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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2400-202130 ago 2022

AGROINDUSTRIAL PERALILLO ASESORÍAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A. con nombre reservado

Fecha
30 de agosto de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Talca
Sala
Primera
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Talca, Rol N° 2400-2021, sentencia de 30 de agosto de 2022

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la recurrida remover las estructuras que impiden el ingreso y egreso de camiones al inmueble arrendado, por afectar la libertad de desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad.

Texto íntegro

Talca, treinta de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 27 de agosto de 2021 don nombre reservado, Abogado, en representación, según se acreditará, de doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, chilena, contadora, y de AGROINDUSTRIAL PERALILLO, ASESORÍAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A.”, también “AGROINDUSTRIAL PERALILLO S.A.”, RUT RUT reservado, persona jurídica de derecho privado del giro comercial de su nombre social, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce Recurso de Protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad n RUT reservado, ignora profesión u oficio, domiciliada en el sitio denominado “Reserva Cora número 8” o “R.C. 08”, Peralillo, comuna de Yerbas Buenas.

Indica que Agroindustrial Peralillo, Asesorías y Comercio Exterior S.A. (en adelante, Agroindustrial Peralillo S.A.), Rol Único Tributario 99.561.360-3, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, se dedica, desde el año 2004, al procesamiento industrial de fruta fresca y congelados en su planta ubicada en el sector Peralillo, de la comuna de Yerbas Buenas. La tenencia de las referidas instalaciones se encuentra amparada por un contrato de arrendamiento celebrado con su propietaria, doña nombre reservado, de fecha 4 de agosto del año 2004, el cual fue reducido a escritura pública, conjuntamente con las modificaciones pactadas por las partes, con fecha 23 de septiembre del año 2009, ante doña nombre reservado, Notario Público titular de la comuna de Linares.

Señala que, conforme al citado contrato, Agroindustrial Peralillo S.A. tomó en arrendamiento el sitio 09, Peralillo, también identificado como “Reserva Cora 09” o “R.C. 09”, que se ubica en Peralillo sin número, de la comuna de Yerbas Buenas, indicándose que sus deslindes particulares son los siguientes: Norte, Reserva Cora número 8; Sur: Reserva Cora número 10; Este: camino público; y Oeste: Parcela 21 (lo destacado es nuestro, por cuanto corresponde al inmueble de la sucesión nombre reservado). Pues bien, y para los efectos del presente recurso, debe señalarse que el sitio “R.C. 09”cuenta actualmente con una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, en el cual se emplaza la planta agroindustrial de procesamiento de fruta de Agroindustrial Peralillo S.A., cuyo “camino vecinal” norte sirve como vía de conexión y salida al camino principal, además de servir como acceso a las instalaciones de carga y descarga para camiones de dimensiones mayores y, muy particularmente, para el despacho de contenedores y ventas mayoristas de Agroindustrial Peralillo S.A.

Relata que, conviene precisar que el camino vecinal usado por Agroindustrial Peralillo S.A. para el desarrollo de sus actividades empresariales, así como para los residentes de los sitos denominados “parcela 21” y “Rol 57-50”, ha estado habilitado y transitable por más de 30 años, existiendo huella cierta del mismo.

Los hechos constitutivos de la acción ilegal y arbitraria de la recurrida. Adiciona que desde hace 20 días aproximadamente, y dando cumplimiento a una instrucción de la recurrida, doña nombre reservado, junto a otros integrantes de la comunidad hereditaria del predio identificado como “R.C. 08” o “Reserva Cora 08”, ubicado al norte y separado por el camino vecinal respecto del predio en el cual se emplaza la planta de Agroindustrial Peralillo S.A., se iniciaron trabajos de instalación de un nuevo cerco perimetral en su deslinde sur, con alambrada fija a estacas o polines, lo cual redundó en un estrechamiento de la calzada del camino vecinal, además de la reciente instalación de un poste, con base de cemento o concreto, para fijar lo que, a su juicio, correspondería al vértice Norte-Este del inmueble perteneciente a la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de don nombre reservado (Q.E.P.D.) y doña nombre reservado (Q.E.P.D.).

Aduce que la instalación de una nueva alambrada, con la fijación de un poste, en su inicio, de base fija que se erige como un obstáculo preciso para impedir las maniobras de camiones de carga mayor, especialmente camiones con rampla para carga de contenedores, genera un efecto negativo y adverso para la actividad empresarial de Agroindustrial Peralillo S.A., repercutiendo directamente en los costos del transporte, en las actividades que debe desarrollar y gestionar con sus clientes, en el traslado de productos e insumos necesarios para la ejecución de sus actividades productivas, entre otros de similar naturaleza y entidad. Tan es así que, en palabras de la propia recurrida, el nuevo cierre perimetral tendría un carácter transitorio, pues el objetivo final se endereza a completar la superficie predial del sitio “R.C. 08” con el “domicilio reservado”, por cuanto, a su juicio, formaría parte de su heredad.

Refiere que para los efectos de dar cuenta de lo anterior, se adjunta un set de fotografías que permiten establecer meridianamente el conflicto que motiva el presente recurso de protección. Es del caso señalar que, aunque dichas aseveraciones fueran ciertas -lo cual resulta altamente discutible y, por cierto, esta parte instará por su resolución ante los tribunales de justicia-, resulta claro que las acciones desplegadas por la recurrida han afectado y afectan al único acceso posible que tiene la empresa para el tránsito de camiones de carga mayor desde hace más de 15 años a la fecha, quedando, en los hechos, desprovisto de camino para el desarrollo pacífico de su actividad industrial.

Añade que, como esta alta Magistratura comprenderá, la situación económica de las pequeñas empresas del sector agrícola se ha visto muy afectada por el clima de agitación social vivido por el país desde fines del año 2019, así como por las restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19, de tal modo que las acciones desplegadas por la recurrida terminan agravando esta situación y ponen, de paso, en riesgo su viabilidad económica en el futuro inmediato, imponiéndole una real desventaja frente a otros competidores de esa área de actividad, ello sin perjuicio de los malos ratos, discusiones y complicaciones diarias que han debido soportar hasta la fecha.

Menciona que solo un ejemplo para ilustrar con motivo de la entrega de fruta congelada los días 23 y 24 de agosto de 2021, Agroindustrial Peralillo S.A. debió contratar camiones de carga con menores dimensiones, los cuales también presentaron problemas para efectuar maniobras de ingreso y salida del camino vecinal, incrementándose no solo el número de vehículos de carga, sino también el número de viajes y costos asociados al carguío y transporte del producto. En razón de lo que se viene diciendo y razonando, la instalación del poste por parte de la recurrida como inicio de la construcción de un portón de acceso al camino, así como el estrechamiento del camino vecinal, por orden o instrucción de la recurrida, constituyen claramente la alteración de una situación de hecho preexistente, cuya ejecución se presenta como una acción carente de la necesaria prudencia, toda vez que limita las actividades empresariales de su vecino Agroindustrial Peralillo S.A., razón por la cual, y a través de esta acción constitucional, se solicita se devuelva el statu quo existente con anterioridad a la ejecución de los actos perturbatorios realizados por el recurrido, los que claramente pueden ser calificados como un acto de autotutela, no amparable por el derecho.

Ilegalidad y arbitrariedad de las acciones de la recurrida. Señala que la recurrida, en forma intempestiva, sin existir motivación alguna que sea razonable, instaló un nuevo cierre perimetral en su deslinde sur, colindante con un camino vecinal de larga data y que sirve de acceso a las instalaciones de Agroindustrial Peralillo S.A, disponiendo un obstáculo fijo (poste con base de cemento) que lo hace intransitable para camiones de carga mayor, como ha sido tradicional en las actividades desarrolladas por mi representada y recurrente de autos. Este acto se sufre todos los días hasta la fecha.

Sostiene que las acciones son ilegales, por cuanto la recurrida, así como los demás integrantes de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de don nombre reservado (Q.E.P.D.) y doña nombre reservado (Q.E.P.D.), carecen de los títulos necesarios y/o, en su caso, de una sentencia judicial que establezca, en forma indubitada, su derecho de propiedad sobre la superficie correspondiente al camino vecinal; por tanto, se encuentra impedida de tomar medidas sobre dicho camino que terminen afectando los derechos de terceros y, muy particularmente, las actividades económicas que desarrolla Agroindustrial Peralillo S.A.

Destaca que las acciones de la recurrida perturban el derecho de mi representada para usar el camino vecinal y tener un acceso expedito a las instalaciones industriales, generándose, además, una amenaza cierta sobre sus actividades económicas futuras y el incremento indebido de los costos de transporte de carga. La acción de la recurrida altera, arbitraria e ilegalmente, una situación de hecho preexistente y que ha sido respetada por todos los vecinos durante más de 30 años, haciendo procedente el presente recurso cuyo objetivo se endereza a restablecer el imperio del derecho y mantener el statu quo vigente en el desenvolvimiento de los derechos de todos los interesados, impidiendo, precisamente, las acciones de facto que alteran el orden jurídico y que revelan, por lo demás, una ilegítima autotutela.

Indica que, como se ha dicho, el actuar de la recurrida, no solo es ilegal, sino también arbitrario, ya que su proceder carece de racionalidad y mesura e importa una expresión positiva de voluntad no ajustada a la racionalidad, la que, por cierto, debe inspirar el proceder de una persona respetuosa del sistema normativo, al haber alterado unilateralmente y mediante vías de hecho, una situación jurídica preestablecida.

Garantías Constitucionales afectadas. Señala que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida constituye una amenaza permanente, una afectación directa y perturbadora, por tanto una vulneración al libre ejercicio de las siguientes garantías constitucionales: El derecho a desarrollar cualquier actividad económica (artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República). El artículo 19 numeral 21 de la Carta Fundamental reza: “Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas: 21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Este precepto es nuevo en la historia constitucional chilena y completa los derechos establecidos a favor de las personas, en conjunto con los derechos y garantías establecidas en los numerales 16, 20, 22 y 24, que tienden a fortalecer la libertad económica, incorporando el principio de subsidiariedad y poniendo el acento en la libertad económica de los particulares.

Añade que cabe destacar que el artículo 19 numeral 21 de la Carta Política es una de las normas fundantes del “Orden Público Económico”, esto es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla, cuyo contenido se va construyendo por la doctrina y la jurisprudencia, debiendo interpretarse a la luz de los principios consagrados en las Bases de la Institucionalidad. A su turno, el inciso 1 del numeral 21 del citado artículo 19 de la Carta Fundamental consagra el derecho subjetivo público a desarrollar actividades económicas, cuyo ejercicio debe efectuarse conforme a las normas legales que lo regulen, disposiciones que no pueden afectar la esencia del derecho.

Refiere que, en cuanto a los límites a su ejercicio, el Constituyente señala tres: la moral, el orden público y la seguridad nacional. Se consagra el derecho, y como contrapartida existe la obligación correlativa de no hacer, no perturbar ni menoscabar ese derecho, obligación que recae tanto en el Estado como en cualquier persona. Desde una perspectiva netamente jurídica, este inciso no es más que una consagración de la autonomía privada, vale decir, la autonomía de todas las personas para que desarrollen actividades económicas. Por ello puede decirse que la disposición contenida en el inciso primero del numeral 21, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se encuadra dentro de aquellas que reconocen y garantizan a los individuos derechos fundamentales, un derecho subjetivo de carácter económico, una facultad, un poder de actuar del individuo, consagración de su autonomía, con los límites que la propia Constitución establece, generando, como contrapartida, una obligación genérica de los otros sujetos, sea que se trate de entes privados o públicos, de abstenerse de ejecutar acciones que coarten esa libertad para desarrollar actividades económicas.

Añade que, en la especie, la recurrida ha irrespetado este deber de abstención y de no ejecutar acciones que coarten la libertad de Agroindustrial Peralillo S.A. para desarrollar actividades económicas, toda vez que limita, restringe y entorpece las labores de carga, descarga y transporte de productos desde sus instalaciones industriales, con grave perjuicio económico, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para el restablecimiento de este derecho.

Relata que el derecho de propiedad (artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República). "Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas: N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". El artículo 583 del Código Civil dispone que “sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”, la cual merece protección en virtud de la garantía constitucional aludida.

Sostiene que su representada tiene propiedad sobre los derechos emanados del contrato de arrendamiento suscrito con la Sra. nombre reservado, dueña del terreno en el cual se emplaza el establecimiento industrial, que le permiten desarrollar una actividad económica lícita. Es decir, el derecho de propiedad en el caso concreto y cuya protección se pide, recae sobre el derecho personal que le habilita para usar, gozar y disponer de los derechos que emanan del contrato de arrendamiento del sitio “R.C. 09”, cuya copia se adjunta a esta acción constitucional.

Aduce que a este respecto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en sentencia de 20 de enero de 2011, en causa Rol N°1615-2010-INA, afirmando que: “La Constitución es meridianamente clara y específica: asegura la libertad para adquirir toda clase de bienes, corporales e incorporales, de fuente legal o contractual…”. La recurrida, al obstruir el libre tránsito sobre el camino vecinal y sin ninguna clase de embarazo para su uso por la recurrida desde el inicio de sus actividades empresariales e industriales, ha impedido el pleno acceso de camiones de carga mayor desde y hacia el predio arrendado, afectando de esta manera el derecho de uso y goce del mismo, ambos atributos del dominio, como es reconocido por el artículo 582 del Código Civil, cautelado, a la vez, por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el respeto a su derecho de propiedad.

Solicita tener por deducido Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de doña nombre reservado, ya individualizada, acogerlo a tramitación y, en definitiva, dar lugar al presente recurso, declarando y disponiendo: 1. Que la recurrida ha incurrido en actos y hechos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica (artículo 19 numeral 21 de la Constitución Política de la República) y el derecho de propiedad (artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República) de la recurrente, Agroindustrial Peralillo S.A. 2. Que se ordene a la recurrida retirar el poste de base de cemento y el nuevo cerco emplazado en el deslinde sur de su heredad, en tanto afecta el camino vecinal de acceso a las instalaciones de carga y descarga de Agroindustrial Peralillo S.A., ordenando todo otro trabajo que fuere necesario para restablecer la superficie original del camino vecinal, en el plazo que se determine o fije al efecto. 3. Que se ordene a la recurrida abstenerse, en lo futuro, de volver a realizar actos que importen e impidan el libre tránsito desde y hacia el camino vecinal, esto es, de realizar actos que importen una afectación directa a los derechos conculcados. 4. Todo esto con expresa condenación en costas.

Se agregó al recurso, informe de 30 de mayo de 2022 emanado de don nombre reservado, Cabo Primero de Carabineros, Suboficial de Guardia, quien señala que personal diligenciador el día 30 de Mayo del 2022, siendo las 17:00 horas, concurrieron a la empresa AGROINDUSTRIAL PERALILLO, ASESORIAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A., ubicada en Reserva Cora 9, sector Peralillo, comuna Yerbas Buenas, con la finalidad de verificar la instalación de un cerco con alambrada y un poste con base de cemento, entrevistándose con nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nro. RUT reservado, quien les acompaña al lugar donde se encuentra el cerco, manifestando que la otra parte corrió el poste al ingreso al camino un metro aproximadamente hacia el norte, de lo anterior se fijó fotográficamente, además por antecedentes entregados por la entrevistada quien manifiesta que el cerco conforme a los planos debe ir apegado a los árboles existentes en el lugar, situación que impide el paso de camiones articulados de mayor capacidad de carga, cerco que se encuentra distantes a 1,5 metros aproximadamente de los árboles que definen el deslinde original entre las propiedades reserva Cora 8 y 9 respectivamente, lo anterior fue fijado fotográficamente Con fecha 28 de junio de 2022, se prescindió el informe solicitado a doña nombre reservado

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que tal como ha quedado relacionado en la parte expositiva de este fallo, la competencia de esta Corte queda determinada por las peticiones concretas traídas para su conocimiento y resolución: en la especie, la parte recurrente impetra que: 1.-) La recurrida ha incurrido en actos y hechos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y el derecho de propiedad de la recurrente; 2.-) Se ordene a la recurrida retirar el poste de base de cemento y el nuevo cerco emplazado en el deslinde sur de su heredad, en tanto afecta el camino vecinal de acceso a las instalaciones de carga y descarga de Agroindustrial Peralillo S.A., ordenando todo otro trabajo que fuere necesario para restablecer la superficie original del camino vecinal, en el plazo que este Tribunal determine o fije al efecto; 3.-) Se ordene a la recurrida abstenerse, en lo futuro, de volver a realizar actos que importen e impidan el libre tránsito desde y hacia el camino vecinal, esto es, de realizar actos que importen una afectación directa a los derechos conculcados y 4.-)Se condena a la recurrida al pago de las costas del recurso.

SEGUNDO: Que para analizar el conflicto de relevancia jurídica planteado por la presente acción constitucional, resulta menester consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye jurídicamente - a no dudarlo-una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en la disposición constitucional en referencia se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

TERCERO: Que son hechos establecidos o no sustancialmente controvertidos en estos antecedentes cautelares, los siguientes:

1.-) Que por escritura pública de 23 de septiembre de 2009, los recurrentes celebraron un contrato de arrendamiento, con carácter indefinido, respecto de inmueble en que incide la presente acción cautelar, esto es, sitio 09 Peralillo, también conocido como “Reserva Cora 09, ubicada en Peralillo S/N comuna de Yerbas Buenas, siendo sus deslindes particulares: Norte, Reserva Cora número 8; Sur, Reserva Cora N°10; Este, camino público y Oeste, Parcela 21.

2.-) Que, en la actualidad, existe un poste de base de cemento y un nuevo cerco emplazado en el deslinde norte de la propiedad arrendada.

CUARTO: Que, de los hechos establecidos en la reflexión que antecede, se infiere que la circunstancia de que la recurrida hubiere instalado las estructuras descritas en el 2.-) de la reflexión que antecede en el límite norte de la propiedad arrendada por el recurrente AGROINDUSTRIAL PERALILLO S.A, además, de constituir un acto de auto tutela que altera el status –quo existente con anterioridad a la existencia de las citadas edificaciones, el mismo carece de todo reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico e importa y/o supone una perturbación y privación del derecho del recurrente Agroindustrial Peralillo Asesorías y Comercio Exterior S.A, a desarrollar una actividad económica lícita, al dificultar con la instalación de las estructuras en referencia, el ingreso y egreso de camiones para realizar actividades agrícolas propias de su giro en el inmueble arrendado a la recurrente nombre reservado, amén de afectar con su inconducta el derecho de propiedad de que son titulares los recurrentes, sobre los derechos personales o de créditos que para ellos emanan del contrato individualizado en el 1.-) de la reflexión que antecede.

QUINTO: Que, en las condiciones descritas, encontrándose el obrar de la recurrida desprovista de toda legalidad y racionalidad, afectando con ello las garantías constitucionales estatuidas en el artículo 19N° 21 inciso 1° y 24 de la Carta Política de 1980 de que son titulares los recurrentes, forzoso resulta concluir que el arbitrio constitucional en estudio debe ser, necesariamente, acogido en los términos que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°21 inciso 1 y 24, 20 de la Constitución Política de la República, 582, 578 y 583 del Código Civil y Acta Nª94-2015 de la Excma., Corte Suprema que fija el texto del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el interpuesto por nombre reservado en representación de nombre reservado y de AGROINDUSTRIAL PERALILLO ASESORÍAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A., o “AGROINDUSTRIAL PERALILLO S.A” en contra de nombre reservado, todos ya individualizados, sólo en cuanto se ordena a ésta última remover las estructuras aludidas en el 2.-) de la reflexión tercera de este fallo, dentro del término de décimo día de firme o ejecutoriado el presente fallo, sin costas del recurso por haber tenido motivos plausibles para litigar, todo ello sin perjuicio de los derechos que pudieren ejercer las partes ante el órgano y en el procedimiento que legalmente corresponda, si procediere.

Redacción del Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2400-2021.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma el Ministro (S) don Álvaro Saavedra Sepúlveda, por haber concluido el periodo de suplencia, asimismo, no firma la Fiscal Judicial (S) doña nombre reservado, por haber concluido el periodo de suplencia.