FORESTAL BUSTOS BARRERA LIMITADA con nombre reservado

Talca, ocho de abril de dos mil veinticuatro.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado Darío Hernán Araya Torres, en representación convencional de Vista Hermosa Inversiones Forestales SpA, persona jurídica de derecho privado, de su giro, RUT N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien actuando sin poder, pero dentro de las facultades de tramitación del recurso de protección, por Forestal Bustos Barrera Limitada, persona jurídica de derecho privado, de su giro, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado/N, Chillán, Ñuble, deduce acción de protección en contra de nombre reservado, ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los antecedentes que expone.

Al efecto y en lo medular, manifiesta que su representada es dueña de los siguientes inmuebles:

a) Inmueble denominado Sucesión Lote B (LB), ubicado en Uraco, comuna de Vichuquén, que tiene una superficie aproximada de veintiún coma ochenta y nueve hectáreas, cuyos deslindes son: NORTE: Forestal Austral, hoy Licancel S.A., en línea quebrada de tres trazos, separado por cerco y quebrada sin nombre que lo separa de Forestal Austral, hoy Licancel .S.A. ESTE: Forestal austral, hoy Licancel S.A, en línea quebrada de dos trazos separado por cerco; camino vecinal que lo separa de miguel Calquín, nombre reservado separado por cerco vivo y quebrada sin nombre que lo separa de nombre reservado; SUR: Quebrada sin nombre que lo separa de nombre reservado, nombre reservado separado por cerco y 3 quebrada sin nombre que lo separa de nombre reservado; y al OESTE: camino público de Uraco a Vichuquén, que lo separa de la misma propiedad. Este inmueble se encuentra inscrito a fojas dos doscientos quince (fs.2215) número mil ciento noventa y dos (N°1192) del Registro de Propiedad del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Licantén y tiene el rol contribuciones 131-47 de la comuna de Vichuquén. Lo adquirió por escritura pública de compraventa Repertorio Número quince mil ciento ochenta y uno guion dos mil veintiuno, suscrita el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, ante don nombre reservado, nombre reservado de Santiago, por compra que le hiciera a Forestal Arauco S.A.

b) Inmueble denominado El Cañamo Uraco, de una superficie aproximada de quince coma siete hectáreas, ubicado en Uraco, comuna de Vichuquén, cuyos deslinde según sus títulos son: NORTE, nombre reservado, en línea quebrada de cinco parcialidades, separado por cerco, ESTE, nombre reservado, en línea quebrada de cuatro parcialidades separado por cerco; SUR, nombre reservado, en línea quebrada de cuatro parcialidades separado por cerco y OESTE, camino público de Uraco a Vichuquén. Este inmueble se encuentra inscrito a fojas dos mil treinta y seis (fs. 2036) número mil ciento uno (N°1101) del Registro de Propiedad del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Licantén y tiene el rol contribuciones 150-29 de la comuna de Vichuquén. 4 Lo adquirió dicho inmueble por escritura pública de compraventa Repertorio Número quince mil ciento cuarenta y cuatro guion dos mil veintiuno, suscrita el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, ante don nombre reservado, nombre reservado de Santiago, por compra que le hiciera a Forestal Arauco S.A.

Señala que en los referidos inmuebles, tanto la antecesora en el dominio, como su representada han desarrollado actividades de silvicultura y producción, tales como establecimiento de plantaciones; manejos (podas y raleos); habilitación y construcción de caminos y obras de arte; raleos comerciales, cosecha, etc. Producto de lo anterior, Vista Hermosa cuenta con la aprobación de plan de manejo otorgada por Corporación Nacional Forestal, que habilita la cosecha de las plantaciones de pino insigne ubicadas en los Inmuebles. Cabe hacer presente que producto de la actividad delictiva en torno a la actividad forestal, tanto la Corporación Nacional Forestal, como el Servicio de Impuestos internos, establecen criterios severos para velar por la trazabilidad de la madera y evitar delitos de robo, hurto y receptación, lo que refrenda los derechos de su representada y de la otra empresa por la cual recurre.

Agrega que en el ejercicio de su derecho de propiedad y del derecho a desarrollar cualquier actividad económica de conformidad a la ley, su representada vendió, bajo la modalidad denominada “madera en pie”, es decir, muebles por anticipación, la totalidad de las plantaciones establecidas en los Inmuebles, a la empresa Forestal Bustos Barrera Limitada, como consta de contrato de compraventa de 20 de diciembre de 2022, ante el Notario Público de Chillán Juan Armando nombre reservado, Repertorio N°6.105 del año 2022, que acompaña.

Aduce que como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario del recurrido, Vista Hermosa y Forestal Bustos Barrera están viendo violado y amenazado su derecho de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica de acuerdo con la ley. En efecto, nombre reservado ha desplegado y mantiene una serie de actos tendientes a evitar que la compradora coseche y retire la madera desde los predios señalados, pues, durante la segunda quincena de noviembre de 2023, sin tener ningún derecho para ello, instaló postes impregnados y alambres de púas inventando un cerco entre los predios, alambres que, posteriormente, fueron cortados, no sabe si por él mismo o por terceros (quedando solo los postes), con lo cual se pudo sacar la madera de El Cáñamo Uraco. No obstante lo anterior, ahora que corresponde sacar la madera del predio Sucesión Lote B, se presentó en la faena el recurrido, el miércoles 13 de diciembre de 2013, con una persona que dijo ser su ingeniero, señalando al jefe de faena de la Compradora, nombre reservado, que de ninguna manera se podrá tener acceso al predio y sacar la madera comprada, ya que cuenta, según él, con demandas, en la cual una de ellas es una orden de no ingreso y, además, por romper su cerco, cuestión que no es efectivo pues su representada Vista Hermosa Inversiones Forestales SpA no ha sido notificada de ninguna acción en su contra como dueña legítima del predio. En la forma antedicha se está poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato de compraventa, en lo concerniente a la entrega de la madera, más aún, cuando el comprador ha desembolsado ya gastos importantes en la contratación de proveedores de servicios para ello, que requieren una planificación que asegure contar con maquinaria, transporte, servicios de alimentación, entre otros.

Afirma que el tema se torna más grave, pues durante la semana del 26 de diciembre está programado por la Compradora ingresar a este último predio a cosechar y transportar hacia destino la madera cosechada, con movimiento de máquinas y camiones y los gastos consecuentes. El recurrido, por la vía de los hechos y la auto tutela, está tratando de evitar las actividades lícitas de su mandante y de la otra empresa por la cual también recurre; está violando y/o amenazando los derechos que se han venido señalando en esta presentación.

Agrega que la protección constitucional del derecho de propiedad incluye, como elemento central, la garantía de no verse afectado por acciones unilaterales que alteren el statu quo por el simple hecho de alegar un derecho sobre un inmueble o cualquier tipo de propiedad. En este caso el recurrido valiéndose de acciones de hecho pretende por sí y ante sí ejercer su “justicia”, es decir, al margen del ordenamiento jurídico construye cercos y amenaza con impedir que su representada ejerza su libertad económica y su derecho de propiedad, amparado en no sólo el dominio del inmueble, sino además, en un permiso otorgado por la Corporación Nacional Forestal, que luego del habitual análisis de antecedentes, autoriza la realización de una cosecha forestal o explotación. Jurídicamente, tanto la Constitución, como la jurisprudencia de los tribunales de justicia, amparan el dominio y la libertad económica y repudian la auto tutela, principio básico de cualquier ordenamiento jurídico. Así el artículo 19 N°24 asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador…” Por su parte, el artículo 19 N°21 de la Constitución establece la protección de “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

Sostiene que en este caso, se está amenazando el derecho de su parte a cumplir el contrato de compraventa de madera en pie en cuanto a la entrega de la madera y el derecho a desarrollar las actividades económicas respectivas del Comprador y de sus empresas de servicios. En el mismo sentido el artículo. 20 del mismo cuerpo normativo dispone “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Por su parte, la jurisprudencia en una línea consistente a través del tiempo señala, respecto de situaciones de autotutela fundadas en supuestos derechos del recurrido, un rechazo absoluto a la autotutela que implican los actos ilegales y/o arbitrarios como los del recurrido. Así por ejemplo, la Excelentísima Corte Suprema ha dicho “Que, en estas condiciones, forzoso es concluir que la conducta desplegada por el recurrido, esto es, cerrar el acceso al actor impidiéndole el libre paso a dicho camino, cualquiera sea su naturaleza, puesto que aquello no puede ser dilucidado por la presente vía, alteró el statu quo vigente, incurriendo en una actuación que resulta 9 contraria a derecho, toda vez que ejerció un acto de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, según la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, constituyéndose en una comisión especial. En efecto, la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener de la judicatura, en su caso, el reconocimiento del derecho que pueda invocarse y, mientras ellos no sean ejercidos y dispuesto lo pertinente por la jurisdicción, no resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para zanjar la disputa que mantiene con la actora”. En el mismo sentido otra sentencia expuso: “Lo anterior configura precisamente una actuación de facto de la recurrida, que altera el status jurídico existente y ha perturbado el legítimo derecho de propiedad del recurrente respecto del uso y goce del inmueble que posee materialmente, derecho garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, puesto que, actuando por sobre la legalidad vigente y por sobre la determinación que ciertamente deben realizar los tribunales de justicia, realizó un ejercicio de autotutela de los derechos que estima le asisten”.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido mencionado, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, ordene abstenerse de ejecutar por sí o por terceros, cualquier acción u omisión que impidan terminar las faenas de cosecha, retiro y transporte de la madera del predio Sucesión Lote B, ya indicado.

Segundo: Que comparece nombre reservado, quien informando respecto del recurso de protección deducido en su contra, señala que las propiedades que ha cerrado pertenecen a una comunidad de la cual es comunero, el caso de los solicitantes es materia de un juicio de lato conocimiento, toda vez que las propiedades cuya inscripción acompañan corresponde a una diferente a la que él ha cerrado, sus derechos se denominan “La Julia”, la cual desde épocas inmemoriales pertenecían a unos parientes suyos.

Sostiene que la segunda propiedad se denomina “Cáñamo Uraco”, propiedad cuyos deslindes son diferentes a los de los recurrentes, por lo que no resulta efectivo lo señalado en el recurso interpuesto.

Expresa que todos estos antecedentes, en su oportunidad, fueron expuestos al personal de la recurrente, quien hace más de nueve meses tomó conocimiento de la situación. En el escenario anterior, el recurso de protección debe ser desestimado, con costas, ya sea por extemporáneo o porque la materia de que se trata corresponde a una acción de lato conocimiento que no puede ser resuelta por la vía de una acción constitucional de protección.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean conculcados.

Quinto: Que en lo tocante a la extemporaneidad alegada por la parte recurrida, en lo tocante que la situación de hecho estaría vigente desde hace nueve meses, tal circunstancias no ha sido corroborada, sino que por el contrario, los hechos motivos de la presente acción se sitúan en el mes de noviembre de 2023, por lo que a partir de esta época, no ha transcurrido el plazo de 30 días para deducir la acción de protección en estudio, por lo que se rechaza la alegación formulada sobre el particular.

Sexto: Que en lo medular del recurso, cabe sostener que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales acompañados, los que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, permite tener por establecido que efectivamente, el recurrido nombre reservado ha dispuesto el cierre de algunas propiedades, como él mismo lo reconoce, sin que tenga autorización alguna para hacerlo.

En este contexto, resulta del todo verosímil lo expresado por la recurrente Vista Hermosa Inversiones Forestales SpA, en orden a que conjuntamente con el cierre, consistente en la instalación durante el mes de noviembre de 2023 de postes impregnados y alambres de púas, construyendo un cerco entre los predios, se han ejecutados otros hechos que han impedido el desplazamiento de maquinarias y/o vehículos por ese sector.

Cabe hacer notar que el recurrido, en aras de sus derechos, sólo ha aparejado instrumentos públicos de los cuales se desprende que solamente es titular de derechos, sin especificarse respecto de cuales predios corresponderían aquellos, ni menos ha justificado las razones por las cuales dispuso el cierre referido, por lo que es posible colegir que lo actuado constituye una acción ilegal, al no estar amparada en nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo, asimismo, un acto de mera auto tutela, que también está proscrito por el derecho.

Séptimo: Que, así las cosas, del cúmulo de antecedentes reseñados y de las argumentaciones dadas, forzoso es concluir que el recurrido nombre reservado a ejecutado actos ilegales y arbitrarios en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política, toda vez que ha vulnerado el derecho de propiedad en sus diversas especies que la sociedad recurrente tiene en el mismo sector de Uraco, en calidad de arrendatario, garantía que se encuentra consagrada y protegida en el artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo constitucional.

Octavo: Que, en este mismo orden de ideas, de los antecedentes se infiere claramente que existe un conflicto jurídico de convivencia entre las partes que invocan derecho de dominio sobre el terreno en conflicto, respecto de la facultad a transitar por un determinado sector y el derecho a cerrar y realizar otro tipos de actos materiales, propios de un titular de derecho de propiedad, situaciones que se encuentran discutidas y, por consiguientes ajenas a la naturaleza de esta acción constitucional.

Así las cosas, los actos materiales ejecutados por el recurrido importa el ejercicio de auto tutela o autodefensa que está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico para zanjar las discusiones de naturaleza jurídica, no siendo una herramienta permitida en la situación de autos, de lo que deriva la ilegalidad del actuar.

Ante tal escenario, el Estado ha instaurado órganos públicos de carácter independientes e imparciales para pronunciarse sobre el problema de relevancia jurídica que aqueja a las partes, como acontece con los Tribunales Ordinario de Justicia, mediante los procedimientos declarativos judiciales correspondientes, donde existe la posibilidad de allegar los medios de prueba permitido por el legislador y de contrastarla debidamente, salvaguardando así un debido proceso.

Conforme a lo esgrimido precedentemente, forzoso es concluir que la presente acción de protección debe ser acogida, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho, en orden a que el statu quo existía antes del cierre instalado por el recurrido, sea restablecido, a costa de éste último, eliminándolo, como también, las zanjas que se han construido en el camino, dejándolo en las mismas condiciones existentes al inicio del mes de noviembre de 2023.

Noveno: Que todo lo antes expuesto, es sin perjuicio del derecho del recurrido nombre reservado, para hacer valer los derechos que reclama y que le puedan asistir, por medio de los procedimientos ordinarios que prevé la ley ante los tribunales ordinarios de justicia.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Darío Hernán Araya Torres, en representación convencional de Vista Hermosa Inversiones Forestales SpA, y por Forestal Bustos y Barrera Limitada, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto a que el recurrido nombre reservado debe eliminar el cierre instalado, como también, las zanjas que se han construido en el camino, dejándolo en las mismas condiciones existentes al inicio del mes de noviembre de 2023.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol Nº 2521-2023 Protección.

Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente doña Gretchen Demandes Wolf, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber concluido la suplencia, ni la abogada integrante doña Daniela Jarufe Contreras, por estar ausente.