nombre reservado con nombre reservado

108 Talca, cinco de enero de dos mil veintidós.

Visto:

1°) Comparece en recurso de protección como recurrente, don Hernán Eduardo Muñoz Maya, abogado, domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y como recurridas, doña nombre reservado y doña María Elena Ortiz Cornejo, ambas con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido a su entender en actos ilegales y arbitrarios que afectan gravemente garantías constitucionales descritas en la Constitución Política de la República.

Funda su pretensión en los términos que se transcriben:

I.- Antecedentes de las acciones que originan el recurso.

1.- Para los efectos de establecer el plazo para recurrir y la necesidad de la vía de protección, refiero que actuación ilegal y arbitraria, que se denuncia en este acto a V.S.ILTMA, se produce en resolución dictada con fecha 24 de junio de 2021 en causa RIT- C- 760-2020, de Tribunal de Familia de Curicó, que ordena notificar a las partes a través de sus apoderados, vía correo electrónico, sin perjuicio del estado diario. La segunda actuación ilegal y arbitraria, que se denuncia y somete a consideración en este acto a V.S.ILTMA ocurre en causa de cumplimiento “Sobre Relación Directa y Regular”, caratulados “nombre reservado”, RIT Z- 752-2019, en que bajo el Folio 219, y con fecha 29 -05-2021 se incorpora resolución en la carpeta judicial electrónica, que ordena notificar a las partes a través de sus apoderados, vía correo electrónico, sin perjuicio del estado diario, por lo que el presente recurso está dentro del plazo que establece el Auto Acordado 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, para recurrir. En la base de toda la problemática que se somete a consideración de V.S.Iltma, se encuentra la resolución dictada con fecha 05 de diciembre de 2019, por Juez doña ANDREA DIAZ VEGA en causa RIT P-783-2019, de Tribunal de Familia de Curicó, seguida entre las mismas partes, en la que habiéndose producido una conciliación que reproduce la relación directa y Regular de causa RIT T-43-2019, establece otras modificaciones, tales como domicilio de mi representada en Santiago, forma de retiro y entrega de la niña, entre otras. Es en esta oportunidad que tal como lo señalo en el cuerpo de esta presentación que juez doña Andrea Diaz Vega declara la comaternidad de la niña, de manera absolutamente arbitraria e ilegal, contraviniendo las disposiciones legales vigentes y atentando contra los derechos fundamentales de mi representada. Declara de manera absolutamente arbitraria y con oposición de esta parte, como madre a la ex conviviente civil, demandante de causa doña nombre reservado, otorgándosela, sin que exista causa de pedir, ni juicio en que se discuta la filiación, respecto de la niña que hoy tiene la identidad de nombre reservado.

En virtud de resoluciones, abusivas y contrarias a la ley, la misma Corte Suprema ha determinado que existe una falta, abuso o arbitrariedad, cuando los tribunales en el ejercicio de sus funciones contravienen a la ley o la constitución, cuando tal conducta afectan las normas procesales que regulan la materia, cuando lo decidido afecta alguna de las garantías constitucionales o cuando al momento de dictar la sentencia los jueces no cumplen con las obligaciones que constitucionalmente se les imponen.

Lo decidido por los jueces no se ajusta a lo dispuesto a la legislación que regula la materia, lo que la torna en ilegal las resoluciones, como ha ocurrido sistemáticamente en las causas que hoy son objeto de esta presentación. Han beneficiado tanto a la parte contraria llegando incluso a desconocer antecedentes y pruebas aportadas por esta parte, tales como constancias personales efectuadas ante Carabineros de Chile, publicaciones de doña nombre reservado en sitio web de Revistas Lésbicas de Chile Burdas.cl y en las españolas cuyo sitio web es madreslesbianas.com, sitio web mirales.es, y sitio web Revista la Oveja Rosa entre otras. Han llegado a la convicción las jueces recurridas, que el incumplimiento que denuncié no existe y lo que es inaudito a esta parte, que no se aprecia ninguna afectación de derechos a mi parte, ni a su hija, al considerar respecto de esta última que no se ha individualizado, ni practicado publicaciones respecto de ella. Expuse en este escrito, que basta que se acceda a los sitios web y de redes sociales de esa revista y de doña nombre reservado, para dar por acreditado el incumplimiento de la contraria.

Ninguna de las jueces recurridas, se ha planteado la ilegalidad de la declaración de comaternidad esa causa, que ha servido de bandera de lucha a doña nombre reservado. Han omitido en sus resoluciones esta ilegalidad, y han proseguido con la tramitación de esta causa, reconociendo derechos a doña nombre reservado, en contravención a normas de nuestro ordenamiento jurídico, relativas al estado civil y filiación que sólo se cumplen sólo en la persona de mi representada. Han utilizado disposiciones legales del Código Civil y Código de Procedimiento Civil, que reconocen la calidad de madre/padre, y las han aplicado a este caso, llegado incluso a dictar apercibimientos e inclusive multas, basada por ejemplo en artículo 48 de Ley 16.618, normas que aplican sólo a los padres de un niño, requisito sine qua nom que no se cumple en la persona de doña nombre reservado, para luego aplicar el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. El presente recurso se interpone, teniendo presente que los derechos fundamentales, internacionalmente reconocidos por nuestro país , por sobre el derecho interno, y que mientras el acto vulneratorio subsista o se mantenga, es decir, se actualice día a día siendo un hecho inobjetable, no puede restringirse el derecho a la justicia de quienes recurren a ella, más aun considerando que los mismos órganos del Estado o los particulares, que gozan de una situación más ventajosa o de desequilibrado poder pueden subsanar , invalidar o revocar sus propios actos contrarios a derecho, lo cual debe ser ponderado a través de la interposición del presente recurso o acción de protección constitucional, incluso en su propio perjuicio.

Así, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución Política de la República nada precisa en cuanto al plazo de interposición de la acción, ni tampoco confiere una habilitación expresa a nuestra Corte Suprema para limitar su procedencia, el Acta Constitucional N° 3, contenida en el Decreto Ley N° 1552, publicado el 13 de septiembre de 1976, es la que conjuntamente con crear esta acción procesal constitucional, habilitaba a la Corte Suprema para dictar un auto acordado que debía regular la tramitación de este recurso –inciso final, artículo 2°-. De este modo, una vez entrada en vigencia la Constitución Política de 1980, se entendió implícitamente que nuestro máximo Tribunal mantenía dicha atribución, pese a las dudas doctrinarias que siempre han existido, dado que “…la norma constitucional no señaló plazo alguno y no corresponde a un auto acordado establecerlo” (VERDUGO, Mario; PFEFFER, Emilio; NOGUEIRA, Humberto. Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición Actualizada, 1999, pág. 344 En resoluciones dictadas ya aludidas, jueces recurridas incurrieron en actuación arbitraria e ilegal abiertamente atentatoria a los derechos de mi representada y a las normas del debido proceso, e igualdad ante la ley, al desconocer ambas jueces, antecedentes de hecho, de derecho y medios de prueba aportados e incorporados legalmente en la tanto causa RIT- C- 670-2020 como en la causa RIT Z- 752-2019, por esta parte, al punto de coincidir en lo resuelto, al dictar ambas una resolución con una falsa aplicación de los antecedentes del proceso, en la que omitieron y desconocieron sin que exista excusa alguna para ello, los escritos con prueba acompañada y lo que es peor en contravención formal de la ley, la resolución que dictaron, omite el incumplimiento de la parte contraria, debidamente acreditado, lo que implica en los hechos, que una vez más se le favorece, y se le libera de a lo menos recibir un llamado de atención o un juicio de reproche de parte del tribunal, que la mueva a reflexionar sobre sus acciones, que ha realizado de manera muy desenvuelta, que causan daño a terceros, inclusive aquellos que ella misma dice querer, sin tener ningún conocimiento de los costos que implica, el intentar volver las cosas o circunstancias de vida en este caso de la niña a su cauce normal . En los hechos que denuncié, se aprecia que las jueces de las causas, no tuvieron tiempo para poder ver, leer o revisar los antecedentes que acompañé, tal vez por falta de tiempo para realizar sus funciones o bien por una opción de ellas, en las que permitieron que las funcionarias que suelen proveer las presentaciones que ingresan las partes al Tribunal , se inclinen por resolver libremente, adhiriendo a los dichos de la contraria, quien en base a una opinión muy liberal que tiene, opta por justificar todo, liberando de la responsabilidad que por los actos propios, tenemos los adultos. Expreso, que si las jueces de esta causa se hubieran dado la oportunidad para verificar lo denunciando y para el caso que les hubiere surgido una duda, pudieran por si, o a través de un funcionario de su confianza, resolver empleando la simple herramienta que proporcionan los sitios web de internet , acceder a cada uno de los sitios que les mencioné, otra había sido su resolución, por cuanto podrían haber cotejado los documentos e información que aporté, con los que constan en la causa ingresados, con la misma información que se obtiene de dichos sitios.

Para el caso de la Causa RIT- C-670-2021, en acápite posterior indicaremos la forma como la juez recurrida, incurre en la arbitrariedad descrita, causando ambas agravio a esta parte, perturbando y amenazando los derechos de mi representada, por cuanto todos tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, porque es una garantía esencial, de rango constitucional, incluida en el “debido proceso” (artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la CPR), además de expresada y asegurada en varios tratados internacionales (artículo 5º inciso 2º).

II.- Planteamiento y análisis previo de la tramitación de las causas en que incide el recurso o acción de protección constitucional:

Con el objeto de proporcionar una visión general, indicaremos de manera somera cómo se ha ido desenvolviendo la tramitación de la causa RIT Z-752-2019, y luego la tramitación de la causa en RIT C -760-2020 en la que se dictó la resolución que origina este recurso es necesario dejar planteado: 1.-Esta causa de cumplimiento RIT Z-752-2019 tiene como antecedente legal, sólo la causa la RIT T-43-2019, resuelta, con fecha 16 de mayo de 2019, por Juez doña ANDREA DIAZ VEGA del Tribunal de Familia de Curicó. o Contiene una transacción sobre relación directa y regular y alimentos, de la niña nombre reservado, hija biológica de mi representada doña nombre reservado, quien figura como demandada y como demandante su ex conviviente, doña nombre reservado. o AL MOMENTO DE PACTAR, LAS PARTES SE ENCONTRABAN SEPARADAS DE HECHO Y CON SU ACUERDO DE UNIÓN CIVIL QUE DURÓ SÓLO UN AÑO, YA CESADO LEGALMENTE, por lo que cesó entre las partes todo vínculo de parentesco. Se retrotrajo su estado civil, al que tenían antes de celebrarlo. No existía entre ellas, ningún derecho ni obligación civil, derivada de su contrato ya cesado.

o EN SU CLÁUSULA SEGUNDA DICE: De la relación habida entre ambas, nace nombre reservado de 05 años de edad.

o En cuanto al contenido de los acuerdos de esta causa RIT T 43-2019, en ninguna de ellos, se atribuye textualmente a doña nombre reservado la calidad de madre.

o Fue aprobada legalmente con fecha 16 de mayo de 2019, por el Tribunal,” En lo principal: Atendido el mérito de los antecedentes y en virtud de lo dispuesto en los artículos 2145 del Código Civil, artículo 102 inciso segundo de la Ley 19.968 téngase por aprobada la transacción sobre pensión de alimentos y régimen comunicacional, en todo lo que no sea contrario a derecho”.

o Sostuve en mis presentaciones en forma reiterada que “ lo contrario a derecho” era el contenido de la cláusula segunda, que textualmente decía: “ que de la relación habida entre ambas, nace nombre reservado de 05 años de edad”, hecho física, legal y moralmente imposible, atendida la forma como fue inseminada mi patrocinada, en la que ningún aporte genético realizó doña nombre reservado.

o A lo anterior, agregué también, en nuestras presentaciones, que se incurrió en un error de hecho, al efectuar el control de admisibilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.968, que no advirtió Juez que lo aprobó, porque no se tomó en cuenta el cese de acuerdo de unión civil producido por término de convivencia, y el efecto que produce, de retrotraer a las partes al estado civil que tenían antes de la celebración de este contrato. No existía ningún derecho ni obligación entre ellas, por lo que lo acordado era una estipulación a favor de un tercero en este caso la niña, un contrato privado, de mera liberalidad, susceptible de ser cesado por voluntad de una de las partes.

o Sin perjuicio de lo anterior, si consideramos la declaración de maternidad contenida en el acuerdo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1445 en relación con el artículo 1449 ambos del Código Civil ,determinan que el contrato adolece de objeto y causa ilícita, por lo que solo en consecuencia, se generó una obligación natural y puede ser dejado sin efecto, por voluntad de una de las partes que se obligó.

o He referido la presión psicológica ejercida por la denunciante, en su obsesión de ser reconocida como madre de la hija de mi representada, quien se aseguró por medio de las amistades que tiene , que en servicio de asistencia legal de Curicó, no se le diere la información legal correspondiente, en orden a que producido legalmente el término de la unión civil, se retrotrae el estado civil de las partes, al que tenían antes de celebrarlo y además que cesan todas las obligaciones, derechos y parentescos que tenían. A pesar de ello, se redactó Transacción que en cláusula segunda decía que de la unión de ambas nació la niña Sofía. (Causa RIT T 43-2019).

o Abogado de ese servicio jurídico de Curicó, Sra. Alcántara hasta la fecha ha prestado ayuda a doña nombre reservado, facilitando su vehículo para que efectúe seguimientos a mi representada, sin perjuicio de que voluntariamente concurrido tanto en el domicilio de la pareja de mi representada, como al domicilio de doña nombre reservado en Santiago, en busca de la hija de mi representada con doña nombre reservado, aduciendo tener una orden verbal emanada de Juez de Familia de Curicó, cuyo nombre ignoramos hasta esta fecha y que no consta tal, en causa de cumplimiento, la diligencia estampada como en derecho corresponde. También se ha permitido hacer seguimientos a la pareja de mi representada en la ciudad de Curicó, con miras a establecer otras de las falsedades y argucias de doña nombre reservado, en el sentido probar, de que mi representada convive en la ciudad de Curicó, todo lo anterior, a sabiendas que tanto la niña como su madre siguen viviendo en forma ininterrumpida en el domicilio de los abuelos maternos , en la ciudad de Santiago, comuna de Peñalolén, desde el 15 del mes de diciembre de 2019 a la fecha, cumpliendo lo expuesto en causa RIT-P- 783-2020 como lo hemos sostenido siempre en las causas y una cuestión que se pudo acreditar de manera irrefutable en audiencia de fecha 18 de junio de 2021, llevada a cabo con ese propósito. 2.-Con fecha 10 de octubre de 2019 , se inicia causa RIT P-758-2019 de Juzgado de Familia de Curicó, por denuncia interpuesta por doña nombre reservado, quien atribuyéndose la calidad de madre de la niña y exhibiendo un certificado de acuerdo de unión civil, en el que consta claramente en ese mismo documento que se terminó dicha unión civil con fecha 07 de mayo de 2019, por decisión unilateral de mi representada, acusa de maltrato conductual a doña nombre reservado y solicita como que medida cautelar, se le entregue el cuidado personal provisorio de la niña.

o Existe en esta causa, error en cuanto a la admisibilidad de esta denuncia, y se halla en la CALIDAD DE MADRE que a priori se implantó en doña nombre reservado y en la PARENTALIDAD que se le asignó, como si estuviere casada, atributos que no tiene, por disposición legal expresa de misma ley 20.830 y sin que exista además, otra norma legal que lo permita, sin que el tribunal se encuentre autorizado para declarar la doble maternidad, sin tomar en cuenta o teniendo ignorancia o desconociendo totalmente los efectos legales del cese de acuerdo de unión civil por término de convivencia producido, y el efecto de que se retrotrae a las partes al estado civil que tenían antes de la celebración de este contrato, siendo en este caso, ante cualquier situación, la madre legal y biológica de la niña, mi representada doña nombre reservado.

o Hago la observación, diciendo que la causa de cumplimiento en materia de relación directa y regular que tiene el RIT Z-752-2019, y que es la continuadora legal de la causa original RIT T-43-2019, erradamente se mantiene en tramitación debiendo haber sido concluida.

Es en audiencia de fecha 05 de diciembre de 2019, de causa RIT P-758-2019, que se produce una conciliación en materia de relación directa y regular, de la niña nombre reservado, la que se regula en términos similares a la causa RIT T- 43-2019, con algunas modificaciones, tales como:

o Que doña nombre reservado, se cambiará de domicilio al ubicado en domicilio reservado;

o Sólo en los meses de enero y febrero la restitución de la niña será a las 21:00 hrs, en Santiago, domicilio conocido por la requirente;

o La readecuación en marzo de 2020 cuando la niña ingrese a proceso escolar formal;

o Que el retiro y reingreso de la niña será efectuado por doña nombre reservado (Curicó), quien concurrirá con doña nombre reservado, en tanto serán los otros abuelos maternos quienes harán entrega de la niña en Santiago, ello en atención a la medida cautelar existente en contra de doña nombre reservado , de prohibición de acercamiento por el término de 180 días a mi representada, que cesó en el mes de junio de 2020, que fue dictada en causa RIT F-1158-2019: sobre violencia intrafamiliar, seguida en contra de la demandante doña nombre reservado, y remitida a Fiscalía Local por delito de Maltrato habitual.

o No se adopta ninguna medida de protección a favor de la niña, por cuanto la misma denunciante, reconoce en audiencia, que no era esa su intención, a pesar que pidió el cuidado personal provisorio de la niña. Dijo que la Consejera Técnica que la atendió, no la entendió, que se confundió, por cuanto lo que ella quería era que se cumplieran las visitas.

o En esta causa , se pasó por alto o no se tuvo en cuenta, el contenido de la contestación presentada en forma, por este apoderado con fecha 30 de noviembre de 2019, en causa de Protección aludida, en el expresé, que es falsa la acusación de maltrato, hice mención a la ausencia de indicadores de maltrato físico, psicológico de la niña y en el que además referí que doña nombre reservado, no es madre de la niña, no es su pariente, que de la partida de nacimiento de la niña, se establece legalmente que mi representada doña nombre reservado es su madre, invocamos para fundar legalmente, Ley 20.830 de 21 de abril de 2015 que Crea el Acuerdo de Unión Civil, contrato de índole patrimonial civil, y sus disposiciones del artículo 1, artículo 1 inciso 2, artículo 28, artículo 4, artículo 22 respectivamente, distintas del contrato de matrimonio civil.

o a) Que tratándose de una hija no matrimonial, a su madre le corresponde el derecho de asignar el o los apellidos que a su arbitrio desee consignar, en la respectiva inscripción de nacimiento de su hija.

o El hecho de que se haya consignado el segundo nombre y uno de los apellidos a la hija de mi representada, no transforma a la recurrida doña nombre reservado, en madre.

o b) Para este caso, hacemos presente que la calidad de madre biológica de mi representada, quedó determinada por el parto de su hija, como lo acredita el respectivo comprobante del mismo, que se otorgó y permitió la inscripción que se llevó a cabo en Registro Civil e Identificación. Se cumplió tanto en los hechos como en el derecho, con lo dispuesto en los artículos 183, 186, 187 y 188 del Código Civil, respecto de la determinación de la maternidad y reconocimiento de hijo no matrimonial.

o c) Expusimos que el artículo 1 en su inciso segundo, de mismo cuerpo legal, refiere que el término de este Acuerdo de Unión Civil, como es el caso de las partes, restituye el estado civil que tenían antes de celebrar el contrato y tal como lo dispone el artículo 28, de misma Ley, se pone fin a todos los derechos y obligaciones cuya titularidad y ejercicio derive de la vigencia del contrato.

o d) Como consecuencia de lo anterior, cesa toda relación de parentesco que existía entre los convivientes civiles, tanto es así que el artículo 4 de la misma Ley 20.830, establece que entre conviviente civil y los consanguíneos de la persona con la que está unida por un acuerdo de unión civil existirá mientras este se encuentre vigente, parentesco por afinidad. en este caso, el acuerdo de union civil se encontraba expirado y cesado legalmente.

 Siguiendo las instrucciones de mi patrocinada, que no deseaba ver a su hija judicializada, quiso evitar exponerla a situaciones de estrés ante Tribunales y mirando sólo el interés superior de su hija, tras información legal recibida de este apoderado, en audiencia preparatoria de 05 de diciembre de 2019, decide colaborar con la juez de la causa y accede a su pesar, en mantener la relación directa y regular, en términos similares a la causa RIT T 43-2019 con algunas modificaciones, por lo que habiéndose producido la conciliación en materia de relación directa y regular, Juez que dirigió la audiencia, doña Andrea Díaz Vega, declara sin que nadie se lo pidiera, que doña nombre reservado, es madre de la hija de mi representada. Ello consta en redacción del Acta de Audiencia.

 Esta declaración de comaternidad resuelta con ultrapetita por Juez, de manera absolutamente arbitraria e ilegal, contraria al ordenamiento jurídico vigente, se mantiene hasta esta fecha, ha causado daños y perjuicios a mi parte. Imagino como justificación tal vez, en el fuero interno de la Juez que lo pronunció, la idea de que puede declarar a su arbitrio y por propia voluntad, que un acuerdo de unión civil ya expirado legalmente, y en oposición a las mismas normas de esta ley que lo origina, debe seguir produciendo efectos jurídicos, idénticos a los producidos por el cese de convivencia del matrimonio civil respecto de los contrayentes e hijos de las partes y de esa manera, obligar a las partes a mantenerse relacionadas, en este caso a través de la mantención de la relación directa y regular de estas dos supuestas madres de la misma niña.

 Lo raro de esta causa, es que en ningún momento se ha iniciado una causa de Filiación, ni de Adopción, ante Tribunal de Familia, que pudiera dar lugar a una discusión respecto de la maternidad, identidad legal y verdadera filiación de la hija de mi representada.

 Estimamos que la arbitrariedad descrita debe ser corregida de oficio por s.s.iltma, “y declarar lo que en derecho corresponda de acuerdo a legislación vigente, en lo tocante a la maternidad” que reclama doña nombre reservado.

 A su vez, es necesario que Sra. o Srta. Juez que se tomó la atribución de así “DECLARAR LA COMATERNIDAD”, en la causa de protección RIT- P-783-2019, deba informar, a S.S.ILTMA, de los motivos que tuvo para hacerlo. Ignoramos hasta la fecha, y no tenemos claro, si lo hizo por identificación personal, simpatía, como impulsora de nuevos derechos en causas de género, porque creyó que debía legislar, o integrar, en materia de una filiación no pedida legalmente, por las partes, en una causa de protección.

 No nos parece justo, que esta liberalidad de la Sra. o Srta. Juez aludida, pase inadvertido. No es una cuestión sin importancia, “ asignar un estado civil de madre, a otra persona que no lo es”, y de esa manera” empoderarla en un rol que no le corresponde”, de acuerdo con nuestra legislación vigente, es un asunto grave.

 Estimamos que la decisión adoptada por la Sra. o Srta. Juez doña Andrea Diaz Vega, fue ilegal y arbitraria. Su resolución, en materia de maternidad la consideramos siempre contraria a derecho y por tanto por no escrita. Nunca imaginamos el uso y abuso que de ello haría la parte contraria.

 Lamentablemente, este criterio ilegal hasta esta fecha, de comaternidad ha sido sostenido y mantenido durante la tramitación de la causa de cumplimiento por otras jueces del mismo tribunal, como ocurre con doña nombre reservado en ya individualizada y últimamente por doña María Elena Ortiz Cornejo, en causa seguida por Suspensión de la Relación Directa y Regular y Cese de Alimentos, RIT- C- 670-2020, en virtud de dictada con fecha 24 de junio del año 2021,que unidas a otras anteriores, comprometen seriamente el principio de imparcialidad en el conocimiento y decisión del asunto litigioso.

 Dicho de otro modo, quiero pensar, que existe una confusión legal entre estas instituciones que son diferentes, y/o el desconocimiento del ámbito de aplicación de la Ley de Unión Civil y de los efectos de su término, cese o expiración que tiene, versus ámbito de aplicación de los efectos que produce la Ley de Matrimonio Civil, ante un cese o término de la convivencia entre las misma partes y en relación a sus hijos, es la forma de intentar entender y explicarme hasta el momento que tengo respecto:

a) De la insistencia del Tribunal en mantener vinculada a doña nombre reservado con la niña, a todo evento, bajo el supuesto pretexto que es beneficiosa para la niña, desatendiendo todo su obsesivo actuar hasta esta fecha, su alcoholismo y ánimo de sustraer a la niña del entorno materno, entre otras conductas referidas.

b) De creer que la demandante doña nombre reservado, ex conviviente, tiene derechos en calidad de madre, pariente, familia de mi representada y que es su hija, la niña Sofía, entre otras cosas, c) De Experimentar este apoderado y su representada, el desconocimiento y desprecio por las presentaciones que hemos efectuado al tribunal en las que denunciamos abusos y presiones, inculcación maliciosa, hechos delictuales, ideaciones de viajar al extranjero con la niña en un supuesto viaje de aventuras con destino a México de la demandante, sobre la niña principalmente y su madre al tenerla constantemente pendiente y preocupada de lo que hará doña nombre reservado. Desaliento produjo a mi representada, que el Tribunal en resolución dictada con fecha 21 de Septiembre de 2020, en que accede a la segunda petición de modificación de la relación directa y regular, de las cuatro modificaciones ya decretadas a esta fecha , todas pedidas por la demandante, “INDICARA QUE SON MERAS APREHENSIONES DE LA MADRE”, sin siquiera manifestar a la demandante, que debe contribuir en crear una atmósfera que restablezca las confianzas perdidas y permita que los temores de mi representada desaparezcan, mostrando con ello un desprecio a los temores de mi representada , pero si un favoritismo con doña nombre reservado que cada vez va pidiendo más cosas en su supuesta calidad de madre y el Tribunal se las otorga, sin considerar nuestros argumentos, haciendo caso omiso y desconociendo los antecedentes aportados por esta parte.

 Esta resolución ilegal, arbitraria, de comaternidad, absolutamente improcedente, ha resultado ser altamente dañina y perjudicial para los derechos de mi representada, hasta esta fecha.

 Ha tenido que soportar como consecuencia, el empoderamiento de la demandante, quien, ha sido insistente, en el ejercicio de sus derechos maternos que invoca que legalmente, tiene sobre la niña no tan solo en lo relativo a la relación directa y regular, sino en su intención de quitar el cuidado personal de Sofía, para detentarlo ella, por ser precisamente la madre de la niña.

 Ha sido potenciada y fortalecida la demandante, no tan solo por su abogado, quien afirma y al parecer cree absolutamente que está legitimada para obrar en su calidad de madre y /o padre, al efectuar peticiones al Tribunal, todas ellas fundadas en que doña nombre reservado es madre de la niña y tiene esa calidad jurídica, cuestión que no guarda ninguna relación con la realidad, y que también es avalada por la actitud pasiva del tribunal, y por resoluciones dictadas por Juez de Familia de Curicó en esta causa.

 Se ha privado de la paz y tranquilidad mental a la que como persona y madre, constitucionalmente tiene derecho, mi representada, atentando contra su derecho a la integridad psíquica, asegurada en la Carta Fundamental en artículo 19 N° 1.

 Se ha discriminado a mi representada, en el sentido de desconocer sus derechos de madre, en cuanto a la representación legal que tiene de su hija, a su derecho deber de criar y educar a su hija de acuerdo a sus convicciones personales, en un medio libre de injerencias arbitrarias.

 Se ha desconocido el cambio de identidad de su hija y se sigue reconociendo derechos a una ex conviviente civil que legalmente no los tiene, por disposición de misma Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil.

 Se sigue sustanciando una causa de cumplimiento, BASADA SOLAMENTE EN UNA SOLA CIRCUNSTANCIA, en la que persevera doña nombre reservado y el Tribunal, en que de alguna manera, “LA SUPUESTA VINCULACIÓN AFECTIVA”, que ya cesó en los hechos y en el derecho tanto con la madre, como con la hija de mi representada, producto del cese legal del Acuerdo de Unión Civil y de la ruptura sentimental de la pareja, que produjo la separación y alejamiento de las partes, como ocurre en este caso, “SOBREVIVE, SUBSISTE Y DEBE MANTENERSE A TODA COSTA,” “ESTA VINCULACIÓN AFECTIVA”, EN ARAS DE UN SUPUESTO BENEFICIO DE LA NIÑA, CON RANGO DE PRESUNCION DE DERECHO, QUE NO ADMITE NINGUNA PRUEBA EN CONTRARIO, sin que importen en consecuencia, todos los hechos o actos en que ha incurrido doña nombre reservado, inclusive los constitutivos de delitos. Este un criterio que debe ser debidamente ponderado, con el beneficio que reporte vivir la niña, los actos de violencia psíquica a la que la somete doña nombre reservado, cada vez que accede a su persona y que mi representada quiere evitar, que los sufra.

o Respecto de este nuevo acuerdo modificado de relación directa y regular de causa RIT P-783-2019, en que se declaró la doble maternidad de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, sobre la niña, no se abrió causa de cumplimiento, hasta esta fecha, como en derecho corresponde y continúa radicado su conocimiento de las dos causas ya tramitadas y concluidas, bajo el RIT- Z- 752-2019 en Tribunal de Familia de Curicó a pesar del domicilio que tiene mi representada en la ciudad de Santiago.

 En cuanto a las causas, RIT -T-43-2019, RIT P-783-2019, RIT -F-1158-2019, todas tramitadas ante el Tribunal de Familia, TODOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DICTADAS RESPECTO DE LA HIJA DE MI REPRESENTADA DOÑA nombre reservado, RECAYERON EN LA ANTERIOR IDENTIDAD QUE TENIA LA NIÑA, conocida con el nombre de nombre reservado.

 Esta filiación de la niña, reconocida legalmente y determinada por el hecho del parto, respecto de doña nombre reservado, cambió en el mes de marzo de 2020, en virtud del reconocimiento legal que hiciere a petición de doña nombre reservado, el padre biológico de la niña, don nombre reservado, sin informar, ni tener conocimiento de ello mi representada. Por lo que su actual identidad es nombre reservado.

 Hago mención a estas causas, porque es en este contexto, que tanto mi representada como este apoderado, se ha encontrado con un Tribunal de Familia, conformado por al menos dos jueces, que se han transformado en los hechos, en simpatizantes y promotoras de los derechos de comaternidad, en este caso de una de las dos ex convivientes civiles, cuyo contrato de acuerdo de unión civil expirado desde el día 07 de mayo de 2019 a la fecha, se sigue aplicando en los hechos y en el derecho con ultractividad, junto con las reglas de un matrimonio civil ya cesado, desconociendo la titularidad de preceptos legales y constitucionales que tiene mi representada, en la forma que paso a describir y que mirados en su conjunto, conforman una serie de actuaciones y omisiones arbitrarias e ilegales que servirán de fundamento a la presente acción de Protección.

 Ha causado un perjuicio patrimonial importante a mi representada lo resuelto, quien ha debido recurrir también a sedes judiciales: A fin de instar por la suspensión de la relación directa y regular vigente y cese de alimentos, se inició causa RIT C-670-2020, en actual tramitación, ( ante la negativa de juez de la Causa RIT Z 752-2019, de tramitarlas como incidente tal como lo ha hecho con las cuatro sucesivas peticiones de modificación a la relación directa y regular que acogió) , para recuperar sus derechos en relación a su hija, intentar vivir en forma tranquila con ella, manteniéndola protegida como lo ha hecho desde su nacimiento hasta esta fecha, frente a una demandante, que tal como lo señaló en correos electrónicos dirigidos a mi representada, “reconoce su problema de alcoholismo, y no acepta que se haya alejado de su persona y que tenga otra relación afectiva, que se le revuelve el estómago con sólo pensarlo, que no puede estar sin verla”.

 También ha tenido que impetrar otras acciones legales, para los efectos de que se sancione penalmente a doña nombre reservado por el DELITO DE USURPACION DE IDENTIDAD Y USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PUBLICO, Causa RIT 1024-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Licantén, por hecho ilícito cometido, mientras hacía uso de las visitas en el mes de enero de 2020, época en que concurrió al Servicio de Registro Civil de Vichuquén, y atribuyéndose la calidad de madre de sofía, y exhibiendo el acuerdo de unión civil expirado, pidió la cédula de identidad de la niña para viajar, obteniéndola de manera fraudulenta y teniéndola en su poder hasta esta fecha, todo ello a espaldas de mi representada, sin su conocimiento ni autorización .

 Se vio en la necesidad de interponer un recurso de Protección, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentirse gravemente afectada en sus derechos constitucionales, al ser expuesta en forma deliberada, sin su autorización, de sus datos personales sensibles, de su orientación sexual, de su relación afectiva actual, mantenida a distancia, de la exhibición de fotografías de su hija, y de una importante cantidad de fotografías que dan cuenta de su vida privada e íntima , y que mantiene doña nombre reservado, a disposición de cualquier persona, que acceda a su sitio web, nombre reservado, sin perjuicio de la indicación del nombre de la niña que misma doña nombre reservado ha repetido reiteradamente incluyendo fotos de la niña en sus posteos de redes sociales.

 Lo anterior en virtud de la decisión deliberada de doña nombre reservado de efectuar una publicación de su caso y emprender una campaña a su favor para que le reconozcan sus derechos maternos, en sitio web de revista lésbica y magazine burdas.cl, en la que refiere hechos a su arbitrio, se preocupa de manera muy desenvuelta, de desprestigiar y denostar a mi representada, su actual pareja y este apoderado, imputándole conductas constitutivas de delitos. Supuestamente acompaña escritos de la causa de Relación directa y regular. Para ese efecto toma contacto, con su amiga, dueña, editora de esa Revista, doña nombre reservado, Publicista con mención en nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, quien en su calidad de Fundadora, Directora, Editora de Contenidos y Redactora de la Revista Magazine Lésbica on Line: BURDAS.CL, quién utilizando el seudónimo de Cheims, cumple el objetivo de doña nombre reservado ,efectuando publicación con fecha 21 de marzo de 2021,y en posteriores posteos, en revista magazine lésbica on line burdas.cl, se relata una denuncia pública titulada “caso nombre reservado ¿que pasa que aún se vulneran los derechos de los niños?. Esta publicación on line, emanada del sitio web de la Revista Magazine” BURDAS,CL”, ha sido injustamente publicada y replicada, en sitios que la revista tiene, en plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, a los que hay que sumar, la dirección de correo electrónico de doña nombre reservado, quien se identifica en la carta que redactó y luego se publicó, con su segundo nombre, como nombre reservado, ofreciendo además para los comentarios que se originen, uno de sus varios correos electrónicos que posee.

En Dicha publicación se acompaña una fotografía, en donde aparece doña nombre reservado, identificada como “ nombre reservado ”, aparece con su supuesta hija ,cuyo nombre se omite.

En la publicación ya señalada, se invita a comentar y compartir el artículo anunciado, “Caso nombre reservado ¿Que pasa que aún se vulneran los derechos de los niños?, en sitios que tiene la Revista, en plataforma sociales de Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y por correo electrónico a” contacto @burdas .cl,” sin perjuicio de dirigir comentarios a correo de doña nombre reservado. En la misma publicación, se hace una convocatoria del siguiente tenor:”

Llamamos a las agrupaciones que defienden los derechos de nuestra comunidad a hacerse parte, porque señoras, señores, hay que partir por alguna parte!”.

En posterior publicación a la ya señalada, bajo el mismo título “Caso nombre reservado ¿Que pasa que aún se vulneran los derechos de los niños? en sitio web online “BURDAS,CL”, bajo el seudónimo de CHEIMS, REACTUALIZA LA MISMA NOTICIA, PERO ESTA VEZ CON PUBLICACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE MI REPRESENTADA, SU HIJA Y DOÑA nombre reservado, sin que existiera una autorización para divulgar esos datos personales y sensibles de mi representada.

Idéntica información repite doña nombre reservado, en su red social, en las que cualquier tercero interesado, puede acceder a todas las fotografías de ese sitio, sin limitación alguna y enterarse de momentos de la vida privada de mi representada, tales como su embarazo, nacimiento de su hija, nombre de la niña entre otros. Tal como lo señalamos respecto de la primera publicación, ella invita a comentar y compartir el artículo anunciado.

Este llamado, visto, reproducido, compartido, y publicado en cada una de esas plataformas, por personas seguidoras de este sitio, ha contribuido con “la viralización de la noticia”, ha masificado, este actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, atentando en contra de la integridad física y psíquica, dañando gravemente la honra, buen nombre e imagen de mi representada y su hija, la de su familia, su credibilidad, honestidad. Se cuestiona sin derecho que les ampare, su rol materno, estilo de crianza y forma de educar, lo que también acarrea perjuicios en el entorno social en que se desenvuelve, en su círculo de amistades, de redes sociales, sin tener presente la gravedad de las acusaciones falsas realizadas, reiteradas por las recurridas en sus sitios, teniendo como único sustento, la amistad existente entre las recurridas y copias de algunas piezas de las causas tramitadas entre las partes , entregadas por doña nombre reservado elegidas a su arbitrio, que obviamente le favorecen.

Lo referido en párrafos anteriores, ocurre ,sin que se haya efectuado una solicitud de su consentimiento a mi representada, proporcionándole una base razonable sobre la que adoptar su decisión, antes de recopilar o utilizar sus datos personales de parte de la Directora, Editora de Contenidos y Redactora del artículo doña nombre reservado (CHEIMS), que tal como ella misma señala en video realizado y publicado con fecha 04 de abril de 2021, que tras una llamada telefónica de doña nombre reservado y en virtud de la amistad que les une, decide publicar su versión, EN LA QUE ATACA, LE ACUSA DE SECUESTRO Y OPINA SIN NINGUNA CONSIDERACIÓN, con absoluto desconocimiento de la situación tanto de hecho como de derecho, respecto de la verdadera y legal madre como también la niña de esta causa.

En cuanto a los sitios de la demandada doña nombre reservado, de la red social Facebook, en que figura como nombre reservado o MICKY ARELLLANO nombre reservado, figura entre otros, el que adjunta al escrito.

Es Con fecha 04 de abril de 2021, en video realizado por doña nombre reservado en la que se identifica como Directora de Burdas .cl , dirige un mensaje, en que reconoce y textualmente dice que “la semana pasada, hice una nota en relación a la lucha de una madre por poder ver a su hijita. Pues bien el jueves pasado primero de abril, la hija de nombre reservado tenía que ser traída por su mamá biológica nombre reservado a un Juzgado de Familia a Santiago, a las 09 de la mañana, específicamente el jueves primero de abril pues bien, por segunda vez y en desacato de nombre reservado no trajo a la niña, desacato absoluto, no se escuchó su voz y además la jueza solicitó que nombre reservado no siguiera hablando del caso, es decir leyeron la nota y el alcance que estaba teniendo ,no saben qué hacer con esto y lo más loco es que hay una ley en el Congreso, y nadie hace nada. ¿Cuándo tomaremos conciencia que ellos, que la niña, los niños crecen llenos de dolor, de rabia de frustración y las autoridades siguen dilatando las leyes que supuestamente los protegen?, para proteger sus derechos y dejar de ser monedas de cambio. Todos se llenan la boca de que los niños son prioridad y bueno pasa y pasa el tiempo y estos niños se convierten en adolescentes resentidos, violentos, tristes, porque a la espera de soluciones, nuestras leyes, nuestros juzgados les quitamos su infancia, en medio de una tortura psicológica la cual nunca llegaron a entender, su derecho a ser escuchado queda nulo, son alejados antojadizamente de sus padres, madres, no custodios. EN EL CASO DE nombre reservado ESTÁ SECUESTRADO POR DECIRLO DE ALGUNA U OTRA FORMA, POR SU MADRE BIOLÓGICA que más encima se mete al bolsillo las resoluciones de un tribunal, sin ninguna consecuencia, ni una, por segunda vez. Yo conozco a nombre reservado hace muchos años , desde que ella creó la primera discotheque para lesbianas en Chile, “ La Máscara”, acá en Bellavista, Santiago, por eso, cuando me llamó por teléfono para contarme lo que le estaba pasando, no dudé ni un minuto en abrir mis redes para visibilizar este tema, que me parece está pasando en muchas otras familias, en muchos otros niños ,que no son escuchados, es como que te dijeran de un día para otro, tú ya no tienes a tu mamá, olvídate de ella eso es y más encima te impiden ir a declarar, para decir específicamente que tú digas que echas de menos a tu otra mamá. QUEREMOS QUE ESTE CASO SEA OÍDO, QUEREMOS QUE LOS POLÍTICOS QUE ESTÁN POSTULANDO A CARGOS AHORA PRÓXIMAMENTE SE HAGAN PARTE, QUE LOS MEDIOS SE HAGAN PARTES, QUE NUESTRAS AGRUPACIONES DE LESBIANAS EL (LGBT) SE HAGA PARTE, esto no puede seguir pasando, tenemos a una familia dividida en estos momentos y a una niña que está sufriendo. En nombre de Burdas, queremos pedir ayuda para que esto llegue más lejos y al fin los niños puedan ser escuchados, muchas gracias”.

Lo anteriormente expuesto por nuestra parte, SE PUEDE FÁCILMENTE COMPROBAR ACCEDIENDO AL SITIO WEB DE LA REVISTA MAGAZINE ON LINE BURDAS.CL, Y EN LA RED SOCIAL DE LA OTRA RECURRIDA MICKY O nombre reservado.

Doña nombre reservado, omite hechos y acciones suyas, que generaron la ruptura de la pareja. Posteriormente genera situaciones de estrés para la niña, vulnerando el ambiente de protección familiar en que se desenvuelve, provocándole daño psicológico, confusión, y cambios de estado anímico, con las nocivas instrucciones que se ha permitido sin ningún derecho dar a la hija de mi representada, en las oportunidades que ha tenido contacto con la niña. TAMBIÉN OMITE EN SUS PUBLICACIONES, QUE POR RAZONES QUE ELLA ESTIMA CONVENIENTES PARA ELLA, PIDIÓ AL PADRE BIOLÓGICO QUE ES SU AMIGO, QUE LA RECONOCIERA LEGALMENTE, PORQUE TEMÍA QUE MI REPRESENTADA SALIERA DEL PAÍS EN COMPAÑÍA DE SU HIJA.

El accedió a su petición, encontrándose en consecuencia la niña, con filiación como ya expuse determinada legalmente en virtud de reconocimiento legal, respecto tanto de su madre como de su padre biológico. TAMBIÉN OMITE QUE LA NIÑA HA CAMBIADO EN CONSECUENCIA SU IDENTIDAD LEGAL.

Sin sentirse plenamente satisfechas con la publicación de Revista REVISTA MAGAZINE LÉSBICA ON LINE BURDAS.CL, TITULADA “CASO nombre reservado ¿QUE PASA QUE AÚN SE VULNERAN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS?. estas amigas, la editora de la revista y doña nombre reservado, DECIDEN AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN CON SU CONTENIDO, EN LOS QUE INDIVIDUALIZAN PLENAMENTE A MI REPRESENTADA, SU PAREJA ACTUAL Y A DOÑA nombre reservado, por lo que para este efecto , doña nombre reservado, toma la decisión de contactarse con la periodista chilena, representante legal en Chile y España del sitio web: madres lesbianas.com, y sitio web: mirales.es, doña nombre reservado, Periodista, cédula de identidad N° RUT reservado,representante de las revistas lésbicas españolas con sitios web correspondientes, pide que se le ayude difundiendo el caso de doña nombre reservado, en sitio web; madreslesbianas.es, en sitio web; miraLes.es, y en sitio de Revista Lésbica la Oveja Rosa, pero esta vez se reproduce y publica el artículo, bajo el nombre de cuando mi pareja cambia de novia y no me deja ver a m i hija-madres lesbianas.

Menciona en dos nuevos mensajes que publicó relacionado con esta causa, con fechas 06 y 10 de mayo de 2021 en sitio Burdas.cl, doña nombre reservado, QUE LA EDICIÓN QUE HIZO ANTES, TUVO ACOGIDA EN ESPAÑA, Y FUE DIVULGADA EN EL SITIO WEB https://madreslesbianas.com, correo reservado, bajo el título “CUANDO MI PAREJA CAMBIA DE NOVIA Y NO ME DEJA VER A MI HIJA”, con fecha 06 de mayo de 2021 cuyo texto reproduce la publicación hecha por las recurridas a través de la Revista Lésbica on line Burdas.cl., con fecha 21 de marzo de 2021 en las que se identifica de manera expresa y sin lugar a dudas a mi representada, y a su pareja actual doña nombre reservado.

 El sitio antes mencionado, refiere que este caso ha sido publicado por la Web Budas, “QUE NOS HA PEDIDO AYUDA EN LA DIFUSIÓN”. Al clickear el vínculo de esa publicación de manera instantánea aparece sitio web Burdas.cl.

 El sitio web madreslesbianas.com, registra en red social Facebook 86.024 fans, en Instagram 1.233 seguidores, en Twitter 12.500 seguidores y 1.950 suscriptores.

 Bajo el sitio Web https://mirales.es, correo reservado, con fecha 13 de mayo de 2021, se publica mismo artículo de la Revista Lésbica on line Burdas.cl., de fecha 21 de marzo de 2021 ,bajo el título “CUANDO MI PAREJA CAMBIA DE NOVIA Y NO ME DEJA VER A MI HIJA”, en las que se identifica de manera expresa y sin lugar a dudas a mi representada, doña nombre reservado.

 El sitio web mirales.es, registra en red social Facebook 87.572 fans, y 88.968 seguidores.

En cuanto a la actividad de doña nombre reservado en este tiempo, ella continúa promoviendo su causa en sus redes sociales hasta el día 19 de abril de 2021, fecha que tiene importancia para los efectos del recurso que he interpuesto, cuyos print de pantalla agrega al arbitrio.

 Le resulta muy preocupante a mi representada, darse cuenta que ha sido puesto en riesgo la integridad física y psíquica no solo su persona, sino también la de su hija, al exponerla públicamente a situaciones de discriminación, bullying físico, psicológico, sexual, verbal, social (por causa de homofobia) y ciberbullying, vulnerándola en sus derechos de niña, quebrantando su derecho a vivir en paz, tranquila, en un ambiente sano rodeada de amor y contención , como lo ha estado experimentando y viviendo en el ambiente altamente favorable y nutricio, proporcionado por su familia materna.

o Todos sabemos que tanto adultos como niños, pueden ser crueles y temerarios frente a la diferencia, al rumor, a comentarios insidiosos e ignorantes de temas que no manejan.

 Resulta altamente contradictorio los sentimientos que dice sentir doña nombre reservado hacia la hija de mi representada con las acciones que ha realizado, particularmente con las publicaciones de Burdas.cl. y sus posteriores posteos en su red social.

o Es tanto su egoísmo y resentido actuar, que no ha reparado en el daño y perjuicio que ha ocasionado a la niña.

 Lejos de protegerla, la expuso de manera injusta y arbitraria a sufrir toda clase de males, provenientes de terceros que no entienden su situación de vida. Ella no está en condiciones de responder ataques, ni de ser objeto de actos crueles, sencillamente porque es una niñita buena, que no tiene maldad en su corazón.

 La pregunta que surge aquí es ¿Qué derecho tiene doña nombre reservado para usar a la niña en el objetivo que se ha propuesto, como lo ha estado haciendo, hasta ahora? Acaso no es ocasionar maltrato psicológico a la niña y exponerla a peligros que su madre quiere evitar que sufra? Justifica el supuesto cariño que le tiene todas estas acciones? Hasta cuándo debe mi representada seguir experimentando, sufriendo y soportando, todo el acoso, asedio y embestidas de doña nombre reservado?

III.-Tramitación en causa de cumplimiento RIT Z- 752-2019:

1.-Hasta esta fecha, el Tribunal se encuentra dictando, resoluciones respecto de la hija de mí representada, tomando en consideración su filiación anterior y desconociendo su identidad legal actual.

a) He puesto en conocimiento del Tribunal de Familia, acompañando documentos que acreditan de manera indubitada y fehaciente la calidad de hija no matrimonial que tiene legalmente, respecto de su madre biológica doña nombre reservado.

b) He puesto en conocimiento del Tribunal de Familia, acompañando documentos que acreditan de manera indubitada y fehaciente la calidad de hija esta vez, de don nombre reservado.

c) Teniendo la niña, su filiación ya determinada legalmente, sin oposición de mi representada, por cuanto quien la reconoció es realmente el padre biológico de su hija, es amigo de doña nombre reservado, y la persona que aportó su material genético para que ella cumpliera su sueño de ser madre.

Siendo en consecuencia en virtud de lo antes expuesto, legalmente padres de la niña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, este apoderado expresa, que no tiene ninguna cabida legalmente una doble maternidad o un vínculo filiativo adicional, respecto de la menor, como sostiene de acuerdo a una particular teoría, el apoderado de la parte contraria.

2.-Tal como lo hiciéramos en las causas antes mencionadas y en la RIT- C- 760-2020, en la que solicitamos la Suspensión de la Relación Directa y Regular y el Cese de la Pensión de Alimentos, que se tramita ante el Tribunal de Familia de Curicó, en las que se produjo un acuerdo parcial respecto de la cesación de alimentos, en consideración a que el padre de la niña, le proporciona alimentos en virtud de causa ingresada ante el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago. He referido su nueva identidad legal y que se sigue tramitando el cumplimiento de una relación directa y regular, a pesar de que la niña objeto de ese acuerdo, tiene una identidad que ceso ipso jure, con el reconocimiento legal de paternidad que hizo su padre biológico.

3.-En la tramitación de causa de Cumplimiento RIT Z-752-2019, se han dictado resoluciones que esta parte estima improcedentes atendido el estado procesal de la causa y dicen relación con la prosecución de una medida de protección encubierta, en la que se busca, insistentemente lo que ha querido la demandante, de alguna obtener una medida cautelar de cuidado personal provisorio de la niña, en circunstancias que tiene parientes consanguíneos directos, que viven con ella en la comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago, que la quieren, protegen y cuidan al igual que su madre biológica todos los días.

Tales diligencias improcedentes, han sido:

1.- El nombrar un curador ad litem a su hija, para que la represente en juicio, sin expresar ningún fundamento legal en su designación, como lo requiere la disposición legal.

Se afectó el derecho de mi representada, quien detenta el cuidado personal de su hija desde su nacimiento, de manera ininterrumpida hasta esta fecha, y el ejercicio de la Patria Potestad como consecuencia de su cuidado personal, por ende, la facultad legal para representarla ante Tribunales de la República en su calidad de madre y efectuar peticiones que beneficien a su hija. Tampoco le afectan ninguna de las inhabilidades establecidas en la ley, para detentar su cuidado personal, a pesar de los intentos de la demandante en obtenerlo, los que no han sido acogidos y respecto de los cuales, se ha ordenado que debe efectuar esa petición, como en derecho corresponde.

2.-Otra diligencia que se ordenó en esta causa de cumplimiento, fue citar a la niña a “UNA AUDIENCIA RESERVADA, PARA CONOCER SU VOLUNTAD Y DISPOSICIÓN”.

Manifestamos oposición a esta resolución, haciendo presente que atendido el estado procesal de la causa era improcedente, por cuanto LAS audiencias reservadas, legalmente no están de esa manera consagradas en artículo 72 de ley de tribunales de familia, en el que se dispone la citación del correo reservado, sus padres y personas a cuyo cuidado este, y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto.

Al respecto el inciso segundo del artículo 72, parte final, de mismo cuerpo legal, dispone que el correo reservado serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible.

Solicitamos a Juez que se llevase a cabo en Sala Gessel de Tribunal de Familia, con presencia de su abogado, quien pudiese preguntar, en el momento que correspondiere, que es un ambiente adecuado y cautela su salud física y psíquica de acuerdo al artículo 73 Ley de Tribunales de Familia, petición que no fue acogida.

Manifesté, que Ley de Tribunales de Familia 19.968, dispone que es una facultad que tiene el Juez de Familia para oír al correo reservado, de acuerdo al artículo 16, y en Procedimiento de aplicación de medidas de protección, como expresamente lo dispone la propia Ley de Tribunales de Familia en sus artículos 69,72,73,79.

o Hice presente que un niño de 06 años como era el caso de SOFIA, no tiene voluntad, legalmente hablando, porque es un incapaz absoluto.

o Solo tiene capacidad de goce, no la capacidad de ejercicio, que le permite obrar por sí misma como una persona plenamente capaz y efectuar una manifestación de voluntad seria, que constituya a posteriori, una obligación legal.

o TAMPOCO TIENE PLENA CAPACIDAD, LEGALMENTE HABLANDO, PARA EXPRESAR SU DISPOSICION A CUMPLIR.

o Tampoco está en condiciones de formarse un juicio propio del derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos, que le afecten como niño, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de Los Derechos del Niño, atendida su edad y madurez actual.

o En contra de las dos decisiones adoptadas en la tramitación de causa de Cumplimiento, interpuse recurso de reposición con apelación subsidiaria, ante esta Iltma. Corte, los que no fueron acogidos, sin expresión de la fundamentación legal que tuvieron en consideración, para arribar a esa decisión, a pesar de haberse alegado en la primera de ellas.

 He denunciado en esta causa, irregularidades en lo que dice relación con la notificación de las resoluciones dictadas, en las que en los hechos se me restaba un día para hacer uso de mi derechos como abogado patrocinante, para evacuar traslados, hacer uso de recursos, o solicitar diligencias. Tal denuncia, consta en folio 109, en escrito evacua traslado de fecha 03-10-2020.

 por otra parte, tribunal de familia, en toda la tramitación de la causa ha permitido y tolerado, que la demandante se atribuya derechos maternos que no tiene, sin emitir pronunciamiento a este respecto.

 En todas y cada una de sus presentaciones, la demandante se atribuye la calidad de madre-padre que no tiene.

 A pesar de ello, el tribunal ha desatendido en forma reiterada esta circunstancia, haciendo caso omiso al hecho que no tiene esta calidad juridica la demandante y que no se encuentra legitimada para obrar, invocando la calidad de madre-padre que no tiene.

 Tribunal se ha inclinado, por atender las teorias que ha utilizado la contraria, para fundar su peticiones, pasando por alto la normativa legal vigente.

 Invoca la contraria de manera frecuente, en la mayoría de sus presentaciones ante tribunal de familia de curico:

o El inciso primero del artículo 225 del Código Civil que dispone: Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil y deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.

o El inciso 4 del artículo 225 del Código Civil, que dispone: En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226.

o El artículo 229 del Código Civil que dispone: El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.

Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.

o Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:

La edad del hijo.

b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.

c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado.

d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.

Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.

El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.

Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.

o Artículo 3 de la Convención De Los Derechos Del Niño que dispone: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

o Artículo 9.1 de la Convención De Los Derechos Del Niño que dispone:

o Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

o en la mayoría de nuestras presentaciones, hemos hecho presente en forma reiterada a s.s., que las normas de derecho civil y de tratados internacionales que invoca la parte contraria, son aplicables a los padres que verdaderamente de acuerdo a ley, lo son, y que en esta causa, no son aplicables dichas normas a doña nombre reservado, porque no cumple el requisito sine qua nom de ser madre legalmente de la hija de mi representada quien tiene una filiación legalmente determinada y ha cambiado su identidad.

o Hice presente que legalmente demandante la tiene la calidad de un tercero.

 Hice presente a s.s., que la calidad jurídica de madre de un niño, no se obtiene ni adquiere, por un simple acuerdo de voluntades, en este caso de dos supuestas madres o supuestos padres, efectuada ante oficina del Servicio de Registro Civil, o por la vía de una transacción o conciliación, porque no es la vía idónea o apta legal para producir tal efecto jurídico, ni siquiera ante un tribunal de familia, quien no tiene competencia legal para ello de acuerdo, a la normativa vigente en el pais.

 He referido, que de acuerdo a nuestra legislación vigente, la calidad de madre de un niño o niña, se determina por el hecho jurídico del parto, que se verifica sólo en mi representada, doña nombre reservado.

 Tampoco tiene cabida en esta causa ni en la otra en actual tramitación, su pretensión de ser reconocida como madre, a través del intento de establecer una posesión notoria de estado civil, o la presentación de cartas o fotografías que reflejan momentos de un estado afectivo de enamoramiento entre las partes, o hacer mención a la existencia de una convivencia entre las partes que ya cesó y a los cuales se resiste reconocer la denunciante. las causas en tramitacion, ante juzgado de familia no son de filiación, porque legalmente es improcedente pedirla o impugnarla en este caso.

 He manifestado en forma reiterada que en nuestro país, NO SE encuentra reconocida legalmente la filiación homoparental, y que los hijos solo pueden provenir de la unión de un hombre con una mujer.

 He sido reiterativo, en manifestar en que es un hecho física y moralmente imposible, la aseveración de la demandante de que de su unión nació la hija de mi representada, atendida la forma como fue inseminada, hecho de la naturaleza en que ningún aporte genético tuvo la demandante.

o Por otra parte, si miramos el objetivo de la denuncia que interpuso doña nombre reservado por vulneración de derechos, ello fue una nueva forma de presionar a mi representada, y obligarla a hacer lo que ella quiere.

 La materia sobre la que recae la causa de cumplimiento es la relación directa y regular ya establecida, debe ser de acuerdo a regulación de causa rit p-783-2019 y no a la causa original RIT T- 43-2019, como se ha tramitado hasta la fecha, confundiendo las dos causas de relación directa y regular en una sola causa de cumplimiento, en este caso RIT Z 752-2019 como ya señalé.

Doña nombre reservado, y doña nombre reservado, efectivamente mantuvieron una relación de convivencia que cesó en el mes abril de 2019, tras experimentar un nuevo acto de violencia psicológica y física, consistente esta vez, en una golpiza de parte doña nombre reservado, originada por los celos y problemas de alcoholismo que padece, quien tras ese episodio, hizo abandono del hogar común que tenían en la ciudad de Curicó.

Es en esa ciudad, en que mi representada siguió sufriendo maltrato psicológico, económico y físico , que se atrevió a denunciar , con fecha 19 de octubre de 2019, ante la 1° Comisaria de Carabineros de Curicó, Sub Comisaría Santa Fe, en contra de doña nombre reservado.

En parte de su denuncia mi cliente expresa, que doña nombre reservado, se presentaba en el colegio de la niña, que le tomaba fotografías, que la amenazaba con llevársela, que le hace seguimientos y posteriormente se los envía a su celular, lo que constituye un amedrentamiento.

Mencionó que doña nombre reservado presentaba celos irracionales y en virtud de su conducta altamente controladora y manipuladora, se permitió entre otras, mantener en su poder el carné de identidad de doña nombre reservado en su cartera a diario, para evitar que ella se desplazara o saliera del hogar, utilizando para ese efecto el argumento de que “era para que no lo perdiera y se viera en la obligación de obtener. A lo anterior, debemos agregar las agresiones físicas que sufrió.

Las conductas descritas, constituyen maltrato habitual, por lo que Tribunal de Familia en causa RIT- F-1158-2019, se adoptó una medida cautelar de 180 días de duración, consistente en la prohibición de acercamiento a mi representada, la que cesó en el mes de junio de 2020 y se remitió a Ministerio Público de esa ciudad la causa, sin que mi representada fuera citada.

Ignoraba mi representada, que con fecha 10 de octubre de 2019, doña nombre reservado ya la había denunciado por maltrato conductual de su hija, dando inicio a causa de Protección en la que solicitó el cuidado personal provisorio de la hija de mi representada.

Reitero que la relación directa y regular tras la separación de hecho producida, se cumplía en la ciudad de Curicó, lugar en que vivió mi representada hasta el día 15 del mes de diciembre de 2019 y que Atendido el cambio de domicilio informado e incorporado en misma acta de audiencia de fecha 05 de diciembre de 2019, de causa RIT P-783-2019, se cambia el lugar de cumplimiento de la relacion directa y regular a la ciudad de santiago,lugar al que doña nombre reservado debia concurrir personalmente, acompañada por doña nombre reservado (curicó)persona individualizada en dicha audiencia.

 A lo anterior agregamos, que hemos informado al Tribunal, que doña nombre reservado, hace seguimientos a mi representada, manteniendo una red de informantes, que le cuentan las acciones de mi representada y de su pareja. Este aserto, se confirma, en presentación de fecha 30 de enero de 2021 de la contraria, en la que da cuenta que vio a mi representada en el domicilio de su pareja, y se presentaron para hacer las visitas en ese lugar, ofrece el testimonio de doña nombre reservado, con indicación de su Rut y su número telefónico.

 Desde ese momento abogado de la contraria, plantea su particular teoría que mi representada con su hija viven en la ciudad de curicó, por lo que los seguimientos de doña nombre reservado, en vehículo prestado por abogado se intensifican en el domicilio y persona de su pareja por varios días, al punto de que ella, llama a Carabineros de Chile, para que se retiren de ese lugar.

o Para comprobar su teoría , apoderado de la contraria en presentación de fecha 12 de febrero de 2021, (FOLIO 149) asegura que el domicilio domicilio reservado es Curicó, desconociendo acuerdo posterior de RDR contenido en causa RIT P-752-2019 que fija domicilio en Santiago de mi representada, y expresa que “ Sabe que vive en Santiago pero desconoce que vive allí”,” dice que su cambio es efectivo”, “refiere que su domicilio domicilio reservado” y termina acusando a mi representada, diciendo que no dará información de su cambio de domicilio”.

o En presentación de fecha 17 de marzo de 2021,(FOLIO 158) apoderado expresa que se presentó en domicilio de pareja de mi representada en Curicó, y presume que allí vive permanentemente acompañando copia de constancia de Comisaría Virtual, en circunstancias y a sabiendas que desde el mes de enero de 2021 a esta fecha , mi representada ha permanecido en la ciudad de Santiago con su hija, en domicilio de los abuelos maternos, por lo que no habiéndose presentado doña nombre reservado efectúa la correspondiente constancia .

o En presentación de fecha 05 de abril de 2021,(FOLIO 177) apoderado expresa insiste que mi representada convive con su pareja, en Curicó a esa fecha.

 Logra su objetivo la contraria, de sembrar la duda respecto del domicilio de mi representada y confundir al tribunal , al punto que este último decreta una citación de audiencia a las partes, para los fines de determinar el domicilio de mi representada, que se verificó el día 18 de junio del año en curso.

 Tras audiencia realizada con fecha 18 de junio, queda establecido que mi representada vive en la ciudad de Santiago, en el domicilio que siempre se indicó, incluso en las constancias por incumplimiento que realizó y se acompañaron en la causa, sin perjuicio además de las resoluciones dictadas por este mismo Tribunal en la causa, en que reconoce que el domicilio de mi representada se encuentra en Santiago.

 A lo anterior referimos, que también doña nombre reservado ha proporcionado el correo electrónico y número de celular de mi representada, en la que amistades tales como doña xxxx se permitieron enviar mensajes en que le pidieron que accediera a las peticiones de doña nombre reservado.

 Para los efectos de ilustrar a s.s. iltma, la parte contraria, al exigir el cumplimiento forzado de la relación directa y regular sistemáticamente ha pedido:

a) Compensación de tiempo, apremios consistentes en multas y arrestos en contra de mi representada.

b) Aplicación de apercibimiento del articulo 238 y 543 del código de procedimiento civil.

c) Para ello, ha ido utilizando el método de acompañar constancias por supuestos incumplimientos de mi representada, cuestión que ésta parte no objeta porque es el ejercicio legítimo de su derecho:

d) Pero tras un estudio acucioso de la causa, pudimos advertir, que en cada una de sus presentaciones, repite las mismas constancias, a las cuales va agregando otras, incluso algunas en que se ha presentado en el domicilio de la pareja de mi representada, lugar que legalmente no corresponde, para luego acusarla de incumplimiento, produciendo el efecto de causar a s.s. la impresión querida de aumentar incumplimientos de mi representada.

e) Otra cosa que pudimos advertir, es que más del 90 % de las constancias presentadas por la demandante, son declaraciones que ha efectuado a través de la comisaría virtual, sin moverse de la ciudad en que reside, en circunstancias que le correspondía viajar a la ciudad de santiago.

f) A través del empleo de esta inteligente astucia, ha justificado por mucho tiempo su incumplimiento y traspasando esa carga a mi representada, quien queda como incumplidora una vez más.

g) Con esta misma estrategia, logró convencer a s.s., que mi representada nunca ha cumplido con la relación directa y regular, de modo tal y como lo señaló en la resolución dictada con fecha 29 de mayo de 2021, objeto de este recurso.

h) Que en los traslados conferidos para responder sobre el incumplimiento de mi representada, hicimos presentaciones a s.s., en las que acreditamos, mediante el acompañamiento de a lo menos 13 constancias personales, efectuadas ante 43 Comisaría de Carabineros de Chile, que personalmente hizo mi representada, en las que expuso que doña nombre reservado, no se presentó en la ciudad de Santiago, como también que no efectuó video llamadas cuando le correspondía, por lo que llama profundamente la atención a este apoderado, que s.s, para justificar la multa que aplicó, desconociera esos escritos y esas precisas constancias de incumplimiento de la demandante que rolan en este proceso, que no fueron objetadas por la contraria.

i) En cuanto a la forma como s.s. apercibe legalmente a mi parte, a cumplir con la relación directa y regular a todo evento, lo hace aplicando e invocando el artículo 48 de la ley 16.618, artículo que no aplica a esta causa, porque la demandante no es legalmente padre ni madre de la hija de mi representada.

El artículo 48 de la ley 16.618, dispone: En caso de que los padres del menor vivan separados, y no hubieren acordado la forma en que el padre o madre que no tuviere el cuidado personal del hijo mantendrá con él una relación directa y regular, cualquiera de ellos podrá solicitar al juez de letras de menores que la regule. Asimismo, podrá pedir al tribunal que modifique la regulación que se haya establecido de común acuerdo o por resolución judicial, si fuere perjudicial para el bienestar del menor.

Si se sometiere a decisión judicial la determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado personal del menor, y no se debatiere la forma en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado de su cuidado personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, con el mérito de los antecedentes que consten en el proceso.

Cuando, por razones imputables a la persona a cuyo cuidado se encuentre el menor, se frustre, retarde o entorpezca de cualquier manera la relación en los términos en que ha sido establecida, el padre o madre a quien le corresponde ejercerla podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, lo que el tribunal dispondrá prudencialmente.

En caso de que el padre o madre a quien corresponda mantener la relación con el hijo dejase de cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el ejercicio del derecho o la establecida por el tribunal, podrá ser instado a darle cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, lo que no obstará a que se decreten apremios cuando procedan de conformidad al inciso tercero del artículo 66.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suspensión o restricción del ejercicio del derecho por el tribunal procederá cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo. Si se acompañan antecedentes graves y calificados que lo justifique, podrá accederse provisionalmente a la solicitud. La resolución del tribunal deberá ser fundada y, cuando sea necesario para su adecuado cumplimiento, podrá solicitarse que se ponga en conocimiento de los terceros que puedan resultar involucrados, como los encargados del establecimiento educacional en que estudie el menor.

El juez, luego de oír a los padres y a la persona que tenga el cuidado personal del menor, podrá conferir derecho a visitarlo a los parientes que individualice, en la forma y condiciones que determine, cuando parezca de manifiesto la conveniencia para el menor; y podrá, asimismo, suprimirlo o restringirlo cuando pudiera perjudicar su bienestar.

o Es decir s.s. aplicó un artículo, que se cumple sólo en la persona que tiene la calidad de madre o padre del niño, situación jurídica que no tiene mi representada.

o No cabe aquí aplicar criterio de analogía, por cuanto las normas referidas al estado civil de las partes, son de orden público, y en consecuencia irrenunciables y de aplicación en sentido estricto.

Otro artículo que usa s.s., para llegar a aplicar el apercibimiento en contra de mi representada, es el artículo 543 del cpc, que menciona: Cuando se pida apremio contra el deudor, podrá el tribunal imponerle arresto hasta por quince días o multa proporcional, y repetir estas medidas para obtener el cumplimiento de la obligación.

 Por su parte, la contraria, además de sus estrategias ya descritas, para fundar su peticiones de incumplimientos y solicitar apremios ha invocado en esta causa:

o Artículo 225 inciso 5 del Código Civil que dispone: Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229.

Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.

o Artículo 48 de Ley 16.618 dispone: En caso de que los padres del menor vivan separados, y no hubieren acordado la forma en que el padre o madre que no tuviere el cuidado personal del hijo mantendrá con él una relación directa y regular, cualquiera de ellos podrá solicitar al juez de letras de menores que la regule. Asimismo, podrá pedir al tribunal que modifique la regulación que se haya establecido de común acuerdo o por resolución judicial, si fuere perjudicial para el bienestar del menor.

o Si se sometiere a decisión judicial la determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado personal del menor, y no se debatiere la forma en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado de su cuidado personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, con el mérito de los antecedentes que consten en el proceso.

o Cuando, por razones imputables a la persona a cuyo cuidado se encuentre el menor, se frustre, retarde o entorpezca de cualquier manera la relación en los términos en que ha sido establecida, el padre o madre a quien le corresponde ejercerla podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, lo que el tribunal dispondrá prudencialmente.

o En caso de que el padre o madre a quien corresponda mantener la relación con el hijo dejase de cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el ejercicio del derecho o la establecida por el tribunal, podrá ser instado a darle cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, lo que no obstará a que se decreten apremios cuando procedan de conformidad al inciso tercero del artículo 66.

o Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suspensión o restricción del ejercicio del derecho por el tribunal procederá cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo. Si se acompañan antecedentes graves y calificados que lo justifique, podrá accederse provisionalmente a la solicitud. La resolución del tribunal deberá ser fundada y, cuando sea necesario para su adecuado cumplimiento, podrá solicitarse que se ponga en conocimiento de los terceros que puedan resultar involucrados, como los encargados del establecimiento educacional en que estudie el menor.

o El juez, luego de oír a los padres y a la persona que tenga el cuidado personal del menor, podrá conferir derecho a visitarlo a los parientes que individualice, en la forma y condiciones que determine, cuando parezca de manifiesto la conveniencia para el menor; y podrá, asimismo, suprimirlo o restringirlo cuando pudiera perjudicar su bienestar.

o Artículo 66 inciso 3 de Ley 16.618 que dispone: El que fuere condenado en procedimiento de tuición, por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, o bien, infringiere las resoluciones que determinan del derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil, será apremiado en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. En igual apremio incurrirá el que retuviese especies del menor o se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal.

o Artículo 9.1 de la Convención De Los Derechos Del Niño que dispone:

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

o Artículo 3 de la Convención De Los Derechos Del Niño que dispone: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

o Artículo 16 de Ley 16.618 - Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

 Observamos nuevamente que la mayoria de los articulos invocados aplican al padre y madre del niño, situación que no se verifica en este caso y requisito sine qua nom, que no se cumple en doña nombre reservado.

 Por otra parte, con las respectivas constancias, efectuadas ante la 43 comisaria de carabineros de chile de peñalolén por mí representada, se da cuenta que doña nombre reservado, como hemos probado, que no se presentó a efectuar las visitas, en esta ciudad.

 Esto ha ocurrido por espacio de 5 meses, período en que no se presentó doña nombre reservado, por causa imputable sólo a su persona:

 a) En efecto, la existencia de cuarentena, del estado de excepción constitucional, no le han permitido que efectúe visitas, por cuanto no puede probar legalmente en Comisaria Virtual de Carabineros, que es madre de la niña.

 b) Tampoco pudo hacer visitas a niña, por tener medida cautelar de prohibición de acercamiento a mí patrocinada, por el término de 180 días, que cesó en junio de 2020,  c) A lo anterior, hay que sumar disposición de estado de excepción constitucional que no permitía visitar a niños cuando existe violencia intrafamiliar.

 d) Término de 30 días que duró orden de no innovar decretada en causa ingreso de Iltma. corte de talca N°200-2020 y que se dictó en virtud de reposición con apelación subsidiaria interpuesta por esta parte.

 e) Tener en cuenta, que cada incumplimiento que denuncia en contra de mi patrocinada lo hace en ciudad de Curicó, lugar en que mi representada no vive, y no se encuentra para la realización de las visitas, que en conciliación de causa RIT -P-783-2019 se encuentra vigente.

 f) Por su parte, mi representada cada vez que no concurre doña nombre reservado, se presenta en la Comisaria 43 de Carabineros de Peñalolén, cercana a su domicilio en la que estampa la debida constancia.

 g) Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener presente la cuarentena existente y los pasos que enfrentan las distintas comunas y ciudades del país, cuestión no imputable a mi representada.

 h) Por otra parte, cuando se modificó la relación directa y regular por videoconferencias con la niña, mi representada las cumplió por el período estipulado y tiene como comprobarlo.

En cuanto a las modificaciones de la relación directa y regular que fueron pedidas por la parte demandante por via incidental, tenemos:

 a) Por cuanto ya pidieron modificación de la relación directa y regular consistente en video llamadas, en escrito presentado con fecha 16 de abril de 2020, las que a pesar de nuestra oposición fueron concedidas y mi representada las cumplió , durante el tiempo que se mantuvo vigente.

 b) Luego con fecha 24 de julio de 2020, pidió una nueva modificación a la relación directa y regular, esta vez consistente en una ampliación a las video llamadas ya concedidas a 45 minutos todos los días a las 18.00 horas.

 Resolución de fecha 04 de agosto de 2020, no hace lugar a lo pedido por ahora, estima necesario conocer la voluntad y disposición de la niña al cumplimiento del mismo. Designa curador Ad Litem para la niña.

 c) Con fecha 10 de septiembre de 2020, nuevamente la contraria pide una modificación a la relación directa y regular y esta vez pide que se reanude la relación directa que se encontraba suspendida.

 Con fecha 21 de septiembre de 2020, se resuelve petición accediendo a la reanudación de la relación directa y regular.

 d) Con fecha 19 de octubre de 2020, la contraria pide restituir las video llamadas a realizarse los días miércoles y domingos que serán entre las 19.30 y 20 horas.

 Resolución de fecha 21 de octubre de 2020, no hace lugar a lo pedido, atendido a la proximidad de la audiencia y sin perjuicio de lo que se pueda resolver en forma posterior a ella.

e) Con fecha 28 de abril de 2021, la contraria pide regulación provisoria de relación directa y regular por vía telemática. Pide video llamadas diarias de lunes a sábado entre las 18 y 19 horas, enviando link a correo electrónico o casilla de correo de la madre.

 Resolución de fecha 07 de mayo de 2021: Accede a video llamadas, lunes miércoles y viernes de cada semana, entre 18 y 19 horas, debiendo enviar link a casilla de correo de la madre. Régimen comienza 12 de mayo de 2021.

f) Con fecha 18 de junio de 2021, la contraria en atención que se ha llevado a cabo de forma telemática las visitas, pide retomar regulación presencial de acuerdo a lo establecido atendida las condiciones de pandemia. Indica que previo a ello ofrece que doña nombre reservado, se realice un test PCR.

 Con fecha 18 de junio de 2021, se resuelve petición accediendo a la modificación de relación directa y regular, establece videos llamadas y reanudación de la relación directa y regular de manera presencial.

 Lo preocupante para esta parte, fue que esta “manifestacion de su voluntad y disposicion al cumplimiento de parte de la niña, será usada por Juez que tramita esta causa doña Carolina Muñoz Díaz, para resolver las peticiones relacionadas con el régimen de la relación directa y regular, y también para resolver las solicitudes de apremios pedidos por la contraria en contra de mi representada.

 Para este caso, dejar su resoluciones condicionadas a la voluntad y disposición de la niña a cumplirlo, es un criterio legal que no compartimos, por cuanto una niña de 07 años, incapaz absoluto, sin criterio formado, será su propia juez, la que decidirá el cambio de la relación directa y regular y los apremios pedidos por la contraria, cuestión absolutamente ilegal e inaceptable, por cuanto la audiencia para los efectos de citar a un niño, niña o adolescente que es una facultad que tiene Juez de Familia en causa de Vulneración de derechos del niño, asunto que no es tal en causa de Cumplimiento y la de Suspensión de la Relación Directa y Regular , tiene por objeto cumplir con el derecho del niño a ser oído, en que Juez deberá tener en cuenta debidamente sus opiniones considerando su edad y madurez, cuestión que compartimos plenamente, pero en ningún caso como lo estima el juez de considerar como voluntad lo que exprese y como elemento que decide los incidentes o la sentencia que debe dictarse en las causas sometidas a su conocimiento, porque se deben ponderar los medios de prueba aportados de acuerdo a su valor legal y reglas de la sana critica.

 Resolución que origina la presentación de este recurso o acción de protección constitucional: es del siguiente tenor:

// Curicó, mayo veintiocho de dos mil veintiuno.

A lo principal: Considerando lo informado, se apercibe a la demandada para que en el plazo de 3 días contados desde la notificación de la presente resolución, proporcione un número telefónico para que se pueda llevar a efecto el cumplimiento del régimen por esa vía, en los días y horas ya determinados.

Visto:

1.- Que, desde el inicio de la tramitación de la presente causa de cumplimiento no se ha podido llevar a efecto ninguna visita entre la demandante y la niña de autos.

OBSERVACION: Situación y hecho que no es efectiva en la presente causa, ya hicimos presente que hicimos presentaciones en las que presentamos constancias efectuadas ´por mi representada, que dan cuenta que doña nombre reservado no se presentó en el domicilio de mi representada en la ciudad de Santiago, como también constancia que indica que en única vez que concurrió a esta ciudad, lo hizo llegando tarde.

Escritos ingresados que contienen nuestras constancias son los de fecha: 10-01-2020/ 03-10-2020/05-02-2021/02-03-2021/26 03-2021/30-0-2021/22-04-2021/ 17-06-2021.

2.- Que, la demandada en sus argumentos de fondo se opone al cumplimiento del acuerdo sobre régimen comunicacional, así cada vez que se ha dado traslado de los incumplimientos, además de oponerse al fondo del asunto se justifica en diversas circunstancias que constan en la tramitación de la causa, entre otros, que es la demandante quien no concurre al domicilio de la niña, en la ciudad de Santiago, en esta oportunidad, señala que el aparato electrónico para efectuar las video llamadas se encuentre en reparación.

OBSERVACIÓN: Efectivamente nos hemos opuesto, señalando razones de derecho estricto, errores en la tramitación, falsedades de la contraria, argumentos de hecho, que no se han considerado para nada por S.S., y que constan en el cuerpo de este escrito. También hicimos presente a S.S., las argucias esgrimidas por la contraria y la invocación de disposiciones legales inaplicables a la condición de la demandante. Prueban nuestro aserto: presentaciones de la contraria de fechas 05-09-2020/ 05-10-2020.

En cuanto a la aseveración de que el aparato electrónico para efectuar video llamada se encuentra en reparación, es efectivo lo que S.S, expone, expusimos este problema en escrito presentado con fecha 26 de mayo de 2021, en el que adjuntamos la copia respectiva de la prestación de servicios de fecha 13 de mayo de 2021, en que doña nombre reservado pagó como da cuenta la boleta a don nombre reservado la suma de $39.000 por ese trabajo.

3.- Que, en dos oportunidades se han fijado fechas para poder escuchar en audiencia reservada a la niña de autos, en este Tribunal y en el Tribunal de Familia de Santiago que, sin embargo, en ninguna de las ocasiones se ha podido concretar esa diligencia, pues la demandada no la conduce a las dependencias del Tribunal.

OBSERVACION : Hecho efectivo, en la primera audiencia la niña fue citada para que concurriera en tiempo de pandemia Covid 19, al Tribunal de Familia Curicó, teniendo además estado casi permanente de cuarentena la comuna de Peñalolén, por largo tiempo la comuna en que vive mi representada y su hija.

En la segunda oportunidad, pedí, con anticipación suspensión de la audiencia en escrito ingresado con fecha 30 de marzo de 2021, alegando la existencia de la publicación de la Revista lésbica Magazine Burdas.cl, en las que se invita a intervenir en esta causa, a la comunidad LGBT, y se indica además la fecha de la realización de la audiencia, día 01 de abril de 2021 en Tribunal de Familia de Santiago. Tuvimos fundado temor que concurriera un grupo de personas conocidas de la demandante y quisimos evitar una sobreexposición de mi representada y su hija.

Tribunal en este caso, dicta resolución con fecha 31 de marzo de 2021, en la que no acoge nuestra petición de suspensión de audiencia, estima que nuestra argumentación no constituye una causa legal, teniendo presente la importancia de ser oído, el cual no se puede afectar por circunstancias como las descritas por la demandada, se resuelve no ha lugar. Sin perjuicio de lo anterior atendido el derecho a la protección de la intimidad e imagen de la niña, por lo que debe evitarse la difusión de información, nombre y fotografías de la niña especialmente por quienes pretenden ser garantes de sus derechos, en virtud del artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, se ordena a la demandante, se abstenga de efectuar publicaciones en redes sociales o en otro soporte, que involucren a la niña de autos.

Al primer y segundo otrosíes, téngase por acompañados.

 Que en escrito ingresado por nuestra parte con fecha 22 de abril de 2021 di cuenta del incumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de parte de doña nombre reservado, quien siguió efectuando publicaciones en su sitio de red social, identificando a la niña por su nombre y acompañando fotografías de la misma, como asimismo hice presente que sigue pidiendo difusión de la publicación de sitio web Burdas.cl. Acompañé documentos que dan cuenta de lo expuesto. También solicité que la demandante se abstuviera de efectuar videos sobre la niña y su familia cuando acudiere a su domicilio, argumentando que no tiene autorización para ello y que no nos prestaríamos para el mal uso que pudiere hacer de ello doña nombre reservado.

 Con fecha 03 de mayo de 2021, apoderado de la contraria, justifica plenamente las publicaciones y videos, refiere que el video es una garantía que dice relación con la libertad de expresión. Video señalado se realiza para dar cuenta de lo dicho por abuela al Tribunal, indica que no hay difusión y distribución , ni se comparte dicho material con nadie, FALTANDO A LA VERDAD, una vez más, al indicar que doña nombre reservado no ha hecho ninguna publicación ,que no puede ser responsable por publicaciones ,que son ejercicio de la libertad de prensa, sugiere que dichas acciones deben volcarse contra quienes producen la información y el material, indica que la imagen de Sofia y su nombre de encuentran siempre resguardados.

OBSERVACION: Olvida apoderado quien inició la campaña, la difundió, aportó fotos y videos, aporto su correo y redes sociales, utilizó los servicios de esta Revista Magazine Lésbica Burdas. CL, fue doña nombre reservado o nombre reservado. Antecedentes aportados a la causa dan cuenta de todo lo que expuse en cuanto a las publicaciones es verídico y puede constatarse con solo ingresar a los sitios web de las revistas españolas, de la misma demandante y Sitios de la Revista Burdas.cl Estimo que no se puede tirar una piedra y luego esconder la mano, para negar todo el daño que hizo.

 Con fecha 05 de mayo de 2021, pedí que se resolviera petición de abstenerse de hacer videos, efectuada con fecha 22 de abril de 2021.

 Con fecha 07 de mayo de 2021, Tribunal estima improcedente mi petición de abstención de grabar en video a la niña y su familia por parte de doña nombre reservado por tratarse de un asunto o grabación entre privados al resolver el segundo otrosí de Folio 185 y resolviendo mi petición de tercer otrosí de Folio 185 dice No Constando que la demandante sea quien divulga imágenes de la niña de la causa o publicaciones en que se contenga su identidad, no ha lugar por resultar improcedente.

 Con fecha 26 de mayo de 2021, di cuenta de nuevo incumplimiento a la resolución dictada con fecha 31 de marzo de 2021 por el Tribunal, Se publica esta vez no solo a nivel nacional, con fecha 06 y 10 de mayo de 2021 sino también a nivel internacional en sitios de revistas lésbicas españolas, que indiqué. La publicación efectuada por doña nombre reservado y su amiga doña nombre reservado, expresa que se difundió y en los que se hace alusión a que se les exhibió un video en el que consta que la hija de mi representada habría llorado al ver a doña nombre reservado. Asimismo acredité incumplimiento de doña nombre reservado quien su última publicación en su sitio de red social, alude a su campaña, individualiza a Sofia, y acompaña y publicando nuevas fotografías, de la niña, con fecha 19 de abril de 2021.

 Acompañé medios de prueba que se encuentran en carpeta judicial, los que no fueron tomados en cuenta por S.S. Asimismo, para probar la veracidad de nuestra aseveración de que demandante ha hecho constancias por comisaria virtual, mayormente desde la ciudad de Curicó, solicité oficio a Carabineros de Chile depto. De planificación y control de Gestión de comisaria Virtual. Esta petición como era de esperar, no fue acogida.

4.- Que, en su oportunidad se apercibió a la demandada para llevar adelante el cumplimiento del régimen comunicacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, sobre lo cual se encuentra notificada.

OBSERVACION: Hecho efectivo, pero en el cuerpo de este escrito mencioné en lo relativo a los apercibimientos, pedidos por la demandante y resueltos por el Tribunal luego de copiarlo para facilitar su contenido y lectura, expresé que artículo 48 de Ley de 16.618 no aplica a situación jurídica legal de la demandante que no es madre de la hija de mi representada.

Con todos los antecedentes reseñados, apreciados de conformidad con las reglas de la sana crítica, este Tribunal puede colegir que ha existido un incumplimiento injustificado, ya que se puede entender que una, dos o tres veces surjan dificultades que impidan llevar adelante el cumplimiento, sin embargo, en la presente causa la tónica ha sido el incumplimiento reiterado, no resistiendo análisis que sea atribuible siempre a causa de la demandante, quien es la que está demandando el cumplimiento, vale decir, es la interesada en que se lleve a efecto, al contrario de la demandada, quien entrega argumentos de oposición, por lo cual, atendido lo dispuesto en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, procédase a la aplicación de sanción de una multa ascendente a 1 Unidad Tributaria Mensual, a la parte demandada, la cual deberá depositar en alguna institución benéfica, dentro de séptimo día hábil contado de su notificación, debiendo acompañar el correspondiente comprobante para su constancia en autos.

OBSERVACION: Que efectivamente las normas para resolver en estos juicios corresponden a la aplicación de la reglas de la sana crítica, pero ello es obrando de manera objetiva, imparcial, sin omitir hechos de la causa, cuya probanza consta en la Causa. No nos parece justo el manto de invisibilidad con que se cubren las acciones que demuestran claramente el incumplimiento de la parte demandante a lo resuelto con fecha 31 de marzo de 2021 por este Tribunal, en sus actos de publicación, edición, presentación de videos, petición de que se difundan, llamados a defender su causa, denostación de la parte demandada, daño emocional producido a la niña etc. Asimismo, la visión parcial de la Sra. Juez, se demuestra claramente, al considerar solo incumplimientos de mi representada, sin tomar en cuenta las acreditaciones y constancias del incumplimiento de la demandante que hemos hecho en la presente causa.

Asimismo llama la atención a este apoderado, la postura negativa de la Sra. Juez, que estima que no resiste análisis nuestra aseveración de que la demandante se ha limitado mayormente a efectuar constancias virtuales, desde la ciudad de Curicó, nuevamente la empodera y protege al negarse a nuestra simple petición de enviar oficio a Carabineros de Chile para probar precisamente este punto, que le permitió a la contraria obtener la dictación del apercibimiento y luego decretar la respectiva multa. Se nos rechaza, sin causa legal justa, a pesar de que considero que hemos obrado honestamente en esta causa con mi representada en esta causa, sin faltar a la verdad.

En cuanto a los otros antecedentes que indica la demandada, relativos a las publicaciones en redes sociales, corresponde precisar y distinguir; el derecho de la libertad de expresión que le asiste a ambas partes y por otro lado, lo que ha dispuesto en Tribunal en resolución de fecha 31 de marzo del año en curso, en orden a evitarse la difusión de información, nombre y fotografías de la niña, especialmente por quienes deben ser garantes de sus Derechos, lo que no impide que la demandante, pueda ejercer su derecho a expresarse por el medio que estime más idóneo, de lo cual no se le puede coartar o privar, insistiéndose que lo ordenado por este Tribunal, dice relación exclusiva, con evitarse la difusión de información, nombre y fotografías de la niña, más no con información que involucre a las adultas del proceso.

Observación; En esta declaración del Tribunal, desconoce la prueba aportada en esta causa, desconoce los derechos constitucionales involucrados que le asisten a mi representada, tales como su derecho a la honra, a la intimidad, a la vida privada sin injerencias externas. Desconoce que existe una limitación legal y constitucional a la libertad de prensa, y los derechos involucrados de las partes en esta causa. Decir que lo resuelto por el Tribunal resolución de fecha 31 de marzo del año en curso, en orden a evitarse la difusión de información, nombre y fotografías de la niña, especialmente por quienes deben ser garantes de sus Derechos, lo que no impide que la demandante, pueda ejercer su derecho a expresarse por el medio que estime más idóneo, de lo cual no se le puede coartar o privar, nos parece francamente una nueva declaración que favorece una vez más a la demandante de esta causa, liberándola de las responsabilidades en que se incurren al publicar datos sensibles de la vida de mi representada y su hija, sin autorización previa. Afortunadamente, existen disposiciones legales en nuestro ordenamiento jurídico, que permiten accionar, para impedir los abusos y arbitrariedades en que se ha incurrido en la presente causa, siendo este recurso o acción constitucional de protección uno de ellos. Francamente la parcialidad demostrada por la Juez de esta causa, y su tendencia a favorecer a la parte contraria, ha causado agravio y un serio perjuicio a mi parte que V.S. Iltma, debe ponderar, de acuerdo al mérito de los antecedentes, para garantizar a esta parte el debido acceso a la justicia, la obtención de un trato igualitario de parte del juez de la causa.

Al primer otrosí: No ha lugar.

Al segundo otrosí: Téngase por acompañados.

Notifíquese a las partes a través de sus apoderados, vía correo electrónico, sin perjuicio del estado diario.

RIT Z-752-2019 Se proveyó y firmó mediante firma electrónica avanzada según lo dispuesto en la Ley 20.886 y el acta 712016.de la Excma. Corte Suprema.

IV_ En cuanto a tramitación de la causa rit C-760-2020, seguida por suspensión de la relación directa y regular y cese de la pensión alimenticia exponemos:

 Hemos interpuesto causa de suspensión de la relación directa y regular y cese de alimentos ante tribunal de familia de Curicó, RIT C-760-2020, produciéndose un avenimiento parcial respecto del Cese de Alimentos, por cuanto ni representada demandó de alimentos al padre de la niña, en 4to Tribunal de Familia de Santiago, por lo que doña nombre reservado, dejó de pagar los alimentos voluntarios a los que se obligó en el mes de diciembre de 2020.

 En causa de Suspensión de Relación Directa y Regular y Cese de Pensión Alimenticia, RIT C-760-2020, fue interpuesta por nuestra parte, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, respecto de misma petición que ingresé en causa de Cumplimiento Z-752-2019 en la que se ordenó tramitar por cuerda separada en Tribunal de Familia de Curicó.

 En Acta de Audiencia Preparatoria de fecha 24 de diciembre de 2020, resolución de cláusula Sexta: El Tribunal fija como objeto del presente juicio “La procedencia de decretar la suspensión o ampliación de la relación directa y regular que las partes recíprocamente se han demandado” y como hechos a probar los siguientes: 1.-Determinar “la vinculación afectiva” que existe entre la niña, (ahora con su nueva identidad) y doña nombre reservado.

 En esta causa, se produce idéntica situación a la denunciada en causa RIT Z-752-2019, por cuanto para los efectos de oír a la niña, se cita a una audiencia conjunta ante el Tribunal de Familia de Curicó, para el día 01 de abril de 2021, en el que asistirán las dos jueces de ese Juzgado.

 Estando dentro de plazo, ingresé escrito con fecha 30 de marzo de 2021 en el que pedí una suspensión a la audiencia decretada, argumentando la existencia de la publicación de la Revista lésbica Magazine Burdas .cl, inicialmente efectuada con fecha 21 de marzo de 2021 a instancias de doña nombre reservado, quien como ya describí en este escrito pide a su amiga, Directora de la Revista, doña nombre reservado, que le publique su caso, en el que denosta a mi representada, su pareja y a este apoderado, publicando datos sensibles de su vida, exponiendo también a la niña, sin autorización alguna, y les acusa de incurrir en actos delictivos, y emprende una campaña para que se reconozca su calidad de madre de la hija de mi representada. Luego replica la publicación que efectúa la citada revista en sus sitios de redes sociales, en los que llama a difundir lo que ella llama su reportaje. Sin perjuicio de lo anterior se realiza un video con fecha 04 de abril de 2021, en la que se da una amplia cobertura a la denuncia que efectuó doña nombre reservado, se vuelven a efectuar otras publicaciones las que son replicadas activamente por doña nombre reservado, no satisfechas con lo publicado, se difunde este artículo en revistas lésbicas españolas y sitios Web madreslesbicas.com,mirales,es y la Oveja Rosa, dándole otro nombre al reportaje. Mayores detalles se comentan en lo ocurrido con esta acción de doña nombre reservado, y de su amiga doña nombre reservado, se encuentran en párrafos anteriores, respecto de causa RIT Z 752-2019.

 Lo preocupante para nosotros fue la invitación a intervenir en esta causa, que se hizo a la comunidad LGBT, y se indicó además la fecha de la realización de la audiencia, día 01 de abril de 2021 en Tribunal de Familia. Tuvimos fundado temor que concurriera un grupo de personas conocidas de la demandante y quisimos evitar una sobreexposición de mi representada y su hija.

 Tribunal con fecha 31 de marzo de 2021, se resuelve en idéntico sentido, como se hizo en causa RIT Z-752-2020, en la que no acoge nuestra petición de suspensión de audiencia, estima que nuestra argumentación no constituye una causa legal, teniendo presente la importancia de ser oído, el cual no se puede afectar por circunstancias como las descritas por la demandada, se resuelve no ha lugar. Sin perjuicio de lo anterior atendido el derecho a la protección de la intimidad e imagen de la niña, por lo que debe evitarse la difusión de información, nombre y fotografías de la niña especialmente por quienes pretenden ser garantes de sus derechos, en virtud del artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, se ordena a la demandante, se abstenga de efectuar publicaciones en redes sociales o en otro soporte, que involucren a la niña de autos.

Al primer y segundo otrosíes, téngase por acompañados.

En escrito de fecha 17 de abril de 201 al evacuar un traslado, di cuenta del incumplimiento a lo resuelto por el Tribunal con fecha 31 de marzo de 2021, por la demandada en esta causa en orden a abstenerse de efectuar publicaciones en redes sociales o en otro soporte que involucre a la niña. Acompañe documentos que acreditan incumplimiento de lo que expongo y se en encuentran insertos en esta causa.

 Resolución de 21 de abril en lo pertinente refiere a todo: Advirtiendo el tribunal que existe régimen comunicacional vigente entre la niña entre nombre reservado y doña nombre reservado, que respecto al mismo existe causa de cumplimiento RIT Z-752-2019, y en donde además se ha fijado audiencia especial para el día 18 de junio de 2021, a las 09:00 horas, se resuelve: No ha lugar a lo solicitado. Instando a las partes a que las futuras presentaciones relacionadas con el cumplimiento de la relación directa y regular sean efectuados en la causa aperturada al efecto. Notifíquese vía correo electrónico, sin perjuicio de su notificación por el estado diario.

 Con fecha 03 de junio de 2021, hago nueva presentación en la que informo incumplimiento de la contraria en orden a publicar respecto de la niña, acompañando documentos que acreditan lo expuesto.

 Con fecha 04 de junio 2021, se resuelve mi presentación ordenando que atendido que lo informado dice relación con el cumplimiento de la relación directa y regular, ingrésese por la solicitante en la causa que corresponda.

 Con fecha 07 de junio de 2021, solicito corrección de oficio de la resolución anterior, por adolecer de error en cuanto a su contenido y no guardar ninguna relación con la presentación efectuada por esta parte con fecha 03 de junio de 2021.

 Que evacuado el traslado por la contraria, repite los mismos argumentos en hizo en causa de cumplimiento, los que doy por expresamente reproducidos.

 Con fecha 24 de junio de 2021, se resuelve mi petición el Tribunal en lo pertinente en forma breve diciendo: Resolviendo la presentación de la demandante de folio 99, no constando de los antecedentes acompañados en la presentación de o3 de junio, que la contraria haya incurrido en publicaciones que involucre información personal de la niña de esta Causa, No ha lugar.

 Por lo que no pudiendo estar conforme con lo resuelto, que es una repetición de lo mismo en causa de cumplimiento RIT Z 752-2019, este apoderado no puede menos que opinar que , no se leyeron ni los escritos, ni se vieron los documentos que aportó, en los que claramente se individualiza a doña nombre reservado, se manifiestan sus acciones lo que constituye una nueva arbitrariedad y una omisión que favorece el incumplimiento de la contraria, priva del derecho a defensa de esta parte y de paso manifiesta la falta de imparcialidad de la Juez que la dictó.

En cuanto al derecho:

Tal como lo dispone el Artículo 1° de nuestra Constitución Política de la República. “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y siendo el recurso de protección, una acción cautelar capaz de hacer valer la eficaz reclamación de los derechos inherentes a la persona humana y sus derechos esenciales por sobre normas regulatorias nuestra ordinaria convivencia pacífica se interpone esta acción, con el objeto de restablecer el imperio del derecho, y poner término a los actos y omisiones arbitrarias e ilegales en que han incurrido los jueces recurridos, que han causado una seria amenaza y perturbación al ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el Artículo 19 N°24, N°2, N°2 inciso 2°, N° 3, N° 3 inciso 5° a mi representada aspirando a que VS Iltma., adopte de inmediato las providencias que juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mi representada, sin perjuicio de señalar en este caso que haremos valer todos los derechos que puedan existir ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Artículo 19. La constitución asegura a todas las personas:

Artículo 19 N°24°, El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Artículo 19 N°2, La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Artículo 19 N° 2 inciso 2°, Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Artículo 19 N° 3°, La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 19 N°3 inciso 5°, Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado Artículo 5°. Inciso 2°, El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Teniendo presente además que se debe respetar de manera irrestricta el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República que dispone “Los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley ,ninguna magistratura, persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

El presente recurso se interpone, fundado en antecedentes objetivos, sin espacio a la improvisación, en los que consideramos que se ha ido paulatinamente comprometiendo seriamente el principio de imparcialidad en el conocimiento y decisión del asunto litigioso, al punto de sembrar desconfianza en la administración de justicia, en virtud de las resoluciones que se han adoptado y principalmente que en lo que dice relación con las resoluciones que originan este recurso, en que se ha provocado una perturbación y amenaza al derecho de propiedad de mi representada, constitucionalmente garantizado, en el artículo 19 N° 24 que señala que el derecho de propiedad recae sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y a partir de esta norma se afirma que existe propiedad sobre cualquier derecho, ya que los bienes incorporales consisten en meros derechos (derechos reales o personales) y dentro de estos, derechos incorporales , se encuentra incorporado en su patrimonio, su derecho a un debido proceso, en particular, su derecho a la acción, incorporado también a su patrimonio en virtud del artículo 5º inciso final de la Constitución Política de la República, que dispone “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes “ , en relación con el artículo 8.1 del Pacto de San nombre reservado Rica que dispone: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter y el Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

Expresado de manera somera, tales disposiciones prescriben, respectivamente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, (…) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, y “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, (…) para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

Dicho de otro modo, al no contar de acuerdo al artículo 20 de nuestra Carta Fundamental con la acción de protección que le garantice el derecho a tutela judicial efectiva, el recurrente invoca la perturbación o amenaza del derecho de propiedad recaído en bienes incorporales o derechos incorporados a su patrimonio ,y también invoca un “derecho de propiedad sobre su derecho a un debido proceso ya todos tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, porque es una garantía esencial, de rango constitucional, incluida en el “debido proceso” (artículo 19 Nº 3, inciso 5º de la CPR), además de expresada y asegurada en varios tratados internacionales (artículo 5º inciso 2º).

"El recurso de protección contra resoluciones judiciales es procedente de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuyo sentido es claro, pues no distingue acerca de las personas u órganos que ejecuten los actos u omisiones arbitrarias o ilegales, aludiendo a un argumento histórico: " Cuando se discutió en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución la naturaleza y efectos del Recurso de Protección, se admitió la idea de hacerlo procedente aún en caso de ser interpuesto para obtener la reparación de un menoscabo, agravio o daño causado a alguna persona, inferido por alguna resolución judicial". En el mismo sentido, Eduardo Soto-Kloss ha dicho que el recurso de protección "tiene lugar en los casos en que sea este remedio constitucional una solución rápida y eficaz allí donde la vía ordinaria conduzca a una denegación o dilación de justicia o a algún agravio irreparable". El artículo 20 de la Constitución en su inciso primero dispone que la Corte, "adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

A propósito de las sentencias civiles emanadas de tribunales arbitrales, Patricio Aylwin en su célebre obra sobre este tema ha dicho, citando una jurisprudencia, que: "el hecho de que las partes sometan un determinado asunto o contrato a la interpretación, conocimiento y resolución de un tribunal arbitral "no obsta a la competencia que la Constitución ha conferido a las Cortes de Apelaciones para conocer del recurso de protección, que tiene por objeto conocer de manera urgente y excepcional de las violaciones a derechos fundamentales, amagados por una acción u omisión arbitraria o ilegal".

La función del recurso de protección es cautelar las garantías fundamentales de los ciudadanos, y, no existen razones atendibles que permitan dejar al ciudadano desprotegido cuando es parte en un proceso civil.

Si el recurso de protección se reserva -como cierta jurisprudencia lo ha hecho- a revisar aquellas violaciones de derechos graves y notorias ocurridas en el proceso o con ocasión de la dictación de una sentencia, se cumple satisfactoriamente con ambos objetivos, tanto la cautela como el control constitucional.

La jurisprudencia de los últimos veinticinco años ha reconocido la procedencia del recurso de protección como vía de impugnación de las sentencias civiles en que se han cometido graves vulneraciones constitucionales, en especial, en los casos en que se ha afectado a las partes o terceros que han quedado en indefensión.

Si bien algunos autores sostienen que el recurso de protección deba emplearse para solucionar grandes conflictos de derechos o antinomias subyacentes a un conflicto jurisdiccional hay otros que opinan que es sólo para aquellos casos en que no exista otra solución eficaz para la arbitrariedad cometida. En todos los casos en que se requiera una análisis reposado de los antecedentes, existirán los recursos ordinarios, o bien la propia inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

Mientras ello no ocurra, el recurso de protección se abre paso como el control de constitucionalidad mediato de una garantía que paradójicamente no está abarcada por esta acción constitucional, como es el debido proceso del art. 19 N° 3 de la Constitución (salvo en lo referido al derecho al juez natural), aludiéndose a la protección del derecho de propiedad como bien jurídico afectado, solución que ciertamente no es la dogmáticamente adecuada, como lo ha denunciado la doctrina. Esta profunda asimetría en el proceso civil parece desaparecer, precisamente por ser el lugar de encuentro de partes que se estiman como iguales. Sin perjuicio de que efectivamente la justicia especializada penal, laboral o tributaria pueda conocer de casos en que se requiera la tutela de los derechos de la parte "débil", ello no significa que en el marco del proceso civil ello no suceda, como por ejemplo, en el administrativo sancionatorio, que aún es competencia de los tribunales ordinarios. Una sentencia civil -auto, decreto, interlocutoria o definitiva- puede constituir un acto de autoridad vulnerador de los derechos fundamentalmente garantizados de una de las partes o de terceros. Así lo comprueba la jurisprudencia de los últimos veinticinco años que se analizó en este trabajo, a propósito del recurso de protección. Y así lo ha entendido, por ejemplo, la legislación española que desde hace años contempla la posibilidad de solicitar la tutela de derechos fundamentales vulnerados en un fallo civil, a través del recurso de amparo. Resulta en realidad paradójico que la garantía constitucional del debido proceso no goce de una acción judicial directa que la tutela, debiendo recurrirse por la vía de la casación, a través de algunas de sus concreciones legales en las causales de casación en la forma; o bien, por la vía del recurso de protección, debiendo recurrirse a través del eufemismo de "afectación del derecho de propiedad" u otra vía mediata.

Por otra parte, Los tribunales de justicia, parte del Poder Judicial, están llamados a ejercer su poder/deber de jurisdicción, conjuntamente con las facultades conservadoras. Las facultades conservadoras, consagradas en el art. 3° del Código Orgánico de Tribunales, entendidas como la debida protección de las leyes, la Constitución y las garantías fundamentales en todas las actuaciones jurisdiccionales, están íntimamente emparentadas con el control de constitucionalidad de las leyes. El recurso de protección en su dimensión "cautelar" no es incompatible con la dimensión "conservadora".

Las facultades conservadoras son atribuciones que tienen los tribunales de justicia y son eminentemente jurisdiccionales. Al ser jurisdiccionales, las asociamos directamente a dos conceptos que en opinión de Calamandrei, no pueden desligarse de la jurisdicción, me refiero a la acción y al proceso.

La actividad jurisdiccional no se ejerce sin finalidad, en forma abstracta, necesita un conflicto sobre el cual pronunciarse, es por eso, que se encuentra íntimamente ligada al derecho de acción. El derecho de acción puede ser entendido como el derecho que tienen los ciudadanos para acceder al órgano jurisdiccional para deducir una pretensión, obligándolos a dar una respuesta de acuerdo a derecho. La jurisdicción y la acción se ponen en contacto y se unen a través del proceso. La actividad jurisdiccional se desarrolla mediante un proceso, el cual por definición supone enfrentar a dos partes parciales en términos de dualidad, contradicción e igualdad, frente a un tercero imparcial como debe ser un juez estatal. El derecho a un debido proceso surge como una garantía para las personas, en el entendido de que le corresponde al legislador regular el ejercicio de la jurisdicción por medio de un proceso. El legislador debe agregarle al proceso otros elementos, además de los que le son propios, para que pueda hablarse con propiedad de un justo o debido proceso.

El derecho fundamental al debido proceso se encuentra desarrollado en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho se encuentra mucho más desarrollado, que en nuestra Constitución que hace alusión a él en forma muy escueta en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º que se analiza más adelante. Por lo tanto, debemos armonizar ambas normativas y obtendremos la real amplitud del derecho a un debido proceso, no debemos olvidar que esta Convención es ley para nuestro país, aunque su rango normativo no sea un tema pacífico dentro de la doctrina nacional.

[87]

Después de la incorporación del inciso segundo al artículo 5º de nuestra Constitución en 1989 se ha discutido mucho en la doctrina nacional si dicha enmienda elevó o no a rango constitucional los tratados internacionales sobre los Derechos Humanos. Existen dos posiciones al respecto, aquellos que sostienen que los tratados internacionales que establecen Derechos Humanos tienen rango constitucional y por otra parte, aquellos que señalan que tienen rango de ley .

EN CUANTO AL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL: Artículo 6° de la Constitución Política de la República dispone: Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. 5 Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

Es pertinente citar el “Auto Acordado sobre Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética”, dictado por esta Excma. Corte Suprema el 14 de diciembre de 2007, que señala: “Tercero.- Integridad. Todo miembro del Poder Judicial debe tener una conducta recta e intachable, de modo de promover la confianza de la comunidad en la Justicia. En consecuencia, con su comportamiento procurará no dar lugar a críticas ni reclamos de parte de quienes recurren a los tribunales ni de otras autoridades o del público, en general.”

Ese derecho tiene dos fuentes de origen: la Constitución y los tratados internacionales.

Nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas el derecho que se conoce como de “igualdad ante la justicia” (artículo 19 Nº 3), dentro del cual, en su inciso 5º se indica que “Corresponderá al legislador establecer [88]

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”, lo que doctrinariamente se conoce como “debido proceso”. Y éste sólo existe en presencia de un juez imparcial como lo demuestra la historia fidedigna del establecimiento de la norma. Nuestros más altos tribunales recogen con fuerza la misma idea.

El profesor TAVOLARI, al referirse a la aplicación que recibe el principio de la imparcialidad del juez en el ámbito internacional, sostiene que “constituye a la luz del derecho procesal contemporáneo, un determinante elemento de la jurisdicción, elevado a la más alta categoría de exigencia por la legislación supranacional y se traduce en una disposición intelectual y volitiva del juez, que le permite resolver el conflicto sometido a su consideración con entera prescindencia de todo antecedente, como no sean los fundamentos jurídicos y fácticos que cada uno de los litigantes esgrime en su favor.”

La Excelentísima Corte Suprema, conociendo de un recurso de queja, pronunció una sentencia muy esclarecedora el 24 de septiembre de 1993. En su Considerando Cuarto, al referirse a qué se entiende por un “debido proceso”, indicó que: “Su estructura está regida por una serie de principios entre los cuales aquí interesa destacar, el del derecho a un juez imparcial…”

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 5 de abril de 1988, autos ROL Nº 53, señala en el Considerando H: “La independencia y la imparcialidad no sólo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que, además son elementos consustanciales al concepto mismo de juez.”

En cuanto a la segunda fuente, existen varios tratados internacionales ratificados por Chile y plenamente vigentes, que al estar referidos a derechos esenciales, tienen rango constitucional conforme al artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República.

[89]

Uno muy representativo es la “Convención Americana de Derechos Humanos”, que señala: “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…” Al respecto, un conocido autor comenta que “Las normas derivadas de la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos son cánones internacionales incorporados al derecho interno, por lo cual deben ser aplicados por la jurisdicción interna como fuente de nuestro ordenamiento jurídico…”

De manera similar a la CADH, está el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, que en el artículo 14. 1. Indica: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial…”

La “Declaración Universal de Derechos Humanos”, artículo 10, “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial...”

De manera casi idéntica, el “Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, en su artículo 6.1., “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial…”

Con los textos citados se destaca el punto clave, y es que la imparcialidad Es una garantía esencial, de rango constitucional, incluida en el “debido proceso” (artículo 19 nº 3 inciso 5º de la CPR), además de expresada y asegurada en varios tratados internacionales (artículo 5º inciso 2º).

Con estas afirmaciones elementales, agreguemos que conforme al principio de supremacía constitucional, los órganos del Estado deben someterse a sus disposiciones (artículo 6º inciso 1º).

[90]

El importante respaldo de la Corte Suprema a los criterios expuestos:

Este Excelentísimo Tribunal ha sido categórico respecto a las exigencias éticas a que se deben nuestros jueces. Haciéndonos eco nuevamente del "Auto Acordado sobre Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética", en su artículo Noveno Ter se menciona: "En lo no previsto en este Capítulo, regirán supletoriamente las disposiciones del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, las que pasarán a formar parte del presente acuerdo". Y dicho Código, en su artículo 11 establece: "El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así." Finalmente solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado y doña nombre reservado, ya individualizadas, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, ordenándoseles que informen y se acoja el presente recurso de protección declarando ilegal y arbitrarios los actos desplegados por la recurrida, por vulnerar las garantías constitucionales señaladas en artículos 19 N°24, N° 3, N° 3 inciso 5 y , N°2, N°2 inciso2°, de la Constitución Política, y en definitiva proceda a reestablecer el imperio del derecho:

1.-Ordenando a las jueces recurridas, nombre reservado y doña nombre reservado emitan su informe dentro del plazo que prudencialmente establezca V.S.Iltma.

2.-Que se pronuncie esta Iltma Corte, de acuerdo a la normativa vigente respecto de la procedencia legal de declaración de Comaternidad fundadamente, enmendando la resolución que realizó Juez doña ANDREA DIAZ VEGA en causa RIT P-783-2019, de Tribunal de Familia de Curicó, seguida entre las mismas partes, con fecha 05 de diciembre de 2019, pudiendo pedirle un informe pormenorizado, sobre las razones y normas legales que tuvo en cuenta para así declararlo.

3.-Que se pronuncie por esta Iltma Corte, de acuerdo a la normativa vigente respecto de la procedencia legal, de dar reconocimiento a esta doble maternidad, y en consecuencia en virtud de la misma, emitir pronunciamiento, respecto de si estas normas de derecho público, relativas al estado civil y filiación, que reconocen la calidad de padre-madre pueden aplicarse por analogía a estos casos, existiendo normas legales expresas que la regulan, como ha ido ocurriendo en la tramitación de las causas , sobre las que recae el presente recurso.

4.- Que se pronuncie esta Iltma Corte, sobre la licitud o ilicitud de aplicar con ultractividad, las normas de un Acuerdo de Unión Civil ya cesado y si es licito aplicar también las normas del cese de matrimonio civil, como fundamento para mantener una vinculación en este caso entre la niña y doña nombre reservado, en su calidad de madre, como lo ha estado haciendo en cada una de estas causas.

5.- Que se ordene, sin perjuicio de las medidas pedidas, todas las que se V.S.Iltma, estimen necesario adoptar y sean pertinentes para el restablecimiento de mis derechos, y garantías de un juicio imparcial, como recurrente.

PRIMER OTROSI: En atención al grave e irreversible impacto que causan hechos descritos en lo principal de esta presentación los cuales constituyen actos arbitrarios e ilegales y ante el temor de que estos sigan aconteciendo, vengo en solicitar se sirva conceder una orden de no innovar respecto de todo acto que pueda significar una vulneración y amenaza a los derechos de mi representada, ello mientras se tramita la presente acción de protección, y como una manera de mitigar el mal causado. RUEGO A S.S.ILTMA, acceder a lo solicitado.

2°) Doña María Elena Ortiz Cornejo, evacuó el informe señalando los siguientes antecedentes:

Que en este Tribunal se inició, con fecha 17 de agosto de 2020 la causa rit C-70-2020 por demanda de suspensión de relación regular y directa y cese de alimentos, iniciada por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado, quien dedujo demanda reconvencional de ampliación de relación directa y regular, siendo citadas las partes a audiencia preparatoria la que se llevó a efecto los días 14 de octubre y 24 de diciembre de 2020. En esta última audiencia se arribó a conciliación entre las partes, quienes acordaron cesar los alimentos que doña nombre reservado otorgaba en beneficio de la niña nombre reservado. Se fijaron los hechos a probar en la causa y cada parte ofreció sus medios de prueba.

Con fecha 2 de febrero del año en curso, se citó a audiencia especial con el sólo objeto de escuchar a la niña para el día uno de abril de 2021 a las 9.00 horas, para lo cual se dispuso su comparecencia al cuarto juzgado de familia de Santiago, a objeto de evitar que se desplazara a esta ciudad por la contingencia sanitaria, diligencia que fue notificada a las partes, a través de sus apoderados.

Que con fecha 30 de abril, el apoderado de la demandante solicita la suspensión de la audiencia reservada fundado en que doña nombre reservado incurrió en conductas lesivas a la honra de la actora en sitios web revista magazine lésbica on line Burdas.cl y en la redes sociales tales como Facebook, instagram, twitter y otras, informando el día en que la niña debía ser oída como también invitando a opinar respecto de la causa iniciada en este tribunal, para lo que acompañó las copias y reproducciones de dichas publicaciones. Por resolución de 31 de marzo de 2021 fue rechazada la solicitud considerando que los argumentos vertidos en el escrito no constituyen causal legal de suspensión, prevaleciendo el derecho de la niña a ser oída en juicio, sin perjuicio de ordenar a doña nombre reservado de abstenerse de efectuar publicaciones en redes sociales u otros medios de difusión que involucren antecedentes relativos a la niña nombre reservado.

Que el día 1 de abril del año en curso se llevó a efecto la audiencia vía zoom, previamente coordinada con el cuarto juzgado de familia de Santiago, en la que se dejó constancia de la incomparecencia de la niña, según lo comunicado por el ministro de fe de ese juzgado.

Mediante escrito de 3 de junio del año en curso, la defensa de la demandante acusa incumplimiento a lo ordenado por el tribunal, por cuanto refiere que pese a encontrarse notificadas extrajudicialmente las recurridas de sus acciones legales, doña nombre reservado (Cheims) efectuó nuevas publicaciones en el sitio web burdas.cl y en el sitio https://madreslesbianas.com,correo reservado de España en donde se divulga el nombre de la actora y de doña nombre reservado para efectos de tomar contacto con ella, a lo que el tribunal proveyó: “téngase presente. Atendido a que lo informado dice relación con el cumplimiento de la relación directa y regular, ingrésese por el solicitante en la causa que corresponda”.

Con fecha 7 de junio (folio 99) la actora solicita se rectifique de oficio la resolución anterior, dado que no se pretende dar cuenta del incumplimiento de la relación regular y directa, sino que dice relación con el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal mediante resolución de 31 de marzo del año en curso, en orden a que la contraria debe abstenerse de efectuar publicaciones en redes sociales u otro medio de difusión que involucre antecedentes relativos a la niña nombre reservado, solicitud respecto de la cual se confirió traslado a la contraria.

Que evacuando el traslado, la defensa de la demandada solicita el rechazo de la solicitud fundado en que su parte no ha vuelto a entregar ningún tipo de información ni publicaciones relativas a la niña, como tampoco puede ser responsabilizada por las publicaciones efectuadas por terceros ajenos a la causa respecto de un caso que es conocido a nivel local, toda vez que corresponde al ejercicio de la libertad de prensa. Por otra parte, hace referencia a lo resuelto en este sentido en la causa rit Z-752-2019, que resolvió una solicitud de la demandante en el mismo sentido, no dando lugar a ello.

Que el 24 de junio del año en curso, se proveyó: “resolviendo la presentación del demandante de folio 99, no constando de los antecedentes acompañados en la presentación de 3 de junio que la contraria haya incurrido en publicaciones que involucre información personal de la niña de esta causa, no ha lugar a la solicitud”.

La última actuación de la causa se llevó a efecto el 13 de julio del año en curso, dando inicio de la audiencia de juicio, respecto de la cual se fijará una audiencia posterior para continuar con la rendición de prueba.

Finalmente cabe señalar que la presente causa de cese y aumento de relación regular y directa, tiene su fuente en lo obrado en las causas T-43- 2019 sobre transacción en materia de alimentos y relación regular y directa suscrita por doña nombre reservado y doña nombre reservado y la causa rit P-783-2019 sobre medida de protección relativa a la niña nombre reservado hoy nombre reservado (dado que con posterioridad fue reconocida por su padre biológico) en la que se modificó de común acuerdo la relación regular y directa y se puso término a la causa.

Concluye solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe.

3°) Doña nombre reservado, evacuó el informe señalando los siguientes antecedentes:

El recurso antes señalado se relaciona con la causa de cumplimiento de relación directa y regular RIT Z- 752-2019, en la cual nombre reservado solicita a nombre reservado, el cumplimiento de la relación directa y regular que ambas acordaron en transacción, respecto de la niña nombre reservado.

Las adultas en referencia suscribieron un acuerdo de unión civil, con fecha 21 de abril de 2018. nombre reservado le puso fin con fecha 07 de mayo de 2019.

La niña de autos nace el 10 de junio de 2013. Inicialmente no tenía reconocimiento paterno y figuraba inscrita con los apellidos nombre reservado. En forma posterior figura con reconocimiento paterno de nombre reservado, figurando inscrita con los apellidos nombre reservado.

Con fecha 16 de mayo de 2019, las adultas mencionadas, ingresan al Tribunal de Familia de Curicó, para su aprobación, transacción de alimentos y de relación directa y regular. En virtud de ese documento nombre reservado se obliga al pago de una pensión de alimentos en favor de la niña y a sostener con ella una relación directa y regular ordinaria y extraordinaria.

El recurrente de protección señala como acto arbitrario e ilegal de mi persona, la resolución dictada con fecha 29 de mayo de 2021, a folio 219 del sitfa, en la cual se impone a su representada el pago de una multa por incumplimientos injustificados de relación directa y regular reiterados, quién se encontraba debidamente apercibida en torno a la consecuencia de aquello, multa que no ha pagado hasta la fecha. En su concepto, señala que se han visto infringidas por mi actuación las garantías constitucionales establecidas en los artículos 3 inciso 5, 19 N° 24, N° 3, N° 2 inciso 2, de la Constitución Política de la República, aduce que no ha existido un debido proceso, no ha existido imparcialidad, igualdad.

Como argumentaciones de fondo en la causa de cumplimiento de la relación directa y regular, la parte demandada, recurrente en estos autos, ha planteado que debe negarse el cumplimiento del acuerdo que las partes suscribieron, ya que es contrario a derecho, es ilegal, no tiene sustento normativo, ya que en nuestro país no está reconocida legalmente la co-maternidad. Agrega que se desconoce que la niña cuenta con un reconocimiento paterno.

Que, esta judicatura debe seguir el imperativo de aplicar como un principio de fondo y de procedimiento en todas sus actuaciones, el del interés superior del niño. Como lo señala la Observación General Número 12 del Comité de Derechos del Niño, la evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y a que ésta se tenga debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan. En ese orden de ideas, tal como también lo sugirió esa Iltma. Corte cuando conoció de un recurso de apelación en esta causa, se fijó una entrevista reservada con la niña de autos, a la cual no compareció, posteriormente, considerando la situación de pandemia y el domicilio de la niña ( en la ciudad de Santiago), se fijó una entrevista vía zoom, coordinada con el tribunal competente de esa ciudad, a la cual tampoco asistió, con ello, no se ha podido tener acceso a escucharla sobre el asunto que le afecta, considerando que se trata de una niña de 8 años, es un sujeto de derecho y dispone de autonomía para expresarse, de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encontraría, según su edad.

Volviendo a la actuación recurrida, atendida la situación de pandemia que nos ha afectado estos últimos dos años, las visitas se han ido modificando en el tiempo, se han acotado a mínimos en el tiempo, también se establecieron por vía remota, vía zoom, o video llamadas, pero en concreto, las visitas presenciales nunca han podido llevarse a efecto, pese a encontrarse decretadas. La demandante siempre ha alegado incumplimientos, acto seguido, la demandada también alega incumplimientos de parte de la demandante, argumentando que no llegó a la hora a efectuar el retiro, que no va, que no vive en el domicilio que indica, pero siempre, indistintamente argumenta de fondo que el derecho que exige es improcedente. Ante aquello, considerando el conjunto de antecedentes, habiendo dado traslado en todas las oportunidades, y habiendo citado a una audiencia especial previa, esta Juez, resolvió aplicar sanción de multa, entendiendo que existe un ánimo o disposición clara de no cumplir con lo acordado, ya que no es posible que la parte que pide, que insta por el cumplimiento sea la responsable que en tantas oportunidades el régimen presencial no se haya podido concretar, analizado bajo las reglas de la sana crítica, no resulta ser lógico. Corresponde aclarar que se despejó la aprehensión de contagio por covid, la cual es a todas luces razonable, exigiendo el pase de movilidad, el examen PCR previo a la visita y la realización de esta en un lugar apropiado, fijando un régimen provisorio acotado, los viernes por medio de 16 a 19 horas.

Por otro lado, cabe hacer presente que, en época muy reciente, cuestión de un mes a la fecha, en forma posterior a la fijación de la multa, la demandada ha accedido a que la demandante tenga contacto por zoom con la niña, tres veces por semana, como lo estableció el tribunal, pero no ha sido posible llevar a efecto ninguna visita presencial.

Asimismo, en la resolución recurrida, se negó lugar a despachar un oficio a Carabineros, solicitado por la parte demandada, en el cual pedía que carabineros informara el domicilio que nombre reservado informó en cada una de las constancias que realizó, actuación que en concepto de este Tribunal en nada aportaba, ya que los domicilios figuraban en las constancias respectivas, por lo cual rechazó esa petición. En la misma resolución, se hizo presente a la parte demandada que no se podía coartar la libertad de expresión de la demandante, lo cual no implica aceptar las publicaciones en que se involucre directamente la identidad de la niña.

Que, este procedimiento tiene por objeto conocer el cumplimiento del régimen de relación directa y regular, el cual debe cumplirse, a menos que aparezcan circunstancias que den cuenta que el cumplimiento es perjudicial para el interés superior del niño o niña, lo cual ameritaría decretar alguna medida cautelar y suspender el régimen comunicacional, cuestión que no se ha solicitado ni demostrado en estos autos, existiendo paralelamente en tramitación un proceso de cese de relación de relación directa y regular, el cual se ventila en este Tribunal.

Si bien es cierto, gran parte de la normativa que rige la materia sobre cumplimiento de régimen comunicacional se encuentra redactada en términos de una familia heteronormativa, no se puede obviar la existencia del artículo 16 de la ley de Tribunales de Familia, el cual es principio, norma sustantiva y de procedimiento, que debe informar todas las actuaciones del tribunal, el cual debe analizarse para el caso en concreto, que es lo que ha intentado hacer esta judicatura.

Por otro lado, también podría plantearse que se trata del cumplimiento de una obligación de hacer, asumida por la demandada, en cuanto ella se obligó a dar cumplimiento al régimen comunicacional, en ese sentido el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, norma que se cita al aplicar la sanción de multa, es de carácter genérico y no atiende al sexo de los involucrados.

Para una mejor comprensión, se adjunta resolución de folio 219, la cual se indica como acto recurrido.

Concluye solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe.

4°) Doña Andrea Díaz Vega, evacuó el informe señalando los siguientes antecedentes:

Que ante este Tribunal se inició la causa RIT T-40-2019 mediante la cual compareció doña nombre reservado debidamente representada por la Abogada de la Corporación de Asistencia Judicial doña nombre reservado y por otra parte doña nombre reservado, quienes actuando de conformidad a lo establecido en la ley manifiestan que con fecha 21 de abril de 2018 celebraron acuerdo de Unión civil el que se encuentra inscrito en la circunscripción de Curicó bajo el número 7 del Servicio de Registro Civil e identificación correspondiente a aquel año, encontrándose actualmente separadas de hecho. En la cláusula segunda señalan que de la relación habida entre ambas nace nombre reservado, de 5 años de edad. En la cláusula tercera indican que con la finalidad de regular pensión alimenticia y relación directa y regular en beneficio de Sofía nombre reservado, las comparecientes han alcanzado “de manera libre, informada, consciente, voluntaria y en cabal conocimiento de sus derechos y obligaciones el siguiente acuerdo”: A) Pensión alimenticia: doña nombre reservado, otorgará por concepto de pensión alimenticia en favor de nombre reservado el equivalente a un 40% de un ingreso mínimo remuneración al mensual; 2) la fecha de pago será los días 10 de cada mes a contar de junio del año 2019, pensión que se reajustará conforme a la variación del ingreso mínimo remuneración, lo anterior mediante depósito en cuenta de ahorro del Bancoestado aperturada a nombre de la madre de la niña. B) Relación directa y regular: doña nombre reservado se relacionará con la niña nombre reservado en los siguientes términos: 1) Régimen ordinario: fin de semana por medio desde el viernes a las 13:00 hrs. hasta el día domingo a las 19:00 hrs., debiendo doña nombre reservado retirar y regresar a la niña desde y hacia el hogar materno, comenzando el viernes 24 de mayo de 2019; 2) Régimen extraordinario: a) vacaciones verano: doña nombre reservado se relacionará dos semanas en el mes de enero, a convenir en el mes de diciembre y dos semanas en el febrero, también a convenir previamente. Así mismo establecen vinculación especial en vacaciones de invierno de Sofía, día de su cumpleaños y fiestas de fin de año, indicando que en todos los casos doña nombre reservado tendrá la obligación de retirar y restituir a Sofía desde al domicilio materno. Por tanto, en atención a la normativa legal citada, piden tener por presentada transacciones en materia de alimentos y relación directa y regular y otorgarle su aprobación como derecho. Aparece finalmente la firma ilegible de doña nombre reservado, nombre reservado y de doña nombre reservado, conjuntamente con la indicación de sus cédulas de identidad y una firma y timbre de Administrativo Jefe del Tribunal de Familia con una anotación que señala “Ratifican transacción, doy fe” de fecha 15 de mayo de 2019. Se acompaña a la presentación certificado de nacimiento de la niña nombre reservado nacida el 10 de junio del año 201 ; nombre de la madre, nombre reservado, Rut RUT reservado y certificado de acuerdo de unión civil, circunscripción Curicó, número de inscripción 7 del año 2018 ; nombre de los convivientes nombre reservado, RUN RUT reservado y nombre reservado, RUN RUT reservado en el acto de la celebración las convivientes civiles pactaron régimen de comunidad de bienes. Fecha de anotación 21 de abril de 2018. Por acta de fecha 7 de mayo de 2019, ante el oficial civil de la circunscripción de Curicó, la conviviente civil nombre reservado puso término por voluntad unilateral al acuerdo de unión Civil, fecha de emisión 14 de mayo de 2019.

La referida transacción fue aprobada por este Tribunal mediante resolución dictada con fecha 16 de mayo de 2019 en los siguientes términos: A lo principal: atendido el mérito es de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 2451 del Código Civil y 102 de la Ley 19.968, téngase por aprobada la pensión de alimentos y régimen comunicacional en todo aquello que no sea contrario a derecho.

Se hace presente a VS. que la niña de autos (Sofía nombre reservado) a la fecha de la presentación de la transacción y su aprobación, sólo contaba con reconocimiento materno, compareciendo su madre en la suscripción del documento, así como también ante este Tribunal debidamente representada y asesorada por una Abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Curicó.

Qué respecto de la aprobación judicial, el recurrente alega que no debió prestarse aquella, puesto que una de las convivientes había puesto término al acuerdo de unión civil, sin embargo, es importante advertir que si bien la convivencia entre las partes había cesado a la época de suscripción de la transacción, el vínculo afectivo entre la niña Sofía nombre reservado y doña nombre reservado al parecer se mantenía y claramente la madre de la niña, se encontraba plenamente consciente y conforme con mantener a su ex conviviente civil presente en la vida de su hija. En ninguna parte de la referida aprobación judicial se atribuye a doña nombre reservado la calidad jurídica de madre de Sofía nombre reservado, por ende, no se creó norma alguna, ni estatus jurídico diferente al que detentaba; en resumen, la suscrita no excedió sus facultades, simplemente aprobó un acuerdo entre adultos respecto de la hija de una de aquéllas conforme los principios, normas que dominan la materia y la autonomía de la voluntad de las partes.

En cuanto a la medida de protección RIT P-783-2019 iniciada a requerimiento de doña nombre reservado con fecha 10 de octubre de 2019, debo hacer presente que conforme lo establecido en el artículo Octavo número 7 y 68 de la ley que crea los tribunales de familia, esta judicatura es competente para conocer de los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme lo establece el artículo 30 de la ley 16.618. A este respecto, cabe señalar que con fecha 5 de diciembre de 2019 se realiza audiencia preparatoria con la asistencia personal de la parte requirente doña nombre reservado, su apoderada doña nombre reservado; la requerida, doña nombre reservado, sus abogados don Hernán Muñoz (recurrente de autos) y doña Elizabeth Muñoz, con la asistencia de la curadora ad ítem doña nombre reservado (Abogada de OPD Curicó). En aquella oportunidad, las partes debidamente asesoradas y asistidas por sus apoderados arriban a una solución colaborativa a fin de poner término al conflicto entre aquellas decidiendo mantener el régimen comunicacional entre Sofía nombre reservado y doña nombre reservado en los términos establecidos en la transacción suscrita, T-43-2019, con algunas modificaciones a su respecto. Cabe destacar que doña nombre reservado informa cambio de residencia a la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, modificando la entrega de la niña en el nuevo lugar. El Tribunal con el mérito de los antecedentes tuvo por aprobada la solución colaborativa al conflicto en todo aquello que no fuere contrario derecho. Se hace necesario destacar que en todo momento la recurrente estuvo presente en la audiencia debidamente asesorada y asistida, por el mismo abogado que casi un año y medio después interpone la presente acción de protección.

Por último y tras la participación de esta jueza en aquellos procesos, la Sra. nombre reservado y doña nombre reservado iniciaron otras acciones que no han sido conocidas por la suscrita, encontrándose aquellas actualmente en tramitación ante este Tribunal.

Concluye solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe. Además señala que no ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal como indica el recurrente de protección, puesto que ajustándose a la normativa legal vigente y en cumplimiento a lo solicitado por las partes, resolvió las presentaciones y peticiones formuladas, teniendo pleno conocimiento del interés superior de la niña Sofía nombre reservado a la luz de lo establecido en los artículos 3°, 8°, 9°, 18 de la Convención de los Derechos del Niño; 5° de la Constitución Política del Estado y artículos 8, 16, 68 y demás normas pertinentes de la Ley 19.968 5°) Doña nombre reservado, evacuó el informe señalando los siguientes antecedentes:

Con fecha 15 de julio de 2021, fue enviado por la Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento, nombre reservado, informe solicitado a la Juez María Elena Ortiz Cornejo, al correo electrónico correo reservado, y correo reservado

- Con fecha 19 de julio de 2021, fue enviado por la Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento, nombre reservado, informe solicitado a la Juez Carolina Muñoz Díaz, al correo electrónico correo reservado

- Con fecha 4 de octubre de 2021, fue informado por la Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento, nombre reservado, haber dejado en la carpeta compartida con la Corte para los audios, las causas solicitadas, informando de ello al correo electrónico correo reservado

- Con fecha 15 de octubre de 2021, fue enviado por esta Administradora, informe solicitado a la Juez Andrea Díaz Vega, al correo electrónico correo reservado y correo reservado

- Con fecha de octubre de 2021, fueron notificada las partes, según lo instruido en resolución de la I. Corte, por la Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento (s), nombre reservado, al revisar esta Administradora que no fue realizado cuando se solicitó incorporar la copia de las causas en la carpeta compartida de la I. Corte, por ello se informa con esta fecha la notificación al correo electrónico correo reservado, correo reservado y correo reservado

Concluye solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe.

6°) Doña nombre reservado, evacuó el informe pedido señalando los siguientes antecedentes:

Que encontrándome dentro de plazo, de acuerdo a la notificación realizada a esta parte con fecha 18 de octubre del 2021, por este acto vengo en evacuar el informe requerido al tenor de la acción constitucional y que dice relación con problemática procesal en procedimientos de familia entre las partes, rechazando esta en todas sus partes por ser extemporánea su interposición, por no existir causal alguna de vulneración a las garantías mencionadas, y por los argumentos que paso a exponer:

HECHOS:

1. S.S.I sin perjuicio que esta doña nombre reservado no es parte de este recurso de protección, sino que las Magistradas Carolina Muñoz Díaz y nombre reservado, lo cierto es que esta parte ha sido la contraparte del la Sra. nombre reservado en todas las causas comentadas por la recurrente, además de ser aludida e interpelada constantemente en el escrito de marras.

2. Es por lo anterior que vuestro Ilustrísimo Tribunal con fecha 4 de octubre del 2021 solicita al tenor de los hechos señalados en el recurso, requerir informe de esta parte.

I.- SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN AUTOS.

La recurrente interpone esta acción constitucional por dos supuestas acciones que privan, amenazan y/o perturban las garantías constitucionales de doña nombre reservado, señalando las siguientes:

1) Respecto de la resolución dictada con fecha 24 de junio de 2021 en causa RIT- C-760-2020, de Tribunal de Curicó que ordena notificar a las partes a través de sus apoderados, vía correo electrónico, sin perjuicio del estado diario.

2) La segunda causal dice relación en causa de cumplimiento caratulados “nombre reservado”, RIT Z-752-2019 también ante el Juzgado de Familia de Curicó, en que bajo el folio 219, y con fecha 29-05-2021 se incorpora resolución en la carpeta judicial electrónica que ordena notificar a las partes a través de sus apoderados, vía correo electrónico, sin perjuicio del estado diario.

Dicho esto, manifiesta que se han visto vulneradas sus garantías constitucionales, sin referirse a cual precisamente, por lo que nada podemos referirnos a aquello.

Todo esto en relación al artículo 20 de la constitución Política de la República, es decir, “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

De acuerdo a lo indicado por el recurrente, sus garantías se ven vulneradas, sin manifestar cómo es que las notificaciones por correo electrónico le causan un agravio, pero solicita como medida de protección las siguientes:

1.-Ordenando a las jueces recurridas, nombre reservado y doña nombre reservado emitan su informe dentro del plazo que prudencialmente establezca V.S.Iltma.

2.-Que se pronuncie esta Iltma Corte, de acuerdo a la normativa vigente respecto de la procedencia legal de declaración de Comaternidad fundadamente, enmendando la resolución que realizó Juez doña ANDREA DIAZ VEGA en causa RIT P-783-2019, de Tribunal de Familia de Curicó, seguida entre las mismas partes, con fecha 05 de diciembre de 2019, pudiendo pedirle un informe pormenorizado, sobre las razones y normas legales que tuvo en cuenta para así́ declararlo.

3.-Que se pronuncie por esta Iltma Corte, de acuerdo a la normativa vigente respecto de la procedencia legal, de dar reconocimiento a esta doble maternidad, y en consecuencia en virtud de la misma, emitir pronunciamiento, respecto de si estas normas de derecho público, relativas al estado civil y filiación, que reconocen la calidad de padre- madre pueden aplicarse por analogía a estos casos, existiendo normas legales expresas que la regulan, como ha ido ocurriendo en la tramitación de las causas , sobre las que recae el presente recurso.

4.- Que se pronuncie esta Iltma Corte, sobre la licitud o ilicitud de aplicar con ultractividad, las normas de un Acuerdo de Unión Civil ya cesado y si es licito aplicar también las normas del cese de matrimonio civil, como fundamento para mantener una vinculación en este caso entre la niña y doña nombre reservado, en su calidad de madre, como lo ha estado haciendo en cada una de estas causas.

5.- Que se ordene, sin perjuicio de las medidas pedidas, todas las que se V.S.Iltma, estimen necesario adoptar y sean pertinentes para el restablecimiento de mis derechos, y garantías de un juicio imparcial, como recurrente.

Podrá apreciar vuestro Ilustrísimo Tribunal que la parte contraria solicita medidas de protección incoherentes a los dos actos indicados como objeto de su recurso, manifestando desde ya, que este recurso debe ser deslegitimado en todas sus partes por ser absolutamente extemporáneo, intentando confundir a S.S.I de manera maliciosa sin adherirse a la normativa aplicable.

II.- CARENCIA DE OBJETO DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN.

El recurrente ha interpuesto el presente recurso relatando múltiples hechos absolutamente extemporaneos que intenta confundir a vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones señalando entre ellos los siguientes :

1. Respecto de la resolución dictada con fecha 24 de junio de 2021 en causa RIT- C- 760-2020, de Tribunal de Curicó que ordena notificar a las partes a través de sus apoderados, vía correo electrónico, sin perjuicio del estado diario.

2. La segunda causal dice relación en causa de cumplimiento caratulados “nombre reservado”, RIT Z-752-2019 tambien ante el Juzgado de Familia de Curicó, en que bajo el folio 219, y con fecha 29-05-2021 se incorpora resolución en la carpeta judicial electrónica que ordena notificar a las partes a través de sus apoderados, via correo electrónico, sin perjuicio del estado diario.

Es decir S.S.I los dos actos que vulneran la garantía constitucional de la recurrente se basan en cuanto a la forma de notificación que ordenó el Tribunal de primera instancia.

Sin perjuicio de eso, de manera confusa y antojadiza, intenta a lo largo de su recurso de protección dar cuenta sobre diversos acontecimientos supuestamente vulneratorios que son totalmente extemporáneos:

1. Se señala por el recurrente que con fecha 5 de diciembre del año 2019, la magistrada Andrea Díaz Vega declara la comaternidad de la niña Sofía. Aunque esto no es cierto, S.S.I, es preciso hacer referencia que a todas luces, su alegación es totalmente extemporánea.

2. Posteriormente hace un análisis de las causas anteriores entre las partes, precisamente la causa primitiva a la de cumplimiento RIT T-43-2019, donde ambas partes acordaron un régimen de relación directa y regular entre mi representada y la niña de autos, además de otras materias, pero que tiene como fecha de aprobación por parte del Tribunal de Familia de Curicó el 19 de mayo del 2019. Nuevamente extemporáneo. Acá S.S.I, hace referencia la contraparte que fue aprobada dicha transacción contrario a Derecho, cuestión que NO puede ser objeto de este recurso por ser esta acción por parte del Tribunal toda vez que:

● Totalmente acorde a Derecho, pues es un acuerdo de AMBAS partes donde a diferencia de lo que cree y estima erróneamente la contraparte, el régimen de relación directa y regular se debe efectuar con las personas que mantengan un vínculo nutricio y beneficios para los NNA, cuestión que en este caso claramente sucede al ser mi representada la madre social de la niña de autos, acordado por ambas partes desde su nacimiento.

● Dicha declaración judicial fue aprobada hace más de 2 años.

3. Siguiendo el recurso interpuesto, señala que con fecha 10 de octubre del año 2019, se aperturó causa proteccional a favor de la niña de autos. Acusa la recurrente que existió un error en la admisibilidad de la denuncia interpuesta, y aunque esto NO es así S.S.I, pues las denuncias por vulneración de derechos se efectúan justamente para proteger a los niños niñas y adolescentes, no existiendo el criterio de vínculo biológico para su interposición, esta fue interpuesta hace DOS AÑOS, por lo que una vez más su alegación es extemporánea.

4. Manteniendo el orden de argumentos de la contraria, expone que con fecha 5 de diciembre del 2019 la Jueza Andrea Díaz Vega decreta la comaternidad de la niña de autos, señalando inclusive con rojo para su énfasis.

5. Manifiesta que el actuar de la Magistrada fue ilegal y arbitrario, haciendo alusión que este es el acto por el cual realmente se interpone el recurso:

Estimamos que la decisión adoptada por la Sra. nombre reservado Srta DOÑA ANDREA DIAZ VEGA, fue ilegal y arbitraria. Su resolución, en materia de maternidad la consideramos siempre contraria a derecho y por lo tanto por no escrita, Nunca imaginamos el uso y el abuso que de ello haría la parte contraria.

Esto S.S.I, que al parecer es el argumento central del recurso de la contraria, es totalmente extemporáneo.

6. Posteriormente, alega que con fecha 21 de septiembre del año 2020, el Tribunal de Familia de Curicó, accede a la solicitud de modificación del régimen de relación directa y regular a petición de esta parte. Esto S.S.I, por cierto, que su alegación también es extemporánea.

7. Siguiendo el curso de ideas, posteriormente la recurrente hace alusión a supuestas exposiciones de doña nombre reservado, y la niña Sofía, en una entrevista virtual llamada Burdas.cl. Aunque esto no es objeto de este recurso S.S.I, es preciso referirnos a que se encuentra en actual tramitación ya un recurso interpuesto por parte de la contraria ROL 3960-2021, caratulado “nombre reservado/nombre reservado” donde esta letrada ya evacuó su debido informe, rechazando por cierto el recurso por no tener ningún asidero legal.

III. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD:

Que, podrá apreciar vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones, que la recurrente intenta en su acción constitucional confundir los plazos para la interposición del recurso, pues, a modo del cálculo contempla DOS acciones en cuanto a la notificación que ordena el Tribunal de Familia de Familia, - sin referirse en cómo esto lo vulneraría- centrándose TODO el recurso en actos suscitados hace más de DOS AÑOS, cuestión que no puede ser amparada por este Ilustrísimo Tribunal pues los requisitos de procedencia para este tipo de acciones CAUTELARES son claros:

i) Acción u omisión arbitraria o ilegal.

ii) Afectación de alguno de los derechos fundamentales indicados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es decir, una privación, perturbación o amenaza;

iii) Existencia de un derecho fundamental preexistente e indubitado;

iv) Relación de causalidad entre dicha acción u omisión denunciada de arbitraria e ilegal y la afectación de derechos fundamentales;

v) Como la acción de protección es cautelar, debe existir la posibilidad de que la Corte pueda adoptar medidas cautelares.

vi) Interposición dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos; y, otros señalados en Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales La jurisprudencia ha ratificado los requisitos para su procedencia, indicando que se deben cumplir copulativamente dichos presupuestos:

“Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.”

Respetuosamente esta parte se pregunta ¿La recurrente tomó conocimiento de los actos “vulneratorios” recientemente con fecha 24 de junio del 2021? Esto S.S.I es imposible, pues todos las resoluciones judiciales que comenta la contraparte como argumento de su recurso fueron debidamente notificadas.

IV. NATURALEZA JURÍDICA:

Sobre la naturaleza del recurso de autos, esta es “una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales.” Es decir, esta acción no trata el fondo de un asunto, sino que busca restablecer el imperio del derecho ante acciones que estén actualmente vulnerando, perturbando o amenazando garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En otras palabras, es una acción meramente tutelar que pretende obtener de la Corte de Apelaciones competente el urgente restablecimiento de los derechos afectados. En esta dirección “para don nombre reservado, presidente de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, la institución de protección es un procedimiento de emergencia que tiene por objeto lisa y llanamente, mientras se discute ante la justicia ordinaria en forma lata el problema planteado, restablecer el imperio del derecho que ha sido afectado”.

Es del caso, que el recurrente no ha explicitado de manera alguna cómo es que la notificación a través de correos electrónicos le podría afectar sus garantías Constitucionales, teniendo que necesariamente por tanto, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, desestimar el presente recurso de protección en contra de mi representada, pues según el artículo 1698 del Código Civil, que menciona “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección personal del juez”. Quien tiene la carga probatoria, es en este caso la parte recurrente y es quien tiene el deber de acreditar sus propios dichos, cuestión que NO efectúa al no acompañar documentación suficiente respecto de cómo la publicación le causó un perjuicio avaluada además en dinero.

Según el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República que menciona “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1.o, 2.o, 3.o inciso cuarto, 4.o, 5.o, 6.o, 9.o inciso final, 11.o, 12.o, 13.o, 15.o, 16.o en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.o, 21.o, 22.o, 23.o, 24.o y 25.o podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también, el recurso de protección en el caso del No. 8. del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

No se cumplirían por tanto, los requisitos para que procediera el presente recurso de protección puesto que el legislador es enfático en señalar la “ejecución de un acto”, por lo que al NO ejecutar ningún acto vulneratorio en contra de la Sra nombre reservado el presente recurso carece de legitimidad activa para la interposición de este recurso, y pasiva para precisamente, responder de dicha “ejecución de actos”. Puesto que todos los actos que se relatan en el recurso, son extemporáneos y los que no, a modo de confundir al Tribunal, no se explicita perjuicio alguno.

En consecuencia, esta acción de protección carece de forma manifiesta de fundamento, debiendo necesariamente vuestra ilustrísima señoría rechazarlo en todas sus partes pues:

● Los hechos que se mencionan en el recurso NO configuran una vulneración arbitraria o ilegal.

● Los hechos que se mencionan en la acción NO se configura una vulneración a alguna de las garantías constitucionales indicadas en el art. 20 de la Constitución Política de la República, y la parte contraria NO manifestó cómo es que las notificaciones por correo electrónico le resultan un perjuicio.

● Las acciones vulneratorias que tratan el recurso son de aproximadamente DOS AÑOS, no existiendo motivo alguno por el cual el recurrente hoy en día se encuentre con la necesidad de cautelar.

● Los hechos que refieren a doña nombre reservado se están conocimiento ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en Causa ROL: 3960-2021 caratulado “nombre reservado/nombre reservado”.

● No queda más que concluir que la presente acción constituye una maliciosa instrumentalización de la vía judicial para efectos de amedrentar a mi representada, tal y como lo ha efectuado en la causa de actual tramitación, para objeto de precisamente, lograr una sentencia favorable.

Concluye solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe, además señala que se declare extemporánea la presentación del recurso de protección interpuesto en autos. En subsidio, se sirva tener por evacuado el informe del presente recurso de protección por parte de doña nombre reservado, en razón de lo expuesto disponer el rechazo en todas sus partes a la acción constitucional interpuesta por no tener ningún asidero legal En el otrosí adjuntó copia del informe evacuado por ella en la causa ROL 3960-2021, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual señaló:

Por este acto vengo en evacuar el informe requerido al tenor de las tres acciones de protección interpuesta en autos, y que dice relación con una publicación efectuada por la revista digital burdas.cl, solicitando respecto de ello, esta parte, que se rechace el presente recurso u omita pronunciamiento, toda vez que mi representada no ha vulnerado en caso alguno las garantías constitucionales de los recurrentes, ni existe responsabilidad atribuible hacia ella al no tener participación en la revista digital, por los argumentos que paso a exponer:

En el Capítulo I se expondrá una síntesis de la acción constitucional impetrada en autos.

En el Capítulo II se expondrá sobre por qué el presente recurso de protección en la actualidad carece de fundamento y posibilidad para otorgar cautela por no existir legitimación pasiva.

En el Capítulo III se expondrá por qué el presente recurso debe desestimarse por no concurrir con los requisitos legales para su admisibilidad.

I.- SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA EN AUTOS.

El recurrente ha interpuesto las acciones constitucionales aduciendo que mi representada doña nombre reservado publicó en el medio virtual “www.burdas.cl” una “entrevista” la cual le habrían efectuado al título ¿Que pasa que aún se vulneran los derechos de los niños?. Además de aquello señala que esta aquella publicación online, ha sido publicada y “compartida”, en diversos sitios que la revista mantiene, es decir, en plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest.

Por otro lado, señala enfáticamente que dicha publicación fue subida y efectuada por por la editora de contenidos de la Revista BURDAS MAGAZINE, sitio web on line “BURDAS,CL”, bajo el seudónimo de CHEIMS.

Esto, señala el recurrente, afectaría las garantías contenidas en el art. 19 N°1 y N°4, de la Constitución Política de la República -el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; en relación al artículo 20 de la constitución Política de la República, es decir, “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. Consistiendo el acto ilegal y arbitrario en la entrevista acompañada en el recurso, y que esta sería realizadas por mi representada que, según la recurrente, además consistiría en justicia por la propia mano.

Señala que la publicación efectuada en la revista digital afecta su derecho del artículo 19 N°1 de la Constitución Política toda vez que mantiene actualmente a los recurrentes afectados psicológicamente por las repercusiones que ha tenido dicha entrevista, su estado de ánimo ha disminuido, y ha provocado mucho estrés, miedo, y en definitiva, afecta a su salud mental.

De acuerdo al recurrente, otra garantía vulnerada sería la del artículo 19 N°4 toda vez que se ha perturbado el derecho a la propia imagen y su derecho a la honra, motivo que funda el recurso, manifiesta que se encuentra atacada públicamente su reputación y se transgrede la vida privada y honra de la recurrente.

De este modo, el recurrente solicita a S.S.I 1.-Que la recurrida doña nombre reservado elimine la publicación titulada “Caso nombre reservado ¿Que pasa que aún se vulneran los derechos de los niños?, efectuada con fecha 21 de marzo de 2021y posteriores posteos, del sitio Web.Burdas.cl, y de todas las plataformas de red social que tiene esta revista magazine on line, en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y respecto de doña nombre reservado, elimine la misma publicación de misma fecha, de las cuentas que tiene en plataformas de red social de Facebook, bajo su identidad legal, el de nombre reservado, el del Micky nombre reservado, Micky.nombre reservado terapeuta holística, nombre reservado. correo reservado.

2.-Que las recurridas se abstengan en forma inmediata de publicar por cualquier medio de comunicación social, redes sociales u otra red de difusión masiva, mensajes que denuesten a la recurrente.

3.-Que las recurridas efectúen una nueva publicación en las mismas plataformas que usaron para edición original, por medio de la cual se desmienta cualquier acusación y/o imputación realizada a la recurrente, ofreciendo disculpas públicas y retractándose de ellas, la que deberán mantener en carácter de pública por 15 días corridos.

4.- Que transcurridos los 15 días de la publicación señalada en el punto anterior (N°3), se proceda a eliminar de las cuentas de las recurridas, absteniéndose de crear una nueva, en esta red social u otra, con el objeto de difamar a la recurrente.

5.- Que se ordene, sin perjuicio de las medidas pedidas, las que se estimen necesario adoptar y sean pertinentes para el restablecimiento del derecho de la recurrente.

6.-Que las recurridas sean condenadas a las costas por el presente recurso.

II. CARECE DE RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS PLANTEADOS:

La contraria en su recurso de protección imputa a mi representada supuestas afectaciones a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 1, y 4º en relación con lo dispuesto en el artículo 20º, ambos de la Constitución Política de la República, debiéndose rechazar necesariamente en todas sus partes con expresa condena en costas debido a que no se cumplen en la especie los requisitos necesarios para que proceda dicho recurso en contra de mi representada por dos argumentos y requisitos esenciales para la determinación de la legitimación pasiva:

1) En primer lugar, la parte recurrente señala en la acción interpuesta que quién precisamente efectúa la publicación en la revista es la segunda recurrida doña nombre reservado, dependiente de la revista Burdas.cl y NO mi representada doña nombre reservado, por lo que esta parte al no ser quien tiene manejo de la revista en comento, poco puede ser la persona que vulneraría las garantías constitucionales de la recurrente y poco podría ser la persona que podría reparar la supuesta afectación que se invoca. Esta parte considera esencial que si la contraria desea que una revista digital no efectúe o se restrinja su libertad de opinión e información en el ejercicio del periodismo esto se debe realizar por otra vía, en contra de la revista digital y no a través de un recurso de protección absolutamente improcedente e infundamentado hacia esta parte.

2) En segundo lugar, y en cuanto a los requisitos sobre legitimidad pasiva que exige el legislador para precisamente la interposición del recurso de protección, a la simple lectura de aquella acción esta parte pudo evidenciar que NO señala de manera alguna que mi representada haya expuesto información respecto de los recurrente, pues la publicación que se intenta atacar NO fue una entrevista donde se pudiera explicitar que mi representada manifestó determinada o no información respecto de los recurrentes, sino que más bien es un reportaje de interés público que la propia revista digital considera relevante, y por tanto, publican.

3) En ningún momento la contraria manifestó que mi representada haya dicho o aportado información relevante y sensible, sino más bien, el recurso de protección apunta precisamente la revista quien a través de sus conductos regulares los cuales esta parte desconoce, decide o no publicar un hecho de interés público, y esta parte no puede ser responsable de aquello bajo ningún caso.

4) Por lo que, el único fin del reportaje en comento, y de la información aportada por mi representada (que la parte contraria NO tiene conocimiento qué es lo que manifestó o no, al no ser una entrevista) fue contar un hecho y vivencia propia, y no denigrar o afectar las garantías constitucionales de los recurrentes y menos aportar datos sensibles.

El recurrente NO manifiesta en caso alguno sobre qué dichos o qué parte de la publicación se sintieron agredidos los recurrentes, y cómo podría hacerlo, si en la publicación digital no se menciona qué habría manifestado de manera explícita mi representada, pues no es una entrevista, sino que más bien un reportaje de un hecho de interés público. En él, se hace alusión de manera general a vivencias propias que bajo ningún punto de vista vuestro Ilustrísimo Tribunal podría considerar como una afectación a las garantías Constitucionales de los recurrentes, pues la mera narración de los hechos a terceras personas no puede privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de garantías constitucionales ajenas. Esto según el propio fallo del Recurso de Protección emitido por vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado “nombre reservado/nombre reservado”, ROL 426-2021 “Y, por otra parte, tal divulgación no ha sido efectuada por la recurrida, lo que impide calificar si una conducta suya ha sido ilegal o arbitraria. La mera narración que ella hubiese podido hacer a otra persona sobre la situación vivida no puede privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de garantías constitucionales ajenas, desde que corresponde a una decisión relativa a su esfera personal, sin control sobre lo que la otra persona pudiese hacer con esa información;”

En este sentido, se extrae de las propias publicaciones acompañadas por el recurrente, que el reportaje buscaba compartir una experiencia en cuanto a un acontecimiento en puntual, y no buscaba denostar en caso alguno a la parte contraria, y así también se manifestó de manera implícita por el recurrente, pues no manifiesta cuales son los hechos escriturados que le causen algún perjuicio atribuible a mi representada, reparable por esta vía.

CARENCIA DE OBJETO DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN.

Sobre la naturaleza del recurso de autos, esta es “una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales.” Es decir, esta acción no trata el fondo de un asunto, sino que busca restablecer el imperio del derecho ante acciones que estén actualmente vulnerando, perturbando o amenazando garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En otras palabras, es una acción meramente tutelar que pretende obtener de la Corte de Apelaciones competente el urgente restablecimiento de los derechos afectados. En esta dirección “para don nombre reservado, presidente de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, la institución de protección es un procedimiento de emergencia que tiene por objeto lisa y llanamente, mientras se discute ante la justicia ordinaria en forma lata el problema planteado, restablecer el imperio del derecho que ha sido afectado”.

Es del caso, que el recurrente no ha explicitado de manera alguna sus aseveraciones teniendo que necesariamente por tanto, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, desestimar el presente recurso de protección en contra de mi representada, pues según el artículo 1698 del Código Civil, que menciona “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección personal del juez”. Quien tiene la carga probatoria, es en este caso la parte recurrente y es quien tiene el deber de acreditar sus propios dichos, pero bien, el recurso de protección va netamente dirigido en contra de la revista digital, y no en contra de mi representada al no tener ella responsabilidad alguno de aquello, por lo que poco mi representada podría restablecer el imperio del derecho que ha sido “vulnerado”.

Tal como se ha señalado en el Capítulo II de este informe, mi representada en ninguna parte habría manifestado datos sensibles, o bajo amparo legal que estén siendo investigados por la justicia, pues entiende que precisamente que las instancias para poder obtener una reparación de carácter legal y judicial, es esa, la ley, utilizando entonces los mecanismos establecidos en una sociedad democrática y en ningún caso, utilizando mecanismos de autotutela, principalmente porque cree en el Estado de Derecho y en segundo lugar porque se encuentra en actual tramitación causas en sede familia entre las partes.

Según el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República que menciona “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1.o, 2.o, 3.o inciso cuarto, 4.o, 5.o, 6.o, 9.o inciso final, 11.o, 12.o, 13.o, 15.o, 16.o en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.o, 21.o, 22.o, 23.o, 24.o y 25.o podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también, el recurso de protección en el caso del No. 8. del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. No se cumplirían por tanto, los requisitos para que procediera el presente recurso de protección en contra de mi representada, puesto que el legislador es enfático en señalar la “ejecución de un acto”, por lo que al no haber sido la accionaria mi representada, el presente recurso carece de legitimidad pasiva para precisamente, responder de dicha ejecución de actos. Señalar S.S.I, que bajo ningún punto de vista mi representada ha entregado datos importantes y sensibles de las causas en conjunto con los recurrentes, y si así lo cree la parte contraria lo debe ACREDITAR, lo que no se efectúa en caso alguno.

Esta parte destaca además, que mi representada en ningún momento ni circunstancia incitó a divulgar información en contra de los recurrentes, pues tiene conocimiento de la sensibilidad que significa esta materia, y de los derechos que mantiene su hija, por lo que manifestar que la responsabilidad es atribuible a ella, sin siquiera acreditar aquello, no es más que un mal uso del aparato judicial y error en el procedimiento que invoca.

Concluye solicitando a la Corte de Apelaciones de Santiago, tener por evacuado el informe, además dispone el rechazo en todas sus partes de los tres recursos de protección deducido en contra de mi representada y que se encuentran acumulados, por no existir ningún atisbo de acto ilegal ni arbitrario, como ninguna participación en los hechos mencionados, con expresa condena en costas, pues no existe motivo plausible para accionar en contra de mi representada, al no acreditar en ningún momento sus aseveraciones.

7°) Con fecha 16 de Diciembre de 2021, atendido el tiempo transcurrido y, a fin de dar curso progresivo a los autos, se prescinde del informe solicitado a don nombre reservado, decretándose autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional, se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. Asimismo, la arbitrariedad e ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba, o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

Segundo: Que, conforme a lo señalado, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de las recurridas, y si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquélla que la recurrente indica en su libelo como vulnerada.

Tercero: Que, las peticiones 2.-, 3.- y 4.- de la recurrente, no se pueden zanjar a través de este recurso de protección porque se encuentran judicializadas, algunas con sentencias y resoluciones ejecutoriadas, y otras en tramitación, y si bien excepcionalmente se puede recurrir de protección en contra de una resolución judicial que afecta derechos de terceros que no han sido parte en el procedimiento, en la especie doña nombre reservado, resulta evidente que la recurrente está utilizando esta vía como mecanismo de impugnación de resoluciones ejecutoriadas y algunas incluso recurridas de apelación, razones por las cuales en las materias como las planteadas en el arbitrio, puede la recurrente instar por sus derechos, a través de la vía jurisdiccional ordinaria.

Cuarto: Que, de los antecedentes expuestos no es posible inferir que exista indubitablemente por parte de cada recurrida una actuación de carácter arbitraria, es decir, injusta, caprichosa o despótica, ni ilegal, puesto que las resoluciones respectiva fueron dictadas por una juez de la república dentro de la esfera de su competencia y facultades, debiendo agregarse que ellas tampoco son arbitrarias, como ya se dijo, por cuanto obedecen a la realidad del proceso y, a un razonamiento concordante con un imperativo legal.

Quinto: Que, por las razones dadas, la acción cautelar intentada debe ser desestimada, al no haberse comprobado su fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, se rechaza el de protección interpuesto por don Hernán Eduardo Muñoz Maya, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y doña María Elena Ortiz Cornejo, juezas del Juzgado de Familia de Curicó, sin costas por haber tenido motivos plausibles para accionar.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°2062-2021 Protección.

Se deja constancia que no firma los Ministros don Rodrigo Biel Melgarejo y el Abogado Integrante don Robert Morrison Munro, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, el primero por encontrarse en comisión de servicio en la Excma. Corte Suprema y, el segundo ausente.