REVISIONES TECNICAS MIVAL METROPOLITANA LIMITADA con MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

38 Talca, seis de mayo de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°) Comparece en recurso de protección como recurrente don Roberto Coloma del Valle, abogado, en favor de la sociedad Revisiones Técnicas Mival Metropolitana Limitada, domiciliado en domicilio reservado, y como recurridas, Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule representada por la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones doña nombre reservado, y Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representada por su Subsecretario de Transportes don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido, según expresa el primero, en actos ilegales y arbitrarios que afectan gravemente la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantías constitucionales descritas en el artículo 19 números 2, 3 inciso quinto, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que expresamente detalla:

La sociedad Revisiones Técnicas Mival Metropolitana Limitada se dedica desde hace varios años a la explotación de plantas de revisión técnica de vehículos motorizados en la Región del Maule, todo ello en virtud de contratos de concesión que celebró con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el marco de los procesos de licitación pública en que se adjudicó dicha explotación.

En la actualidad explota 3 plantas revisoras en Talca, Curicó y San Javier respectivamente, que comprenden la concesión N° 1, adjudicada por Resolución Exenta N°. 260 de 14 de marzo de 2014, del Ministerio del ramo, habiéndose aprobado asimismo el Contrato de Concesión celebrado por las partes por Resolución Exenta No 690 de 19 de agosto del 2014.

Indica que el marco regulatorio de la actividad económica que desarrolla la empresa recurrente se encuentra determinado en lo fundamental por los siguientes instrumentos normativos:

1.- Contrato de Concesión;

2.- Bases de Licitación y sus modificaciones vigentes a la fecha de la adjudicación del contrato; y, 3.- DS 156 de 1990 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Establecido el marco regulatorio de la actividad económica desarrollada por la recurrente diremos en seguida que en el contexto de un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado con ocasión del otorgamiento de un certificado de revisión técnica al vehículo placa patente KTYT92, en la Planta Revisora ubicada en la comuna de Curicó, la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región del Maule, dictó la Resolución Exenta Nº 152/2022 de 21 de marzo de 2022, que aplicó la sanción de Caducidad del contrato de concesión celebrado con la recurrente, aplicando ilegal y arbitrariamente la figura contemplada en el artículo 21 Bis A del Decreto Supremo 156 de 1990 (vigente a la fecha de la sanción) que señalaba expresamente lo siguiente: “Sin perjuicio de las demás causales de caducidad establecidas en el presente decreto, procederá siempre la sanción de caducidad de la concesión en los siguientes casos: “Cuando se verifique en la o las plantas concesionadas el otorgamiento de certificados de revisión técnica o de verificación de emisiones sin haberse practicado éstas”.

La recurrida Subsecretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, rechazó el recurso de apelación, confirmando la sanción de caducidad, mediante Resolución Exenta 3704/2023 de fecha 13 de septiembre de 2023, notificada a la recurrente mediante carta certificada expedida el 15 de septiembre del mismo año, entendiéndose legalmente producida la notificación el día 22 de septiembre del mismo año, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo para interponer este recurso de protección conforme lo ha resuelto la jurisprudencia sostenida de los más altos tribunales, desde que dicha fecha corresponde a la notificación de la resolución que resuelve el último recurso administrativo.

El acto arbitrario e ilegal consiste en que el 21 de marzo de 2022, la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región del Maule dictó la Resolución Exenta Nº152/2022 aplicando a la sociedad recurrente la sanción de caducidad de la concesión establecida en el artículo 21 BIS A del DS 156 de 1990 de Transportes, vigente a esa fecha, sanción que fue confirmada por la recurrida Subsecretaría de Transportes, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente mediante Resolución Exenta Nº 3704/2023 de 13 de septiembre de 2023.

En síntesis, las ilegalidades denunciadas son las siguientes:

1º La Resolución Exenta Nº152/2022 de 21 de marzo de 2022, carece de motivación suficiente, falta de motivación del acto administrativo.

Mucho se ha dicho por la doctrina nacional y la jurisprudencia acerca de lo imprescindible que resulta que el funcionario dotado de una determinada potestad funde suficientemente sus decisiones al momento de plasmarlas formalmente en un acto administrativo determinado, debiendo el acto en cuestión bastarse a sí mismo para estos efectos. Y, por cierto, no puede tratarse de cualquier fundamentación sino que una construida al amparo de la racionalidad y por ende de las reglas de la lógica.

Así, la Corte Suprema ha señalado que “Que la jurisprudencia reiterada de esta Corte ha establecido que la falta de motivación del acto administrativo constituye un vicio de nulidad del mismo, el cual, efectuando la ponderación del principio de la trascendencia, puede llevar a la declaración de la eliminación del ordenamiento jurídico del mismo”. (Corte Suprema Rol Nº 4864-2019).

Cita y transcribe parcialmente fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 12.190-2022.

Si se contrasta lo señalado por la jurisprudencia con el mérito de la Resolución Exenta 152/2022 que fue la que aplicó la sanción de caducidad a la recurrente, se visualiza que no cumple con el estándar normativo señalado, toda vez que se limita, a realizar una lata reproducción de los actos del procedimiento, de las alegaciones de las partes y, sobre todo, una lata exposición de la normativa aplicable, pero no desarrolla un razonamiento lógico y fundamentado, que permita encuadrar lo obrado en el expediente administrativo con los hechos constatados en el acta de fiscalización, limitándose a invocar un supuesto reconocimiento de responsabilidad en los hechos de parte de la recurrente que nunca existió.

Al leer con detención la Resolución Exenta 152/2022 se constata que se trata de una especie de formulario tipo, en que se reproducen una serie de antecedentes y se hace un verdadero compilado de normas, pero que no cumple con el mandato de motivar suficientemente la decisión de sancionar a la recurrente.

Existe además un antecedente que emana de la propia recurrida, que data de apenas días antes de aplicar la sanción de caducidad, que demuestra que lejos de aplicar una sanción fundadamente lo hace en forma completamente mecánica y contradictoria con sus propios actos inmediatamente posteriores.

Asegura que la recurrida no puede alegar que no sabía qué iba a aplicar la sanción de caducidad, porque al 4 de marzo de 2022 el procedimiento administrativo de sanción estaba afinado, restando solo la formalidad de la resolución final.

En efecto, por Resolución Exenta Nº 117 de 4 de marzo de 2022, la misma autoridad recurrida decidió prorrogar el contrato de concesión celebrado con la recurrente “hasta el día 31 de diciembre de 2023 o hasta que comiencen a operar todos o parte de los nuevos establecimientos concesionados en virtud del llamado a licitación pública que se realizará en su oportunidad para esta Región, cualquiera que ocurra primero…”.

Agrega que corresponde al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, regular y asegurar el correcto y continuo funcionamiento de los servicios públicos concesionados por su intermedio, tal como es el caso de los establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos.

Para el cumplimiento de estos fines, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones otorgó en el año 2014, concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos motorizados en la Región del Maule, suscribiéndose los respectivos contratos de concesión con las empresas Revisiones Maule Limitada, Mival Metropolitana Limitada y Systech Chile Limitada, aprobados mediante las Resoluciones Exentas N° 689, N° 690 y N° 691, respectivamente, todas de 19 de agosto de 2014, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule.

Asegura que para resolver lo señalado en el acto administrativo, se debe atender a que la vigencia de los contratos de concesión precedentemente señalados terminan el 11 de octubre de 2022, y que las bases de licitación que regirán los nuevos procesos licitatorios, no se encuentran totalmente tramitadas.

Se debe considerar que al término del plazo de los contratos de concesión antes referidos, existe una alta probabilidad de que se encuentre pendiente la total tramitación de las resoluciones adjudicatorias de las nuevas concesiones para operar plantas de revisión técnica de vehículos en la Región del Maule, resultantes del proceso de licitación pública cuyas bases y llamado aún se encuentran pendientes; por ello a fin de garantizar la debida continuidad de los servicios de revisión técnica de vehículos motorizados en la Región del Maule, se hace necesario prorrogar los contratos de concesión.

Indica que el plazo que tendrán los nuevos concesionarios para implementar sus plantas aun no es conocido por las circunstancias señaladas en los considerandos anteriores, por lo tanto, al término de las actuales concesiones, las nuevas plantas revisoras no se encontrarán en condiciones de operar, hecho que, se estima, ocurrirá durante el segundo semestre del año 2023, por lo cual resulta de imperiosa necesidad prorrogar extraordinariamente el contrato ad referéndum de la Concesión Uno suscrito con la empresa Mival Metropolitana Limitada, de la Concesión Tres suscrito con la empresa Revisiones Maule Limitada y de la concesión cuatro suscrito con la empresa Systech Chile Limitada, puesto que de producirse en la región un período de carencia de los servicios que prestan estos establecimientos, los vehículos se verían impedidos de circular en las vías públicas, por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 89° del D.F.L. N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito. Asimismo, los servicios de locomoción colectiva y taxis inscritos en la región, no podrían obtener su revisión técnica practicada por una planta revisora ubicada en la región en la cual se encuentran inscritos, obligación que deben cumplir en atención a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Supremo Nº212 de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, lo cual afectaría gravemente el normal desarrollo de las actividades en la región.

Sin embargo, transcurridos apenas 10 días después de haber prorrogado el contrato de concesión por razones de interés general, decide caducarlo sin siquiera referirse ni hacerse cargo de lo que había resuelto apenas 10 días antes.

Esta conducta de la recurrida que aplica la sanción, demuestra que su decisión de sancionar con la caducidad a la recurrente fue una decisión no razonada, mecánica, apresurada, que carece de toda fundamentación y lógica.

Asegura además que esta resolución infringe el principio de la proporcionalidad de la sanción administrativa, el que refiere a que debe existir una relación de razonabilidad entre el hecho sancionado por la Administración y la cuantía o gravedad de la sanción que ésta deba aplicar.

Señala que el fundamento de esta decisión es que se detectó en la planta de Curicó que dos operarios presuntamente coludidos con terceros, en forma fraudulenta, burlando los procedimientos y sistemas de seguridad, obtuvieron un certificado de revisión técnica para un vehículo determinado, cuya desproporción es demasiado evidente.

Esta desproporción resulta aún más evidente si se considera que durante todos los años que su representada explota esta concesión y las plantas que la componen, es la primera vez que se detecta una situación como la ocurrida en el Planta de Curicó. Son casi 8 años de trabajo impecable que deben ser considerados por la autoridad, tiempo al que deben sumarse todos los años en que esta misma organización empresarial, bajo la empresa “Mival y Cia. Ltda”, operó la concesión anterior a la actualmente vigente. Es decir, son aproximadamente 20 años de trabajo sin cuestionamiento alguno en la materia.

Se debe considerar también que su representada, investigó, puso los antecedente a disposición de la autoridad, desvinculó a los trabajadores presuntamente involucrados en los hechos y se querello penalmente por los mismos.

Especial relevancia a los efectos de calificar la desproporción de la sanción aplicada es el hecho consistente en que apenas 10 días antes de aplicar la sanción de caducidad la recurrida prorrogó el contrato de concesión y lo hizo invocado “razones de interés superior y para los efectos de atender las necesidades públicas en forma continua, uniforme, permanente y regular”.

La desproporción de una decisión que importa el cierre de 3 plantas en la Región del Maule, dos de ellas en las comunas más importantes como Talca y Curicó salta a la vista, especialmente si se tiene presente que los nuevos procesos de licitación ni siquiera han comenzado, desde que ni siquiera se encuentran aprobadas las nuevas bases de licitación.

En la especie, el órgano sancionador aplica la sanción de caducidad, invocando la norma del Artículo 21º bis A del DS 156/1990, que a la fecha en que se aplicó la sanción, disponía lo siguiente: “Sin perjuicio de las demás causales de caducidad establecidas en el presente decreto, procederá siempre la aplicación de la sanción de caducidad de la concesión en los siguientes casos: a) Cuando se verifique en la o las Plantas concesionadas el otorgamiento de certificados de revisión técnica o de verificación de emisiones sin haberse practicado éstas”.

Es muy importante tener presente desde ya que éste era el tenor literal de la norma aplicada a la época en que la recurrida aplicó la sanción y lo es porque su tenor fue modificado con posterioridad en términos que inciden directamente en la ilegalidad denunciada. Sin embargo, al aplicar la sanción del Artículo 21 Bis A al caso concreto, el órgano de la administración infringe el principio de legalidad y el de tipicidad de la sanción administrativa, en la forma que pasa expresarse.

El principio de legalidad se ha definido como aquel según el cual todas las infracciones así como sus correspondientes sanciones deben estar necesariamente establecidas en la ley, según el aforismo “nulla poena sine lege”. En este mismo orden de ideas, una de las principales dimensiones del principio de legalidad es el principio de tipicidad que se refiere a que la conducta sancionada debe estar claramente descrita en la norma. Finalmente, para que proceda la sanción administrativa, además de ley previa y tipificación clara, es imprescindible que la conducta desplegada por el sancionado sea de aquellas precisamente descritas en la norma, ya que de no ser así, se infringen estos principios básicos de la sanción administrativa.

En efecto, no existe en el expediente administrativo un solo antecedente que permita afirmar que su representada haya ejecutado la conducta típica descrita en la norma que el órgano de la administración aplica. Los antecedentes existentes en el expediente administrativo dan cuenta de la ocurrencia de hechos presuntamente constitutivos de delito ejecutados presuntamente por terceros y por dos ex trabajadores de la empresa concesionaria que represento, que están siendo investigados en sede penal para establecer su veracidad, la persona de los responsables, su grado de participación y la pena aplicable si el caso lo amerita. (Causa Penal RIT O-1169-2022 del Juzgado de Garantía de Curicó, RUC 2210011588-7 de la Fiscalía Local de Curicó, originada por la querella que esta concesionaria presentó el día 9 de marzo de 2021).

No se puede dejar de advertir que la conducta descrita en la norma reglamentaria que se aplica es también una conducta sancionada en materia penal, es decir, un delito.

Transcribe la letra g) del artículo 192 de la Ley 18.290.

De esta forma, es evidente que la recurrida al aplicar la sanción y por las razones que lo hizo, sin que antes se estableciera en sede penal la efectividad de los hechos, sus circunstancias y la persona de los responsables, incurrió en una ilegalidad evidente, porque la recurrida no tiene facultades para establecer como ciertas conductas que son constituías de delito, facultad privativa de los tribunales en el orden penal.

Lo que la recurrida debió hacer y jamás hizo fue poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público e instar por el establecimiento de los hechos y de los responsables, y una vez cumplida esta condición decidir si procedía o no aplicar la sanción.

Las normas que establecen sanciones administrativas, deben interpretarse restrictivamente, aplicándolas exclusivamente a los casos expresamente descritos en ella, lo que no ocurre en la especie, en que se pretende su aplicación a una situación diversa, lo que es completamente improcedente.

La norma aplicada por la recurrida fue la sanción del artículo 21 bis A del D.S. 156 de 1990, en su tenor vigente a la fecha en que se aplicó la sanción, pero es del caso que el propio Ministerio de Transportes mediante D.S. 53 publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de diciembre de 2022 modificó esta norma la que quedó del siguiente tenor, pasando a que se ría letra c) del citado artículo:

“c) “Cuando se verifique en la o las Plantas concesionadas el otorgamiento de uno o más certificados de revisión técnica o de verificación de emisiones contaminantes sin haberse practicado éstas”.

La Resolución Exenta 152/2022 es ilegal desde que su parte no ha ejecutado ninguna acción que pueda subsumirse en la norma del artículo 21 bis A del decreto supremo 156 de 1990 que le sea imputable, infracción al principio de la culpabilidad en sede administrativa.

En esta materia el profesor Eduardo Cordero Q., señala en un artículo publicado en la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nº42, lo siguiente: “La aplicación del principio de culpabilidad a las sanciones administrativas significa, en primer término, que éstas no pueden imponerse sino al infractor que ha actuado de forma dolosa o culposa. Existe consenso en nuestra doctrina y jurisprudencia respecto de la aplicación de este principio en materia de sanciones administrativas, aun cuando no se indica la fuente o fundamento de tal afirmación”.

“Si aceptamos la culpabilidad como un principio del Derecho Administrativo Sancionador, es posible afirmar importantes consecuencias:

i) La responsabilidad derivada de una infracción administrativa no es objetiva, ya que exige la reprochabilidad de la conducta del sujeto, en la medida que en la situación concreta podía haberse sometido a los mandatos y prohibiciones establecidos por la norma.

ii) La culpabilidad no sólo constituye el fundamento para la imposición de la sanción, sino que también determina su magnitud. Parafraseando una expresión propia del Derecho Penal, podemos decir que la culpabilidad es la medida de la sanción. Si bien esto ha sido objeto de críticas, ya que la sanción está estrechamente vinculada a la magnitud del injusto determinada de forma abstracta por la norma, lo cierto que es aquello sólo cobra eficacia en la medida que es asumida de forma consciente por el autor, lo cual permite reprochar a él personalmente la elección de la conducta. Es a partir de esta premisa que se formula el principio de proporcionalidad, tal como lo veremos en este trabajo.

iii) La culpabilidad exige que se pueda formular un reproche a la conducta del autor, por tal razón, la responsabilidad administrativa es personal. Así, resulta contrario a este principio que se establezcan formas de responsabilidad por el hecho ajeno o formas de imputación respecto de la conducta de terceros que no han tenido participación en los hechos constitutivos de la infracción.

iv) Por último, también es contrario a este principio aquellas infracciones administrativas calificadas por el resultado, pues no se puede reprochar al autor la existencia de circunstancias que no ha podido prever, pero que agravan la magnitud de la sanción”.

Manifiesta que la resolución administrativa que aplica la sanción de caducidad infringe claramente este principio, desde que formula un juicio de culpabilidad respecto de su representada, atribuyéndole una conducta dolosa, sin que exista fundamento para sostener una imputación de esta envergadura.

En efecto, tal como señaló al formular los descargos, una vez recibido el requerimiento de la autoridad fiscalizadora sobre los hechos ocurridos en la Planta Revisora de Curicó, se realizó una investigación interna en la que se determinó que dos mecánicos revisores vulneraron los procedimientos y sistema informático y coludidos con terceros ajenos a dicha planta se hicieron de un certificado de revisión técnica en forma fraudulenta, circunstancias que distan mucho de sostener que su representada, en forma dolosa, otorgó certificados de revisión técnica sin revisar el vehículo. Cómo se puede advertir, entre la realidad de las cosas, tal como estas ocurrieron, y la imputación injusta que se formula por el órgano sancionador hay una distancia enorme y a su juicio completamente insalvable. Así, con los antecedentes disponibles es imposible realizar el juicio de culpabilidad que hace injustificadamente el órgano sancionador en contra de la empresa que represento.

La empresa concesionaria podrá ser responsable de faltar quizás a sus deberes de supervigilancia, en la medida que ello se acredite, pero no existen antecedentes para imputarle la conducta dolosa descrita en el artículo 21 Bis A del DS 156 de 1990. En eso el órgano sancionador yerra por mucho.

Derecho de Propiedad. ART.19 Nº 24 de la Constitución.

Esta norma dispone expresamente lo siguiente: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”.

La sociedad afectada explota las plantas revisoras en virtud del contrato de concesión, del que surgen o emanan derechos adquiridos e indubitados para ella, en su calidad de titular de la concesión, por de pronto el de explotar la planta en las condiciones establecidas en él y en sus prórrogas, derechos adquiridos indubitados que en tanto bienes incorporales se encuentran incorporados en su patrimonio y por ende protegidos por la garantía constitucional en comento.

El recurrido, al dictar el acto administrativo que motiva el recurso, vulnera el dominio de la empresa concesionaria sobre los derechos que para ella emanan del referido contrato de concesión, entre ellos el de explotar las plantas revisoras que componen la concesión y obtener la contraprestación económica por dicha explotación.

Cita y transcribe parcialmente jurisprudencia.

Cuando la Resolución Exenta Nº 152 de 21 de marzo de 2022, aplica en forma ilegítima y arbitraria la sanción de caducidad de dicho contrato, lo que hace privar a la empresa afectada del dominio de sus derechos contractuales, ya que la sanción de caducidad importa la terminación del contrato de concesión.

Ahora bien, parte de la doctrina y la jurisprudencia nacional, frente a casos graves de vulneración de derechos, especialmente aquellos que garantizan el debido proceso, estima que el afectado debe recibir protección por medio del recurso reglamentado en el artículo 20 de la Constitución, sosteniendo que existe un derecho de propiedad que recae sobre el derecho del interesado a acceder a un procedimiento racional y justo.

En la especie, la empresa recurrente tiene o es titular del dominio que recae sobre su derecho constitucional a acceder a un procedimiento racional y justo, a un debido proceso, en los términos definidos en el artículo 19 Nº3, incisos 5, 6, 7 y 8, con ocasión de la aplicación ilegal de la sanción de caducidad que la autoridad sectorial recurrida hace mediante la citada Resolución Exenta Nº 152 de manera que esta garantía resulta claramente vulnerada con ocasión de la conducta ilegal y arbitraria denunciada en el presente recurso.

La Igualdad ante la Ley Art. 19 Nº 2 de la Constitución.

Esta norma dispone expresamente lo siguiente: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº 2 La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

La Resolución Exenta vulnera esta garantía constitucional desde el momento que fue dictado infringiendo el ordenamiento jurídico, cobrando especial relevancia en este punto el que se aplica una sanción administrativa sin que se haya tramitado un procedimiento administrativo sancionatorio, racional y justo, que garantice las normas del debido proceso.

A la misma conclusión se llega si se considera que la autoridad sectorial del Ministerio de Transportes, al dictar la Resolución Exenta Nº 152, se atribuye la facultad de establecer como efectivas conductas constitutivas de delito, al sancionar a la recurrente sin que se encuentre establecida previamente responsabilidad en sede penal, desde que la conducta descrita en el artículo 21 Bis A del DS 156 es constitutiva de delito de conformidad a la letra g) del artículo 192 de la Ley 18.290.

Todo individuo, persona natural o jurídica, tiene derecho a acceder a un juzgamiento racional y justo en sede administrativa y a ser sancionado en la medida que se cumplan los requisitos normativos preexistentes.

No es racional ni justo un procedimiento en que se crea una hipótesis normativa nueva para sancionar, atribuyéndose una facultad de la que se carece.

Artículo 19 Nº3 inciso quinto: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

La vulneración de esta garantía se configura en la especie, toda vez que al atribuirse el Ministerio de Transporte la facultad de establecer como efectivas conductas constitutivas de delito, al sancionar a la recurrente sin que se encuentre establecida previamente responsabilidad en sede penal, desde que la conducta descrita en el artículo 21 Bis A del DS 156 es constitutiva de delito de conformidad a la letra g) del artículo 192 de la Ley 18.290, éste se constituye en una verdadera comisión especial para juzgar a la empresa a cuyo favor interpongo el presente recurso de protección.

El profesor nombre reservado ha dicho sobre este punto que “hay una comisión especial si se constituye un órgano con carácter particular y transitorio, llamado a resolver una cuestión específica exclusivamente para juzgar a determinada persona o personas o conocer un hecho particular; o cuando un órgano, que tiene jurisdicción, se excede en su órbita juzgando un asunto que no está dentro de su competencia”.

El Tribunal Constitucional por su parte ha señalado que “tribunal especial” es “…todo órgano que usurpa atribuciones jurisdiccionales y pretende asumirlas sin haber sido atribuido de ellas conforme a derecho”.

El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Art. 19 Nº 21 de la Constitución.

Esta norma dispone que “La Constitución asegura a todas las personas: Nº21 El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

La Resolución Exenta Nº 152 vulnera evidentemente esta garantía constitucional que se le reconoce a la empresa afectada, desde que le impide en forma ilegítima y arbitraria explotar las planta de revisión técnica que tiene derecho a operar en virtud del contrato de concesión celebrado con el Ministerio de Transportes, actividad económica perfectamente lícita y que la empresa siempre ha desarrollado con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente y la normativa sectorial que la regula.

Concluye solicitando a esta Corte que acoja el arbitrio, dejando sin efecto la Resolución Exenta Nº152 de 21 de marzo de 2022 dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, que aplicó sanción de Caducidad de la Concesión Nº1 cuyo titular es la empresa “Revisiones Técnicas Mival Metropolitana Limitada”, confirmada por la Resolución Exenta Nº3704/2023 de 13 de septiembre de 2023, emanada de la recurrida Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y toda sanción impuesta en dichas resoluciones administrativas, disponiendo las demás medidas que estime pertinentes para garantizar el pleno restablecimiento del derecho, con costas.

2°) Don Nicolás Correa Norambuena, abogado, en representación de Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, evacúo el informe solicitando lo siguiente:

Señala que la vía cautelar no es la sede adecuada para sustanciación de un conflicto que radica en determinar si correspondía o no caducar el contrato de concesión, si se cumplieron las condiciones previstas en la normativa para ello, en el contrato de concesión y en las respectivas bases de licitación, o bien si el marco jurídico permitía causales de exención de tales consecuencias, y en caso afirmativo, si sus presupuestos fueron alegados y probados en el proceso, debiendo para su sustanciación, ocurrirse a otros procedimientos, de lato conocimiento, en que se den las instancias para que las partes acrediten sus pretensiones.

Los tribunales de justicia han declarado que el recurso de protección no tiene por objeto declarar derechos permanentes a favor de las partes, pues está concebido para dar respuesta pronta a situaciones de hecho que, constituyendo actos u omisiones arbitrarias o ilegales, amagan o vulneran el ejercicio de algunas de las garantías individuales que señala el artículo 20, y no el 19 de la Constitución Política de la República Por estos motivos, se excede el ámbito de aplicación de la acción de protección constitucional, por lo que debe ser desestimada.

Manifiesta que la concesión, fue adjudicada a través de la Resolución N° 260, del 14 de marzo de 2014, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, en el marco del proceso de licitación pública de concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en la región del Maule.

En concordancia con la referida adjudicación, mediante Resolución Exenta N° 690, de 19 de agosto de 2014, de la Seremitt, se aprobó el correspondiente contrato ad-referéndum de la Concesión N° 1, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Seremitt y Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada, resolución que fue publicada en extracto en la edición de 11 de octubre de 2014 del Diario Oficial, fecha a partir de la cual se inició el plazo 8 años de duración de la concesión, la cual fue prorrogada mediante la Resolución Exenta N°117/2022 SRM MAULE, de 4 de marzo de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que comiencen a operar todos o parte de los nuevos establecimientos concesionados en virtud del llamado a licitación pública que se realizará en su oportunidad para la región del Maule.

El artículo 1° de la Constitución de la Política de la República de Chile señala “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común...”. La Administración del Estado puede realizar su función de satisfacer las necesidades públicas utilizando la vía jurídica unilateral (actos administrativos) o bien convenir con terceros con tal fin (contratos administrativos).

Dado el fin público/bien común que persigue la Administración y su posición jurídica dentro del ordenamiento estatal (posición supraordenadora), el régimen jurídico de la contratación administrativa es un régimen de Derecho Público, pues mira a la utilidad común. Dicho régimen de Derecho Público protege el bien común temporal de la sociedad política, en un marco de asociación colaborativa de ambas partes, buscando la adecuada y más óptima ejecución de las prestaciones recíprocas, a fin de obtener el cumplimento de aquéllas en un intercambio justo.

El contrato administrativo es la figura jurídica que en su régimen regulador contempla esas características típicas y específicas, y primordialmente esa posición jurídica de supraordenación que posee, intrínsecamente, la Administración del Estado. No obstante que la doctrina y los ordenamientos jurídicos de diversos países están contestes en dar la naturaleza de contrato administrativo a la concesión de servicio público, en Chile no existe, una ley de contratos del Estado ni una regulación jurídica general sobre los contratos de concesión de servicio público, pero es posible, a partir de ciertas características comunes señalar que en la Concesión de Servicio Público, la Administración encomienda a un particular, persona natural o jurídica, la explotación y funcionamiento un servicio público, recibiendo como remuneración el derecho a percibir de los usuarios del servicio una tasa o tarifa mientras dure la concesión.

El objeto de esta concesión es sólo la gestión del servicio público considerado como unidad orgánica; la potestad de organizar el servicio y regular su funcionamiento corresponde siempre al Estado Administrador y es indelegable. Por lo tanto, no existe transferencia de prerrogativas del Estado Administrador al Concesionario.

Por ello, la actividad de las Revisiones Técnicas no es sólo una actividad económica más, de aquellas que según el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, deben desarrollarse "conforme a las normas legales que la regulen", sino que además, constituye una actividad en que por la naturaleza del servicio que proporciona configura por sí misma fundamento suficiente para una regulación más estricta y particularizada de los distintos aspectos involucrados en el desarrollo de la actividad, y que en el caso particular de las plantas de revisión técnica, dicha el organismo encargado de su regulación es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Precisar el marco Constitucional, Legal y Reglamentario, que ha dotado a Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de expresas y exclusivas competencias y atribuciones, no sólo para otorgar concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos, sino, como Órgano Normativo Rector Nacional encargado de proponer las políticas en materia de tránsito, las cuales se extienden a sus Secretarias Regionales Ministeriales.

Los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental, regulan algunos de los principios básicos que sustentan nuestro Estado de Derecho, como lo son el de legalidad y de supremacía constitucional.

Por otra parte, diversos cuerpos legales tales como: la ley Nº 18.059; artículos 3º y 4º de la ley Nº 18.696; y la ley Nº 18.290, de Tránsito, atribuyen al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la potestad y calidad de organismo normativo nacional encargado de proponer las políticas en materia de tránsito por calles y caminos y demás vías públicas o abiertas al uso público, y de coordinar, evaluar y controlar su cumplimiento.

En lo que atañe específicamente a las revisiones técnicas, el artículo 4º de la ley Nº 18.696, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es el encargado de elaborar las bases de licitación de los procesos de los procesos licitatorios para el establecimiento de nuevas plantas de revisión técnica.

Por su parte, el artículo 89º de la ley Nº 18.290, de tránsito, previene que las Municipalidades no otorgarán permisos de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

A su vez, el artículo 1º, del Decreto Supremo Nº 156, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, prescribe que “la autorización y funcionamiento de las Plantas Revisoras se regirán por este reglamento, sin perjuicio de la normativa específica que se establezca en las respectivas Bases de Licitación”.

De tal modo que la ley ha entregado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, determinar la forma, requisitos, plazo de concesión, causales de caducidad y procedimientos para su asignación y cancelación, así mismo se establece que las concesiones respectivas deberán otorgarse mediante licitación pública.

En efecto, en cumplimiento del mandato legal, por medio de la Resolución N° 42, de 5 de febrero de 2013, modificada por la Resolución N° 123, de 3 de junio de 2013 y la Resolución N° 218 de 30 de septiembre de 2013, que llama a licitación pública para otorgar concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en la Región del Maule, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conformidad con las Bases de Licitación, aprobadas por Resolución N° 251, de 27 de noviembre de 2012, modificada por las Resoluciones N° 83, de 10 de abril de 2013, N° 178, de 23 de agosto de 2013 y N° 146, de 29 de mayo de 2014, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Posteriormente, mediante la Resolución N° 260, de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, se adjudicó al recurrente, la Concesión N° 1, para operar tres plantas revisoras Clase AB, en las comunas de Talca, Curicó y San Javier, de la Región del Maule. Finalmente, a través de la Resolución Exenta N° 690, de 19 de agosto de 2014, de la SEREMITT, se aprobó el contrato ad-referéndum de la Concesión N° 1, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMITT y Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada.

De esta forma en el marco del contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada, le son aplicables las Bases de Licitación, el contrato de concesión, la oferta técnica y económica, ambas presentadas por el concesionario, la ley que regula la materia, los Decretos, Resoluciones e Instrucciones de carácter general aplicables a las Plantas Revisoras, entre ellos y en especial el Decreto Supremo N° 156, de 1990, de tal modo se establece expresamente en la cláusula segunda del contrato de concesión dispone que forman parte integrante del contrato de concesión, los siguientes documentos: “d) Los Decretos, Resoluciones e Instrucciones de carácter general aplicables a las Plantas Revisoras”. De este modo el DS N° 156/1990, pasa a formar parte integral del contrato y le resulta aplicable cada una de sus disposiciones.

Destaca que la sanción de caducidad se dispuso en un proceso administrativo sancionatorio, realizado con estricta sujeción a la normativa del ramo, que se inició producto de la denuncia CAS-417861-J0X4J4, que señaló lo siguiente: “El día domingo 23 de enero de 2022 tuve un accidente gravísimo en mi taxi PPU HGFH.44 que resultó con pérdida total, con una ambulancia de la Clínica Rauquén de Curicó PPU KTYT.92, resultando ésta con graves daños, además de llevar su revisión técnica vencida, grande fue su sorpresa al darse cuenta que apareció con revisión técnica el 27 de enero de 2022 por lo cual se dirigió a la planta revisora ubicada en la carretera de Curicó, al pedir una revisión sobre esta anomalía más grande fue mi sorpresa ya que al hacer una revisión de cámaras y de vehículos que pasaron ese día esta ambulancia nunca pasó su revisión, pero si obtuvo sus papeles, ósea físicamente no llegó la ambulancia, confirmándome en la planta que fue una “movida””.

A raíz de lo anterior, el 11 de febrero de 2022, a través de oficio N° 3776/2022, se solicitó a Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada, el registro audiovisual de los procesos de revisión técnica efectuados el 27 de enero de 2022 en la planta AB0721 ubicada en la comuna de Curicó, y que acompañara todos los antecedentes de la revisión técnica efectuada al vehículo PPU KTYT.92, ello según lo dispuesto en el artículo 16° del Decreto Supremo 156/1990; Luego, el 19 de febrero de 2022, la recurrente remite correo electrónico a través del cual adjunta link de acceso a cámaras del día 27 de enero de 2022, acompañando certificado de revisión técnica N° B0072100000057112 y certificado de emisión de contaminantes N° AB072100000015660, ambos de 27 de enero de 2022 correspondientes al vehículo PPU KTYT.92. Tras haber efectuado la revisión del mencionado link no se visualiza la presencia en las líneas de revisión de la PRT AB0721 del vehículo PPU KTYT.92, sin embargo, la empresa recurrente emitió el Certificado de Revisión Técnica y Certificado de Emisiones Contaminantes del vehículo antes individualizado, razón por la cual se formulan cargos al concesionario a través de la Resolución exenta N° 101/2022, de la Seremitt, del siguiente tenor: “Otorgamiento de certificado de revisión técnica y de verificación de emisiones al vehículo ambulancia PPU KTYT.92 sin haberse practicado ésta”.

Que, habiendo sido notificado del cargo, el recurrente efectuó sus descargos señalando que en la PRT de Curicó dos mecánicos revisores habrían otorgado los certificados de revisión al vehículo PPU KTYT-92, sin haber efectuado el proceso, por lo que la empresa desvinculó a los trabajadores involucrados e interpuso acciones penales contra ellos.

La autoridad de transportes, habiendo conocido los descargos del recurrente, lo cuales no lograron desvirtuar la infracción, por medio de la Resolución Exenta N° 152/2022, dispuso en contra de Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada, la sanción de caducidad del Contrato de Concesión y el correspondiente cobro de la(s) boleta(s) de garantía. Dicha resolución exenta fue notificada al concesionario, quien en la oportunidad legal correspondiente dedujo recurso de reposición y de apelación en subsidio, en contra de la Resolución Exenta N° 152/2022, antes citada, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del D.S. N° 156, de 1990, del MTT.

A través de Resolución Exenta N° 361/2022 SRM-MAULE, de 10 de mayo de 2022, la SEREMITT rechazó el recurso de reposición interpuesto por Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada, en contra de la Resolución Exenta N° 152/2022, en tanto que mediante de Resolución Exenta N° 3704/2023 DL, de 13 de septiembre de 2023, de la Subsecretaría de Transportes, se rechazó el recurso de apelación deducido subsidiariamente, confirmándose de esta forma la sanción de “caducidad de la concesión”, respecto de la Concesión N° 1 de la región del Maule de la cual era titular Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada.

Finalmente, mediante Resolución N° 2/2023 SRM MAULE, de 3 de noviembre de 2023, de la Seremitt, se declaró a firme la medida de caducidad de la concesión N°1 de la Región del Maule y se remitió a control de legalidad ante la Contraloría.

Ahora bien, en cuanto a la sanción en sí, cabe mencionar que la relación que vincula a la sociedad Revisiones Técnicas MIVAL Metropolitana Limitada, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMITT, tiene su origen en un “Contrato de Concesión”. En este sentido, la sanción que se impone al recurrente tiene una doble fuente; por una parte en la normativa Administrativa, como asimismo, su fuente es de naturaleza contractual.

Señala que el punto 2.2.17 de las Bases de Licitación, que a su vez forman parte integrante del respectivo contrato de Concesión, señalan que “El incumplimiento del contrato de concesión dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el D.S. N°156/90, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y a las contenidas en las presentes Bases. De acuerdo a su gravedad se aplicarán en el siguiente orden:

a) Caducidad de la concesión;

b) Cierre de una planta revisora;

c) Suspensión de la operación de una planta revisora;

d) Suspensión de la operación de una o más líneas de revisión de una planta revisora, y e) Censura por escrito.

Las causales que determinan la aplicación de las sanciones indicadas precedentemente, son las señaladas en los artículos 21 bis A y siguientes del D.S. N°156/90, antes mencionado.”.

Así a través del contrato de concesión, el recurrente, conoció y consintió en someterse a las sanciones que anteriormente se señalan, por las causales que se disponen en los artículos 21 bis A y siguientes del D.S. N°156 de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El artículo 21 Bis A, letra a) del D.S. N°156 de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dispone que: “Sin perjuicio de las demás causales de caducidad establecidas en el presente decreto, procederá siempre la aplicación de la sanción de caducidad de la concesión en los siguientes casos:

Las Bases de Licitación, fueron aprobadas por Resolución N° 251, de 27 de noviembre de 2012, modificadas por las Resoluciones N°83, de 10 de abril de 2013, N° 178, de 23 de agosto de 2013 y N°146, de 29 de mayo de 2014, todas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Cuando se verifique en la o las Plantas concesionadas el otorgamiento de certificados de revisión técnica o de verificación de emisiones sin haberse practicado éstas;”

Por tanto, surge de la propia norma extractada que para la configuración del tipo infraccional, se requiere acreditar que:

i) se otorgaron en la planta revisora certificados de revisión técnica de vehículo(s) o de emisión de gases; hecho que se encuentra reconocido por el recurrente en sus descargos y en las alegaciones del recurso de reposición y jerárquico interpuesto, por tanto constituye un hecho no controvertido, y ii) que a los vehículos respecto de los cuales se otorgaron certificados de revisión técnica en una planta revisora, no efectuaron allí, el día y la hora que en ellos se señala, la revisión técnica de los mismos. Hecho que también se encuentra acreditado en el procedimiento administrativo sancionatorio y que fue reconocido por el recurrente, además fue probado por las cámaras de seguridad de la Planta de Revisión Técnica, ya que el día de los hechos denunciados el vehículo PPU KTYT.92, no concurrió al procedimiento de revisión.

De lo anterior, se sigue sin necesidad de recurrir a un ejercicio interpretativo, que la sanción de caducidad es la consecuencia de haberse verificado el otorgamiento de un certificado de revisión técnica en una o más plantas revisoras de un Concesionario, sin que ésta se haya practicado. Refuerza lo anterior, la expresión que “procederá siempre”, la cual tiene precisamente el sentido de excluir cualquier posibilidad de realizar interpretaciones o alcances sobre la responsabilidad del Concesionario.

En consecuencia, dado que la norma no indica nada en particular respecto del sujeto activo de la infracción, verificado el supuesto de la letra a), corresponderá siempre aplicar la sanción de caducidad de la concesión.

Manifestar que la sanción impuesta, se encuentra específicamente establecida en la normativa aplicable, tanto como en el contrato de concesión y en las respectivas bases de licitación, esta regulación específica que plantea la sanción de caducidad para el caso que se verifique en las plantas revisoras que se han entregado certificados de revisión técnica, sin que se hubiesen practicado las correspondientes revisiones, obedece a que se ha considerado tanto por el legislador como por la administración que esta conducta reviste la mayor gravedad, ello no sólo por el riesgo evidente que conlleva para toda la sociedad la circulación de vehículos que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, sino por cuanto se afecta gravemente la fe pública, responsabilidad que el Estado ha depositado en estos concesionarios. Como se observa en el caso que nos ocupa, en el cual se detectó la emisión de un certificado irregular de revisión técnica, producto de la denuncia se efectuó en razón de un grave accidente. Son conductas como estas las que tienen por objeto ser prevenidas al sancionar de manera tan gravosa a las plantas de revisión técnica que emiten certificados de revisión sin haberlas practicado.

Por tratarse de un contrato de concesión para la prestación de un servicio público, es mayor el deber de cuidado exigible al concesionario, en atención a la actividad de que se trata, la confianza que el Estado deposita en aquél y, en consecuencia, la responsabilidad en el desarrollo de la actividad encomendada. Al respecto la alegación del recurrente en cuanto a que se encuentra acreditado únicamente la entrega de un certificado sin el correspondiente proceso de revisión y que la norma establece que se sancionará con la caducidad de la concesión la entrega de certificados, en plural, debemos señalar que la gravedad de la conducta y la afectación a la fe pública se produce con el otorgamiento de un certificado, y que se sanción es procedente, por cuanto si el legislador hubiera querido establecer un requisito de reiteración, este se encontraría expresamente señalado en la norma, y contrario a lo que sostiene el recurrente, el cambio de redacción en el nuevo texto tuvo por objeto no dejar margen para dudas interpretativas para aplicar la sanción de caducidad a una planta de revisión técnica, en cuanto sólo basta la emisión de un certificado para la configuración de la infracción, lo cual representa el espíritu de la normativa, la cual ha sido la interpretación sistemática de la autoridad de transportes al momento de aplicar las sanciones de caducidad.

Destaca que el riesgo asociado a este tipo de conductas, hace que la sanción impuesta sea proporcionada a los hechos que se le imputan, además debemos recordar que la norma y cláusula contractual establecen que en el caso que se verifique el otorgamiento de certificados de revisión técnica sin que se practique la revisión, siempre será aplicable la sanción de caducidad.

Se recurre en contra de la Resolución Exenta N° 3704/2023 DL, de 13 de septiembre de 2023 de la Subsecretaría de Transportes, mediante la cual, se rechazó el recurso de apelación deducido subsidiariamente, confirmándose de esta forma la sanción de “caducidad de la concesión” dispuesta mediante Resolución exenta N° 152/2022 SRM MAULE, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule. En este sentido, no es efectivo que el recurrente cumplió cabalmente todas las exigencias que se le imponía, ya que su incumplimiento fue tal que conllevó la aplicación de la sanción de la caducidad latamente explicada. A continuación abordaremos las supuestas ilegalidades y/o arbitrariedades que alega el recurrente, que como se acreditará son inexistentes.

Se evidencia claramente que el acto administrativo que dispuso la medida de la caducidad fue debidamente fundamentado, en cuanto en este se expresa claramente la motivación que persigue la autoridad de transporte para disponer de la medida disciplinaria tanto en sus considerandos como en la parte resolutiva. Existe una manifiesta congruencia jurídica entre los hechos denunciados en el marco del proceso y la sanción impuesta al concesionario, ya que la conducta infraccional se configura por el incumplimiento del artículo 21 bis A, literal a), del Decreto Supremo N° 156 de 1990 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En efecto, la resolución exenta N° 152/2022, de la Seremitt, particularmente en sus considerandos 6° y 7°, la autoridad de transportes regional da cuenta del razonamiento al cual arribó producto de los hechos denunciados y los antecedentes aportados en los descargos por parte del recurrente, dando una clara argumentación para señalar que la conducta denunciada fue debidamente acreditada, y como tal correspondió dar cumplimiento a la normativa, aplicando la sanción dispuesta en el artículo 21 BIS letra a), esto es la caducidad de la concesión.

Luego, en cuanto a la supuesta incoherencia de parte de la Secretaría Regional Ministerial al prorrogar el contrato de concesión de la recurrente a través de la Resolución exenta 117 de 4 de marzo de 2022, indica que ello se funda justamente en el respeto al debido proceso, puesto que se dicta con anterioridad la resolución exenta que aplica la medida sancionatoria de caducidad, y fundado en razones de buen servicio, firmando el concesionario la respectiva acta de prórroga de contrato que expresamente señala “…se deja expresa constancia que esta extensión tiene la naturaleza jurídica de una autorización, no pudiendo en consecuencia el concesionario prorrogado, cuestionar la oportunidad y mérito de la Resolución que declare en su momento extinguida dicha prórroga…”, de modo que, al dictarse la resolución de prórroga, la situación es que la planta de revisión técnica no se le había aplicado la sanción de caducidad, la cual fue resultado posterior de un procedimiento administrativo ajustado a la normativa dispuesto por parte de la Seremitt.

En cuanto a la supuesta ilegalidad por infringir el principio de proporcionalidad de la sanción administrativa por parte de la resolución exenta N° 152/2022, manifiesta que la sanción impuesta se encuentra específicamente establecida en la normativa aplicable, tanto como en el contrato de concesión y en las respectivas bases de licitación -instrumentos que del todo conocidos por parte del recurrente-, la regulación dispone como sanción la caducidad para el caso que se verifique en las plantas revisoras que se han entregado certificados de revisión técnica, sin que se hubiesen practicado las correspondientes revisiones, lo cual obedece, como ya se dijo, a que se ha considerado tanto por el legislador como por la administración, que esta conducta reviste la mayor gravedad, ello no sólo por el riesgo evidente que conlleva para toda la sociedad la circulación de vehículos que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, sino por cuanto se afecta gravemente la fe pública, responsabilidad que el Estado ha depositado en estos concesionarios de plantas de revisión técnica.

El riesgo asociado a este tipo de conductas, hace que la sanción impuesta sea proporcionada a los hechos que se le imputan, además debemos recordar que la norma y cláusula contractual establecen que en el caso que se verifique el otorgamiento de certificados de revisión técnica sin que se practique la revisión, siempre será aplicable la sanción de caducidad.

Precisamente debido a la estrictez de la norma antes referida y al estándar de responsabilidad asumida por el Concesionario es que el artículo 18 del D.S. N°156, de 1990, señala en su inciso primero que “El concesionario está obligado a supervigilar el desarrollo de las actividades de sus dependientes en relación con las revisiones técnicas, que practique la o las Plantas Revisoras”.

En cuanto a la supuesta ilegalidad relativa a la falta de conductas por parte de la empresa recurrente, que vulneraría los principios de legalidad y tipicidad administrativa Corresponde aplicar lo que se ha denominado en doctrina y ha sido reconocido por la jurisprudencia nacional, como culpa infraccional, en la cual basta con acreditar el incumplimiento o falta de observancia de la norma para dar por establecida la culpa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema, en Recurso de Protección Rol N° 45.916-2016 en la cual citando nombre reservado, señala: “… Al ser el legislador, o bien la autoridad pública, según el caso, quien viene en establecer el deber de cuidado debido en el desempeño de las actividades tipificadas, cabe asimilar el principio de culpabilidad del Derecho Administrativo Sancionador al de la noción de la culpa infraccional, en la cual basta acreditar la infracción o mera inobservancia de la norma para dar por establecida la culpa; lo cual se ve agravado en los casos que se trate de sujetos que cuenten con una especialidad o experticia determinada, donde el grado de exigencia a su respecto deberá ser más rigurosamente calificado”. (Cordero Vega, Luis, “Lecciones de Derecho Administrativo”. Editorial Legal Publishing Chile, 2015. Pág. 503-504).

Así las cosas, dada la naturaleza de las concesiones de plantas de revisión técnica el Estado ha conferido el derecho para brindar el servicio a los administrados a estos particulares, quienes para adjudicarse el referido derecho acuerdan con la Administración su deber de supervigilar la operación de la concesión, lo que implica velar por el correcto funcionamiento de la planta y porque se resguarde el respeto a la fe pública, lo que evidentemente se hace extensivo a los trabajadores del concesionario.

Cabe reiterar, que el recurrente informada y voluntariamente consintió en contratar con la administración para el otorgamiento de la concesión N° 1 de la Región del Maule, por medio de un proceso de licitación pública. En ese sentido el recurrente declaró conocer y aceptar la normativa que regula la operación de las plantas de revisión técnica, en dicha normativa, particularmente en el artículo 18 del D.S. N° 156, de 1990, el deber de supervigilancia del concesionario respecto de las labores de sus dependientes. De forma, que no resulta procedente la alegación sobre el actuar de un tercero para eximirse de la responsabilidad de no supervigilar el contrato, ya que es el propio marco regulatorio vinculante para el recurrente quien le impone el deber de vigilancia sobre sus dependientes.

Por otra parte, es necesario precisar que la sanción que se aplica al recurrente nace del ámbito administrativo, por la circunstancia de haberse acreditado el otorgamiento de certificados de revisión técnica sin que esta se hubiese practicado, lo cual implica para el titular de la concesión la caducidad del referido derecho; ahora bien, lo anterior no obsta a la determinación de las responsabilidades penales o civiles que puedan perseguirse contra quienes hayan perpetrado esos actos y hayan generado el perjuicio contra el recurrente de estos autos.

La recurrente señala que se infringiría el principio de culpabilidad, ya que a su juicio a la empresa concesionaria se le estaría imputando un actuar doloso, que diría relación con el otorgamiento de los certificados de revisión técnica.

Sin embargo, la situación por la cual se le atribuye responsabilidad al concesionario responde a la culpa infraccional, respecto de la cual el eventual dolo no es requerido en la medida que se logre acreditar la infracción.

En efecto, la recurrente al no haber adoptado las medidas conducentes para evitar el otorgamiento de certificados sin que se hayan practicado las respectivas revisiones, incurre en una inobservancia de su deber de supervigilar la operación de la concesión, en cuanto esos hechos no imposibles de prever, sino que por el contrario, constituyen un riesgo cierto al cual debió haber adoptado las medidas preventivas, pero no lo hizo.

Dados los antecedentes, resulta evidente que la sanción de caducidad dispuesta en el marco de un proceso sancionatorio se dictó con la debida racionalidad y legalidad necesarias para su plena validez, y no un actuar ilegal y/o inmotivado.

En lo referente a la supuesta infracción a la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, el recurrente con señala poseer un “tipo de propiedad” sobre el derecho de concesión del servicio público, del cual señala habría sido privado de este por el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Sobre el particular, lo planteado por el recurrente en cierta medida es efectivo, dado que el concesionario posee un derecho de concesión debidamente otorgado, por el cual el Estado le confirió el derecho a explotar un determinado servicio para satisfacer un interés público, como lo es la revisión de vehículos y el otorgamiento de los respectivos permisos.

Ahora bien, en la alegación vertida por el recurrente omite un elemento esencial que ha sido latamente tratado en el recurso que dice relación con la naturaleza de una concesión administrativa, sobre la cual se ha que tener presente que dada su especial naturaleza los derechos que se confieren en virtud de un contrato de ese tipo son esencialmente precarios, por cuanto no hay que olvidar que el otorgamiento temporal que recibe el concesionario respecto del servicio que puede explotar debe siempre estar sujeto al interés público por el cual se otorgó. En la especie, constituye un hecho no controvertido por el recurrente que en la concesión de la cual era titular se incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, la cual lleva aparejada la sanción de la caducidad del derecho de concesión, por cuanto el tipo de infracción reviste tal gravedad que la administración ha entendido que una vulneración de esa naturaleza a la fe pública constituye un atentado al interés público que se pretende tutelar.

Por ello, cuando existe una afectación a los intereses públicos, como es del caso, la titularidad del derecho de concesión que tiene el concesionario debe ser cesada, ya que concurren las causales de incumplimiento contractual conlleva a la insoslayablemente caducidad del contrato administrativo de marras, de esta forma la alegación señala al respecto carece de un fundamento que permita atenderla. Cabe tener presente que la caducidad del contrato por el incumplimientos graves es “una sanción propia del Derecho Público y procede en caso de grave incumplimiento del concesionario perdiendo por ella, necesariamente, la concesión, sin perjuicio de otras consecuencias previstas en el propio acto de concesión como: perdida de garantías, atribución al concedente, con indemnización, de las instalaciones, maquinarias, etc.”.

Respecto a la supuesta vulneración a la garantía establecida en el artículo 19° N° 2, de la Constitución Política de la República, reitera lo señalado en cuanto a que al recurrente se le aplicó el mismo procedimiento administrativo sancionatorio establecida en la normativa del ramo confiriéndole todas las garantías procesales para el ejercicio de sus derechos, los cuales ejerció en el marco de dicho proceso. Entregándole el mismo trato que a cualquier otro concesionario afecto a la normativa de las plantas de revisión técnica. Por lo que debe ser desestimada la alegación de recurrente sobre este particular.

En relación a la supuesta vulneración a la garantía establecida en el artículo 19° N° 3, inciso quinto de la Constitución Política, señala que no existen elementos para configurar la alegación planteada, ya que cada uno de los aspectos que reclama el concesionario y que intenta enmarcar en el derecho al debido proceso, fueron desvirtuados a lo largo del informe, y reiterar que en el procedimiento sancionatorio que se ha seguido contra el recurrente, se han respetado plenamente sus derechos, se han seguido cada una de las etapas del proceso que señala la ley, y no ha existido ninguna distinción de trato respecto del recurrente en cuanto se ha sometido a la tramitación y resolución del procedimiento sancionatorio en exactamente las mismas condiciones que cualquier otro concesionario. Asimismo, es dable destacar que el procedimiento se encontraba establecido previamente a la comisión de los hechos sancionados, y fue conocido por las autoridades competentes, que estaban investidas legalmente para conocer, sancionar y aplicar la medida dispuesta en la normativa. Por lo cual, no se configuraría la existencia de una comisión ad hoc o especial, como lo alega el recurrente.

En virtud a lo establecido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, en cuanto señala que si bien es cierto que la norma es clara en establecer que la actividad debe realizarse “respetando las normas legales que las regulen”, indica que dichas normas deben dictarse por ley y no por normas de carácter administrativo. En este punto reiteramos que si el recurrente pretende impugnar la Constitucionalidad del Decreto Supremo N° 156 de 1990, debe utilizar los mecanismos previos que al respecto la propia Constitución establece y no puede pretender que una discusión como la que plantea sea resuelta mediante un recurso de protección. No obstante, resulta pertinente reiterar que la relación contractual del recurrente con el Estado se encuentra regulada por el contrato de concesión, las bases de licitación y toda la normativa legal y reglamentaria aplicable a las concesiones de plantas de revisión técnica, este último punto, como ya dijimos se encuentra establecido en la cláusula segunda del contrato de concesión. Por lo anterior no es posible considerar que se haya amenazado, restringido o perturbado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, por cuanto el recurrente al no cumplir con la normativa que regula dicha actividad, no puede sostener que se le haya privado de un derecho legítimamente ejercido que amerite la protección o amparo constitucional.

Concluye solicitando que se tenga por evacuado informe, y con su mérito se sirva rechazar el arbitrio en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°) Don nombre reservado, en representación de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, evacúo el informe en términos similares.

Y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional, se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. Asimismo, la arbitrariedad e ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba, o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

Segundo: Que, conforme a lo señalado, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de los recurridos, y si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio de la acción de que trata el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquélla que él indica en su líbelo como vulneradas, esto es, las de los números 24, 2, 3 inciso quinto y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el recurrente sostiene que en el contexto de un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado con ocasión del otorgamiento de un certificado de revisión técnica al vehículo placa patente KTYT 92, en la Planta Revisora ubicada en la comuna de Curicó, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región del Maule, dictó la Resolución Exenta Nº 152/2022 de 21 de marzo de 2022, que le aplicó la sanción de caducidad del contrato de concesión celebrado con la recurrente, aplicando ilegal y arbitrariamente la figura contemplada en el artículo 21 bis A del Decreto Supremo 156 de 1990 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, vigente a la fecha de la sanción y, que la Subsecretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante Resolución Exenta 3.704/2023 de 13 de septiembre de 2023, rechazó el recurso de apelación, confirmando la sanción de caducidad.

Cuarto: Que, don Nicolás Correa Norambuena, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, evacúo el informe indicando en primer término, que la vía cautelar no es la sede adecuada para sustanciación de un conflicto que radica en determinar si correspondía o no caducar el contrato de concesión, si se cumplieron las condiciones previstas en la normativa para ello, en el contrato de concesión y en las respectivas bases de licitación, o bien si el marco jurídico permitía causales de exención de tales consecuencias, y en caso afirmativo, si sus presupuestos fueron alegados y probados en el proceso, debiendo para su sustanciación, ocurrirse a otros procedimientos, de lato conocimiento, en que se den las instancias para que las partes acrediten sus pretensiones.

En el N° 3) de la parte expositiva, don nombre reservado, en representación de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, evacúo el informe en términos similares.

Quinto: Que, sobre la existencia de los actos que se recurre, no existe controversia, pues recurrente y recurridos lo reconocen, discrepando solo de la interpretación de la norma establecida en el artículo 21 bis A del Decreto Supremo N° 156 de 1990 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Además, Revisiones Técnicas Mival Metropolitana Ltda. señala que la resolución infringe el principio de la proporcionalidad de la sanción administrativa, el que refiere a que debe existir una relación de razonabilidad entre el hecho sancionado por la Administración y la cuantía o gravedad del castigo que ésta deba aplicar.

Sexto: Que, el artículo 21 bis A del precitado decreto supremo vigente a la fecha de la comisión de la infracción, estatuía: “Sin perjuicio de las demás causales de caducidad establecidas en el presente decreto, procederá siempre la sanción de caducidad de la concesión en los siguientes casos: Cuando se verifique en la o las plantas concesionadas el otorgamiento de certificados de revisión técnica o de verificación de emisiones sin haberse practicado éstas”.

Séptimo: Que, el Decreto Supremo 53 publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 2022, modificó la señalada norma la que quedó del siguiente tenor: letra c) “Cuando se verifique en la o las Plantas concesionadas el otorgamiento de uno o más certificados de revisión técnica o de verificación de emisiones contaminantes sin haberse practicado éstas”.

Octavo: Que, así las cosas resulta efectivo lo señalado por el recurrente en el sentido de que las dos resoluciones exentas mencionadas en la reflexión Tercero, se fundamentan en la interpretación errónea del artículo 21 bis A del D.S. 156 de 1990 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al desatender ostensiblemente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 19 del Código Civil.

Noveno: Que, además, las resoluciones impugnadas infringen los principios de la proporcionalidad de la sanción administrativa y objetividad, porque la infracción fue cometida en una de las tres plantas de revisión técnica o de verificación de emisiones contaminantes, concesionadas a la recurrente, sitas en tres comunas distintas de las provincias de Curicó y Talca, y la severa sanción se extiende y le es aplicada a las tres, lo que no se compadece con el criterio del legislador en otra normativa punitiva, verbigracia, con las del inciso segundo del N° 10 del artículo 97 del Código Tributario y la del artículo 67 del Decreto Ley 825, que distinguen, la primera, que la clausura es aplicable a la oficina, estudio, establecimiento o sucursal, en que se hubiere cometido la infracción, y la segunda, establece que los casos de empresas con más de un establecimiento, los impuestos del Título II y de los artículos 37° y 42° del Título III de esta ley, deberán ser declarados y pagados en el domicilio correspondiente a la oficina central o casa matriz, pero cuando la determinación y pago del impuesto por la casa matriz origine dificultades en el control del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Nacional podrá conferir el carácter de contribuyente a las sucursales.

Décimo: Que, por las razones dadas en el fundamento primero, no se accederá a la solicitud de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y de Telecomunicaciones de la Región del Maule, de declarar improcedente el arbitrio.

Décimo primero: Que, por estos fundamentos se accederá a la acción interpuesta por las cuatro garantías invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, se decide:

a) que no se accede a la solicitud de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y de Telecomunicaciones de la Región del Maule, de declarar improcedente el arbitrio;

b) que se acoge el recurso de protección interpuesto por don Roberto Coloma del Valle, en favor de la sociedad Revisiones Técnicas Mival Metropolitana Limitada, en contra de Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, representada por la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, doña nombre reservado, y Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representada por el Subsecretario de Transportes don nombre reservado, disponiéndose que ambos recurridos, respectivamente, deben dejar sin efecto las resoluciones exenta N° 152/2022 de 21 de marzo de 2022 y N° 3.704/2023 de 13 de septiembre de 2023; y c) que no se condena en costas a los recurridos por haber tenido motivos plausibles para oponerse.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2022-2023 Protección.