nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE GENDARMERÍA DE CHILE

Talca, diecisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que don nombre reservado, Rut RUT reservado, chileno, soltero, sin hijos, descendiente de pueblo originario, según registro N° 023301 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y funcionario de Gendarmería de Chile, de dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, con domicilio particular en domicilio reservado - Cauquenes, Región del Maule, correo electrónico correo reservado. Interponer recurso de protección de Garantías Constitucionales contra Gendarmería de Chile, Dirección Regional del Maule, representada legalmente por su Director Regional subrogante, Alberto Jara San Martin, o quien ostente facultades legales en el cargo, con domicilio en domicilio reservado, Talca – Región del Maule. Sostiene que se han vulnerado a su respecto las garantías constitucionales del artículo 19 N°2, 3, 20, 22 y 24 de la Constitución Política de la Republica, Invoca como acto vulneratorio, el proceder del Director Regional de Gendarmería de Chile en la Región del Maule, al dictar la Resolución Exenta N°1160/2021, de fecha 27 de mayo de 2021, que ordena la suspensión del servicio, por la pena de suspensión de cargos y oficios públicos impuesta en causa fallada por el Juzgado de Garantía de Cauquenes RUC 2000323951-K-966 y RIT 731-2020. Solicita que en definitiva esta Corte acogiendo el recurso declare la invalidez ya sea total o parcial de dicha Resolución Exenta N°1106 de fecha 27 de mayo de 2021, emanada por la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, reestableciendo de este modo el imperio del derecho que alega conculcado. Funda su acción en los fundamentos que textualmente se exponen a continuación:

HECHOS:

1.- Ingresé al Servicio de Gendarmería de Chile en el año 2008, fui nombrado como titular en el cargo en el mismo año, actualmente tengo el grado de Cabo de Gendarmería, con destinación en el Centro de Cumplimiento Penitenciario en la ciudad de Cauquenes Región del Maule.

2.- Con fecha 31 de mayo de 2021, según consta acta de la institución, la autoridad me notifica del contenido de Resolución Ex. N° 1106 de fecha 27 mayo 2021, emanada por la Dirección Regional del Maule, que resuelve y determina lo siguiente: “SUSPENDASE, al funcionario don nombre reservado, RUT. RUT reservado, perteneciente a esta dotación, correspondiente a una pena accesoria de 61 días (sesenta y un días) a contar de la fecha de notificación del presente acto administrativo, en cumplimiento de la sentencia judicial, ejecutoriada del juzgado de garantía de Cauquenes. Es en el punto II) de la misma Resolución que se señala textual: “DEJESE ESTABLECIDO que durante ese lapso (61 días) no podrá percibir remuneración, conforme al inciso final del artículo 40 del Código Penal”.

3.- Que esta sentencia ejecutoriada del Juzgado de Garantía de Cauquenes, RUC 2000323951-K-966 y RIT 731-2020, “Procedimiento Simplificado”, de la cual Gendarmería de Chile aplica la suspensión por inhabilidad de ejercer cargos públicos por 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a la pena de multa de una unidad tributaria mensual, suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados por el periodo de dos años Y A LA SUSPENSION DE CARGO U OFICIO PUBLICO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA. Por lo tanto y mediante el acto administrativo “Resolución institucional”, se me suspendió de mis funciones y a percibir los ingresos que devengo del trabajo como gendarme.

4.- Que en la misma sentencia, se sustituye la pena por REMISION CONDICIONAL DE LA PENA, debiendo quedar sujeto al control administrativo de la sección del medio libre de Gendarmería de Chile, por el periodo de un año. Hecho del cual ya me encuentro firmando conforme a la sentencia judicial en la sección de Gendarmería que lleva el control para tales efectos, en la misma condición se encuentran pagadas las multas a las que fui condenado.

EL DERECHO: Concurren en esta reclamación como normas incumplidas y que configuran la vulneración de mis derechos:

1.- Artículo 19 N°2, 3, 20, 22 y 24 de la Constitución Política, Igualdad ante la Ley, ya que la autoridad al disponer Resolución Ex. No 1106 de fecha 27 de mayo del 2021, soslayó la aplicación estricta de los criterios que imprimió el espíritu del legislador en la Ley de Remisión Condicional de la Pena, por tanto al aplicarse la suspensión de ejercer cargos públicos, esto conlleva a que quede sin ejercer y percibir los ingresos mensuales con los que mantengo a mi a familia y por consiguiente una afectación económica, familiar y social que es precisamente lo que esta Ley de Remisión Condicional de la Pena, propende proteger en su aplicación cuando se han cumplido los preceptos de requisitos para acceder a la misma.

2.- Que la pena de suspensión de cargo u oficio público tiene, en la especie, el carácter de accesoria, de tal forma que no cabe sino aplicar el aforismo: “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y, en consecuencia, extender la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional también a la pena accesoria. En doctrina, se ha señalado que “accesoria es la pena complementaria de otra, de la cual depende y sigue su suerte, porque así lo ha dispuesto el legislador de manera general o particular para determinados delitos”

3.- En el mismo orden, el Art. 59 del Código Penal, señala que las penas privativas de libertad siempre serán de mayor entidad que aquellas que privan de otros derechos, como es así la suspensión de cargo u oficio público, razón por la cual, si la sanción de mayor importancia es alcanzada por una pena sustitutiva, con mayor motivo deberá serlo para la de menor entidad como lo en este caso la suspensión de ejercer cargo público.

4.- El fin de la pena sustitutiva a la accesoria, se condice con el fin de reinserción social que tiene la ley 18.216 en su Art. 38 y habiéndose dado los preceptos señalados en el Art 1° “que no hubieren sido condenadas por anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que se señalan en el inciso primero, tendrán merito suficiente la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. Por lo anterior, el fin de este precepto, al estipular la omisión y eliminación de antecedentes, no es perjudicar la posibilidad de empleo de los penados, es por ello que no suspenderme de ejercerlos va en el mismo sentido de cautelar las opciones laborales en mi condición de condenado y por el contrario al aplicarse el acto administrativo contenido en la Resolución 1106 de Gendarmería de Chile, este priva de ejercer mi condición de trabajador y de percibir mis ingresos con el que doy sustento mensual a mi familia.

5.- Lo referido en el Art. 196 ter de la ley 18.290 de tránsito, DFL N° 1 del Ministerio de Transporte y telecomunicaciones que fija “Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la ley de Transito”, última modificación de fecha 11.11.2019., Consagra: “Respecto del delito previsto en el inciso tercero del art 196, será aplicable lo previsto en la ley 18.216, conforme a las reglas generales.

Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuera condenado. Con todo no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad implicará la sustitución o suspensión del cumplimiento de multas, comiso e inhabilitaciones impuestas”. Así tratándose del delito del artículo 196 inciso tercero, es decir conducción en Estado de Ebriedad, el legislador expresamente señala que la pena sustitutiva no alcanzará a las penas accesorias. Luego, a contrario sensu, para los demás casos si se puede extender la pena sustitutiva a las accesorias. Téngase presente la discusión del proyecto de ley 20.770 (Diario Oficial de la Republica de Chile, Santiago 16. SEP.2014).

6.- En mi favor debo agregar que la misma ley 18.216, a la cual fue sustituida la condena original, señala en el artículo 5° letra c) establece que una de las condiciones que debe imponer el Tribunal al aplicar la pena sustitutiva de remisión condicional es el “ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyera la calidad de estudiante”. Es así que el legislador exige que el penado alcance su manutención ya sea ejerciendo una actividad laboral, o bien poseyendo medios lícitos de subsistencia; este mandato legal es difícil de cumplir en este caso, toda vez que Gendarmería de Chile me ha suspendido de las funciones por 61 días, privándome de los derechos laborales y pecuniarios que este ejercicio conlleva a lograr el pago de las multas asociadas a la condena, es por ello que recurro de Protección, toda vez que se me ha suspendido del cargo público como funcionario de Gendarmería de Chile que ostentaba hasta el día 31 de mayo del 2021 y por 61 días, señalados en el acto administrativo (Resolución 1106 de fecha 27.05.2021) que ejercerse la institución vulnerando mis derechos constitucionales señalados.

7.- En el análisis del Art. 19 N°3 de la Constitución Política de la Republica, se extrapola el principio “Pro Reo”, artículo 15 del pacto de Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) promulgado por DS N° 778/1976, Ministerio de Relaciones Exteriores, articulo 9 de la convención Americana, sobre Derechos Humanos (CADH) promulgada por el DS N° 873/1990, Ministerio de relaciones exteriores, aplicables en virtud del Art. 5° inciso segundo de la Constitución, y el articulo 18 del Código Penal, principio que por lo demás ha tenido reconocimiento y aplicación en diversos fallos de la Ex. Corte Suprema respecto de variadas materias penales, sentencia de fecha 24.04.2013; y rol 514-2009, sentencia de 10.08.2010.

8.- Finalmente, se debe señalar que se han dictado resoluciones acogiendo la posición en la que me encuentro; Juzgado de Garantía de Chillan, RUC 1210018366-6 / RIT 0-4126-2012, DE FECHA 02.MAY.2014, además de RUC 1401046552-5 / RIT 0-1688-2015, 27.MAY.2015, que señala “Entiéndase que resulta indubitado que la aplicada remisión condicional de la pena privativa de libertad, sanción general, se hace extensiva en sus efectos a la suspensión de cargo u oficio público, de carácter accesoria, en tanto este vigente aquella…”. En el mismo sentido, la Ex. Corte Suprema, en autos rol 5931-2004, con fecha 10.ENE.2005, resolvió por unanimidad: “2°) Que el beneficio aludido de la ley 18.216 constituye un perdón condicional de la pena corporal impuesta, una exención al cumplimiento de la mismas y, por lo tanto, de acuerdo con el principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, dicha remisión o perdón se extiende a la pena contemplada en el artículo 30 del código Penal, es, a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, pues de otro modo se llegaría a la situación que el sentenciado tiene su pena principal remitida, pero igualmente debe cumplir una sanción accesoria que no debe cumplir”.”

Acompañó los siguientes documentos:

1.- Resolución Ex. N°1106/2021 de la Dirección Regional del Maule, que dispone suspensión del servicio y no pago de remuneraciones.

2.- comprobante de pago de multas ante la tesorería general de la república.

3.- certificado con registro único de pueblos originarios.

4.- Sentencia Juzgado de Garantía de Cauquenes, RUC 2000323951-K RIT 731-2020 de fecha 12 de marzo de 2021.

SEGUNDO: Que dentro del plazo legal don nombre reservado, Coronel de Gendarmería, Director Regional de Gendarmería de la Región del Maulé, evacuar informe, mediante oficio de fecha 06 de Septiembre de 2021, recurso de protección, interpuesto por el funcionario de dicha Institución don nombre reservado contra la Dirección Regional de Gendarmería Región del Maule, solicitando el rechazo del en todas sus partes y se declare que este Director Regional de Gendarmería de Chile, no ha incurrido en actos arbitrarios, abusivos o ilegales que afectaran los derechos que la constitución concede al recurrente, por el contrario, el acto impugnado consiste en dar aplicación de la pena de suspensión para el cargo u oficio público, impuesta en sentencia firme y ejecutoriada emanada del Juzgado de Garantía de Cauquenes, RUC 2000323951-K-966 y RIT 731-2020, de fecha 12 de Marzo de 2021 que condeno a nombre reservado, por el delito de manejo en estado de ebriedad, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a la pena de multa de una unidad tributaria mensual, suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por el período de dos años, y a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Por el delito del artículo 318 del Código Penal, se le impone una multa de TRES Unidades Tributarias Mensuales, ambos ilícitos perpetrados en esa jurisdicción el pasado 25 de marzo del año 2020.

Que en virtud del mandato del artículo 6 N 3 del D.L. 2859 Ley Organice de Gendarmería, se procedió al cumplimiento de dicha sentencia, dictando la Resolución Ex. N° 1106 de fecha 27 de Mayo 2021, emanada por la Dirección Regional del Maulé, que resuelve y determina lo siguiente: “SUSPENDASE, al funcionario don nombre reservado, RUT. RUT reservado, perteneciente a esta dotación, correspondiente a una pena accesoria de 61 días (sesenta y un días) a contar de la fecha de notificación del presente acto administrativo, en cumplimiento de la sentencia judicial, ejecutoriada del juzgado de garantía de Cauquenes.

Es en el punto II) de la misma Resolución que se señala textual: “DEJESE ESTABLECIDO que durante ese lapso (61 días) no podrá percibir remuneración, conforme al inciso final del artículo 40 del Código Penal”.

Resolución que le fue notificado al recurrente con fecha 31 de mayo de 2021, según consta acta de la institución.

Respecto del sustento legal del acto reclamado como vulneratorio de las Garantías constitucionales que evoca como vulneradas el recurrente, sostiene a considerar los siguientes preceptos de orden público:

a)Que Gendarmería de Chile en cumplimiento del mandato legal establecido en su ley orgánica , el DL N° 2859, artículo 3o letra b), está obligada a dar cumplimento de las resoluciones emanadas de la autoridad competente, referidas a la libertad privación de libertad de las personas sin que le corresponda calificar su justicia, legalidad o fundamentos, por lo que habiendo un resolución judicial que impone a un funcionario de su dotación, penas privativas de libertad y sustitutivas de las mismas, más la pena accesoria de Suspensión del cargo u Oficio Publico la autoridad de Gendarmería tiene la obligación de dar cumplimiento a dicha resolución, sin espacio a excepciones.

b)Que sobre la materia referida como los efectos de la concesión de penas sustitutivas sobre las penas accesorias, ha existido una evolución normativa, determinada por la modificación a la ley 18.216 mediante la ley 20.603 del año 2012, que modificó la naturaleza de estas, de ser “medidas alternativas” a ser “penas sustitutivas”, lo que a nivel de jurisprudencia determinó un cambio progresivo desde la primacía del “principio de la accesoriedad”, a la preeminencia del principio de “autonomía de las penas accesorias ante la suspensión de la pena principal”

c)Que la jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República, interpretación oficial que se debe dar a las normas cuya aplicación corresponda ejecutar a los órganos de la administración del estado, y sobre esta materia, no obstante tratarse de una resolución de naturaleza jurisdiccional, órgano contralor ha establecido en su jurisprudencia, a partir de la modificación legal emanada de la ley 20.603, que a falta de pronunciamiento del tribunal sobre el caso concreto, la interpretación que se debe dar al efecto de la concesión de penas sustitutivas sobre las penas accesorias, es el llamado principio de Autonomía de las penas accesorias, postura que difiere diametralmente de la interpretación que hace el recurrente, quien sostiene el principio de accesoriedad.

d) Que Gendarmería de Chile, como órgano integrante de la administración del estado, está sujeta imperativamente a la jurisprudencia oficial de la Contraloría General de la República al momento de interpretar y aplicar las normas legales propias de su competencia y por tanto, resulta imperativo a esta Dirección regional de Gendarmería, hacer aplicación del principio de autonomía de las penas accesorias ante la aplicación de penas de la ley 18.216, las que en virtud de la jurisprudencia vigente del órgano contralor, solo sustituyen a la pena privativa de libertad, pero no suspenden la aplicación de las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público, cuya naturaleza y efectos están definidos por el Código Penal.”

Que en definitiva conforme a lo anteriormente expuesto, la Resolución Ex. N° 1106 de fecha 27 de Mayo 2021, emitida por esta Dirección Regional, que ha hecho efectivo el fallo en cuanto a aplicar la pena accesoria de suspensión del cargo u oficio público, sólo da cumplimiento a un imperativo legal, como es el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por un Tribunal de la República, en virtud del mandato dispuesto en el artículo 6o N° 3 del DL N° 2859 ley orgánica de Gendarmería , fallo que ha impuesto al solicitante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal, la pena accesoria de suspensión del cargo público durante el tiempo de su condena.

Siendo la aplicación de la medida de suspensión del cargo público, resultado de un proceso judicial, cualquier interpretación sobre la compatibilidad de esta con la suspensión de la pena principal, debe ser resuelta por el tribunal que dictó la sentencia, y en ausencia de un pronunciamiento del tribunal que imponga un criterio diverso, la administración penitenciaria esta imperativamente obligada a aplicar en la ejecución de sus actos el criterio de interpretación establecido por la jurisprudencia vigente de la Contraloría General de la República, contenido en el Dictamen N° N° 7.986 Fecha: 22-111-2018 el cual ha fijado la preeminencia del Principio de Autonomía de las penas accesorias, por sobre el antiguo principio de accesoriedad de las mismas, criterio que ha definido en los siguientes términos: “así y sin perjuicio de lo que pueda resolver un tribunal en un caso concreto, las penas sustitutivas sólo reemplazan a las principales, sea estas privativas o restrictivas de libertad, y no a las accesorias, como en la de suspensión del cargo u oficio públicos, de modo que estas subsistirán salvo que el órgano jurisdiccional señale lo contrario.

En este orden de consideraciones se debe colegir entonces que la pena accesoria sigue vinculada con una principal sólo que esta última, en vez de ser privativa o restrictiva de libertad se ha modificado por una de otra Índole, la que por lo demás, debe ser satisfecha, de manera que, en principio, y sin perjuicio de lo que pueda determinar un tribunal en un caso concreto, la pena accesoria no debiera dejar de cumplirse por el solo hecho de reemplazarse la pena corpora]".

Concluyendo el citado pronunciamiento que. “los órganos de la administración del estado deberán aplicar las penas accesorias de inhabilitación o suspensión de cargo u oficio público, tan pronto tomen conocimiento de ella, aun cuando el condenado haya sido favorecido con una pena sustitutiva y tenga derecho a la omisión de la correspondiente anotación en su certificado de antecedentes.”

Sostiene el recurrido que descarta el abuso o arbitrio del acto que se reclama por esta vía, la aplicación en el caso por parte de Gendarmería de la jurisprudencia de Contraloría, conforme ley 10.366 que fija organización y funciones de la Contraloría General de la Republica, particularmente en sus artículos 1 y 6, los órganos de la administración del estado están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la Republica y a la aplicación de la jurisprudencia del órgano contralor en la interpretación de las normas que rigen su funcionamiento, transcribe al efecto los arts. 1,5 y 6 de la citada ley.

TERCERO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protección del afectado. Acción cautelar que para que prospere, es menester que se cumplan copulativamente los siguientes requisitos: a) que se invoque un derecho o libertad de aquellos específicamente garantizados; b) que exista una perturbación, privación o a lo menos amenaza al legítimo ejercicio de dichos derechos; c) la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal; d) que tal acción u omisión, sea capaz de privar, perturbar o amenazar los derechos indicados; y e) que exista un derecho indubitado –es decir, que no admite duda- trasgredido, de manera tal que ante su falta o, lo que sería igual, cuando no aparece como evidente la infracción denunciada, no es posible su reparación al menos por esta vía.

CUARTO: Que de lo señalado tanto por el recurrente, como por la recurrida, unido a los documentos incorporados por las partes, queda de manifiesto que el acto reclamado por el recurrente, esto es la Resolución Ex. N° 1106 de fecha 27 de Mayo 2021, emitida por el Director Regional de Gendarmería, tiene su motivación en el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, en cuanto a aplicar la pena accesoria de suspensión del cargo u oficio público, en dicho acto administrativo se da cumplimiento a un imperativo constitucional y legal, como es el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada dictada por un Tribunal de la República, en virtud del mandato del artículo 76 de nuestra Carta Magna y el imperativo legal del artículo 6o N° 3 del DL N° 2859 ley Orgánica de Gendarmería, sentencia condenó al solicitante, entre otras penas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal, a la pena accesoria de suspensión del cargo público durante el tiempo de su condena.

QUINTO: Siendo la aplicación de la medida de suspensión del cargo u oficios público, resultado de un proceso judicial, cualquier interpretación sobre la compatibilidad de esta, con la decisión del tribunal de sustituir la pena privativa de libertad impuesta en dicha sentencia, por la pena alternativa de remisión condicional otorgada en la misma al recurrente, debe ser resuelta por el tribunal que dictó la sentencia, y en ausencia de un pronunciamiento de dicho tribunal que imponga un criterio diverso al resuelto en la sentencia, la administración penitenciaria (en la cual se desempeña como funcionario público el recurrente), tiene el imperativo Constitucional de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y además de aplicar en el cumplimiento y la ejecución de sus actos, los criterio de interpretación establecido por la jurisprudencia vigente de la Contraloría General de la República, contenido en la materia invocada por el recurrente, en el Dictamen N° 7.986 del año 2018, el cual ha fijado la preeminencia del Principio de Autonomía de las penas accesorias, por sobre el antiguo principio de accesoriedad de las penas privativas de libertad, interpretación que esta corte comparte al tenor del principio de separación de los poderes del Estado y la norma del artículo 76 de nuestra Carta Magna.

Debiendo señalarse sólo a mayor abundamiento que la jurisprudencia citada por el recurrente, es anterior a la vigencia de la ley 20.603, modificatoria de la ley 18.216, que contempla penas alternativas a las penas privativas de libertad, cuando concurren los requisitos legales que en ellas se establecen, normas de naturaleza penal, de orden público, que no se condicen con la teoría invocada por el recurrente, al no establecerse expresamente en las leyes penales que rigen el cumplimiento de las penas, la liberación del recurrente como funcionarios públicos condenado, al cumplimiento de las penas que contempla el artículo 30 del Código Penal cuando condenado a una pena privativa de libertar, esta le es sustituida por una pena alternativa de dicha ley.

SEXTO: Que, conforme a lo referido en los considerandos precedentes, no existen antecedentes que formen convicción suficiente, para estimar que en el presente caso, exista un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de sus derechos consagrados, en los N° 2, N° 3 N° 22 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente; por cuanto la actuación que se reclama del Órgano Penitenciario, se encuentra debidamente fundamentado y amparado por normas constitucionales y legales que rigen su funcionamiento y que dentro de su competencia lo facultan para dictar la Resolución Ex. N° 1106 de fecha 27 de Mayo 2021, conforme el imperio de las sentencias judiciales.

Que en este contexto, no advirtiéndose acto ilegal o arbitrario en el acto que se reclama de la recurrida, no existe un derecho indubitado en favor del recurrente, que amerite su protección por esta vía de acción; por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, Rut RUT reservado, contra Gendarmería de Chile, Dirección Regional del Maule.

En su oportunidad, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 14° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección.

Redacción de la ministra (s) Isabel Salas Castro.

Regístrese y archívese.

Rol 1.984- 2021/ Protección.

Se deja constancia que pese haber concurrido a la vista de la causa, no firma la Ministra (S) doña Isabel Salas Castro por haber cesado en sus funciones.