nombre reservado con TESORERÍA GENERA DE LA REPUBLICA DE CHILE

Talca, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece el abogado don Alexis Fabián Castillo Alarcón, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, factor de comercio, RUT RUT reservado, de su mismo domicilio, quien deduce recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Servicio Público del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representado para estos efectos por el Tesorero Regional del Maule don nombre reservado, domiciliados ambos en domicilio reservado, de Talca, por estimar que incurrió en un acto que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, como también lo prevenido en los artículos 8 bis N°3 y 18 del Código Tributario. En base a lo anterior, solicitó que se acoja el recurso y se declare que el Servicio recurrido ha vulnerado las garantías de la contribuyente doña nombre reservado, al disponer la compensación que se reprocha en el recurso, incurriendo en un acto arbitrario e ilegal y, restableciendo el imperio del derecho quebrantado, disponer dejar sin efecto la mencionada compensación y ordenar al Servicio de Tesorerías restituir a la contribuyente, de la forma más expedita, la suma de $2.043.189, debidamente actualizada a la fecha del reembolso, todo lo anterior sin perjuicio de las medidas adicionales que esta Corte estime adoptar, con costas.

Mediante resolución de 6 de noviembre de 2024, se declaró admisible el recurso y se pidió informe al recurrido, quien lo evacuó solicitando su rechazo, por los fundamentos de hecho y de derecho que indica.

Por resolución de 22 de noviembre de 2024, se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso el día 14 de abril último.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como antecedentes de hecho, se señaló por el recurrente que dentro de plazo legal, a través de formulario 22 electrónico folio 50263464, procedió a presentar su declaración de impuestos anuales a la renta correspondiente al año tributario 2024 (comercial 2023). Como resultado del cálculo y liquidación de dichos tributos, en lo que interesa a esta presentación, solicitó una devolución total que, actualizada al 30 de abril del año en curso, alcanzaba a $10.456.375. Añade que, pese a haber sido oportunamente aprobada la referida declaración de impuestos a la renta, no ocurrió lo mismo con la devolución solicitada, pues sólo se aprobó en la suma de $8.413.186, esto es, por un monto inferior en $2.043.189 al originalmente solicitado, sin que se notificara de manera alguna el motivo de dicha deducción.

Expone que el 13 de septiembre de 2024, a través del historial de la señalada declaración de impuestos, se informó que se trataba de una retención originada en la compensación de una supuesta deuda tributaria ordenada por el Servicio de Tesorerías, sin que se especificara cuál era la obligación fiscal que la habría generado, lo que impidió que la contribuyente tomara cabal conocimiento de la situación que le afectaba y que había originado la retención ya señalada. Agrega que, tras reiteradas consultas presenciales y on line, con fecha 25 de septiembre de 2024 se logró que el Servicio de Tesorerías emitiera la documentación certificando el detalle de la operación que se viene examinando y que permitía clarificar la situación tributaria de la Sra. nombre reservado.

Así, se tuvo acceso electrónico al folio de consulta de compensaciones N°972, en el que consta que la compensación antes mencionada se desglosaba de la siguiente forma:

a.- Folio 3820080141, por un monto de $161.149.

b.- Folio 3820080711, por un monto de $322.295.

c.- Folio 4073070662, por un monto de $232.505.

d.- Folio 4405080051, por un monto de $1.327.240.

Junto con esta información, se puso a disposición el certificado de compensaciones electrónico, en el que hay constancia que las supuestas deudas vinculadas a los folios compensados tenían como fecha de vencimiento legal las siguientes: Folio 3820080141, 17 de julio de 2008; Folio 3820080711, 15 de septiembre de 2008; Folio 4073070662, 22 de diciembre de 2007; y Folio 4405080051, 22 de agosto 2008. Además, el 25 de septiembre 2024 se emitió el certificado de deuda 001SD202426967805365, que acredita que doña nombre reservado no registra deuda tributaria, producto de dicha compensación.

En síntesis, sólo con fecha 25 de septiembre de 2024 se informó en detalle a doña nombre reservado que, por disposición del Servicio de Tesorerías, se había procedido a compensar la suma de $2.043.189 correspondiente a los folios ya mencionados de los años 2007 y 2008, reteniendo dicho monto de la devolución a la que la contribuyente tenía derecho de conformidad con el resultado de su liquidación de impuestos anuales a la renta del año tributario 2024, decisión arbitraria e ilegal, carente de sustento jurídico, lo que justifica el acogimiento de la presente acción constitucional cautelar.

Esgrime que tales hechos afectan el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, respecto de los fondos cuya devolución solicitó la recurrente a través de su declaración de impuestos a la renta AT 2024, que corresponden a sumas pagadas en exceso a cuenta de los tributos generados en dicho período fiscal y cuya restitución constituye una garantía de la contribuyente según el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario. Además, la compensación, como medio de extinguir la obligación tributaria, se encuentra específicamente reglamentada en los artículos 6 y 7 del D.F.L. (H) N°1 de 1994, y 177 incisos 4° al 7° del Código del ramo.

No obstante, por tratarse de formas de extinguir una obligación tributaria, debe darse estricto cumplimiento al principio de legalidad tributaria, aquí quebrantado, pues se trata de normas que admiten extraer del patrimonio del contribuyente, ciertos recursos destinados a satisfacer las obligaciones que éste pueda tener para con el ente público. Es por ello que el citado artículo 8 bis N°3 del Código Tributario ha enfatizado que las devoluciones de impuestos deben ser completas, oportunas y actualizadas, pues sólo así se respetará el principio de legalidad y se mantendrá íntegro el patrimonio del contribuyente. Se trata, de un modo excepcional de extinguir la obligación tributaria y así lo ha declarado en fechas muy recientes la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°150.310-2020 y N°12.513-2021.

Corolario lógico de lo que se lleva expresado, resulta ser que la correcta ejecución de la compensación en materia fiscal requiere armonizar los institutos del derecho común, civil o comercial, con aquellos propios de los estatutos tributarios. Por ende, resulta ajustado a derecho sostener que la compensación requerirá, como lo expresa la norma del derecho común invocada por la E. Corte en la sentencia recién citada, que las obligaciones recíprocas que se procederá a compensar en virtud de la autorización legal contenida en la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías y del Código Tributario, deben ser líquidas y actualmente exigibles, y resulta completamente irredargüible que no tienen este último carácter obligaciones tributarias cuyos vencimientos se produjeron entre diciembre de 2007 y septiembre de 2008, es decir, hace ya más de quince años, largamente vencidos todos los plazos de prescripción que reglamentan los artículos 200 y 201 del Código Tributario, sea cual fuere la interpretación que se pretenda de ellos.

A mayor abundamiento, señala que el ejercicio de concordancia obligado que origina la naturaleza de la obligación que se pretende compensar por parte del Servicio recurrido, torna necesario invocar la regla del artículo 8 bis N°18 del Código Tributario, en homenaje al señalado principio de legalidad que impera en este tipo de asuntos. Añade que el legislador ha establecido, como garantía del contribuyente chileno, en la norma recién citada, lo siguiente: “Que, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley”. Agrega que la norma es prístinamente clara al disponer que la garantía se debe considerar “para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso”, de manera que el Servicio de Tesorería se encontraba legalmente obligado a observar estrictamente la norma quebrantada, máxime si se considera que se trata de una autoridad administrativa con competencias en materias de impuestos y que, por lo tanto, se encuentra estrictamente vinculado al ya tantas veces mencionado principio de legalidad.

En definitiva, el Servicio de Tesorerías, al disponer la compensación en estudio en una hipótesis manifiestamente exorbitante a la autorización legal que impera en la materia, ha vulnerado ilegítimamente la garantía constitucional de la contribuyente contemplada por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado mediante una actuación que no puede sino ser calificada como de arbitraria e ilegal, hipótesis que reclama de la protección jurisdiccional que se impetra a través del presente recurso de protección.

SEGUNDO: Que, en su informe, la Tesorería Regional del Maule, expuso que la recurrente, doña nombre reservado, Rut N°RUT reservado, mantiene una deuda con el fisco derivada de formularios 42, emitidos por la Dirección del Trabajo por concepto multas originadas por infracciones a las normas del Código del Trabajo y otras leyes laborales; la que, a esta fecha, no registra saldo moroso. Añade que dicha deuda fue ejecutada en proceso de cobro en el Expediente Administrativo Rol N°2000-2009 de la comuna de Talca. De acuerdo a los antecedentes existentes en el Expediente Administrativo que motivaron –en parte– la presente acción cautelar, el 14 de diciembre de 2009 se procedió a notificar por cédula a la ejecutada de autos y se embargó inmueble de su propiedad, el que no pudo inscribirse porque ya había sido transferido a un tercero.

Esgrime que el recurso es inadmisible toda vez que el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero. Al efecto, cita y reproduce los artículos 30 y 35 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado e indica que este procedimiento se encuentra regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Asimismo, otorga competencia al Tesorero para conocer de estas causas actuando como Juez Sustanciador, el que “despachará mandamiento de ejecución y embargo, mediante una nómina que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza de proceso” (arts. 169 y 170 del Código Tributario).

Expresa que consta del expediente administrativo Rol N°2000-2009 de la comuna de Talca, que las deudas por concepto de multas cursadas por la Dirección del Trabajo a doña nombre reservado, Rut N°RUT reservado, que han sido cobradas por el Servicio de Tesorerías deque deriva la compensación efectuada, se encuentra sometido al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero contemplado en el Título V, Libro III del Código Tributario, que establece las acciones, excepciones, alegaciones y defensas que pueden oponer los deudores demandados. En este procedimiento ejecutivo los ejecutados pueden oponerse a la ejecución y deducir las excepciones que correspondan y, en último término, serán los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronunciarán sobre las excepciones deducidas y ordenarán seguir adelante o no con la ejecución.

Asimismo, existen recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar el conflicto, previstas en varias disposiciones del procedimiento de cobro, entre ellas, se pueden mencionar: a) el artículo 177 inciso 3° del Código Tributario señala expresamente que el Tesorero Provincial en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, dictará las resoluciones que procedan para corregir los errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro; b) el artículo 190 del Código Tributario señala que las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Provincial con informe del Abogado Provincial el que será obligatorio para aquel; c) el inciso 2° del referido artículo 190 y el artículo 2° del Código Tributario hacen aplicable a este procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, las normas contenidas en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en lo no previsto por este Código y en lo que fuere compatible con el carácter administrativo de este procedimiento; d) la oposición a la ejecución del artículo 176 del Código Tributario; e) no obstante ser restringido el número de excepciones en los juicios ejecutivos tributarios, conforme lo establece el artículo 177 del mismo cuerpo legal, las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil quedan siempre reservadas al ejecutado para el juicio ordinario correspondiente; y por último el artículo 193, de acuerdo con el cual los contribuyentes podrán reclamar ante el Abogado Provincial de las faltas o abusos cometidas en la tramitación del procedimiento.

De esta forma, como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios; el reconocimiento de un derecho sólo puede impetrarse mediante el ejercicio de las acciones y en el procedimiento que establece la ley, de tal manera que el derecho reclamado por el recurrente, de encontrarse afectado, está protegido por los mecanismos preestablecidos por el legislador. En consecuencia, resulta improcedente atacar por la vía de esta acción constitucional incidencias que pudiesen ocurrir en el cobro ejecutivo por formularios girados y vigentes del Servicio de Impuestos Internos. En este mismo sentido, cita sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, de 17 de julio de 2014, dictada en autos Rol Nº 13.325-2014, que revocó un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Refiere que consta en el expediente administrativo señalado, que la ejecutada fue debidamente notificada y que, en la eventualidad que estimara que no fue debidamente notificada, podría haber realizado su reclamación de conformidad con el procedimiento establecido para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, por la supuesta falta de emplazamiento. En cuanto a que los folios respectos de los cuales operó la compensación, habrían estado prescritos, aduce que no existe sentencia definitiva que así lo haya declarado e indica que la prescripción se encuentra establecida en nuestro ordenamiento en función de la necesidad de dar estabilidad y certeza jurídica; fundamentada, además, en la presunción del abandono o renuncia del derecho cuyo titular no lo reclama o ejercita.

De conformidad al artículo 2.492 del Código Civil, la prescripción extintiva o liberatoria, es aquel modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido durante un lapso de tiempo determinado, concurriendo los demás requisitos legales. En este sentido, hace presente que para que opere la prescripción no basta el solo transcurso del tiempo establecido por la ley, sino que ésta debe ser alegada y declarada por tribunal competente, declaración que hasta la fecha en la que operó la compensación, no ha ocurrido.

Aduce que el recurso de protección es una acción extra proceso y su procedencia discurre sobre la base que no exista un procedimiento jurisdiccional preestablecido en el ordenamiento jurídico que resuelva la contienda en forma inmediata, resultando eficaz solo cuando no hay una acción directa, sea ordinaria o especial para la tutela de los derechos que se alegan como agraviados.

De otro lado, sostiene que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal, por parte del Servicio de Tesorerías, principalmente por la normativa aplicable a la compensación y que habría generado la interposición de recurso, actuación que ha sido reconocida como válida por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia y principalmente por la Excma. Corte Suprema.

Al efecto, asevera que la compensación de deudas del contribuyente es una facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco y que, además de estar contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, debe de concordarse con el artículo 1.656 del Código Civil que dispone que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles. En el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia, toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito, referido a la exigibilidad de ambas deudas, estima que se cumple por cuanto a la data en que operó la compensación se encontraban vigentes y en tramitación, no habiéndose dejado sin efecto las obligaciones (ya sea por prescripción u otro modo de extinguir), por ende, los giros en cuestión estaban en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas reciprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

En este punto, hace presente que el ejercicio de esta facultad -establecida en la ley-, se encuentra fundamentada no sólo en la facultad de cobro del N° 2 del artículo 2° y en el artículo 6°, del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, sino también en el artículo 35 del DL 1.263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, donde y como señala esta última norma “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.”.

En el mismo sentido anterior y con el fin de exponer y reafirmar esta ausencia de un actuar arbitrario e ilegal de este modo de extinguir las obligaciones, cita el fallo de fecha 6 de noviembre de 2023, de la Excelentísima Corte Suprema, dictado en causa Rol N°195.318-2023.

Lo anterior, viene a confirmar lo expuesto en puntos anteriores, reiterando que la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, citándolo resuelto en este sentido en sentencia de 16 de mayo de 2023, dictada en causa Rol N°134.274-2022 de la Excma. Corte Suprema; y en causa Rol 2405-2023, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que fuera confirmado con fecha 12 de septiembre de 2023, por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 210.523-2023.

En consecuencia, el supuesto acto catalogado como arbitrario e ilegal en el recurso, efectivamente puede ocurrir y de acontecer, no puede ser catalogado ni de ilegal ni arbitrario, pues sólo sería el ejercicio de una facultad establecido en el Título V del Libro III del Código Tributario, en relación al artículo 35 del DL 1.263 y en el mencionado Estatuto Orgánico de nuestra Institución.

Para la procedencia del Recurso de Protección, se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. Añade que los antecedentes tenidos a la vista, de manera alguna constituyen elementos de convicción para estimar acreditado que en el caso que motiva el presente recurso de protección exista alguna perturbación ni un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por ende, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse acreditado sus fundamentos.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Además, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no reúne tales características, la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos ordinarios declarativos que el legislador ha establecido al efecto.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto por las partes, la controversia planteada en autos radica en la procedencia de la compensación efectuada por el Servicio de Tesorerías, por la suma de $2.043.189, respecto de la devolución de impuestos solicitada por la actora, puesto que ésta última aduce que se trata de una acto ilegal y arbitrario, pues se sustentaría en obligaciones prescritas; mientras que el Servicio recurrido sostiene que sólo hizo efectivo una facultad legal que le estaba permitida por cuanto no se ha declarado judicialmente dicha prescripción.

En consecuencia, no se trata de un derecho indubitado que un tercero vulneró por vías de hecho, sino que de un conflicto jurídico que corresponde ser resuelto mediante las acciones ordinarias que la ley prevé, en un proceso declarativo y de lato conocimiento, lo que excede la naturaleza de esta acción cautelar, por lo que procede desestimar el recurso de protección impetrado en autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por el abogado don Alexis Fabián Castillo Alarcón, en representación de doña nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- No se condena en costas al recurrente, por estimar que accionó con fundamento plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N°2089-2024/ Protección.

Se deja constancia que no firma el Ministro suplente don Ricardo Riquelme Carpenter, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar concluida la suplencia.