nombre reservado con nombre reservado

Talca, nueve de abril de dos mil veintiuno.

Visto:

A°) Que, son partes en el presente recurso de protección, don nombre reservado, técnico mecánico industrial, por sí y en representación de los socios de la Junta de Vecinos de Vista Hermosa, domiciliados en domicilio reservado, que acciona en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, denominada Los Maitenes, sector Vista Hermosa, comuna de Maule, por haber incurrido, a su entender, en actos ilegales y arbitrarios que afectan gravemente las garantías establecidas en el artículo 19 Nº s. 1 y 8 de la Constitución Política de la República.

Fundamentándolo señala:

Que, Vista Hermosa es un sector rural de la comuna de Maule, ubicado al oriente de la ruta 5 sur, donde se convive con diversos pobladores; vecinos que son originarios del sector y que se dedican principalmente a la agricultura y otros avecindados que han llegado buscando tranquilidad, vida sana y sin contaminación que se encuentra en el apacible campo maulino, quienes viven en pequeñas parcelas que son el resultado de algunos proyectos de loteo realizados en el lugar.

Indica que la principal actividad productiva del sector es la agricultura, la que no interfiere mayormente con la tranquilidad y convivencia de los vecinos, lo que permite, hasta este año, una calidad de vida bastante grata.

Señala que, contiguo al sector, se encuentra ubicada la localidad de Callejones, un pequeño asentamiento rural con alta densificación (comparado con el entorno) que alberga ciertos servicios de utilidad pública como una escuela, donde asisten 138 niños, una estación médica rural y un comité de agua potable rural.

La localidad tiene acceso a la ruta 5 sur, mediante la ruta K 635, ex ruta Talca-Duao.

Agrega que durante el verano del año 2020, en una parcela del sector, propiedad de la recurrida, pudo ver entre los árboles que se estaba levantando una construcción bastante grande, que no tenía características habitacionales sino industriales. Sin embargo, dadas las características propias de la zona, imaginó que sería una bodega o galpón propio de la actividad agrícola.

Sin embargo, ya durante el mes de marzo desde la propiedad de la recurrida comenzó a salir un olor nauseabundo que cada vez se hizo más intenso. En el mes de abril, comenzaron a llegar las moscas y así poco a poco la calidad de vida de los habitantes del sector se fue deteriorando.

A comienzos del mes de mayo y tras constatar que esta situación no sería transitoria, se acudió a la Municipalidad de Maule para solicitar los antecedentes sobre aquella misteriosa instalación que se había insertado en la comunidad de manera aparentemente clandestina y oculta entre la vegetación del lugar.

El 12 de marzo de 2020, la Dirección de Obras Municipales entregó los antecedentes y grande fue la sorpresa al enterarse que la instalación se trataba de un gallinero que albergaba miles de gallinas y que no tenía permiso alguno para funcionar.

Asegura que la instalación no tenía permiso de edificación, cambio de uso de suelo, autorización sanitaria, patente municipal, ni mucho menos se había sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto no solo se encontraba en la más absoluta clandestinidad, sino que también había sido objeto de una orden de paralización de obras por parte de la dirección de obras municipales y que había desobedecido dicha orden prosiguiendo la construcción.

Menciona que el funcionamiento informal de la avícola había sido bastante moderado e imperceptible en un primer momento, sin embargo desde el mes de marzo del año 2020, y principalmente desde la quincena de mayo, un sector considerable de vecinos, asociados a la junta de vecinos, como asimismo, todos los residentes del sector, comenzaron a percibir malos olores y abundancia de moscas en todas las casas.

Conjuntamente con la crianza de gallinas ponedoras, en el lugar no se cuenta con un sistema autorizado de tratamiento de residuos. La crianza de gallinas en general produce varios tipos de residuos: los más graves son las aves muertas y las fecas de las aves, los que deben ser adecuadamente dispuestos en lugares autorizados para su funcionamiento. Por las escenas vistas desde los predios colindantes, principalmente por la emanación de humos visibles, pareciera ser que la recurrida procede a quemar los desechos y animales muertos, sin tratar los residuos de una forma adecuada.

Destaca que la comuna de Maule es un lugar donde las quemas de cualquier tipo de residuos, están prohibidas por el artículo 50 del Decreto 49 que establece el Plan de descontaminación ambiental para las comunas de Talca y Maule.

Afirma que actualmente la recurrida se encuentra terminando la construcción de un tercer galpón de aproximadamente 3500 metros cuadrados (a simple vista) y en esas condiciones, la cantidad de gallinas que el plantel avícola podría albergar, es de entre 6 y 10 gallinas por metro cuadrado, por lo que de optar por el máximo, podría llegar a tener más de cien mil ejemplares en el lugar.

Que en cuanto al Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, establece que el plazo para interponerlo es de 30 días desde que ha ocurrido el acto ilegal o arbitrario que se reclama.

Destaca que en los hechos, la actitud de la recurrida ha sido ascendente en el tiempo, donde se pueden diferenciar dos situaciones puntuales. Previo al mes de mayo, habría realizado actitudes preparatorias para la puesta en marcha de su proyecto comercial. Por otro lado, desde la quincena de mayo en adelante, comenzó materialmente el funcionamiento clandestino, que por este acto los recurrentes reclaman la conculcación de sus derechos.

Asimismo agrega que la recurrida no ha efectuado ningún procedimiento de aprobación administrativa, para que los vecinos y residentes del sector, puedan ser informados, notificados o requeridos, para su conocimiento y toma de opinión, de la actividad industrial que pretende.

En consecuencia, en cualquier supuesto que se encuentren, es decir, consideran cuando esta parte tomó conocimiento de la ilegalidad de la operación de la recurrida, lo ven como una actitud incremental y permanente, por lo tanto estarían dentro de plazo para recurrir.

Arguye que la Excelentísima Corte Suprema, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, respecto de la acción constitucional de protección llevada en causa Rol N° 2258-2012, ha señalado que de existir actos sostenidos en el tiempo y continuos que conculquen derechos fundamentales de los recurrentes, no precluye el derecho a interponer la acción constitucional de protección por existir una actitud permanente de afectación.

Afirma que la recurrida ha construido hasta ahora tres naves o galpones (para albergar cerca de cien mil gallinas ponedoras) sin contar con un permiso de edificación correctamente tramitado y afinado ante la Dirección de Obras Municipales correspondiente. Según establece el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones “la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General.”.

Manifiesta que el funcionamiento clandestino de esta avícola, infringe también normas contenidas en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Al efecto, el artículo 10 establece las actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, dentro de ellas, “Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales.”.

Si estas actividades producen alguno de los efectos que enumera el artículo 11, dicho proyecto o actividad debe contar con Estudio de Impacto Ambiental. Dentro de esos efectos, y que es posible aplicar a este caso particular se contempla: “ a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;”.

Indica que lo anterior no ha sido cumplido por la recurrida, debiendo hacerlo, pues tal como lo prevé el artículo 3 letra l), del Decreto Supremo 40 que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se trata de “Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a: sesenta mil (60.000) gallinas”.

La recurrida alberga una cantidad aproximada de 100.000 gallinas por lo que debió acogerse a la normativa ambiental señalada.

Añade que del Incumplimiento del Decreto Supremo Nº 144 de 1961, que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, en su artículo 1, señala que "Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario.”.

De acuerdo a lo expresado, es deber de todo establecimiento, como el que tiene la recurrida, de captar o eliminar todo gas u otro tipo de contaminantes con el objeto de que no se generen peligros, daños o molestias a los vecinos.

Hace presente que la disposición reglamentaria está en perfecta sintonía con el alcance de las garantías constitucionales que se declaran amenazadas y perturbadas, dado que no solo establecen a la recurrida el deber de controlar actividades que pudieren dañar; sino también de establecer un estricto estándar de resguardo de las personas (vida y medio ambiente) al considerar los peligros, daños y hasta molestias, lo que en la especie no ocurre.

Argumenta que existe infracción al D.S. 236 que contiene el Reglamento General de Alcantarillados Particulares, fosas sépticas, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias, que regula la forma de disponer de las aguas servidas en lugares donde no exista red de alcantarillado público, situación que ocurre en el sector de Vista Hermosa.

Por el número de ejemplares que maneja esta avícola (alrededor de 100.000 ejemplares) resulta evidente la existencia de varios trabajadores que se encargan de las labores de mantención y producción, derivando en la inevitable generación de aguas servidas provenientes de instalaciones sanitarias. Pues bien, dado que dicha avícola no cuenta con conexión a red pública de alcantarillados, el decreto en comento exige la implementación de un sistema de disposición y tratamiento de las mismas, el que debe cumplir, en lo referente a instalación, calidad y pruebas, con lo establecido en el reglamento general para instalaciones domiciliarias de alcantarillado, y contar con el acuerdo del aprobatorio del Director General de Sanidad para su construcción o modificación, lo que evidentemente la recurrida tampoco ha diligenciado.

Asimismo el D.F.L. 725 referente al Código Sanitario, establece en su artículo 71, que el Servicio Nacional de Salud deberá aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a: “ b) la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros.”, aprobación con la que tampoco cuenta la recurrida.

De tal manera también incumple con el artículo 80 del Decreto Supremo 148 que aprueba el Reglamento sobre manejo de residuos tóxicos, y que señala que “Los tenedores de residuos peligrosos quedan sujetos a un Sistema de Declaración y Seguimiento de tales residuos, válido para todo el país, que tiene por objeto permitir a la autoridad sanitaria disponer de información completa, actual y oportuna sobre la tenencia de tales residuos desde el momento que salen del establecimiento de generación hasta su recepción en una instalación de eliminación.”.

Señala que la industria avícola no está exenta de la producción de los llamados “respel” o residuos peligrosos que son aquellos que presentan riesgos para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar algunas de las características de peligrosidad que el artículo 11 clasifica como: toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca, inflamabilidad, reactividad y corrosividad. Dentro de estos residuos se puede mencionar: veterinarios, solubles, lubricantes, estiércol, residuos orgánicos.

Hace presente que la recurrida tampoco cuenta con dicha declaración por lo que malamente la autoridad podrá efectuar las fiscalizaciones, seguimiento y exigir el cumplimiento de la normativa si no hay conocimiento de la existencia de esta avícola.

Como se puede apreciar, existe una serie de ilegalidades que ponen en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. Esto sin considerar que no se sabe el fin que tiene esta avícola, si contempla dentro de ella, por ejemplo la faena de aves para fines alimentarios, actividad que podría enfrentar a otras innumerables ilegalidades.

Arguye que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que la producción avícola “…plantea una serie de problemas sanitarios, no sólo para las personas que trabajan con las aves de corral, sino también para las que consumen productos derivados de ellas. La mayor preocupación que suscita esta proximidad es el riesgo de infección por el virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP). La manipulación y el sacrificio de aves de corral vivas e infectadas constituye el mayor peligro, pero la transmisión también se puede producir por contacto con los excrementos, plumas, órganos y sangre.”.

La producción avícola industrial, como lo es el caso de marras, genera igualmente efectos nocivos en el medio ambiente del entorno próximo donde residen los recurrentes. De ahí entonces la importancia de cumplir con la normativa vigente, para prever, prevenir y mitigar esos efectos, lo que la recurrida no está cumpliendo. Dichos efectos dicen relación principalmente con la producción de estiércol, el que contiene micronutrientes y gases que no sólo acidifican el suelo sino que al ser altamente volátiles pueden afectar también el aire, a otras especies animales, vegetales y frutícolas, como también la contaminación de aguas, no solo si son vertidos directamente a ellas, sino también por la absorción a través de napas subterráneas. Lo anterior considerando únicamente la producción de ejemplares vivos, pues también aquellos ejemplares muertos deben recibir un tratamiento adecuado para su eliminación, como así mismo los insumos y residuos veterinarios resultantes del mantenimiento de dichas aves.

Cita al profesor nombre reservado, la Constitución no sólo incluyó el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación (Art. 19 Nº 8) entre los derechos asegurados, sino que también le dedicó un inciso especial en el art. 20 (inc. 2º), a fin de esclarecer que esa protección procedería en la medida que tal derecho fuere agraviado o afectado "por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”, citando el mismo autor a Bertelsen, quien a su vez indica que " En lo relativo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación hay un derecho que reviste una doble característica; por una parte, tiene similitud con los llamados derechos sociales, pues se trata de una aspiración general de la colectividad orientada a que el Estado asegure el derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado; y por otro lado, posee un carácter más específico referente, de manera directa, a actos de particulares y de autoridades. Manifiesta que de este modo los ciudadanos tienen expectativas de que el Estado dirija su acción a mejorar la calidad del medio ambiente, y también un derecho exigible contra toda persona o autoridad que por actos o hechos imputables directamente a ellos les causen un perjuicio en su derecho. ".

Pues bien, concluye el autor que lo que buscó el constituyente al momento es el impedir actividades contaminantes, sancionando los ilícitos que se cometan en tal sentido, ahora consagrándose con rango constitucional el derecho subjetivo (derecho fundamental) a vivir en un medio no contaminado. Como de nada serviría establecer tal consagración constitucional si no se otorga acción para hacerlo operable, activo y eficaz, el constituyente otorga esta acción cautelar de protección a su respecto, pero cada vez que ese derecho sea violado o agraviado (incluso en grado de amenaza) por un "acto" de la autoridad o de persona determinada. Esto es, exige la Constitución que el agravio sea producido por obra de persona determinada, precisa, individualizada, y, además, a través de hechos, actos o conductas positivas, o sea por medio de una actividad (y no una omisión). (Lo destacado, es lo que señala el recurrente).

A través de lo expuesto en los hechos de este recurso, es de saber que los actos que la recurrida se encuentra ejecutando clandestinamente, está causando estragos en el vecindario, afectando diariamente la vida de todos los vecinos.

Cita guía existente en la web institucional del SEA, que dice que el servicio de evaluación de Servicio de Evaluación Ambiental, a través de la Guía para la predicción y evaluación de impactos por olor en el SEIA, señala que la exposición a olores que se perciben como desagradables puede afectar el bienestar o la salud de las personas, dando lugar a mayores niveles de estrés en la población expuesta.

El aumento del nivel de estrés, a su vez, puede conducir a efectos fisiológicos o patológicos, por ejemplo, trastornos del sueño, dolores de cabeza o problemas respiratorios, especialmente si la exposición se produce repetidamente. Si bien no siempre la percepción y respuesta a olores genera un riesgo para la salud de la población, sí puede afectar la calidad de vida de los grupos o comunidades humanas, incluyendo los pertenecientes a pueblos indígenas o población protegida.

De la misma guía citada, se señala además que las emisiones de olor pueden generar impactos sobre los sistemas de vida de los grupos humanos, toda vez que su percepción y respuesta puede generar alteraciones en los quehaceres cotidianos de un grupo humano, afectando con ello su rutina e incluso el ejercicio de manifestaciones tradicionales. Asimismo, puede afectar los sentimientos de arraigo o cohesión social de un grupo humano, por ejemplo, debido al estigma que sufren las personas en el lugar afectado por malos olores y con ello un aumento creciente en la propensión a emigrar, al desarraigo.

Ahora en lo relativo a los olores generados por la recurrida, cabe mencionar que las perturbaciones y privaciones que los recurrentes y sus vecinos han debido sufrir producto de la operación del proyecto (como consecuencia del ilegal funcionar de la recurrida) es posible señalar que hay una extensa área donde es posible percibir el olor, que genera picazón de garganta degradando la calidad de vida de las personas en su entorno mediante episodios de malos olores, en diferentes horarios, junto con el aumento de vectores como moscas, zancudos y ratas.

Hace presente que en la Ley 19.300, define en el artículo 2, letra M, medio ambiente libre de contaminación, a aquél en el que los “contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”, definiendo a su vez en la letra C, “contaminación” como la “presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.”.

Que la jurisprudencia no ha quedado atrás en esta materia. En causa ROL 3053-2019, acumulada 3571-2019/Protección, Corte de Apelaciones de Talca, por sentencia de fecha 20 de febrero del presente, confirmada por la Corte Suprema, por sentencia de fecha 5 de junio del presente, caratulada “nombre reservado con Agrícola Coexca S.A.”, señaló sobre este tema, en sus considerandos vigésimo y vigésimo primero, que “la discusión del presente recurso dice relación sobre la existencia de los malos olores y los vectores sanitarios que se afirman como presentes en el sector que ocupa la recurrida y que provendrían de la actividad industrial de ésta.

Sobre el punto, cabe destacar que los informes aludidos y la documental precedentemente señalada, establecen claramente la presencia de olores molestos de diversas intensidades, con efectos sanitarios en la población local, y que el proceso de crianza de cerdos no se ha ajustado a los términos de la Resolución de Calificación Ambiental N° 165 del 2 de octubre de 2.008, presentando además, las instalaciones de la recurrida, diversas anomalías que hacen coherente los hechos establecidos precedentemente y cuya autoría debe ser imputada a la actividad llevada a cabo por la recurrida, “Agrícola Coexca S. A.”.

Las Resoluciones permiten otorgar las autorizaciones ambientales respectivas, su control y fiscalización, la suspensión de suspensión o revocación de las primeras, y además, comparecen en este caso, a darle sustento a la vulneración de derechos fundamentales, los que por su trascendencia y rango jerárquico, no quedan sujetos solo al control administrativo, sino principalmente, en el ámbito jurisdiccional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Conforme con lo precedentemente razonado, la “ilegalidad” como fundamento del recurso, dice relación con todo el ordenamiento jurídico y en especial, frente a la norma de rango constitucional, de la mayor jerarquía en el ordenamiento interno, lo que hace competente a esta Corte para conocer de la presente acción. Además, los incumplimientos de la recurrida “Coexca S.A.” que provocan la existencia de malos olores, así de vectores sanitarios, constituyen actos ilegales, nacidos del incumplimiento de las disposiciones que le son obligatorias para que la recurrida pueda operar libre de reproches, y en que la recurrida no alegó la existencia de razones externas a ella o constitutivas de caso fortuito, lo que lleva a estimarlos como arbitrarios, en tanto nacen de su falta de cuidado en las labores de manipulación de los residuos producidos por su actividad industrial y que ha reconocido llevar a cabo en el sector.

Vigésimo primero: Que de los derechos de máxima protección, como son los que fundan este recurso, aparece como amagado o afectado solamente el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, ya que la presencia de aquellos olores conduce a afectar naturalmente el medio ambiente, y de manera consecuencial, la calidad de vida de los vecinos del sector, que no obstante ser rural, deben convivir con un entorno afectado y enrarecido por la actividad industrial que realiza la recurrida, que genera esos hedores e insectos indeseables, como las moscas, hechos que ameritan acoger la presente acción de cautela (…)”.

En cuanto al derecho a la vida y a la integridad psíquica (artículo 19 n°1 C.P.R).

Agrega que el derecho a la vida, constituye el primer y derecho más básico, del que dependen todos los demás derechos protegidos por la Constitución. La jurisprudencia ha señalado al respecto, en un caso muy similar al planteado en este recurso, que tanto el derecho a la vida y a la integridad psíquica se ven afectados ante la afección a la calidad de vida de los vecinos, producto del olor nauseabundo que provoca la recurrida en aquella causa (tal como también ocurre acá). En causa de la Excma. Corte Suprema, ROL 7099-2012, caratulada “Junta de vecinos de los Ángeles con Essbio S.A.” señala en su considerando octavo, “Que conforme a lo expuesto resulta claro que el problema denunciado relativo a la existencia de malos olores es efectivo y que él se produce por un inadecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Los Ángeles, por lo que el mantenimiento de esta situación, se torna arbitrario en la medida que la denunciada sólo se escuda en el cumplimiento de la normativa que regula la materia y en la existencia de un proyecto de mejoramiento de la planta, medidas que no son suficientes, por cuanto los recurrentes –vecinos domiciliados en el sector aledaño- deben soportar día a día esos hedores, impactando ello en su calidad de vida, afectando su integridad psíquica, por lo que a juicio de esta Corte se vulneran las garantías constitucionales de los mismos consagradas en los números 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancias que ameritan otorgar la protección solicitada.”.

Hace presente que nombre reservado, siguiendo a Hübner, ha señalado que este derecho “no implica, evidentemente, tan sólo la facultad de impedir que se dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana. Representan, por lo tanto, aspectos o derivaciones de este atributo básico derechos tales como (...) el derecho a la protección de la salud”. Verdugo, Pfeffer y Nogueira (1994) plantean que el derecho a la vida representa, entonces, la facultad jurídica, o poder, de exigir la conservación y la protección de la vida humana, o sea, de ese estado de actividad sustancial propio del hombre.”.

Esta garantía comprende la integridad de los aspectos que constituyen la vida de las personas. Al referirse a la integridad personal se constituye aquel derecho fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones.

Entendido de esta manera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, resulta que las diversas ilegalidades cometidas por la recurrida representan periódicas perturbaciones y vigentes amenazas, no solo a los recurrentes quienes viven en el entorno del proyecto, sino que también para toda persona que viva en la zona, pues tal como se describió, la generación de los malos olores tiene efectos perjudiciales para la vida de las personas.

Añade que conjuntamente con los anteriores derechos afectados, la instalación de una actividad industrial de esta envergadura, sin cumplir con las normas propias del sector productivo y producir externalidades negativas no incorporadas en los costos de su proyecto, causan severos deterioros en la plusvalía de los inmuebles aledaños.

Destaca que el sector de Vista Hermosa, que como su toponimia lo indica, es un lugar donde la puesta de sol tiene una vista incomparable, ha tomado valor con diversos proyectos de parcelación, los que han hecho aumentar sostenidamente el valor de los terrenos en el lugar.

Finalmente, solicita a esta Corte lo siguiente:

- Se tenga por interpuesta la acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado.

- Se conceda orden de no innovar, decretándose se ordene a la recurrida, la paralización inmediata de la avícola que mantiene en su terreno, o bien ordene la paralización de los vectores generadores de malos olores; o en defecto de lo anterior, disponga cualquier otra medida que se estima pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho en favor de los recurrentes, pues es actual e inminente la vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 N°s 1 y 8 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, se manifiesta en que existen antecedentes verosímiles que acreditan que la actividad industrial de la recurrida, debía mantenerse paralizada por la autoridad sectorial.

B°) Informa don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, solicitando el rechazo del arbitrio en todas sus partes, por no existir actos ilegales o arbitrarios que vulneren derechos constitucionales.

Fundamentándolo expresa:

Que, comparece don nombre reservado, por si y en representación (NO ACREDITADA LEGALMENTE) de la Junta de Vecinos de la localidad de Vista Hermosa de la comuna de Maule.

Denuncia por parte de la representada una serie de “presuntas” irregularidades, tales como la instalación de un Plantel Avícola, con una capacidad para 100.000 gallinas, olores nauseabundos a partir de abril del presente año y una gran cantidad de moscas en el sector. Agrega además, que los gallineros que conforman este plantel, se emplazaron en forma oculta entre la vegetación y de manera aparentemente clandestina. Que la recurrida no tiene permiso alguno para funcionar. Señala en su libelo que la instalación NO tenía permiso alguno para funcionar, NO contaba con cambio de uso de suelo, NO tiene patente Municipal, ni mucho menos se encuentra sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

También comenta que la recurrida no solo se encontraba en la más absoluta clandestinidad, sino que también ha sido objeto de una orden de paralización de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales, y se había desobedecido dicha orden prosiguiendo la construcción de manera absolutamente contraria al derecho.

A todo lo anterior, informa que se encuentra terminada la construcción de un galpón de aproximadamente 3.500 metros cuadrados.

Fundamenta su pretensión, que producto de todas estas irregularidades, la crianza de gallinas produce en general varios tipos de residuos, tales como aves muertas y fecas, humos visibles producto de la quema de animales muertos, sin tratarlos en forma adecuada.

Indica que en la actitud de la recurrida se pueden diferenciar dos situaciones puntuales: a) Previo al mes de mayo de 2020, se habrían realizado actitudes preparatorias para la puesta en marcha de su proyecto comercial; y b) Posterior a la quincena de mayo de 2020, comenzó materialmente el funcionamiento clandestino, motivo por el cual los recurrentes reclaman la conculcación de sus derechos.

Justifica su denuncia, en cuanto a que según su parecer, la recurrida, no ha efectuado ningún procedimiento de aprobación administrativa para que los vecinos y residentes del sector, puedan ser informados, notificados o requeridos, para su conocimiento y toma de opinión, de la actividad industrial que pretende la recurrida realizar en el sector.

Las contravenciones que invoca, son las siguientes:

a) No contar con permiso de edificación.

b) No haber sometido el proyecto a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

c) Incumplimiento al Decreto Supremo 144 del año 1961.

d) Infracción al D.S. 236 Reglamento General de Alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias.

e) Infracción al Decreto Supremo 148 que aprueba el Reglamento sobre manejos de residuos tóxicos.

Invoca como garantías conculcadas:

I.- La del Art. 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República.

II.- La del Art. 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

Invoca como derecho afectado:

El derecho de propiedad.

Hace presente que durante el mes de septiembre del año 2019, la recurrida comenzó con el emplazamiento de su plantel avícola al interior de su predio ubicado en la Parcela Nº 8, Los Maitenes, comuna de Maule.

Se acercó y contrató los servicios profesionales del arquitecto don nombre reservado, para que iniciara las gestiones necesarias para obtener los permisos correspondientes de la autoridad respectiva, esto es, la Dirección de Obras de la Municipalidad de la comuna de Maule; y de todos aquellos organismos públicos, relacionados con las exigencias que se deben cumplir para la implementación del proyecto avícola.

Agrega que la instalación de los planteles avícolas para la producción de huevo, comenzaron después del llamado “estallido social” del mes de octubre del año pasado, del cual fue objeto el país; con casi seis meses de antelación, se había enviado la orden de producción de diez mil gallinas (y no cien mil) a un proveedor de la Región Metropolitana, siendo la fecha programada de llegada de las “pollas” en el mes de febrero y marzo de 2020.

Mientras se iniciaron las obras, fue muy difícil conseguir las asesorías, servicios y funcionamiento de los organismos públicos estatales correspondientes para obtener los permisos necesarios, toda vez que a partir de la situación de insurrección civil del mes de octubre de 2019, que perduró hasta el mes de marzo de 2020, fue casi imposible avanzar dentro del tiempo previsto con anterioridad, debiendo recurrir a la toma de decisiones urgentes, pero necesarias dentro de un marco de regularidad, para poder cumplir con las exigencias reglamentarias que rigen la actividad avícola.

Durante el mes de enero de 2020, y producto de una “denuncia de vecinos del sector” se produjo una primera vista de parte de fiscalizadores de la D.O.M. de la Municipalidad de Maule, solicitando los permisos respectivos de edificación por los planteles y galpones que estaban en proceso de construcción.

Destaca que la visita, fue instada por el mismo recurrente y las personas que dice representar, los cuales molestos por estas instalaciones, formularon una denuncia ante el Alcalde.

Recién, en el mes de febrero de 2020, pudo el arquitecto Sr. nombre reservado, presentar la solicitud de permiso de edificación de estas instalaciones ante la D.O.M. de la Municipalidad de Maule (Nº ingreso 202000747).

Más tarde, mientras se encontraba iniciado el proceso o expediente administrativo de permiso de edificación, fueron recibidas las gallinas que se trasladaban desde las instalaciones de otros gallineros y que habían sido encargadas 10 meses antes a un proveedor de la Región Metropolitana, razón por la cual era imposible devolver.

Nuevamente, con fecha 6 de marzo de 2020, se produce una nueva fiscalización que ordena la paralización de las obras, mientras no se obtenga el permiso definitivo de edificación por parte de la D.O.M. de la Municipalidad de Maule; paralización que no fue realizada en forma legal (así lo dictamina el fallo del J.PL. de Maule, de fecha 27 de mayo de 2020 en expediente Rol; 81.996 el cual se solicita ordenar traer a la vista en un otrosí del presente informe.

Argumenta que el día 11 de marzo de 2020, es decir tres días después de haber visitado el lugar la D.O.M., formula observaciones al proceso de permiso de edificación, para que sean corregidas, existiendo un plazo de 60 días para responder; no obstante que dicho plazo se encuentra suspendido por el estado de excepción constitucional, así lo ha señalado la Contraloría General de la República a través de del dictamen Nº 3610 de 2.020.

A su vez, con fecha 27 de abril de 2020, han sido presentadas y corregidas las 18 observaciones formuladas al proyecto por el arquitecto Sr. nombre reservado, cuya copia se acompaña en primer otrosí.

Más tarde, con fecha 29 de abril de 2020 la D.O.M., nuevamente insiste en formular nuevas observaciones, las cuales son respondidas por el profesional a cargo, con fecha 11 de mayo de 2020.

Y, por último, con fecha 4 de junio de 2020, nuevamente la D.O.M. formula 3 observaciones finales, las que aún no son respondidas por encontrase pendiente una aclaración de parte de la Dirección de Vialidad de la Región del Maule.

Afirma que a la fecha solo se encuentra pendiente una respuesta de parte del departamento de vialidad dependiente de la Secretaría Regional de Obras Públicas, para que informe acerca de las normas que se deberían cumplir por parte de la recurrida, por su plantel avícola, por encontrase cercana a una ruta enrolada. (RUTA k-639).

Agrega las dificultades encontradas por el profesional responsable, el empleado a cargo del plantel y el abogado de esta, para conseguir y/u obtener de todos los organismos públicos, los pronunciamientos, certificados, autorizaciones, etc. requeridos excesivamente por parte de la Dirección de Obras Municipales.

Afirma que lo anterior se demuestra con la documentación que se acompaña en primer otrosí, de donde se desprende inequívocamente, el exceso de celo de parte de la autoridad comunal y la excesiva documentación solicitada, por cuanto muchas de esas autorizaciones no son necesarias, y no tienen un amparo legal para exigirlas.

Sostiene que coetáneo a lo anterior, y conjuntamente con todos los superiores esfuerzos empleados para obtener el tan anhelado permiso de edificación, la recurrida fue objeto de una denuncia ante el J.P.L. de Maule, por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, efectuada nada más y nada menos que por el propio Director de Obras, por haber construido 4 galpones al interior de la propiedad (3 de los cuales son solo para gallineros) agrícola de la recurrida, sin contar con el permiso de edificación correspondiente.

Como consecuencia de un debido proceso tramitado ante el antedicho Juzgado, se dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2020, resultando la mandante, condenada a pagar una multa ascendente a 50 U.T.M. por infracción al artículo 116 de la ley General de Urbanismo y Construcciones; y a la pena accesoria de un recargo en un 100% de los respectivos derechos municipales que corresponda pagar, una vez aprobado el permiso de edificación de que se trata.

Destaca que como se acredita en documento que acompaña en el primer otrosí, la multa se encuentra totalmente pagada en arcas municipales, por un monto no despreciable de $ 2.518.600. y, en cuanto a la pena accesoria o complementaria, no ha podido ser cumplida, por cuanto el permiso de edificación tiene un retraso considerable, al exigir documentación no requerida por la ley; y encontrarse todo el funcionamiento de los organismos del Estado, bajo estado de excepción constitucional de catástrofe y calamidad pública, producto de la denominada pandemia COVID 19.

Sólo falta por cumplir con la respuesta de parte de la Dirección de Vialidad, de si es necesario o no, realizar arreglos en la vía de acceso al predio desde la ruta K 639 Maule.

Agrega que la acción impetrada por la recurrente, carece de todo fundamento jurídico legal para que le sea atendible, y en definitiva, le sea acogida su pretensión, la que dicho sea de paso, no se encuentra muy clara en su petitorio impetrado.

Aduce que las razones por las cuales la recurrente no tiene amparo jurídico para hacer sostenible la acción interpuesta, son las siguientes:

1º.- La recurrida es propietaria de un inmueble agrícola, de una superficie de más de 30 hectáreas, emplazado en una zona agrícola.

2º.- Por lo anterior, el legítimo ejercicio que le otorga el derecho de dominio, en sus atributos de usar, gozar y disponer de la cosa a su mero arbitrio y que no sea en contra de la ley, es una facultad que se encuentra garantizada por la Carta Fundamental en el numeral Nº 24 del artículo Nº 19.

3º.- La actividad ejercitada por doña nombre reservado es una actividad que deriva del giro agrícola, pues la calidad de avicultora está dada por la crianza y postura de gallinas (gallinero) y se encuentra así reconocida por el Servicio de Impuestos Internos y garantizado en el numeral 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

4º.- De lo anterior, se infiere que es errado considerar, como así pretende hacer ver la recurrente, que la recurrida ejercería una actividad industrial.

Sostiene que es falso que:

1º.- La recurrida tenga un plantel avícola de más de 3.500 metros cuadrados (sólo son para gallinas de postura 2.494 mts. cuadrados, divididos en tres galpones; un cuarto galpón es de paso o cuarentena).

2º.- La recurrida tenga un plantel avícola para 100.000 gallinas. (cien mil gallinas. Solo alcanza la cantidad de 20.000.

3º.- La recurrida no haya solicitado ante los organismos correspondientes las autorizaciones que se requieran para el ejercicio de su actividad.

4º.- La recurrida proceda a la quema de sus gallinas muertas (fosa tratada con cal que cumple norma sanitaria en plan de manejo).

5º.- La recurrida emita residuos tóxicos, y que sean de tal proporción que causen daño a la población. (cuales son y en donde se acreditan).

6º.- La recurrida necesite de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

7º.- La recurrida requiera de cambio de uso de suelo o de destino de su propiedad, como consecuencia de la actividad que desarrolla en ella. (ver respuesta SEREMI de vivienda y SAG).

- ¿Por qué tales aseveraciones son falsas, las que por intermedio de ellas, se fundamenta la presente acción constitucional de protección?

- Respuesta: Porque:

- Como se acredita con el certificado de informaciones previas emitido por la Municipalidad de Maule recién el día 7 de febrero de 2020 acompañado en primer otrosí, el inmueble de propiedad de la recurrida Rol 153-41 de la comuna de Maule, en donde se emplazan los gallineros es de carácter agrícola, - Como se acredita con los antecedentes proporcionados en la carpeta Nº 202000747, que se solicita traer a la vista en segundo otrosí del informe, y del certificado de solicitud de permiso de edificación del mes de febrero de 2.020 y que se acompaña en primer otrosí, las bodegas para gallinero y para casa de cuidador cuyo permiso se solicita, están regulados por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, (art. 55 LGUC) y el uso que se le quiere dar a dicho terreno está permitido y no prohibido.

- Como se acredita con la respuesta emanada del Secretario Regional Ministerial del Maule del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al ser consultado sobre la materia, según ordinario Nº 578 de 20 de mayo de 2020, acompañado en primer otrosí, no se requiere autorización del Ministerio del Medio Ambiente, por cuanto el plantel no supera las 60.000 gallinas.

- Como se acredita con la respuesta emanada del Secretario Regional Ministerial del Maule del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al ser consultado sobre la materia, según ordinario Nº 578 de 20 de mayo de 2020, acompañado en primer otrosí, si se requiere pronunciamiento del SAG, para que aclare si los gallineros son necesarios para la explotación de la actividad agrícola que se genera en el predio; y pronunciamiento de la Dirección de Vialidad, por el acceso al predio desde la RUTA K-639.

Por lo anterior, como se acredita en la respuesta del SAG, acompañada en primer otrosí, de fecha 1º de junio de 2020, carta Nº 343, la autoridad administrativa se acoge al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al declarar que la existencia de 3 gallineros acompañan la actividad primaria y se encuentran emplazados dentro del predio, por lo mismo se entendería que son necesarios para la explotación agrícola del inmueble, por lo que no se requiere informe de factibilidad para la construcción. Lo mismo, hace referencia para la construcción de la casa de cuidador.

- Como se acredita con los instrumentos acompañados en primer otrosí, Resolución Exenta Nº 2007120521 de fecha 6 de mayo de 2020 y Resolución Nº 001151 de fecha 2 de junio de 2020, emanadas del Jefe del Departamento de Acción Sanitaria don nombre reservado, de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región del Maule, que corresponden a las autorizaciones de agua potable particular y fosa séptica prefabricada, respectivamente, la recurrida, ya cuenta con dichas aprobaciones, siendo absolutamente falso lo señalado por la recurrente.

- Como se acredita con la solicitud presentada ante la Secretaría Ministerial de Salud de la Región del Maule, con fecha 20 de junio de 2020, acompañado en el primer otrosí, la recurrida dada su experiencia en la materia y la profesionalidad que aplica a su actividad, ha presentado voluntariamente un plan de manejo de moscas, larvas y ratones respaldado por el médico veterinario don nombre reservado., plan que actualmente se está cumpliendo a cabalidad.

Señala que ha quedado de manifiesto que la recurrida ha cumplido con las exigencias que le solicita la ley y los reglamentos para poder ejercitar su actividad; no obstante que el permiso de edificación de sus gallineros, aún se encuentra pendiente, lo que se explica por el estado de excepción constitucional dentro del cual les afecta.

Errónea y/o antojadiza interpretación de las normas legales y reglamentarias que regulan la actividad de la recurrida por parte de la recurrente (aplicación de la teoría del abuso del derecho).

Ha quedado demostrado, con la documentación que se acompaña, y que en el acápite anterior se especifica y explica, que la recurrida ha realizado a través de máximos esfuerzos en conjunto con sus colaboradores, de cumplir con cada uno y todas las exigencias que le impone el ordenamiento jurídico para desarrollar su actividad agrícola, lo que conduce a concluir que se está en presencia de una errada interpretación del derecho reglamentario, y de una caprichosa pretensión de carácter constitucional de parte de la recurrente.

En efecto, el libelo incoado en contra de la recurrida, se basa en información falsa, antojadiza, ajena a la verdad, en donde no demuestra ni se acredita el supuesto daño ambiental causado.

Indica que se puede señalar que al interior del plantel avícola existe menos moscas que en la propia casa de los vecinos. Las razones se deben a que la existencia de vectores domiciliarios en los campos de naturaleza agrícola no son de responsabilidad de los gallineros, sino que de aquellos inescrupulosos e ingenuos individuos, siembran esparciendo guano para abonar sus tierras, con las fecas que se obtienen de los gallineros, y esta actividad irregular y mal ejecutada, es la que genera el exceso de moscas en el sector.

Agrega que el plan de manejo proporcionado por la recurrida a la autoridad sanitaria, significa reducir al mínimo la existencia de las larvas al interior de los planteles, con productos autorizados por la autoridad para evitar su propagación; y desde ahí, surge el traslado controlado cada dos años, en época de verano, a un lugar seguro, sin habitantes.

Señala además que las gallinas muertas, son depositadas en una fosa con profundidad de dos metros, lejana a todo conducto de agua y permeabilidad de suelo, las que son sepultadas con cal, producto que inhibe la formación de riles y material contaminante.

Todas estas medidas son ejecutadas por años, por la recurrida, y nunca ha tenido problemas para realizar su actividad.

Indica que la acción intentada por la recurrente, se encuentra basada en “supuestos” que han sido desvirtuados uno a uno.

En definitiva, ha resultado meridianamente claro que la recurrida:

f) No requiere someterse a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

g) No se encuentra incumpliendo el Decreto Supremo 144 del año1961.

h) No se encuentra cometiendo infracción al D.S. 236 Reglamento General de Alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias.

i) No infringe el Decreto Supremo 148 que aprueba el Reglamento sobre manejos de residuos tóxicos, por no desarrollar una actividad industrial sino que agrícola.

Argumenta que al resultar uno a uno desvirtuados los supuestos en los cuales se basa la acción de protección, se infiere que se está en presencia de un abuso de derecho y de un abuso del ejercicio de las acciones como instrumentos que el ordenamiento jurídico entrega a los particulares para el respeto de sus garantías constitucionales. Pues, resulta muy fácil, interponer acciones legales que carecen de fundamento y luego que éstas resulten desvirtuadas por los hechos contrarios; tal proceder, debe ser sancionado, a lo menos en parecer de la defensa, con el rechazo del recurso y una ejemplarizadora condenación en costas.

La actividad de la recurrida se encuentra amparada y garantizada por la constitución y las leyes.

Destaca que a la recurrida le favorecen las garantías constitucionales de los numerales Nº 21, 22 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental, pues ella se encuentra emprendiendo una actividad económica legítima, de naturaleza agrícola, al interior de su terreno, y cumpliendo con las ordenanzas y reglamentos que establece el ordenamiento jurídico, dentro de las posibilidades y capacidades en las cueles el estado, le puede proporcionar en este estado de excepción constitucional de catástrofe y calamidad pública.

La fuerza mayor, como impedimento para actuar en tiempo y forma.

Un punto especial, requiere la imputación realizada en el recurso por la recurrente, en cuanto a que la recurrida no cuenta con el permiso de edificación correspondiente.

Indica que si bien es cierto que la imputación es efectiva, se hace estrictamente necesario aclarar lo siguiente:

1º.- Dicha irregularidad fue conocida, y sancionada por un Tribunal competente, esto es, el Juzgado de Policía Local de Maule, en causa Rol Nº 81.996.

2º.- La multa condenada a pagar por la denunciada, fue enterada en arcas comunales el día 3 de junio de 2020 por un valor de $ 2.518.600.

3º.- La sentencia dictada en su contra ha adquirido el carácter de ejecutoriada.

Argumenta que ya no es responsabilidad de la recurrida, no contar con su permiso de edificación a tiempo y forma, por las siguientes razones:

a) Desde el día 7 de febrero de 2020 que se ha solicitado dicho permiso.

b) Que han existido 13 observaciones de parte del Director de la D.O.M., todas de carácter técnico administrativo, cuyas respuestas y/o autorizaciones dependían y dependen de organismos públicos.

c) Que, se han realizado esfuerzos sobre humanos por conseguir dichas autorizaciones.

d) Que, desde que comenzó en Chile la insurrección social del 18 de octubre de 2019, hasta la fecha, no ha podido haber una normal gobernabilidad por parte del Estado y sus organismos para ofrecer una competente labor institucional a los usuarios en sus trámites de rigor.

e) Que, como consecuencia de lo anterior, invoca fuerza mayor como fundamento jurídico legal para justificar las razones por las cuales carece del tan anhelado permiso de edificación de sus gallineros, pues de haber previsto la realidad actual, no habría realizado la compra de 10.000 pollas en el mes de abril de 2019, hecho imposible de prever.

f) Y, por último, apela a la aplicación del aforismo jurídico que al impedido no le corre plazo, razón por la cual; ¿con qué argumento se le puede exigir a la recurrida que tenga su permiso municipal en orden?; Si el Estado no puede cumplir con su cometido en tiempo y forma, Indica que la clandestinidad se opone a la buena fe, y como se demuestra en el informe, en ningún momento ha existido una posesión clandestina ni oculta de parte de la recurrida para no querer cumplir con las normas que le impone el ordenamiento jurídico; y prueba de ello, es la buena fe, empleada en todos y cada uno de los certificados obtenidos en tiempos de pandemia, para cumplir con el deber que le impone la autoridad.

Cabe destacar, que los huevos que se obtienen de los gallineros, hoy día constituyen un alimento de carácter esencial para el consumo de la población , declarado así por las autoridades de gobierno en época de pandemia, y hoy más que nunca, esta actividad debe situarse en un lugar de privilegio, por considerase como estratégica para la salud y supervivencia de la población Aduce que pretender, cerrar el plantel, constituye un grave atentado al legítimo derecho de la propiedad, al desarrollo de una actividad económica lícita; atenta además contra la libertad contractual y la libre circulación de los bienes, agregando además que la producción de los gallineros contribuye a la buena salud de la población.

Las insospechadas acciones de la recurrente para impedir a toda costa, el establecimiento del plantel avícola en el lugar.

El recurrente Sr. nombre reservado al parecer oculta sus verdaderos intereses en querer prohibir el emplazamiento del gallinero.

Basan una hipótesis en:

1º.- Dice representar a una Junta de Vecinos, cuya personería no ha acreditado ni acuerdo por escrito arribado por esa agrupación que lo faculte para incoar la acción constitucional.

2º.- Ha presentado incansables reclamos ante la I. Municipalidad de Maule, a objeto de que los “gallineros no se construyan.

3º.- Ha supuestamente influido en las observaciones que ha efectuado el Director de Obras, al exigir antecedentes que van más allá de aquellos que se encuentran contemplados en la L.G.U.C., de acuerdo a interpretaciones que son propias de su área y que son de su conocimiento.

4º.- Existe una publicidad en la ruta camino a Duao; letreros ubicados a los costados que dicen: “no al gallinero.”.

5º.- Ha provocado el interés de la prensa local, incitando una entrevista y reportaje, basado en falsas imputaciones, que ha quedado demostrado (ver documento acompañado por el recurrente en primer otrosí de su presentación).

Destaca que de las anteriores aseveraciones, no se puede concluir otra cosa que el interés por vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que la construcción de los gallineros en el sector, constituye una amenaza al ejercicio de estos derechos; es un ardid.

Por último, hace presente, que en forma solapada e indirecta, la parte recurrente hace alusión al derecho de propiedad, señalando lo siguiente: “sobre la afectación de derecho de propiedad.

Conjuntamente con los anteriores derechos afectados, la instalación de una actividad industrial de esta envergadura, sin cumplir con las normas propias del sector productivo y producir externalidades negativas no incorporadas en los costos de su proyecto, causan severos deterioros en la plusvalía de los inmuebles aledaños. El sector de Vista Hermosa, que como su toponimia lo indica es un lugar donde la puesta de sol tiene una vista incomparable, ha tomado valor con diversos proyectos de parcelación, los que han hecho aumentar sostenidamente el valor de los terrenos en el lugar.”.

Agrega que en definitiva, al parecer son intereses inmobiliarios los que motivan la presente acción cautelar y no los que se dice que son ….

Finalmente solicita a esta Corte lo siguiente:

a) Que se ordene oficiar a los siguientes organismos:

- Al Juzgado de Policía Local de Maule, a objeto de que remita copias autorizadas del expediente ROL 81.996, por denuncia contra doña nombre reservado.

- A la Dirección de Obras de la Municipalidad de Maule, a objeto de que remita copia fidedigna de la carpeta Nº 202000747 relativa a solicitud de Permiso de Edificación de doña nombre reservado.

b) para los efectos de demostrar las falsas aseveraciones en las cuales se fundamenta el recurso y acreditar el inexistente daño ambiental que se dice provocar, una inspección personal del tribunal , al lugar en donde se encuentran emplazados los gallineros, Parcela Nº 8 Los Maitenes, comuna de Maule.

c) Una vez analizados los antecedentes que se acompañan, y sin previa vista, se deje sin efecto la orden de no innovar decretada, por cuanto ha quedado demostrado el inexistente daño ambiental que se estaría provocando por el funcionamiento de los gallineros de la recurrida, pues su manejo se encuentra en regla, en conformidad a la ley; por encontrase en tramitación el permiso de edificación correspondiente, cuyo atraso se debe al actual estado de excepción constitucional, más que a la recurrida; encontrándose la recurrida absolutamente impedida de cumplir con los plazos que exigen las formalidades municipales.

d) Tener por evacuado el informe, tener presente las consideraciones de hecho y de derecho que se han expuesto, y, en definitiva, rechazar el referido arbitrio en todas sus partes, con costas.

C) Con fecha 16 de febrero pasado se decretó como medida para mejor resolver traer a la vista la causa Rol N.º 81.996-2020 del Juzgado de Policía Local de Maule, la que se tuvo por cumplida el día 4 de marzo.

Y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional, se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. Asimismo, la arbitrariedad e ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba, o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

Segundo: Que, conforme a lo señalado, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la recurrente indica como vulnerada en su libelo.

Tercero: Que, conforme a lo expuesto por recurrente y recurrida y pruebas incorporadas al procedimiento durante la tramitación de la presente acción cautelar, para resolver se deben tener en cuenta, principalmente, los siguientes hechos:

a) que en la sentencia ejecutoriada de 27 de mayo de 2020, labrada en el juicio rol 81.996 del Juzgado de Policía Local de Maule, se condenó a la recurrida doña nombre reservado, a pagar una multa a beneficio municipal, equivalente en pesos a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales, como autora de la infracción al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, consistente en haber procedido a la construcción, sin permiso municipal para ello, de cuatro galpones en el predio agrícola conocido como parcela 8, sector los Maitenes, comuna de Maule;

b) que respecto del descargo expuesto por la denunciada, eximente de responsabilidad constituída por el caso fortuito, dado que había dado inicio a la construcción con fecha 19 de octubre de 2019, y que si bien carecía de autorización, ello se debía a que le había sido imposible obtener el permiso, debido al estado de insurrección social y la pandemia, los desecha porque los hechos invocados, estado de insurrección social, se iniciaron el 18 de octubre, inicialmente se limitaron a la ciudad de Santiago, que su apoderado señala que la instalación del plantel avícola comenzó a llevarse a cabo durante el mes de septiembre y el reconocimiento de la denunciada que las respectivas aves habían sido reservadas y pagas en el mes de agosto de 2019; y c) que en el acta de la Inspección Personal del Tribunal de 18 de mayo de 2020, al inmueble de Los Maitenes, Parcela 8, s/n, Maule, con asistencia de doña nombre reservado, y de su apoderado, abogado don Pablo Catalán Ramírez, se constata la construcción de cuatro galpones; uno de ellos de una superficie de 100 metros de largo por 12,5 metros de ancho; dos galpones de una superficie de 60 metros de largo por 8 metros de ancho, y un cuarto galpón, que es la “caseta”, a la que alude la denunciada. Que tres de los galpones se encuentran terminados, mientras que uno de ellos mantiene parte de su techo sin terminar, al igual que parte de sus costados, el que mantiene debido a ello, una menor cantidad de gallinas.

Cuarto: Que, conforme a lo señalado, corresponde determinar que ha habido una acción ilegal de parte de la recurrida, y que tal actuación ha producido en el recurrente una amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la recurrente indica como vulnerada en su libelo, esto es, las de los números 1 y 8 del artículo 19.

Por las anteriores consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge con costas, la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, quién debe cesar de inmediato la explotación del Plantel Avícola sito en la parcela N°8, denominada Los Maitenes, sector Vista Hermosa, comuna de Maule.

Acordada con el voto en contra del Ministro Moisés Muñoz Concha, quien fue de parecer de rechazar el recurso planteado, toda vez que si bien, en un principio la conducta imputada al recurrido se había apartado de la legalidad vigente, ella fue sometida al control jurisdiccional, donde fue oportunamente sancionado pecuniariamente, para posteriormente subsanar algunas irregularidades en la explotación avícola iniciada, antecedentes que escapan a los presupuestos contemplados en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, en especial, para impedirle ejercer una actividad económica permitida por la ley.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro y del voto de minoría su autor.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1.987-2.020/ Protección.