de varios otros compañeros separados de sus cargos - han sido difundidos más allá de los límites naturales del Servicio donde prestaba servicios; c) El derecho a la igualdad ante la Ley. (Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Esta garantía constitucional se ha visto vulnerada, principalmente en cuanto a que se han establecido una serie de discriminaciones y diferencias arbitrarias, entre ellas: no permitírsele el acceso a un sumario administrativo que determinara mi culpabilidad en el desempeño de mis funciones, sin expresión de causa alguna, sin fundamento racional o posible falta en su gestión, lista de demérito o cualquier canon razonable que justifique la desvinculación anticipada. A lo anterior, se suma el hecho de excluírsele arbitrariamente del proceso de reintegro, por el cual, los funcionarios del estamento auxiliar y técnico fueron nuevamente vinculados a la Dirección de Vialidad de esta Región; d) El derecho de propiedad (Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República). Señala que, la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, formando parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Solicita se tenga por interpuesta la acción constitucional de protección en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ya individualizada, declarando que la Resolución Exenta N°97/389/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, firmada por el Director nombre reservado, don Walter Hernán Bruning Maldonado, notificada con fecha 20 de agosto de 2018, es arbitraria y/o ilegal, ordenando, además, tomar todas las providencias para que se restablezca el imperio del derecho y de sus derechos subjetivos vulnerados, disponiendo su reintegro inmediato en el mismo cargo y grado en que se desempeñaba, decretando el pago íntegro de sus remuneraciones devengadas entre los meses de agosto (2018) y hasta que se concrete materialmente su reintegro al Servicio, o lo que este Ilustrísimo Tribunal juzgue acorde al mérito del proceso, con expresa condenación en costas.

Que, comparece don nombre reservado, DIRECTOR nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien viene en evacuar informe al tenor del recurso de protección deducido por doña nombre reservado, expresando- en síntesis- que en relación con la Resolución Exenta RA N°97/389/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, por la cual se pone término anticipado a la contrata de la recurrente, se señala que aquella se encuentra fundada en un estricto criterio presupuestario. En efecto, conforme a la Resolución en comento en el numeral 8° se establece que: "debe afrontar la rebaja presupuestaria en el Subtítulo 21 (Gastos de Personal), efectuada a través del Decreto N°651 de 2018, del Ministerio de Hacienda, sumado a un complemento de esta rebaja en el mencionado subtitulo 21, producto de una reasignación interna de recursos en el Ministerio de Obras Públicas, solicitada a través del Ord. SOP N°1473 del 02/08/2018 al Ministerio de Hacienda". Junto con esto, la desvinculación de doña nombre reservado se funda, principalmente, en el hecho que... "la Dirección de Vialidad debe contar con funcionarlos idóneos y con capacidades técnicas y habilidades sociales acordes a los servicios que prestan a sus clientes internos y externos; en conformidad también a lo establecido en el Art. 61 del Estatuto Administrativo, y que por tanto y conforme a dichos requerimientos y al desempeño funcionario de la Sra. nombre reservado, su actuar no es idóneo a los requerimientos institucionales, haciéndose innecesarios sus servicios, en atención a sus aptitudes y habilidades personales". Así lo señala el considerando séptimo de la resolución mencionada. El considerando 9° de la resolución exenta RA N°97/389/2018 señala: "...conforme a lo indicado en los puntos anteriores y en razón a la necesidad de contar con una gestión eficiente y eficaz de la Dirección de. Vialidad, propendiendo al cuidado y buen uso de los recursos públicos en sus respectivos ámbitos territoriales, es que, conforme a ello se viene en adoptar las medidas de reordenamiento de personal de este Servicio". Cabe, además, hacer presente lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el Dictamen N°6.400 de 2018, al referirse a la confianza legítima en las contratas "Cabe destacar que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas - u otras figuras de designación semejantes – en particular, en cuanto a la atribución de decidir sobre su renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula antes referida u otra similar" (mientras sean necesarios sus servicios) como en el presente caso. En síntesis, se estima que la funcionaria señora nombre reservado, ha sido desvinculada por la autoridad superior del servicio, en uso de sus atribuciones legales y por acto administrativo debidamente fundado. Según lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, la ilegalidad resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público, o reconocidas a un sujeto natural. En este sentido, es necesario aclarar que la autoridad no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario. La mencionada Resolución Exenta RA N°97/389/2018, de fecha 17 de agosto 2018, impugnada, es un acto administrativo y en esta calidad, goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que prescribe el inciso final del artículo 3 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; además, se encuentra debidamente fundada y motivada, siendo pronunciada por el Jefe Superior del Servicio en el ámbito de sus atribuciones. Sobre la calidad jurídica de la recurrente, ha quedado asentado en la que ésta realizaba labores como funcionaria a contrata, calidad que el artículo 3° de la Ley N°18.834 de Estatuto Administrativo, define claramente como de naturaleza transitoria, a diferencia de los funcionarios pertenecientes a la Planta de Personal, conceptuados como cargos permanentes, que sí pueden ser servidos en calidad de titulares, suplentes o subrogantes. Por lo tanto, la principal característica de una función a contrata no es su permanencia, propiedad o titularidad, desde el momento en que la norma que le da origen y contenido la identifica con la característica de temporalidad, transitoriedad, siendo la época de expiración necesaria el 31 de diciembre de cada año, salvo el caso de la propuesta de prórroga con la debida antelación; como también la expiración por circunstancias o conjunto de situaciones de hecho que durante el ejercicio de la función pública administrativa, puedan llevar a la Autoridad a la decisión, incluso, de poner término anticipado a la contrata, por considerar que los servicios prestados bajo esta modalidad de contratación ya no son necesarios. Este imperativo constituye, a la vez, fuente de atribución de facultades decisorias y directivas para la Autoridad, dotándola de la posibilidad de adoptar decisiones o medidas plasmadas en actos administrativos, tal como lo es una Resolución que pone término anticipado a un cargo a contrata, por considerar, ​justificada y fundadamente, que los servicios no son necesarios. Constituye, asimismo, fuente y fundamento de este tipo de decisiones, la disposición condicional plasmada en el acto mismo que dio origen a la contrata del actor, la que utilizó la expresión “mientras que sus servicios sean necesarios”. Ahora bien, la desvinculación de la recurrente no carece de razonabilidad ni fundamento legal, cobrando relevancia las exigencias plasmadas en el Dictamen de Contraloría General de la República N°6.400, de 02 de marzo de 2018, que "Actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N°85.700, de 2016, de este origen, sobre confianza legítima en las contratas", particularmente, en cuanto fija pautas y criterios impuestos como requisitos a los actos administrativos que ponen término anticipado a una contrata, entre otros casos. En cuanto a la arbitrariedad, entendemos que aquella se da respecto de los elementos discrecionales de la potestad del órgano público, por lo que sólo puede darse allí, donde un órgano ha sido habilitado con un margen de libertad de apreciación para actuar en su función de satisfacer las necesidades públicas. En este mismo sentido la arbitrariedad indica una voluntad no gobernada por la razón, esto es una actuación carente de razonabilidad o fundamentación. De ésta forma los órganos de la administración incurrirán en arbitrariedad cada vez que en el ámbito de sus potestades discrecionales dicten actos que carezcan de razonabilidad o fundamentación suficiente, haciendo un uso caprichoso de las potestades otorgadas. En el caso del acto impugnado, no es posible sostener que estemos frente a una actuación caprichosa de la autoridad, por el contrario, el acto se encuentra debidamente fundamentado y se encuentra dictado conforme a razón. Sin perjuicio de lo señalado en relación a la improcedencia del recurso de protección en el caso de autos, por no existir ni haber existido acto alguno que pueda tildarse de irracional, imprudente o arbitrario, y más aún contrario a la ley, tampoco ha existido de parte de este recurrido, acto u omisión que haya vulnerado de modo alguno los derechos fundamentales que señala la parte recurrente. En efecto, en relación a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, no es dable estimar que hayan existido discriminaciones arbitrarias respecto a la desvinculación del recurrente, por cuanto las razones que motivaron tal decisión se encuentran debidamente fundadas en la Resolución, por cuanto la misma señala que el régimen jurídico a contrata por el cual se encontraba vinculado el recurrente a esta Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, rige para todos/as los/as funcionarios/as de contrata, y no constituye un tratamiento especial discriminatorio para con el recurrente. En tal sentido, todos los funcionarlos a contrata, están sujetos por ley, a la expiración de sus funciones a más tardar el 31 de diciembre de cada año, o mientras sean necesarios sus servicios, pues es de la esencia de este tipo de empleo, la transitoriedad de sus funciones. En relación con la supuesta vulneración al derecho del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, es dable recalcar que esta Dirección Nacional de Vialidad no ha actuado como una comisión especial y tampoco ha efectuado una labor propia de un juez de la plaza, sino que sólo ejerció una facultad reconocida por ley. Por su parte, en relación con la supuesta vulneración al derecho del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, esta parte no se explica de qué forma la desvinculación de la recurrente al Servicio, pueda afectar su derecho a la honra, máxime considerando que en la Resolución jamás se indicó que fuera negligente, como ella señala en su recurso; en ese sentido, la recurrente estaría haciendo una interpretación antojadiza de la Resolución impugnada. Finalmente, en relación con la supuesta vulneración al derecho del artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental, es menester señalar que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que, en definitiva, desempeñan, son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquellas, y tampoco sobre los derechos derivados de las mismas. Al deducir la presente acción en contra de la Resolución Exenta RA N°97/389/2018, de fecha 17 de agosto 2018, la recurrente no intenta obtener el amparo frente al quebrantamiento de un derecho fundamental que ésta posea de manera indubitada y no disputada. Por el contrario, surge nítido a esta parte que lo que la recurrente busca es impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones que le confiere a la autoridad el artículo 31 de la Ley N°18.575. El recurso de protección es una acción cautelar de origen constitucional, que protege a los individuos mediante ciertas providencias que evitan los efectos de un acto arbitrarlo e ilegal que haya amagado un derecho indubitado, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos, en atención a la naturaleza misma de la institución protectiva. Conforme a todo lo anteriormente expuesto, el recurso interpuesto por la recurrente deberá ser rechazado, por cuanto el acto administrativo en contra del cual se recurre, fue dictado por la autoridad que contaba con facultades legales para ello, no es arbitrario o ilegal y, por su parte, tampoco vulnera el legítimo ejercicio de las garantías que se invocan.

En mérito de lo expuesto y previa citas legales, solicita se tenga por evacuado el informe solicitado, desestimando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se presenta doña nombre reservado, ya individualizada, quien viene en interponer recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, representada por el Director Nacional don Walter Hernán Bruning Maldonado, también individualizados, por los actos ilegales y arbitrarios que le hicieron sufrir privación, perturbación o amenaza en sus legítimos derechos, contenidos en la Resolución Exenta RA N°97/389/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, emanada de la Dirección de Vialidad, que pone término anticipado a su designación como trabajadora a contrata por no ser necesarios sus servicios, de la que fuere notificada con fecha 20 de agosto de 2018, ya que se habrían vulnerado los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 19 N 2, 3, 4 y 24, solicitando se declare que la Resolución aludida es arbitraria y/o ilegal, ordenando, además, tomar todas las providencias para que se restablezca el imperio del derecho y de sus derechos subjetivos vulnerados, disponiendo su reintegro inmediato en el mismo cargo y grado en que se desempeñaba, decretando el pago íntegro de sus remuneraciones devengadas entre los meses de agosto (2018) y hasta que se concrete materialmente su reintegro al Servicio, o lo que este Ilustrísimo Tribunal juzgue acorde al mérito del proceso, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, comparece don nombre reservado, DIRECTOR nombre reservado, ya individualizado, quien viene en evacuar informe al tenor del recurso de protección deducido por doña nombre reservado, solicitando – en síntesis – sea desestimando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurrente, en apoyo de sus pretensiones, acompañó los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N°97/389/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, suscrita por el Director nombre reservado don nombre reservado;

2.- Ord. Reservado N°15 de fecha 20 de agosto de 2018, que notifica término anticipado de contrata, suscrito por el Director Regional de Vialidad don nombre reservado;

3.- Resolución Exenta N°97/22/2018 de fecha 5 de enero de 2018, que prorroga contrata desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018;

4.- Resolución Afecta a Toma de Razón N°57 de fecha 30 de enero de 2015, que contrata desde el 12 de enero de 2015 hasta el 13 de marzo de 2015, suscrita por nombre reservado. Director de Vialidad (S);

5.- Resolución Afecta a Toma de Razón N°59 de fecha 26 de enero de 2016, que contrata desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, suscrita por nombre reservado. Director de Vialidad (S);

6.- Resolución Exenta Nº 1107 de fecha 6 de junio de 2017 que designa en las funciones que indica, suscrita por doña nombre reservado, Directora Regional de Vialidad Región del Maule;

7.- Resolución Exenta Nº 1390 de fecha 12 de julio de 2018 que designa en las funciones que indica, suscrita por don nombre reservado, Director Regional de Vialidad Región del Maule;

8.- Hoja de Calificación de doña nombre reservado, período 01/09/2015 al 31/08/2016;

9.- Hoja de Calificación de doña nombre reservado, período 01/09/2016 al 31/08/2017;

10.- Hoja de vida por funcionario ante la Dirección de Vialidad Región del Maule.

CUARTO: Que la recurrida, en apoyo de sus alegaciones, ha acercado a estos autos los siguientes documentos:

1.- Resolución N°57, de fecha 30.01.2015, en la cual la recurrente ingresa como reemplazo en la Dirección Regional de Vialidad de Talca.

2.- Resolución N°355, de fecha 07.05.2018, que nuevamente la contrata en calidad de reemplazo.

3.- Resolución N°59, de fecha 26.01.2016, que contrata como administrativa, grado 20° en la EUS. a contar del 01.01.2016 hasta el 31.12.2016.

4.- Resolución N°328, de fecha 23.06.2016, que mejora a la funcionaria a grado 19°.

5.- Resolución RA N°97/22/2018, de fecha 05.01.2018, que prorroga la contrata por todo el año 2018.

6.- Resolución (E) DRV. VII N°1220, de fecha 14 de junio 2018, mediante la cual fue destinada a la Oficina Provincial de Talca.

7.- Resolución Exenta RA N°97/389/2018, de fecha 17.08.2018, que puso término anticipado a su contrata.

QUINTO: Que, con fecha 07 de enero de 2019, don nombre reservado, ingeniero civil, en su calidad de Director nombre reservado (S) del Ministerio de Obras Públicas, evacúa respuesta a oficio N°4488-2018, informando la nómina de funcionarios contratados con posterioridad al 20 de agosto de 2018 en la Dirección Regional de Vialidad del Maule, atendida solicitud efectuada por el recurrente, en el otrosí de presentación de 13 de diciembre de 2018.

SEXTO: Que son hechos establecidos o no sustancialmente controvertido en estos autos, los siguientes:

1.-) Que por Resolución Exenta DV. TRA N° 97/22/2018 de 05 de enero de 2018, se prorrogó la vinculación de la recurrente con la Administración, en la calidad jurídica de contrata, a contar del 01 enero del 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, y mientras sean necesarios sus servicios.

2.-) Que por Resolución Exenta RA N°97/389/2018 de 17 de agosto, emanada de la recurrida, se dispuso el término anticipado a la designación a contrata del recurrente, por no ser necesarios sus servicios.

3.-) Que por Ordinario Reservado N°!5 de 20 de agosto de 2018, se comunica a la recurrente por la recurrida la decisión descritas en el 2.-) que precede.

SEPTIMO: Que para analizar el conflicto de relevancia jurídica planteado por la presente acción constitucional, resulta menester consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye- a no dudarlo- jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en la disposición constitucional en referencia se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

OCTAVO: Que, los artículos 6° y 7° de la Carta Magna, ubicado en el Capítulo “Bases de la Institucionalidad”, prescriben, respectivamente, “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (Principio de supremacía constitucional y de jerarquía normativa). Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades que determine la ley ( Principio de responsabilidad y control)” y “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes (Principio de vinculación positiva a la juridicidad). Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale (Principio de responsabilidad y control)”, respectivamente.

NOVENO: Que de lo estatuido en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N°18.884, que establece el “ Estatuto Administrativo”, se infiere que podemos agrupar a las persona vinculadas con Estado, en distintas categorías, a saber: a) Planta de Personal, quienes se encuentran gobernados por un régimen estatutario; b) Empleo a Contrata, que es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una institución; Finalmente, el artículo 3° del referido cuerpo legal, previene “ Para los efectos de Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: b)Planta de Personal, es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución , que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° ; c) Empleo a contrata; es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución” Desde ya, cabe consignar que- conforme al artículo 20 del Código Civil- cuando la ley ha definido especialmente algunos términos , deberá preferirse dicha acepción , al sentido técnico o natural y obvio de las mismas.

DECIMO: Que, la resolución impugnada constituye un acto administrativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.880 reza “Concepto de Acto Administrativo. Las decisiones que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones”. Así las cosas, no se debe preterir que cuando la ley ha definido ciertas palabras, tal acepción debe prevalecer por sobre el sentido técnico o natural y obvio de las mismas. A mayor abundamiento, conforme al inciso 6° del citado artículo 3°, a partir de la dictación del cuerpo legal en comento, los actos administrativos pueden ser declaraciones de juicio, constancia o conocimiento, produzcan o no efectos jurídicos de acuerdo al concepto mismo de acto administrativo o si son declaraciones de voluntad, desde que ahora son actos administrativos de todas maneras e incluso una mera constancia pasa a ser una decisión administrativa.

DECIMO PRIMERO: Que, no obstante lo anterior, no se debe preterir la circunstancia de que el acto denunciado como ilegal y arbitrario por el recurrente, es por definición un acto administrativo, en los términos que estatuye artículo 3° de la Ley N°19.880, cuya legalidad – conforme al inciso final- se presume legalmente, lo cual no obsta a que en el mismo se deban observar los estándares de motivación o fundamentación suficientes que lo justifiquen e impedir así su eventual ineficacia jurídica administrativa, sin perjuicio de observar que los antecedentes allegados a la presente acción cautelar constitucional resultan del todo insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad en referencia y de que se encuentra dotado el acto administrativo, desde que emanó de una autoridad competente en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere.

DECIMO SEGUNDO: Que del mérito de la resolución exenta descrita en el 1.-) del motivo sexto de este fallo, en que se dispuso la designación a contrata del recurrente a contar del 01 de enero del 2018 y “mientras sean necesarios sus servicios”, se advierte que el cese en las funciones del recurrente se podría verificar por la concurrencia de una cualquiera de las dos modalidades que se indican: a) por no ser los servicios del recurrente necesarios en el servicio recurrido, esto es, encontrándose éstos sujeto a una suerte de condición indeterminada y potestativa de la administración o b) Por el cumplimiento del plazo, esto es, por el advenimiento del día 31 de diciembre de 2018.

DECIMO TERCERO: Que, respecto de la causal estatuida en el literal a) del considerando que precede, necesario es señalar que la autoridad se encuentra legal y válidamente facultada para prescindir o poner término anticipado a un empleo a contrata antes de la data indicada en la ley y transcrita en la resolución en que se materializa dicho nombramiento, conclusión que se obtiene por aplicación tanto del elemento gramatical de exegesis legal como del lógico, estatuidos en los artículos 19 y 22 inciso 1° del Código de Bello, pues existe literal y lógicamente armonía y correspondencia entre lo prevenido en los artículos 5° letra c), 10 y 146 inciso 1°, literal f) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo; unido a ello la precariedad de la duración de los empleos en dicha calidad, esto es, condicionada a las necesidades de la administración del Estado, DECIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la motivación o fundamentación como elemento del acto administrativo, se encuentra consagrado en el artículo 8 inciso 2° de la Carta Política, que estatuye “ Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen”. A su turno, el artículo 11 inciso 2 de la Ley N°19.880, prescribe “Los hechos y los fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio., así como aquellos que resuelven recursos administrativos” y, finalmente, el artículo 41 inciso 4 del texto legal en referencia , previene, en lo pertinente, que “ Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”

DECIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, la motivación es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, pues a través de ella se externalizan los fundamentos que ha tenido en consideración la administración para dictarlo, con el objeto así de dar exacto, íntegro y oportuno cumplimiento al principio de legalidad que gobierna el actuar ministerial de la administración. En este escenario, la Ley N°19.880 ya referida, consagra en su normativa los principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y promueve el conocimiento y contenido y razones de las decisiones de los órganos de la administración del Estado destinatarios del compendio de norma de normas citado, calidad que, en la especie, se consulta en la decisión de la recurrida.

DECIMO SEXTO: Que, si bien es cierto que respecto del ejercicio de las potestades discrecionales de que es titular la recurrida, no resulta procedente que el Poder Judicial sustituya la decisión de la administración verificando una nueva ponderación de los antecedentes sobre los cuales se edificó la decisión impugnada y, consecuencialmente, disponer la continuación de un empleo a contrata para lo cual no se encuentra facultado, también lo es, la circunstancia de que ello no excluye en caso alguno el control jurisdiccional respecto de la actos administrativos dictados al amparo del ejercicio de las potestades de que se trata.

DECIMO SEPTIMO: Que, de lo reflexionado en los considerandos que preceden, se advierte en forma prístina que la autoridad administrativa no se encuentra legal y válidamente obligada mantener en su empleo a contrata al recurrente cuando considera que sus servicios no son necesarios; sin embargo, cuando la administración decide ejercer una potestad discrecional consagrada en la ley debe, en el acto administrativo que así lo decide, señalar e individualizar las razones que justifican la decisión en estudio. Sostener la tesis contraria importa aceptar que el ejercicio de una facultad – como lo es la de no renovar un empleo a contrata o prescindir de los del recurrente por no ser necesarios sus servicios- se encuentra sujeta a factores ajenos y subjetivos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, deber al cual toda autoridad, por expreso mandato del artículo 5° de la Ley General N°18.575 de Bases de la Administración del Estado, no puede ni debe legal y válidamente sustraerse. Corrobora lo anterior, el claro propósito de la Ley N°19.880 de promover la transparencia de las actuaciones de la administración fiscal, estatuyendo normas procesales mínimas que permitan al administrado el conocimiento y comprender el contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten a su respecto, entre las cuales se encuentra la contenida en el citado artículo 41 inciso 4° del texto legal en comento, que establece que toda decisión adoptada por la administración en virtud del ejercicio de sus competencias legales, reglamentarias o sectoriales, debe ser suficientemente motivada.

DECIMO OCTAVO: Que, los antecedentes reunidos en la presente acción constitucional, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, permiten concluir que el acto recurrido, además de ser legal por no haberse desvirtuado la presunción legal que milita en su favor, tampoco es arbitrario como lo sostiene el recurrente, desde que el mismo se encuentra suficientemente motivado y fundado desde una óptica de la administración, análisis jurisdiccional que debe verificarse con total prescindencia de que el recurrente no comparta las razones sobre las cuales la autoridad construyó su decisión y, además, de otras consideraciones como la calificación del recurrente o la extensión del vínculo respectivo.

DECIMO NOVENO: Que, en las condiciones descritas, no advirtiéndose en el acto recurrido afectación en sede de privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, no corresponde si no desestimar la acción cautelar de excepción en estudio.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto, además, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Acta N°94-2015 de la Excma., Corte Suprema que fija el texto coordinado y sistematizado del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido por doña nombre reservado en contra de la DIRECCCION nombre reservado, representada por don nombre reservado, todos ya individualizados, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redacción del Ministro (I) don Álvaro Saavedra Sepúlveda.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2593-2018/Protección.

No firman los magistrados don Álvaro Saavedra Sepúlveda y don nombre reservado, por haber terminado su interinato y suplencia, respectivamente.