nombre reservado con nombre reservado

Talca, cinco de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don RODRIGO GUERRERO ROMÁN, abogado en representación de don nombre reservado, quien de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurro de protección en contra de don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, biólogo marino, don nombre reservado cédula de identidad RUT reservado, ingeniero en pesca y acuicultura y don nombre reservado cédula de identidad RUT reservado, técnico, todos domiciliados en domicilio reservado, Quinta región (SERNAPESCA Valparaíso).

Señala que su representado se ha dedicado toda su vida a la venta de pescados y productos marinos, que cuenta con toda la documentación al día para poder dedicarse de manera legal y conforme a la legislación vigente para ese trabajo y con la infraestructura necesaria, para ejercer este tipo de actividad económica. Que desde que comenzó a ejercer funciones de comercializar productos marinos y pescados, en ningún momento ha tenido problemas con el ente fiscalizador o las instituciones correspondientes que velan por la correcta comercialización de productos marinos, en conformidad con la legislación vigente, respetando en todo momento las restricciones o prohibiciones impuestas por la autoridad y que dicen relación con el resguardo de los productos marinos que se extraen desde el mar.

En cuanto a los hechos recurridos señala que el día 31 Agosto del año del año 2021 se procedió a incautar productos marinos de su representado, en específico, pescados que iba a comercializar en su oportunidad, siendo un total aproximado de 90 cajas de pescado incautadas por fiscalizadores de la región de Valparaíso. Dicha incautación y retención fue realizada por funcionarios de Serna Pesca de Valparaíso, los cuales estaban en comisión investigadora desde la Unidad Central de Valparaíso por haber incurrido supuestamente en una falta, la cual desconoce. Dicha situación ocurrió en la localidad de Llico, comuna de Vichuquén, Región del Maule. Que es del caso señalar que cumplido casi un mes de lo sucedido y aun no entregan alguna documentación u antecedente que se permita interiorizar de lo que los están acusando, por lo mismo suena ilógico que un proceso de incautación dure casi un mes, sin un tipo de explicación o antecedente que permita conocer el motivo de dicha acción en contra de su actividad. A su vez menciona que se produjo una discusión entre los funcionarios de Sernapesca de Constitución, Pichilemu y Valparaíso, sin embargo se hizo valer los funcionarios de Valparaíso como preferenciales por ser de la unidad central de la región de Valparaíso.

Agrega que el único perjudicado con dicha acción arbitraria e ilegal ha sido don nombre reservado, un trabajador humilde y de esfuerzo, pues a la fecha lo único que han hecho es tener conflictos entre SERNAPESCA de Pichilemu, de Constitución y de Valparaíso, siendo este último, por medio de sus fiscalizadores, el que procedió a incautar los productos, sin conocer a la fecha actual el motivo que funde su accionar en contra de su actividad, como tampoco un proceso administrativo que permite la incautación de los productos, pues resulta extraño que sea a la única persona que fiscalizan y sancionen, produciéndose una especie de persecución en su contra, afectando así garantías constitucionales que se exponen en el presente libelo.

Que estima importante mencionar que no existe claridad en el actuar por los funcionarios fiscalizadores de SERNAPESCA de Valparaíso pues SERNAPESCA de Pichilemu señala que el actuar del organismo público de Valparaíso es completamente ilegal y arbitraria, ya que cuenta con todo los permisos necesarios para poder trabajar y funcionar como comercializador de productos marinos, por lo cual hay una total discordancia entre los dos organismos públicos con criterios diferentes y lo que es más grave aún, se desconoce los motivos que fundó el accionar de los funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso y además se desconoce qué pasó con el cargamento incautado, sufriendo así perdidas millonarias y respecto del cual nadie se hace cargo.

Indica que, como señaló anteriormente, desconoce de lo que se acusa a su representado pues no ha existido explicación alguna por parte del organismo en cuestión y que a la fecha todavía tienen retenida la mercadería que pretendía comercializar, lo que ya no se puede realizar, obteniendo así sólo perdidas sumado a la crisis sanitaria que ha vivido el país, lo que conlleva a una baja en la producción y con ello una baja en los ingresos, lo que genera mayores perjuicios a los pequeños pescadores y comercializadores de productos marinos. Además se desconoce cuál es la orden en concreto, se desconoce bajo que procedimiento surgió dicha orden de incautación, se desconoce el motivo, se desconoce el fundamento legal en el cual se basan para incautar la mercadería, en resumen a todas luces nos encontramos en un acto ilegal y arbitrario, pues llevan más de un mes sin entregar ningún tipo de documentación, información, explicación, antecedente etc. teniendo retenida la mercadería con los evidentes daños y pérdidas que ello conlleva y es más, mi representado desconoce el lugar en donde se encuentra actualmente el cargamento. Señala que los funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso están cometiendo discriminación arbitraria hacia su representado, ya que han señalado que, no lo dejarán trabajar tranquilo, le impedirán comercializar sus productos, lo han amenazado con seguir incautando su mercadería, todo ello por parte de funcionarios del organismo público. Lo anterior se menciona, para poner en conocimiento de esta Corte la evidente persecución de un organismo público en su contra, pues han dejado trabajar a todas las demás personas u empresas sin ningún tipo de problema excepto a su representado, con exigencias adicionales al resto. A modo de ejemplo y lo que demuestra la persecución que ha sido objeto, es que lo infraccionan con partes, de hecho el día 30 de agosto habían requisado un camión, posteriormente liberaron dicho camión, y luego en San Antonio lo requisaron nuevamente, todo dentro de la región de Valparaíso. Resulta llamativo que además de soportar dicha persecución, ha sufrido amenazas, discriminación, ya que se ha visto envuelto en un proceso irracional de casi un mes, lo que atenta contra cualquier debido proceso sin importar su naturaleza; agrega que resulta evidente que no le permitirán trabajar tranquilo, pues no es normal estar casi un mes en un proceso, se supone, de carácter administrativo sin saber el porqué, sin conocer alguna orden o documentación alguna que lo funde sino que solo una incautación verbal de varias cajas de pescado por parte de funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso.

Reitera que su acción constitucional es en contra los funcionarios de forma particular de Sernapesca Valparaíso pues fueron ellos los que incurrieron en actos ilegales y arbitrarios y no la entidad pública de Sernapesca Valparaíso entendiendo esta parte que sólo fue una situación en particular y no una conducta general por la institución pública. Asimismo se menciona que ha presentado denuncias tanto en sede penal como en contraloría general de la República para efectos que se investigue lo pertinente.

Señala como vulnerada, la garantía constitucional del articulo 19 Nº1 de la Constitución Política de la Republica, relativa al “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Es menester señalar que esta garantía constitucional ha sido incurrida por las acciones de los recurridos al ejecutar tales actos arbitrarios e ilegales en contra de mi representado lo que ha causado un perjuicio del punto de vista psicológico debido a que no puede ejercer su actividad económica con tranquilidad, lo que además se ve agravada con la incertidumbre de que si se volverán a repetir tales actos administrativos arbitrarios; la carta fundamental protege este derecho, inherente a la persona humana y con carácter de personalísimo, prohibiendo toda acción u omisión ilegal y/o arbitraria que ponga en riesgo el ejercicio o amenace dicha garantía constitucional y constituye un respeto debido a integridad física y psíquica de la persona humana por el sólo hecho de ser tal, merece el total y absoluto respeto por parte de terceros. Agrega que producto de las diferentes acciones llevadas a cabo en su contra por parte de funcionarios públicos lo ha llevado a una profunda afectación psicológica que no lo deja trabajar con tranquilidad pues está con la constante presión de generar ingresos para su familia, los cuales se han visto mermados por esta situación irregular y arbitraria ejercida en su contra, por lo que está en una constante presión psicológica de no saber si podrá comercializar sus productos marinos tal como lo ha ido realizando durante toda su vida. Se encuentra en una situación psicológica compleja pues claramente se encuentra en una situación de indefensión total frente actos de funcionarios públicos respecto de los cuales no puede hacer nada en su contra.

También señala que se le ha conculcado la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, que señala lo siguiente: La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En efecto, la actuación de dichos funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso, son actos ilegales y arbitrarios que han restringido, o a lo menos perturbado, la IGUALDAD ANTE LA LEY, pues se ha incurrido en actos atentatorios contra la igualdad ante la ley, pues los funcionarios de SERNAPESCA Valparaíso han actuado de manera ilegal, ya que, han hecho sendas diferencias carentes de razonabilidad en la atribución de fiscalizar y sancionar, pues al único que se le imponen sanciones sin motivo alguno es a mí, tendiendo toda la documentación en regla para comercializar sus productos, por lo mismo resulta una imposición arbitraria y discriminatoria al sancionar a una persona y a otros no. La igualdad se ve afectada, en especial, por la ilegalidad en su actuación en donde estando en la misma situación con otros comerciantes de pescados a ellos no se les sanciona de la misma manera y por otro lado no fiscalizan y sancionan de la misma forma a los otros comerciantes de pescados, viéndose afectado en sus actividades comerciales.

Que no existe motivo alguno que funde el actuar de los funcionarios de SERNAPESCA Valparaíso, pues como se señaló, se atenta en contra de la garantía antes indicada en donde lo único que se busca es perjudicar a una determinada persona y a los demás se les permite ejercer su actividad económica sin ningún tipo de fiscalización, ni sanción.

Que en cuanto a la igualdad ante la ley, dicha norma constituciones es clara, en el sentido de indicar que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; Esta igualdad básica corresponde a todos los seres humanos, asumida por los ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internaciones; exige eliminar las discriminaciones en el ámbito sociológico, prohibiendo toda discriminación arbitraria, como sucede en autos, por lo que es claro su actuar arbitrario e ilegal, afectando así la igualdad ante la ley.

Además agrega que se ha visto vulnerada las normas sobre el derecho a un justo y racional proceso -debido proceso- del Articulo 19 N° 3 inciso 5 ocasionando así una serie de perjuicios en contra de su representada. Que se ha visto afectada una garantía constitucional de vital importancia y en concordancia con la anterior, las que dicen relación con las normas sobre el derecho a un justo y racional proceso -debido proceso pues el debido proceso se encuentra dentro del derecho inherente a toda persona, específicamente en lo señalado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de Chile, esto es, en el derecho a “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” y en donde lo encontramos en el inciso quinto del mismo precepto fundamental, bajo la declaración de que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” y que “corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos¨. De lo analizado precedentemente, es dable concluir que la garantía constitucional del debido proceso se encuentra vulnerada, ya que los recurridos incurrieron en una conducta, a lo menos arbitraria, en tanto deciden sancionar de manera irracional, al incautar productos marinos que contaban con toda la documentación necesaria, tanto sanitaria como comercial, no existe ni ha existido un proceso administrativo ni judicial en contra de su actividad que haya permitido la incautación arbitraria e ilegal que ejerció la recurrida.

Que dentro de todo procedimiento el legislador ha impuesto la obligación de permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con ¨medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda¨ Dicha garantía constitucional se ha visto afectada en el proceso de autos, pues como se señaló, a la fecha esta parte desconoce los motivos fundantes de la incautación, pues se contaba con toda la documentación necesaria para la comercialización de los productos marinos. Menciona que el profesor Colombo, señala que si el proceso no es “debido”, nos enfrentaremos a un proceso viciado que podrá invalidarse por la vía de la nulidad procesal. Que la mayor parte de la doctrina especializada de nuestro país ha coincidido en que existen principios o elementos propios de todo proceso para ser considerado como “debido”; a saber:

a) la notificación y audiencia al afectado, pudiendo procederse en su rebeldía si no comparece una vez notificado;

b) la presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen;

c) la sentencia dictada en un plazo razonable; y d) la posibilidad de revisión de lo fallado por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva.

Que la interpretación que le han dado al debido proceso nuestros tribunales de justicia, específicamente la Corte Suprema ha incorporado en sus fallos un listado de elementos que lo configuran. A título ejemplar, en sentencia del año 2001, indicó que “conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores, el pronunciamiento de los fallos dentro de los plazos legales previstos y la fundamentación de ellos en el régimen jurídico vigente o, en su defecto, en los principios generales del derecho y equidad natural”. Todas esas características mencionadas por la Corte Suprema no se encuentran presentes en el caso de autos. Por último, el Tribunal Constitucional ha afirmado que, si bien la Constitución Política no define el debido proceso, ha optado por “garantizar el derecho al racional y justo procedimiento e investigación” y, por otra parte, ha regulado dos de sus elementos configurativos; a saber:

a) “que toda sentencia que ejerza jurisdicción ha de fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” y b) “que corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo”.

En virtud a la contravención al derecho a defensa, pues se desconocen todos los antecedentes que tuvo a la vista los funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso para incautar los productos marinos, es que, se ha cometido el acto ilegal por parte de la institución recurrida, pues se ha dejado en la indefensión total, ya que a la fecha, desconozco los motivos que tuvieron para realizar aquel acto arbitrario e ilegal como también desconozco el destino y estado actual de los productos incautados.

A su vez, como se ha señalado el acto arbitrario que ha incurrido la contraparte es haber, realizado aquella incautación sin una orden precisa y fundante, no han señalado a la fecha el motivo que tuvieron para incautar, se desconoce el estado y destino de los productos, es decir, se desconoce todo lo que gira en torno al procedimiento de incautación que llevó a cabo los funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso y respecto de la cual fui víctima, por lo que claramente ha actuado de manera arbitraria, pues a otros si se les permite comercializar sus productos marino, estando en la misma situación que la mía.

También estima vulnerada la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 21, esto es, el derecho a desarrollar una actividad económica, pues en el hecho, y con el actuar de los recurridos, se amenaza con privar de la posibilidad desarrollar una actividad pesquera en los términos que se ha ido realizando anteriormente y que se visto vulnerado de manera abrupta por parte de un organismo público, toda vez que con cada incautación que cometa dicho organismos generará aún más perjuicios económicos de los ya sufridos, no permitiendo desarrollar la actividad económica que ha realizado durante toda su vida y en la cual en ningún momento ha tenido este tipo de problemas, pues siempre cuenta con toda la documentación necesaria y que exige la legislación por lo que resulta extraño el actuar de los recurridos hacia su actividad económica. Pues bien, a través del actuar ilegal y arbitrario delos recurridos, se está privando, perturbando y amenazando gravemente el derecho a ejercer una actividad económica, consistente en la comercialización de productos marinos, pues se ha establecido una discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica, pues se han impuesto medidas que afectan su actividad pesquera, en un sentido, de una forma y con un alcance que no se aviene a lo dispuesto en los antecedentes que ameritaron la incautación, pues nadie le asegura que las incautaciones por parte de los funcionarios de SERNAPESCA de Valparaíso no sigan ocurriendo.

Finalmente, estima a lo menos amenazada, la garantía del articulo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es el Derecho de Propiedad, pues respecto de los recursos marinos que extrajo desde el mar corresponden a su propiedad y por lo mismo se ve limitado su derecho constitucional con la incautación, ya que lo están privando de un derecho constitucional sobre los producto marinos, limitando así las posibilidades de ejercer la libre disposición de aquellos bienes La acción ejercida por la entidad pública recurrida priva, perturba y amenaza el ejercicio del derecho de propiedad, amparado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, en cuanto el derecho a comercializar los productos marinos, pues se encuentran incorporado en el patrimonio de su representado desde que los adquiero.

Solicita finalmente que se restablezca el imperio de derechos a efecto que se garanticen sus derechos constitucionales, salvo mejor parecer de esta Corte, y se ordenen todas las medidas que esta Ilustrísima Corte juzgue como procedentes para restablecer el imperio del Derecho que se estima conculcado y que sean condenados en costas.

SEGUNDO: Que la abogada doña JESSICA FUENTES OLMOS, por los recurridos informando el recurso solicita su rechazo, por carecer de fundamentos fácticos y legales, con expresa condenación en costas, por los siguientes antecedentes y fundamentos de hecho y derecho que expone y que son del siguiente tenor:

1. El 29 de septiembre de 2021, el recurrente de autos, interpuso recurso de protección en contra de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por una incautación de recursos hidrobiológicos, pertenecientes al recurrente, por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, realizada por los recurrentes durante un procedimiento de fiscalización.

2. Posteriormente con fecha 06 de octubre de 2021, S.S.I. dicta una resolución ordenando oficiar a este Servicio, para efectos de que informe al tenor del recurso de protección, adjuntando todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso.

3. Desde ya, se solicita el rechazo de la acción intentada, puesto que, según se indicará a continuación, el presente recurso adolece de un vicio de competencia relativo a la Corte de Apelaciones competente para conocer del asunto. Además de que no resulta efectivo lo señalado por el recurrente respecto del actuar arbitrario e ilegal que se le imputa a los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, puesto que, dentro de su ámbito de competencia y en el ejercicio de sus funciones como empleados públicos de Sernapesca, han tomado todas las medidas necesarias, en cumplimiento con la norma legal, para efectos de realizar legítimamente la incautación de los recursos que alega el recurrente, como consecuencia de una infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura por parte del recurrente; sumado a que el actuar de los funcionarios se enmarca dentro del ámbito de competencia de este servicio. En su escrito alega lo siguiente:

I. INCOMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL PRESENTE RECURSO En primer lugar, cabe indicar que el presente recurso de protección adolece de un vicio de forma, atendido que vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones es incompetente territorialmente para conocer de la acción de protección de autos, ya que los hechos que dieron motivo para la presentación de esta acción ocurrieron la caleta de Bucalemu, comuna de Pichilemu, perteneciente a la región del Libertador Bernardo O’Higgins, y no en la región del Maule, como lo acredita el acta de fiscalización que se acompañará en el otrosí de esta presentación. En este sentido, el artículo 1 del Auto Acordado 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, sobre la tramitación del recurso de protección, establece que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”; por lo tanto, el presente recurso de protección debió interponerse ante la Corte de Apelaciones de Rancagua la cual es el tribunal competente para conocerlo y resolverlo, atendido que los hechos que motivaron esta acción ocurrieron en Pichilemu, comuna que se encuentra dentro del territorio jurisdiccional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua y no de vuestra Corte de Apelaciones. Además, en cuanto a los efectos de la supuesta vulneración de las garantías constitucionales que alega el recurrente estas se materializaron en las regiones de O’Higgins y en la de Valparaíso, ya que allí es donde se pretendían comercializar los recursos incautados, por lo tanto, tampoco los efectos de la acción, supuestamente arbitraria de los recurrentes, se produjo dentro del territorio jurisdiccional de vuestra Ilustrísima Corte. Finalmente, y dado que el procedimiento infraccional está siendo conocido por el tribunal civil antes indicado, el resguardo de los derechos y garantías del infractor se encuentra resguardado por dicho proceso, no siendo procedente una acción de protección frente a los mismos hechos de la causa.

II. DISCORDANCIA CON LOS HECHOS RELATADOS POR EL RECURRENTE.

1. Respecto de los hechos descritos por el recurrente, estos no son efectivos, ya que la fiscalización ocurrida con fecha 31 de agosto del 2021 se efectuó en la caleta de Bucalemu, con la finalidad de verificar el stock de merluza común de los comercializadores presentes en la caleta, la cual fue realizada por funcionarios de la oficina de Pichilemu de Sernapesca, en la cual no estaban presentes los recurrentes.

2. En dicha fiscalización se inspeccionó el camión placa patente WK-5958, perteneciente al recurrente nombre reservado, en cuya zona de carga se encontraban 172 cajas del recurso de merluza común. Posteriormente en conjunto con personal del comercializador, los funcionarios acudieron a la cámara de almacenamiento de éste en donde se constató que no se encontraba pesca almacenada en el Iugar.

3. Producto de esta fiscalización se verificaron que 108 cajas del recurso merluza común se encontraban sin la correspondiente acreditación de origen legal (AOL), ya que el recurrente no realizó el trámite para trasladar la pesca desde la región del Maule hasta la región de O’Higgins.

4. Posteriormente con fecha 01 de septiembre de 2021 se presentó el recurrido, en la oficina de Sernapesca de Pichilemu, solicitando una solución a las 108 cajas que se encontraban en el procedimiento de derivación del AOL. Ante lo cual, se le informó que su AOL derivada no fue aprobada por la oficina de origen, por ende, las 108 cajas del recurso merluza común no contaban con su respectiva acreditación de origen legal (AOL), debiendo el recurrente haber mantenido la carga derivada bajo su responsabilidad hasta que se iniciara el procedimiento de rutina.

5. Como consecuencia de lo anterior, el día 02 de septiembre del año 2021, los recurrentes junto a funcionarios de la oficina de Pichilemu de Sernapesca, acuden a la cámara de almacenamiento del recurrente, ubicada en Bucalemu, para verificar y contabilizar las 108 cajas del recurso merluza común, que se encontraban en la cámara de almacenamiento bajo la responsabilidad nombre reservado. Una vez contabilizadas se le informó al recurrente que sería citado a tribunal por no contar con la acreditación de origen legal (AOL) de las 108 cajas del recurso merluza común y que estás serían incautadas.

6. En virtud de los hechos descritos, los funcionarios del servicio denunciaron al recurrido ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Peralillo, por no acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos de merluza común que tenía almacenados, siendo citado a audiencia ante dicho tribunal con fecha 04 de octubre de 2021 en la causa Rol C-263-2021.

7. El recurso pesquero merluza común sin acreditación de origen legal (2.916 kgs.) fue incautado de acuerdo a la facultad que confiere la Ley General de Pesca y Acuicultura en su art. 129, el que posteriormente fue revisado por la Autoridad Sanitaria quien determinó que el recurso pesquero se encontraba apto para el consumo humano según acta N° 085304.

8. Por lo tanto, a partir del relato de los hechos, se puede apreciar que el recurrente describe situaciones que no son efectivas ni que ocurrieron en la realidad, evidenciándose que incurrió en una infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, por la cual el recurrente fue denunciado y actualmente se encuentra procesado en procedimiento civil vigente ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Peralillo, individualizado con el Rol C-263-2021.

III. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DADO QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO ACTUARON LEGÍTIMAMENTE DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA.

1. El recurso de protección de autos impugna la legalidad de la incautación realizada por los recurrentes durante el procedimiento de fiscalización, el cual en realidad se realizó el 02 de septiembre de 2021, alegando además del supuesto actuar arbitrario e ilegal por parte de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en adelante Sernapesca, al momento de efectuarse dicha incautación; lo cual no es efectivo, atendido que la incautación realizada por los recurrentes se ajustó a derecho, cumpliéndose con lo estipulado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo cual da cuenta el acta de incautación y citación N°[cuenta reservada], que se adjunta a esta presentación.

2. A raíz del procedimiento de fiscalización, los recurrentes detectaron que el recurrido estaba almacenando para su comercialización, 172 cajas del recurso hidrobiológico merluza común, de las cuales 108 no contaban con la acreditación legal correspondiente (como se mencionó anteriormente), por lo tanto, ante dicha infracción los funcionarios precedieron a incautar los recursos y a efectuar la citación N°0122407 por infracción al artículo 65 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en adelante LGPA, que establece “Los armadores, transportistas, elaboradores, comercializadores y distribuidores deberán portar junto con los productos, los documentos que acrediten el origen legal de los recursos hidrobiológicos y sus productos derivados.”

3. Respecto al actuar de los recurrentes, estos se ajustaron plenamente a derecho, ya que como funcionarios de Sernapesca se encontraban realizando labores propias de su ámbito de competencia, la cual se encuentra regulada en el N° 1 del artículo 125 de la LGPA, que indica “1) Los funcionarios del Servicio y personal de la Armada y de Carabineros que sorprendan infracciones de las normas de la presente ley y sus reglamentos o de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad deberán denunciarlas al Juzgado y citar personalmente al inculpado si estuviere presente, o por escrito si estuviere ausente, mediante nota que se dejará en lugar visible del domicilio del infractor, o en la nave o embarcación utilizada.”; por lo tanto, los recurridos estaban ejerciendo sus funciones al momento de fiscalizar al recurrido, los cuales ante cualquier infracción a la LGPA que detecten en el ejercicio de sus funciones, por mandato legal, deben denunciarla y citar al infractor ante el tribunal competente, no existiendo en los hechos que se recurren ningún actuar ilegal ni arbitrario.

4. En este sentido, respecto a la competencia de Sernapesca, el Decreto con fuerza de Ley N° 5 de 1983, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, dispone en su artículo 25 que: “Corresponde en general al Servicio Nacional de Pesca ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento y, en especial, velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos.”.

5. La norma referida en el punto anterior define la competencia de este Servicio y la refiere únicamente a la ejecución y fiscalización de la normativa pesquera, siendo de competencia del legislador, en lo pertinente, y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la creación de estas normas y la dictación de medidas de administración.

6. En cuanto al procedimiento de incautación, este se encuentra regulado en el artículo 129 de la LGPA, indicando que “Las especies hidrobiológicas, en su estado natural o procesadas, y los materiales biológicos o patológicos, objeto de la infracción, como también las artes y aparejos de pesca, equipo y traje de buceo, según corresponda, y medios de transporte utilizados al efecto, deberán ser incautados por los fiscalizadores que hayan constatado la infracción, los cuales podrán quedar en poder del denunciado en calidad de depositario provisional, bajo la responsabilidad legal del artículo 470, Nº 1, del Código Penal, mientras el juez competente determine su destino, o bien ser puestos en forma inmediata a disposición del tribunal conforme las facultades establecidas en el presente artículo…”

7. A partir de lo expuesto podemos apreciar que los recurrentes, como funcionarios de Sernapesca que estaban ejerciendo sus funciones, no solo debían citar al infractor, sino que además estaban obligados a incautar los recursos hidrobiológicos cuyo origen legal no había sido acreditado, lo que evidenciaba que procedían de pesca ilegal, conducta que se encuentra sancionada por ley, siendo necesaria su incautación para efectos de evitar que fueran comercializados ilegalmente, incautación que se ajustó completamente a derecho, sin amedrentamientos y solo procediendo los recurridos a entregarle al recurrente la respectiva acta de incautación y citación N°0122407, de fecha 02 de septiembre de 2021.

8. Además, tal como se constata en la denuncia efectuada por los funcionarios de la oficina de Pichilemu ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Peralillo, los recursos incautados fueron analizados por la Autoridad de Salud respectiva, los cuales decretaron que estaban aptos para consumo humano según acta N° 085304; por lo tanto, se entregaron 40 cajas (1.080 kgs.) del recurso merluza común a la Corporación de la Juventud con una Misión (JUCUM) de la comuna de Pichilemu según acta de entrega N° 0037262, con la finalidad de distribuirla en la población. La cantidad restante de merluza común no pudo ser distribuida en centros de beneficencia de la comuna debido a que estos no contaban con capacidad de almacenamiento para este tipo de producto.

9. Por otra parte, los funcionarios del servicio consultaron con el centro de rehabilitación de fauna silvestre del parque Safari de la ciudad de Rancagua sobre la disponibilidad para recibir la cantidad restante (68 cajas), el cual comunicó que no contaba con los medios necesarios para recibir tal cantidad ese día.

10. Debido a los tiempos transcurridos y al no contar con instituciones de beneficencia u otras similares que pudieran recibir la cantidad de 1.836 kilos (68 cajas) de merluza común los funcionarios decidieron disponer la incautación en un vertedero autorizado, según consta en set fotográfico que se adjunta a esta presentación.

11. Esta acciones reflejan que los recurrentes efectuaron la incautación conforme a derecho y ajustándose estrictamente a la ley y a los protocolos fijados para estos efectos, atendido también el interés público que hay detrás de la labor que realiza Sernapesca, que no solo fiscaliza el cumplimiento de la normativa pesquera sino que también vela por la conservación, sustentabilidad y protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, tratando en este caso de destinar los recursos que habían sido extraídos de forma ilegal a fundaciones de beneficencia y darles un mejor uso que el comercio ilegal que intentaba hacer el recurrido.

IV. NO EXISTE AFECTACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, NI SIQUIERA EXISTE UNA AMENAZA RESPECTO DE ELLAS.

1. En efecto, el recurso de autos debe ser rechazado, puesto que el procedimiento de fiscalización, la incautación y el actuar de los recurrentes no fue ilegal ni arbitrario, por el contrario, fue en todo momento ajustado a derecho y a las normas jurídicas que rigen la materia pesquera; siguiéndose con todos los protocolos fijados para este tipo de procedimientos y no existiendo por parte de los recurrentes ningún actuar arbitrario, ilegitimo ni mucho menos amenazas al recurrente, solo realizaron su labor como funcionarios de Sernapesca y en cumplimiento de la normativa legal.

2. Además de lo señalado, y de la evidente tergiversación de los hechos expuesta por el recurrente, cabe mencionar que este usuario se encuentra clasificado en nuestros registros como un agente de alto riesgo, atendido que ha incurrido en constantes infracciones a la Ley de Pesca, lo cual se puede corroborar mediante las variadas causas por infracción a la LGPA que ha tenido el recurrido con Sernapesca, entre las cuales se destacan: C-192-2019 Juzgado de Peralillo con sentencia ejecutoriada condenado a pagar 6 UTM; C-60-2021 Juzgado de Peralillo en tramitación; C-466-2021 Juzgado de Santa Cruz en tramitación; C-598-2021 Juzgado de Santa Cruz en tramitación, la ya mencionada causa C-263-2021 ante el Juzgado de Peralillo que actualmente está en tramitación.

3. Lo anterior implica que el recurrente es un comercializador e infractor habitual de la LGPA, siendo un agente altamente riesgoso para la sustentabilidad y conservación de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, dado que extrae los recursos mediante pesca ilegal, vulnerando vedas, cantidades máximas de extracción, cuotas, entre otras medidas de administración que buscan precisamente resguardar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.

4. Lo anterior implica, por una parte, que el recurrente no puede invocar el ejercicio legítimo de un derecho desde el momento que reclama de un procedimiento de fiscalización en que se constató una infracción y, por otra, no hubo afectación por parte del actuar de los funcionarios de Sernapesca a los derechos o garantías fundamentales del derecho a la vida o a la integridad física y psíquica del recurrido, de la igualdad ante la ley y de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos del recurrido puesto que los recurridos en el ejercicio de sus funciones actuaron conforme a derecho, es decir, de forma legal y no arbitraria ya que las medidas adoptadas, como la incautación, son las que correspondían de acuerdo a la ley, ante una infracción a la ley de pesca cometida por el recurrido.

V. CONCLUSIONES Conforme lo indicado en el presente informe, se solicita a SSI que se rechace la acción de autos por las siguientes consideraciones:

1. El asunto ventilado en estos autos no ocurrió dentro del territorio jurisdiccional de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, siendo por ende de competencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

2. En el evento de considerarse competente para conocer la presente acción, los hechos descritos por el recurrente no se ajustan a la realidad, de acuerdo al relato efectuado en esta presentación, lo cual está avalado por la denuncia presentada ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Peralillo, siendo conocida en la causa Rol C-263-2021.

3. No existió acción ni omisión alguna por parte de los recurrentes que pudiera afectar o amenazar las garantías constitucionales enunciadas el recurrente, por ende, el actuar de los funcionarios de esta administración se ajustó totalmente a la ley y a la Constitución, amparada en las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, como garante del cumplimiento de la normativa pesquera.

4. El recurrente es un agente de alto riesgo para la sustentabilidad y conservación de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, atendida sus reiteradas infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

TERCERO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protección del afectado.

CUARTO: Que en primer término, en cuanto a la incompetencia alegada, cabe concluir que debido a la actividad económica extendida que desarrolla el recurrente, en orden a que realiza labores de pesca en diversos territorios marítimos entre ellos en esta región, los hechos señalados en su libelo y que, según el mismo, habrían conculcado las garantías constitucionales que expresa, también han producido efectos en el territorio jurisdiccional de esta Corte de Apelaciones, la que, en consecuencia, se estima competente para el conocimiento del presente recurso.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo del recurso, se puede dar por establecido que funcionarios de Sernapesca, en el ejercicio de sus funciones, procedieron a verificar el stock de merluza común y que en dicha fiscalización se inspeccionó un camión perteneciente al recurrente nombre reservado, en cuya zona de carga se encontraban 172 cajas del recurso de merluza común; que, en conjunto con personal de ese comercializador, los funcionarios acudieron a la cámara de almacenamiento de éste en donde se constató que no se encontraba pesca almacenada en el Iugar; que producto de esta fiscalización se verificaron que 108 cajas del recurso merluza común se encontraban sin la correspondiente acreditación de origen legal (AOL), ya que el recurrente no realizó el trámite para trasladar la pesca desde la región del Maule hasta la región de O’Higgins; que posteriormente con fecha 01 de septiembre de 2021 se presentó el recurrido, en la oficina de Sernapesca de Pichilemu, solicitando una solución a las 108 cajas que se encontraban en el procedimiento de derivación de acreditación de origen legal, ante lo que se le informó que su AOL derivada no fue aprobada por la oficina de origen, por ende, las 108 cajas del recurso merluza común no contaban con su respectiva acreditación de origen legal (AOL), debiendo el recurrente haber mantenido la carga derivada bajo su responsabilidad hasta que se iniciara el procedimiento de rutina;

SEXTO: Que se puede establecer, además, que el día 02 de septiembre del año 2021, la recurrente junto a funcionarios de la oficina de Pichilemu de Sernapesca, acuden a su cámara de almacenamiento, ubicada en Bucalemu, para verificar y contabilizar las 108 cajas del recurso merluza común, que se encontraban en la cámara de almacenamiento bajo la responsabilidad nombre reservado; que una vez contabilizadas se le informó que sería citado a tribunal por no contar con la acreditación de origen legal (AOL) de esas 108 cajas del recurso merluza común y que estás serían incautadas.

SÉPTIMO: Que por los hechos anteriormente descritos, los funcionarios del Servicio, cumpliendo las normas legales, denunciaron al recurrido ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Peralillo, por no acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos de merluza común que tenía almacenados, lo que dio origen a la causa Rol C-263-2021; en la cual el recurrente fue citado a audiencia.

OCTAVO: Que así las cosas los recurridos actuaron legítima y legalmente, dentro de la esfera de sus atribuciones, contempladas expresamente en la Ley de Pesca, específicamente en sus artículos 122 y 129 y, como lo exige la misma Ley, efectuaron la denuncia de los hechos ante el Juzgado de Letras competente en la cual el recurrente podrá realizar sus descargos, por lo que no se avizora antecedente alguno para estimar que en este caso exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive actualmente a la actora de los legítimos ejercicios de los derechos que estima vulnerados.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 20 y 19 Nos. 1, 2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don RODRIGO GUERRERO ROMÁN en representación de don nombre reservado en contra de don nombre reservado, don nombre reservado y de don nombre reservado, todos funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, con costas.

Redacción del Ministro Suplente, don Humberto Paiva Passero.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2517-2021 Protección.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma el Ministro Suplente don Humberto Paiva Passero, por haber concluido su periodo de suplencia, ni el Abogado Integrante don Abel Bravo Bravo, por encontrarse ausente.