nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Talca, once de noviembre de dos mil veintiuno.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, dependiente, venezolano y domiciliado en domicilio reservado, ha deducido acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservado, por privarlo y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria sus derechos garantizados en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, consistente en no pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo legal establecido legalmente previo al vencimiento de su Cedula de Identidad Chilena.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que la omisión ilegal y arbitraria, es una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho y garantía constitucional, de Igualdad ante la Ley, Hace presente que el 19 de enero del año 2019 ingresó a Chile por el paso Fronterizo Chacalluta, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas, otorgándole la Gobernación Provincial de Talca Visa Temporaria en calidad de Titular mediante Resolución Exenta Nº 7858 de 16 de agosto del año 2018, documento que tenía vigencia desde el 21 de septiembre del año 2018 hasta el 21 de septiembre del año 2019.

Agrega que cumplido lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, esto es, antes del término de 90 días continuos y antes del vencimiento de su Visa Temporaria, esto es, el 21 de julio del año 2019 envió solicitud de Permanencia Definitiva, por lo que a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl realizó dicho trámite, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite. El 21 de marzo del año 2020, esto es, ocho meses después de enviada su solicitud, se le notificó a través de Resolución código de tramite N° 962001 que su solicitud estaba incompleta o insuficiente, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para subsanar la primera solicitud realizada, so pena que de no hacer la subsanación en el plazo indicado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, se tendría por desistida la petición, por lo que procedió a subsanar lo ordenado por la recurrida y con fecha 30 de marzo del año 2020 se le notifico que habían cumplido con el plazo otorgado y avanzaba a revisión documental.

Añade que sin embargo lo anterior, su solicitud de Permanencia Definitiva no ha sido resuelta a la fecha, aun cuando ya han transcurrido más de dos años, desde el inicio de la tramitación, todo lo cual se desprende de las siguientes capturas de pantalla que adjunta.

Dice que su solicitud se encuentra en etapa de análisis resolutivo, lo que implica que la recurrida debería enviarle la orden de pago, que a la fecha no se le envía, por lo que procedió a solicitar reimpresión de orden de giro recibiendo como respuesta que “No se encontró una orden de giro asociada a los datos ingresados en la plataforma”.

Aduce que esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Departamento de Extranjería y Migración le ha traído graves consecuencias, debido a las limitaciones en cuanto a poder tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, desde las más básicas, hasta las más complejas del quehacer diario en este país, por ejemplo; no puedo acceder a trámites bancarios, suscribir un contrato de tv por cable, adquirir un plan de telefonía celular, suscribir contratos de arriendo, otorgar cualquier otro documento en notarias, acceder a un nuevo empleo, solicitar informes comerciales y en general todas las que pudiera realizar cualquier ciudadano con un carnet de identidad vigente. De la relación de los hechos acaecidos se advierte que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la administración pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado, especialmente el de celeridad, lo cual no ha ocurrido en su caso, ya que no he recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite, por lo que resulta evidente la omisión arbitraria y el incumplimiento por parte del ente recurrido de la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

Luego transcribe literalmente las normas migratorias aplicables, esto es, los artículos 31, 41, 42, 43 del Decreto Ley 1094 y el artículo 80 de su Reglamento, señalando que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias las siguientes circunstancias para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva, que reseña una a una, expresando que cumplió con todas estas circunstancias, por cuanto solicitó y obtuvo su respectiva visa temporaria en calidad de titular, por lo que estaba habilitado luego de su vencimiento para solicitar Permanencia Definitiva en el país, aun cuando tiene más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titulares de una visación Temporaria Titular.

Expone que con respecto a la presentación de las solicitudes de permanencia definitiva, el Departamento de Extranjería exige diversos documentos los cuales a su vez se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597, Si bien la autoridad migratoria está facultada para solicitar a los extranjeros requisitos adicionales a los ya mencionados, y en ese sentido ha incorporado nueva documentación al trámite los que se encuentran disponibles en https://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-definítiva/.”

Manifiesta que respecto de las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos. El procedimiento ya descrito contemplado para las Prórrogas de Visa Temporaria en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la ley 19.880, el cual establece: “Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones.”

Como consecuencia de lo anterior, estos procedimientos no sólo deben sujetarse a las normas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, ello, en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, el cual debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental. En el presente caso, su solicitud fue presentada el 21 de julio del año 2019, por lo cual no se cumplió en forma alguna el plazo de 48 horas que establece la Ley 19.880, que rige las Bases de Los Procedimientos Administrativos, estando legalmente obligado a pronunciarse sobre la admisibilidad de las solicitudes que se le formulen.

Afirma que esta disposición está en conformidad con los principios de inexcusabilidad y celeridad que informan al procedimiento administrativo, sobre todo si este pronunciamiento está solo referido a la verificación de sus requisitos de admisibilidad. Este pronunciamiento de admisibilidad consistiría entonces meramente en informarle si los documentos requeridos para la tramitación de su solicitud de Permanencia Definitiva fueron debidamente acompañados o no.

Reitera que conforme ha sido suficientemente narrado en la exposición de los hechos de esta Acción Constitucional y después de haber transcurrido más de dos años desde la presentación de su solicitud de permanencia definitiva no he recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite, lo cual es claramente contrario a las normas ya señaladas, y, en especial, al principio de celeridad que debe regir los procedimientos administrativos, ya que no se ha cumplido con el deber de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación hasta la fecha en la que se emita la decisión final, lo que supone arbitrario, dado que no se ha resuelto en un plazo razonable.

Sobre las vulneraciones a las garantías constitucionales cauteladas por la acción de protección, repite que se le ha vulnerado el Principio de Igualdad ante la Ley, del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.. Visto lo anterior, debe entenderse que no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley no debiendo darse tratos preferentes, o como en este caso, excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esta garantía Constitucional sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa ya que de inclinarse la misma hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y por ende, no hay justicia.

Añade que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, además, sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios. En el presente caso, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándome un trato desigual con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, se le ordene restablecer el imperio del derecho, emitiendo las respectivas resoluciones finales a su solicitud de permanencia definitiva como en derecho corresponda, en el más breve plazo.

Segundo: Que el abogado Carlos Poblete Acuña, en representación del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al tenor del recurso planteado, pide que se rechace la acción en todas sus partes por no tener ésta oportunidad, y al mismo tiempo, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar, perturbar o amenazar ninguno de los derechos fundamentales del recurrente y que se encuentran especialmente tutelados por la presente acción constitucional.

Argumenta que el 21 de Julio de 2019, y mediante los canales digitales dispuestos por la autoridad migratoria, el recurrente nombre reservado ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva; Contra la presentación de su solicitud se emitió comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite Folio N° 1308339 con valides indefinida. Dicho comprobante está a disposición de la recurrente a través del portal de trámites digitales de esa autoridad migratoria. Dicho comprobante cumple lo establecido en el artículo 135, que en 2 relación al artículo 157 N° 5, ambos del Decreto Supremo N° 597, de 1984, y permite justificar la residencia regular del extranjero mientras se tramita su permiso de permanencia definitiva.

Agrega que por Comunicación Electrónica N° 16914327, de 19 de julio de 2021, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le informó al extranjero que su solicitud de permanencia definitiva avanza a etapa de análisis resolutorio, y se emitió orden de giro N° 0007- 1006843068 para que pague los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, lo que importa un prerrequisito para resolver lo pedido; a la fecha del presente informe el extranjero no ha hecho pago de los derechos correspondientes a su solicitud de permiso de permanencia definitiva, encontrándose vigente el término para que cumpla con dicha exigencia, el cual vence el 17 de septiembre de 2021, por lo que no es posible para esa autoridad migratoria pronunciarse sobre su solicitud sino hasta recibir el pago o encontrarse vencida la orden de giro. De no pagarse los derechos de la solicitud o de vencerse la orden de giro sin pagarse los derechos, llevan a la autoridad migratoria a la obligación de rechazar lo solicitado, en conformidad al artículo 81 y artículo 133, inciso segundo, del Reglamento de Extranjería, que regula específicamente el otorgamiento del permiso de permanencia definitiva”.

Sostiene que así las cosas, y de acceder a lo solicitado por la contraria, sin verificarse el pago de los derechos que la ley y el reglamento de Extranjería ordenan, generaría en el recurrente una situación de privilegio respecto de los demás solicitantes de permiso de permanencia definitiva. Si en la actualidad no se ha emitido pronunciamiento respecto de lo solicitado por el extranjero, ha sido única y exclusivamente por encontrarse pendiente el pago de dichos derechos, y por encontrarse vigente el plazo para que hagan pago de los mismos, por lo que no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar tramitación regular y progresiva al expediente de solicitud de permanencia definitiva del recurrente, poniendo a su disposición todos los documentos que acreditan su situación migratoria regular en el territorio nacional.

Destaca que si bien es prerrequisito para resolver una solicitud de permiso de permanencia definitiva el pago de los derechos que la ley y el reglamento establecen, no debe entenderse que el pago de dichos derechos sea una especie de garantía para el otorgamiento del permiso impetrado. Muy por el contrario, el no pago de dichos derechos dentro del plazo establecido si implica una causal de rechazo de la solicitud de permanencia definitiva.

Refiere que en la actualidad, el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad del recurrente, debiendo proveer al pago de los derechos que la ley establece en el plazo conferido. No puede, en este caso, argumentarse que por principios de celeridad y actuación de oficio la autoridad pueda dar curso al procedimiento, puesto que de hacerlo, de resolverse la solicitud en este estado del procedimiento llevaría al rechazo de la misma. Dicho rechazo sería claramente injustificado, por encontrarse vigente la posibilidad de que pague los derechos respectivos.

Expresa que habiéndose sometido la solicitud a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería, y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley N° 19.880, se estima por esa autoridad migratoria que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que cause vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos y forma señalada por el recurrente, motivo por el cual debiese ser rechazada la acción en todas sus partes, con costas, atendido que la autoridad administrativa ha ceñido su actuar a las normas legales y reglamentarias vigentes, siempre dentro de la esfera de sus competencias. migratoria conforme a la esfera de sus competencias y facultades legales y reglamentarias vigentes Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean conculcados.

Quinto: Que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales allegados, respecto de lo cual no existe discrepancia, los que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por acreditado que el 21 de Julio de 2019 el recurrente nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión al efecto.

Si bien, el 19 de julio del presente año la autoridad recurrida informo al recurrente que el procedimiento avanzaba a la etapa de análisis resolutorio, emitiéndose orden de giro N° 0007- 1006843068 para pagar los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, dicha decisión, no resolutiva, sólo fue expedida después de haber transcurrido casi dos años desde el ingreso de la solicitud de permanencia definitiva.

Cabe hacer presente que mediante presentación de 23 de agosto de 2021 se acreditó el pago de los derechos, sin que a la fecha de la vista del presente recurso, (02 de noviembre de 2021), se ha tomado una decisión definitiva en el expediente administrativo, respecto de lo impetrado por el recurrente, relativo a la concesión o denegación de su permanencia definitiva en el país.

Sexto: Que el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, es claro en señalar que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

En este orden de ideas, el artículo 7° del cuerpo legal citado consagra el principio de celeridad, en cuanto a que está sometido al impuso de oficio en todos sus trámites.

Séptimo: Que la propia recurrida reconoce que sólo el 19 de julio de 2021 el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública informó al extranjero recurrente que debía pagar los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, de lo que se infiere que la tramitación estuvo paralizada por un tiempo demasiadamente prolongado, lo que denota desidia y desinterés en el actuar del recurrido, apartándose absolutamente del principio de celeridad aludido y, excediéndose en el plazo, tanto para agilizar la tramitación iniciada, como, asimismo, para adoptar una decisión definitiva, la que aún permanece pendiente, omisión que debe calificarse de arbitraria, tanto por el tiempo transcurrido, como por el carácter de vulnerabilidad de las personas migrantes.

Octavo: Que si bien el país, como las restantes naciones de Latino América y el mundo entero han sido azotados por la propagación del virus Covid 19, no es admisible asilarse en aquella circunstancias para darle una connotación de caso fortuito y justificar la dilación de la tramitación del proceso administrativo de que se trata, toda vez que es de público conocimiento que el trabajo remoto, tanto en las instituciones públicas y privadas, se ha intensificado y ha permitido suplir en gran medida la ausencia de presencialidad en numerosas actividades cotidiana.

Noveno: Que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 consagra el derecho a la igualdad ante la ley, en orden a que ni la ley ni la autoridad puede establecer diferencias arbitrarias y, por consiguiente, el desatenderse de un procedimiento administrativo sin motivación justificada implica dar un tratamiento desigual respecto de los restantes usuarios que han obtenido respuesta a sus solicitudes dentro de los plazos razonables que la ley contempla al efecto.

Atento a lo reflexionado, se acogerá la acción de protección hecha valer, sólo en cuanto se otorgará un plazo de treinta días, a contar de esta fecha, para que el Departamento de Extranjería y Migración adopte una decisión definitiva respecto de la solicitud del recurrente nombre reservado .

Por estos razonamientos y de conformidad, a lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sólo en cuanto se otorga un plazo de treinta días, a contar de esta fecha, para que el Departamento de Extranjería y Migración adopte una decisión respecto de la solicitud del recurrente nombre reservado relativo a la solicitud de permanencia definitiva en el país.

No se condena en costas a la parte recurrida, por estimar que tuvo motivos plausibles para actuar.

Acordada esta última decisión en contra del Ministro Gerardo Bernales Rojas, quien fue de parecer de condenar en costas a la parte recurrida.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 2.314-2021.- Protección.- Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.-