nombre reservado con DIRECTOR REGIONAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Talca, seis de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, don nombre reservado en representación de don nombre reservado, cédula RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, plantea recurso de protección en contra de don nombre reservado, Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, región del maule, ambos domiciliados en el Edificio de Servicios Públicos de Talca, , por la notificación efectuada y en que se rechazó la reposición contra lo resuelto por el referido Director al reintegro del financiamiento fiscal del bono llamado “Clase media “ otorgado por el Gobierno en el estado de catástrofe.

Refiere las normas de la ley 19.880, Código Tributario, artículo 19 de la Constitución Política de la República y señala que don nombre reservado, habiendo sido beneficiado y seleccionado por el propio Servicio de Impuestos Internos para obtener el beneficio que el Estado de Chile entrega para salvaguardar la integridad física y psíquica de las personas y sus familias los derechos inalienables de la vida y considerando que ese beneficiario se encuentra en situación precaria y cesante ,se acompañó los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos en base a un recurso de reposición para acreditar lo expuesto, a fin de que se dejará sin efecto el cobro de reintegro del señalado bono COVID La recurrida está exigiendo al beneficiario la evolución de $ 534.240, suma que fue entregada por el mismo Servicio a muchos beneficiarios, entre ellos, el recurrente en base a las razones humanitarias qué fundaron el otorgamiento de ese bono. Por ello el cobro y exigencia de reintegro que el Servicio efectúa constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra lo consagrado en la Constitución Política de la República, en diferentes números del artículo 19 de ese texto.

Exponen y solicita se tenga por presentado recurso de protección en contra del Director regional del Servicio de Impuestos Internos y en definitiva acoger este recurso y resolver que el recurrente don nombre reservado se le condona el total del bono COVID-19, por lo que queda sin efecto el cobro de reintegro, restableciendo el imperio del derecho conculcado por esos actos.

Acompaña el cobro indebido del bono COVID, las presentaciones efectuadas al Servicio, la comunicación de rechazo de la reposición, solicitando tener presente que comparece personalmente en este acto.

SEGUNDO: Que, informando el recurso don nombre reservado, Director regional del Servicio de Impuestos Internos expone los antecedentes que dieron origen a la actuación que por esta vía se impugna, y que son la petición del recurrente para obtener el aporte fiscal no reembolsable conocido como “bono clase media” para lo cual informó como ingreso mensual al mes de julio de 2020 la suma de $ 320.000, lo que representa una disminución de sus ingresos del 40,41% por lo cual se accedió a lo solicitado procediéndose por parte de la Tesorería General de la República a la entrega y pago del beneficio.

Sin embargo por nuevos antecedentes aportados al Servicio por la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social y la Administradora de Fondo de Pensiones de Cesantía se procedió a la revisión de esta solicitud del aporte fiscal y se detectó una discrepancia entre el monto declarado por el recurrente como sueldo tributable durante el mes de julio de 2020 y el monto real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias, determinándose que no cumplía con el requisito legal de una reducción del 30% de sus ingresos en el mes señalado, respecto del promedio de ingresos totales del año 2019, estableciéndose que la rebaja real fue de un 11,45%, porcentaje que resulta inferior al mínimo exigido por la ley para acceder al beneficio.

De esa manera conforme a la ley 21.252 en octubre del año 2020, se notificó al actor de su obligación de restituir el monto del bono clase media por haber sido concedido indebidamente, otorgándole otras opciones entre ellas, sí mantenía su poder antecedentes que demostrarán que cumplía con el requisito podía solicitar la revisión del reintegro a través del Servicio para los que disponía a un plazo hasta el 30 de noviembre del 2020. No obstante, lo cual el recurrente no presentó solicitud alguna, luego de lo cual se le notificó el procedimiento para la restitución sin recargo ninguno, con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020, lo que el actor tampoco efectuó. Lo anterior motivó que el 20 de abril del 2021 se girara el formulario 21 notificado al recurrente por carta certificada el 1 de junio de 2021 dónde se establecía el monto a reintegrar; seguidamente éste interpuso un recurso de reposición aduciendo circunstancias personales y humanitarias, luego de ello el 3 de agosto de 2021, presentó un segundo recurso de reposición ante la Dirección regional metropolitana Santiago Norte, en base a iguales argumentos por lo que fue derivado a esta Dirección regional para su pronunciamiento. Al analizar la petición esta fue rechazada con la Resolución exenta 676 de fecha 20 de agosto de 2021, notificada esa misma día, dado que no se cumplían los requisitos para dejar sin efecto el giro de reintegro puesto que no se cuestionaba el hecho de haber recibido de manera indebida el beneficio, ni tampoco a la obligación de reintegrar los montos, ni tampoco la validez del acto recurrido, solamente se aducían cuestiones de orden personal.

Indica el recurrido que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer este asunto por cuanto lo que procede es hacerlo a través del sistema de peticiones administrativas del Servicio, cosa que el actor no efectuó.

Señala asimismo que no existe un acto ilegal o arbitrario puesto que la diversa normativa desde la Constitución en adelante establecen las facultades por las cuales este Servicio actúa, entre ellas la ley 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado, la ley 21552 que establece el financiamiento para el sistema bono clase media y donde el Servicio está encargado, primero, de efectuar la recepción de las solicitudes pero asimismo también se les faculta para hacer efectivo lo indicado en el artículo 12 de esta ley, en relación a las personas que obtengan beneficios mayores a los que les correspondan, indicándose que éstos deben reintegrar dicho exceso señalando el procedimiento a seguir y que no es otro el del artículo 65 de la ley sobre impuesto de la renta. Por último el Servicio ha dictado las Resoluciones 132 y 136 del año 2020 que establecieron el detalle del mecanismo especial para esta situación.

Respecto a la condonación de intereses solicitada por el actor expone que quien tiene atribuciones en esta materia es la Tesorería General de la República, pero solo respecto de los intereses y sanciones por la mora en el pago de la devolución del beneficio indebidamente otorgado.

Señala que no existen garantías constitucionales infringidas, tanto respecto al derecho de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria, como tampoco puede considerarse conculcado el derecho de propiedad, respecto de lo cual debe indicarse que el recurrente carece de un derecho indubitado sobre el aporte fiscal bono clase media ya que éste se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos que indica la ley y que él no cumple.

En conclusión solicita el rechazo del recurso conocer la vida idónea, por no haber existido un actual ilegal ordinario de parte del servicio por no existir afectación a las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que, atendido el hecho de la referencia efectuada por el recurrido Servicio de Impuestos Internos a la Tesorería General de la República, esta Corte estimó necesario solicitar a ese servicio un informe sobre los hechos contenidos en el recurso dado que la resolución del mismo podía afectarle.

Al efecto compareció doña nombre reservado , abogada, por la Tesorería General de la República, quien luego de establecer los antecedentes del recurso y la descripción de la materia de la misma expone los pagos efectuados en favor de don nombre reservado el que percibió los beneficios allí contemplados, pero indica qué Tesorerías no tiene competencia para pronunciarse respecto a el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos ya que Tesorerías solo se limitó a actuar dentro de la competencia que le otorgó la ley 21.252 sin que se advierta una vulneración de la normativa denuncia por la reclamante.

Sin perjuicio de lo cual refiere, que el recurso resulta es temporáneo puesto que el plazo de 30 días señalado para su interposición contado desde el 22 de abril de 2021, respecto de Tesorerías se encuentra vencido con creces a la fecha de presentación del recurso de protección, el 7 de septiembre del 2020.

En el mismo sentido anterior, la informante expone la falta de legitimación pasiva de Tesorerías conforme a las normas generales de todo procedimiento, puesto que el acto supuesto el supuesto acto ilegal o arbitrario habría emanado del Servicio de Impuestos Internos al rechazar la reposición contra el giro efectuado, no teniendo Tesorería la calidad para ser recurrido en esa materia, por lo cual indica que no existe acto ilegal arbitrario por parte de esa entidad. Señala por último qué respecto de los hechos conocidos en este recurso no procede el recurso de protección ya este no ha sido creado para reemplazar las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar los conflictos entre partes. Indicando que este contribuyente en favor de quien se interpone el recurso, tuvo todas las instancias y plazos legales ante el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal tributario para reclamar si es que consideraba afectado sus derechos, lo que no hizo Concluye señalando que respecto a la Tesorería General de la República se ha limitado a cumplir con su función legal de distribución, recaudación y cobro de los créditos determinados por el organismo girador habiéndose Tesorería ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección es una de naturaleza cautelar destinada al restablecimiento del Estado de derecho ante acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que priven, perturben o amenacen alguna de las garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política, que por su propia naturaleza cautelar y procedimiento breve, es requisito que los derechos que se indica como perturbados sean indubitados, esto es no se encuentra sujeto a discusión, a tal punto que ellos estén incorporados en el patrimonio del recurrente. De la misma manera para quien la acción sea acogida es requisito que el obrar positivo o negativo del recurrido sea ilegal coma esto es coma actúe sin las facultades legales para ello, o bien sea arbitrario, en cuanto ese obrar no tenga una motivación racional y lógica, sino que sea el resultado de un capricho del ente público o privado contra el que se recurre.

Si no se cumplen la totalidad de los aspectos anteriores, claramente la acción de protección no es la idónea van a resolver lo plantea, en cuyo caso la parte afectada puede someter el asunto ante un Tribunal ordinario en un procedimiento de orden declarativo, con pedido probatorio donde se pueda luego evaluar, y el Tribunal dicta la sentencia declarativa correspondiente.

QUINTO: En este caso el punto central es sí en recurrido Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad para exigir el reintegro de la suma pagada al recurrente por concepto del bono de clase media dispuesto y la ley 21.252 como una forma de ayuda a quienes habían visto disminuidos sus ingresos a consecuencia de la pandemia sanitaria.

Analizados los antecedentes y lo expuesto por el recurrido como también por el servicio de tesorerías esta corte es mi opinión que el servicio de impuestos internos no ha tenido un actual ilegal o arbitrario dado que, luego de constatada la falta de verosimilitud de la información entregada por el recurrente respecto al monto de sus ingresos, el Servicio procedió cumpliendo cada una de las etapas referías en la ley 21.252, esto es, instando al pago al reintegro voluntario, sin reajustes ni intereses o multas y solo ante la inacción del recurrente en proceder a ese reintegro ha procedido conforme a sus facultades legales contenidas tanto en el código tributario como en su Ley Orgánica a realizar el giro del cobro de la suma de dinero que debe ser reintegrado, cobranza que efectúa la Tesorería General de la República en base a las normas compulsivas de cobro tributario contenidas en el Código del ramo como en la ley del impuesto a la renta, según lo indica la ley 21.252.

Por ello se estima que de parte del Servicio recurrido no existen actos ilegales o arbitrarios, por lo que el presente recurso será rechazado.

SEXTO: Esta Corte no puede dejar de expresar que el falseamiento en los montos de ingreso, constituyen una conducta reprochable, tanto por el hecho en sí, al punto que puede tener efectos penales, cómo el que estos bonos están destinados claramente a personas que sufrieron una importante disminución de sus ingresos a consecuencia de la pandemia sanitaria. Por lo que toda concesión del beneficio a personas que no les corresponde, significa dejar a otro, que si lo requiere, sin aquel.

Por esas consideraciones, artículos 19 y 20 de la Constitución Política, auto acordado de la excelentísima Corte Suprema en la materia, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por nombre reservado en favor de nombre reservado en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, con costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Robert Morrison Monroe.

Rol 2428- 2021, Recurso de protección.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente don Humberto Paiva Passero, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse concluida la suplencia.