nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Talca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 27 de septiembre de 2021 se presenta doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, dependiente, de nacionalidad colombiana y domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Maule, quien interpone recurso de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, R.U.T. Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria sus derechos garantizados en el artículo 19 en su número 2 de la Constitución Política de la República, consistente en no pronunciamiento respecto de su solicitud de nombre reservado dentro del plazo legal establecido legalmente previo al vencimiento de su Cédula de Identidad Chilena, tal omisión ilegal y arbitraria, es a todas luces una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de mi derecho y garantía constitucional, esto es, Igualdad ante la Ley, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectada.

Hechos que motivan este recurso. a. De la tramitación de la solicitud de nombre reservado. Indica que con fecha 21 de agosto del 2017 ingresó a Chile por el Aeropuerto Internacional nombre reservado, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas, otorgándome el Departamento de Extranjería y Migración Visa Temporaria en calidad de Titular mediante Resolución Exenta Nº 155 del 2018, la que tenía vigencia desde el 23 de febrero del año 2018 hasta el 23 de febrero del año 2019 y prorroga mediante Resolución Exenta Nº 1617 de fecha 14 de marzo del año 2019, la que tenía vigencia desde el 23 de febrero del año 2019 hasta el 23 de febrero del año 2020.

Señala que cumplido lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, esto es, antes del término de 90 días continuos y antes del vencimiento de su Visa Temporaria, esto es, el 18 de enero de 2020 envió su solicitud de nombre reservado a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl realizó dicho trámite, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite.

Refiere que con fecha 20 de noviembre del año 2020, esto es, 10 meses después de enviada su solicitud, se le notificó a través de resolución código de tramite N° 2536894, que su solicitud estaba incompleta o insuficiente, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para subsanar, so pena que de no hacer la subsanación en el plazo indicado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, se tendría por desistida la petición. Apenas recibió la notificación por el Departamento de Extranjería y Migración ordenando subsanar su solicitud de nombre reservado, subsanó en conformidad a como se le había ordenado por la Institución, así las cosas, con fecha 27 de noviembre del año 2020 se le notificó que su solicitud de encontraba en trámite.

Relata que, sin embargo, su solicitud de nombre reservado no ha sido resuelta a la fecha, aun cuando ya han transcurrido más de UN AÑO Y OCHO MESES, desde el inicio de la tramitación. Esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Departamento de Extranjería y Migración le ha traído graves consecuencias, debido a las limitaciones en cuanto a poder tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, desde las más básicas, hasta las más complejas del quehacer diario en esta hermosa República por ejemplo, no puedo acceder a trámites bancarios, suscribir un contrato de tv por cable, adquirir un plan de telefonía celular, suscribir contratos de arriendo, otorgar cualquier otro documento en notarias, acceder a un nuevo empleo, solicitar informes comerciales y en general todas las que pudiera realizar cualquier ciudadano con un carnet de identidad VIGENTE.

Agrega que a modo de ejemplo, y con la finalidad de que comprenda el real perjuicio que le irroga permanecer en este país en su condición actual, esto es, sin cédula de identidad vigente, se permite dar cuenta de los siguientes ejemplos de trámites que no puede realizar actualmente a saber, de acuerdo con la página web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, los extranjeros sin cédula de identidad vigente y con un proceso migratorio en trámite, no pueden obtener licencia de conducir en Chile. Otro ejemplo tiene que ver con la Cuenta RUT del Banco del Estado de Chile, ya que, sin cédula de identidad vigente, no se puede acceder a este producto bancario, el cual es casi el único al que pueden acceder los extranjeros en este país.

Acota, además, que el no contar con nombre reservado le ha impedido acceder al sistema financiero chileno e incluso a la compra de inmuebles o bienes sujetos a financiamiento para mejorar su calidad de vida, ni poder optar a los beneficios que otorga el Estado, como lo es el subsidio habitacional para la compra de una vivienda y que los extranjeros sin cédula de identidad vigente ni residencia definitiva podrían obtenerlo.

Concluye que de la relación de los hechos acaecidos se advierte que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la administración pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado, especialmente el de celeridad, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, ya que no ha recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite pese a haber pasado más de un año y ochos meses desde que ingresó su solicitud, sin que ésta haya sido resuelta. Indicando que, de este modo, resulta evidente la omisión arbitraria y el incumplimiento por parte del ente recurrido de la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

DERECHO Y JURISPRUDENCIA. a. En cuanto al trámite de Solicitud de nombre reservado. Relata que la nombre reservado es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que los que imponen las leyes vigentes. Ahora bien, en el presente caso, se hace indispensable hacer una revisión respecto a lo que las normas migratorias establecen con respecto a la solicitud de nombre reservado, señalando a tal efecto el Decreto Ley Nº 1.094 lo siguiente: “Párrafo 5.-De la nombre reservado Artículo 41.- La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior. Artículo 42.- Los plazos de residencia en el país para obtener la nombre reservado deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido interrupción cuando los períodos de ausencia no superen los ciento ochenta días dentro del año, contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento de la visación de residencia. Sin perjuicio de lo anterior, los tripulantes que hayan obtenido visación sujeta a contrato, a lo menos por un período continuado de cuatro años o de dos si la visación fuere de residente temporario, podrán solicitar nombre reservado al vencimiento de ella, sin sujeción al plazo de ausencia señalado en el inciso anterior”. Artículo 43.- Se considerará revocada tácitamente la nombre reservado de todo extranjero que se ausente del país por un plazo ininterrumpido superior a 1 año. Esta revocación no operará respecto de los casos calificados que determine el reglamento. Artículo 31. - El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su nombre reservado y si completare dos años de residencia en Chile, estará obligado a solicitarla. En caso de no hacerlo, deberá abandonar el país”. Por otra parte, establece el artículo 80 de su Reglamento: “Artículo 80.- La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquiera clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Se otorgará a los extranjeros que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el presente Título, no se encuentren en las situaciones previstas en el Título VII y se cumpla, ajustándose en todo, con las reglas de procedimiento, tramitación y suficiencia documentaria establecidas en el presente Reglamento. Los inmigrantes podrán obtener la nombre reservado cuando hayan cumplido 2 años de residencia en el país. Excepcionalmente el Ministro del Interior podrá conceder por gracia el permiso de nombre reservado a los extranjeros que, encontrándose en el territorio nacional y en mérito de sus antecedentes se hagan merecedores a este beneficio”.

Agrega que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias los siguientes requisitos para el otorgamiento de la nombre reservado, todos los cuales cumple: a. El otorgamiento del permiso de nombre reservado a los extranjeros que tengan la calidad de residente se hará con sujeción a los plazos de residencia en el país que señalan las normas pertinentes. b. El residente temporario que complete un año de residencia en tal calidad podrá solicitar su nombre reservado. c. El referido plazo debe ser ininterrumpido, es decir, que no haya tenido períodos de ausencia que superen los ciento ochenta días dentro de ese año. Ahora bien, es un hecho que cumplió con todos estos requisitos, por cuanto solicité y obtuve mi respectiva visa temporaria en calidad de titular, por lo que estaba habilitada luego de su vencimiento para solicitar nombre reservado en el país, ya que tengo más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titular de la visa temporaria.

Indica que, en cuanto a los documentos que deben presentarse para obtener la nombre reservado, éstos se encuentran definidos en el artículo 127 del Decreto Supremo Nº 597 establece los documentos que se deben acompañar al solicitar la nombre reservado, señalando los siguientes; a) Certificado de antecedentes para fines especiales; b) Dos últimas declaraciones de impuesto a la renta; c) boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; d) Pasaporte y; e) Documento fundante de la petición, los cuales se acompañaran al presente recurso. Estableciendo además, la norma en comento que la administración además puede solicitar cuando corresponda los siguientes documentos; Contrato de trabajo; Certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas, autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de órdenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificaciones de empresas, entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso, y/o responsables de sus actividades en el país, etc. Personalmente cumplió con la entrega de todos y cada uno de los documentos que se le requirieron para obtener mi nombre reservado.

Agrega que ahora bien, la Ley Nº 19.880 también señala la posibilidad de subsanación respecto de las solicitudes de nombre reservado rechazadas, así las cosas, señala en su artículo Nº 31 lo siguiente; “Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento”.

b. En cuanto a las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos. El procedimiento ya descrito contemplado para las Prórrogas de Visa Temporaria en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la Ley Nº 19.880. Como consecuencia de lo anterior, estos procedimientos no sólo deben sujetarse a las normas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, ello en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, razón por la cual, se aplican a este procedimiento los Principios de Celeridad, Inexcusabilidad, Conclusivo, Contrariedad, y Economía Procedimental. Previo al desarrollo de cada uno de estos principios, dable es señalar que los plazos a los que se debe sujetar la administración pública respecto de las resoluciones que emiten se encuentran regulados en los siguientes artículos; Artículo Nº 24 inciso 2º de la Ley Nº 19.880; “Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien debe hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente”. Artículo 27 de la Ley Nº 19.880; “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita decisión final”.

Relata que, en el presente caso, a la fecha de la presentación de este recurso ya transcurrieron más de un año y ocho meses desde que solicitó su nombre reservado sin tener respuesta alguna de parte de la recurrida, excediéndose con creces los plazos señalados con anterioridad. Conforme se ha establecido jurisprudencialmente por la Excma. Corte Suprema de Justicia, para la resolución de las solicitudes de nombre reservado debe estarse a las reglas y principios básicos contenidos en la Ley Nº 19.880, que regula la actividad de la Administración, normativa que debe orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen materias propias de su competencia, como lo son, las solicitudes de nombre reservado.

Hace presente que los Principios normativos señalados en la Ley en comento constituyen una garantía en favor de particulares frente a la Administración, debiendo ser respetados en todo procedimiento administrativo y se encuentran señalados en el artículo Nº 4 de dicho cuerpo normativo, teniendo aplicación en este caso los siguientes Principios; Celeridad, Conclusivo, Economía Procedimental e Inexcusabilidad. El Principio de Celeridad se encuentra consagrado en el artículo Nº 7 de la Ley de Bases y es en virtud de éste, la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar su pronta decisión. El Principio Conclusivo por su parte, se encuentra señalado en el artículo Nº 8 de la Ley de Bases y determina la necesidad de término del procedimiento con un acto administrativo que se pronuncie sobre la cuestión de fondo. El Principio de Economía Procedimental está regulado en el artículo Nº 9 de la Ley de Bases manda a la Administración a responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Finalmente, el Principio de Inexcusabilidad, consagrado en el artículo 14 de la Ley de Bases y se refiere a la obligación que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera sea su forma de notificación.

Señala que en el presente caso no se han respetado por parte de la recurrida ninguno de los principios señalados ya que no se ha actuado de manera rápida o expedita, removiendo obstáculos que impidan la resolución de mi solicitud (Principio de Celeridad) tampoco, pese al transcurso de los meses se ha pronunciado sobre su solicitud (Principio Conclusivo) habiéndose dilatado la resolución de mi solicitud solo atendido la falta de eficacia de la recurrida (Principio de Economía Procedimental) incumpliendo su obligación de dictar resolución final y notificarme de la misma (Principio de Inexcusabilidad).

c. Jurisprudencia aplicable. Los criterios precedentemente señalados son recogidos por la Excelentísima Corte Suprema acogiendo los argumentos y la tesis planteada en autos, a saber; “Sexto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia. Al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4 de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e Inexcusabilidad. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con 18 eficacia, evitando trámites dilatorios.

Acota que, por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. Séptimo: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de las solicitudes de residencia definitivas presentadas por los actores, por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880. Octavo: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático, en cuanto no corresponde a esta Corte determinar si procede, o no, otorgar la residencia definitiva a los actores, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, en tanto han transcurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud, manteniendo a los actores en la incertidumbre desde agosto de 2019, al no emitir pronunciamiento sobre sus solicitudes, pese a la obligación legal que tiene al efecto y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo. Lo expuesto es relevante, toda vez que no existe un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por el recurrente, cuestión que es obligatoria, puesto que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido. Noveno: Que la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los actores en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo. Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de diez de febrero de dos mil veinte y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y doña nombre reservado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad A.J.P. y M.J.P., en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el sólo objeto que la citada autoridad emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de residencia definitiva presentadas ante ella por los recurrentes, una vez acompañada la documentación requerida, dentro del plazo de quince días corridos contados desde la notificación de esta sentencia”

Relata que en el mismo sentido; “Cuarto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no solo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia. Al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4 de la citada ley establece cuales son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así́ como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. Quinto: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de la solicitud de nombre reservado del actor señor nombre reservado, por casi un año, sin una causa justificada que no sea el exceso de solicitudes similares planteadas en el último tiempo. Sexto: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático, en cuanto no corresponde a esta Corte determinar si procede, o no, otorgar la nombre reservado al actor, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, manteniendo al actor en la incertidumbre desde noviembre de 2019, al no emitir pronunciamiento sobre su solicitud, pese a la obligación legal que tiene al efecto y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo. Lo expuesto es relevante, toda vez que no existe un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por el recurrente, cuestión que es obligatoria, puesto que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido. Séptimo: Que la omisión en que incurrió́ este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del actor en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo”

Indica que respecto de estos casos en los que el Departamento de Extranjería y Migración ha dilatado de forma desproporcionada pero además ilegal y arbitraria la resolución de estas solicitudes la Excelentísima Corte Suprema ha dejado claro lo siguiente: “Quinto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia. Al respecto, cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo y, al respecto cabe reseñar, que el artículo 4 de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad. En este sentido, resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. Sexto: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de la solicitud de residencia definitiva presentadas por la actora, por más de seis meses, excediendo el plazo Página 65 3 establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880. Séptimo: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático en cuanto no corresponde a esta Corte determinar si procede o no otorgar la residencia definitiva a la actora, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, en tanto, han transcurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud, manteniendo a la actora en la incertidumbre desde marzo de 2020, al no emitir pronunciamiento sobre su solicitud, pese a la obligación legal que tiene al efecto y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo. Lo expuesto es relevante, toda vez que no existe un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por el recurrente, cuestión que es obligatoria, puesto que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido. Octavo: Que la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la actora, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo. Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de diez de diciembre de dos mil veinte y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto...”

d. Sobre las vulneraciones a las garantías constitucionales cauteladas por la acción de protección. El artículo 20 en relación al artículo 19, ambos de la Constitución Política de la República, dispone en favor de todas las personas, la acción de Recurso de Protección, el cual se puede interponer en contra de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que hagan sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos derechos y garantías. En este sentido, considero que la situación descrita importa una vulneración al Principio de Igualdad ante la Ley el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política que establece lo siguiente; Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas: …2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…” Artículo que debe ser interpretado al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental, donde se indica que todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos, en el mismo sentido, el artículo 57 define del Código Civil señala que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros respecto a los derechos civiles establecidos en dicho texto jurídico.

Indica que, visto lo anterior, debemos entender que no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley no debiendo darse tratos preferentes, o como en este caso, excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esta garantía Constitucional sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa ya que de inclinarse la misma hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y por ende, no hay justicia. Cabe agregar que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se extiende a todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios.

Relata que, en el presente caso, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándome un trato desigual con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de mi solicitud de nombre reservado vulnerando mi derecho consagrado en el Artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política. En SÍNTESIS, la dilación excesiva por más de UN AÑO Y OCHO MESES, por parte del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver mi solicitud de nombre reservado, deviene en ilegal ya que infringe lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 14, todos de la Ley N° 19.880 y arbitraria dado que no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, según lo prevé el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se está haciendo una diferenciación con relación a mi solicitud, dado que la media de las personas tendría derecho a que su solicitud se resolviera en los plazos señalados por la ley, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

e. Con respecto a la admisibilidad de la presente acción constitucional. Ahora bien, en mi caso concurren todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental, a saber; Nos encontramos frente a una situación protegible, pues la omisión por parte de la recurrida se torna arbitraria e injusta, contraria a la racionalidad y desproporcionada. La omisión ilegal y arbitraria genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental. - El derecho fundamental esgrimido es de aquellos que la Constitución Política de la República ampara por esta acción; La acción se dedujo dentro de plazo y ante tribunal competente. Todo ello debido a la demora excesiva de más de un año y ocho meses, que el Departamento de Extranjería y Migración no ha resuelto ni dado respuesta a mi solicitud, lo cual es en definitiva ilegal y arbitraria.

f. En cuanto a los plazos que rigen el presente recurso. La norma contenida en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. En el presente caso, la conducta por la cual se recurre a través de esta Acción de Protección, se compone de una serie omisiones, que, conforme ha quedado establecido, perduran hasta la fecha, sin que ello se encuentre subsanado, por cuanto aún no se ha dictado un acto administrativo que resuelva mi solitud de nombre reservado, por este motivo el presente recurso se encuentra dentro del plazo legal establecido en el artículo citado.

g. Omisión ilegal y arbitraria. La falta de pronunciamiento oportuno sobre el otorgamiento de nombre reservado, constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca la garantía constitucional de Igualdad ante Ley, esto es, a mi derecho de no ser tratada en forma desigual y por tanto, a no ser discriminada arbitrariamente, desde que se producen diferencias a través de un comportamiento distinto respecto de otros casos y de sus tiempos de resolución por parte de la recurrida.

h. Respecto de la eventualidad de rechazarse mi solicitud de nombre reservado durante la tramitación del presente Recurso de Protección. Es dable hacer presente a vuestra Señoría Ilustrísima que la recurrida reiteradamente y ante la presentación de recursos como el que se intenta en este acto ha adoptado la práctica de rechazar mediante el informe que evacua cuando se le es requerido, las solicitudes de nombre reservado realizadas por extranjeros, pretendiendo que por el solo hecho de ser resueltas antes del fallo, baste para entender que no existe vulneración alguna al Derecho de Igualdad ante la Ley, pese a que en muchas oportunidades dicho rechazo resulta completamente desajustado a la documentación que se adjunta en el proceso de tramitación de los recursos de protección.

Indica que entender que con el solo acto de resolver la solicitud de nombre reservado solicitada cesa la vulneración alegada, no resulta procedente, toda vez que ello irrogaría dejar al recurrente en completa indefensión, puesto que perderíamos el derecho de ejercer esta acción constitucional, es por ello, que solicito no solo se resuelva su solicitud de nombre reservado, sino que la misma debe ser resuelta conforme a derecho, esto es, que de cumplirse con los requisitos legales, como en este caso, la solicitud de nombre reservado que nos convoca, debe ser acogida, por lo que cabe que, en caso de ser rechazada la solicitud durante la tramitación de esta acción constitucional, se adopte todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del Derecho.

Solicita tener interpuesto el presente Recurso de Protección, acogerlo a tramitación, declararlo admisible y ordenar al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública informar sobre los hechos antes descritos que afectan mi garantía constitucional relativa a la Igualdad ante la Ley y en consecuencia se le ordene restablecer el imperio del derecho, emitiendo la respectiva resolución final a su solicitud de nombre reservado como en derecho corresponda, otorgándola en el más breve plazo y en general, adoptar todas las medidas que se considere necesarias para el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Con fecha 11 de noviembre de 2021, evacua informe don nombre reservado, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 1617 de fecha 09 de noviembre de 2017 de la Gobernación Provincial de Talca, se otorgó la visación de residente temporaria a doña nombre reservado, válida desde el 23 de febrero de 2019 hasta el 23 de febrero 2020. Que, con fecha 18 de enero de 2020 la extranjera solicitó ante esta autoridad permiso de nombre reservado, bajo la solicitud N° 2536894 la que actualmente se encuentra en trámite de análisis calificatorio. Que, con fecha 20 de noviembre de 2020, se notificó a la extranjera a través de folio 10324524, que su Solicitud estaba incompleta o insuficiente. Otorgando plazo para subsanar de 5 días, ya que “Certificado de antecedentes del país de origen Sin Legalizar O Apostillado: El documento se encuentra sin la legalización (ante el consulado chileno en el país de origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores) o no ha sido apostillado por el país respectivo.”.

Señala que en cuanto al trámite de solicitud de nombre reservado: El artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y nombre reservado, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Refiere que en cuanto a la situación migratoria actual del extranjero: A consecuencia de lo anteriormente señalado, estando en tramitación la solicitud del extranjero se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, es que entiende esta autoridad que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. La regularidad en el país del extranjero recurrente, tiene fundamento en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería. Artículo 157°: “En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes: 1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo; 2. nombre reservado o Tarjeta Especial de Tripulante; 3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro; 4. Título de Residencia; 5. Comprobante establecido en el artículo 135°; 6. Certificado de nombre reservado, y 7. Cédula de Identidad.” “Artículo 81°. La solicitud de nombre reservado se aprobará por el Ministerio del Interior mediante resolución, extendiéndose al beneficiario por el Departamento de Extranjería y Migración de este Ministerio, un certificado que acredite tal circunstancia. Además, el Ministerio del Interior podrá disponer que el jefe del referido Departamento y/o Gobernador Provincial del domicilio del extranjero deje constancia en el pasaporte de la titularidad de dicho permiso, anotando resolución y número”. “Artículo 133°. Las solicitudes de nombre reservado, se presentarán a las autoridades señaladas en el inciso primero del artículo anterior, y éstas solicitarán a la Unidad Local de Policía de Investigaciones de Chile, que informe de los antecedentes policiales así como de los viajes realizados por el peticionario. Policía de Investigaciones de Chile, remitirá tal, información, directa y preferentemente por medio único, electrónico, al Ministerio del Interior, para su resolución, requerir el pago de los derechos si correspondiere y proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81° o artículo 141° inciso 2° ó 3°. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad respectiva podrá requerir al extranjero que acredite los viajes, mediante certificado que emitirá la Policía de Investigaciones de Chile. En todo caso, la autoridad migratoria deberá verificar que las visaciones de residencia hayan cumplido su plazo de vigencia, a los efectos de resolver las respectivas solicitudes de nombre reservado”.

Acota que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encontraba nuestro país. Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Ahora, tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. El fallo ya referido señala, en su considerando décimo: “Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente con respecto al incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cierto es que dicho requisito impone una obligación al funcionario a cargo de sustanciar el respectivo procedimiento en un breve plazo, pero no importa una fatalidad. Así, la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos Dictámenes como, por ejemplo, en el N° 61.059 de 2011; N° 20.306 de 2012 y N° 51.532 de 2015, que “(…) salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo”. Por consiguiente y en virtud de las razones anteriormente expuestas, la acción constitucional impetrada será forzosamente rechazada”.

Agrega que el Decreto Supremo 116 del 31 diciembre 2020, que extiende la vigencia de las Cédula de Identidad de Extranjeros hasta el 28 febrero 2022. Por lo tanto, no es posible argüir que este Departamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha actuado de forma vulneratoria de las garantías fundamentales contenidas y protegidas por la Constitución Política de la República. En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Departamento Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como ha quedado relacionado en la parte expositiva de este fallo, la recurrente impetra que se restablezca el imperio del derecho,” emitiendo la respectiva resolución final a su solicitud de nombre reservado como en derecho corresponda, otorgándola en el más breve plazo y en general, adoptar todas las medidas que se considere necesarias para el imperio del derecho, con expresa condenación en costas”

SEGUNDO: Que para analizar el conflicto de relevancia jurídica planteado por la presente acción constitucional, resulta menester consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye- a no dudarlo- jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en la disposición constitucional en referencia se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

TERCERO: Que son hechos establecidos o no sustancialmente controvertidos en la presente acción cautelar, los siguientes:

1.-) Que el 18 de enero de 2020, la recurrente presentó a la recurrida, una solicitud de nombre reservado en el país.

2.-) Que la recurrida el día 20 de noviembre de 2020, la recurrida exigió a la recurrente subsanar los defectos de su solicitud, dentro de quinto día , bajo apercibimiento de tener por desistida la petición, cumpliendo con ello el día 27 del mes y año en referencia.

3.-) Que, a la fecha de la presentación de la acción cautelar en estudio, esto es, 27 de septiembre de 2021, la solicitud del recurrente aún no ha sido resuelta por la administración.

CUARTO: Que, en lo que interesa al recurso, corresponde discernir, de un lado, si la solicitud de nombre reservado enderezada por la recurrente, en cuanto a su procedimiento, se encuentra disciplinada en algún texto legal y, de estarlo, determinar si la administración se encuentra sujeta a algún término para dictar su acto administrativo terminal, sea acogiendo o denegando la petición en referencia y, finalmente, en caso de no estarlo, si existe una norma supletoria en la materia.

QUINTO: Que, desde una óptica sustantiva, la solicitud de nombre reservado, se encuentra gobernada por los artículos 1, 41,42 y 43 del Decreto Ley 1094 de 1975, que establece normas sobre Extranjeros en Chile y en los artículos 80 y siguientes del Decreto 597 de 1984 que aprueba el Reglamento de Extranjería.

SEXTO: Que, en lo pertinente a las normas de carácter adjetivo, la materia en estudio se encuentra normada entre los artículos 125 y 135 bis del Reglamento de Extranjería, el cual, en ningún caso prescribe el plazo dentro del cual la administración debe pronunciarse sobre una solicitud de nombre reservado, ya sea acogiendo o denegando la misma, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 135 en relación al 157 inciso 1° N°5 del Reglamento en referencia, en el sentido de que la residencia legal de una persona puede acreditarse con el comprobante de la solicitud de nombre reservado, en tanto cuanto, la petición no hubiere sido objeto de pronunciamiento por parte de la Administración.

SEPTIMO: Que, en presencia del silencio del legislador de extranjería, en relación al plazo de que dispone la Administración para pronunciarse mediante un acto administrativo terminal sobre la solicitud de permanencia, corresponde acudir al artículo 1° de la Ley N°19.880- en adelante la ley- que reza “ Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter supletoria”.

OCTAVO: Que, en este escenario, si bien es cierto que en el caso de marras, la pandemia del COVID 19 puede eventualmente calificarse como caso fortuito, por consultarse a su respecto los caracteres inimputabilidad, imprevisibilidad e irrestibilidad que son propios de la eximente de responsabilidad en referencia, hecho que pudo obstar al cumplimiento por parte de Administración de los plazos legales y, sin perjuicio de que hubiere operado respecto de la solicitud de la recurrente el silencio administrativo, estatuido en el artículo 65 de la ley- hechos que no fueron alegados por la recurrida- no lo es menos, que la omisión de ésta última, por más de seis meses, de pronunciarse sobre la solicitud de nombre reservado de la recurrente, resulta del todo incompatible con los principios de celeridad, conclusión, inexcusabilidad, contradictoriedad y economía procedimental que presiden e informan todo procedimiento administrativo, por lo que no corresponde sino calificar la omisión en referencia como ilegal y, consecuencialmente, arbitraria, que afecta en sede privación la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamenta de 1980, de que es titular la recurrente, como quiera que solicitudes de la misma naturaleza – con prescindencia de su resultado- han sido objeto de acto administrativos terminales por parte de la Administración, no existiendo motivo legal alguno que justifique la tardanza excesiva de la Administración para pronunciarse sobre la solicitud de marras, razón por la cual la acción de emergencia en estudio debe ser, necesariamente, acogida, en los términos que se dirá en lo resolutivo de esta fallo.

Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Acta Nª94-2015 de la Excma., Corte Suprema que fija el texto del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el interpuesto por nombre reservado en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, consecuencialmente, se ordena a ésta última pronunciarse, dentro del término de treinta días, sobre la solicitud de nombre reservado presentada por la recurrente, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redacción del Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad Rol N° 2503-2021/Protección.

Se deja constancia que pese haber concurrido a la vista de la causa, no firma el Ministro (s) don Álvaro Saavedra Sepúlveda por haber cesado en sus funciones.