nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Talca, dos de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el folio 1, comparece doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, dependiente, de nacionalidad peruana, quien interpone recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio Del Interior y Seguridad Pública, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria sus derechos garantizados en el artículo 19 en su número 2 de la Constitución Política de la República, consistente en el no pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo legal establecido legalmente, previo al vencimiento de su, cédula de identidad chilena, omisión que considera una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de mi derecho y garantía constitucional, de Igualdad ante la Ley, por los siguientes fundamentos.

Indica que el 27 de enero del 2018, ingresó a Chile por el Aeropuerto Internacional nombre reservado, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas, otorgándome el Departamento de Extranjería y Migración Visa Temporaria en calidad de Titular mediante Resolución Exenta Nº 264175 de fecha 01 de agosto del año 2018, la que tenía vigencia desde el 09 de agosto del año 2018 hasta el 09 de agosto del año 2019.

Cumplido lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, esto es, antes del término de 90 días continuos y antes del vencimiento de su Visa Temporaria, esto es, el 10 de mayo de 2019 envió su solicitud de Permanencia Definitiva a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite.

En el mes de diciembre del año 2020, esto es, un año y siete meses después de enviada su solicitud, se le notificó que tenía disponible la orden de pago correspondiente al beneficio solicitado, por lo que inmediatamente procedí a realizar el pago correspondiente.

Sin embargo, su solicitud de Permanencia Definitiva no ha sido resuelta a la fecha, aun cuando ya han transcurrido más de dos años y cuatro meses, desde el inicio de la tramitación, todo lo cual se desprende de las capturas de pantalla que incorpora en su presentación, las que dan cuenta del estado en el que se encuentran solicitudes (esto es al 99% de avance) en la página de: Consulta de Estado de Beneficios Migratorios, del Departamento de Extranjería y Migración, disponible en la página web https://tramites.extranjeria.gob.cl. Además, actualmente cuando ingresa a la página web para verificar el estatus de su solicitud de permanencia definitiva el estado es el mismo: “ETAPA: ANALISIS RESOLUTIVO: PENDIENTE”.

Esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Departamento de Extranjería y Migración le ha traído graves consecuencias, debido a las limitaciones en cuanto a poder tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, desde las más básicas, hasta las más complejas del quehacer diario por ejemplo, no puedo acceder a trámites bancarios, suscribir un contrato de tv por cable, adquirir un plan de telefonía celular, suscribir contratos de arriendo, otorgar cualquier otro documento en notarias, acceder a un nuevo empleo, solicitar informes comerciales y en general todas las que pudiera realizar cualquier ciudadano con un carnet de identidad vigente.

A mayor abundamiento y a modo de ejemplo indica los trámites que no puede realizar actualmente a saber:

1.- De acuerdo con la página web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, los extranjeros sin cédula de identidad vigente y con un proceso migratorio en trámite, no pueden obtener licencia de conducir en chile.

2.- En cuanto a la Cuenta RUT del Banco del Estado de Chile, ya que, sin cédula de identidad vigente, no se puede acceder a este producto bancario, el cual es casi el único al que pueden acceder los extranjeros en este país.

3.- Además, el no contar con permanencia definitiva le ha impedido acceder al sistema financiero chileno e incluso a la compra de inmuebles o bienes sujetos a financiamiento para mejorar su calidad de vida, ni poder optar a los beneficios que otorga el Estado, como lo es el subsidio habitacional para la compra de una vivienda y que los extranjeros sin cédula de identidad vigente ni residencia definitiva podrían obtenerlo Concluye que de la relación de los hechos acaecidos se advierte que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la administración pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado, especialmente el de celeridad, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, ya que no he recibido ningún tipo de información sobre el avance de mi trámite pese a haber pasado más de dos año y cuatro meses desde que ingresó su solicitud, sin que ésta haya sido resuelta. De este modo, resulta evidente la omisión arbitraria y el incumplimiento por parte del ente recurrido de la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

En cuanto al trámite de Solicitud de Permanencia Definitiva indica que es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que los que imponen las leyes vigentes.

En el presente caso, se hace indispensable hacer una revisión respecto a lo que las normas migratorias establecen con respecto a la solicitud de Permanencia Definitiva, señalando a tal efecto el Decreto Ley Nº 1.094 lo siguiente:

“Párrafo 5.-De la Permanencia Definitiva.

Artículo 41.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior.

Artículo 42.- Los plazos de residencia en el país para obtener la permanencia definitiva deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido interrupción cuando los períodos de ausencia no superen los ciento ochenta días dentro del año, contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento de la visación de residencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los tripulantes que hayan obtenido visación sujeta a contrato, a lo menos por un período continuado de cuatro años o de dos si la visación fuere de residente temporario, podrán solicitar permanencia definitiva al vencimiento de ella, sin sujeción al plazo de ausencia señalado en el inciso anterior”.

Artículo 43.- Se considerará revocada tácitamente la permanencia definitiva de todo extranjero que se ausente del país por un plazo ininterrumpido superior a 1 año. Esta revocación no operará respecto de los casos calificados que determine el reglamento.

Artículo 31. - El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si completare dos años de residencia en Chile, estará obligado a solicitarla. En caso de no hacerlo, deberá abandonar el país”.

Por otra parte, establece el artículo 80 de su Reglamento:

“Artículo 80.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualesquiera clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Se otorgará a los extranjeros que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el presente Título, no se encuentren en las situaciones previstas en el Título VII y se cumpla, ajustándose en todo, con las reglas de procedimiento, tramitación y suficiencia documentaria establecidas en el presente Reglamento.

Los inmigrantes podrán obtener la Permanencia Definitiva cuando hayan cumplido 2 años de residencia en el país.

Excepcionalmente el Ministro del Interior podrá conceder por gracia el permiso de permanencia definitiva a los extranjeros que, encontrándose en el territorio nacional y en mérito de sus antecedentes se hagan merecedores a este beneficio”.

Indica que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias los siguientes requisitos para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva, todos los cuales cumple:

a. El otorgamiento del permiso de Permanencia Definitiva a los extranjeros que tengan la calidad de residente se hará con sujeción a los plazos de residencia en el país que señalan las normas pertinentes.

b. El residente temporario que complete un año de residencia en tal calidad podrá solicitar su Permanencia Definitiva.

c. El referido plazo debe ser ininterrumpido, es decir, que no haya tenido períodos de ausencia que superen los ciento ochenta días dentro de ese año.

Agrega que es un hecho que cumplió con todos estos requisitos, por cuanto solicitó y obtuvo su respectiva visa temporaria en calidad de titular, por lo que estaba habilitada, luego de su vencimiento, para solicitar Permanencia Definitiva en el país ya que tiene más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titular de la visa temporaria.

Señala que en cuanto a los documentos que deben presentarse para obtener la permanencia definitiva, éstos se encuentran definidos en el artículo 127 del Decreto Supremo Nº 597 establece los documentos que se deben acompañar al solicitar la permanencia definitiva, señalando los siguientes; a) Certificado de antecedentes para fines especiales; b) Dos últimas declaraciones de impuesto a la renta; c) boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; d) Pasaporte y; e) Documento fundante de la petición.

Acota que puede solicitar cuando corresponda los siguientes documentos; Contrato de trabajo; Certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas, autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de órdenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificaciones de empresas, entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso, y/o responsables de sus actividades en el país, etc., documentos que serán acompañados al presente recurso.

Reitera que personalmente cumplió con la entrega de todos y cada uno de los documentos que se me requirieron para obtener mi permanencia definitiva. Ahora bien, la Ley Nº 19.880 también señala la posibilidad de subsanación respecto de las solicitudes de permanencia definitiva rechazadas, así las cosas, señala en su artículo 31 lo siguiente;

“Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento”.

Expone que en cuanto a las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, el procedimiento descrito contemplado para las Prórrogas de Visa Temporaria en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la Ley Nº 19.880. Como consecuencia de lo anterior, estos procedimientos no sólo deben sujetarse a las normas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, ello en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, razón por la cual, se aplican a este procedimiento los Principios de Celeridad, Inexcusabilidad, Conclusivo, Contrariedad, y Economía Procedimental.

Previo al desarrollo de cada uno de estos principios, dable es señalar que los plazos a los que se debe sujetar la administración pública respecto de las resoluciones que emiten se encuentran regulados en los siguientes artículos; Artículo Nº 24 inciso 2º de la Ley Nº 19.880; “Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien debe hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente”.

Artículo 27 de la Ley Nº 19.880; “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita decisión final”.

Explica que en el presente caso, a la fecha de la presentación de este recurso ya transcurrieron más de dos años y cuatro meses desde que solicitó su permanencia definitiva sin tener respuesta alguna de parte de la recurrida, excediéndose con creces los plazos señalados con anterioridad.

Conforme se ha establecido jurisprudencialmente por la Excma. Corte Suprema de Justicia, para la resolución de las solicitudes de permanencia definitiva debe estarse a las reglas y principios básicos contenidos en la Ley Nº 19.880, que regula la actividad de la Administración, normativa que debe orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen materias propias de su competencia, como lo son, las solicitudes de permanencia definitiva.

Hace presente que los Principios normativos señalados en la Ley en comento constituyen una garantía en favor de particulares frente a la Administración, debiendo ser respetados en todo procedimiento administrativo y se encuentran señalados en el artículo Nº 4 de dicho cuerpo normativo, teniendo aplicación en este caso los siguientes Principios; Celeridad, Conclusivo, Economía Procedimental e Inexcusabilidad. El Principio de Celeridad se encuentra consagrado en el artículo Nº 7 de la Ley de Bases y es en virtud de éste, la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar su pronta decisión. El Principio Conclusivo por su parte, se encuentra señalado en el artículo Nº 8 de la Ley de Bases y determina la necesidad de término del procedimiento con un acto administrativo que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

El Principio de Economía Procedimental está regulado en el artículo Nº 9 de la Ley de Bases manda a la Administración a responder con eficacia, evitando trámites dilatorios y; el Principio de Inexcusabilidad, consagrado en el artículo 14 de la Ley de Bases y se refiere a la obligación que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera sea su forma de notificación.

Expone que no se han respetado por parte de la recurrida ninguno de los principios señalados ya que no se ha actuado de manera rápida o expedita, removiendo obstáculos que impidan la resolución de mi solicitud (Principio de Celeridad) tampoco, pese al transcurso de los meses se ha pronunciado sobre mi solicitud (Principio Conclusivo) habiéndose dilatado la resolución de mi solicitud solo atendido la falta de eficacia de la recurrida (Principio de Economía Procedimental) incumpliendo su obligación de dictar resolución final y notificarme de la misma (Principio de Inexcusabilidad). Cita jurisprudencia, transcribiendo extractos de la misma.

Señala que en cuanto a las vulneraciones a las garantías constitucionales cauteladas por la acción de protección, indica que el artículo 20 en relación al artículo 19, ambos de la Constitución Política de la República, dispone en favor de todas las personas, la acción de Recurso de Protección, el cual se puede interponer en contra de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que hagan sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos derechos y garantías. En este sentido, considera que la situación descrita importa una vulneración al Principio de Igualdad ante la Ley el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política que establece lo siguiente;

Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:

…2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”. Artículo que debe ser interpretado al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental, donde se indica que todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos, en el mismo sentido, el artículo 57 define del Código Civil señala que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros respecto a los derechos civiles establecidos en dicho texto jurídico. Visto lo anterior, se debe entender que no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley no debiendo darse tratos preferentes, o como en este caso, excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esta garantía Constitucional sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa ya que de inclinarse la misma hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y por ende, no hay justicia.

Agrega que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se extiende a todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios.

Indica que en el presente caso, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándome un trato desigual con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva vulnerando mi derecho consagrado en el Artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política.

Explica, en síntesis, que la dilación excesiva por más de dos año y cuatro meses, por parte del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver mi solicitud de permanencia definitiva, deviene en ilegal ya que infringe lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 14, todos de la Ley N° 19.880 y arbitraria dado que no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, según lo prevé el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se está haciendo una diferenciación con relación a mi solicitud, dado que la media de las personas tendría derecho a que su solicitud se resolviera en los plazos señalados por la ley, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

La falta de pronunciamiento oportuno sobre el otorgamiento de Permanencia Definitiva, constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca la garantía constitucional de Igualdad ante Ley, esto es, a mi derecho de no ser tratada en forma desigual y por tanto, a no ser discriminada arbitrariamente, desde que se producen diferencias a través de un comportamiento distinto respecto de otros casos y de sus tiempos de resolución por parte de la recurrida.

Expresa que respecto de la eventualidad de rechazarse su solicitud de permanencia definitiva durante la tramitación del presente Recurso de Protección, hace presente que la recurrida reiteradamente y ante la presentación de recursos como el que se intenta en este acto, ha adoptado la práctica de rechazar las solicitudes de permanencia definitiva mediante el informe que evacua cuando se le es requerido, pretendiendo que, por el solo hecho de ser resueltas antes del fallo, baste para entender que no existe vulneración alguna al Derecho de Igualdad ante la Ley, pese a que en muchas oportunidades dicho rechazo resulta completamente desajustado a la documentación que se adjunta en el proceso de tramitación de los recursos de protección. Entender que con el solo acto de resolver la solicitud de permanencia definitiva solicitada cesa la vulneración alegada, no resulta procedente, toda vez que ello irrogaría dejar al recurrente en completa indefensión, puesto que perdería el derecho de ejercer esta acción constitucional, es por ello, que solicito no solo se resuelvan su solicitud de permanencia definitiva, sino que las misma debe ser resuelta conforme a derecho, esto es, que de cumplirse con los requisitos legales, como en este caso, la solicitud de permanencia definitiva que nos convoca, debe ser acogida, por lo que cabe que, en caso de ser rechazada la solicitud durante la tramitación de esta acción constitucional que se adopten todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del Derecho.

Solicita se acoja la presente acción constitucional y se ordene al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública informar sobre los hechos antes descritos que afectan nuestra garantía constitucional relativa a la Igualdad ante la Ley y en consecuencia se le ordene restablecer el imperio del derecho, emitiendo la respectiva resolución final a mi solicitud de permanencia definitiva como en derecho corresponda, otorgándola en el más breve plazo y en general, adoptar todas las medidas se consideren necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que en el folio 9 informó don nombre reservado, abogado, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo de esta acción en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que mediante la Resolución Exenta de fecha 26 de octubre de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se procedió a otorgar permiso de permanencia definitiva a doña nombre reservado, encontrándose por tanto en situación migratoria regularen el país. Por lo anterior, que se deriva que la extranjero de marras mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, no existiendo actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales. La regularidad en el país, del extranjero recurrente, tiene fundamento en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería.

“Artículo 157°: “En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes:

1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo;

2. nombre reservado o Tarjeta Especial de Tripulante;

3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro;

4. Título de Residencia;

5. Comprobante establecido en el artículo 135°;

Lo que prosigue ahora es que la extranjera proceda a descargar su certificado de permanencia definitiva, según las instrucciones indicadas en la página www.tramites.extranjeria.gob.cl, para de esta forma contar con aquel documento que acredita su residencia regular en nuestro país al habérsele concedido el beneficio migratorio del permiso de residencia definitiva en nuestro país.

Considera, en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que en momento alguno ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria, que amenace, prive o perturbe el legítimo ejercicio del recurrente en cuanto a las garantías incoadas, no siendo procedente la presente acción constitucional y la consecuente condena en costas a esta parte, toda vez que no se desprende vulneración en las garantías incoadas por la recurrente.

Agrega que, en cuanto a las eventuales vulneraciones de garantías constitucionales por parte de la autoridad, expresa que con base en las distintas actuaciones realizadas por esta autoridad, en lo que respecta al otorgamiento de permanencia definitiva a la recurrente de marras, mediante Resolución Exenta de fecha 26 de octubre de 2021, resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad han sido con fundamento y estricto apego a las normas especiales del procedimiento de marras, como son el Decreto Ley N°1.094 del Decreto Supremo N° 597, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880. En efecto, y en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, se desprende que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales incoadas.

Solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección intentado en todas sus partes, y la respectiva condena en costas, no existiendo acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de esta autoridad que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas.

TERCERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar que tiene por objeto adoptar prontas medidas ante actos u omisiones que, siendo arbitrarios o ilegales, priven, perturben o amenacen alguno (s) de los derechos que se indican en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De tal forma, la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de un hecho u omisión por parte de un tercero; b) que esas acciones sean ilegales o arbitrarias; c) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

CUARTO: Que, así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Que en el caso de autos, nos encontramos ante una ciudadana peruana, quien ingresa de forma regular a Chile, y antes que se le termine la visa de turista, solicita la visa de residencia definitiva, la cual inició su tramitación el 10 de mayo de 2019, siendo el tiempo máximo de duración de dicho trámite señalado por la ley, de seis meses, entendiendo este tribunal que se trata de un plazo extensible a un tiempo prudencialmente mayor, atendida la naturaleza del procedimiento y las situaciones particulares de cada caso su situación.

En concreto, han pasado en exceso el plazo señalado, todo ello contado hasta el momento en que se presentó la acción constitucional, y la solicitud no se había resuelto, generando una situación de inseguridad e inquietud que debe considerarse grave.

Se debe tener presente la situación general de los migrantes, quienes en todo momento de la historia lo han debido ser por razones de guerras, situaciones de crisis sociales, políticas y económicas, siendo el elemento común en ellas, el que el migrante toma la decisión de salir de su país natal forzado por una situación de facto que vulnera, en mayor o menor medida, sus derechos esenciales, de manera tal que el migrante siempre se encuentra en una situación precaria y vulnerable ante todo y todos.

Lo señalado precedentemente sirve de contexto para ubicar el caso en análisis. En efecto, se trata de una persona que ha solicitado el trámite de la visa de forma regular, y se le ha dilatado la tramitación de su visa de una forma que excede cualquier consideración de tiempo razonable y prudente,.

Que lo anterior, constituye una vulneración al derecho de igualdad ante la ley, toda vez que no se ha fundamentado un retraso tan extenso, como el que se da cuenta en esta acción constitucional, y que escapa a cualquier dilación prudencial y justificada, vulnerando el derecho señalado, conclusión que ha sido reiterativa en la jurisprudencia no sólo de esta corte, sino que también de la Excma. Corte Suprema.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y lo señalado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de folio 1, SOLO EN CUANTO se ordena emitir la resolución fundada que dé respuesta definitiva a la solicitud de los recurrente, dentro de un plazo no superior a TREINTA DIAS, con costas a la recurrida.

Redacción del ministro don Gerardo Bernales Rojas.

En su oportunidad, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 14° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección.

Regístrese y archívese.

Rol 2481-2021/ Protección.