MADERAS nombre reservado Y COMPAÑIA LTDA. con nombre reservado

Talca, siete de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado don RODRIGO JAVIER GODOY ARENAS, en representación de MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut No. RUT reservado, sociedad del giro de su denominación, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República interpone recurso de protección en contra del Señor Contralor Regional del Maule, CARLOS BASAEZ VALDEBENITO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por haber emitido, con fecha 7 de septiembre de los corrientes, Resolución Nº E136394/2021; y también en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, Sra. nombre reservado (“Subsecretaria”), médico, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, edificio don nombre reservado, comuna y ciudad de Talca, por haber emitido Resolución Exenta No. 2007524 de 2020 y no haberla puesto en conocimiento de la recurrente -en forma arbitraria- y la Resolución ORD. 599 del presente año que niega la invalidación de la misma.

La acción deducida persigue obtener la protección urgente de los derechos y garantías constitucionales de MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LTDA. (MASISAL), frente a las graves infracciones cometidas por la Subsecretaria de Salud del Maule, al emitir la Resolución Exenta No. 2007524 de 2020 y la Resolución ORD.: 0599 del presente año, con lo cual niega a MASISAL la petición de invalidación de sentencia en sumario sanitario, lo que se buscaba toda vez que este acto administrativo que concluye el sumario sanitario (Resolución Exenta N°2007524 de 2020) nunca se puso en conocimiento del afectado, privándolo así de su derecho a recurrir del mismo; y del Contralor Regional del Maule, quien al emitir la Resolución Exenta Nº E136394 / 2021 valida la actuación arbitraria e ilegal de la Subsecretaria de Salud, y deniega el decaimiento del acto administrativo, pese a que se cumplen los presupuestos para acogerlo.

De hecho, según se explica en esta presentación, se trata de actos manifiestamente ilegales y arbitrarios que privan, perturban y amenazan gravemente los derechos y garantías constitucionales de MASISAL, específicamente aquellos consagrados en el artículo 19 N°s 2º y 3º (inciso 5), de la Constitución.

Señala que las principales razones que justifican acoger la presente acción de protección:

La Resolución Exenta Nº E136394 / 2021 del Contralor Regional del Maule no da lugar a declarar el decaimiento del acto sancionador administrativo, cumpliéndose los presupuestos para esto, y tampoco declara arbitraria ni ilegal el acto de notificación del acto administrativo, pese a que éste nunca llegó a conocimiento del afectado.

A su vez, la Resolución ORD.: 599 de la Secretaria Ministerial de Salud, priva al recurrente de importantes derechos y garantías fundamentales que la Constitución asegura a nuestra representada, toda vez que la priva de ejercer su derecho a defensa negándole la posibilidad de recurrir ante tribunales.

Así las cosas, refiere, el derecho de MASISAL a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrados en el artículo 19 n°2 y 3 de la Constitución Política de la República se ve vulnerado. En efecto, la Subsecretaria de Salud emite una resolución en que le aplica una multa y no la pone en conocimiento del afectado, y nos enteramos de ella solo cuando encontramos tendida en el piso, casualmente, una carta del Consejo de Defensa del Estado conminándonos a acercarnos a ellos por una deuda pendiente de pago. Ante ésta situación recurrimos primero ante ella, solicitando se nos notifique el acto administrativo que concluye el procedimiento, petición que niega, y luego acudimos, solicitando su pronunciamiento, a la Contraloría General de la Región del Maule, organismo que confirma lo resuelto por la Secretaria de Salud, validando la arbitrariedad de ésta y denegando a su vez el decaimiento del acto administrativo sancionador, aun cuando se cumplen los presupuestos para que éste opere (Señalar a S.S. Ilustrísima que desde que se dio inicio al sumario sanitario, hasta la fecha de esta presentación, van 3 AÑOS 2 MESES). En definitiva, una vez que ha agotado la vía administrativa en busca de solución, venimos a solicitar a S.S. Iltma., que se otorgue protección urgente al recurrente, MASISAL, adoptando todas las medidas que estime necesarias para reestablecer el imperio del derecho. En particular, resulta indispensable que se deje sin efecto la multa aplicada por la Secretaria Ministerial de Salud en Resolución Exenta N° 2007524, y se ordene a la recurrida abstenerse de ejecutar cualquier acto que perturbe o amenace los derechos de MASISAL.

Como antecedentes generales, refiere que en el mes de julio del año 2018, un funcionario público, en representación de la SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DEL MAULE se constituyó en visita de inspección en dependencias de Masisal, lo que quedó registrado en ACTA DE INSPECCIÓN, de 24 de julio de 2018, folio N°1807640.

Que en aquella inspección, se les informó que se inició un sumario sanitario en nuestra contra, y se nos citó a audiencia de descargos y prueba, para lo cual se nos entregó formulario de descargos N°009273.

Que con fecha 31 de julio de 2018 presenta descargos, sin tener noticias de la resolución del mencionado sumario, ya que ésta no se nos notificó.

Menciona que, consta en el procedimiento que ésta parte, aportó en su oportunidad correo electrónico para ser notificado, pero nunca se recibió algún correo de parte de la Secretaria Ministerial de Salud del Maule.

Que con fecha 12 de febrero de 2021, se encuentra tendido en el suelo, junto a la reja de protección, distante 8 metros de la puerta de entrada de la empresa MASISAL, un sobre que contenía una carta fechada 18 de enero de 2021, cuyo remitente es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien en representación de la SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DEL MAULE, comunica que MASISAL mantiene una deuda impaga con el Fisco de Chile, ascendente a la suma de 30 UTM, por concepto de multa sanitaria.

Que en razón de lo anterior, realiza una presentación ante la Sra. Secretaria Regional de Salud, solicitando la invalidación del acto administrativo de Notificación de la Resolución que concluye el Sumario Sanitario en su contra, acción contemplada en el artículo N° 53 de la ley 19.880, basando la petición en no haber sido notificados del mismo, lo que configura un vicio de ilegalidad e infracción de derecho solo subsanable con la anulación del acto ilegal, solicitando en definitiva que se deje sin efecto la multa aplicada y se nos notifique la resolución para hacer valer nuestros derechos.

Agrega que con fecha 01 de marzo, en ORD.: 599, la Sra. Secretaria Regional de Salud responde a nuestra solicitud, SIN PREVIA AUDIENCIA DEL INTERESADO, desobedeciendo así lo dispuesto en el ya referido artículo 53, y resuelve negando nuestra petición, toda vez que, a juicio de ella, no se ha incurrido en ninguna ilegalidad durante el proceso de tramitación del referido sumario. Funda su respuesta en documento que sería comprobante de notificación vía correo electrónico de sentencia, N°2007524, supuestamente enviado por ellos al correo señalado por MASISAL durante la tramitación del sumario.

Señala que esa parte repuso de lo resuelto por la Sra. Secretaria Regional de Salud, señalándole que nunca recibió el supuesto correo de notificación, que de haberlo recibido, obviamente hubiera hecho uso de su derecho a reponer ante ella o a accionar ante los tribunales ordinarios de justicia, reposición que también fue denegada. MASISAL nunca acusó recibo del supuesto correo de notificación de parte de la Secretaria de Salud, porque éste nunca nos llegó, y sólo nos enteramos, por la carta del CDE, de que el sumario, iniciado en 2018, había concluido.

Hace presente que, el correo aportado por Masisal para ser notificados, es el correo de uso diario, se revisa y trabaja con él todos los días. Tal es la seguridad de no haber recibido la supuesta comunicación, que se le ofreció a la Autoridad la posibilidad de auditar nuestros computadores por persona experta para comprobar lo que alegamos. En virtud de la respuesta negativa de la Secretaria Regional de Salud, acude a la Contraloría Regional del Maule, solicitando pronunciamiento sobre la legalidad del Procedimiento de Sumario Sancionatorio, llevado a cabo por la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule en contra de MASISAL, en particular respecto a la omisión del acto de notificación de la resolución que lo concluye, reclamado por esta parte, y respecto al decaimiento del acto administrativo sancionador. El señor Contralor Regional del Maule, con fecha 7 de septiembre de los corrientes, Resolución Nº E136394/2021, resuelve que la notificación se habría realizado conforme a la normativa y que no habría operado el decaimiento del acto administrativo sancionador.

Ante esta situación, no les queda más opción que recurrir de protección para pedir que restaure el imperio del Derecho.

Alega el decaimiento del acto administrativo sancionador, y manifiesta que la literatura clásica ha señalado que el acto administrativo decae cuando desaparecen los presupuestos de hecho y/o de derecho que movieron a la Administración a emitirlo o porque se hace inutilizable. En sus efectos, el decaimiento producirá una inexistencia sobreviniente, pero solo de los efectos del acto, pues éste, a lo menos desde el punto de vista formal, continuaría vigente, aunque estéril. El decaimiento se hace cargo de ilegitimidades sobrevinientes que pueden afectar la legalidad de un acto administrativo, pero, dado que en su origen éste es ajustado a derecho (porque es en ese momento en donde se deben analizar los vicios del acto), el sistema legal ocupa el decaimiento para –sin cuestionar la legalidad ex post– considerar que los efectos del acto no se pueden sostener porque los presupuestos reglados del acto administrativo (supuesto de hecho, objeto y obligaciones) han desaparecido o se han alterado sustancialmente por una regulación posterior. Aunque esta es una institución aplicada tradicionalmente al acto administrativo, la Corte Suprema decidió extenderla como remedio para la tardanza injustificada en la resolución de procedimientos administrativos sancionatorios. Es así como la Excma. Corte Suprema ha sostenido, desde diciembre de 2009 en adelante, que cuando un organismo administrativo que instruye un procedimiento administrativo sancionador demora la formulación de los cargos, la notificación de los mismos o la resolución de la sanción administrativa –incluida la resolución del recurso–, más allá de los plazos establecidos en la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimiento Administrativo, pero sin alcanzar el plazo de prescripción, da origen a lo que la jurisprudencia del máximo tribunal ha denominado “el decaimiento del procedimiento administrativo”. La Excma. Corte Suprema, en sentencias roles 7284-09, 28 de enero de 2010; 7502-09, 28 de enero de 2010, ha sostenido sistemáticamente que:

“Primero: Que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dejó transcurrir cuatro años, dos meses y veintiocho días sin resolver los descargos formulados por la empresa reclamante, plazo que excede todo límite de razonabilidad, contrariando diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración, los que además tienen consagración legislativa. Así, en efecto, la tardanza inexcusable de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles afectó en primer término el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que nos encontremos ante un procedimiento racional y justo la sentencia debe ser oportuna.

Cuarto: Que lo anterior significa que no obstante que el plazo de 30 días establecido en el artículo 17 de la Ley N° 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el plazo de seis meses mencionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos no son plazos fatales, y que en principio su incumplimiento sólo genera las responsabilidades administrativas correspondientes, la vulneración abierta de los principios señalados en los considerandos anteriores ha de tener un efecto jurídico en el procedimiento administrativo.

Quinto: Que el efecto jurídico aludido precedentemente, no puede ser otro que una especie de “decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio”, esto es su extinción y pérdida de eficacia. El elemento de hecho sobreviniente en el caso de autos, es el tiempo excesivo transcurrido desde la evacuación oportuna de los descargos […]”

Señala, también, sentencias de la Excma. Corte Suprema, roles 8682/09, 28 de diciembre de 2009; SCS 7284/09, 28 de enero de 2010, en la que para justificar la relación con los plazos de la invalidación, ha indicado que:

“Sexto: Que en la búsqueda de un criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo, habrá de estarse a los plazos que el derecho administrativo contempla para situaciones que puedan asimilarse. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 inciso primero de la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos el plazo que tiene la Administración para invalidar sus actos administrativos es de dos años, y si bien la invalidación procede únicamente por razones de legalidad, y la reposición, en cambio, por razones de legalidad y de oportunidad, resulta lógico sostener que pasado el plazo de dos años la Administración no pueda reponer sus actos en que aplica sanciones, ya que de lo contrario resultaría que la autoridad administrativa, transcurrido dicho plazo, no podría invalidar, pero si podría reponer. Debe de establecerse, entonces, que el abandono del procedimiento administrativo sancionador por parte de la Administración, sin resolver una reposición dentro de dos años de haberse presentado, produce el decaimiento del procedimiento administrativo y la extinción del acto administrativo sancionatorio, perdiendo por lo tanto su eficacia”.

Y señala también sentencias roles 7284/09, 28 de enero de 2010; SCS 7502/09, 28 de enero de 2010, de la Excma. Corte Suprema:

“En el caso de autos, ha operado el decaimiento del acto administrativo, toda vez que desde que se inició el procedimiento hasta la fecha no hemos sido notificados legalmente del acto que lo concluye ni tampoco se ha iniciado ningún procedimiento de cobranza de la multa impuesta, por lo que ha perdido validez y justificación seguir adelante con el mismo, más aun teniendo en cuenta que todas las infracciones fueron solucionadas y enmendadas”

En cuanto a la omisión del acto de notificación, señala que, mediante su actuación, la Sra. Secretaria Regional de Salud y el sr. Contralor Regional del Maule, vulneran el derecho de Masisal a un Debido Proceso, derecho consagrado en el artículo 19 N°3 de nuestra Constitución, y la Igualdad ante la Ley, derecho consagrado en el artículo 19 N°2, toda vez que se ha visto afectado nuestro legítimo derecho a defensa, lo que se manifiesta en el hecho que se nos está cobrando una multa de la cual no pudimos reclamar, debido a que no se nos comunicó la resolución del sumario sanitario que da lugar a ésta, privándonos así, arbitrariamente, de ejercer nuestro derecho a defensa. El solo hecho de que haya aportado un correo electrónico para que se notifique la resolución del sumario, no es sinónimo de que efectivamente reciba alguna comunicación y sea notificado, como en los hechos ocurrió, y por ende, no se asegura el éxito de la vital diligencia, que, por lo demás, es una carga probatoria que pesa sobre la Secretaria de Salud, el cerciorarse de comunicarnos la resolución del sumario. Es deber de la autoridad asegurarse de notificar la resolución que da término a un procedimiento sancionatorio. Masisal no acusó recibo de la supuesta comunicación, ni repuso de la multa impuesta, sino que sólo se comunicó con la Secretaria Regional de Salud una vez que llegó la carta del CDE, hechos que dan cuenta claramente de no haber sido notificado. La Ley N°19.880 en sus artículos 46 y 47 establece que las notificaciones pueden realizarse taxativamente i) por escrito por carta certificada, ii) de modo personal, iii) en la oficina del servicio de la Administración y iv) de manera tácita. Conforme a la doctrina administrativa la notificación del acto administrativo genera importantes efectos jurídicos que no pueden producirse en el caso que la misma no se realice correctamente.

En tal sentido, resulta importante considerar lo indicado por la propia CGR, esto es, que "la notificación de un acto administrativo es, dentro del proceso respectivo, un requisito de eficacia jurídica, por lo que mientras no ha sido válidamente comunicado no produce efecto alguno y es inoponible al afectado. Lo anterior, de acuerdo con la literatura especializada se debería a que: “de no contar con un acto administrativo que haya cumplido con las exigencias para su plena eficacia -entre ellas, la notificación en los casos que es preceptiva- se estaría configurando una situación antijurídica que se reconoce como (Vía de hecho) porque la Administración carecería de título jurídico para la ejecución de la decisión administrativa.” En definitiva, la omisión del deber de notificar de manera apropiada coloca al destinatario en una posición de indefensión que genera violencia contra el administrado y que vulnera la garantía constitucional del debido proceso. Ello pues, la notificación del afectado es uno de los elementos necesarios e indispensables para un justo y racional procedimiento. Las leyes y reglamentos tienen la pretensión de modificar la realidad social, encauzando la conducta privada conforme a los estándares previstos en las normas jurídicas adoptadas. Aunque resulte obvio señalarlo, las leyes y reglamentos se dictan para ser aplicados. Esta pretensión se vería completamente frustrada si la autoridad administrativa no contara con la capacidad de imponer sanciones directas a los ciudadanos (esto es, sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia). Sin embargo, para que dicha potestad sancionatoria pueda ser ejercida, es necesario que sea el resultado de “procedimientos justos y racionales” en los términos exigidos por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, Hoy en día, no solo es imprescindible la tramitación de un procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, sino que en esos procedimientos rigen variadas garantías, especialmente los derechos de defensa y otros derechos formales caracterizados por su elevado nivel garantista. Al respecto, agrega, se debe tener presente incluso la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en sentencia Rol N°376/2003, en sus considerandos 29 y 30 nos da luces al respecto, al señalar:

“VIGESIMONOVENO. Que, el artículo 19, Nº 3, inciso primero, de la Constitución asegura a todas las personas: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.”;

TRIGÉSIMO. Que, dicho precepto consagra el principio general en la materia, al imponer al legislador el deber de dictar las normas que permitan a todos quienes sean, puedan ser, afectados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, ser emplazados y tener la oportunidad de defenderse de los cargos que le formule la autoridad administrativa. Fluye de lo anterior, lógicamente, que la voluntad del Poder Constituyente es que la ley contemple los preceptos que resguarden el goce efectivo y seguro de esos derechos.”

Que, entonces, asegura que se han visto vulnerados los derechos legítimos de Masisal, de defenderse ante la multa impuesta, debido a la falta de notificación del acto que concluye el sumario sanitario, situación injusta e ilegal bajo cualquier prisma, que debe ser enmendada.

Agrega como conclusión que, a la luz de los hechos relatados en lo principal de esta presentación; el artículo 27 de la ley 19.880 que dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”; artículo 53 de la misma ley, que dispone: “Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto…”; demás normas y jurisprudencia citada, podemos concluir que no solo se han vulnerado los derechos de un Debido Proceso y de Igualdad ante la Ley, establecidos constitucionalmente en favor de Masisal, sino que además se ha producido el decaimiento del acto administrativo sancionador, toda vez que, desde el inicio del sumario hasta la fecha de esta presentación, van corridos 3 años y 2 meses, lo que significa una tardanza excesiva sin que se nos haya comunicado, legalmente, la resolución de la sanción administrativa, privándonos de recurrir de la misma, lo que, en base a los pronunciamientos de nuestra Excma. Corte Suprema, conlleva al decaimiento del acto que concluye el procedimiento administrativo sancionatorio.

Por todo ello pide tener por interpuesto recurso de protección en contra del Señor Contralor Regional del Maule, CARLOS BASAEZ VALDEBENITO, y de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, Sra. nombre reservado, ambos ya individualizados, lo admita a tramitación y, en definitiva, acoja el recurso, declarando que HA OPERADO EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, Resolución Exenta N°2007524 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, que concluye fiscalización N° 1807640 del 24 de julio de 2018, y que por ende, se deja sin efecto multa aplicada a Masisal en dicho procedimiento y, en subsidio, de conformidad al artículo 53 de la ley 19.880, solicita INVALIDAR la Resolución que concluye sumario sanitario instruido en contra de Masisal, Resolución Exenta N° 2007524, ordenando se notifique en forma legal. Con expresa condenación en costas.- Acompaña los siguientes documentos:

1.- Mandato judicial de Maderas nombre reservado y Compañía Limitada a Rodrigo Javier Godoy Arenas.

2.- Resolución Exenta de Contraloría Regional del Maule Nº E136394/2021.

3.- Resolución Exenta de la Secretaria Regional de Salud del Maule N°1151 y, 4.- Oficio ORD.: 0599 de Secretaria Regional de Salud del Maule SEGUNDO: Que la recurrida Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región del Maule, doña nombre reservado, informa el presente recurso solicitando sea rechazado por no cumplir éste con el requisito formal de ser presentado dentro de plazo fatal y en el fondo por no haber incurrido esa autoridad sanitaria en actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere garantías constitucionales de ninguna especie, cuyo tenor literal se expone a continuación:

En primer término, señala, que resulta procedente y oportuno indicar que tal como lo ha señalado el recurrente en su escrito sobre Acción de Protección; él, con fecha 07 de Septiembre ha · tomado conocimiento del pronunciamiento de la Contraloría Regional, "Resolución" Nº E36394/2021, con ello, del acto amenaza que habría motivado el Recurso. Hago alusión al pronunciamiento de la Contraloría porque éste pronunciamiento resuelve en torno requerimientos interpuestos por MADERAS nombre reservado y CÍA. LTDA., en contra de esta Autoridad que se basan en las Resolución Sanitaria Exenta Nº 2007524 de 2020 y Resolución ORO 599 de 2021, que niega la Invalidación de la misma. Es decir, ambos actos administrativos constan en dicho pronunciamiento del 7 de septiembre y por tanto fueron conocidos por el recurrente. Ergo, el actor conocía la sentencia sanitaria que lo condena al pago de la multa de 30 UTM respecto de la cual solicitó Invalidación con posterioridad. Así las cosas, la interposición de la Acción o Recurso de Protección acaece el día 12 de Octubre de 2021 como consta en los antecedente y en la página del pjud.cl (estado de causas), habiendo transcurrido 35 días corridos entre el día 07/09/2021 y el 12/10/2021 Pues bien S.S.I. en ese orden de ideas conforme lo establecido el numeral 1º y 2° del Auto Acordado de la lltma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se encuentra excedido el plazo de 30 días corridos par impetrar la Acción de Protección, por haber transcurrido 5 días desde la expiración del correspondiente plazo. Dicho ello corresponde consecuencialmente que VS. Ilustrísima, declare extemporáneo el recurso en lo correspondiente a esta e inclusive.

SUPUESTOS ACTOS ARBITRARIOS QUE CAUSARON VULNERACIÓN A SUS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES IGUALDAD A TE LA LEY, DEBIDO PROCESO.

Se alega la infracción al artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política: "La igualdad ante la Ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son Iguales ante la ley”.

Al análisis de este precepto cuesta encontrar el derecho conculcado o afectado, cuyo imperio se busca reestablecer. Efectivamente, en Chile existe un Estado de Derecho propio de una República democrática, la esclavitud fue abolida, la única data más cerna vendría a ser el sistema de Encomiendas y el Inquilinaje como un tipo de esclavitud, pero no se acercan a tema que nos convoca.

En cuanto al 3º numeral del Artículo 19 de la CPR, (lo reproduzco y analizo inciso por inciso)

3°.-" La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

3.1 Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

En la especie a nadie se le ha impedido su derecho a una defensa jurídica. El actor concurre con letrado habilitado para el ejercicio de la Profesión quien se encuentra actuando en forma absolutamente normal y sin obstáculos en el Tribunal de Alzada de nuestra hermosa ciudad de Talca.

3.2 La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.

No aplica al caso presente, puesto que el actor cuenta con los recursos que le han permitido contratar defensa particular en la persona del abogado Sr. Rodrigo Javier Godoy Arenas.

3.3 Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, no por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

No aplica al caso presente toda vez que MASISAL no está siendo enjuiciada por ningún tribunal especial, ilegal ni arbitrario.

3.4 Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá a legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

Tanto la sentencia sanitaria exenta Nº 2007524 de 2020, tanto como la respuesta a la solicitud de Invalidación se encuentran debidamente resueltas dentro del marco de las normas sanitarias y similares, fundamentada en los hechos y en el derecho, debidamente notificadas. Todo con respeto irrestricto a las normas del debido proceso y al principio de bilateralidad de la audiencia.

3.5 La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

No aplica al caso presente 3.6 Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

La sanción pecuniaria de 30 UTM aplicada en la sentencia sanitaria se enmarca perfectamente en lo prescrito en el artículo 174 del Código Sanitario... (sic)

"Artículo 174.- La infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo /as disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con multa de undécimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original.

Las resoluciones que establezcan /as infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con /os artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Las infracciones antes señaladas podrán ser sancionadas, además, con la clausura de establecimientos, recintos, edificios, casas, /oca/es o lugares de trabajo donde se cometiere la infracción; con la cancelación de la autorización de funcionamiento o delos permisos concedidos; con la paralización de obras o faenas; con la suspensión de la distribución y uso de los productos de que se trate, y con el retiro, decomiso, destrucción o desnaturalización de los mismos, cuando proceda. Lo anterior es sin perjuicio de hacer efectivas /as responsabilidades que establezcan otros cuerpos legales respecto de los hechos . . .'' 3.6 7 Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;" Así las cosas, la interposición de la Acción o Recurso de Protección adolece de ausencia de sustento jurídico toda vez que los numerales 2º y 3º del artículo 19 de la CPR, resultan de suyo insuficientes para fundar la impetración de la Acción de Protección, considerando esta parte que el actor ha incurrido en un exceso al pretender por la vía del Recurso de Protección en este altísimo tribunal, conseguir evadir el pago de una multa en beneficio fiscal , la que teniendo a la vista el rango de aplicación de montos, resulta ser más bien una baja multa, (O,1 a 1000 UTM ) luego de haber incurrido en infracciones constatadas en Instrumento Público por un Ministro de Fe, en el contexto de un debido proceso. Dicho ello corresponde consecuencialmente que VS. Ilustrísima, declare NO HA LUGAR el recurso por carecer de fundamento jurídico.

EN EL FONDO - ANTECEDENTES DE HECHO I ANTECEDENTES Dado que el recurrente ha recurrido para que se pronuncie en torno a idénticos requerimientos previamente expuestos ante esta Seremi de Salud y con la finalidad de lograr una mejor y fidedigna comprensión de los hechos relacionados con el presente caso procederé a reproducir en forma íntegra lo antes respondido al actor para conocimiento de VS . A continuación se indican de manera correlativa y cronológica cada uno de las etapas procedimentales del proceso persecutor sanitario seguido en la Seremi de Salud, Región del Maule en contra del infractor MASISAL, MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA.

1.-LA FISCALIZACIÓN:

Empresas MASISAL, representada legalmente por Don: nombre reservado fue objeto de una fiscalización por parte de esta Autoridad Sanitaria con fecha 24 de Julio de 2018 , constándose en el Instrumento, léase; Acta de Fiscalización, levantada por el Ministro de Fe, un total de 22 (veintidós) infracciones a las normas sanitarias, todas atentatorias contra la integridad física y la salud de sus trabajadores.

2.- LEVANTAMIENTO DE ACTA Y EMPLAZAMIENTO Conforme al procedimiento se dio paso a notificar, en se acto, al fiscalizado, emplazándosele para presentar sus descargos dentro de plazo.

3.- PRESENTACIÓN DE DESCARGOS Y PERSONERÍA Comparece representado, en ese entonces, por doña nombre reservado, autorizada por el fiscalizado; Sr. nombre reservado, a través de un poder notarial para actuar a su nombre. La Sra. nombre reservado presenta sus descargos y junto con ello solicita en forma expresa NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 4.- LA SENTENCIA Y NOTIFICACIÓN El sumario es resuelto en primera instancia aplicándose un sanción pecuniaria de Treinta Unidades Tributarias Mensuales (30 UTM) dentro de un rango que oscila entre 0,1 y las 1000 UTM (Cero coma uno y mil Unidades tributarias Mensuales).

5.- Conforme a lo solicitado por el infractor, la Resolución respectiva le fue notificada por medios electrónicos al correo previamente señalado por su representante. A este respecto, resulta oportuno señalar que se acompañan en el presente informe, los elementos de prueba y registro de lo señalado en este punto.

6.- SUMARIADO SOLICITA INVALIDACIÓN DEL ACTO El Sr. nombre reservado recurre de Invalidación luego que el Consejo de Defensa del Estado, en representación de los intereses del Fisco, lo notificara del pago de la multa, señalando que “ Con fecha 12 de febrero del presente año, encontré tendido en el suelo, junto a la reja de protección , distante 8 metros de la puerta de entrada de la empresa MAS/SAL, un sobre que contenía una carta fechada 18 de enero de 2021, cuyo remitente es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien en representación de la SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DEL MAULE, nos comunica que MAS/SAL mantiene una deuda impaga con el Fisco de Chile, ascendente a la suma de 30 UTM, por concepto de multa sanitaria . . ." 7.-RESPUESTA DENEGATORIA A SOLICITUD DE INVALIDACIÓN POR PARTE DE SEREMI DE SALUD La solicitud de Invalidación presentada por MASISAL, es desechada por la Autoridad Sanitaria, toda vez que la sentencia sí le fue notificada conforme lo solicitó. Se adjuntan comprobantes del hecho.

8.- SUMARIADO RECURRE DE REPOSICIÓN A LA DENEGATORIA DE INVALIDACIÓN Don nombre reservado, (MASISAL), representado por el letrado RODRIGO JAVIER GODOY ARENAS, insiste recurriendo de Reposición en contra de la denegatoria de su solicitud de Invalidación previamente impetrada, y nuevamente, solicita NOTIFICACIÓN ELECTRÓN ICA.

9.- RECHAZO DE RECURSO DE REPOSICIÓN POR IMPROCEDENTE El Recurso es respondido por esta Autoridad manteniendo afirme la convicción de no haber incurrido en falta al principio del Debido Proceso, siendo denegado, dada la improcedencia de dicha acción conforme se fundamenta en la respuesta que en este acto se reproduce en forma íntegra.

10.- RECLAMACIÓN ANTE CONTRALORÍA.

El Sumariado deudor recurre a Contraloría Regional del Maule reclamando infracción al artículo 19 Nº 3 de la CPR, y junto a ello acusa Decaimiento del Acto administrativo.

II LA NOTIFICACIÓN:

Dicho lo anterior procedo a reproducir los argumentos entregados al actor en respuesta a su solicitud de Invalidación, los que establecen claridad respecto la efectividad de haberse practicado la notificación de la resolución del sumario sanitario.

1.- (sic) "... RESPONDE LA SOLICITUD DE INVALIDACIÓN Si bien el artículo 53 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración el Estado, faculta a la autoridad para invalidar o dejar sin efecto de mane a total o parcial un determinado acto administrativo por razones de ilegalidad, tal potestad no resulta aplicable en la especie toda vez que no se ha incurrid en ilegalidad alguna durante el proceso de tramitación del sumario sanitario seguido en contra de MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, MASISAL.

Usted ha señalado: (sic) ''por haber tomado esta parle conocimiento de una multa, sin haber sido notificado de ninguna sentencia condenatoria"... reclamando con ello, ilegalidad por omisión del acto de Notificación de la solución que concluyó el sumario sanitario iniciado en su contra, que por lo mismo, debe invalidarse dicha sentencia por cuanto al no serle comunicada no ha podido reaccionar, dentro de plazo, para impugnarla.

En efecto, el capítulo II de la Ley 19.880, en sus artículos 18 y 19 sienta las normas básicas y define el procedimiento administrativo como la sucesión de trámites vinculados entre sí, que emanan de la Administración y en su caso, de particulares interesados, cuya finalidad es producir un acto administrativo terminal.

Agrega el inciso 3ro del mismo artículo 18 que (sic) todo procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos públicos con expresión de fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros u otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío en estricto orden de ocurrencia o egreso. . .

El artículo 19 del mismo cuerpo normativo señala que (sic) "Utilización de medios electrónicos. El procedimiento administrativo podrá realizarse a través de técnicas y medios electrónicos”

EL ACTO ADMINISTRATIVO FUE NOTIFICADO "En su escrito Usted ha indicado que después de haber sido inspeccionado por funcionario de esta Seremi de Salud, encomendó la defensa del sumario a una persona determinada, y para el logro de este · objetivo, Usted, según consta en nuestro registro, confirió Poder Notarial (Notaría Vida/) a Doña: nombre reservado, para que en su representación y nombre actuara ante esta Seremi de Salud en todos los trámites que el sumario demandare, otorgándoles facultad para firmar todos los documentos que se le exigieren. Así se describe en documento que se adjunta.

Su mandataria, actuando en coherencia con la misión, por Usted, encomendada y ya investida para el efecto, solicitó en términos formales y explícitos a esta Autoridad que se le notificara al correo electrónico: correo reservado, la documentación pertinente al Acta de Fiscalización del sumario seguido a su mandante: MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, MASISAL. (adjunto copia de su solicitud)

Tal como se observa en el documento, que este acto acompaño, dicha solicitud fue firmada por su mandataria y, ulteriormente, le fue remitida la Resolución que aplica sanción pecuniaria al infractor de autos.

Como Usted puede apreciar, no existe ilegalidad alguna en el procedimiento, toda vez que se ha cumplido con la respectiva notificación de la sentencia sanitaria a su mandataria, ergo no procede, en el presente caso acceder lo solicitado invalidando el acto antes descrito." 2.- RESPONDE RECURSO DE REPOSICIÓN El solicitante recurrió de REPOSICIÓN a la solicitud de Invalidación. Esta Autoridad entregó la correspondiente respuesta rechazando el recurso basada en los argumentos expuestos en el texto que a continuación reproduzco: (sic)...."VISTO : Lo dispuesto en los artículos 9º y 161º al 174º del Código Sanitario y en uso de las facultades que me confieren el Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº2763, de 1979 , y de las Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº136/2004 del Ministerio de Salud Decreto Supremo y el Decreto Nº 48 de 27 de marzo de 2018 sobre nombramiento de Seremi de Salud para la Región del Maule.

CONSIDERANDO:

I.-Que ha dirigido a esta Secretaría Ministerial Regional de Salud, Don nombre reservado representante legal de MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LTDA., MAS/SAL, quienes han designado como abogado patrocinante para todas las gestiones a que dé Jugar su presentación a don RODRIGO JAVIER GODOY ARENAS , con el objeto de presentar un recurso de Reposición en contra de Oficio Ordinario Nº 0599 de 01 de marzo de 2021 que contiene respuesta que deniega solicitud de INVALIDACIÓN impetrada previamente por el recurrente.

II.- Que el recurso de reposición que se interpone dice relación con sanción sanitaria aplicada al infractor MASISAL, conforme al mérito del expediente 187EXP1222 en procedimiento de inspección sustanciado por funcionarios de la Unidad de Salud Ocupacional de esta Seremi de Salud.

III.-Que el contenido del Instrumento Público levantado por I Ministro de Fe; léase Acta de Fiscalización, contiene lo siguiente: (sic)

"ACTA DE INSPECCIÓN 1. Razón de la visita: Fiscalización para factores de riesgos Psicosociales, Ruido, Condiciones Generales de Seguridad y Salud, actores de riesgo de trastornos Músculo-Esqueléticos en los lugares de trabajo.

2. Hechos Constatados:

2.1. La empresa No cuenta con una evaluación de diagnóstico o inicial, según el instructivo del ISP (Norma Técnica Nº 156- 013 MINSAL DTO Nº 1052 MINSAL)

2.2. No cuenta con medición cuantitativa ambiental por exposición a ruido laboral en los puestos de trabajo identificados en el screening y que superan los 80dBa (Norma Técnica Nº 156-2013 MINSAL DTO Nº 1052 MINSAL)

2.3. La empresa no gestiona. el riesgo de exposición a ruido (Norma Técnica Nº 156-2013 MINSAL. DTO Nº 1052 MINSAL Art. 3, 37 D.S. 594/99)

2.4. No cuenta con la gestión de los Elementos de Protección Auditiva de acuerdo con las Guías del ISP (Art. 53°, D.S. 594199 Norma Técnica Nº 156- 2013 MINSAL DTO Nº 1052 MINSAL) 2.5. No se proporcionan Elementos de Protección Personal adecuados a los requisitos, características y tipos que exige el riesgo de Ruido (Art. 53°, D.S. 594/99 MINSAL Norma Técnica Nº 156- 2013 MINSAL DTO Nº 1052 MINSAL)

2.6. No se realizó capacitación teórico práctica sobre a protección auditiva de acuerdo a la Guía del ISP (Art. 53°, D.S. 594199 Art 21 D.S. 40/69 Norma Técnica Nº 156-2013 MINSAL DTO Nº 1052 MINSAL)

2.7. La empresa no realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce el ruido ocupacional, las medidas preventivas ni los métodos de trabajo correctos (Art. 21 y 11 D.S. 40/69 Norma técnica Nº 156- 2013 MINSAL DTO Nº 1052 MINSAL)

2.8. No se realizó la difusión del protocolo a los Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sindicatos ni trabajadores con exposición a Ruido (Art. 21 D. S. 40169 Norma Técnica Nº 156- 2013 MINSAL Nº 1052 MINSAL)

2.9. No cuenta con extintores suficientes en cuanto al tipo del agente extintor y superficie a cubrir (Art. 45°, 46°, 47° y 50°, DS.594/99 MINSAL)

2.10. Los extintores no están localizados e instalados conforme a la normativa. Existe señalética de extintores, y los extintores no están ubicados en ese lugar. (Art. 47° DS.594/99 MINSAL)

2.11. Los extintores no cuentan con su carga al día. Extintores vencidos desde octubre de 2016. (Art. 51°, DS.594/99 MINSAL)

2.12. No tiene implementada la gestión de Elementos de Protección Personal de acuerdo a los criterios del Instituto de Salud Pública (Art. 53,117 DS.594/99 MINSAL)

2.13. No cuenta con la aplicación del protocolo de Vigilancia de Riesgo Psicosocial (Art. 3 del DS.594/99 Folio: 1807640 / Fecha: 2410712018 / Página 1 de 2 MINSAL. Res. Ext. 1.433-2017 MINSAL)

2.14. El centro de trabajo no tiene conformado su comité de aplicación de riesgos psicosociales laborales, conforme a lo establecido en el Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 (Art. 3 del DS.594/99 MINSAL. Res. Ext. 1.433-2017 MINSAL)

2.15. La empresa no gestiona el riesgo de exposición a factores de riesgos Psicosociales (Res. Ext. 1.433- 2017 MINSAL Art. 3, 37 y 57, DS.594/99 MINSAL)

2.16. No se realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce los factores de riesgo psicosociales del trabajo y las medidas preventivas (Art. 21 D.S. 40/69 MINTRAB Res. Ext. 1.433-2017 MINSAL)

2.17. No se realizó la difusión del protocolo al Comité paritario de higiene y seguridad, sindicatos ni trabajadores con exposición a riesgos Psicosociales (Art. 21 D.S. 40/69 MINTRAB Res. Ext. 1.433-2017 MINSAL)

2.18. No se ha realizado la identificación y evaluación del riesgo biomecánico (Repetitividad, Fuerza, Posturas y Tiempos de Recuperación) para la extremidad superior de los puestos de trabajo y tareas según los criterios establecidos en el DS. 594 y la lista de chequeo de la norma técnica 143 (Art. 110 a1 DS.594/99 MINSAL Resolución Exenta Nº804-2012 MINSAL)

2.19. No está programada la evaluación de factores de riesgo de trastorno músculo esqueléticos de extremidad superior (Art. 110 a.1 DS.594/99 MINSAL Resolución Exenta Nº 804-2012 MINSAL)

2.20. La empresa no gestiona el riesgo de exposición a los Factores de Riesgo de trastornos musculo esqueléticos relacionados al trabajo (identificación, evaluación y control) (Artículo 110 a.2 DS. 5941/99 MINSAL Resolución· Exenta Nº 503-2012 MINSAL Resolución Exenta Nº 804*2012 MINSAL)

2.21. La empresa no realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce la exposición a factores de Riesgo de trastornos musculo esqueléticos relacionados al trabajo, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos (Art. 21 D.S. 40/69 MINTRAB Artículo 110 a.3 DS. 5941/99 MINSAL Resolución Exenta Nº 503-2012 MINSAL)

2.22. El Programa de capacitación no consta por escrito y no contempla los contenidos que son referidos en la Norma Técnica para controlar los factores de riesgo de trastornos musculo esqueléticos relacionados al trabajo (Art. 21 D.S. 40/69 MINTRAB Articulo 110 a.3 DS. 594199 MINSAL Resolución Exenta Nº 503- 2012 MINSAL)

2.23. No se realizó la difusión del protocolo a el Comité paritario de higiene y seguridad, sindicatos ni trabajadores con exposición a factores de Riesgo de trastornos musculo esqueléticos (Articulo 110 a.3 DS. 594199 MINSAL Resolución Exenta Nº 503-2012 MINSAL) Otros Hechos Constatados: Se entrega formulario de descargos Nº009273 3. Se inicia sumario sanitario y se cita a audiencia de descargos y prueba al Sr(a) nombre reservado, para el día 3110712018, a las 12: OO. Los descargos deben ser presentados por escrito o en formato digital, en las oficinas de la SEREMI de Salud, ubicado en domicilio reservado, personalmente o acreditando representación del representante legal mediante poder notarial. En caso de persona jurídica, acreditar la representación legal y la personería del representante apoderado. En caso de no comparecer, se le tendrá por rebelde y se procederá conforme los artículos 166 y 167 del Código Sanitario”

Que el sumariado; MASISAL, otorgó Poder Notarial a doña nombre reservado, confiriendo a su mandataria: (sic) “Todas las facultades necesarias para el eficaz y correcto desempeño de su mandato, incluso las de firmar los documentos, recibos, resguardos y demás documentos que se le exijan, y en general lo faculta para que proceda a efectuar todos los trámites, diligencias y actuaciones que sean proceden es para dar cumplido éxito a su misión..." Que la mandataria doña nombre reservado, dentro del marco del procedimiento, en representación de su mandante, presentó descargos: (sic)

Descargos según formulario Nº 009273.

Termina su informe, señalando que tampoco se cumplen los requisitos para que exista decaimiento Administrativo, por tanto, no existe un acto administrativo esencialmente terminal y no ha concurrido ninguna circunstancia sobreviniente de carácter fáctico, o que afecte el objeto sobre el cual produce sus efectos o de carácter jurídico y, además, no procede en material procedimental en el ámbito sancionatorio.

TERCERO: Que en Folio 13, el Sr. Contralor Regional del Maule evacúa su informe y expone:

I.- Antecedentes del recurso La presente acción de protección ha sido deducida en contra del oficio N° E136394 de 2021, de esta Contraloría Regional del Maule, que desestimó el reclamo de la Sociedad Maderas nombre reservado y Compañía Limitada -en adelante MASISAL-, en contra de la sanción aplicada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule, mediante resolución N° 2007524 del 6 de mayo de 2020, tanto en lo referente a la falta de notificación alegada como al decaimiento del acto administrativo sancionador.

Asimismo, el recurso ha sido promovido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, primeramente, por la emisión de la resolución exenta N° 1151, de 2021, petición que posteriormente fue modificada, dirigiendo en definitiva la acción contra la resolución exenta N° 2007524, de 2020 y el Ord. 599, de 2021, ambas de esa cartera regional.

Es necesario precisar, que MASISAL recurre en contra el oficio N° E136394 de 2021, de esta Contraloría Regional, sin realizar a esta Iltma. Corte ninguna petición concreta a su respecto.

Establecido lo que antecede, cabe señalar que con fecha 24 de julio de 2018, fiscalizadores de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule (SEREMI de Salud) se constituyeron en visita inspectiva a la empresa Maderas nombre reservado y Cía. Ltda. “MASISAL”, representada por don nombre reservado, en sus dependencias ubicadas en domicilio reservado, de Talca, según consta del acta de fiscalización N° 1807640, con el objeto de fiscalizar factores de riesgo psicosociales, ruido, condiciones generales de seguridad y salud, factores de riesgo de trastorno-músculo esqueléticos en lugares de trabajo, pudiendo verificar 22 infracciones a normas sanitarias, todas ellas atentatorias contra la integridad física y salud de sus trabajadores.

Por medio del documento señalado, se dio inicio al sumario sanitario, expediente N° 187EXP1222, siendo citado el señor nombre reservado a audiencia de descargos y prueba para el 31 de julio de 2018, a las 12:00 horas. Según indica el documento, en ese acto se le entregó formulario de descargos N° 009273 informándole que debían ser presentados por escrito o en formato digital en las oficinas de la SEREMI de Salud, ubicadas en domicilio reservado, de Talca, personalmente o acreditando representación mediante poder notarial.

Con fecha 30 de julio de 2018, el señor nombre reservado, delegó la representación de MASISAL, respecto de la denuncia sanitaria, en doña nombre reservado, confiriéndole todas las facultades necesarias para el correcto y eficaz desempeño de su mandato, siendo su firma autorizada por el Notario Público de Talca, don nombre reservado, aspecto que no ha sido objetado por la recurrente.

Seguidamente, con fecha 31 de julio de 2018, la señora nombre reservado, en representación de MASISAL, presentó los descargos a las infracciones observadas, adjuntando documentos que acreditarían la adopción de medidas para subsanar las irregularidades, oportunidad en que además solicitó voluntariamente ser notificada por medios electrónicos al correo correo reservado, para los efectos del acta de fiscalización N° 1807640.

Consta del expediente digital del sumario que el 5 de mayo de 2020, se propuso aplicar una multa de 30 UTM a la empresa fiscalizada, decisión que se adoptó a través de la resolución N° 2007524, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule, emitida el 6 de mayo de 2020, y notificada al correo indicado por MASISAL.

Enseguida, y dado que la multa en cuestión no habría sido pagada, mediante oficio N° 1.922, del 30 de octubre de 2020, esa SEREMI remitió al Abogado procurador Fiscal de Talca las resoluciones de término de 158 sumarios sanitarios, entre ellas, la que aplicó la multa a la recurrente, organismo que realizó acciones de cobranza extrajudicial mediante cartas de fecha 18 de enero y 22 de febrero, de 2021.

Ahora, MASISAL, el 17 de febrero de 2021, solicitó a la SEREMI de Salud de la región del Maule, la invalidación de la resolución que le aplicó la multa en cuestión, argumentando haber sido noticiada de ella recién con la carta del Consejo de Defensa del Estado, y sosteniendo que con posterioridad a la audiencia del 31 de julio de 2018, no habría tenido conocimiento de ninguna de las actuaciones del procedimiento, de manera tal que se habrían vulnerado sus derechos, tanto a conocer los fundamentos de la decisión adoptada, como a recurrir en contra de ella oportunamente.

Dicha autoridad sanitaria, mediante oficio N° 599, del 1° de marzo del año en curso, desestimó la pretensión del recurrente, sosteniendo que consta en el expediente electrónico del sumario, que la resolución que aplicó la multa le fue notificada al correo electrónico señalado para tal efecto, por lo que no se configuraría vicio alguno que hiciera procedente su invalidación.

Luego, la empresa MASISAL, el 10 de marzo de 2021, interpuso un recurso de reposición, el que fue rechazado por la autoridad mediante resolución exenta N° 1.151, de 2021, por considerar que las notificaciones en el proceso fueron realizadas por la vía solicitada y a que, conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 19.880 de procedimientos administrativos, no procede este recurso, ni de ninguna otra naturaleza en contra de un acto administrativo que no da lugar a una solicitud de invalidación, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de un acto invalidatorio, que sí sería impugnable.

Posteriormente, el 4 de junio, don Rodrigo Javier Godoy Arenas, en representación convencional de MASISAL, ingresó ante esta Sede Regional un reclamo en contra de la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule, identificado con el número W016513, sosteniendo que su mandante no habría sido notificado de la sanción aplicada mediante resolución N° 2007524, de 2020, dejándolo indefenso, alegando además el decaimiento del acto.

Pues bien, con fecha 7 de septiembre de 2021, esta Entidad de Control desestimó el reclamo de MASISAL, mediante el oficio N° E136394 de 2021 -acto impugnado en estos autos-, por cuanto la notificación a la recurrente en el sumario se habría realizado conforme a la normativa que regula la materia y a la dirección de correo electrónico señalada por ella misma en el expediente, sin que resultara preciso para la validez de tal actuación que el afectado acusara recibo del mensaje en cuestión, desestimándose además su alegación de haber operado el decaimiento del acto administrativo sancionador.

II.- Falta de legitimación pasiva En la especie, es posible advertir que esta Sede Regional carece de legitimación pasiva en la presente acción cautelar, pues si bien se impugna el oficio N° E136394 de 2021, de este origen, que desestimó el reclamo de la actora en contra de la sanción aplicada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule, lo cierto es que el libelo no formula ninguna petición en concreto en relación a lo actuado por esta Contraloría Regional.

En efecto, de la sola lectura del petitorio de la acción se advierte que la solicitud efectuada a VS. Iltma, no realiza ninguna mención a lo obrado por esta Contraloría Regional pues se solicita: “Se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del Señor Contralor Regional del Maule, CARLOS BASAEZ VALDEBENITO, y de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, Sra. nombre reservado, ambos ya individualizados, lo admita a tramitación y, en definitiva, acoja el recurso, declarando que HA OPERADO EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, Resolución Exenta N° 2007524 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, que concluye fiscalización N° 1807640 del 24 de julio de 2018, y que por ende, se deja sin efecto multa aplicada a Masisal en dicho procedimiento” Así, es posible advertir, que la única petición formulada dice relación con la actuación de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, materializada en su resolución exenta N° 2007524, y no dice relación con actuación alguna de esta Sede Regional, que se limitó a dar respuesta a una presentación efectuada por la sociedad recurrente Por esta razón, en el evento de ser procedente la impugnación de la determinación administrativa contenida en Resolución Exenta N° 2007524 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, por la vía del recurso de protección, en ningún caso debería dirigirse en contra de este Órgano Fiscalizador, toda vez que el agravio alegado en autos no tiene su origen en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de esta Entidad Fiscalizadora, sino en la decisión de la autoridad que adoptó la medida que se impugna, por lo que corresponde que ese Iltmo. Tribunal desestime el recurso de protección de autos, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de esta Sede Regional.

III.- Extemporaneidad del recurso El supuesto agravio que la actora aduce en su recurso, se habría configurado con la determinación adoptada por la SEREMI de Salud de la región del Maule, de aplicarle una sanción de multa de 30 UTM, en un sumario sanitario instruido a raíz de múltiples infracciones a la normativa sanitaria.

Lo anterior, se desprende de la lectura del petitorio de la acción en que se solicita a VS. Iltma. declarar “que HA OPERADO EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, Resolución Exenta N° 2007524 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, que concluye fiscalización N° 1807640 del 24 de julio de 2018, y que por ende, se deja sin efecto multa aplicada a Masisal en dicho procedimiento”

Pues bien, cabe precisar que la resolución N° 2007524 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, fue notificada al actor con fecha 6 de mayo de 2020, en consecuencia, teniendo en consideración la fecha de notificación de la referida resolución y la de interposición de la acción de autos, esto es, el 8 de octubre de 2021, es un hecho inconcuso que el plazo para recurrir de protección, se encuentra latamente vencido.

IV.- improcedencia del recurso de protección en el marco de un sumario sanitario En el presente recurso, la recurrente aspira a que VS. Iltma. se avoque a la revisión del sumario sanitario que la afectó, para obtener, como expresamente señala en su acción, que ese Iltmo. Tribunal declare que ha operado el decaimiento de dicho proceso, lo que excede el marco propio de esta acción constitucional, ya que aquella pretensión no se concilia con la vía elegida -recurso de protección- que no es declarativa de derechos, sino que persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuyo no es el caso.

Así, mediante la presente acción cautelar, MASISAL busca que esa Iltma. Corte de Apelaciones declare “que ha operado el decaimiento del acto administrativo sancionador, Resolución Exenta N° 2007524 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule, que concluye fiscalización N° 1807640 del 24 de julio de 2018, y que por ende, se deja sin efecto la multa aplicada a MASISAL en dicho procedimiento” y subsidiariamente “Invalidar la resolución que concluye el sumario sanitario en contra de MASISAL, resolución exenta N° 2007524, ordenando se notifique en forma legal”. En este sentido, resulta pertinente considerar el criterio consignado en la sentencia dictada en autos rol N° 73.999-20 de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, confirmado por la Excma. Corte Suprema en los autos rol N° 5.395-21 que expresó: “La legalidad de un procedimiento administrativo no puede ser revisada, a juicio de esta Corte, mediante un recurso de protección, pues éste tiene finalidades diversas y no se encuentra en la cadena recursiva que contemplan las normas administrativas…” (el destacado es nuestro).

De este modo, y atendido que la finalidad que persigue el peticionario con la acción interpuesta es impugnar la sanción que le fuera impuesta en el marco de un sumario sanitario instruido en su contra, la acción de autos no es útil para el anotado propósito, por cuanto ella no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos y ello excede la naturaleza cautelar de la referida acción.

V.- Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en al acto administrativo de esta Contraloría Regional que originan el recurso de protección deducido Al respecto, conviene señalar que no se advierte de qué manera el pronunciamiento que se impugna -emitido a petición expresa de la recurrente- resulta ilegal, toda vez que esta Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y 1°; 6°, y 10°, de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor; atribuciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de su resolución N° 1.002, de 2011.

Tampoco la actuación recurrida puede ser calificada de arbitraria, puesto que el referido oficio N° E136394 de 2021, no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de este Órgano de Control, sino que constituye el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del organismo contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de esa Contraloría Regional en el cual se expresaron claramente los fundamentos legales de la decisión.

Así, el hecho de que la parte recurrente no comparta la decisión adoptada por esta Contraloría Regional no transforma en arbitrario lo concluido en el acto que estima vulnera sus derechos.

VI.- La recurrente fue debidamente notificada de la sanción impuesta a su respecto en el sumario sanitario, a la dirección de correo electrónico señalada al efecto Sobre el particular, conviene recordar que el procedimiento administrativo en el cual incide el recurso de la interesada y a que se refiere el oficio N° E136394 de 2021, corresponde al regulado en los artículos 161 y siguientes del Código Sanitario, bajo la denominación de sumario sanitario, a cargo de la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Salud, entidad que, acreditada que fuere una infracción a la preceptiva del sector, a través del procedimiento que regula el mismo Código, se encuentra facultada para imponer las sanciones.

Luego, si bien el Código Sanitario, en materia de notificaciones, consigna en su artículo 165 que éstas se harán por los funcionarios que indica con sujeción a las instrucciones que se impartan, dejando testimonio escrito de su actuación, ello debe armonizarse con lo previsto en el artículo 19 de la ley N° 19.880, que admite que el procedimiento administrativo se realice a través de técnicas y medios electrónicos, por lo que una interpretación armónica de las indicadas disposiciones permite sostener que el legislador ha previsto la posibilidad de que, en la medida que el afectado, de propia iniciativa, manifieste expresamente su voluntad en orden a ser notificado en el procedimiento administrativo a través del correo electrónico que señale expresamente, es procedente utilizar ese medio al efecto, criterio que ha sido recogido por la jurisprudencia administrativa contenida entre otros, en los dictámenes N°s 767, de 2013 y 16.165 de 2014 y que resulta concordante con los principios de economía procedimental y de la no formalización, contemplados en los artículos 9° y 13 de la ley N° 19.880.

Ahora bien, esta Entidad de Control constató que la notificación de la sanción impuesta por la autoridad sanitaria se realizó el día 6 de mayo de 2020, y fue remitida a la dirección de correo electrónico indicada por la recurrente al efecto.

Cabe agregar, además, que dicha solicitud de notificación por medios electrónicos se encuentra incorporada a la resolución exenta N° 1151, de 20 de abril de 2021, de la SEREMI de Salud de la región del Maule y fue suscrita por doña nombre reservado, apoderada de la recurrente en el sumario sanitario, con data 31 de julio de 2018, indicándose allí la casilla de correo en que MASISAL solicita ser notificada.

En este punto, se debe hacer presente que, en armonía con el criterio sustentado en los dictámenes N° 2.536, de 2013 y 29.173, de 2017, de esta Contraloría General, la circunstancia de que MASISAL no haya suscrito un acta de notificación o, en este caso, acusado recibo del correo electrónico, no altera el hecho cierto de que supo de la actuación que se le comunicó y que desconoce, como quiera que sostener una interpretación en contrario, significaría dejar bajo la potestad del notificado la validez de la gestión de que se trata.

En consecuencia, la notificación realizada a la recurrente en el sumario sanitario mencionado se realizó conforme a la normativa que regula la materia y a la dirección de correo electrónico señalada en el expediente, sin que resulte necesario para la validez de tal actuación que el afectado acuse recibo del mensaje en cuestión como pretende exigir.

VII.- No ha operado el decaimiento del acto administrativo sancionador Sobre el particular, cabe señalar que en la especie no ha operado el decaimiento del procedimiento administrativo en el sumario sanitario instruido por la SEREMI de Salud de la región del Maule, pues para que tenga lugar la aplicación de la señalada institución, es menester que exista un procedimiento administrativo iniciado y que éste se paralice de tal manera que ello conlleve su extinción y pérdida de eficacia, lo que en la especie no ha acontecido, pues el sumario sanitario se encuentra concluido, habiéndose notificado su resolución de término el 6 de mayo de 2020.

Ahora bien, la recurrente pretende revivir un procedimiento que se encuentra en la etapa de cumplimiento, en que fue condenada a pagar una multa de 30 UTM, luego de verificarse fehacientemente en el sumario sanitario las múltiples infracciones administrativas que se le imputaron, invocando su presunto decaimiento, aludiendo a la tardanza en resolver la reposición que formuló ante la negativa de su solicitud de invalidación, impugnación que además resultaba improcedente.

En efecto, carece por completo de asidero pretender configurar una institución jurídica de aplicación excepcional, como lo es el decaimiento, a partir de una reposición improcedente, ya que tal como concluyó la SEREMI de Salud de la región del Maule, la invalidación es una facultad y si bien un acto invalidatorio es impugnable, no lo es la respuesta de la autoridad denegando la solicitud de invalidación emitida en el ejercicio de la potestad conferida por el artículo 53 de la ley N° 19.880.

A mayor abundamiento, cabe tener presente, que en la etapa recursiva no cabe hablar de decaimiento, tal como lo ha expresado la Excma. Corte Suprema en fallo rol N° 30.632-2018 :”Quinto: Que esta Corte Suprema ha resuelto de manera constante y uniforme que, para los efectos de declarar el decaimiento del acto administrativo, sólo corresponde considerar la etapa previa a la imposición de la sanción, sin considerar la etapa recursiva, como ha pretendido la apelante, de manera que, en el caso sub lite, no se configuran los presupuestos fácticos que hacen aplicable dicha institución y, en consecuencia, el recurso de apelación intentado no podrá prosperar” (el destacado es nuestro)

Asimismo, la Excma. Corte Suprema, en su sentencia rol N° 24.935, de 2018, ha señalado: “…Además, resulta imprescindible destacar que el criterio básico para asentar el decaimiento del procedimiento administrativo no sólo se relaciona con el transcurso del tiempo, sino que el eje esencial se relaciona la falta de eficacia del acto en virtud de la demora en la decisión afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegítimo, determinando que producto del tiempo excesivo transcurrido éste se torna inútil, cuestión que, evidentemente, no se configura en la especie.

En este aspecto, se debe precisar que aceptar el decaimiento del procedimiento administrativo en una materia técnica, vinculada al orden público urbanístico, determinaría aceptar que, por no ejecutarse un decreto de demolición en un tiempo determinado, el acto se tornaría en ineficaz, admitiendo que esa construcción, realizada al margen de la ley, se mantenga, cuestión que es inadmisible.” (el destacado es nuestro).

De esta manera, si bien en la especie entre el inicio del sumario sanitario del caso y la fecha en que la SEREMI emitió la resolución N° 2007524, transcurrió un lapso que excede el término previsto por el artículo 27 de la ley N° 19.880, debe precisarse que dicho término no posee el carácter de fatal ya que salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella, criterio que ha sido recogido por esta Contraloría General, en sus dictámenes N°s 4.571 y 21.876, ambos de 2015.

VIII.- Garantías constitucionales supuestamente vulneradas.

Es preciso señalar, que si bien la actora expresó cuáles eran las supuestas garantías constitucionales amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no las desarrolla ni fundamenta lo suficiente para hacer procedente la acción cautelar de autos, lo que es indiciario de la ausencia de agravio e impide a esta parte realizar una adecuada defensa al respecto.

Sin perjuicio de lo indicado, es posible sostener lo siguiente:

1.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República La Excma. Corte Suprema, interpretando el sentido y alcance de este derecho constitucional, ha expresado que la igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que en una serie de ámbitos la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental, o que no tenga justificación racional.

En la misma línea, la Corte de Apelaciones de Chillán, en sentencia firme y ejecutoriada de 23 de enero de 2019, dictada en la causa rol N° 1.500-2018, ha reproducido la jurisprudencia asentada por el máximo tribunal, en su sentencia rol N° 4.466, de 2003, señalando que “Para que pueda entenderse vulnerada tal garantía resultaría necesario probar que la misma autoridad, enfrentando otros casos semejantes y en total igualdad de condiciones, actuó de diversa manera”.

Siendo ello así, no se advierte cómo la garantía en estudio ha sido vulnerada por esta Sede Regional a través de la actuación recurrida, puesto que la emisión de su oficio N° E136394, de 2021, fue realizada a petición expresa del interesado; con estricto cumplimiento de la normativa aplicable en la especie; sin efectuar ninguna clase de discriminación arbitraria que eventualmente lesionara el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley, más cuando la alegación del actor resulta genérica y adolece de falta de precisión, al no detallar cuales serían, a su juicio, los otros casos en que, estando en la misma hipótesis que nos ocupa, se había obrado de manera diferente.

De esta manera, la recurrente no ha acreditado la existencia de las referidas diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido respetado por este Órgano Fiscalizador, toda vez que en virtud de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente y la jurisprudencia administrativa sobre la materia, contenida, entre otros, en los dictámenes Nºs 34.838, de 2015, y E44424, de 2020, razón por la que mal podría suponerse que dicha actuación haya significado dar al actor un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata.

2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N°3, inciso 5° de la Constitución Política La peticionaria alega que se habría transgredido su derecho al debido proceso -contenido en el inciso 6°, del numeral 3 del artículo 19-, en circunstancias que tal derecho no es susceptible de ampararse vía recurso de protección, con arreglo a lo dispuesto en artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo que solo cabe desestimar la alegación a este respecto.

IX.- Conclusión Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, se solicita a V.S. Iltma. que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Reclamo formulado por don Rodrigo Javier Godoy Arenas, en representación convencional de Maderas nombre reservado y Cía. Ltda. ante esta Contraloría Regional, ingresado como referencia N° W016513, de 2021.

2.- Oficio N° 1900 del 12 de julio de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule.

3.- Oficio N° E136394 de 2021, de este origen, a través del cual se resolvió el reclamo por don Rodrigo Javier Godoy Arenas, en representación convencional de Maderas nombre reservado y Cía. Ltda.

CUARTO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protección del afectado.

QUINTO: Que de lo expresado e informado en estos autos, se puede concluir que son hechos no controvertidos o a lo menos aceptados, que la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule, en virtud de fiscalización No.1807640 de 24 de julio de 2018, inició un sumario sanitario por diversas infracciones en contra de la recurrente, el que fue resuelto mediante la Resolución Exenta No. 2007524 de 2020, en la cual se le impuso una multa de 30 UTM por la infracciones atentatorias contra la salud e integridad física de sus trabajadores; que en dicho sumario se citó al Sr. nombre reservado, representante legal de Masisal, a audiencia de descargos y prueba para el 31 de julio de 2018, a las 12:00 horas y que se le entregó formulario de descargos N° 009273 informándole que debían ser presentados por escrito o en formato digital en las oficinas de la SEREMI de Salud, ubicadas en domicilio reservado, de Talca, personalmente o acreditando representación mediante poder notarial; que con fecha 30 de julio de 2018, el señor nombre reservado, delegó la representación de MASISAL, respecto de la denuncia sanitaria, en doña nombre reservado, confiriéndole todas las facultades necesarias para el correcto y eficaz desempeño de su mandato, siendo su firma autorizada por el Notario Público de Talca, don nombre reservado; que con fecha 31 de julio de 2018, la señora nombre reservado, en representación de Masisal, presentó los descargos a las infracciones observadas, oportunidad en que además solicitó voluntariamente ser notificada por medios electrónicos al correo correo reservado; que el día 5 de mayo de 2020, se propuso aplicar una multa de 30 UTM a la empresa fiscalizada, decisión que se adoptó a través de la resolución N° 2007524, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Maule, emitida el 6 de mayo de 2020; que según informan las recurridas dicha resolución se le envió al correo electrónico previamente señalado; que dado que la multa en cuestión no habría sido pagada, mediante oficio N° 1.922, del 30 de octubre de 2020, dicha Seremi remitió al Abogado procurador Fiscal de Talca las resolución de término del sumarios sanitario para realizar las acciones de cobranza extrajudicial mediante cartas de fecha 18 de enero y 22 de febrero, de 2021; que, asimismo, consta que Masisal solicitó a la Seremi ya señalada solicitud de invalidación de la resolución que aplicó la multa argumentando que no le fue notificada y que luego de la audiencia de 31 de julio de 2018 no tuvo más conocimiento de las actuaciones del procedimiento lo que fue desestimado mediante resolución No. 599 de 1 de marzo de 2021 la que fue objeto de un recurso de reposición el que fue rechazado por esa misma autoridad.

SEXTO: Que, además, es un hecho no discutido que el día 4 de junio de 2021, don Rodrigo Javier Godoy Arenas, en representación convencional de Masisal, ingresó ante la Contraloría Regional del Maule un reclamo en contra de la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule, identificado con el número W016513, sosteniendo que su mandante no habría sido notificado de la sanción aplicada mediante resolución N° 2007524, de 2020, dejándolo indefenso, alegando además el decaimiento del acto y que dicho reclamo fue desestimado mediante el oficio N° E136394 de 7 de septiembre de 2021 -acto impugnado en estos autos-, por cuanto la notificación a la recurrente en el sumario se habría realizado conforme a la normativa que regula la materia y a la dirección de correo electrónico señalada por ella misma en el expediente, sin que resultara preciso para la validez de tal actuación que el afectado acusara recibo del mensaje en cuestión, desestimándose además su alegación de haber operado el decaimiento del acto administrativo sancionador.

SÉPTIMO: Que así las cosas resulta evidente que la finalidad que persigue el peticionario con el ejercicio de esta acción es impugnar, en definitiva, la sanción que le fuera impuesta en el marco de un sumario sanitario instruido en su contra, todo lo que ya fue revisado y fallado oportunamente por la Contraloría Regional del Maule dentro del ejercicio de sus legítimas atribuciones, por lo que no corresponde que ello sea nuevamente revisado por esta vía, la que tiene finalidades diversas y no se encuentra en la cadena recursiva contemplada en las normas administrativas; siendo así la acción de autos no es útil para ese propósito, por cuanto excede su naturaleza cautelar.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento la acción de protección de autos fue ejercida con fecha 8 de octubre de 2021, la que debió ser rectificada con fecha 12 de octubre de 2021 en tanto que el acto impugnado es de fecha 7 de septiembre de 2021, por lo que, además, resulta extemporánea conforme al No.1 del Auto Acordado de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

NOVENO: Que así las cosas los recurridos actuaron legítima y legalmente, dentro de la esfera de sus atribuciones, por lo que no ha existido antecedente alguno para estimar que en este caso exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive actualmente a la actora de los legítimos ejercicios de los derechos que estima vulnerados.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 20 y 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de que se trata, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don RODRIGO JAVIER GODOY ARENAS, en representación de MADERAS nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, en contra del Señor Contralor Regional del Maule, don CARLOS BASAEZ VALDEBENITO, y en contra de la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, doña nombre reservado.

Redacción del Ministro Suplente, don Humberto Paiva Passero.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2557-2021 Protección.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma el Ministro Suplente don Humberto Paiva Passero, por haber concluido su periodo de suplencia, ni el Abogado Integrante don Leonardo Mazzei Parodi, por encontrarse ausente.