MARCELA MARLEN ESCOBAR VILLEGAS TRANSPORTES AQUAPARK EIRL con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DIRECCIÓN

Talca, diez de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece nombre reservado, factor de comercio, cedula nacional de identidad RUT reservado, en representación de Marcela Marlen Escobar Villegas Trasportes Aquapark E.I.R.L., RUT: RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Servicio de Impuestos Internos, nombre reservado, RUT: RUT reservadorepresentada legalmente por su Jefe Subrogante nombre reservado nombre reservado, ignoro profesión, cedula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario ejecutado por el Servicio de Impuestos Internos nombre reservado ya individualizado, por la afectación de las garantías constitucionales antes reseñadas de la Constitución Política de la República específicamente el numeral 16° del artículo 19 esto es “La libertad de trabajo y su protección”, y que afecta directamente al numeral 21º del artículo 19 de La Constitución Política de La República, esto es, “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”; al numeral 22 “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”.

Relata que la empresa que representa realiza transportes de carga a terceros, y además contrata servicios de transportes a otros para cumplir las metas y expectativas de los clientes. En ese contexto, ha solicitado los servicios a la empresa Transportes del Maule SPA, RUT: RUT reservado, representada por nombre reservado, cedula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado. Dicha empresa, al momento de facturar los servicios prestados a su empresa, no cumplió con los requisitos señalados en las ordenanzas del Servicio de Impuestos Internos, entre aquellas, la no emisión de guías de transportes, y no dar por pagadas una serie de facturas que su empresa pago en dineros en efectivo, señalando que la empresa Transportes del Maule SPA no pagaba los impuestos al valor agregado, y no dio por pagadas las facturas emitidas a su empresa Aquapark E.I.R.L. Con posterioridad y encontrándose fuera de todo plazo legal, la empresa Transportes del Maule SPA, representada por nombre reservado, con fecha 15 de abril del año 2024, procedió a emitir una declaración jurada ante Notario Público Hernán Pablo Ormeño Quezada, Interino de la 2º Notaria de San Carlos, que en su parte medular señala: “MARCELA MARLEN ESCOBAR VILLEGAS TRASPORTES AQUAPARK E.I.R.L., RUT: RUT reservadonada adeuda a la fecha”.

Indica que lo señalado en el párrafo anterior, produjo que el Servicio de Impuestos Internos nombre reservado bloqueara la empresa de su propiedad Marcela Marlen Escobar Villegas Trasportes Aquapark E.I.R.L., RUT: RUT reservado, lo que en definitiva deja a su empresa sin poder facturar y dar continuidad al giro de transportes de cargas, vulnerando derechos constitucionales, siendo a la fecha de esta presentación el periodo de más de 60 días sin poder realizar las actividades propias del giro. Por otra parte, su empresa no mantiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago, no adeudando ningún tributo a la fecha. Siendo nombre reservado actualmente la jefa Subrogante de la nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos, es que se hace necesario presentar ese Recurso por Vulneración de Garantías Constitucionales ya reseñadas. Por otra parte, La Empresa Comercializadora Esperanza Sur SPA, RUT: RUT reservado, y la Empresa Comercial Multifood SPA, RUT: RUT reservado, con fecha 24 de septiembre del 2024, comunicaron por correo electrónico a su empresa lo siguiente: “nos vemos en la obligación de dar término de la prestación de servicios de su empresa por recomendación de nuestro asesor tributario y por recomendación del Servicio de Impuestos Internos por estar incluido en la nómina de contribuyentes agresivos y con obligaciones pendientes con el Servicio de Impuestos Internos”.

Finalmente señala que nombre reservado actualmente la jefa Subrogante de la nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos ha cometido un acto arbitrario e ilegal al no autorizar a su empresa la emisión de guías de despachos, facturas, notas de créditos y en general todos instrumentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica, provocando un daño directo al patrimonio, y un daño emergente al no poder concretar la suscripción de contratos de prestación de servicios por falta de autorización para emitir los documentos legales necesarios, y al emitir alertas a los contribuyentes de no recomendar la contratación de servicios de su empresa Marcela Marlen Escobar Villegas Transportes Aquapark E.I.R.L.

Expone los derechos fundamentales que denuncia vulnerados, que se encuentra dentro de plazo y pide la condena en costas procesales y personales de este recurso.

Pide, acoger el Recurso de Protección intentado, declarando que se debe restablecer el imperio del derecho, ordenando la obligación de emitir y autorizar la emisión de guías de despachos, facturas, notas de crédito, y en general todos los instrumentos necesarios para el ejercicio de las actividades propias del giro de su empresa, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que la recurrida evacúa el informe, compareciendo nombre reservado, director regional de la VII Dirección Regional Talca del Servicio de Impuestos Internos quien solicita, el rechazo de la acción de protección interpuesta.

Previo a abordar los fundamentos en mérito de los cuales la acción intentada debe ser rechazada, señala algunos antecedentes relativos a la situación tributaria del contribuyente, a fin de centrar correctamente la controversia de autos, evitando incurrir en explicaciones y análisis que no se vinculen estrictamente con los hechos denunciados, indicando que la recurrente, Marcela Marlen Escobar Villegas Transportes Aguapark EIRL, registra domicilio desde su inicio de actividades, en Quinta San Ramón S/N°, Linares e informa como representante legal a su única socia, nombre reservado, RUT RUT reservado. De acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (en adelante, “SICT”), la contribuyente, se constituyó como persona jurídica con fecha 22/12/2016, realizando Inicio de Actividades ante este Servicio con fecha 23/12/2016. La contribuyente, registra las siguientes actividades: 1) Servicios Relacionados Con La Pesca Marítima; 2) Preparación Del Terreno; 3) Venta Al Por Mayor De Materias Primas Agrícolas; 4) Transporte De Carga Por Carretera. Conforme ha indicado, la recurrente fundamenta su presentación por cuanto señala que el SII le estaría impidiendo facturar, todo ello en razón de un supuesto problema que habría tenido con la empresa Transportes del Maule SPA. En relación a lo anterior, indica que no resulta efectivo que la recurrente se haya visto impedida de facturar en los términos que indica en la acción de protección incoada, esto es, que por un período superior a 60 días, se haya visto impedida de ejercer su actividad económica. Al respecto, la recurrente desde el año 2021 registra 11 declaraciones mensuales observadas bajo el código W39, esto es, “Control precautorio a contribuyentes que realizan compras a proveedores con situación tributaria irregular”, correspondiente a los periodos 01/2021, 02/2021, 06/2021, 07/2022, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, y 11/2023; además de registrar la observación W01, la cual implica que “El IVA débito fiscal declarado por la contribuyente en sus Formularios 29, por conceptos de facturas de ventas emitidas del giro y no del giro, nota de débitos y créditos emitidas, liquidación y liquidación factura, es inferior al IVA débito fiscal registrado en su Registro de Ventas” por el periodo 06/2024 y observación FM 01, consistente en que “El remanente de crédito fiscal del mes anterior declarado en código [504] del Formulario 29, es inconsistente con el remanente de crédito fiscal declarado en el período tributario anterior en código [77] del Formulario 29”, por el periodo 07/2024. Además, en cuanto a sus declaraciones anuales, se informa que sus declaraciones de nombre reservado (AT) 2022 y 2023, se encuentran observadas y es No declarante respecto del AT 2024. En razón de lo anterior, se registró, en las bases de datos de este Servicio, la anotación causal 52, “Preventivo Del Jefe Del Departamento”, de fecha 01/03/2024. Posteriormente, con fecha 04/03/2024 se efectuó un programa de Revisión de Cumplimiento denominado “Priorizados Emisores Agresivos”, el cual fue asignado al grupo de fiscalización de la nombre reservado de este Servicio. Así, del análisis de la información tributaria y luego de la verificación de actividad efectuada con fecha 04/03/2024, se registró la anotación causal 4112, de fecha 09/04/2024 por concepto de “emisor y receptor con antecedentes y documentos tributarios emitidos por justificar”; acotándose que ambas anotaciones 52 y 4112, no impiden la emisión de documentos electrónicos, sino que solamente cambia la modalidad de solicitud de tales documentos, debiendo efectuarse a través de petición administrativa.

Alega que no es efectivo que las anotaciones de la recurrente le impidan la emisión de documentos electrónicos, sino que conforme a las facultades legales establecidas para ese Servicio y que más adelante se detallarán, lo que se ha hecho es modificar la forma de solicitud de tales documentos, de manera de permitir a esta entidad llevar un control efectivo de ellos. Así, para poder emitir un documento electrónico, la contribuyente, recurrente en estos autos, debe solicitar en forma previa vía Petición Administrativa a través de la página Web del SII, la autorización de folios de documentos electrónicos, los que luego le son otorgados por este Servicio. En efecto, bajo la modalidad antes descrita, la recurrente ha solicitado autorización de folios en cinco oportunidades, cuyo detalle es el siguiente:

• Petición Administrativa folio 77324786071 de fecha 28/03/2024, en la que se le autorizó 5 folios de Facturas Electrónicas.

• Petición Administrativa folio 77324891443 de fecha 22/05/2024, en la que se le autorizó 3 folios de Facturas Electrónicas • Petición Administrativa folio 77324959294 de fecha 20/06/2024, en la que se le autorizó 5 folios de Facturas Electrónicas.

• Petición Administrativa folio 77324018865 de fecha 18/07/2024, en la que se le autorizó 10 folios de Guías de Despacho y 5 Notas de Crédito Electrónicas.

• Petición Administrativa folio 77324228555 de fecha 23/10/2024, en la que se le indicó que debía adjuntar cédula de identidad y poder notarial para realizar el trámite; lo anterior debido a que la petición la efectuó el abogado de la recurrente Sr. nombre reservado, RUT RUT reservado, quien no adjunta copia de cédula de identidad como tampoco mandato o poder que acredite la representación para solicitar folios a nombre de Marcela Marlen Escobar Villegas Transportes Aquapark EIRL, RUT RUT reservado

Precisa que el hecho que la recurrente haya solicitado folios para la emisión de documentos electrónicos y esos le hayan sido otorgados demuestra precisamente que este Servicio no ha impedido la emisión de los mismos. Ahora bien, con fecha 15/05/2024, la recurrente ingresó Petición Administrativa, folio N° 77324880069, a través de la cual solicitó el levantamiento de anotaciones 4112 y 52, petición que fue respondida mediante Ord. 522, de fecha 06/06/2024, a través del cual se le informó que con los antecedentes aportados no subsanaba las observaciones informadas por este Servicio, por lo que no era posible acceder a su solicitud.

Alega que el recurso de autos debe ser rechazado por extemporáneo. En efecto, el numeral 1 del Auto Acordado de fecha 28.08.2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. Al respecto, según se ha venido indicando no resulta efectivo que la recurrente se encuentre impedida de obtener documentos tributarios, lo cual da cuenta que con fecha 18/07/2024, se le autorizaron 10 folios de Guías de Despacho y 5 Notas de Crédito Electrónicas. Con fecha 31 de julio de 2024 emitió la factura N°348 y recién con fecha 23/10/2024, volvió a solicitar nuevos folios de facturas electrónicas, a lo cual se le informó, lo siguiente: “Debe adjuntar Cédula de Identidad de mandatario, además de poder Notarial”. Expresa que el mismo día, 23/10/2024 ingresó la acción de protección señalando, que: “a la fecha de esta presentación el periodo de más de 60 días sin poder realizar las actividades propias del giro”. Ahora bien, es la propia recurrente quien manifiesta que habrían transcurrido 60 días desde la supuesta afectación de garantías constitucionales por parte de este Servicio, por lo que la acción de protección resulta extemporánea. Sin perjuicio, resulta necesario hacer presente que, es la propia recurrente quien, con fecha 20/06/2024, solicitó por última vez folios de facturas electrónicas, para luego recién volver a requerir folios con fecha 23/10/2024, los cuales no se otorgaron no por el supuesto bloqueo que alega, sino que por no cumplir los requisitos de acreditar el poder o mandato de quien efectuó el requerimiento, siendo informado en dicho sentido, no habiendo sido subsanado este reparo hasta la fecha de presentación de este Recurso de protección. No obstante, aún en el caso que las supuestas conculcaciones de garantías constitucionales denunciadas tuviesen su origen en la anotación causal 52, de fecha 01/03/2024 y en la anotación causal 4112, de fecha 09/04/2024, materias que por cierto no son objeto como tampoco han sido alegadas mediante la acción de protección incoada, el recurso igualmente sería extemporáneo. En efecto, fue la propia recurrente quien, con fecha 15 de mayo del presente año, solicitó el levantamiento de las anotaciones, a la cual se dio respuesta mediante Ord. 522, de fecha 06/06/2024, anteriormente citado. Así, en consideración a que la acción de protección fue interpuesta el 23 de octubre de 2024, el plazo para recurrir de protección había expirado, no dejando lugar a dudas acerca de la extemporaneidad del mismo, toda vez que, queda de manifiesto que el conocimiento que la contribuyente tenía de la existencia de estas anotaciones y sus efectos a la época de dicha presentación y sin lugar a dudas, desde el 06.06.2024, fecha en que se da respuesta a dicha presentación, es decir, con más de 4 meses de anticipación a la fecha de interposición de la presente acción cautelar constitucional. Entender lo contrario implicaría que, los plazos previstos en el citado Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, quedarían en manos de la recurrente y dependería de su sola voluntad, cuestión que pugna con el sistema recursivo nacional y con la institución de la preclusión procesal. Y cita jurisprudencia: Resolución de Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisible, con fecha 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en causa Rol Nº 81839-2014.

Relata la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del SII. Sobre la materia señalar que, para que sea procedente la acción de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones que tengan el carácter de arbitrarios o contrarios a la ley y, producto de aquella ilegalidad o arbitrariedad, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. Al respecto, en el presente caso no ha existido una actuación arbitraria y/o ilegal por parte del Servicio de Impuestos Internos y, por lo tanto, tampoco concurre conculcación de garantía fundamental alguna, conforme pasamos a exponer a continuación. En ese sentido, cabe tener presente que, como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 6 de la Constitución Política de la República; y transcribe, además, el artículo 7 de la Constitución; artículo 2 de Ley 18.575; artículo 6 del Código Tributario; artículo 1º de Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. De las disposiciones señaladas, se desprende que este Servicio tiene las facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente, por ende, al utilizar las competencias que la Constitución y las leyes prescriben mediante los procedimientos que éstas establecen, no actúa con abuso ni arbitrariedad, cuando su fin es la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.

En relación con la alegación de la recurrente en cuanto a que no se le habría autorizado la emisión de guías de despachos, facturas, notas de créditos y, en general, los documentos electrónicos necesarios para el desarrollo de la actividad económica, indicando, que no ha existido el supuesto bloqueo que alega la recurrente, ya que con fecha 20/06/2024, solicitó por última vez folios de facturas electrónicas, habiéndosele otorgado 5 folios; luego con fecha 18/07/2024, se le autorizaron 10 folios de Guías de Despacho y 5 Notas de Crédito Electrónicas; y, finalmente volver a requerir folios de facturas electrónicas, recién con fecha 23/10/2024, los cuales no se otorgaron, ya que el peticionario no cumplió los requisitos de acreditación del poder o mandato por el cual actuaba, lo que no fue oportunamente subsanado. Por su parte, las anotaciones causales 52 y 4112, como fuera indicado, no impiden la emisión de documentos electrónicos, sino que, únicamente producen un cambio en la modalidad de obtención de folios para emisión de documentos tributarios electrónicos, debiendo el contribuyente, en este caso, previamente solicitar vía Petición Administrativa a través de la página Web del SII la autorización de folios de documentos electrónicos, que es la forma en la cual la recurrente ha obtenido los folios de los documentos, conforme se ha venido señalando. En ese sentido, con el objeto de dotar de efectividad a las prerrogativas señaladas precedentemente, la Ley ha conferido a este Servicio diversas facultades de fiscalización, garantizando el debido cumplimiento por parte de los contribuyentes, tanto de la obligación tributaria principal, que es el pago de los tributos, como del cumplimiento de las obligaciones accesorias. De esa forma, y en el ejercicio de su potestad normativa, de acuerdo con las facultades otorgadas por los artículos 6°, letra A), N°1, del Código Tributario; y 7°, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; el Director, a través de diversos Oficios, ha dispuesto que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, siendo, por tanto, pertinente contar con anotaciones referidas a – por ejemplo- querellas o denuncias por delitos tributarios, como medio de resguardo necesario para el adecuado cumplimiento de las tareas de fiscalización que desarrolla, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda. Esas anotaciones, en consecuencia, son una clara manifestación del ejercicio de las facultades generales de fiscalización, previamente citadas; unidas a la facultad consagrada en el artículo 2°, del D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación, que señala: “La confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos”; agregando el D.F.L. N°3, recién citado: “Que es necesario establecer un sistema que permita identificar a todos los contribuyentes del país y mantener un control del cumplimiento tributario, a fin de propender a su mejoramiento; Que una adecuada identificación de los contribuyentes permitirá darles una mejor atención en sus relaciones con los Servicios de Impuestos Internos y Tesorerías, ya que se podrán simplificar y agilizar los procedimientos administrativos; Que con el sistema que se establece se pretende lograr una mayor justicia tributaria, mediante el control de los contribuyentes que no dan cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por las leyes, lo que, además, permitirá incrementar la recaudación”.

Al efecto, expresa que esas anotaciones son registradas en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), aplicación informática del Servicio, cuyo principal objetivo es apoyar las tareas institucionales de fiscalización. Al respecto, acota que, el legítimo ejercicio de esta facultad (a saber, registro de anotaciones) ha sido reconocido, reiteradamente, por los Tribunales de Justicia, y cita jurisprudencia; sentencia, de 06.07.2018, dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en autos Rol N° 3.301-2017; Sentencia, de 30.05.2019, dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol N° 22.554-2019. En este sentido mismo sentido, cita la Circular N°12 de 17 de febrero de 2021, Art. 8 bis N°16 y fallos Roles 300-2024; 301-2024 y 302-2024 (Corte Apelaciones de Arica) y Roles 51625-24; 51626-24 y 51627-24 de la Excelentísima Corte Suprema, que confirmaron los anteriores. Tal situación, sigue la misma premisa al caso en concreto, en donde las anotaciones 52 y 4112, también tienen una finalidad preventiva.

En definitiva, alega, que no resulta efectivo lo relatado por la recurrente en cuanto a que no se le se le habrían autorizado la emisión de los documentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica, ya que en todas las oportunidades en las cuales ha solicitado válidamente el otorgamiento de folios para la emisión de documentos electrónicos tributarios, éstos le han sido otorgados, documentos se le han otorgado folios, con la excepción de solicitud de fecha 23/10/2024, en la que no se acreditó el mandato con el que actuaba el peticionario. Concluye que ese Servicio no ha impedido o restringido de forma ilegal o arbitraria la emisión de documentos tributarios electrónicos, sino que, únicamente ha cambiado la forma de obtención de estos folios.

Sobre la alegación que ese Servicio habría recomendado dar término a la prestación de servicios, señalar que, ese Servicio, no se encuentra autorizado para hacer recomendaciones a los contribuyentes. A mayor abundamiento, indica que, las compañías a las que se hace referencia no pertenecen a la jurisdicción de la VII Dirección Regional Talca del SII o de alguna de sus unidades. En efecto, Comercializadora Esperanza Sur SPA, RUT: RUT reservado, informa domicilio en domicilio reservado, perteneciente a la jurisdicción de la Dirección Regional Concepción del SII. A su vez, Comercial Multifood SPA, RUT: RUT reservadoinforma domicilio en domicilio reservado, perteneciente a la jurisdicción de la Dirección Regional Puerto Montt del SII. Conforme a lo señalado, y en consideración a las reglas de la sana crítica y en especial a las máximas de experiencia, resulta altamente improbable que esta Dirección Regional pudiese haber efectuado una recomendación en los términos planteados a contribuyentes de otras ciudades y jurisdicciones. Sin perjuicio de lo anterior, y aún en el improbable caso que los contribuyentes hubiesen planteado la supuesta “recomendación” que habría efectuado este Servicio, cabe señalar que, aquello constituiría solamente dichos de terceros que no se sustentan en situaciones verídicas. En definitiva, no resulta efectivo que este Servicio hubiese efectuado recomendación alguna en torno a dar término a la prestación de servicios de la recurrente respecto de las compañías anteriormente señaladas.

Considera que hay inexistencia de afectación de garantías constitucionales infringidas. De acuerdo con lo expuesto en su acción, la recurrente alega afectación de las de garantías constitucionales contenidas en articulo 19 N°16, N°21 y N°24, amparadas por el recurso de protección, todas las que, corresponden a vulneraciones que no son tales.

1.- Inexistencia de afectación a la garantía establecida en el artículo 19 n°16 de la constitución política de la república.

El artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República establece que la Constitución asegura a todas las personas: “La libertad de trabajo y su protección”. Al respecto, pese a que la recurrente no ahonda ni explica de qué manera esa garantía ha podido verse afectada, lo cierto es que tal afectación ciertamente no existe, además, de tener la norma en cuestión un sentido y alcance distinto al pretendido por la actora. En efecto, la garantía en comento dice relación con la libertad para elegir un trabajo, sin discriminación y sin prohibiciones en la medida que no atente dicho trabajo en contra de la moral, la seguridad, la salubridad pública y el interés nacional. Así, no se aprecia acción u omisión de este Servicio que pudiese afectar el derecho de la recurrente para la libre contratación y la libre elección de un trabajo en particular, más aún cuando el único hecho denunciado, esto es, el no otorgamiento de documentos tributarios no resulta efectivo, toda vez que, según se ha expuesto latamente, a la contribuyente se le han autorizado los documentos tributarios solicitados, no existiendo amenaza, privación o perturbación de la garantía constitucional invocada.

2.- Inexistencia de afectación a la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. De acuerdo con esta garantía fundamental, la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Dicho derecho se traduce en que “toda persona, sea esta persona natural o jurídica, tiene la facultad de iniciar y mantener con libertad cualquiera actividad lucrativa en las diversas esferas de la vida económica, garantizando, por consiguiente, la normativa constitucional, entre otras actividades, la realización de actividades productivas, de servicios y de comercialización de todo tipo de bienes bajo dos grandes condiciones: la primera, que la actividad a realizar no sea considerada en sí misma ilícita, y lo son solo las que la Constitución menciona genéricamente, esto es, las contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, y la segunda, que la actividad económica a realizar se ajuste a las normas legal es que la regulen” (Citado por el Tribunal Constitucional, Rol N° 280, 20.10.98, Considerando 22°). En relación con la supuesta vulneración de esa garantía constitucional, la recurrente no argumenta acerca de cómo ésta se habría producido. No obstante, lo cierto es que no se le ha impedido de forma alguna el desarrollo de su actividad, ya que, el hecho de haber solicitado folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos y que éstos le hayan sido otorgados, demuestra precisamente que, no ha existido afectación o conculcación de la garantía constitucional invocada. Las anotaciones obedecen a un comportamiento negligente del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, limitándose autónomamente su derecho. Por otra parte, se debe tener presente que, no resulta efectivo que, como consecuencia del actuar del Servicio se haya afectado su actividad económica, como explica:

a.- La anotación causal 52, en materia de autorización de folios para la emisión de documentos tributarios, no establece una suerte de prohibición, sino que simplemente una forma de comunicación distinta entre el contribuyente y el Servicio, ya que deberá concurrir presencialmente o solicitar por petición administrativa que se le autorice un número determinado de documentos tributarios, lo cual constituye la manera en la que ha operado la recurrente.

b.- En el caso de la contribuyente, ésta a partir de la fecha de registro de la anotación causal 52, en el mes de marzo del presente año, ha solicitado autorización de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos en 5 oportunidades y, en todas ellas, tales Folios le han sido otorgados.

Así las cosas, estima, la pretendida conculcación de la garantía constitucional establecida en el art. 19 N°21 de la Constitución, carece de todo fundamento, por cuanto, el contribuyente no se ha visto privado del derecho a desarrollar su actividad económica, y que podría justificar la ausencia de toda fundamentación de hecho por parte de la recurrente en cuanto a la supuesta afectación que invoca. Por tanto, en la especie, no resulta efectiva la pretendida vulneración del derecho consagrado en el N° 21, del artículo 19.

3.- Inexistencia de afectación de la garantía del artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República. En relación con la supuesta vulneración de esta garantía constitucional, que dice relación con el derecho a “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica” ocurre exactamente lo mismo que la garantía precedente, esto es, el recurrente no señala en concreto cómo ésta se habría producido. Por otra parte, la garantía en cuestión no prohíbe la discriminación, sino que, prohíbe la discriminación “arbitraria”, esto es, aquella que no tiene fundamento alguno y aparece como un acto caprichoso del Estado o de sus organismos. En el presente caso, el SII no ha discriminado de manera alguna a la contribuyente, en particular por cuanto no es efectivo que no hubiese autorizado los documentos tributarios solicitados, como latamente se ha indicado, por lo que no existe acción ilegal o arbitraria que pudiese generar algún tipo de discriminación arbitraria, considerando especialmente que se trata de una medida de carácter provisional que, se adopta respecto de contribuyentes que se encuentren en la misma situación o en alguna análoga a la de la contribuyente recurrente de autos, y que además, estas medidas serán dejadas sin efecto en la medida que la propia contribuyente regularice su situación tributaria, sin que ello haya significado en caso alguno, un impedimento 0o traba para el desarrollo de su giro o actividad económica.

Pide, tener por evacuado el informe y que la presente acción sea rechazada, por las siguientes consideraciones:

1.- La acción de protección se ha presentado de forma extemporánea, debiendo ser rechazada.

2.- Este Servicio ha actuado en uso de sus facultades, bajo el amparo de la Constitución y las Leyes y, en consecuencia, no ha incurrido en ninguna omisión o actuación, que tenga el carácter de arbitraria o ilegal, ni que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el recurrente reclama.

3.- No son efectivos los hechos en que se funda el presente recurso, toda vez que este Servicio ha otorgado documentos tributarios a la recurrente, cada vez que lo ha solicitado vía petición administrativa.

4.- No se han conculcado las garantías constitucionales que se indican como infringidas.

TERCERO: Que la acción constitucional de protección tiene por objetivo cautelar los derechos fundamentales frente a actos u omisiones, arbitrarias o ilegales que vulneren tales derechos. En el presente caso los derechos resguardados en los numerales 16, 21 y 22 del Artículo 19 de la Carta Fundamental, es decir, el derecho a la Libertad de Trabajo, el derecho a cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; y el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

CUARTO: Que, respecto a la extemporaneidad alegada, la recurrida señala que las anotaciones causales que dan cuenta de la eventual infracción son de fecha1 de marzo de 2024 y 9 de abril de dicho año. Y aun considerando la respuesta por Oficio de fecha 6 de junio de 2024, teniendo presente que el recurso de protección fue interpuesto con fecha 23 de octubre de 2024.

Sin embargo, y como se ha expresado reiteradamente, que respecto de ciertos actos que impiden ejercer derechos, ellos no pueden ser ponderados sólo desde el acto en sí, como sería una negativa o bloqueo, toda vez que los efectos que dañan o vulneran los derechos fundamentales pueden ser permanentes, como es el caso que se alega en este recurso, por lo que no puede acogerse la extemporaneidad alegada, sin entrar al análisis del fondo del recurso, toda vez que, en lo expuesto, de existir vulneración de derechos, ello ha tenido efectos permanentes.

QUINTO: Que respecto del fondo, se debe recordar que el presente es una acción extraordinaria, de carácter constitucional, que tiene por objetivo cautelar derechos y no declararlos, por lo que desde un inicio del presente recurso, el derecho amparado debe ser indubitado.

En efecto, el derecho que se alega debe ser indubitado por cuanto esta instancia constitucional excepcional no es la vía para declarar o constituir derechos, toda vez que no posee etapa probatoria y no es la vía ordinaria, por lo tanto, con el mérito de los antecedentes allegados, debe constatarse la existencia del derecho indubitado, lo cual será sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sede ordinaria correspondiente.

De esta forma, no consta la existencia, al momento de la vista del recurso, del bloqueo que alega la recurrente como hecho fundante de la acción constitucional, como tampoco consta la existencia de un derecho indubitado que este siendo vulnerado en la forma en que señala la recurrente.

Así, no constando la existencia de un derecho indubitado, ni constando tampoco los hechos constitutivos de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, el presente arbitrio constitucional deberá desestimarse.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RESUELVE:

I.- QUE SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad;

II.- QUE SE RECHAZA el recurso de protección de lo principal de folio 1, sin costas del recurso por haber tenido motivo plausible para recurrir y no haber sido totalmente vencido.

Redactó el ministro Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2075-2024 Protección.

Se deja constancia que no firman la ministra (S) doña Christiane Ibarra Stech y la abogada integrante doña Daniela Jarufe Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, la primera, por haber concluido su suplencia y, la segunda, por no detentar el cargo durante este periodo.