nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

2 Talca, veinte de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

1°) Comparece en el presente recurso de protección como recurrente, la abogada doña Alexandra Virginia Diamantidis Encinas, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, por sí y en favor de don nombre reservado, divorciado, agricultor, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Contraloría Regional del Maule, representada legalmente por el contralor regional, don Carlos Rodrigo Basáez Valdebenito, y en contra del Fiscal instructor don nombre reservado, ambos domiciliados para éstos efectos en domicilio reservado, por la actuación ilegal y arbitraria contenida en la resolución de fecha 4 de octubre de 2024, la que fue notificada mediante correo electrónico y que desestima la Reconsideración y demás recursos presentados por la defensa de don nombre reservado, la que dispuso:

“ Se resolvió A lo principal: Que, atendido que la referida resolución fue dictada con estricto apego a derecho por los fundamentos jurídicos que en ella se indican, con precisión; sin que se haya alegado vicio esencial alguno que afecte la validez del procedimiento, ni atente contra los derechos de defensa del inculpado, teniendo en cuenta, además, que no se aportan nuevos antecedentes de hecho o de derecho que permitan desvirtuar lo resuelto: No ha lugar a la reposición planteada, debiendo desestimarse igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General, que regula el presente procedimiento. Al primer otrosí: No ha lugar por improcedente, atendido lo resuelto a lo principal. Al segundo otrosí: Al punto 1, atendido que, acorde con los antecedentes incorporados a fs. 605, el e-mail a través del que la defensa del Sr. nombre reservado remitió sus descargos fue enviado el 25 de septiembre de 2024, a las 00:01 horas, No ha lugar por infundado. Al punto 2, no advirtiéndose la existencia de puntos oscuros o dudosos, omisiones o errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, No ha lugar, debiendo estarse a lo resuelto en la resolución recurrida, respecto a que los argumentos de fondo en que también se fundamentó la solicitud de nulidad rechazada mediante la resolución que se recurre, serán analizados, por su naturaleza, en la vista fiscal.”

Lo que ha causado perturbación y privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidas en los N°s. 1, 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, a fin de que se restablezca el imperio del derecho.

En cuanto a los hechos, señala como antecedentes preliminares que:

A.- Mediante resolución exenta N° PD00821, de fecha 17 de noviembre de 2023, se dispuso por la Contraloría Regional del Maule, Unidad de Sumarios, instruir sumario administrativo en la Municipalidad de Villa Alegre, designando fiscal instructor.

B.- Que expone en sus considerandos:

1° Que, en el citado oficio N°E408508, de 2023, de este origen, se concluye que la Municipalidad de Villa Alegre habría incurrido en variadas anomalías en la adquisición de un terreno para la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar, en el sector de Montenegro, tales como incongruencias en los informes de tasación y falta de fundamentación de los valores alcanzados; en circunstancias que dicho terreno es de uso agrícola.

2°- Que, a través del citado oficio N°E408508, de 2023, este Organismo Fiscalizador ordenó la instrucción de un sumario administrativo en el referido municipio, con el objeto de investigar la participación de sus funcionarios y las eventuales responsabilidades administrativas derivadas estos hechos.

Se transcribe textual lo siguiente: “El Contralor Regional, en uso de sus atribuciones. R E S U E L V E: 1- Instrúyase un sumario administrativo en la Municipalidad de Villa Alegre, y en los demás servicios públicos pertinentes, con el objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas originadas en los hechos a que se refieren los considerandos de esta resolución. 2- Desígnese fiscal instructor al funcionario de esta Contraloría Regional, don nombre reservado.”

C.- Que con fecha 5 de septiembre de 2024, se notifica a su representado, la formulación de cargos de acuerdo con el sumario instruido señalado precedentemente por la Contraloría Regional del Maule, Unidad Sumarios.

Se transcriben en forma íntegra:

CARGO PRIMERO: Haber incumplido sus deberes funcionarios, en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, al haber omitido supervigilar el funcionamiento de esa entidad edilicia y ejercer el debido control jerárquico, con ocasión de la correcta ejecución del proceso de compra del inmueble ubicado en domicilio reservado, por un valor de $100.000.000, aprobado por decreto alcaldicio N°2.795, de 30 de diciembre de 2022, amparando, con su inactividad, que la referida compra se decretara mediante la modalidad de trato directo, sin haber demostrado efectiva y documentadamente los motivos y la naturaleza de la negociación, que justificaran la omisión de la propuesta pública, según lo preceptuado en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

La conducta descrita constituyó una contravención a lo dispuesto en los artículos 3°, inciso segundo -en relación con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y control-; 5°, inciso primero, 8° -en lo referido al deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones-, 9° -respecto a la posibilidad de recurrir a la licitación privada, previa resolución fundada que así lo disponga y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación así lo requiera-, 11, 13 -en lo relativo a la exigencia de observar el principio de probidad administrativa y dar conocimiento de los fundamentos de las decisiones que se adopten-, 52, 53 -en cuanto a la falta de medios idóneos de decisión y control, como en la razonabilidad que exige la adopción de decisiones-, y 62, N°s 7 y 8 -al contravenir el principio de probidad administrativa, al omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley lo disponga, y los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de su cargo público-, todos de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Del mismo modo aquella omisión configuró una infracción a lo previsto en los artículos 5°, letras b) y f), en lo referido a la correcta ejecución del presupuesto municipal, 56 -en cuanto a la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento-, y 63, letras d), e) y h), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades -en cuanto a la obligación de resguardar el patrimonio municipal y a respetar el principio de probidad administrativa, que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan lo que supone un racional uso de los recursos, dando estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la Administración-; como asimismo, una transgresión a lo previsto en los artículos 58, letras a), b), c), y g), y 61, letras a), b) y c) de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en lo relativo a no haber orientado el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de sus servicios; no haber ejercido un control jerárquico permanente con ocasión de la correcta ejecución del proceso de compra, y no haber velado de manera permanente por el cumplimiento de los planes y aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones. Además, el referido reproche ha originado una vulneración a lo dispuesto en los artículos 4° y 8° letras d), e) y h), del Reglamento Interno, de la Municipalidad de Villa Alegre, aprobado por decreto N°1.958, de 2021, de ese origen.

CARGO SEGUNDO: Haber incumplido sus deberes funcionarios, en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, al haber omitido supervigilar el funcionamiento de esa entidad edilicia y ejercer el debido control jerárquico, con ocasión de la correcta ejecución del proceso de compra del inmueble ubicado en domicilio reservado, por un valor de $100.000.000, aprobado por decreto alcaldicio N°2.795, de 30 de diciembre de 2022, amparando, con su inactividad, diversos incumplimientos en el proceso de determinación del valor de compra, el que se basó en tasaciones irregulares, elaboradas por los profesionales don nombre reservado y doña nombre reservado, las cuales no se ajustaban a lo establecido en la Norma Chilena sobre Tasación de bienes, NCh3658/1, de 2021, ya que: a) Las tasaciones no especificaron los principios y cálculos realizados, de manera detallada, para determinar el valor de tasación.

b) Las avaluaciones se basaron en la metodología de comparación o de mercado, sin embargo, para los testigos empleados en su asimilación, no se tiene la certeza que sean representativos u homologables técnica, económica y legalmente, toda vez que, no se precisa la ubicación de las propiedades mencionadas, como tampoco se indica la referencia o contacto del propietario, ni el cálculo de cómo se obtuvo el valor en UF/m2, lo que impide verificar lo que se define en el señalado informe de tasación.

c) Las superficies y los valores por metro cuadrado allí asignados son considerablemente dispares, sin que los antecedentes expuestos en esos informes permitan evidenciar que dichos terrenos sean válidos para efectuar una tasación comparativa objetiva, según se observa en detalle en las tablas presentadas por los referidos profesionales, rolante a fojas 28 y 41, de autos.

d) Se emplearon expresiones incongruentes sobre el carácter del suelo del bien raíz, tales como que corresponde a un “bien rural con aptitudes urbanas” o que se ubica en el límite urbano de esa comuna, y/o que el predio se emplaza en una “zona urbana-rural”, lo que atenta contra la seguridad y certeza del proceso de valuación que se trata.

e) En el análisis comparativo no se incorporaron aquellas propiedades de los restantes 41 lotes que resultaron de la subdivisión del predio Rol Nº 231-48, de propiedad del mismo vendedor adjudicado, de los cuales, 12 de esos sitios, han sido enajenados a un valor de $15.000.000 cada uno, de acuerdo a lo informado por la Dirección Regional del Maule del Servicio de Impuestos Internos, las que por su ubicación, su superficie y objetivo deseado, eran las más representativas para efectuar la comparación, todas incongruencias que impiden advertir la debida fundamentación de los valores alcanzados por dichos profesionales en la avaluación del bien raíz que se trata.

La conducta descrita constituyó una contravención a lo dispuesto en los artículos 3°, inciso segundo -en relación con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y control-; 5°, inciso primero; 8° -en lo referido al deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones-; 9° -respecto a la posibilidad de recurrir a la licitación privada, previa resolución fundada que así lo disponga y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación así lo requiera-; 11, 13 -en lo relativo a la exigencia de observar el principio de probidad administrativa y dar conocimiento de los fundamentos de las decisiones que se adopten-; 52, 53 -en cuanto a la falta de medios idóneos de decisión y control, como en la razonabilidad que exige la adopción de decisiones-, y 62, N°8, de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Del mismo modo aquella omisión configuró una infracción a lo previsto en los artículos 5°, letras b) y f), en lo referido a la ejecución del presupuesto municipal; 56 -en cuanto a la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento-, y 63, letras d), e) y h), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades -en cuanto a la obligación de resguardar el patrimonio municipal y a respetar el principio de probidad administrativa, que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan lo que supone un racional uso de los recursos, dando estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la Administración-; como asimismo, una transgresión a lo previsto en los artículos 58, letras a), b), c), y g), y 61, letras a), b) y c) de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en lo relativo a no haber orientado el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de sus servicios; no haber ejercido un control jerárquico permanente con ocasión de la correcta ejecución del proceso de compra, y no haber velado de manera permanente por el cumplimiento de los planes y aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones.

Además, el referido reproche ha originado una vulneración a lo dispuesto en la Norma Chilena N.CH N°3.658/1, del 2021, Tasación de bienes, obligaciones y derechos, Parte 1: Términos, definiciones y disposiciones generales, en sus numerales 3.7, respecto a que la tasación debe ser trazable y verificable; 3.11, donde se debe dejar evidenciado los procesos de cálculos realizados; 5.3.1, respecto a que la cosa valorada se determina a partir del valor de bienes similares; 7.1, sobre la homologación de atributos técnicos, económicos de bienes semejantes; 9.8, respecto a que la base de información debe permitir verificar lo contenido en el informe de tasación, y 9.9, sobre dejar explícitos los cálculos realizados para determinar el valor y, finalmente, una infracción a lo previsto en los artículos 4° y 8°, letras d), e) y h), del Reglamento Interno, de la Municipalidad de Villa Alegre, aprobado por decreto 1.958, de 2021, de ese origen.

CARGO TERCERO: Haber incumplido sus deberes funcionarios, en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Villa Alegre, al haber omitido supervigilar el funcionamiento de esa entidad edilicia, específicamente en lo que se refiere al control jerárquico del proceso de “Reposición con Relocalización de la Posta de Salud Rural (PSR) Estación”, con ocasión de la excesiva dilación en la aclaración de los antecedentes técnicos y legales requeridos por el Servicio de Salud del Maule, mediante oficio N°4.256, de 2 de diciembre de 2023; de la obtención de los diseños y el anteproyecto, y de la autorización que otorgue la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura y del informe previo favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según lo dispuesto en el artículo 55 Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sancionada por el decreto con fuerza de ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que implica que no contaba con las autorizaciones pertinentes para proceder a la construcción pretendida.

La conducta descrita constituyó una contravención a lo dispuesto en los artículos 3°, inciso segundo -en relación con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y control-; 5°, inciso primero, 8° -en lo referido al deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones-, 11, 13 -en lo relativo a la exigencia de observar el principio de probidad administrativa y dar conocimiento de los fundamentos de las decisiones que se adopten-, 52, 53 -en cuanto a la falta de medios idóneos de decisión y control, como en la razonabilidad que exige la adopción de decisiones-, y 62, N°8, de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Del mismo modo aquella omisión configuró una infracción a lo previsto en los artículos 5°, letras b) y f), en lo referido a la ejecución del presupuesto municipal, 56 -en cuanto a la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento-, y 63, letras d), e) y h), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto a la obligación a resguardar el patrimonio municipal y a respetar el principio de probidad administrativa, que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan lo que supone un racional uso de los recursos, dando estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la Administración; como asimismo, una transgresión a lo previsto en los artículos 58, letras a), b), c), y g), y 61, letras a), b) y c) de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en lo relativo a no haber orientado el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de sus servicios; no haber ejercido un control jerárquico permanente con ocasión de la correcta ejecución del proceso de compra, y no haber velado de manera permanente por el cumplimiento de los planes y aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones.

Además, el referido reproche ha originado una vulneración a lo dispuesto en el artículo 55 Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sancionada por el decreto con fuerza de ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, finalmente una transgresión a lo dispuesto en los artículos 4° y 8° letras d), e) y h), del Reglamento Interno, de la Municipalidad de Villa Alegre, aprobado por decreto N°1.958, de 2021, de ese origen.

D.- Que con fecha 26 de septiembre de 2024, se resuelve por la Contraloría Regional del Maule, “Provee descargos y demás solicitudes presentadas por los demás acusados que se indican, en el sumario instruido en la Municipalidad de Villa Alegre.

Que en el punto 4 se señala (se transcribe lo dispuesto) “El correo electrónico de 25 de septiembre de 2024, del señor nombre reservado, en el que se adjunta un escrito en el que requiere, en lo principal, se decrete la nulidad de lo obrado por supuestos vicios de ilegalidad, presentando, en su primer otrosí, descargos; acompañando documentos en el segundo otrosí, y solicitando, en el tercer otrosí, la apertura de un periodo de prueba.”

Que en su primer considerando señala que se presentó por los acusados los descargos dentro de plazo a fojas 605, 586 y 705, Que, el señor nombre reservado solicita la nulidad de lo obrado alegando como vicio del procedimiento, la tardanza en la tramitación del procedimiento disciplinario, lo que debe ser desestimado toda vez que no constituye un vicio esencial que haya afectado sus derechos de defensa; debiendo tenerse en cuenta que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, y que un eventual vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, salvo disposición legal expresa en contrario, tal como ha dictaminado esta Contraloría General, en sus dictámenes N°s.4.571 y 21.876, ambos de 2015, y 6.138, de 2019.

Que, en cuanto a las demás alegaciones presentadas por el señor nombre reservado, en orden a que el cargo primero imputado no fue materia del sumario que se ordenó instruir y a que los cargos fueron formulados sin apego a las exigencias legales, tratándose de aspectos de fondo, estos serán tratados con ocasión del análisis de los descargos en la vista fiscal.

A lo anterior se resolvió: En cuanto a la presentación del señor nombre reservado: A lo principal: No ha lugar a la solicitud de nulidad, por improcedente. Al primer otrosí: Téngase por formulados descargos dentro del plazo legal. Al segundo otrosí: Téngase por acompañados los documentos que indica, y al tercer otrosí: acéptese la apertura de un término probatorio y de la prueba documental requerida, y otórguese un plazo de dos días hábiles, contados desde la notificación de esta resolución, para que se remita al Fiscal Instructor, el detalle de los correos electrónicos y teléfonos de contacto, de los testigos cuya rendición se solicita, bajo apercibimiento de tener por no realizada la solicitud.

E.- Que con fecha 3 de octubre su parte remite recurso de reposición en subsidio recurso jerárquico, solicitando en un el primer otrosí: suspensión que se indica, en el segundo otrosí Recurso de Aclaración Rectificación y enmienda.

Que en lo medular al recurso de reposición en subsidio jerárquico y de acuerdo con lo dispuesto el artículo 59 de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.

“Que, el señor nombre reservado solicita la nulidad de lo obrado alegando como vicio del procedimiento, la tardanza en la tramitación del procedimiento disciplinario, lo que debe ser desestimado toda vez que no constituye un vicio esencial que haya afectado sus derechos de defensa; debiendo tenerse en cuenta que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, y que un eventual vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, salvo disposición legal expresa en contrario, tal como ha dictaminado esta Contraloría General, en sus dictámenes N°s.4.571 y 21.876, ambos de 2015, y 6.138, de 2019.

Que, en cuanto a las demás alegaciones presentadas por el señor nombre reservado, en orden a que el cargo primero imputado no fue materia del sumario que se ordenó instruir y a que los cargos fueron formulados sin apego a las exigencias legales, tratándose de aspectos de fondo, estos serán tratados con ocasión del análisis de los descargos en la vista fiscal.

En cuanto a lo segundo se encuentra En el punto n°2.- expone que “En cuanto a la presentación del señor nombre reservado: A lo principal: No ha lugar a la solicitud de nulidad, por improcedente. Al primer otrosí: Téngase por formulados descargos dentro del plazo legal. …………………..”

Por lo anteriormente expuesto es que vengo en solicitar se modifique lo resuelto debido a la incongruencia de lo dispuesto, que causa agravio a esta parte, y se deje sin efecto lo resuelto en cuanto a no dar lugar a la nulidad de todo lo obrado por impertinente, resolviéndose lo que en derecho corresponde.

Los hechos expuestos en dicha presentación se señalan lo siguiente: 1.- Que según lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 510 de 2013, que Aprueba Reglamento de Sumarios instruidos por la Contraloría General de la República, se establece que “El plazo de sustanciación no podrá exceder el contemplado en la Ley Orgánica de esta Entidad de Control. El período indagatorio tendrá una duración de treinta días, el que podrá prorrogarse por resolución de la autoridad que ordenó la instrucción del sumario administrativo”. Se debe manifestar que no se cumplió con el plazo establecido, mucho menos existe la prórroga por resolución de este organismo.

Claramente existe un incumplimiento grave a la disposición que rige sobre la materia y mencionada anteriormente, por cuanto con fecha 17 de noviembre de 2023, se instruyó el sumario administrativo, y recién con fecha 5 de septiembre de 2024, fueron notificados los cargos, por lo que se excedió de sobremanera el plazo dispuesto en la Resolución N° 510 de 2013.

Existiendo con lo anterior expuesto, el exceso de tiempo transcurrido, en todo el proceso administrativo, vulnerando el derecho al debido proceso. Debiendo tener presente que la compra del Terreno Ubicado en Montegrande Parcela A Lote A1, de la comuna de Villa Alegre, se inició en el año 2022, con el inicio de las postulaciones de las postas Rurales, que es financiado por el Servicio de Salud del Maule.

El Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar que el actuar de la Administración debe ceñirse a un procedimiento racional y justo, acorde al estándar establecido por la Constitución Política en el artículo 19 N° 3. Con esta visión, se hace operativamente aplicable al país lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obligaría a la Administración a resolver las peticiones que le sean hechas, como también los procedimientos de fiscalización y sanción que imparta por sí misma, “dentro de un plazo razonable”, elevándose esta regulación a la categoría de Derecho Fundamental, en los términos del artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Como los plazos deben ser -y actualmente son- fijados por la ley, producto del mandato expreso contenido en el artículo 63 N° 18 de la Constitución, podrá hacerse una relación directa entre éstos y el principio rector de la actividad administrativa: el principio de legalidad o juridicidad. Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política consagran, como máxima fundamental, que todos los órganos que conforman la Administración Pública deben someter completamente su actuar a lo que preceptúan la propia Constitución y las leyes, pues así se garantiza el orden institucional republicano. Por ello, su contravención generará responsabilidades conforme lo determine la ley. En consecuencia, ningún órgano de la Administración del Estado podrá actuar válidamente sino previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia, y -lo que es más relevante- en la exclusiva forma que determine la ley, sin que ninguna magistratura o servicio público pueda atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad, derechos o potestades que los que expresamente le hayan conferido, únicamente, la Constitución o las leyes. Es uno de los principios básicos de la república democrática: los órganos del Estado y la Administración deben ceñirse a la ley, y no actuar por sobre ella.

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, en el análisis no es posible ignorar que el artículo 27 de la Ley N° 19.880, establece que, “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

A lo anterior, se suman los principios de eficiencia y eficacia -artículo 5, inciso 1°, Ley N° 18.575-; el de impulsión de oficio del procedimiento -artículo 8° Ley N° 18.575-; el de celeridad -artículo 7° Ley N° 19.880-; el conclusivo -artículo 8° Ley N° 19.880-; y, el de economía procedimental -artículo 9 Ley N° 19.880-; todos los cuales rigen obligatoriamente el desarrollo de la actividad de los órganos de la Administración del Estado.

Situación que excedió por más de 6 meses, sin existir una resolución que extendiera el plazo.

No se puede dejar fuera la citada Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, dispone expresamente que:

“Artículo 136. El plazo de la sustanciación del sumario no podrá exceder de noventa días y, una vez terminado, el sumario y las conclusiones serán públicos.”.

“Artículo 137. No regirán para la sustanciación de estos sumarios plazos ni procedimientos especiales, aparte de las reglas generales que preceden, teniendo en cuenta que la rapidez, discreción e imparcialidad deberán ser los factores principales que los investigadores observarán al sustanciar sumarios administrativos.”

Por ello, resulta obligatorio conforme a derecho que se acoja la solicitud de nulidad de todo lo obrado, por cuanto por disposición del mismo artículo 136 de la Ley N° 10.336, no resultan aplicable en la especie el artículo 142 de la Ley N° 18.883 antes citada, en cuanto a que “Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario.”, por cuanto, en este caso, el vicio del procedimiento producido por la transgresión flagrante del plazo establecido en el artículo 136 de la misma Ley N° 10.336 y lo señalado en su artículo 137, respecto a que no rigen para la sustanciación de los sumarios instruidos por la Contraloría General de la República plazos ni procedimientos especiales, hacen que evidentemente el largo transcurso del plazo interpuesto, implique una causal de nulidad del mismo.

2.- En el segundo punto que se recurre, dice relación a la solicitud de nulidad a que se formuló un cargo que es el primero no fue materia del sumario que se ordenó instruir, vulnerando de manera grave mis derechos y garantías, en atención a lo dispuesto en el debido proceso, que en este caso no sucedió. Configuración normativa del debido proceso en Chile El debido proceso en Chile, como principio reconocido a nivel constitucional, no se encuentra explícito en las garantías del artículo 19 de la carta fundamental, sin embargo, la doctrina (Bordalí Salamanca, 2009; nombre reservado y nombre reservado, 2013; Nogueira Alcalá, 2007; entre otros) ha señalado que constituye un derecho implícito derivado de la expresión racional y justo procedimiento contenido en el artículo 19 Nº 3. No obstante, el mismo numeral contempla aspectos relevantes del principio: igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, derecho a defensa jurídica y gratuita, juez natural, proceso previo legalmente tramitado, tribunal anterior a la perpetración del hecho, no presunción de derecho de la responsabilidad penal y tipicidad en la pena.

E.- Con fecha 4 de octubre de 2024, se remite vía correo electrónico la resolución que desestima Reconsideración y demás recursos presentados por la defensa de don nombre reservado. Que se dan a conocer precedentemente en la letra D.

“Se resolvió A lo principal: Que, atendido que la referida resolución fue dictada con estricto apego a derecho por los fundamentos jurídicos que en ella se indican, con precisión; sin que se haya alegado vicio esencial alguno que afecte la validez del procedimiento, ni atente contra los derechos de defensa del inculpado, teniendo en cuenta, además, que no se aportan nuevos antecedentes de hecho o de derecho que permitan desvirtuar lo resuelto: No ha lugar a la reposición planteada, debiendo desestimarse igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General, que regula el presente procedimiento. Al primer otrosí: No ha lugar por improcedente, atendido lo resuelto a lo principal. Al segundo otrosí: Al punto 1, atendido que, acorde con los antecedentes incorporados a fs. 605, el e-mail a través del que la defensa del Sr. nombre reservado remitió sus descargos fue enviado el 25 de septiembre de 2024, a las 00:01 horas, No ha lugar por infundado. Al punto 2, no advirtiéndose la existencia de puntos oscuros o dudosos, omisiones o errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, No ha lugar, debiendo estarse a lo resuelto en la resolución recurrida, respecto a que los argumentos de fondo en que también se fundamentó la solicitud de nulidad rechazada mediante la resolución que se recurre, serán analizados, por su naturaleza, en la vista fiscal.”

Respecto a los antecedentes fundantes del recurso, indica los siguientes:

1. Procedencia del recurso de protección. Señala la Constitución Política de la República, en su artículo 20: “Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Siguiendo en este punto al profesor nombre reservado, el recurso de protección “Como lo ha señalado reiteradamente la Corte Suprema, se trata de una acción cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos pre-existentes, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que impida, amague o moleste el mismo” En dicho sentido y teniendo presentes los hechos relatados, no cabe duda que le asiste a mi representado la titularidad de esta acción Constitucional, la que resulta jurídicamente procedente.

Finalmente, el art 5º inc. 2º de la Constitución dispone: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” a lo que se suma lo dispuesto en el art 6º en tanto dispone que: “Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”

2. En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad. Se configura la Ilegalidad y arbitrariedad debido a que el Señor Fiscal resolvió No ha lugar a la reposición planteada, debiendo desestimarse igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General, que regula el presente procedimiento, dicho argumento se concluye definitivamente que es ilegal y arbitraria, debido a que no cabrían otros tramites o instancias, que los previstos en el ordenamiento, el cual en materia de recursos se contemplan en la Ley orgánica Constitucional de la Contraloría General de la Republica n° 10.336, en sus articulo 136 y 137, antes individualizados y transcritos, asimismo la Ley 19.880 en su artículo 59.

Por lo que el razonamiento, no es aplicable al caso de marras, puesto que no existe razón jurídica ni norma alguna que límite el ejercicio de los recursos establecidos en el artículo el artículo 59 de la Ley 19.880.

De esta forma, como se explicará en el siguiente acápite, su representado se ha visto vulnerado y amenazado en las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y el artículo 19 Nº 3 inciso 5º y 6°.

3. Garantías constitucionales vulneradas, señala:

a) El actuar arbitrario e ilegal efectuado por el señor Fiscal de la Unidad de Sumarios de la Contraloría Regional del Maule, No ha lugar a la reposición planteada, debiendo desestimarse igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General, que regula el presente procedimiento. Perturba las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 3 inciso 5ºy 6 de la Constitución Política de la República.

b) La Igualdad ante la Ley (artículo 19 Nº 2). El inciso 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República señala que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Esta garantía se encuentra infringida, al darse mi representado un trato clara y ostensiblemente discriminatorio y desigual que aquel que se le da al resto de los funcionarios públicos, en la medida que pueden ejercer durante el procedimiento administrativo todos los derechos que franquea la ley, incluyendo el derecho al recurso, y que las sanciones o medidas disciplinarias le son impuestas se ajustan y son efectuadas con arreglo a los procedimientos legales establecidos y ajustándose a las exigencias del debido proceso.

Cabe precisar, que a través del ejercicio de la presente acción constitucional no se está reprochando a la recurrida que no haya declarado su inhabilidad, sino que el reproche consiste en que ha impedido que los antecedentes en los que se sustenta dicha solicitud sean conocidos por su superior jerárquico, imposibilitando que exista una revisión acerca del mérito de los fundamentos de la misma, y de la resolución que la ha rechazado, afectando con ello, además, el derecho al recurso de mi representado, dejándolo en una situación más gravosa que el resto de los funcionarios públicos a quienes se les permite ejercer igualitariamente sus derechos dentro del procedimiento administrativo, incluyendo la garantía al debido proceso, lo que presupone la existencia una investigación y un juzgamiento imparcial, carente de cualquier tipo de sesgos.

En particular se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la Ley, me he visto perjudicado en mis garantías constitucionales, de forma irremediable, continuando con un proceso viciado, y del cual se recurrió para que se modifique o deje sin efecto lo resuelto en cuanto a no dar lugar a lo solicitado de nulidad de lo obrado, por haberse excedido en el plazo del sumario, y por disponer un cargo que no fue materia del sumario.

c) El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (Artículo 19 Nº 3 inciso 5º) El artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Carta Fundamental dispone que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalaré la ley y que se hallare establecido con antelación a la perpetración del hecho”. Dicha garantía constitucional ha sido vulnerada por la recurrida, al impedir que las decisiones que ella ha adoptado, incluyendo una tan esencial como lo es aquella en que se encuentra comprometida la imparcialidad y objetividad del ente administrativo persecutor, no puede ser objeto de revisión alguna, erigiéndose de esta forma en una comisión especial, la que se encuentra proscrita por la Carta Fundamental.

d) De acuerdo a lo expuesto resulta claro que el actuar de la contraloría regional del maule a través de la unidad de sumarios, ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso que se consagra en el artículo 19 n°3 inciso 6 de la Constitución política de la República, en cuanto habría establecido en desmedro de este recurrente diferencias arbitrarias e irracionales desde que ha rechazado los recursos incoados, justificando su rechazo que no se encuentran establecidos en la resolución 510 del año 2013, que aprueba reglamento de Sumarios instruidos por la Contraloría los recursos incoados ante el ente contralor.

La consideración al debido proceso como garantía con rango constitucional, aparece en las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (1974), en los términos que a continuación se indican: para Guzmán Errázuriz, el «debido proceso es un concepto que, en primer lugar, ya está incorporado a la doctrina jurídica universal y, en segundo lugar, es un concepto cuyas precisiones pueden ir evolucionando de acuerdo con el tiempo y ser recogidas y precisadas por la jurisprudencia, de manera que se deja abierto un campo al respecto»; agrega nombre reservado que «es extraordinariamente difícil señalar en la Constitución cuáles son las garantías mínimas del debido proceso. Cree que se entraría en una reglamentación difícil que podría ser fuente de graves conflictos el día de mañana»; por su parte, Ortúzar Escobar manifiesta «lo difícil que sería para la comisión consignar detalladamente todas estas garantías mínimas de carácter procesal en la Constitución Política del Estado».

En cuanto a los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional en virtud del artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución, es relevante mencionar que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) prescribe en su artículo 10: «Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal». Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 14, dispone la igualdad ante los tribunales y cortes; el derecho a ser oído públicamente, por tribunal competente, independiente e imparcial establecido por ley; consideraciones a la vida privada durante el desarrollo de un juicio; la publicidad; La presunción de inocencia; el derecho al recurso, a la aplicación del principio non bis in ídem y garantías mínimas tales como, el derecho a ser informado sin demoras y en su idioma de la acusación, defensa adecuada, juzgamiento sin dilaciones indebidas, posibilidad de comparecer personalmente, comparecencia e interrogación de testigos, asistencia de un intérprete y no autoincriminación.

Finalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica (1969) explicita un listado de garantías judiciales en su artículo 8º, las cuales dan contenido a la garantía del debido proceso.

El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia (entre otras, sentencias rol Nº 1.44809, 2010; rol Nº 1.83810, 2010; y rol Nº 2.11111, 2012) garantías mínimas de un debido proceso, señalando que «el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores», garantías que reitera y que permiten dar cuenta de que el principio en cuestión supone una construcción conjunta entre la norma y la evolución jurisprudencial.

Finalmente, por lo expuesto, solicita se tener por interpuesto el recurso, darle tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando ilegales y arbitrarios las acciones y omisiones denunciadas, ordenando reestablecer el imperio del Derecho, disponiendo:

1. Que se acoge el presente recurso de protección, por ser los actos y omisiones recurridos, arbitrarios y/o ilegales, que vulneran, perturban y amenazan las garantías constitucionales 19 N°s. 1, 2, 3 y 4 todos de la Constitución Política de la Republica.

2. Que en consecuencia se deje sin efecto la resolución de fecha 4 de octubre de 2024, disponiéndose a dar lugar a los recursos de reposición en subsidio recurso jerárquico, y recurso de rectificación y enmienda.

3. Que se ordena a la recurrida suspender el procedimiento, en tanto se resuelven los recursos incoados.

2°) Don Carlos Rodrigo Basáez Valdebenito, Contralor Regional, en respuesta al recurso impetrado, señala que el recurrente ha deducido la acción constitucional de protección para impugnar, en lo esencial, la resolución exenta de 4 de octubre de 2024, dictada por el fiscal instructor don nombre reservado -en el sumario administrativo iniciado a través de la resolución exenta N° PD00821, de 17 de noviembre de 2023, de esta procedencia- mediante la cual dicho instructor desestimó el recurso de reposición y jerárquico interpuesto, en su escrito de descargos, por el Sr. nombre reservado, siéndole notificada por e-mail en esa misma fecha.

Manifiesta que dicho procedimiento disciplinario fue ordenado instruir por esta Contraloría Regional del Maule a través del oficio N° E408508, de 24 de octubre de 2023, a través del cual se atendieron denuncias con reserva de identidad, referentes a que la Municipalidad de Villa Alegre habría pagado un sobreprecio por la adquisición de un terreno en la referida comuna, para la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar en el sector Montegrande, agregando que dicho terreno tenía uso agrícola, por lo que no sería factible darle el fin declarado por la autoridad.

En relación con tales denuncias, la Oficina Regional ordenó instruir el sumario administrativo de la especie en la municipalidad de Villa Alegre y demás servicios públicos pertinentes, a través de la citada resolución exenta N° PD00821, de 17 de noviembre de 2023, designando fiscal instructor al funcionario don nombre reservado, con el objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas originadas en aquellos hechos.

Hace presente que el referido procedimiento disciplinario, por tratarse de un sumario administrativo instruido por esta Entidad de Control en una municipalidad que se encuentra bajo su fiscalización, está siendo tramitado de conformidad con las normas establecidas en la resolución N° 510, de 2013, del Contralor General, que aprueba el reglamento de sumarios instruidos por este Organismo Contralor; encontrándose, a la data de presentación de la presente acción constitucional, en su etapa acusatoria, por lo que tiene el carácter de secreto. En efecto, se debe considerar que, acorde con lo prevenido en el artículo 135 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, los sumarios instruidos por esta Entidad Fiscalizadora son secretos y el funcionario que dé informaciones sobre ellos será sancionado hasta con la destitución.

En tal contexto, precisa que se trata de un sumario no afinado, en tanto y -acorde con los antecedentes acompañados por el recurrente en autos- se desprende que el sumario administrativo de la especie se encuentra en etapa acusatoria, habiendo transcurrido el término probatorio fijado.

Enseguida, consigna que la resolución impugnada tiene el carácter de acto intermedio en el proceso de que se trata, en tanto aún no se ha emitido la vista fiscal por parte del instructor, conforme lo ordenado en los artículos 32 y 33, del mencionado reglamento de sumarios, ni la resolución del Jefe de la Unidad Jurídica, prevista en el artículo 34 -que la aprueba -las cuales sirven de base para la resolución exenta que debe dictar este Contralor Regional al término de la tramitación del procedimiento sumarial, según lo dispuesto en el artículo 36 de ese cuerpo reglamentario, por lo que, solo en tal instancia, esto es, en la etapa resolutoria, este Contralor podrá tomar conocimiento de los antecedentes que forman parte del expediente sumarial.

Por tales motivos, igualmente, es que se debe solicitar a V.S. Iltma. la reserva de los antecedentes incorporados al presente recurso de protección por parte del recurrente, como se detalla en el otrosí.

Agrega que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. De la sola lectura del recurso, queda claro que el actor, al impugnar la legalidad de la mencionada resolución exenta de 4 de octubre de 2024, más que procurar la defensa de derechos constitucionales determinados, intenta discutir y controvertir la juridicidad de dicha resolución; encontrándose el procedimiento sumarial pendiente en su tramitación, por lo que, las defensas de fondo aún no han sido ponderadas ni por el fiscal instructor, ni por este Contralor Regional, en la instancia procedimental respectiva.

Al respecto, destaca que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como pretende el peticionario de manera indirecta, ya que las normas que regulan su tramitación, contenidas en la tantas veces citada resolución N°510 de 2013 contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos puedan hacer uso, tales como la presentación de descargos; contemplándose recursos en contra de las sanciones que eventualmente se apliquen a los inculpados, en los estatutos respectivos.

Lo anteriormente señalado, demuestra con claridad que la normativa que rige a estos procesos protege adecuadamente a los funcionarios afectos a sus disposiciones, en un régimen de pleno imperio del derecho.

En este sentido, resulta importante destacar el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago de 1 de agosto de 2019 dictado en causa rol N° 29.004-2019, confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de septiembre de 2019, en autos rol N° 24.197-2019, el cual dispone en su considerando octavo que “(..) no procede por esta vía cautelar de orden constitucional, revisar el mérito del sumario administrativo, sino que, a través de esta clase de arbitrios, se ha de dar protección dictando las medidas para ello, pero respecto de derechos no discutidos que fueren afectados”.

A mayor abundamiento, señala el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco de 4 de febrero de 2016 en causa rol N° 4.494-2015, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el de 21 de marzo de 2016 en autos rol N°16.055-2016, que en su considerando séptimo indica “que el recurso de protección no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa. En este sentido, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado ‘que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada’ (Excma. Corte Suprema, rol N° 1.952-2010)”.

De este modo, y atendido que la finalidad que persigue el peticionario con la acción interpuesta es que se declare la nulidad del procedimiento, resulta evidente que la acción de autos no es útil para el anotado propósito, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos.

Indica además, respecto a la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución impugnada y la improcedencia del recurso jerárquico en contra de la resolución recurrida que, no se advierte de qué manera la resolución del fiscal de fecha 4 de octubre de 2024, que desestimó el recurso de reposición y jerárquico, pueda ser estimada ilegal, toda vez que fue dictada de acuerdo con las competencias que a ese funcionario le han sido asignadas, por parte de las autoridades competentes de este Organismo Contralor en virtud de lo previsto en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; en la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General y en la resolución N° 1.002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales; habiéndose tramitado hasta el momento el procedimiento disciplinario de la especie con estricto apego a la normativa prevista en la citada resolución N° 510, de 2013.

De esta manera, la indicada resolución exenta fue dictada en razón de la habilitación normativa señalada, por parte de un fiscal instructor designado válidamente y, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia en el procedimiento de que se trata. Por otra parte, la resolución impugnada no constituye una acción que pueda ser calificada de arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituyó el resultado del mérito del procedimiento disciplinario y de la normativa vigente sobre la materia, que condujeron al fiscal instructor a la conclusión que en ella se indica, dando origen a una resolución cuyos fundamentos se analizarán en la correspondiente vista fiscal y, con posterioridad, en la resolución exenta que debe dictar el Contralor Regional. Luego, tratándose de la denegación de recurso jerárquico, de debe señalar que tal instancia no se encuentra contemplada en la citada resolución N° 510, de 2013, que reglamenta el procedimiento; tratándose de una materia de derecho estricto, que regula un procedimiento reglado. Como puede apreciarse, en las diversas etapas de substanciación del procedimiento, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente; resguardando el ejercicio de los derechos de los inculpados y, en definitiva, del debido proceso según lo previsto en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General; por lo que queda en evidencia que el recurso deducido es improcedente y busca, por una vía indirecta, dejar sin efecto el sumario administrativo de la especie, cuya tramitación, como ya se señalado, no se encuentra afinada.

Agrega que la resolución impugnada no constituye el acto terminal del procedimiento disciplinario, el acto contra el que se recurre, esto es la resolución exenta de 4 de octubre de 2024, es un trámite intermedio en el sumario administrativo y no el acto terminal del mismo, no estando afinado el procedimiento, por lo que el presente recurso de protección no reúne ninguna de las calidades planteadas en la Carta Fundamental, para su procedencia, tal como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

En efecto, acorde con la reiterada jurisprudencia del máximo tribunal, no resulta posible ejercer la acción constitucional de protección en contra de un acto intermedio que forma parte de un proceso complejo, como se estableció en autos Rol N° 53.655, de 2024, y aún más nítidamente en autos Rol N°51.500, de 2024, en el que se estimó igualmente improcedente el recurso de protección deducido en contra de una resolución en que se rechazó la solicitud de decaimiento del procedimiento sumarial, por tratarse igualmente de un acto intermedio.

De este modo, queda de manifiesto que no corresponde impugnar, por esta vía, aquella resolución, la cual en ningún caso pone término al procedimiento disciplinario en análisis, ni hace efectiva o aplica medidas disciplinarias, de manera tal que, al no encontrarse afinado en esa etapa, sus resultados no pueden afectar la situación funcionaria del recurrente sino solo una vez que concluya el procedimiento y que el tribunal eventualmente emita la sentencia que así lo establezca; lo que se traduce en que el recurso interpuesto es, por ende, improcedente, sin que exista vulneración a ninguna de la garantías constitucionales mencionadas por la parte recurrente.

Finalmente concluye que, atendidos los antecedentes y consideraciones expuestos, y teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas y las atribuciones que asisten a este Organismo Contralor, corresponde que ese Ilmo. Tribunal desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

3°) Don nombre reservado, fiscal instructor de la Contraloría Regional del Maule, en respuesta al recurso impetrado indica que el recurrente ha deducido la acción constitucional de protección para impugnar, en lo esencial, la resolución exenta de 4 de octubre de 2024, notificada al señor nombre reservado en esa misma fecha, en su calidad de inculpado, mediante la cual este fiscal instructor desestimó el recurso de reposición y jerárquico deducido por el recurrente, en contra de la resolución exenta de 26 de septiembre de idéntica anualidad, en la que se tuvo por presentados sus descargos, desestimándose la solicitud de nulidad de todo lo obrado en el sumario administrativo de la especie, por los fundamentos jurídicos que en ella se expresan.

Tal procedimiento disciplinario fue ordenado instruir a través del oficio N° E408508, de 24 de octubre de 2023, de esta Contraloría Regional, en el que se concluyó que la Municipalidad de Villa Alegre habría incurrido en variadas anomalías en la adquisición de un terreno para la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar, en el sector de Montenegro, tales como incongruencias en los informes de tasación y falta de fundamentación de los valores alcanzados, en circunstancias que dicho terreno tenía un uso agrícola, orden que se materializó a través de la aludida resolución exenta N° PD00821, de 17 de noviembre de 2023, designando fiscal instructor al funcionario infrascrito, con el objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas originadas en aquellos hechos.

El referido procedimiento disciplinario, por tratarse de un sumario administrativo instruido por esta Entidad de Control en una municipalidad que se encuentra bajo su fiscalización, está siendo tramitado de conformidad con las normas establecidas en la resolución N° 510, de 2013, del Contralor General, que aprueba el reglamento respectivo, encontrándose, a la data de presentación de la presente acción constitucional, en su etapa acusatoria, habiéndose formulado cargos, recibido los descargos y pruebas y, actualmente, en preparación de la vista fiscal, por lo que, en tal contexto, el referido proceso se encuentra amparado por el secreto sumarial.

En ese marco legal, y teniendo presente los antecedentes de aquel procedimiento disciplinario que han sido incorporados y develados en autos por la propia parte recurrente, este fiscal instructor puede informar a V.S. Iltma., que, según lo previsto en el artículo 25 de la citada resolución N° 510 de 2013, una vez finalizada la etapa indagatoria, formuló tres cargos, entre otros funcionarios, a don nombre reservado, por estimar comprometida su responsabilidad administrativa, en los hechos investigados En este punto, se debe constatar, que el señor nombre reservado fue debidamente notificado de aquellos cargos, personalmente, el 5 de septiembre de 2024, presentando sus descargos el día 25 de ese mes, interponiendo, en ese mismo escrito, un recurso de reposición y jerárquico y, solicitando la nulidad de todo lo obrado, tal como se expresa en la citada resolución de 26 de septiembre de 2024, que en sus considerandos expone “Que, el señor nombre reservado solicita la nulidad de lo obrado alegando como vicio del procedimiento, la tardanza en la tramitación del procedimiento disciplinario, lo que debe ser desestimado toda vez que no constituye un vicio esencial que haya afectado sus derechos de defensa; debiendo tenerse en cuenta que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, y que un eventual vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, salvo disposición legal expresa en contrario, tal como ha dictaminado esta Contraloría General, en sus dictámenes N°s.4.571 y 21.876, ambos de 2015, y 6.138, de 2019.

Que, en cuanto a las demás alegaciones presentadas por el señor nombre reservado, en orden a que el cargo primero imputado no fue materia del sumario que se ordenó instruir y a que los cargos fueron formulados sin apego a las exigencias legales, tratándose de aspectos de fondo, estos serán tratados con ocasión del análisis de los descargos en la vista fiscal.

Que, respecto a la diligencia testimonial solicitada por el señor nombre reservado, cabe hacer presente que se adjunta un detalle de los testigos, sin incorporar sus correos electrónicos ni teléfono de contacto, a fin de realizar las citaciones correspondientes, del modo que le fuera indicado en la formulación de cargos”.

De esta manera y, con estricta sujeción a derecho, este fiscal instructor, en el Resuelvo N°2, determinó que “En cuanto a la presentación del señor nombre reservado: A lo principal: No ha lugar a la solicitud de nulidad, por improcedente. Al primer otrosí: Téngase por formulados descargos dentro del plazo legal. Al segundo otrosí: Téngase por acompañados los documentos que indica, y al tercer otrosí: acéptese la apertura de un término probatorio y de la prueba documental requerida, y otórguese un plazo de dos días hábiles, contados desde la notificación de esta resolución, para que se remita al Fiscal Instructor, el detalle de los correos electrónicos y teléfonos de contacto, de los testigos cuya rendición se solicita, bajo apercibimiento de tener por no realizada la solicitud”.

En contra de aquella resolución, el Sr. nombre reservado interpuso, en lo principal, un recurso de reposición y, en subsidio, jerárquico, requiriendo, en el primer otrosí, la suspensión del procedimiento, y en el segundo otrosí, un recurso de aclaración, rectificación y enmienda.

Tal presentación fue atendida por medio de la resolución exenta de este fiscal instructor dictada el 4 de octubre de 2024, en los siguientes términos:

“A lo principal: Que, atendido que la referida resolución fue dictada con estricto apego a derecho por los fundamentos jurídicos que en ella se indican, con precisión; sin que se haya alegado vicio esencial alguno que afecte la validez del procedimiento, ni atente contra los derechos de defensa del inculpado, teniendo en cuenta, además, que no se aportan nuevos antecedentes de hecho o de derecho que permitan desvirtuar lo resuelto: No ha lugar a la reposición planteada, debiendo desestimarse igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General, que regula el presente procedimiento.

Al primer otrosí: No ha lugar por improcedente, atendido lo resuelto a lo principal.

Al segundo otrosí: Al punto 1, atendido que, acorde con los antecedentes incorporados a fs. 605, el e-mail a través del que la defensa del Sr. nombre reservado remitió sus descargos fue enviado el 25 de septiembre de 2024, a las 00:01 horas, No ha lugar por infundado. Al punto 2, no advirtiéndose la existencia de puntos oscuros o dudosos, omisiones o errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos, No ha lugar, debiendo estarse a lo resuelto en la resolución recurrida, respecto a que los argumentos de fondo en que también se fundamentó la solicitud de nulidad rechazada mediante la resolución que se recurre, serán analizados, por su naturaleza, en la vista fiscal”.

Indica que se puede apreciar, de la sola lectura de las resoluciones y cargos acompañados por el propio recurrente, se desprende que el procedimiento se ha substanciado hasta la fecha de manera regular, con estricto apego a derecho y sin incurrir en ninguna vulneración a sus derechos de defensa, por lo que no existe vicio alguno que amerite declarar su nulidad, como aquel pretende, de manera indirecta, por esta vía.

En tal contexto, el actor ha iniciado la presente acción cautelar por estimar que la aludida resolución exenta que desestimó tanto el recurso de reposición como el recurso jerárquico es ilegal y arbitraria e infringe sus garantías constitucionales, pretendiendo que procede la declaración de nulidad de todo lo obrado, al contrario de lo que este fiscal instructor estableció en la resolución recurrida.

Agrega que el sumario administrativo de la especie aún no ha sido afinado, por lo que reviste el carácter de secreto, debiendo considerarse que el artículo 135 de la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República prevé que los sumarios instruidos por la Contraloría serán secretos, lo que replica el artículo 5º, de la resolución Nº 510, de 2013, que Aprueba el Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República, disponiendo la primera norma, que perderán tal calidad respecto de quienes sean objeto de cargos, o de su abogado desde el momento en que éstos les sean notificados. En todo caso, los sumarios serán públicos una vez que se ponga en conocimiento de las autoridades correspondientes la resolución definitiva de esta Entidad de Control que los apruebe.

Así, resulta importante destacar que el sumario administrativo que incide en estos autos corresponde a un proceso sumarial no afinado a la fecha, por tanto, bajo reserva, por lo cual no se ha propuesto medida disciplinaria o sanción alguna, o determinado la absolución o el sobreseimiento.

En consecuencia, el presente informe es emitido considerando el secreto que rige respecto del aludido proceso disciplinario, por lo que la defensa de esta parte se ve necesariamente limitada a aquellos hechos que han sido expuestos por la actora en su libelo, y a la normativa y jurisprudencia administrativa y judicial sobre la materia; por lo que se solicita desde ya a V.S. lltma. decretar la reserva del presente informe, de conformidad al Capítulo 11 del Acta Nº 44 de 2022, de la Excma. Corte Suprema.

Refiere además que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, pues de la sola lectura del recurso, queda en evidencia que el actor, al impugnar la legalidad de la mencionada resolución exenta de 4 de octubre de 2024, más que procurar la defensa de derechos constitucionales determinados, intenta discutir y controvertir la juridicidad de dicha resolución, encontrándose el procedimiento sumarial pendiente en su tramitación, por lo que, las defensas de fondo aún no han sido ponderadas ni por este fiscal instructor, ni por la Jefa de la Unidad Jurídica, ni por el Contralor Regional, en la instancia procedimental respectiva, conforme se regula en la citada resolución N° 510 de 2013.

Al respecto, debe destacarse que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como pretende el peticionario de manera indirecta, ya que las normas que regulan su tramitación, contenidas en la tantas veces citada resolución N°510, de 2013, contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos puedan hacer uso, tales como la presentación de descargos; contemplándose recursos en contra de las sanciones que eventualmente se apliquen a los inculpados, en los estatutos respectivos.

Lo anteriormente señalado, demuestra con claridad que la normativa que rige a estos procesos protege adecuadamente a los funcionarios afectos a sus disposiciones, en un régimen de pleno imperio del derecho.

En este sentido, resulta importante destacar el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago de 1 de agosto de 2019, dictado en causa rol N° 29.004-2019, confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de septiembre de 2019, en autos rol N° 24.197-2019, el cual dispone en su considerando octavo que “(..) no procede por esta vía cautelar de orden constitucional, revisar el mérito del sumario administrativo, sino que, a través de esta clase de arbitrios, se ha de dar protección dictando las medidas para ello, pero respecto de derechos no discutidos que fueren afectados”.

A mayor abundamiento, cabe señalar el fallo de la I. Corte de Apelaciones de Temuco de 4 de febrero de 2016 en causa rol N° 4.494-2015, confirmado por la Excma. Corte Suprema de 21 de marzo de 2016, en autos rol N° 16.055-2016, que en su considerando séptimo indica “que el recurso de protección no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa. En este sentido, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado ‘que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada’ (Excma. Corte Suprema, rol N° 1.952-2010)”.

De este modo, y atendido que la finalidad que persigue el peticionario con la acción interpuesta es que se declare la nulidad del procedimiento, resulta evidente que la acción de autos no es útil para el anotado propósito, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos.

Señala además que la resolución impugnada no constituye el acto terminal del procedimiento disciplinario, pues el acto contra el que se recurre, esto es la resolución exenta de 4 de octubre de 2024, es un trámite intermedio en el sumario administrativo y no el acto terminal del mismo, no estando afinado el procedimiento, por lo que el presente recurso de protección no reúne ninguna de las calidades planteadas en la Carta Fundamental, para su procedencia, tal como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

En efecto, acorde con la reiterada jurisprudencia del máximo tribunal, no resulta posible ejercer la acción constitucional de protección en contra de un acto intermedio que forma parte de un proceso complejo, como se estableció en autos Rol N° 53.655, de 2024, y aún más nítidamente en autos Rol N°51.500, de 2024, en el que se estimó igualmente improcedente el recurso de protección deducido, en contra de una resolución en que se rechazó la solicitud de decaimiento del procedimiento sumarial, por tratarse de un acto intermedio.

De este modo, queda de manifiesto que no corresponde impugnar, por esta vía, aquella resolución, la cual en ningún caso pone término al procedimiento disciplinario en análisis, ni hace efectiva o aplica medidas disciplinarias, de manera tal que, al no encontrarse afinado, sus resultados no pueden afectar la situación funcionaria del recurrente, lo que podría tener lugar solo una vez que la autoridad competente, eventualmente, adopte la decisión de imponer una sanción en el caso concreto.

En el mismo sentido cabe señalar que, en cualquier proceso disciplinario sustanciado por la Contraloría General de la República, una vez cerrada la etapa indagatoria, emitida la Vista Fiscal por el fiscal instructor, y aprobada por el jefe de unidad, se eleva al Contralor General o al Contralor Regional, según corresponda, conforme lo disponen los artículos 34 y siguientes de la citada resolución Nº 510, de 2013.

Posteriormente, la resolución pronunciada por el Contralor General o Regional que aprueba el sumario determinará si existe responsabilidad administrativa y propondrá a la autoridad competente las sanciones que se estimen procedentes aplicar respecto de los inculpados, su absolución, el sobreseimiento de éstos, o del sumario administrativo, notificándose al efecto y comunicándose a la autoridad que corresponda, conforme prevé el artículo 36 de la resolución Nº 510, de 2013.

Por consiguiente, al constituir el acto impugnado, un acto intermedio o de trámite respecto del proceso disciplinario, que no aplica sanción o medida disciplinaria alguna, no es posible atribuir la existencia de un vicio que genere un perjuicio susceptible de ser anulado por medio de la presente acción.

Asimismo, refiere ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución impugnada. Improcedencia del recurso jerárquico en contra de la resolución recurrida, pues no se advierte de qué manera la resolución de este fiscal instructor de 4 de octubre de 2024, que, conforme con lo ya anotado, desestimó el recurso de reposición y jerárquico, pueda ser estimada ilegal, toda vez que fue dictada de acuerdo con las competencias que a este funcionario le han sido asignadas, por parte de las autoridades competentes de este Organismo Contralor en virtud de lo previsto en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; en la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, además de encontrase tramitado el referido procedimiento disciplinario con estricto apego a la normativa prevista en la citada resolución N° 510, de 2013.

De esta manera, la recurrida resolución exenta fue dictada en razón de la habilitación normativa señalada, por parte de un fiscal instructor designado válidamente y, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia en el procedimiento de que se trata.

Por otra parte, la resolución impugnada no constituye una acción que pueda ser calificada de arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituyó el resultado del mérito del procedimiento disciplinario y de la normativa vigente sobre la materia, que condujeron a este fiscal instructor a la conclusión que en ella se indica, dando origen a una resolución debidamente fundamentada. Así, el hecho de que el actor no comparta la decisión no transforma la actuación recurrida en arbitraria, tal como pretende.

Enseguida, se debe recordar que a través de la resolución de la fiscal recurrida se desestimó la reposición deducida por el Sr. nombre reservado, y se denegó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por no encontrarse contemplado en la tantas veces citada resolución N° 510, de 2013, que reglamenta el procedimiento; tratándose de una materia de derecho estricto y de un procedimiento reglado.

En efecto, la resolución impugnada forma parte de un procedimiento disciplinario reglado, siendo un acto intermedio del mismo, que se sustenta en la resolución exenta N° PD00821, de 2023, que dispuso su inicio, y en la formulación previa de cargos; actos jurídicos procesales todos en los que se ha precisado el fundamento de cada una de ellas, encontrándose debidamente motivados, por lo que no puede ser calificada de ilegal o arbitraria.

Luego, tratándose de la denegación de recurso jerárquico, de debe señalar que tal instancia no se encuentra contemplada en la citada resolución N° 510, de 2013, que reglamenta el procedimiento; tratándose de una materia de derecho estricto, que regula un procedimiento reglado.

Como puede apreciarse, en las diversas etapas de substanciación del procedimiento, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente; resguardando el ejercicio de los derechos de los inculpados y, en definitiva, del debido proceso según lo previsto en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General; habiéndose fundamentado jurídicamente todas las actuaciones realizadas en él, por lo que queda en evidencia que el recurso deducido es improcedente y busca, por una vía indirecta, dejar sin efecto el sumario administrativo de la especie, cuya tramitación, como ya se ha señalado, no se encuentra afinada.

En cuanto al plazo de duración en la tramitación del procedimiento, denegación de la solicitud de recurso jerárquico y conducta imputada en el cargo primero, que no sería parte de la materia del sumario administrativo, indica que se debe constatar que el fiscal instructor atendió y argumentó jurídicamente sus decisiones, tanto en la resolución recurrida por esta vía, de 4 de octubre de 2024, como en aquella dictada el 26 de septiembre del mismo año, que le sirvió de base.

De este modo, se debe recordar que en aquella resolución se expresa, en lo pertinente, en el considerando: “Que, el señor nombre reservado solicita la nulidad de lo obrado alegando como vicio del procedimiento, la tardanza en la tramitación del procedimiento disciplinario, lo que debe ser desestimado toda vez que no constituye un vicio esencial que haya afectado sus derechos de defensa; debiendo tenerse en cuenta que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, y que un eventual vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, salvo disposición legal expresa en contrario, tal como ha dictaminado esta Contraloría General, en sus dictámenes N°s.4.571 y 21.876, ambos de 2015, y 6.138, de 2019.

De esta manera, en tal argumentación se explica el carácter de no fatal de los plazos, en relación de la demora que se esgrime como vicio por parte del recurrente.

Enseguida, dicho considerando expresa “Que, en cuanto a las demás alegaciones presentadas por el señor nombre reservado, en orden a que el cargo primero imputado no fue materia del sumario que se ordenó instruir y a que los cargos fueron formulados sin apego a las exigencias legales, tratándose de aspectos de fondo, estos serán tratados con ocasión del análisis de los descargos en la vista fiscal”, debiendo hacer presente que, en dicha última instancia, radica, precisamente, el estado actual de tramitación del proceso en referencia.

En concordancia con ello, en el Resuelvo, N°2, este fiscal proveyó: “En cuanto a la presentación del señor nombre reservado: A lo principal: No ha lugar a la solicitud de nulidad, por improcedente. Al primer otrosí: Téngase por formulados descargos dentro del plazo legal. Al segundo otrosí: Téngase por acompañados los documentos que indica, y al tercer otrosí: acéptese la apertura de un término probatorio y de la prueba documental requerida, y otórguese un plazo de dos días hábiles, contados desde la notificación de esta resolución, para que se remita al Fiscal Instructor, el detalle de los correos electrónicos y teléfonos de contacto, de los testigos cuya rendición se solicita, bajo apercibimiento de tener por no realizada la solicitud”.

Por su parte, en la resolución de 4 de octubre, recurrida, por intermedio de la cual se desestimó la reconsideración y el recurso jerárquico presentado por la defensa de don nombre reservado, este fiscal resolvió, en lo que interesa “A lo principal: Que, atendido que la referida resolución fue dictada con estricto apego a derecho por los fundamentos jurídicos que en ella se indican, con precisión; sin que se haya alegado vicio esencial alguno que afecte la validez del procedimiento, ni atente contra los derechos de defensa del inculpado, teniendo en cuenta, además, que no se aportan nuevos antecedentes de hecho o de derecho que permitan desvirtuar lo resuelto: No ha lugar a la reposición planteada, debiendo desestimarse igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510, de 2013, del Contralor General, que regula el presente procedimiento”.

Como se puede apreciar de su sola lectura, en lo que concierne a los plazos de tramitación del procedimiento administrativo, la resolución recurrida se basa en la normativa y la jurisprudencia administrativa actualmente vigente, que ha establecido que “Salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos no son fatales para la Administración, ni su vencimiento implica caducidad o invalidación del acto respectivo, toda vez que aquéllos sólo tienen por finalidad la implantación de un buen orden administrativo para dar cumplimiento a las funciones o potestades de sus órganos, los que pueden desarrollar sus actuaciones en una fecha posterior a la fijada por la normativa vigente, lo que no obsta a que la superioridad del servicio pondere perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación, tal como se indicó en el pronunciamiento N° 10.630, de 2015”.

En el mismo sentido cabe consignar la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N.º 49.580-2021, que confirmó el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el ingreso Rol N° 4.402-2021, en el que se rechazó el recurso de protección interpuesto por una exfuncionaria del Ministerio de Bienes Nacionales, que fue destituida de su cargo, alegando el decaimiento, por la demora en la tramitación del proceso sumarial, estimando que “En consecuencia, no existiendo actuación arbitraria o ilegal que afecte derechos constitucionales de la recurrente, que ameriten la adopción de una medida cautelar de urgencia objeto de la acción de protección, desde que se siguió a su respecto un procedimiento racional y justo, reglado en el Estatuto Administrativo, manteniendo sus remuneraciones intactas durante la tramitación del sumario, sin que se observe un trato distinto o discriminatorio, sólo cabe rechazar el presente recurso, estimándose procedente la condena en costas”.

De la misma manera, en cuanto a la improcedencia del recurso jerárquico en los procedimientos sumariales tramitados por esta Entidad Fiscalizadora, cabe reiterar que el dictamen N° 6.269, de 2020, establece que “los procedimientos disciplinarios son procesos reglados, en los que no tienen cabida otros trámites o etapas que los expresamente establecidos por el legislador y, en tal virtud, los funcionarios o autoridades que en él intervienen, solo pueden ejercer las atribuciones que expresamente les confiere la preceptiva que los regula...”, lo que confirma la licitud de la actuación del este fiscal instructor, al no conceder el recurso interpuesto, que no está considerado en aquella normativa, tratándose de una materia de derecho estricto.

Finalmente, en cuanto a las alegaciones en orden a que en el sumario administrativo de la especie se formuló un cargo por materias que no estaban contempladas en la resolución exenta NºPD00821, de 2023 y que los cargos fueron formulados sin apego a las exigencias legales; se debe recordar que, en las citadas resoluciones de 26 de septiembre, y 4 de octubre de 2024, se estableció que, por tratarse de aspectos de fondo, aquellas defensas serían analizadas, por su naturaleza, con ocasión de los descargos en la vista fiscal.

No obstante la prevención efectuada en el párrafo precedente, puede manifestarse que mediante aquella resolución de inicio se ordenó investigar anomalías denunciadas en la adquisición de un terreno para la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar, en el sector de Montenegro, tales como incongruencias en los informes de tasación y falta de fundamentación de los valores alcanzados, por lo que no se comprende en qué sentido la imputación realizada en el cargo primero -transcrito por la parte recurrente en autos- pudiera lógicamente sustraerse, estando ligado en forma directa con la adquisición del inmueble, el uso de suelo, las tasaciones y la modalidad de contratación, debiendo reitera no procede que esas defensas sean analizadas pormenorizadamente por esta vía, precisamente, por tratarse de argumentos de fondo, que deben ser ponderados en la oportunidad procesal pertinente.

En relación a las garantías constitucionales vulneradas, indica en primer término, el derecho contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, donde el actor no explicita en qué casos similares esta Entidad de Control habría actuado en modo diverso al de la especie, no proporciona elementos de juicio, ni ha acreditado con medio de prueba alguno, de qué forma la actuación de esta Institución Contralora habría conculcado el derecho invocado, por lo que no resulta posible sostener que existió un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado el derecho a la igualdad ante la ley frente a situaciones idénticas, el que, como queda demostrado, ha sido estrictamente respetado por este Organismo Fiscalizador.

Al respecto, es necesario consignar que los Tribunales Superiores de Justicia han señalado que la igualdad ante la ley consiste en el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que en una serie de ámbitos la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga justificación racional.

Agrega que por discriminación arbitraria debe entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual, en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable.

Al respecto, conviene destacar que a esta Entidad de Control solo le corresponde objetar jurídicamente la decisión de un sumario -en la etapa que corresponda-, si del examen de los antecedentes se aprecia alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien si se observa una resolución de carácter arbitrario, lo que no se advirtió en la especie, según se ha explicado en este informe.

Así entonces, no resulta posible sostener que la resolución recurrida sea arbitraria; o que hayan existido infracciones a la garantía constitucional de igualdad ante la ley o al debido proceso, siendo del caso añadir que el fiscal instructor, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa y la jurisprudencia existente en la materia, sin establecer diferencias arbitrarias ni antojadizas.

En segundo lugar, en relación al artículo 19 N° 3 incisos 5° y 6° de la Constitución Política de la República, refiere que el actor no proporciona elementos de juicio ni ha acreditado con medio alguno de qué forma la actuación por parte de esta Contraloría Regional del Maule habría conculcado la aludida garantía constitucional, teniendo presente que el procedimiento iniciado y tramitado se encuentra reglado por la resolución 510, de 2023 de esta Contraloría General de la República, habiéndose realizado las actuaciones por parte del fiscal instructor que permite dicha reglamentación, bajo el principio de objetividad en la tramitación, por lo que no se vislumbra parcialidad del persecutor.

Finalmente, en cuanto al derecho del inciso sexto del artículo 19 N°3, alega “diferencias arbitrarias e irracionales, desde que se ha rechazado los recursos incoados, justificando que no se encuentran establecidos en la resolución N° 510, de 2013”, ya fue explicado en los párrafos anteriores, ya que al tratarse, el procedimiento sumarial, de un proceso reglado, no se pueden crear instancias por parte del fiscal instructor no contempladas en la normativa -como lo es el caso del recurso jerárquico-, pues, de ocurrir ello, se estaría vulnerando el principio de legalidad en el procedimiento administrativo.

Así entonces, no resulta posible sostener la tantas veces citada resolución exenta de fecha 4 de octubre, es arbitraria; o que hayan existido infracciones a la garantía constitucional al debido proceso –de las circunstancias contempladas en el artículo 19 N° 3 inciso quinto y sexto-, siendo del caso añadir que el fiscal instructor, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa y la jurisprudencia existente en la materia, sin establecer diferencias arbitrarias ni antojadizas.

Finalmente concluye que, atendidos los antecedentes y consideraciones expuestos, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales mencionadas y las atribuciones que asisten al Organismo Contralor, corresponde que ese Iltmo. Tribunal desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Y CONSIDERANDO.

Primero: Que, la acción de protección ha sido establecida a favor de quien por causas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho y garantía consagrado en la disposición citada en el fundamento del recurso, facultando para ocurrir por sí o por cualquiera persona a nombre del afectado a la Corte de Apelaciones respectiva, con el objeto de que se le proporcione un rápido resguardo, cuando por un acto arbitrario o ilegal se afecte algunas de las garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, acción cautelar compatible con otros derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad u otros tribunales correspondientes.

Segundo: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se tiene, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indique carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Tercero: Que, acorde a lo señalado, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de los recurridos y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o aún amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio solicitante indica como vulneradas, esto es, las de los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, no resultan hechos controvertidos que la abogada recurrente, considera una actuación ilegal y arbitraria, la contenida en la resolución de fecha 4 de octubre de 2024, ya transcrita en el párrafo segundo del N° 1) precedente la que fue notificada mediante correo electrónico y que desestima la reconsideración y demás recursos presentados por la defensa de don nombre reservado, en la que en el segundo otrosí provee: al punto 1, atendido que acorde con los antecedentes incorporados a fojas 605, el e-mail a través del que la defensa del señor nombre reservado remitió sus descargos fue enviado el 25 de septiembre de 2024, a las 00:01 horas, no ha lugar por infundado.

Quinto: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 de la ley N° 19.880, los actos de mero trámite, como el de que se trata, son aquellos que no imposibilitan la continuación de un procedimiento y no producen indefensión al solicitante, siendo esa la naturaleza del acto que se recurre, puesto que éste es un acto intermedio en el sumario administrativo y no el acto terminal del mismo y que se limita a no dar lugar a la reposición planteada a lo principal, desestimándose igualmente el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por improcedente, ya que no se encuentra contemplado en la resolución N°510 de 2013 del Contralor General de la República, que Aprueba el Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República y, en el segundo otrosí, a no dar lugar al recurso de aclaración, rectificación y enmienda, consignándose que debe estarse a lo resuelto en la resolución recurrida, respecto a que los argumentos de fondo en que también se fundamentó la solicitud de nulidad rechazada mediante la resolución que se recurre, serán analizados, por su naturaleza, en la vista fiscal.

Sexto: Que, de lo señalado se infiere que no se trata de un acto de resultado material, que haya producido una perturbación o menoscabo en alguna de las cuatro garantías constitucionales invocadas por el recurrente en su arbitrio.

Séptimo: Que, por las razones dadas, la acción cautelar de que se trata debe ser desestimada.

Por las anteriores consideraciones y, visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

a) Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Alexandra Virginia Diamantidis Encinas, por sí, y a favor de don nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional del Maule, representada por el Contralor Regional don Carlos Rodrigo Basáez Valdebenito y en contra del Fiscal Instructor del sumario administrativo ordenado incoar por la Contraloría en Resolución Exenta N° PD00821 de 17 de noviembre de 2023, don nombre reservado; y b) Que se condena en costas a la recurrente.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°2024-2024 Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Leonardo Mazzei Parodi, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por no encontrarse.