nombre reservado con UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Talca, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de estos autos, es del tenor siguiente:

“nombre reservado, chileno, soltero, médico cirujano, Cédula Nacional de Identidad N.º RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, a S.S. Ilustrísima respetuosamente digo:

Que vengo en interponer ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en contra de la Universidad Católica del Maule, RUT N° RUT reservado y de nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado en su calidad de representante legal de dicha institución o quien la represente conforme a derecho, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región del Maule; el Hospital Regional de Talca Dr. Cesar Garavagno Burotto, persona jurídica de derecho Público, Rut. RUT reservado, representado por su Director (S), don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, o quien ostente tal calidad según corresponda; y del Servicio de Salud del Maule, RUT RUT reservado, 1 Norte Nº 963, Edificio Centro 2000, 4to piso, Talca, y de su representante legal doña, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado Directora de dicho servicio de igual domicilio, o quien tenga la calidad de representante de dicho organismo del Estado.

Lo anterior, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que a mi juicio, infringen mis garantías constitucionales; conforme a lo prescrito por la Constitución Política de la República, las leyes y reglamentos aplicables, y que se encuentran particularmente consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República especialmente en sus numerales 1, 2, 3 inciso 5º, 4 y 5; en consideración a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

Que desde el 1 de mayo de 2020, soy médico becado de la especialidad médica de cirugía general del Programa Becas Maule II y me desempeño en el Hospital Regional de Talca como tal. El programa becas Maule II es hoy, la principal alternativa para las 30 comunas de la Región del Maule de responder a la urgente necesidad pública de tener cirujanos especialistas. Ante el lamentable y persistente déficit de especialidades médicas que mantiene copiosas listas de espera, el Gobierno Regional aportó a esta iniciativa de solución más de siete mil millones de pesos, no obstante, por resolución del Servicio de Salud del Maule la facultad de formar a un cirujano ha sido entregada (por contratación directa) a la Universidad Católica del Maule, corporación de derecho privado, quien comparte su cuerpo docente con el Hospital Regional Talca, institución que a su vez es campo clínico gratuito para esa casa de estudios. Este programa formativo de la especialidad de Cirugía General de la Universidad Católica del Maule no se encuentra acreditado.

A los becarios como yo nos rige entre otras normas jurídicas el Reglamento de DS Nº 507/1991 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de becarios de la Ley 15.076, en el sistema nacional de Servicios de salud, pero por supuesto también las normas internas de la casa de estudios financiada por el programa Becas Maule que en teoría es quien ejecuta el programa educativo.

Sin perjuicio de lo anterior es menester decir que en el desempeño cotidiano de las funciones de un becario también deben respetarse las normas que regulan el ejercicio de las funciones públicas en el establecimiento de salud donde cotidianamente se lleva a cabo el proceso formativo, el Hospital Regional de Talca.

Para efectos prácticos, si bien soy un becario mis funciones dicen relación con prestar servicios médicos en el área de cirugía en distintos contextos clínicos (rotaciones), donde un “departamento” de especialistas en la respectiva área es quien instruye y evalúa el desempeño de los becarios.

Es decir que soy titular de un derecho indubitado al obtener la beca para cursar la especialidad de Cirugía que incluye las prestaciones reguladas en la normativa legal vigente, entre ellas, el acceso a un programa de formación, el pago de los aranceles y matrículas y un estipendio mensual.

El presente recurso se basa en una serie de vulneraciones que tienen como última manifestación el condicionamiento arbitrario e ilegal del retorno a mis actividades académicas luego de un largo periodo de licencia médica psiquiátrica derivado del hostigamiento y acoso del que he sido víctima en el transcurso de mi beca de formación, se me imponen condiciones de reintegro adicionales, arbitrarias e ilegales, con inéditas prácticas no contempladas en los distintos instrumentos que regulan mi relación con la institución educacional además del servicio de salud, a la negativa y obstaculización injustificada a dar tramitación a las más de 11 denuncias de acoso laboral que he realizado durante el último año sin que ninguna de ellas haya sido tramitada de manera adecuada dejándome en la más profunda indefensión, afectando con ello mis derechos fundamentales ya singularizados los que serán desarrollados más adelante.

A la fecha de presentación de esta acción de protección han acontecido los siguientes hechos:

1. La Universidad Católica del Maule ha realizado cuatro procesos sumariales en mi contra, todos iniciados en base a una acusación reconocidamente falsa ante el Juzgado de Garantía de Talca. Como consta en el documento que se acompaña: Carta Oficio sin número emitida el 11 de mayo por doña Marcia Vallejo Tabilo Fiscal del Departamento de investigación y Sanción Violencia y Discriminación de Género.

2. Tres de los cuatro procesos han terminado con mi sobreseimiento absoluto en virtud de que mi denunciante me pidiera disculpas públicas y admitiera la falsedad de sus acusaciones. El 4º de estos ha terminado con una amonestación en mi contra, mismo en el que no se ha respetado ni el secreto sumario que contiene la norma universitaria, ni el debido proceso, tomando como base para la sanción hechos que no fueron parte de la denuncia y que provienen de una conversación privada vía whatsapp con mi expareja. La prueba utilizada ha sido obtenida en infracción de la inviolabilidad de mis comunicaciones.

3. De manera ajena a estos procesos sumariales y en contravención a toda norma administrativa y constitucional, el “departamento de cirugía” del Hospital de Talca ha realizado 2 procesos disciplinarios en los cuales jamás he tenido la oportunidad de defenderme y que han decretado la “suspensión” de mi proceso formativo sin la venia de la autoridad competente (artículo 6 del DS. Nº 507/1991 del MINSAL). Esto consta por ejemplo en documento Acta del departamento de cirugía de fecha 31 de mayo de 2023.

4. Durante estos procesos extra legem, he sido obligado a someterme a exámenes psiquiátricos cuyos resultados han sido comentados y divulgados entre mis docentes, quienes me han forzado a firmar instrumentos auto incriminatorios con juicios indeterminados sobre mi mal desempeño “actitudinal”.

5. Se han falsificado las calificaciones que obtuve en el examen final de cirugía digestiva II, donde figuran notas respecto de un proceso evaluativo que jamás tuvo lugar, toda vez que primero aconteció una suspensión verbal por “un tema actitudinal” y luego mis notas se rellenaron sin proceso evaluativo, sin posibilidad de retroalimentación, ni apelación.

6. Se me ha negado el acceso a un proceso racional y justo en virtud de que he denunciado en numerosas oportunidades estar siendo víctima de acoso sin que la Universidad Católica del Maule o el Servicio de Salud del Maule emitieran pronunciamiento alguno respecto de mis denuncias hasta el 3 de abril de 2024.

7. Todo lo anterior me mantiene a la fecha con licencia médica.

8. He solicitado mi traslado a otro centro formativo para terminar los meses de formación que me restan y poder dar la evaluación a la que jamás tuve acceso en cirugía digestiva en virtud de que el propio docente que me reprobó en el ramo de Cirugía digestiva II ha prometido que jamás podré salir de la beca luego de que me negara a sus indecorosas proposiciones. Esta solicitud me ha sido negada indicando que no hay “motivo ni razones académicas para autorizar” el traslado. Haciendo caso omiso de mis denuncias.

9. Desde el mes 9. Desde el mes de Septiembre y a pesar de que todas mis licencias médicas se encuentran aprobadas por COMPIN, el Servicio me mantuvo sin el pago de mis remuneraciones en directa contravención al inciso final del artículo 15 del DS Nº 507/1991 del MINSAL y a mis derechos fundamentales, mismas que son pagadas irregularmente, de manera parcelada y sin ningún criterio desde entonces.

10.Luego de haber sostenido diversas reuniones con el Servicio de Salud y la Universidad Católica del Maule el Servicio ha emitido la resolución 536 en abril de 2024, instruyendo la realización de un sumario administrativo en el Hospital de Talca por la gravedad de los hechos que he denunciado, sin que esto motivara ninguna acción por parte de dicha institución de salud hasta 12 de septiembre de 2024.

11. El día 30 de septiembre de 2024 fui “citado” a declarar con ocasión de dicho sumario sin que se me notificara dicha citación de la manera legal correspondiente. Asistí, sin perjuicio de su informalidad ya que la urgencia de mi situación no me dejaba otra alternativa. La toma de declaración fue realizada de manera remota, interrumpida en más de 4 oportunidades para luego transformarse en el requerimiento de adhesión a una declaración redactada por la fiscal del sumario que se negó a consignar mis dichos limitando mi derecho sencillamente a ratificar lo por ella redactado.

12. Con fecha 8 de octubre de 2024 realicé una presentación en el sumario solicitando la nulidad del mismo, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna por parte del Hospital de Talca.

13. A propósito de esta presentación con fecha13.A propósito de esta presentación con fecha 24 de octubre de 2024, recibí una citación por parte del Servicio de Salud del Maule para una fecha inexistente (miércoles 28 de octubre de 2024) en la que se coordinaría mi reintegro a la beca (ante mi insistencia). Dicha instancia finalmente derivó en una llamada por la aplicación Whatsapp por parte de la médico doña nombre reservado quien me informó de las condiciones que tanto el servicio como la Universidad imponían para mi reintegro luego del periodo de licencia que me encontraba cursando, todas de carácter arbitrario y contrarias a los derechos que me asisten según el derecho indubitado que tengo a la Beca.

14. Estas insólitas y leoninas condiciones quedaron plasmados en un documento que tiene los logos tanto del Servicio como de la Universidad Católica del Maule y que si bien se titula condiciones académicas, en él no puede encontrarse ningúna condición de tal carácter. Según se me informara telefónicamente fue emitido por doña nombre reservado desconozco si en calidad de trabajadora de la Universidad Católica del Maule o servidora pública. El documento se acompaña en el otrosí respectivo y en él pueden observarse las cargas laborales adicionales que se me imponen, la arbitrariedad con la que se me imponen ciertas fechas de regreso y la amenaza de perder mi beca dependiendo del escenario elegido. Así las cosas, oy no soy libre de reintegrarme de mi licencia, el documento mencionado es prueba de que se me exigen condiciones que a ningún otro becado se le imponen, menos retornando de una licencia médica.

15. Solo faltando 2 meses para terminar mi beca de especialidad la Universidad y el servicio de Salud del Maule cada vez exigen para mi regreso condiciones más leoninas con lo que impiden el término de mi programa.

16. En el mismo contexto a pesar de haber denunciado y haberse supuestamente activado los protocolos de acoso sexual y laboral, lo cierto es que nadie está investigando mis denuncias y por el contrario estas han exacerbado el desigual trato ante la ley que he estado recibiendo.

En resumen el presente recurso tiene su fundamento en la decisión arbitraria e ilegal de la Universidad Católica del Maule y el Servicio de Salud del Maule de condicionar mi reintegro al programa de formación, mismo que fue suspendido arbitrariamente por el departamento de cirugía; la decisión arbitraria e ilegal de no dar curso por parte de la Universidad mencionada a mis denuncias de acoso sexual y laboral, así como tampoco a la denuncia por las acusaciones falsas de doña nombre reservado; y por la decisión arbitraría e ilegal del Servicio de Salud y el Hospital de Talca de iniciar un sumario administrativo tras acoger una de mis denuncias e iniciar su tramitación más de 6 meses después para luego dejar dicho procedimiento abandonado y sin respuesta a mis solicitudes.

Todo lo anterior constituye una infracción al derecho indubitado que tengo sobre la beca que estoy cursando, contexto en el cual han ocurrido las vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales como son el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho a la honra y el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación. Siendo la última manifestación concreta de estas vulneraciones el documento que se acompaña donde constan las nuevas e ilegales condiciones para mi reintegro que tiene fecha 29 de octubre de 2024, sin perjuicio de que los efectos de la infracción a mis derechos constitucionales son de carácter continuo y permanente.

DE LAS VULNERACIONES SUFRIDAS Y LA DENEGACIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA.

A partir de noviembre de 2022, se han cometido una serie de actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales por parte de los médicos del “departamento de cirugía” de la Universidad Católica del Maule, en su mayoría funcionarios públicos y a la vez docentes universitarios de la Universidad Católica del Maule, de la misma manera estas vulneraciones han ocurrido con la complicidad del Hospital de Talca y el Servicio de Salud del Maule, ambos representados indistintamente y en varias ocasiones por la médico nombre reservado.I. Nº RUT reservado.

Uno de los primeros hitos que dan lugar a estas ilegalidades fue que sin mediar explicación alguna se han negado a permitirme rendir la evaluación correspondiente a la rotación de Cirugía Digestiva II con fecha 19 de enero de 2023 y me han sometido a una serie de actos vejatorios que a pesar de haber sido denunciados ante la autoridad competente de la institución han quedado en la más completa impunidad como se colige de la resolución 00064/2023 emitida con fecha 4 de octubre de 2023 por el Rector de la Universidad Católica del Maule, don nombre reservado.

Los hechos que se alegan como vulneraciones a mis derechos fundamentales están en el marco de un proceso sui generis apartado de cualquier normativa vigente.

Con fecha 22 de marzo de 2023 la Dirección de Equidad de Género y Diversidad ha iniciado un proceso disciplinario en mi contra a propósito de una serie de dichos injuriosos emitidos por doña nombre reservado, quien ha debido disculparse públicamente conmigo en virtud de lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Talca en causa RIT Ordinaria-2217-2023. Este proceso se ha sustanciado como una especie de escarnio público, sin respetar en lo más mínimo las garantías de un proceso racional y justo, sin respetar el secreto sumario que debe operar según la propia norma interna de la Universidad, para finalmente terminar con mi sobreseimiento absoluto, pero no sin derivar en mi suspensión arbitraria de la beca por parte del departamento de Cirugía.

Esta Dirección de Equidad de Género y Diversidad, en su obsesiva embestida persecutoria y sin tener ningún cuidado a pesar de la delicadeza del tema, ha motivado que otra repartición de la misma institución, el departamento jurídico, iniciara otro proceso en mi contra levantando dos cargos, aumentando la exposición pública en mi lugar de trabajo, ventilando conversaciones de orden privado entre distintos funcionarios de la institución paralelamente al proceso sustanciado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad.

Este cuarto proceso que en un comienzo me impone una exagerada sanción ha terminado apenas con una infundada amonestación por escrito luego de exponer la envergadura del injusto mediante recurso de revisión al Rector de la Universidad.

Si bien ambos procesos han estado inundados y marcados por la desprolijidad y la inobservancia de las garantías mínimas de cualquier proceso racional y justo, lo más grave de la situación acontece cuando fuera de toda norma, sin justificación alguna y en un acto de descarado abuso, un grupo de médicos compuesto por los Doctores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado (quien lidera), nombre reservado y nombre reservado, se han conformado como una comisión especial para decidir de manera paralela y excluyente del Servicio de Salud, sancionarme con una suspensión de facto, sin siquiera darme derecho a una acertada defensa, impidiendo la continuidad de mis estudios, obligándome a suscribir documentos vergonzantes autoinculpándome de manera indeterminada, y a someterme a exámenes de salud mental que luego compartieran y comentaran entre ellos sin el más mínimo cuidado por mi honra, mi intimidad y mi salud física y psíquica.

Es justamente a propósito de la de la resolución del rector que desvirtúa totalmente los cargos que se me imputan en el sumario mencionado, que se constata que las sanciones y actos vejatorios a los que me sometieron arbitrariamente los profesionales que conforman la comisión especial mencionada, jamás estuvieron regidas por los procedimientos disciplinarios que la Universidad regula en su normativa interna.

Justamente en mi recurso de reconsideración he dejado ver al Sr. Rector que la sanción que se me impone estaría infringiendo el principio non bis in idem a lo que este responde de manera clara que “... no se da la figura de la doble sanción por los mismos hechos (non bis in idem), toda vez que el segundo cargo formulado y confirmado en la presente resolución se refiera a una denuncia por hechos que no han sido investigados con anterioridad.”; dejando manifiestamente claro que las suspensiones encargadas por el departamento de cirugía no formaron parte del proceso sumarial iniciado por la Universidad Católica del Maule.

Siempre con la convicción de que la justicia del estado de Chile garantiza a toda persona la protección de los derechos fundamentales que la Constitución describe, y de que la autotutela no es un camino en una sociedad de fundamentos democráticos, he seguido paciente y tortuosamente todas las vías administrativas y judiciales tendientes a encontrar la justicia. En este contexto no fue sino hasta que reclamé la aplicación del principio non bis in idem, para solicitar ante el rector la reconsideración de la suspensión a la que me condenaban en el último sumario, (reconsideración que el rector terminará acogiendo), que pude corroborar más allá de toda duda razonable que el proceso y las sanciones a que me había sometido este grupo de médicos excedían todo amparo legal. La suspensión de los médicos habría seguido un curso paralelo y desconocido por el Rector.

Es decir que el proceso y sanción a las que los integrantes. Es decir que el proceso y sanción a las que los integrantes del Departamento de Cirugía de la Universidad Católica del Maule me sometieron, no estaba enmarcada dentro de este proceso disciplinario, tampoco por el iniciado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad que terminó con mi sobreseimiento y en el fondo por ninguno que nuestro ordenamiento jurídico autorice.

La existencia de estas suspensiones arbitrarias e ilegales han sido reconocidas en las declaraciones dentro del proceso sumarial iniciado por la UCM, de los Drs. nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, también consta en el acta de reunión de dicho departamento de cirugía de fecha 13 de mayo de 2023 que se acompaña a esta presentación.

Los profesionales mencionados han impartido de propia mano un castigo, basándose en una especie de procedimiento “jurisdiccional” en el que me han sometido a vejámenes, humillaciones y sanciones que escapan a todo marco jurídico.

En resumen he sido sometido a 6 procedimientos disciplinarios, 4 de ellos sustentados en un inicio por la normativa interna de la universidad (los realizados por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad y el Departamento Jurídico), pero que sin embargo no han respetado las garantías del debido proceso y finalmente, más grave aún, un quinto y sexto procedimiento, ambos ilegales liderados por una comisión especial conformada por los médicos ya mencionados.

Ambos procesos terminaron con mi suspensión ilegal.

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD Con fecha 22 de Marzo, la Dirección de Equidad de Género y Diversidad ha decidido dar curso a una investigación en mi contra a propósito de las denuncias esgrimidas por doña nombre reservado, mismas que fueran difundidas en un acto de autotutela por dicha estudiante y que terminaran con sus disculpas públicas según lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Talca en causa 2217-2023.

Sin que el proceso llegará a su fin dicha repartición de la Universidad se ha encargado de difundir antecedentes del mismo, violando gravemente el secreto que rige según reglamento y atentando abiertamente contra mi honra e integridad física y psíquica.

Como prueba de lo anterior, es menester indicar que durante la tramitación de los procesos en mi contra T-2-2023, T-3-2023 y T-6-2023, la fiscal señora Marcia Vallejo le envió una carta que obra en los antecedentes del ultimo sumario antes señalado, específicamente a fojas 4 (se acompaña a esta presentación), a don nombre reservado de la Facultad de Medicina de la UCM, informándole formalmente el curso del sumario, citando hechos, declaraciones y conclusiones previas a su resolución, infringiendo con esto el artículo 24 del Reglamento de investigación y sanción del Acoso Sexual, la Discriminación de Género y la Violencia de Género que en detalle señala: “Deber de Confidencialidad: El Departamento de Investigación y Sanción de la Discriminación y Violencia de Género garantizará el tratamiento reservado del procedimiento, resguardando que no se entregue información a personas ajenas a éste. Con este fin, se establecerán espacios adecuados para la atención de las partes y para la realización de las diligencias probatorias, así como herramientas de registro de la información que permitan su debido resguardo. Toda persona que intervenga en el procedimiento, y divulgue por cualquier medio antecedentes del expediente investigativo o la identidad de las personas que forman parte de éste, incurrirá en falta grave y será objeto de un procedimiento disciplinario de acuerdo a la normativa institucional vigente”.

La investigación a la que me refiero en este apartado se sostiene desde su origen en una serie de hechos graves, contenidos en la sesgada comunicación vía email de la fiscal doña Marcia Vallejo hacia don nombre reservado, mismos hechos que fueran posteriormente desacreditados en un juicio ante el Juzgado de Garantía de Talca, resolución que fue acompañada al sumario que por supuesto no le fue informada a mi Decano, dejando por cierta la denostación sobre mi integridad personal y profesional, sin importar la falsedad de los hechos que se me imputaron.

Esta acción premeditada de la Fiscal de otro sumario, no solo tiene el efecto de contaminar el proceso sancionatorio de que fui objeto en su más amplia dimensión. También la ligereza al comunicar mi situación en las investigaciones seguidas en mi contra tuvieron el efecto de dañar mi honra y credibilidad o por lo menos el de crear una opinión sesgada de parte del nombre reservado, situación que atenta arbitrariamente en contra de mi derecho a la honra, al honor, a la integridad y al debido proceso, garantías básicas que lamentablemente la institución recurrida ha trastocado a un nivel superlativo y queda en evidencia a fojas 4 del expediente sumarial (se acompaña) que sostiene lo siguiente: “Talca, 11 de mayo 2023. Dr. 10nombre reservado. Decano de la Facultad de Medicina. Universidad Católica del Maule. Me dirijo a usted con el fin de poner en su conocimiento antecedentes recabados en el marco de las investigaciones desarrolladas en las causas T-2-2023, T-3-2023 y T-6-2023, Ilevadas a cabo por el Departamento de Investigación y Sanción de la Discriminación y Violencia de Género, en contra del estudiante de postgrado (becado cirugía) nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado.

En el marco de las investigaciones citadas se han reportado por las personas denunciantes y testigos situaciones y/o conductas que exceden nuestras facultades de investigación y sanción como departamento, toda vez que no guardan relación con hechos de acoso sexual, violencia y discriminación de género que son las materias de nuestra competencia, según lo establecido por el Decreto de Rectoría N°185-2022. Sin perjuicio de ello, los hechos denunciados podrían implicar la necesidad de activar un proceso de investigación por incumplimiento de otra normativa institucional por parte del estudiante mencionado, proceso es competencia del Departamento Jurídico perteneciente a la Secretaría General de nuestra institución.

Cabe hacer presente que en lo que concierne a denuncias de acoso sexual, violencia y discriminación de género contra el estudiante, nuestro departamento seguirá desarrollando el proceso de investigación y sanción de acuerdo al Decreto señalado.

En cuanto a los hechos que exceden la esfera de nuestra competencia como fiscalía especializada en género, se encuentran los siguientes (...)” (se acompaña como documento texto completo).

S.S. a pesar de toda esta arremetida, la mencionada Fiscal no tuvo más opción que desacreditar totalmente estos hechos por su reconocida falsedad y sobreseerme completamente, sin perjuicio de que de la denostación y las vulneraciones sometidas jamás se hizo cargo.

Lo anterior cobra vital importancia toda vez que con fecha 7 de septiembre de 2023, he realizado una denuncia ante la misma Dirección de Equidad de Género y Diversidad, en virtud del artículo 46 del Reglamento de Investigación y Sanción del Acoso Sexual, la Discriminación de Género y la Violencia de género que expresamente consagra que ‘’La persona absuelva en el marco de este procedimiento, puede solicitar que se realice una investigación sumaria contra la persona denunciante, de acuerdo a la normativa interna, para que se determine si la persona realizó un uso malicioso de este procedimiento para perjudicar a la persona denunciada’’.

Denuncia que jamás gatillo ningún proceso a pesar de haberse comprobado la falsedad de las acusaciones, otra prueba más de que la enérgica y proactiva actitud de la fiscal no obedecía a la búsqueda de justicia, sino a la autotutela que tan de moda está y que no termina de atentar ya no solo contra mis garantías fundamentales sino contra los fundamentos más básicos del Estado de Derecho.

La divulgación de información privada y secreta (según la normativa vigente), el escarnio público al que fui sometido provienen de la decisión ilegal y arbitraria de la fiscal en comento. Estos actos arbitrarios e ilegales no solo son vulneratorios por sí mismos, en cuanto al derecho que tengo a la igualdad ante la ley, a la honra, a la integridad física y psíquica, sino que además han gatillado un 4º procedimiento, que por estas razones ha nacido como uno totalmente viciado por ser fruto de un árbol completamente envenenado por la obcecada animadversión de doña Marcia Vallejo y su esmerada voluntad de apoyar a una alumna en un acto de autotutela absolutamente injustificado.

Aún no recibo respuesta a mi denuncia ni noticia alguna al respecto, pero los efectos de la divulgación de información y del proceder ilegal y arbitrario se mantienen hasta la fecha ya que la sanción de amonestación sigue vigente y las suspensiones arbitrarias e ilegales sufridas por el departamento de cirugía tienen como fundamento estas acusaciones infundadas, y por las cuales doña nombre reservado se ha disculpado.

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL LIDERADO POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Que previamente a la solicitud de reconsideración que fuera acogida por el rector en este último proceso sumarial. He informado de la grave infracción al procedimiento que ha cometido la Dirección de Equidad de Género y Diversidad mediante la Fiscal doña Marcia Vallejo, dando cuenta de que desde sus orígenes el proceso ha estado totalmente contaminado por la vulneración de las garantías mínimas del debido proceso y la manifiesta vulneración a mis derechos fundamentales orquestada por el proceso de la Dirección mencionada y liderada por doña Marcia Vallejo.

Es tan evidente la ilegalidad que este proceso ha sufrido una evolución ridículamente extrema. Como puede constatar S.S. Ilustrísima pasé de estar acusado de ser un abusador sexual, de estar expuesto al cuestionamiento de mi salud e integridad mentales para ejercer la profesión, a ser sancionado con una amonestación por escrito por no responder a una consulta médica realizada en el contexto de la más profunda intimidad con mi pareja en términos diversos a los deseados por un profesional no clínico como el Rector.

Es decir que a pesar de que el procedimiento se inició supuestamente a propósito del documento, Carta Oficio sin número emitida el 11 de mayo por doña Marcia Vallejo Tabilo; los cargos formulados no guardan ninguna relación con estos hechos y la sanción impuesta tampoco se condice con los mismos.

Como puede verse a fojas (30-34) del sumario, documentos que se acompañan a esta presentación. Los correos que intercambia la Fiscal Marcia Vallejo con el Fiscal Rodrigo Arancibia dan cuenta de la esforzada coordinación para poder encontrar hechos con los que acusarme, por supuesto sin suerte.

Como nada de lo que originalmente motivara los sumarios era posible de sancionar en virtud de la querella que interpuse por injurias y calumnias, misma acción que terminara con las disculpas de mi denunciante en casua O-2217-2023, se artificiaron dos cargos ninguno de ellos es sobre abuso sexual, acoso o algo que se le parezca, es decir ninguno de ellos dice relación con los hechos que se tuvieron por ciertos en la denostación de la que fui víctima.

Los efectos vulneratorios de estos hechos se mantienen vigentes a la fecha ya que no puedo reincorporarme a mi rotación sin que alguna autoridad investigue mis denuncias de acoso como la ley mandata.

RESPECTO DEL PROCEDER DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN MI CONTRA Como se ha indicado en el Nº 3 de los hechos relatados al comienzo de esta presentación, con fechas marzo y mayo de 2023, los médicos que conforman el “departamento de cirugía”, decidieron arbitrariamente sancionarme con la suspensión de mi beca como consta en el acta acompañada y en las declaraciones de los Drs. nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado.

Esta suspensión no cuenta con ningún respaldo legal toda vez que el Reglamento de Becados entrega dicha facultad única y exclusivamente al Director del Servicio de Salud o al Subsecretario de Redes Asistenciales.

En el mismo contexto la Dra. nombre reservado me instruyó, según ella relatara por acuerdo del mismo cuerpo médico que me tomara exámenes médicos con un facultativo de su elección que además es docente de la facultad.

Esta comisión especial condicionó mi continuidad en la beca a la firma de un consentimiento informado para compartir la información de mis exámenes con todo el cuerpo docente.

Ninguna de las precedentes acciones se encuentra dentro de las facultades que la ley otorga a estas personas (funcionarios públicos), pero tampoco existe una norma interna universitaria que los faculte. Ellos mismos me obligaron a someterme a un tratamiento psiquiátrico condicionando con fecha 16 de agosto de 2023 la continuidad de mi beca a la firma de una carta de compromiso en la que me autoinculpo y comprometo a un plan de mejora, además de entregarles un certificado de alta y uno de condición psiquiátrica.

Nada de esto es parte de sus facultades, nada de esto forma parte del proceso académico. No existe norma que los faculte para tomar estas medidas y menos en el marco de un proceso “disciplinario”.

Es decir que constituyéndose como comisión especial me han juzgado y castigado, siendo sometido a actos humillantes, alejados de toda circunstancia pedagógica y lo más grave atentando contra la dignidad humana.

Los hechos descritos han sido abiertamente reconocidos por doña nombre reservado en su declaración dentro del último sumario que la UCM realizara, así como también en el acta del departamento que se acompaña.

Prueba inequívoca de que estas arbitrariedades se llevan a cabo fuera del marco de la potestad disciplinaria de la UCM es que en la resolución del Rector del 4 de octubre de 2023 donde se da cuenta de que las interrupciones por vía de suspensiones referidas por Doña nombre reservado, Doña nombre reservado y don nombre reservado tuvieron lugar fuera de todo proceso y legalidad.

Los efectos de estas vulneraciones se mantienen vigentes a la fecha, me mantienen con licencia médica e imposibilitado de retomar mi programa de estudios ya que hoy por hoy se han impuesto condiciones para mi reintegro que exceden la ley e impiden el derecho indubitado que tengo a la beca que me he ganado.

DE LAS REITERADAS DENUNCIAS Y LA DENEGACIÓN DE TODO TIPO DE PROTECCIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES RECURRIDAS.

Desde el día 20 de junio de 2023 he venido denunciando por reiterados mecanismos la serie de irregularidades y abusos cometidos por las recurridas sin obtener explicación o respuesta alguna sobre los hechos denunciados.

Si bien cada situación tiene sus particularidades, los hechos enumerados y descritos al comienzo de esta presentación han sido puestos en conocimiento de las recurridas durante el 2023, con fechas 20 de junio (en el 4º sumario instruido por la UCM en mi contra), 7 de septiembre (ante el departamento de Género UCM), 14 de septiembre (Ante el Rector de la UCM), 11 y 25 de octubre (Ante mi superior directo y funcionario del Hospital de Talca), 3 de noviembre ante el (Rector de la UCM), 13 de diciembre (ante el Rector de la UCM y nombre reservado). Durante 2024 con fechas 2 de enero (ante mi superior directo y funcionario del hospital de Talca), 12 de enero (ante doña nombre reservado del Servicio de Salud del Maule), 23 de enero (ante nombre reservado Jefa de la unidad de formación de especialistas del Servicio de Salud del Maule); 24 de enero (ante el Gobierno Regional del Maule y la Gobernadora); y con fechas 24 de abril y 17 de julio de 2024 en reuniones sostenidas con el Servicio de Salud del Maule. Todo lo anterior como consta en los documentos que se acompañan a esta presentación, sin perjuicio de las incontables denuncias verbales que he puesto ante similares actores.

Todas las respuestas recibidas hacen caso absolutamente omiso de los hechos denunciados.

La omisión de investigar y sancionar lo denunciado constituye en sí mismo un acto arbitrario e ilegal que vulnera mi derecho a un debido proceso, pero por sobre todo mi derecho a la igualdad ante la ley, ya que bajo un estándar bastante inferior y solo por la carta emitida por Marcia Vallejo el 11 de mayo de 2023, se decidió iniciar un sumario en mi contra sin que hubiera un solo antecedente de la veracidad de las acusaciones. Por el contrario habían antecedentes ciertos de su falsedad.

Es evidente que no estoy recibiendo un trato igualitario y que la omisión de tramitar mis denuncias además de vulnerar el derecho consagrado por el artículo 19 Nº2, ha mantenido los efectos de los actos ilegales y vejatorios descritos de manera permanente y continua hasta la fecha.

Constan los malos tratos sufridos por parte del Dr. nombre reservado en las declaraciones de la Dra. nombre reservado y nombre reservado, en las suspensiones ilegales reconocidas por sus propios ejecutores, sin embargo no hay pronunciamiento alguno sobre mis denuncias, solo un rechazo a mi solicitud de traslado en la que se esboza que no existiría ningún problema para mi reincorporación.

Pero la historia no acaba con la negativa, con fecha 2 de octubre de 2023 y probablemente ante mi insistencia por justicia, el Servicio de Salud del Maule contraviniendo lo expresamente sostenido en el artículo 15 del DS Nº 507/1991 del MINSAL, al prorrogar la extensión de mi beca por licencia ha decidido sancionarme, quitándome mis estipendios.

Es decir S.S. que desde que me reprobaran sin argumentos en cirugía Digestiva II, algunos docentes y funcionarios públicos que dirigen mi proceso formativo, abusando de esta doble calidad de funcionarios y docentes universitarios, me mantienen impedido de continuar con mi proceso formativo, con pago irregular de mis estipendios, y bajo la amenaza de volver para ser reprobado “actitudinalmente”, mientras ignoran mis denuncias y solicitudes de traslado para mantener en la impunidad las irregularidades y vulneraciones sufridas.

V.S. Ilustrísima, debo hacer presente que mi especialidad está financiada con recursos públicos provenientes del Servicio de Salud del Maule y el Gobierno Regional, quienes encargan a la Universidad Católica del Maule mi formación. Sin perjuicio de ello no puede olvidarse que todo el proceso tiene lugar en un famoso establecimiento de salud pública, el Hospital Regional de Talca.

No puede entonces limitarse el proceso formativo al mero antojo de la Universidad, necesariamente en el ejercicio de las funciones públicas, dentro del espacio físico y funcionamiento de un establecimiento de salud pública, deben respetarse ante todo lo prescrito por la Constitución y las leyes. Es decir que todas las vulneraciones e irregularidades denunciadas ocurren en el contexto del ejercicio de una función pública y para la satisfacción de una necesidad del mismo orden.

Proceso en el que interviene la institución privada UCM cuya norma interna también se ha visto vulnerada.

Con fecha 3 de abril de 2023 el Servicio de salud del maule ha dictado la resolución 536, ante una de mis denuncias, misma en que le pedía encarecidamente no remitir estos antecedentes al Hospital de Talca por el evidente conflicto de intereses entre mis docentes, médicos especialistas que ocupan puesto directivos en la institución educacional además de ser funcionarios públicos.

Luego de una de mis denuncias el Servicio de Salud decidió ordenar la realización de un sumario administrativo en virtud de la gravedad de los hechos.

Este sumario quedó a cargo del hospital de Talca a pesar de mi solicitud, llegando rápidamente mi denuncia a oídas de los denunciados quienes no tardaron en hacerse presente una serie de condiciones a las que me veía sujeto para regresar a mi beca sin ningún otro fundamento que el mero capricho de doña nombre reservado.

A pesar de que la instrucción del Servicio de Salud del Maule tiene fecha en marzo de 2024 el Hospital no realizó gestión alguna hasta Octubre de 2024, para luego no dar respuesta alguna a mis presentaciones, la última de ellas con fecha 8 de octubre de 2024 (sin resolución hasta ahora).

He solicitado mi reincorporación en varias oportunidades, he preparado junto al especialista que está tratando mi salud mental mi regreso, pero cada vez que comento la posibilidad con el Servicio o la Universidad, se me imponen nuevas condiciones y doña nombre reservado regresa con nuevas amenazas.

SOBRE LA PROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO Señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y al libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Que como puede apreciarse de lo anteriormente relatado, los hechos que motivan la presente acción de protección, justamente dicen relación con la vulneración de derechos fundamentales, particularmente los derechos consagrados por el artículo 19 Nº 1, 2, 3 inciso 5º, 4 y 5 de nuestra Carta Fundamental; vulneración que es producida por los actos y omisiones del recurrido que mantiene hasta la fecha de la presentación de este recurso.

La suspensión con la que se me ha sancionado entre marzo y mayo de 2023, no tiene su origen en ningún procedimiento disciplinario y de hecho no tienen sustento en ninguna normativa legal vigente. Tampoco consta como una atribución o como una facultad meramente potestativa que tengan los Drs. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Es del caso que tampoco he sido debidamente emplazado de ninguna de las decisiones que ha tomado esta comisión especial, jamás he tenido la oportunidad de negarme a cumplir sus humillantes ocurrencias. Y cómo habría podido hacerlo si derechamente no existe ningún acto formal, solo se trata del ejercicio de estas tiránicas potestades que a diario ostentan mis colegas.

Sostiene a este respecto el artículo 6º del reglamento de becarios sobre el desarrollo de las becas a las que está asociado el proceso formativo: “Este período se desarrollará en forma continuada o por acumulación de períodos discontinuos, pudiendo interrumpirse solamente, por resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales o de la Dirección del Servicio de Salud, según corresponda, previa solicitud fundamentada del becario y la autorización formal del Centro Formador.”

Artículo que necesariamente debe complementarse con el Nº 15 de la misma normativa que sostiene: “En el caso de licencia médica por enfermedad o maternidad, el becario deberá remitirla, dentro de los plazos legales, a la dirección del Servicio de Salud que corresponda y comunicar a los Directores del campo clínico y del Centro formador.

El centro formador respectivo, en su caso, podrá fijar los plazos de recuperación del programa en acuerdo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales o con el Director de Servicio de Salud correspondiente, autoridad que dispondrá la prórroga del período de beca por el tiempo así fijado.

Durante el período de duración de la licencia el becario percibirá el estipendio o subsidio que corresponda, en los mismos términos que los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076.”.

Es decir que la interrupción del proceso formativo sólo puede tener lugar en 2 casos el contenido en el artículo 6º y el caso de licencia del becario contenido en el artículo 15 (normas citadas), ambas situaciones en las que debe contar con la autorización del Director del Servicio de Salud o del Subsecretario de Redes Asistenciales según corresponda.

En el caso de marras dicha autorización jamás existió, no existe acto administrativo formal que esta parte haya tenido posibilidad de impugnar conforme a derecho haciendo manifiesta la ilegalidad y arbitrariedad de las suspensiones.

Sobre lo que compete a esta Corte es menester indicar que el hecho de haber sido juzgado y condenado por este grupo de médicos constituye en sí una práctica arbitraria, así como también la permanente amenaza de expulsión por reprobación sin ningún criterio académico.

La propia carta que me han obligado a firmar bajo amenaza es prueba de que no existe ningún criterio académico detrás de las sanciones que se me han impuesto, ni de la reprobación que se me ha prometido para los dos módulos que me restan. Esto resulta particularmente importante toda vez que ninguno de los Drs. mencionados tiene atribuciones para sancionarme disciplinariamente, no son competentes para conocer de dichos asuntos, para tales efectos existe un procedimiento del que han decidido prescindir.

Es factible deducir entonces, que existe un proceder arbitrario e ilegal que atenta contra mis garantías fundamentales porque se me han cuestionado mis facultades mentales y se me ha requerido publicar los resultados de mis exámenes clínicos; se me ha denostado delante de terceros comunicando a estudiantes de la carrera de las sanciones que me han impuesto de manera irregular, para que estos hagan público alarde de aquello; y como corolario se ha interrumpido mi derecho a reposo mientras me mantenía con licencia médica.

Uno de los últimos hechos vulneratorios, que es precisamente el que deja en claro que el proceso sancionatorio y de castigo que emprendieron los médicos nombrados en mi contra se trata de uno ilegal y arbitrario es la resolución del rector Nº 00064/2023, como ya se ha dicho. Misma que también infringe mis garantías constitucionales al aplicarle una sanción infundada y en directa contradicción del principio non bis in idem, sin perjuicio de que las vulneraciones aquí descritas son de efectos continuos y permanentes ya que actualmente me encuentro imposibilitado para el reintegro ante la amenaza de que las mismas personas que me han humillado; a lo que debe sumarse el profundo desprestigio que hasta la 17fecha se mantiene toda vez que ningún protocolo se ha activado a la interna para investigar y determinar la pertinencia de mis denuncias.

La vulneración a mis derechos a la honra, a la igualdad ante la ley y a mi integridad física y psíquica se mantiene hasta la fecha de presentación de este recurso, de la misma forma que el derecho de propiedad que tengo sobre mis estipendios.

Es menester hacer presente a esta Corte que de acuerdo al Reglamento de Becarios de la ley 15.076, “La beca no constituye cargo o empleo, por lo cual no son aplicables a los becarios las disposiciones de la ley N° 18.834, las contenidas en la ley N° 15.076, salvo su artículo 43, y las que expresamente se señalan en este reglamento.” Siendo esta la vía procesal idónea para obtener el debido acceso a la justicia que las reparticiones recurridas deniegan.

En este mismo sentido cabe hacer presente que todos los hechos relatados están enmarcados en un único proceso formativo en el que participan coordinadamente las 3 instituciones recurridas, cumpliendo algunos médicos sus funciones en la Universidad Católica y como funcionarios públicos.

Es decir que las vulneraciones ocurridas constituyen un todo, una seguidilla de actos administrativos que motivándose entre sí han llevado a la serie de ilegalidades y vulneraciones de mis derechos fundamentales con efectos continuos y permanentes, que se constatan por ejemplo en el no pago de mis estipendios en las fechas que corresponde.

Estos funcionarios públicos son amos y señores dentro del programa de Becas Maule II, en ellos confluye la calidad de funcionarios públicos y prestadores de servicios privados para la UCM, son ellos jueces y partes del asunto. Me encuentro atrapado en un esquema gansteril que me mantiene con licencia médica sin poder terminar mi especialidad y convertirme en uno de los especialistas de Becas Maule que nuestra región tanto necesita, programa en el que se invierten miles de millones de pesos anualmente.

A la fecha me encuentro impedido de regresar a cursar mi programa formativo ya que incluso de no proceder el traslado solicitado, mi regreso está condicionado al cumplimiento de una serie de turnos que no son parte del proceso formativo, a ser evaluado por quienes denuncié como acosadores en primer lugar y cursar el irrisorio tiempo de 7 meses perdiendo mi derecho a la Beca. Asunto que no tiene ningún fundamento legal y solo tiene su origen en la persecución de la que soy víctima y que por mi condición de becario nadie se ha dignado a investigar.

SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS…”

En este acápite la parte recurrente examina los derechos que estima que se le han conculcado.

Acto seguido, con lo expuesto, solicita:

1. Que cesen las condiciones e impedimentos impuestos arbitrariamente por la Universidad y el Servicio de Salud del Maule para mi reintegro, mismos que constan en el documento sin número del 29 de octubre de 2024, entre otros que se acompañan. Ordenando se me autorice a cursar mis últimas dos rotaciones (examen de cirugía digestiva II pendiente y los 2 meses restantes de cirugía vascular) en un lugar diferente del Hospital Regional de Talca donde soy víctima de la arbitrariedad e ilegalidad descrita desde hace más de 14 meses y en el que estoy siendo objeto de un proceso “disciplinario” sui generis o más bien de acoso a cargo de una comisión especial conformada por los Drs. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, cuyo estado actual me es imposible de conocer por la ilegalidad y secretismo en el que esta comisión opera.

2. Ruego a S.S. que esta reincorporación tenga lugar a la brevedad posible ya que mi condición médica y el reposo indicado tiene su fundamento única y exclusivamente en el estrés postraumático generado por las vulneraciones descritas y la inactividad de los recurridos frente a mis denuncias, siendo posible mi reincorporación inmediata al término de mi última licencia médica (16 de noviembre de 2024) en cualquier campo clínico del país salvo aquel en que se sustancia el proceso sumarial en contra de mis acosadores del cual no tengo noticias desde mi última presentación el 8 de octubre de 2024.

3. Que cesen los efectos del procedimiento sancionatorio en mi contra, se elimine todo registro de mis antecedentes clínicos de orden psiquiátrico obtenidos por la institución recurrida Universidad Católica del Maule y Hospital de Talca de manera contraria a derecho y a la dignidad humana.

4. Se ordene a la recurrida activar los protocolos vigentes referentes a acoso y toda otra normativa vigente y aplicable, tanto en el Hospital Regional del Maule, como en la Universidad Católica del Maule, conforme a las denuncias realizadas por mí y que se acompañan a esta presentación.

5. Que se dé curso a las denuncias presentadas ante el servicio de salud por el incumplimiento del convenio celebrado entre la Institución educativa y el Servicio ya que a la fecha no he recibido respuesta alguna al respecto.

6. Se tomen las medidas correspondientes por parte de la Universidad Católica del Maule respecto de las denuncias falsas realizadas en mi contra y por las cuales he recibido disculpas públicas en causa rol 2217 - 2023 del Juzgado de Garantía de Talca ya que aún no tengo respuesta de la denuncia realizada en septiembre de 2023.

7. Se ordene a la institución educacional recurrida informar tanto a la recurrente como al Servicio de Salud del Maule y el Gobierno Regional del Maule de los criterios técnicos y pedagógicos utilizados en los instrumentos evaluativos destinados a determinar la aprobación o reprobación de los estudiantes que cursan una rotación de manera previa a estas evaluaciones, como corresponde a cualquier proceso educativo con estándares mínimos de calidad, pero por sobre todo a uno que se financia con fondos públicos.

8. Se informe a esta Corte y a todo el personal del área de cirugía del Hospital de Talca acerca de cuál es la estructura del proceso educativo, sus evaluaciones, rúbricas de evaluación y criterios evaluativos, así como de los roles que tienen los becarios, los cirujanos y los pasantes que no se encuentren ya regulados en la normativa vigente. Dejando absolutamente claro cuáles son los canales formales de comunicación entre el personal clínico durante el ejercicio de sus funciones, las jornadas laborales a las que están sometidos y en qué momento ejercen como funcionarios públicos y como docentes, así como también cuando realizan la devolución de tiempo contenida en la ley.

9. Que se instruya al Servicio de Salud del Maule dar la adecuada tramitación al sumario instruido, el que de acuerdo al dictamen de Contraloría E389867 debe ser sustanciado por el propio servicio y no por el Hospital Regional de Talca, lugar donde estoy siendo acosado.

Segundo: Que nombre reservado, director (S) del Hospital Regional de Talca, informa que no se especifica, en el recurso, cuál es el acto que se atribuye a esa institución. Añade que el recurrente es médico y alumno becado de la Universidad Católica del Maule para obtener la especialidad de cirugía. La Universidad suscribió un convenio con el Servicio de Salud del Maule a través del cual los estudiantes de post grado, como el recurrente, realizan sus prácticas académicas en los diferentes hospitales de la Región, entre ellos, el de Talca. Él realizó practicas allí, pero actualmente está ausente con licencia médica. El recurrente presentó denuncia por mal trato o acoso laboral ante el Servicio de Salud del Maule, quien derivó los antecedentes al hospital porque los hechos presuntos habrían sido cometidos por funcionarios del hospital. El hospital dictó la Resolución Exenta N° 2990 de 24 de junio de 2024. por la cual instruyó sumario administrativo, el cual se encuentra en trámite. La instrucción del sumario se fundamenta en que el hospital es autogestionado y es el director el superior jerárquico de los funcionarios (artículo 36 del DFL N° 1/2025 del Minsal; él ejerce el control disciplinario y debe aplicarse el artículo 119 y siguientes del Estatuto Administrativo. Ley 18.834.

Agrega que el proceso disciplinario está en investigación y aun es secreto. Las presentaciones del recurrente las resuelve la fiscal designada y una vez terminado existen recursos administrativos y judiciales que puede ejercer.

Con lo informado solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que, en el informe de la Universidad Católica del Maule, evacuado por Rodrigo Arancibia Morales, abogado, domiciliado en domicilio reservado, se solicita, ante todo, que se declare inadmisible el recurso, con costas, por extemporáneo. Se indica que:

“1.- El actor ha recurrido con 21 de noviembre de 2024, tal cual consta en el portal del Poder Judicial. 2.- Del texto del recurso, se establece que las acciones por las que recurre el señor nombre reservado, habrían ocurrido entre el año 2022 y 2023, lo que supera con creces el plazo de 1 año, contado desde que habrían ocurrido los hechos que relata. 3.- El artículo 1º del Auto Acordado, sobre tramitación del recurso de protección, establece que se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, DESDE QUE SE HAYA TENIDO NOTICIAS O CONOCIMIENTO CIERTO DE LOS MISMOS, porque el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa y tiene un carácter objetivo, lo que justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales. 4.- Lo anteriormente expuesto SS. ILTMA de manifiesto que de haber existido un acto arbitrario como expone el actor, estos habrían ocurrido durante los procesos de investigación que se llevaron a cabo en la Universidad, todos los cuales se realizaron en el año 2023, superando ampliamente el plazo establecido para recurrir por esta vía, en contra de ellos. 5.- El actor tuvo conocimiento de todos los procesos investigativos a los que refiere en su escrito, en tiempo y forma. Participó de los mismos y fue oportunamente notificado de las resoluciones emitidas en cada uno de esos procesos, todos los cuales concluyeron con anterioridad al plazo de 30 días anteriores a la presentación de su recurso, por lo que cualquiera de los actos referido a las investigaciones, debió haber ocurrido entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre de 2024, lo que del propio relato del actor, se establece que no fue así. 6.- En cuanto al correo electrónico donde se le ofrecen al señor nombre reservado, las alternativas de fechas para retomar las rotaciones faltantes, de fecha 29 de octubre, éste no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en el Auto Acordado, ya que solamente se trata de un envío por escrito de una información entregada en la reunión celebrada con el propio actor y que no tiene el carácter de resolución u omisión arbitraria alguna, por lo que no puede ser considerada como tal. 7.- Con todo lo anterior SS. Iltma queda en evidencia que el actor ha planteado hechos acontecidos con mucha antelación a los 30 días exigidos por el Auto Acordado, por lo que no ha cumplido con una de las condiciones de admisibilidad del recurso de protección, ya que éste ha sido interpuesto fuera de plazo, por lo que debe ser rechazado de plano.”

En cuanto al fondo, el tenor literal del informe es el siguiente:

“I.- EN CUANTO AL PROCESO ACADÉMICO:

El señor nombre reservado es becado de tercer año de la especialidad médica de Cirugía, en la Universidad Católica del Maule, programa que se desarrolla en el Campo Clínico correspondiente al Hospital Regional del Talca.

Debemos señalar que si bien en el mes de mayo de 2023, se sugirió por los académicos de la especialidad de Cirugía, la suspensión del señor nombre reservado, ésta no se concretó, pues ella fue una sugerencia que no tenía un sustento normativo, lo que fue explicado a los académicos desde el nivel central de la Universidad, por lo que reiteramos, no se concretó. Con ello no es efectivo que el señor nombre reservado haya sido sancionado por ninguna comisión especial como él pretende hacer ver en su recurso.

En todo caso SS. Iltma., la medida que se proponía, guardaba relación con la preocupación del cuerpo académico por las denuncias que se habían presentado en contra del señor nombre reservado, por otras estudiantes de la Universidad y respecto de las cuales nos referiremos más adelante.

Hacer presente además, que desde el año 2023 a la fecha, el señor nombre reservado ha presentado sucesivas licencias médicas, razón por la cual su proceso académico se encuentra suspendido a la espera de que éste se recupere y pueda retomar sus actividades docentes.

En cuanto al tiempo de formación que le resta al señor nombre reservado, señalar que para concluir su beca de especialidad, debe cursar 7 meses, que corresponden a 3 meses de la rotación de Cirugía Digestiva, que reprobó y que debe cursar nuevamente y 4 meses de la rotación de Cirugía Vascular. En cuanto a esta última rotación, hacer presente que si bien el recurrente cursó algunos días (del total de 4 meses que considera el itinerario formativo), atendidas sus licencias médicas prolongadas, que se han prolongado por casi 2 años, lo que lo han tenido fuera de la práctica quirúrgica, es necesario que retome las habilidades de destreza quirúrgica, sin las cuales se dificulta su continuidad en el programa de especialidad médica.

En relación con su reprobación de la rotación de Cirugía Digestiva y a lo señalado por el actor en relación a que no se le permitió rendir el examen final, debemos señalar que de acuerdo a la normativa interna de la universidad, es posible reprobar a un estudiante no sólo por rendimiento académico, sino también por aspectos actitudinales contenidos en una rúbrica de evaluación, cual es el caso del señor nombre reservado, el que fue oportunamente notificado, se le entregó toda la documentación correspondiente y se le informó de los problemas conductuales que había presentado durante la rotación, lo que implicaba su reprobación e invitándosele a modificar su conducta, a fin de terminar favorablemente su proceso formativo, a lo que éste se compromete.

Debemos ser enfáticos en que la Universidad ha estado abierta al reintegro inmediato del señor nombre reservado, en cuanto concluyan sus licencias médicas. Prueba de ello, es que a fines del mes de octubre de 2024, y en conocimiento de que estaba próximo a terminar su reposo y existiendo una solicitud de parte del señor nombre reservado de retomar su proceso formativo, es que se desarrolló una reunión para dar a conocer al señor nombre reservado las alternativas de fechas en las que podría cursar las dos rotaciones faltantes, ya indicadas. Con ello, no es efectivo que la Universidad pretenda imponer al señor nombre reservado una fecha para su retorno, por el contrario, se han establecido todas las facilidades – que la disponibilidad de Campo Clínico nos permite – para que desarrolle dichas actividades académicas.

Es importante tener claridad SS. Iltma. que a diferencia de una actividad académica de carácter teórica, la formación de especialistas médicos – no sólo en cirugía – requiere de la disponibilidad de campo clínico que permita el desarrollo de actividades prácticas, que desarrolle las habilidades quirúrgicas (en este caso), del becado. Así, en la reunión antes referida, donde participó el señor nombre reservado, en compañía de su abogada patrocinante, la Universidad Católica del Maule y el Servicio de Salud del Maule, se le dio a conocer cuáles eran las alternativas (2), de fechas, para que pudiera desarrollar las rotaciones faltantes ya indicadas (C. Digestiva y C. Vascular), las que contemplaban un inicio en una o en otra, con las fechas de disponibilidad de cupos para el desarrollo de dichas actividades. Se informó además, al recurrente, que en el caso de la rotación de C. Digestiva, se había establecido que el Dr. Xxx Muñoz no participara, para dar mayor transparencia a su proceso, atendido que el señor nombre reservado había interpuesto una denuncia en su contra y existía un proceso investigativo en curso. Fue el propio señor nombre reservado, conjuntamente con su abogada, quienes solicitaron se enviaran las propuestas por escrito, lo que se hizo en definitiva, desde la Unidad de xxxxx del Servicio de Salud del Maule.

El señor nombre reservado ha rechazado todas las alternativas académicas entregadas por la Universidad para poner término a su proceso formativo, empecinado en desarrollar las rotaciones faltantes en otro campo clínico, específicamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ello, SS. Iltma., resulta carente de toda lógica. El centro formador es la Universidad Católica del Maule y el campo clínico con el que ella cuenta para el desarrollo de la beca de especialidad de Cirugía es el Hospital regional de Talca, donde se ha entregado la disponibilidad inmediata para el desarrollo de las rotaciones faltantes. El señor nombre reservado no puede pretender, imponer a la Universidad un cambio de centro formador. Si bien la forma en que se financia la formación de especialistas médicos tiene componentes distintos (en relación a que existe un estipendio que reciben los profesionales mientras cursan dicha formación, pagada en este caso desde el Servicio de Salud del Maule y que es quien además financia la formación de la especialidad), no debemos olvidar que estamos ante un proceso académico inserto en una institución de educación superior, la Universidad Católica del Maule y que para estos efectos, implica el desarrollo de un programa asimilable a magister y doctorados. En esa línea, comprenderá SS. Iltma. La falta de toda racionalidad que un estudiante pueda pretender obligar a la institución educacional a la que pertenece y donde se encuentra en formación, que lo envíe a otra institución a desarrollar las actividades curriculares que debe desarrollar en el marco de su proceso formativo como estudiante. Eso es lo que pide el señor nombre reservado y respecto de lo cual esta parte informa, que no es posible concretar.

Reiterar a SS. Ilta., que además, la Universidad ha otorgado todas las opciones para que el señor nombre reservado culmine su proceso formativo, pero ello no puede implicar el no cumplimiento de los requisitos curriculares (rotaciones y turnos), necesarios para obtener las competencias declaradas en el Proyecto Formativo del Programa de Especialidad en Cirugía y a lo que como Institución de Educación Superior nos encontramos obligados a cumplir.

Con todo ello, SS. Iltma., es claro que la Universidad no ha vulnerado de manera alguna las garantías constitucionales alegadas por el señor nombre reservado y que las actuaciones realizadas se enmarcan en el ámbito académico y normativo vigente para el programa de formación de especialidad médica en cirugía.

II.- EN CUANTO A LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS a) En relación con las investigaciones seguidas ante la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad Católica del Maule: la Ley N° 21.369, en su artículo 2° inciso final, establece la potestad de las instituciones de educación superior para investigar y sancionar hechos enmarcados en actividades académicas organizadas o desarrolladas por la Universidad, que involucren a personas vinculadas a ella, marco legal en el cual se desarrollaron las siguientes investigaciones, dando cumplimiento a las obligaciones exigidas por esta normativa nacional: (precisa, en un cuadro, los datos enunciados)

Continúa dicho libelo:

Es así, como al Universidad Católica del Maule, implementó desde el año 2022 la Política Integral de Equidad de Género y Diversidad, la que contiene un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción.

Señalando esto, la parte recurrente funda sus peticiones en lo siguiente:

“A la fecha de presentación de esta acción de protección han acontecidos los siguientes hechos:

1. La Universidad Católica del Maule ha realizado cuatro procesos sumariales en mi contra, todos iniciados en base a una acusación reconocidamente falsa ante el Juzgado de Garantía de Talca. Como consta en el documento que se acompaña: Carta Oficio sin número emitida el 11 de mayo por doña Marcia Vallejo Tabilo Fiscal del Departamento de investigación y Sanción Violencia y Discriminación de Género.

2. Tres de los cuatro procesos han terminado con mi sobreseimiento absoluto en virtud de que mi denunciante me pidiera disculpas públicas y admitiera la falsedad de sus acusaciones. El 4º de estos ha terminado con una amonestación en mi contra, mismo en el que no se ha respetado ni el secreto sumario que contiene la norma universitaria, ni el debido proceso, tomando como base para la sanción hechos que no fueron parte de la denuncia y que provienen de una conversación privada vía whatsapp con mi expareja. La prueba utilizada ha sido obtenida en infracción de la inviolabilidad de mis comunicaciones.” Siguiendo la línea, en el punto denominado “RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD”, indicó que esta Dirección inició un procedimiento de investigación en su contra.

Respecto de lo anterior, es determinante realizar algunos alcances. En primer lugar, es efectivo que la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, inició procedimientos de investigación en contra del recurrente, toda vez que, durante el año 2023, entre los días 10 y 12 de marzo, se ingresaron tres denuncias por acoso sexual y una por abuso sexual, todas interpuestas en contra don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservadoLa primera denuncia fue interpuesta por la directora de escuela de Medicina, nombre reservado, quien en su acción acompañó una serie de imágenes como antecedentes del caso, además del relato de los hechos, los cuales se enmarcan dentro de las conductas sancionables, establecidas en el Reglamento de Investigación y Sanción del Acoso Sexual, la Discriminación de Género y la Violencia de Género, en adelante el Reglamento, contenida en el Decreto de Rectoría 185/2022. En su denuncia, no había identificación de las personas afectadas, no obstante, las denuncias interpuestas posteriormente daban cuenta de lo señalado por la primera denunciante. De esta manera, se genera la carpeta investigativa denominada T-2-2023.

Luego, se recepcionaron mediante correo electrónico y Formulario de Denuncia, las denuncias que dieron origen a las carpetas investigativas T-3, T-4 y T-5 del mismo año, ya individualizadas.

Los hechos denunciados, debido a las fechas en que habrían ocurrido, se enmarcarían en las materias previstas en el “Protocolo de actuación ante conductas de acoso sexual dentro de la comunidad universitaria de la Universidad Católica del Maule”, Decreto de Rectoría 0071/2018, aplicando lo dispuesto en el Decreto de Rectoría 185/2022, sobre el proceso de investigación.

Considerando que las denuncias versaban sobre materias similares, las partes eran integrantes de la Universidad Católica del Maule y denunciaban a la misma persona, se procedió a decretar la acumulación de la investigación, en la carpeta investigativa T-2-2023, es decir, la primera que ingresó, dando cumplimiento a la normativa institucional citada y el mandato legal vigente, en particular la Ley 21.369.

Cabe hacer presente que estas investigaciones terminaron por los siguientes motivos:

A) En causa T-2-2023 se dictó sobreseimiento, en razón de que la persona denunciante realizó la denuncia como tercero, en virtud de su cargo y de la gravedad de los hechos expuestos en las imágenes acompañadas, y considerando que las personas afectadas posteriormente realizaron sus respectivas denuncias, materializadas en las carpetas investigativas T-3-2023 y T-6 2023.

B) Respecto de la causa T-6-2023, se declaró el sobreseimiento, debido a que se trataba de hechos ocurridos fuera del espacio académico, los cuales podrían constituir delito, por lo que corresponderían a sede jurisdiccional de competencia penal.

C) En causa T-4-2023 se decretó el término en virtud del desistimiento de la estudiante denunciante, por no ser la persona afectada directamente ni conocer a las partes involucradas de la investigación.

D) Finalmente, en causa T-3-2023, la estudiante denunciante presentó su desistimiento, mediante solicitud de fecha 10 de julio de 2023, decretándose desistida la denuncia, en virtud de artículo 26º del Reglamento de Investigación y Sanción.

En el mismo punto, el recurrente alude a la falta de confidencialidad de los antecedentes de la investigación llevada a cabo en su contra, en el marco del Reglamento de Investigación y Sanción del Acoso Sexual, la Discriminación de Género y la Violencia de Género, Decreto de Rectoría 185-2022, argumentando que, al enviar un oficio al decano de la facultad, Dr. nombre reservado, se ventilaron antecedentes reservados y confidenciales. Sin embargo, debemos señalar que la fiscalía especializada de género, al tomar conocimiento de los hechos relacionados al ámbito del Reglamento del Estudiante Regular de Pregrado, contenido en el Decreto de Rectoría 9/2019, informó que siendo situaciones de importancia debían ser investigadas, debido a que involucran a más de un estudiante, con relatos de maltrato por parte del señor nombre reservado, pero que estando fuera de su competencia investigativa, debía realizarse la correspondiente derivación a la autoridad competente, conforme a la normativa vigente, ello, a la Secretaría General, para que se instruyera – de así considerarse – una investigación sumaria.

A mayor ahondamiento, durante la etapa indagatoria de esta investigación, se tomó declaraciones a estudiantes y académicos(as), recogiendo diversos relatos que versaban sobre malos tratos y agresiones verbales por parte de nombre reservado, becado de la especialidad médica de Cirugía, hacia estudiantes de Medicina de pregrado de la Universidad Católica del Maule, durante el desarrollo del internado de éstos, quienes manifestaron su malestar e inseguridad ante estas conductas. Cabe precisar que el señor nombre reservado se relacionaba con las y los internos durante las rotaciones de las distintas especialidades, en el contexto académico, en el Hospital Regional de Talca.

Conforme al análisis de los antecedentes recabados y la normativa institucional vigente, en particular, el Reglamento del Estudiante Regular de Pregrado y a lo establecido en el artículo 1° del Reglamento de Auditorías e Investigaciones Sumarias de la Universidad Católica del Maule, respecto de las autoridades que pueden solicitar una investigación sumaria, se envió un oficio al Dr. nombre reservado de la Facultad de Medicina, con el fin de poner en conocimiento a dicha autoridad las situaciones expuestas, para que pudiese evaluar la pertinencia de solicitar una investigación sumaria, según la normativa citada.

En virtud de la derivación antes indicada, se inició una investigación sumaria por Resolución de Secretaría General N° 08/2023, de 18 de mayo y, mediante Oficio N° 1, enviado el 22 de mayo de 2023 por correo electrónico, el fiscal a cargo de la investigación, don Rodrigo Arancibia Morales, solicitó antecedentes de las declaraciones a esta Dirección. Por lo anterior, se tomó contacto con quienes declararon, con el fin de solicitar su autorización para compartir esa información. De esta forma, mediante Oficio de fecha 29 de mayo de 2023, se entregó al fiscal la siguiente información:

a. Antecedentes de los(as) estudiantes internos(as) de medicina que denunciaron malos tratos por parte del becado de especialidad médica, don nombre reservado.

b. Declaración prestada por las y los estudiantes, adjuntando documento.

c. Antecedentes proporcionados por el Servicio de Salud del Maule, referidos al cumplimiento del convenio de Becas Maule, en particular, el decreto que rige la beca, sin mayores informaciones sobre nombre reservado, respetando la privacidad de sus datos.

d. Antecedentes de los profesionales de la Universidad Católica del Maule que declararon en la etapa indagatoria, respecto de la información derivada.

La derivación de los antecedentes indicados se realizó porque excedía el ámbito de aplicación y competencia de los Decretos de Rectoría 0071/2018 y 185/2022, toda vez que ambas normativas universitarias versan sobre materias de acoso sexual, discriminación y violencia de género. En cambio, los hechos denunciados consistentes en malos tratos y agresiones verbales del señor nombre reservado a los internos de medicina que coincidían con éste en el Hospital Regional de Talca, pertenecían al ámbito académico, toda vez que están relacionados con la realización de los internados de los estudiantes de medicina de pregrado y todos los involucrados en dichas instancias forman parte de la institución. A su vez, el señor nombre reservado, al ser becado de una especialidad médica, no sólo hace aplicable las normativas institucionales para la materia, sino también el Decreto N° 507 de 1991 que “Aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley N° 15.076, en el Sistema Nacional de Salud”, en particular el Título III de la Becas Otorgadas por entidades del sistema nacional de salud (artículos 6, 8, 9, 19 y 25).

i.- Respecto del deber de confidencialidad, cuya falta e infracción alude el recurrente a lo largo de su presentación, especialmente en el apartado “RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD”, es relevante tener presente que el artículo 24º del Decreto de Rectoría 185/2022, establece el deber de confidencialidad durante el desarrollo de la investigación, normativa respecto de la cual la fiscalía especializada de género dio total cumplimiento. Efectivamente, como se explicó anteriormente, se realizó una derivación de antecedentes al Decano de la Facultad de Medicina, Dr. nombre reservado, por medio de oficio reservado, enviado por correo electrónico, informándole de manera general cómo se obtuvieron los antecedentes recabados y aquellos situaciones que escapan a la competencia de la normativa citada, por cuanto la investigación de los hechos denunciados debía realizarse en virtud de otra normativa institucional, esto es, el Reglamento de Auditorías e Investigaciones Sumarias de la Universidad Católica del Maule, Decreto de Rectoría N° 96/2009. Por tanto, al enviar la información al Decano, se dio cumplimiento al deber de poner los antecedentes en conocimiento de la autoridad competente, respecto de situaciones que podrían constituir hechos graves y que involucran a estudiantes de la carrera de Medicina.

El recurrente también menciona que al dar respuesta al fiscal Rodrigo Arancibia Morales, existiría una coordinación para lograr encontrar hechos para acusarlo, sin embargo, la comunicación sostenida entre los fiscales sólo se enmarcó en la solicitud realizada en virtud de la investigación iniciada mediante RSG 08/2023, de fecha 18 de mayo de 2023, dando respuesta al Oficio N° 1, en el que únicamente se entregó información relacionada a los antecedentes de dicha investigación, sin dar a conocer información alguna sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la fiscalía especializada de género. Para precisar, se entregó el extracto de las declaraciones de las personas que lo autorizaron, se derivó la orientación de una Técnico en Enfermería que acudió a la Dirección de Equidad de Género y Diversidad informando situaciones ocurridas dentro del Hospital Regional de Talca, que no correspondían a situaciones de género, y también se hizo entrega de un acta de reunión con la encargada de las Becas de Especialidad, en la cual explica el desarrollo de este programa, la naturaleza del vínculo entre becados(as) y la Universidad, entre otros datos relevantes para determinar la competencia para investigar, ya que, como el mismo recurrente mencionó, los(as) becados(as) tienen una relación académica con la Universidad Católica del Maule y laboral con el Servicio de Salud del Maule.

En concreto, desde la fiscalía especializada en género se cumplió de manera rigurosa el deber de confidencialidad, no debiendo omitir que una de las denuncias, específicamente la interpuesta por la directora de carrera nombre reservado, aportó una serie de imágenes que corresponden a una denuncia ciudadana en redes sociales, cuyo origen y personas involucradas se desconocían al momento de recibirla, lo cual se determinó durante la investigación y en virtud de las pruebas entregadas por el señor nombre reservado al momento de sus descargos. Esas imágenes fueron difundidas por diversas redes antes de que se realizara la denuncia formal, no siendo responsabilidad de esta fiscalía ni de la institución la supuesta falta al deber de confidencialidad, derivada de esta divulgación de información. Es más, la persona denunciante en causa T-6-2023, envió un correo electrónico destacando la privacidad, quedando en evidencia, mediante el correo de arrastre, que la fiscalía especializada de género y el Departamento de Investigación y Sanción, a cargo de la investigación, tomó los resguardos necesarios al momento de entregar información. Para mayor precisión, la denunciante mencionada solicitó acceso a su carpeta investigativa, con el fin de contar con los antecedentes recabados en caso de realizar otras acciones legales fuera de la universidad, ante lo cual se le entregó un link de acceso a la copia digitalizada con una clave para visualizar el documento, con un plazo de expiración, todo ello con el objetivo de evitar cualquier mal utilización de la información contenida en dicha carpeta. Estas medidas se aplican a todas las investigaciones ingresadas al Departamento de Investigación y Sanción.

ii.- Medida de protección El recurrente afirma que, con motivo de la investigación iniciada por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, relacionada con la estudiante nombre reservado, fue sobreseído, situación aclarada anteriormente, ya que la resolución fue desistimiento, y que se le impuso una sanción de suspensión arbitraria de la beca por parte del departamento de cirugía.

Ante esta información confusa, se debe precisar que, con fecha 22 de marzo de 2023, se declararon admisibles las denuncias, Fojas 17 a 21 de la carpeta investigativa, y, teniendo presente los antecedentes del caso hasta ese momento, se decretaron las medidas de protección, en virtud de los artículos 29º y 30º letra c y e del Decreto de Rectoría 185/2022, consistentes en:

“c) Prohibición de contacto entre las partes involucradas, e) Realización de adecuaciones curriculares”.

En particular, se especificó que se debían adecuar los turnos y rotaciones médicas de la beca de especialidad en el Hospital de Regional de Talca, respecto del denunciado nombre reservado, con la finalidad de que no coincidiera con las rotaciones y turnos de las estudiantes denunciantes, toda vez que las partes realizaban sus internados en el mismo centro de práctica, es decir, el Hospital Regional de Talca, y podrían coincidir en dichas instancias.

Las medidas antedichas fueron notificadas con fecha 10 de abril de 2023, puesto que, durante el periodo anterior, don nombre reservado se encontraba con licencia médica. Como consta en el Acta de Notificación Personal, fojas 56 y 57 de la carpeta investigativa T-3-2023, ésta se llevó a cabo en el Hospital Regional de Talca, entregando al denunciado el Acta de Medidas de Protección (dicho documento indica “cautelares” y no “de protección” debido a un error de tipeo). En esta instancia, se informó al denunciado sobre las causas iniciadas en su contra, ante lo cual éste comunicó que no conoce a la denunciante nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado. Finalmente, considerando los turnos y beca del señor nombre reservado, se coordina el horario para tomar declaración, acordando realizarla de manera online.

Por tanto, en relación con la suspensión académica que menciona por el señor nombre reservado en la acción constitucional de protección interpuesta contra esta institución, la fiscalía especializada de género no la decretó, por no considerarla adecuada al analizar los antecedentes del caso.

Es importante señalar que las medidas de protección tienen como objetivo “cautelar la integridad y seguridad de la persona denunciante y/o para resguardar los fines del procedimiento”, según lo indica el artículo 29° del Decreto de Rectoría 185/2022, por ello, al analizar los antecedentes entregados por las denunciantes, se decretaron las medidas ya señaladas. En el artículo 30° del mismo cuerpo normativo, aparecen enumeradas las medidas de protección, cuyo literal f) se refiere a la suspensión de la condición de estudiante a la persona denunciada por acoso sexual, violencia o discriminación de género, en casos excepcionales y debidamente fundados, siendo una medida de protección más gravosa, razón por la que se deben analizar todos los elementos antes de establecer este tipo de protección que, incluso, podrían ser mayor a la posible sanción. En este caso, no se dictó esta medida, ya que, como anteriormente se indicó, no existían los elementos fundantes que dieran lugar a ella.

Por otro lado, reiteramos que solo 2 de los 4 procesos llevados a cabo por la fiscalía especializada se sobreseyeron, el proceso que alude el recurrente constantemente termino por desistimiento de la denuncia por parte de la denunciante.

iii.- Acción por uso malicioso de la denuncia (artículo 46º Decreto de Rectoría 185/2022)

El señor nombre reservado, menciona que, con fecha 7 de septiembre 2023, interpone denuncia por uso malicioso de la denuncia, siendo efectiva esta información y recepcionada por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad con fecha 12 de septiembre de 2023. Esta acción fue presentada en contra de la estudiante nombre reservado, en virtud del artículo 46º de la normativa citada, en la que acompaña escrito, mandato y medios de prueba, copiando al Decano don nombre reservado, a la Directora de Especialidades Médicas doña nombre reservado y a la Directora de la Escuela de Medicina doña nombre reservado.

Se dio respuesta a la acción, acusando recibo y decretando proceder según corresponda. Además, se recalca la confidencialidad de las acciones que se interpongan en la institución en virtud del Reglamento de Investigación y Sanción del acoso sexual, la discriminación de género y violencia de género.

El artículo 46° del Reglamento indica que “La persona absuelta en el marco del procedimiento, puede solicitar que se realice una investigación sumaria contra la persona denunciante, de acuerdo con la normativa interna, para que se determine si se realizó un uso malicioso de este procedimiento para perjudicar a la persona denunciada”. Esta norma fue creada con el fin de proteger la objetividad de los procesos disciplinarios, no pudiendo la fiscalía especializada de género realizar este tipo de investigación, razón por la que en virtud de la normativa institucional vigente en particular en el Reglamento de Auditorías e Investigaciones Sumarias de la Universidad Católica del Maule, se remitieron los antecedentes al Decano de Medicina, para procediera de conformidad con ella, enviando los antecedentes, mediante Oficio 41/2023 de fecha 14 de diciembre de 2023, vía correo electrónico reservado. Preciso que, en esta instancia se comunica también el cierre de las investigaciones contra el recurrente.

En este sentido, en necesario señalar que la Ley 21.369 y la Circular N°001 de fecha 23 de octubre de 2023 emitida por la Superintendencia de Educación Superior, señala que las instituciones de educación superior deben asegurar tener unidades con competencia especial para investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, dotados de independencia, con personal debidamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género, estándar que la Universidad Católica del Maule cumple a cabalidad, protegiendo así, el debido proceso de cada caso que implique acoso sexual, discriminación y violencia en base al género.

iv.- Desistimiento de la denuncia, causa T-3-2023 Ante las acusaciones vertidas por el denunciado y la reiterada precisión de su sobreseimiento, es importante aclarar que la causa la causa T-3-2023, que involucraba a la estudiante nombre reservado, terminó debido a su desistimiento, mediante solicitud de fecha 8 de agosto de 2023, remitida por la denunciante, en la cual adjuntó una carta de disculpas públicas, indicando: “Por lo anterior, respetuosamente solicito a usted como autoridad, retirarme del actual proceso de investigación sumaria que se encuentra en desarrollo en relación a estos hechos, y cualquier otra investigación que se lleve a cabo en el futuro, respecto a hechos similares o vinculados con nombre reservado”.

Respecto de lo anterior, es esencial precisar que la estudiante informó que nombre reservado interpuso una querella criminal en su contra, por injurias y calumnias, en razón de la información que ella compartió en redes sociales, sobre la situación vivida con él, cuyos hechos denunció con posterioridad, de manera formal, ante el Departamento de Investigación y Sanción.

Al recibir la información indicada anteriormente, se citó a la denunciante a entrevista con el fin de aclarar su solicitud, instancia en la que informó el resultado de la querella interpuesta en su contra, señalando que se llegó a un acuerdo, consistente en que ella reconocía los hechos (compartir información públicamente) y debía e. El Departamento de Investigación y Sanción, de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad Católica del Maule, recibió cuatro (4) denuncias, respecto de las cuales sólo en una causa se presentaron cargos contra el recurrente, con fecha 31 de julio de 2023, específicamente en carpeta investigativa T-3-2023, por posibles hechos constitutivos de acoso sexual contra la estudiante de medicina nombre reservado, ya individualizada. En la misma resolución de formulación de cargos, se sobresee al recurrente en las otras causas, notificando vía correo electrónico, según reglamento.

f. En la misma resolución de formulación de cargos, se informó el sobreseimiento de las otras causas, cuyo detalle es el siguiente:

ofrecer disculpas públicas en redes sociales e informar a la Universidad, por medio de una carta, las disculpas y el retiro de cualquier denuncia contra el señor nombre reservado.

Al respecto, también resulta importante indicar que el artículo 26º del Decreto de Rectoría 185/2022, sobre el Desistimiento, establece que “El desistimiento de la denuncia por parte de la víctima pondrá fin al procedimiento que se hubiera iniciado, a menos que se traten de hechos calificados como graves por el Departamento de Investigación y Sanción de la Discriminación y la Violencia de Género. Este desistimiento no obsta a que el referido Departamento adopte en favor de la persona denunciante todas las medidas de apoyo y acompañamiento que se estime pertinente”. En virtud de la normativa aplicable, con fecha 23 de agosto de 2023, en causa T-3-2023, se dictó resolución dando término a la investigación por desistimiento de la denunciante, dejando sin efecto las medidas de protección dictadas con antelación y los cargos formulados contra nombre reservado, notificando a las partes con misma fecha, tal como consta en los correos adjuntos.

v.- Otros antecedentes relevantes.

En la acción constitucional de protección, el señor nombre reservado mencionó cuatro procesos de investigación, por lo que es necesario indicar lo siguiente: i. T-2-2023: La denunciante no era la afectada directa, y las personas indicadas como afectadas en las imágenes acompañadas presentaron sus denuncias, dando origen a las causas T-3 y T-6, ambas de 2023. ii. T-4-2023: La estudiante presentó desistimiento, debido a no ser afectada directa de la causa. iii. T-6-2023: Se dictó sobreseimiento debido a que la institución no cuenta con competencia para conocer de la materia, al tratarse de hechos que podrían corresponder al ámbito penal, puesto que la denuncia versaba sobre abuso sexual, ocurrido en un espacio no académico. En este sentido, la Corte Suprema, mediante fallo en causa ROL 18.199-2022i, se pronunció respecto del alcance de la facultad investigativa y sancionatoria de las universidades, señalando en su considerando quinto que “Así no resulta razonable pretender que una universidad sancione a un miembro de la comunidad por actividades que éste realiza dentro del ámbito de su vida privada, salvo en aquellos casos expresamente anotados en la propia ley”. g. Resulta relevante informar que, durante la indagatoria, mediante correo electrónico denominado “contacto telefónico”, de fecha 21 de agosto de 2023, el señor nombre reservado informó que no se pudo comunicar telefónicamente con el Departamento, reclamando la poca o nula comunicación, adjuntando pantallazos de al menos 8 llamados telefónicos al número designado a una de las profesionales que trabajaba en el departamento, nombre reservado. Aquel día, Talca y sectores aledaños, se encontraba en una situación de emergencia debido a adversidades climatológicas, razón por la cual las y los trabajadores debieron volver a sus casas como medida de seguridad, tal como se explicó en el correo de respuesta. En otra ocasión el señor nombre reservado tomó contacto telefónico con la misma profesional, nombre reservado, teniendo un trato prepotente al dirigirse a ella, por cuanto le gritó mientras ella trataba de entregar la información requerida, usando un volumen tan fuerte, situación que fue escuchado escuchada por las personas que se encontraban en dicha oficina los demás integrantes del Departamento de Prevención y del de Investigación, razón por la que se reforzó con el señor nombre reservado la comunicación mediante correo electrónico para solicitudes de información. Los correos electrónicos enviados por el señor nombre reservado siempre fueron contestados a la brevedad posible, considerando la carga laboral asignada a otras funciones que se deben cumplir en el Departamento.

En síntesis, todas las gestiones realizadas en relación con los procesos investigativos realizados por el Departamento de Prevención y por el de Investigación, ambos de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad, se desarrollaron en el marco de la normativa institucional que aborda materias de género y aquellas relacionadas al estamento estudiantil, sumado al cumplimiento estricto respecto de la normativa nacional vigente en materias de género y educación superior, en especial la Ley N° 21.369, que impone a las instituciones de educación superior la obligación de establecer protocolos y reglamentos para abordar el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género, así como el estricto respeto de las Garantías Constitucionales del señor nombre reservado, razones por la cual, reiteramos, el presente recurso carece de todo fundamento.

En este sentido, resulta relevante reiterar que la Ley N° 21.369, en su artículo 2° inciso final, establece la potestad de las instituciones de educación superior para investigar y sancionar hechos enmarcados en actividades académicas organizadas o desarrolladas por la Universidad, que involucren a personas vinculadas a ella, marco legal en el cual se desarrollaron las investigaciones informadas, dando cumplimiento a las obligaciones exigidas por esta normativa nacional.

b) En relación con la investigación sumaria realizada por el Departamento Jurídico de la Universidad Católica del Maule:

La Investigación Sumaria en contra del interno de medicina sr. nombre reservado, surge por una derivación desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, hacia el decano de la Facultad de Medicina, por presuntos malos tratos hacia los estudiantes de séptimo año (internos), en particular la estudiante nombre reservado, mientras desarrollaban sus internados en el Hospital Regional de Talca.

La sanción, primeramente fue de suspensión por 1 periodo académico (semestre), para luego, tras acogerse la reconsideración presentada por éste, pasar a la de amonestación. Todo ello se enmarca en los hechos con los internos y no en decisiones académicas de los docentes del Hospital Regional de Talca, ni en denuncias de presuntos acosos sexuales por parte de la estudiante señalada.

i.- Sobre la resolución 64/2023.

Esta resolución de rectoría se refiere a la reposición presentada en la investigación sumaria en comento. No guarda relación con ninguna denuncia presentada por el señor nombre reservado.

ii.- Sobre los procesos iniciados por el Departamento Jurídico.

Reiterar que el Departamento Jurídico (DJ) no inicia – a diferencia de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad – investigaciones, sino que ellas se ordenan practicar por una Resolución de la Secretaría General y el Departamento Jurídico desarrolla el proceso.

Que en el único proceso llevado adelante por el DJ no se “ventilaron conversaciones” privadas. Esta investigación no guardaba relación con las materias tratadas por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, la que en todo caso, atendida la información que se había acompañado en el proceso, ésta se trató de manera reservada y sólo tuvo acceso el señor nombre reservado.

Debemos reiterar que la Investigación Sumaria que desarrolló el DJ, se inicia por los antecedentes aportados en la Dirección de Género, pero que escapaban de las competencias de dicha Dirección, por lo que se siguió el procedimiento general de investigación de la Universidad.

iii.- Sobre la sanción de suspensión.

Si bien el informe de la investigación desarrollada por el DJ contenía una sugerencia de suspensión del señor nombre reservado, ella se enmarcaba en la suspensión como sanción contemplada en el ordenamiento normativo interno, en base a los malos tratos constados en dicha investigación, cuyo informe se acompaña y no guarda ninguna relación con la propuesta hecha por los académicos de la beca de cirugía, la que como ya se ha dicho, sólo quedó en una propuesta y no fue aplicada.

Ahora bien, tal como señala el artículo 13 del reglamento de auditorías e investigaciones sumarias de la UCM, contenido en el DR 96/2009, el señor nombre reservado pudo presentar un recurso de reconsideración a la sanción inicialmente impuesta (suspensión), ante lo cual el rector – en el ejercicio de sus facultades – determinó la sustitución de la sanción por la de amonestación escrita.

Ello, en ningún caso tuvo relación con la alegación del principio non bis in idem, como pretende señalar el recurso, pues tal como se ha dicho numerosas veces, no existió ninguna sanción de suspensión anterior, aplicada al señor nombre reservado.

iv.- Sobre la supuesta “forzada coordinación”.

Resulta carente de toda lógica lo planteado por el recurrente. De la lectura de los correos, es claro y evidente que en marco de una Investigación Sumaria, el Fiscal a cargo pueda solicitar a otras unidades, información que pueda aportar para el esclarecimiento de los hechos a investigar, lo que en la práctica se da en los correos señalados por el recurrente, pero en ningún caso ello puede implicar una vulneración a sus derechos fundamentales.

v.- Sobre el debido proceso.

En el proceso sumarial, el sr. nombre reservado compareció a declarar acompañado de su abogada patrocinante, Alondra Santibáñez; se le formularon cargos y se le envió copia de todo el expediente sumarial, a fin de que ejerciera debidamente su derecho de defensa, lo que hizo. Tuvo así mismo la facultad de recurrir en contra de la primera resolución y de presentar sus argumentos, lo que conllevó a una modificación en la sanción originalmente aplicada.

Así, las decisiones del investigador tuvieron sustento en los antecedentes agregados al expediente, decisiones fundadas y que en todo momento se dio cumplimiento a las garantías del debido proceso y de sus Derechos Fundamentales.

III.- EN RELACIÓN CON LA SUPUESTA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.

Debemos ser enfáticos en señalar que la Universidad Católica del Maule no ha vulnerado ninguna garantía constitucional del señor nombre reservado y que todas las alegaciones contenidas en el recurso que se informa, resultan de una interpretación antojadiza del recurrente, carentes ella de todo sustento.

Como ya se alegó en lo principal de este escrito, todos los hechos que relata el señor nombre reservado ocurrieron con a lo menos 1 año de antelación a la presentación del recurso, por lo que no es esta la vía para alegarlos, pero aun cuando estuvieran dentro del plazo legal para ello, es claro que su relato da cuenta de procesos académicos que se enmarcan en la normativa institucional vigente y que han respetado y asegurado todos los derechos del recurrente.

Así también, señalar que el recurso no establece de manera concreta cuál o cuáles son los actos por los cuales se le habrían vulnerado las garantías constitucionales de los números 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 5 todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que es concordante con todo lo ya informado precedentemente.

POR TANTO, en virtud de todo lo informado y de las normas legales que aplicables RUEGO A SS ILTMA. se sirva tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, por no existir conductas ilegales ni arbitrarias de parte de la Universidad Católica del Maule, como las alegadas por el recurrente.”

Al segundo otrosí acompaña: 1. Formulación de cargos en investigación sumaria T-3-2023, DEGYD. 2. Registro cierre proceso jurídico estudiante nombre reservado de fecha 01.09.2023. 3. Desistimiento estudiante nombre reservado en investigación sumaria T-3-2023. 4. Correo electrónico de Dr. nombre reservado a Marcia Vallejo de fecha 21.08.2023. 5. Resolución desistimiento en investigación sumaria T-3-2023. 6. Acta de notificación personal al Dr. nombre reservado de fecha 10.04.2023. 7. Oficio reservado N° 41-2023 de Marcia Vallejo dirigido a Dr. nombre reservado, decano Facultad de Medicina UCM. 8. Respuesta oficio N°1 de 29.05.2023 de Marcia Vallejo dirigido a fiscal Rodrigo Arancibia. 9. Oficio N°1 de 18.05.2023 de Rodrigo Arancibia dirigido a fiscal Marcia Vallejo. 10. Oficio reservado S/N de Marcia Vallejo de fecha 11.05.2023 dirigido a Dr. nombre reservado, decano Facultad de Medicina UCM. 11. Resolución declara admisible denuncia de fecha 22.03.2023.

12. Resolución de rectoría N° 56-2023 resuelve investigación sumaria. 13. Resolución de rectoría N° 64-2023 resuelve reconsideración.

Cuarto: Que el informe del Servicio de Salud del Maule, suscrito por Verónica Andrea Contardo Mera, abogada, indica lo siguiente:

“I.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO Que conforme el auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de protección, en su numeral primero dispone que la acción constitucional debe ser ejercida en el plazo FATAL DE TREINTA nombre reservado CORRIDOS contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Pues bien, consta del extenso relato del recurrente que los hechos en que se sustenta en el recurso habrían ocurrido desde noviembre de 2022, sin establecer, ni indicar expresamente un acto imputable a mi representada que pueda ser considerado como el acto arbitrario e ilegal que vulneraría los derechos del Sr. nombre reservado y que permita contabilizar, el plazo perentorio que establece la norma para presentar la presente acción. Por su parte si la contraria pretendiera considerar el correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2024 como el acto por medio del cual se le vulnerarían los supuestos derechos conculcados, claramente éste no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en el Auto Acordado, ya que solamente se trata de un envío por escrito de una información entregada en la reunión celebrada con el propio actor y que no tiene el carácter de resolución u omisión arbitraria alguna, más aun considerando que son solo alternativas presentadas para la reincorporación del recurrente, las que no fueron aceptadas por este último, por lo que no han producido efecto alguno, y malamente pueden considerarse como la causal de todos los derechos que conforme a su relato le han sido trasgredido.

Por tanto, claramente de los propios dichos del recurrente y la lectura del recurso, se puede establecer que esta acción de protección ha sido interpuesta en forma extemporánea, porque de existir algún acto arbitrario o ilegal, que por lo demás esta parte niega expresamente, este no habría sido conocido por el recurrente en los últimos 30 días como lo exige la norma y solicito a SS. Iltma. así declararlo.

II.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO POR NO EXISTIR ACTO ARBITRARIO E ILEGAL DE PARTE DEL SERVICIO DE SALUD MAULE.

Entrando derechamente en la materia del presente recurso, solicito respetuosamente a V.S. Iltma. el rechazo del mismo, por cuanto no existe ni ha existido de parte del Servicio de Salud Maule, acto que pueda ser considerado arbitrario o ilegal, que haya afectado el derecho a la vida e integridad física del recurrente, su igualdad ante la ley, sus derechos a la vida privada o a la honra, ni a sus comunicaciones privadas, signados por el recurrente como los derechos conculcados.

No debemos olvidar que el Servicio de Salud Maule es un órgano de la Administración del Estado que está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, debiendo atender las necesidades públicas en forma continua y permanente. Los principios de servicialidad de la Administración y de la continuidad y regularidad de la función pública, tal como se advierte de los artículos 1° de la Constitución Política y 3° y 5° de la ley N° 18.575, obligan a velar por el bien común por sobre el particular, y en este caso el Servicio de Salud Maule debe velar tanto por la inversión de los recursos públicos, como porque esos fondos públicos invertidos por el estado en una persona en particular, sean retribuidos conforme lo obliga la norma, esto es con el plazo de devolución de un período asistencial, que es la forma de entregar a la comunidad la atención de salud de la especialidad financiada por el Estado.

De lo ya expuesto se desprende que la Dirección del Servicio ha actuado dentro de sus facultades legales, por lo tanto, no puede considerarse su actuación como ILEGAL, ya que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea, una manifestación del simple capricho del agente. Tratándose de una omisión ilegal o arbitraria, obviamente, debe existir la obligación legal de actuar para el agente. Sólo así podrá cometerse un agravio a través de la inactividad. Dentro de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia chilenos, se ha señalado al respecto que "Un acto es ilegal cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley" Asimismo, el actuar del Servicio de Salud tampoco puede calificarse de ARBITRARIA, ya que esta "implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar".

Por lo que del extenso relato de la contraria en su recurso no se advierte cuál es el hecho que se le imputa a esta parte y que tenga las características ya señaladas (arbitrario e ilegal), lo que hace imposible al Servicio de Salud Maule informar respecto al acto recurrido, haciendo del todo improcedente la presente acción. Por su parte cabe señalar que el recurso de protección es una acción destinada a proteger derechos que son vulnerados, amenazados o perturbados de conformidad al artículo 20 de nuestra carta fundamental, sin embargo, esta no debe convertirse en una fuente de uso y abuso, pues el Recurso de Protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Sin embargo, no hay acto alguno dictado por el Servicio de Salud Maule que haya sido citado por el recurrente y que cumpla con las características especificadas en la norma constitucional para fundamentar el presente recurso.

III.- FALTA DE LEGITIMIDAD PASIVA DEL RECURRIDO.

Antes de informar derechamente los hechos del recurso, vengo en interponer excepción de falta de legitimidad pasiva de mi representada, pues tal como se señaló en el acápite anterior, no existe un acto signado por la recurrente como arbitrario y/o ilegal, y en su relato lo que hace es indicar una serie de hechos que habrían sido efectuados por el centro formador (Universidad Católica del Maule) desde el año 2022, entre ellos la reprobación de su rotación de Cirugía Digestiva. Por lo que es la Universidad Católica del Maule la que informa al Servicio de las decisiones académicas respecto a todos los becarios que ejecutan los distintos programas de formación entregados por dicha casa de estudio.

Por lo tanto, no existe, acto alguno dictado por este Servicio que pudiera revertirse con la dictación de una sentencia favorable al recurrente en el presente recurso, porque insistimos la determinación del estado o situación académica del profesional recurrente es un acto determinado por el centro formador, que tiene la obligación de informar al Servicio para posteriormente concretar el término o continuación de la beca, pues el Servicio de Salud Maule es quien financia la beca pero no es quien realiza la especialidad, ello está en manos de los centros formadores, en este caso de la Universidad Católica del Maule.

Conforme a lo indicado precedentemente el Servicio de Salud Maule no es, ni puede ser legítimo contradictor del recurrente atendido los mismos supuestos fácticos inconcurrentes a que se hizo referencia anteriormente.

La legitimación es una categoría jurídica que sirve para determinar los sujetos que activa y pasivamente pueden ser justa parte en un determinado litigio, esto es, quien tiene la calidad de legítimo contradictor para discutir sobre el objeto en un determinado proceso. Mi parte no es legítimo contradictor y desde este punto no pudo ser recurrido puesto que, como se ha señalado, no concurren a su respecto los supuestos o requisitos legales y fácticos necesario para legitimar la interposición de un recurso de protección.

No existiendo dicha titularidad no puede ser acogido el recurso de protección interpuesto en contra de mi representada, por no cumplirse con los requisitos exigidos para ello.

IV.- HECHOS DEL RECURSO.

Ante el evento improbable que SS. Iltma. no rechazara el recurso de protección por lo señalado precedentemente, paso a informar conforme a 6 lo requerido los hechos del recurso, desarrollando los fundamentos de hecho y derecho para su rechazo:

El Profesional recurrente se adjudicó beca de Cirugía General en la Universidad Católica del Maule a través de Concurso de ingreso CONISS última promoción 2020, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta N°945 de fecha 13 de diciembre de 2019 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cupo perteneciente al Programa Becas Maule II, iniciando su programa de formación el 01 de mayo de 2020.

Mediante Resolución Exenta RA N°433/527/2020 con fecha 31.07.2020, del Servicio de Salud del Maule se le concede beca al recurrente, para seguir especialidad de Cirugía General en la Universidad Católica del Maule, dictándose año a año las correspondientes resoluciones que prorrogan su beca.

Por encontrarse dentro de sus obligaciones como Becario, el Dr. nombre reservado firma la Escritura Pública y Pagaré, documentos que la ley exige para garantizar sus obligaciones y derechos que la beca concedida le confiere, Escritura Pública Repertorio N° 3446-2021 suscrita en la Notaría Pública de Talca de don nombre reservado.

El vínculo que une al Servicio de Salud Maule con la Universidad Católica del Maule por la formación del Dr. nombre reservado, se basa en el Contrato de Ejecución del Programa Becas Maule II “300 médicos especialistas y subespecialistas para la Región del Maule”, contrato aprobado por acto administrativo que son la Resolución Afecta N° 39 de fecha 18 de junio de 2021 y la Resolución Afecta N° 27 de fecha 14 de junio de 2022 ambas del Servicio de Salud Maule, los que fueron debidamente tomados de razón por Contraloría.

El becario recurrente depende académicamente de la Universidad, entidad que se encuentra regulada por reglamentos internos, tanto académicos como actitudinales, asimismo el becado debe respetar los reglamentos del Campo Clínico, todo lo cual conforme lo establece el artículo 7 del DS 507/1991 MINSAL. En el marco del monitoreo y seguimiento de la formación del profesional, que se hace desde la Unidad de Formación del Servicio de Salud, en marzo de 2023 se solicitó un informe a la UCM para confirmar el término de la especialización del recurrente, la cual debía fiscalizar el 30 de abril de 2023. En dicho informe, la Universidad indicó la necesidad de autorizar una prórroga para la recuperación de ausentismo por licencia médica presentada por el Dr. nombre reservado, lo que fue autorizada por la Dirección de Servicio por 60 días, correspondientes a la cantidad de ausentismo por dicha causal, lo que consta en Ord. N°1444 de fecha 11 de mayo de 2023 del Servicio de Salud Maule.

Durante el seguimiento a la primera prórroga, mediante el Ord. 3273 de fecha 02 de octubre de 2023 de la DSSM, se autorizó una segunda prórroga hasta el 31 de enero de 2024. Este período incluyó una extensión sin pago de estipendio, dado que parte de la extensión correspondía a la recuperación de rotaciones reprobadas, ya que la beca tiene una duración de tres años, y solo puede extenderse con derecho a estipendio por los períodos cubiertos por licencia médica, no por hechos imputables al profesional, como es el caso de una reprobación académica y una eventual extensión del programa para rendir nuevamente la rotación reprobada, caso en los cuales se autoriza la extensión pero sin de estipendio, como ocurrió en el período del 7 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024 con el recurrente.

Ante la expectativa de reintegro del profesional al programa de formación, se realizó un seguimiento en diciembre de 2023, sin embargo, la UCM informó que el Dr. nombre reservado no se reintegró, ya que continuó con licencias médicas prolongadas. En respuesta, mediante Ord. 364 de fecha 6 de febrero de 2024 de la DSSM, se regularizó el pago del estipendio, señalando que, si el profesional continúa con reposo médico, se mantendría la beca vigente junto con el pago de estipendios, por lo que el pago de estos se encuentra al día, lo que está sometido al mismo proceso de pago de remuneraciones de los funcionarios públicos (pese a que el recurrente es becario, no funcionario), esto es, se realiza el pago de su estipendio 8 directamente por el Servicio, siendo este último el que realiza el reembolso con su entidad previsional respectiva.

Habiéndose tomado conocimiento de una serie de situaciones complejas entre el becario y el centro formador, reclamadas por el Dr. nombre reservado el Servicio ofició a la UCM para realizar una revisión exhaustiva de la situación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas y de la malla curricular del programa de Cirugía General, lo que fue realizado por diversas comunicaciones, entre ellas oficios Ord. N°481 de fecha 15 de febrero de 2023, N°2341 de fecha 12 de julio de 2023, y N°1715 de fecha 3 de junio de 2024.

Ante las consultas del Servicio de Salud Maule, la UCM informó lo siguiente:

a. El Dr. nombre reservado ha completado 16 de 18 asignaturas de la malla curricular del programa de Cirugía General, pero aún debe aprobar dos rotaciones y cumplir los turnos asociados al programa.

b. La rotación de Cirugía Digestiva (duración de tres meses) fue reprobada debido al incumplimiento de las actitudes esperadas, como la falta de veracidad en la información y la confianza entre el estudiante y los docentes. Así consta en el acta de retroalimentación del 30/12/2022 de la UCM.

c. La rotación de Cirugía Vascular (duración de cuatro meses) se vio interrumpida por ausentismos relacionados con licencias médicas. Aunque se realizaron ciertas actividades, la Universidad señala que es necesario realizar nuevamente todas las actividades de la rotación para adquirir las competencias necesarias como futuro cirujano. Se consultaron las marcaciones en el reloj control del Hospital Regional de Talca, Campo Clínico, donde se obtuvieron escasos registros.

d. Los turnos son actividades transversales a todos los años del programa, y no fueron cumplidos en su totalidad.

e. Además, la Universidad investigó ciertas actividades docentes del Dr. nombre reservado, resolvió sancionarlo con una amonestación escrita, según consta en la Resolución de Rectoría N°64/2023 de la UCM. Además, se consultó al Hospital Regional de Talca por investigaciones en el Campo Clínico, los cuales fueron sobreseídos.

Adicionalmente, se consultó a la UCM respecto a posibles denuncias de maltrato o acoso hacia el becario por parte de docentes que también son funcionarios del Hospital Regional de Talca. La Universidad informó no haber recibido denuncias formales.

De acuerdo con lo anterior, el Dr. nombre reservado requirió a la universidad para reintegrarse al programa la posibilidad de realizar rotaciones de Cirugía Vascular y Cirugía Digestiva en otro campo clínico, especialmente la rotación de Cirugía Digestiva. Sin embargo, el centro formador no pudo acceder a dicha solicitud dada las características del programa, sin embargo, ha entregado innumerables alternativas en búsqueda del reintegro del profesional y conclusión de su programa formativo, todas las cuales han sido rechazadas por el recurrente.

El Servicio de Salud Maule ha sostenido diversas reuniones con el profesional recurrente, buscando y mediando por una solución y pronto reintegro, reuniones en paralelo con la Universidad Católica del Maule, y también reuniones tripartitas, todas en búsqueda que el señor nombre reservado culmine su proceso formativo, entregándole las mejores opciones y alternativas, las que han sido siempre en cumplimiento de los requisitos curriculares (rotaciones y turnos), necesarios para obtener las competencias declaradas en el Proyecto Formativo del Programa de Especialidad en Cirugía General.

Cabe señalar que, posterior a la segunda reunión y estando el Dr. nombre reservado de acuerdo en realizar 7 meses de formación, el mismo hace llegar informe médico indicando una posible reincorporación y término de licencia médica, en noviembre de 2024, es por ello que se considera dicha fecha como la indicada para su retorno, entregándole alternativas que permitieran consensuar la formación del profesional, velando por su bienestar y por el cumplimiento fiel del programa de especialización.

En dicho contexto en la reunión del 25 de octubre de 2024, presenciada por el Servicio de Salud Maule, representantes de la UCM y el recurrente y su abogada, se propuso al profesional reintegrarse al programa de formación 10 para completar los siete meses de rotaciones pendientes, para concluir su beca de especialidad, que corresponden a 3 meses de la rotación de Cirugía Digestiva, que reprobó y que debe cursar nuevamente y 4 meses de la rotación de Cirugía Vascular. En cuanto a esta última rotación, hacer presente que si bien el recurrente cursó algunos días (del total de 4 meses que considera el itinerario formativo), atendidas sus licencias médicas prolongadas, por casi 2 años, lo que lo han tenido fuera de la práctica quirúrgica, es necesario que retome las habilidades de destreza quirúrgica, sin las cuales se dificulta su continuidad en el programa de especialidad médica. Y durante los 7 meses mantener los turnos de urgencia correspondientes, todo lo cual fue plasmado en un correo de fecha 29 de octubre de 2024, donde se resume lo acordado en la reunión del día anterior, y se le entregan las alternativas al profesional para iniciar y retornar a su programa formativo ya sea a contar del 1 de noviembre de 2024 o el 1 de enero de 2025, conforme a lo que su estado de salud determinase.

Sin embargo, el señor nombre reservado ha rechazado todas las alternativas académicas entregadas por la Universidad para poner término a su proceso formativo, insistiendo en desarrollar las rotaciones faltantes en otro campo clínico, específicamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ello, SS. Iltma., resulta imposible, conforme a lo indicado reiteradamente por el centro formador, pues el campo clínico con el que cuenta la Universidad para el desarrollo de la beca de especialidad de Cirugía es el Hospital Regional de Talca, y este no puede cambiarse conforme lo requiera cada uno de los becarios, sino se desarrolla donde se ha entregado la disponibilidad inmediata para el desempeño de las rotaciones faltantes. El señor nombre reservado no puede pretender, imponer a la Universidad un cambio de centro formador pues este es un proceso académico inserto en una institución de educación superior, la Universidad Católica del Maule y que para estos efectos, implica el desarrollo de un programa asimilable a magister y doctorados. En esa línea, comprenderá SS. Iltma. La falta de toda racionalidad que un estudiante pueda pretender obligar a la institución educacional a la que pertenece y donde se encuentra en formación, que lo envíe a otra institución a desarrollar las actividades curriculares que debe desarrollar en el marco de su proceso 11 formativo como estudiante. Eso es lo que pide el señor nombre reservado y respecto de lo cual no es posible concretar, y no como un acto discriminatorio o arbitrario en contra del Sr. nombre reservado, pues todos los becarios de la especialidad indicada tienen el mismo campo clínico.

En la especie podemos señalar que conforme a la situación jurídica y de hecho presentada por el recurrente no existe ilegalidad o arbitrariedad que AMENACE PRIVE O PERTURBE el legítimo ejercicio de los derechos indicados en el Recurso. El Servicio de Salud Maule no ha vulnerado ninguna garantía constitucional del señor nombre reservado y que todas las alegaciones contenidas en el recurso que se informa, resultan de una interpretación antojadiza del recurrente, carentes de sustento. Como ya se señaló en acápites anteriores todos los hechos relatados en el recurso habrían ocurrido con una anterioridad a mayor a los 30 días requeridos para la interposición de la presente acción, por lo que no es esta la vía para alegarlos, pero aún cuando estuvieran dentro del plazo legal para ello, es claro que el relato da cuenta de procesos académicos que se enmarcan en la normativa institucional vigente y que han respetado y asegurado todos los derechos del recurrente. Así también, señalar que el recurso no establece de manera concreta cuál o cuáles son los actos por los cuales se le habrían vulnerado las garantías constitucionales de los números 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 5 todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que es concordante con todo lo ya informado precedentemente.

POR TANTO, SOLICITO A SS. ILTMA: tener por evacuado informe solicitado y en definitiva rechazar el presente recurso de protección, ello en atención a las consideraciones antes expuestas, con expresa condenación en costas.”

Al otrosí acompaña: 1.- Resolución Exenta N°975 de fecha 13 de diciembre de 2019 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que aprueba las bases del Concurso de ingreso CONISS, última promoción año 2020. 2.- Resolución Exenta RA N°433/527/2020 con fecha 31 de julio de 2020 del Servicio de Salud Maule que concede la beca al recurrente. 3.- Escritura Pública Repertorio N°3446-2021 celebrada en la Notaría Pública de Talca de don nombre reservado en que consta Convenio de derechos, obligaciones y garantía del Becario en Programa de Especialización, suscrita por nombre reservado. 4.- Resolución Afecta N°39 de fecha 18 de junio de 2021 y Resolución Afecta N° 27 de fecha 14 de junio de 2022 ambas del Servicio de Salud Maule que aprueban el Contrato de ejecución del Programa Becas Maule II y su modificación. 5.- Ordinario N° 1444 de fecha 11 de mayo de 2023 del Servicio de Salud Maule, que autoriza extensión del programa de formación por licencia médica de don nombre reservado. 6.- Ordinario N° 364 de fecha 6 de febrero de 2024 del del Servicio de Salud Maule, que da respuesta al recurrente respecto de cada uno de los reclamos planteados. 7.- Oficios en que se solicita información a la Universidad Católica del Maule por parte del Servicio de Salud Maule sobre el caso del Dr. nombre reservado: a.- Ordinario N° 481 de fecha 15 de febrero de 2023. b.- Ordinario N°2341 de fecha 12 de julio de 2023. c.- Ordinario N°1715 de fecha 3 de junio de 2024. 8.- Oficio Reservado N° 523 de fecha 25 de marzo de 2024 del Servicio de Salud Maule en que se solicita al Hospital Regional de Talca instruir el correspondiente procedimiento disciplinario.

Quinto: Que la acción constitucional de protección está concebida para resguardar o restablecer un derecho indubitado que se encuentre conculcado por un acto ilegal o arbitrario -o una omisión semejante- sea en grado de amenaza, perturbación o privación.

Sexto: Que la Universidad Católica del Maule y el Servicio de Salud del Maule, en base a la secuencia de los hechos que mencionan y por los argumentos descritos más arriba, solicitan la inadmisibilidad del presente arbitrio, por extemporáneo.

Si bien es cierto que las circunstancias en las que se apoyan proceden de una época superior al plazo para recurrir, previsto en el Auto Acordado que regula la materia, es también evidente que tales actos se enmarcan en un conjunto sucesivo de actuaciones encadenadas a la situación de fondo que debe juzgarse en esta sede, las que vinculan a todas las instituciones en contra de las cuales se recurre, cuyos efectos, además, están latentes, estando las últimas de aquellas dentro del tiempo establecido, de modo que no cabe, sino, desechar tales peticiones.

Séptimo: Que a través del arbitrio actual se solicita que se adopten las medidas precisadas en su parte petitoria, transcritas en el apartado primero de este fallo.

De las peticiones señaladas a favor del actor, no pueden ser admitidas, desde ya, las que se indica a continuación, toda vez que exceden el ámbito de la presente acción cautelar, pues no recaen en derechos indubitados o importan alterar cuestiones controvertidas o requieren hacer declaraciones de hecho y/o de derecho y no inciden, por tanto, en circunstancias indesmentibles o indubitadas que exijan protección urgente. Ellas son:

1. Reintegrarlo y autorizarlo a continuar cursando la beca, pero en un lugar diferente al Hospital Regional de Talca;

2.- Que ello sea a la brevedad en cualquier campo clínico del país y no donde se está sumariando a sus acosadores;

3. Que cesen los efectos del procedimiento sancionatorio en su contra;

4. Ordenar a la recurrida activar los protocolos vigentes referentes a acoso y toda otra normativa vigente y aplicable, tanto en el Hospital Regional del Maule, como en la Universidad Católica del Maule, conforme a las denuncias realizadas por él y que acompaña;

5. Dar curso a las denuncias presentadas ante el Servicio de Salud por el incumplimiento del convenio celebrado entre la Institución educativa y el Servicio (no lo precisa);

6. Se tomen las medidas correspondientes por parte de la Universidad Católica del Maule respecto de las denuncias falsas realizadas en su contra y por las cuales ha recibido disculpas públicas en causa rol 2217 - 2023 del Juzgado de Garantía de Talca ya que aún no tiene respuesta de la denuncia realizada en septiembre de 2023;

7. Se ordene a la institución educacional recurrida informar tanto a la recurrente como al Servicio de Salud del Maule y el Gobierno Regional del Maule de los criterios técnicos y pedagógicos utilizados en los instrumentos evaluativos destinados a determinar la aprobación o reprobación de los estudiantes que cursan una rotación de manera previa a estas evaluaciones, como corresponde a cualquier proceso educativo con estándares mínimos de calidad, pero por sobre todo a uno que se financia con fondos públicos;

8. que se informe a esta Corte y a todo el personal del área de cirugía del Hospital de Talca acerca de cuál es la estructura del proceso educativo, sus evaluaciones, rúbricas de evaluación y criterios evaluativos, así como de los roles que tienen los becarios, los cirujanos y los pasantes que no se encuentren ya regulados en la normativa vigente. Dejando absolutamente claro cuáles son los canales formales de comunicación entre el personal clínico durante el ejercicio de sus funciones, las jornadas laborales a las que están sometidos y en qué momento ejercen como funcionarios públicos y como docentes, así como también cuando realizan la devolución de tiempo contenida en la ley;

9. Que se instruya al Servicio de Salud del Maule dar la adecuada tramitación al sumario instruido, el que de acuerdo al dictamen de Contraloría E389867 debe ser sustanciado por el propio servicio y no por el Hospital Regional de Talca, lugar donde el requirente está siendo acosado.

Como se dijo más arriba y por las razones allí anotadas, todas esas solicitudes escapan del ámbito propio del recurso de protección.

Frente a lo expuesto, no está demás señalar que el actor tiene el derecho a ejercer las acciones directas que la ley le franquea para intervenir en los distintos procedimientos administrativos a los que alude y/o ante los abusos u omisiones que denuncia cometidos en esas sedes institucionales.

Octavo: Que, descartadas las cuestiones referidas en el apartado anterior, quedan para su análisis de fondo las pretensiones dirigidas a:

1.- Que cesen las condiciones e impedimentos impuestos por la Universidad y el Servicio de Salud del Maule para continuar con la beca; y, 2.- Que se elimine todo registro de sus antecedentes clínicos de orden psiquiátrico obtenidos por la Universidad Católica del Maule y el Hospital de Talca.

Noveno: Que, como ha quedado de manifiesto, el recurso está dirigido en contra de la Universidad Católica del Maule, el Hospital Regional de Talca y el Servicio de Salud del Maule, respecto de los cuales constan las peticiones descritas con anterioridad, de modo que no cabe declarar la falta de legitimación pasiva alegadas, pues las tres instituciones son efectivamente recurridas por circunstancias habidas en el ámbito referido, sin perjuicio de la ponderación de fondo de lo que a ellas se les atribuye por el actor.

Décimo: Que los hechos no disputados que deben tenerse en cuenta para resolver este recurso, son:

a). El recurrente es médico becado en cirugía del Programa Becas Maule II, financiado por el Servicio de Salud del Maule, para su ejecución bajo la condición académica de la Universidad Católica del Maule, en el Hospital Regional de Talca.

b). En el cumplimiento de su cometido, el actor estuvo por largo tiempo con licencia médica psiquiátrica, lo que motivó la suspensión de la práctica que desarrollaba.

c). Él ha presentado denuncias por acoso laboral en su menoscabo, y también ha sido objeto de varios sumarios en los que se ha indagado su comportamiento, por la Universidad y el Hospital recurridos.

d). La relación entre las instituciones referidas se origina en un Convenio suscrito por ellas para llevar a cabo prácticas médicas con los fines atinentes, mediante becas previamente establecidas (Contrato de ejecución de Programa Becas Maule II).

e). El médico becado no ha cumplido con el tiempo total que le es exigible en la especie, y fue reprobado en rotación de cirugía digestiva, por razones conductuales.

f). Los interesados en este arbitrio se han reunido para solucionar el caso y reincorporar al médico, pero no se ha logrado por discrepar de algunas condiciones para hacerlo.

Undécimo: Que de todo lo expuesto se infiere que no se precisan los actos determinados del Hospital Regional de Talca y del Servicio de Salud del Maule, que conculque todos o algunos de los derechos invocados en el recurso; y de las piezas probatorias allegadas a los autos, apreciadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se arriba a la misma conclusión, de forma tal que esta acción cautelar no puede prosperar respecto de dichas instituciones.

Duodécimo: Que en lo que concierne a la Universidad Católica del Maule es dable afirmar que ha obrado dentro de la esfera de las atribuciones que le confiere la autonomía universitaria y, en particular, en este caso, conforme las facultades académicas y las reglas derivadas del Contrato de Ejecución Programa Becas Maule II, sin que en el ejercicio de esas potestades se advierta alguna ilegalidad o arbitrariedad en el tratamiento dado al recurrente y a su situación, respecto de la cual, además, ha entregado alternativas para la reincorporación y para el cumplimiento de las condiciones y el tiempo que le falta por cumplir.

Décimotercero: Que lo sostenido en el razonamiento anterior se basa, asimismo, en la circunstancia de haberse suspendido la ejecución de la beca, por las licencias médicas del actor y no por un acto –u omisión- susceptible de fundar la procedencia de este arbitrio constitucional.

Décimocuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior, aplicable a las pretensiones ya referidas que llevan a desechar el recurso, no cabe, en este caso en particular, exigirle al becario un informe psiquiátrico entre las condiciones para reincorporarlo, pues ello no se aviene con el derecho que le asegura el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental y en este aspecto, debe admitirse lo impetrado por él.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el presente recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Universidad Católica del Maule, el Hospital Regional de Talca y el Servicio de Salud del Maule, excepto en el aspecto que sigue: SE ACOGE dicho libelo sólo en cuanto a la Universidad Católica del Maule, únicamente en la parte referida al informe psiquiátrico que se le exigiría para reincorporarlo al ejercicio de la práctica en cumplimiento de la beca, disponiéndose que ese requisito no es procedente en la especie.

Acordada la decisión, en la parte que acoge el recurso, con el voto en contra del ministro redactor Hernán González García, quien estuvo por rechazarlo también en ese aspecto, considerando que si en definitiva la Universidad Católica del Maule requiere un informe psiquiátrico del médico recurrente, ello no constituye un acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos protegidos en la especie, toda vez que tratándose de una práctica médica a realizar por una persona becada en cirugía, que postula a tal especialización, ese requisito es del todo idóneo y exigible para el examen de la salud integral del profesional, más aun si sus ausencias se debieron a licencias médicas de tal carácter.

No se condena en costas.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 2217-2024/Protección.