nombre reservado con CORPORACION EDUCACIONAL COLEGIO SAN MARCOS DE CURICO

Talca, nueve de febrero de dos mil veinticuatro.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado Mauricio Corral Gallardo, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduce acción constitucional de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el Colegio San Marcos de Curicó, administrado por la Corporación Educacional Colegio San Marcos de Curicó, RUT: RUT reservado, representado por nombre reservado y Lillo, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que privan, amenazan y perturban los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de dicho centro educativo, en concreto sus derechos a la vida, a la integridad física y psíquica y a la igual protección de sus derechos ante la ley, por los hechos que expone.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que los hechos denunciados fueron dados a conocer a esa parte de forma formal e integra por medio de publicación en la página del recurrido Colegio San Marcos, por medio del portal https://colegiosanmarcoscurico.cl/, en el link de acceso bajo el enunciado o titulo Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 2023, el cual permite acceso a link https://drive.google.com/drive/folders/1ckNDL7wW0NnwXrQhwWdJb alCIZoKOcNf, el cual contiene un video informativo del plan de Afectividad, Sexualidad y Género 2023, confeccionado por el Departamento de Orientación y Convivencia Escolar del Colegio San Marcos, ambos documentos puestos en conocimiento de la comunidad escolar en esa plataforma el 07/09/2023, respecto de la vulneración grave de derechos que afecta a niños, niñas y adolescentes, del citado establecimiento educacional, lo que justifica la presente acción constitucional preventiva, frente a una reiteradísima conducta que afecta de forma masiva o colectiva a los indicados menores.

Indica que de los documentos y el video puestos en conocimiento de la comunidad escolar en su conjunto, contiene una actual amenaza a los derechos de los niños y niñas y adolescentes indicados, entre los cuales están sus dos hijos, alumnos regulares del citado establecimiento educacional.

Aduce que dichas conductas merecen el mismo calificativo asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso CREAD Playa Ancha en donde se señaló: “los niños, niñas y adolescentes del CREAD se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida Cautelar 975/17 I.3). Lo que conecta con el especial cuidado interpretativo y de aplicación que deben tener los órganos del Estado en el cuidado de los niños, para asegurar la indemnidad personal y de sus derechos, frente a un mal irreparable y reiterativo día a día a que se exponen los niños y niñas sujetos de protección constitucional.

Reitera que ha tomado conocimiento cabal e íntegro de los documentos publicados en la página institucional del establecimiento, en fecha 07/09/2023 y 08/09/2023, relativos al video institucional informativo referido, de autoría del establecimiento, y del documento denominado, “Programa Nacional de Educación Sexual Integral y Género 2023”. De la lectura y visualización integra de los documentos ya referidos, informe al establecimiento educacional por correo electrónico de este mismo tenor, que en dichos instrumentos documentos y videos, se omitía erróneamente o deliberadamente, señalar que la Ley 26.150, a la cual se hace referencia en todos estos instrumentos, esta aplica únicamente y exclusivamente, para la gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, de la República de Argentina, como así se indica, que el establecimiento pretende implementar en la comunidad educativa de la que es parte y, dado que estudian sus dos hijos menores de edad, esta implementación constituye una abierta ilegalidad y arbitrariedad, que vulnera las garantías constitucionales, y disposiciones penales pertinentes, por cuanto no corresponde la aplicación de ninguna norma jurídica extranjera en la República de Chile, con lo cual se estaría transgrediendo el principio de legalidad de los actos jurídicos y administrativos en nuestra república, incluso cabría la posibilidad de incurrir en el delito de perversión de menores o abuso sexual de menores, dado que no se conoce el material ni los protocolos que se implementarán, sino que solo se informa aspectos genéricos y no específicos y detallados de estos, a fin de tener la debida comprensión de en qué consiste y que implicancias tiene la implementación de este plan, máxime si se base en legislación extranjera no aprobada ni reconocida jurídicamente por nuestro país.

Relata que “La misma magistrada, luego, compareció ante el Congreso Nacional, señalando que “No puedo dejar de decir que lo que aquí se señala es absolutamente contradictorio”. Que, previo a él, envió del correo electrónico al que se hace referencia en el párrafo anterior, me percate que el establecimiento, retiro de su página informativa dos documentos, los que luego fueron modificados, solo en el sentido de señalar que el cuerpo legal respecto del cual se sustenta jurídicamente la obligación del establecimiento educación para implementar el citado “Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 2023”, de autoría del establecimiento, es en virtud de la Ley N° 20.843, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, no obstante el citado plan se mantiene en la forma y en el fondo intacto.

Dice que es evidente de la sola lectura del documento aludido y del video informativo, que este transgrede de forma ilegal y arbitraria tanto en la forma, el fondo la Ley N° 20.843. por cuanto esta establece en el Artículo primero, en especial los incisos 1, 2, 3 y 4, norma que establece lo siguiente: "Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Dicha educación e información deberán entregarse por cualquier medio, de manera completa y sin sesgo, y abarcar todas las alternativas que cuenten con la debida autorización, y el grado y porcentaje de efectividad de cada una de ellas, para decidir sobre los métodos de regulación de la fertilidad y, especialmente, para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, y la violencia sexual y sus consecuencias, incluyendo las secundarias o no buscadas que dichos métodos puedan provocar en la persona que los utiliza y en sus hijos futuros o en actual gestación. El contenido y alcance de la información deberá considerar la edad y madurez psicológica de la persona a quien se entrega. Este derecho comprende el de recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones para la vida afectiva y sexual. Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, dispondrá el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el ejercicio de este derecho. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados.”

Recalca que el establecimiento educacional recurrido, está actuando de forma arbitraria e ilegal, al excederse en sus atribuciones para la implementación de la citada norma legal dado que el citado Plan, respecto de la información que pretende impartir, se excede, al contemplar más allá de dar información “para decidir sobre los métodos de regulación de la fertilidad y, especialmente, para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, y la violencia sexual y sus consecuencias”, adicionando lo que la ley no ha establecido, incluyendo temas y dinámicas, relacionados con la afectividad y sexualidad, con marcado énfasis en la ideología de género y, la diversidad sexual, la afectividad entre estas diversas percepciones de género, incluso instalando la idea que el género es una construcción social, distinta de la biológica, si como las formas de ejercicio de la sexualidad.

Agrega que el referido Plan, respecto de la información que pretende impartir se excede al no “considerar la edad y madurez psicológica de la persona a quien se entrega. “, esto debido a que independiente del contenido del plan, el cual es desconocido por los padres y apoderados, por cuanto no se entrega información detallada y especifica de los contenidos, dinámicas, imágenes, diálogos, y exposición a la que se verán expuestos los estudiantes, transgrede la legalidad de forma arbitraria y abusiva, dando y ampliando la cobertura de esta temática a los niveles de enseñanza pre básica y básica, niveles expresamente dejados fuera por la norma que rige e instituye expresamente que estos contenidos son un tema académico en los establecimientos educacionales, como así lo mandata el inciso 4 del artículo primero de la Ley N° 20.843, que mandata que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual”.

Añade que el citado Plan, respecto de la información que pretende impartir, vulnera no solo el derecho a la vida, integridad física y psíquica de los menores, sino que también el derecho preferente de los padres a dar educación a los hijos, por cuanto el establecimiento educacional respecto de esta materia no ha cumplido con informar a la comunidad educativa, la existencia y el contenido íntegro de “Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, dispondrá el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el ejercicio de este derecho.”, por lo que de manera ilegal y arbitraria, priva, perturba y amenaza los derechos de los niñas, niños y adolescentes, al no existir o no ser informados de la existencia de un reglamento como el ordenado por inciso 3° del artículo primero de la citada ley.

Adiciona que el citado Plan, respecto de la información que pretende impartir, vulnera y se excede en su competencia, actuando la recurrida de forma ilegal y arbitraria, al incluir en este plan otros contenidos a los preceptuados expresamente en el inciso 4° del artículo primero de la ley reseñada y, que establece que este plan “incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados.”

Relata que el plan puesto en conocimiento de la comunidad educativa, excede sus contenidos a materias que vulneran gravante el derecho a la vida, la salud, la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, adicionando a su contenido, lo que la ley no ha establecido, incluyendo temas y dinámicas, relacionados con la afectividad y sexualidad, con marcado énfasis en la ideología de género y, la diversidad sexual, la afectividad entre estas diversas percepciones de género, incluso instalando la idea que el género es una construcción social, distinta de la biológica, así como las formas de ejercicio de la sexualidad, de estas diversidades sexuales, atentando contra la indemnidad sexual de los menores de 18 años, por lo que este plan priva, perturba y amenaza gravemente la vida, la salud, la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo en contra del cual se recurre.

Expresa que todos saben, la exposición temprana a estímulos de sexualización temprana, priva a los menores de edad, de la protección de su indemnidad sexual, bien jurídico protegido de máxima importancia, no solo por el ordenamiento de rango constitucional, sino que civil y penal, por lo que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva, perturba y amenaza gravemente la vida, la salud, la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo en contra del cual se recurre.

Indica que todos estos antecedentes permiten establecer de manera palmaria, la flagrante vulneración grave de derechos de los niños, niñas y adolescentes que asisten al centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, y no se avizora que se adoptarán las medidas necesarias para evitar que ocurra esta vulneración. Todo lo contrario, de continuar el centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, con su mismo niño de prosperar e implementar aun ante la evidente ilegalidad y arbitrariedad, frente a estas mismas condiciones de hoy, se mantendrá igualmente la grave vulneración multidimensional que los niños, niñas y adolescentes, a manos de terceros que el mismo establecimiento está propiciando para su implementación, cuando deberían ser protegidos no solo por los agentes del Estado, sino que se pretende que sea por quienes no son competentes ni capaces, para impedir esta humillante y terrible exposición, que afecta de manera evidente su derecho a la vida, a la integridad física y sicológica, así como a su derecho a la igual protección ante la ley.

Repite que se perturba y amenaza directamente su derecho a la vida y la integridad física, al exponerse a situaciones de grave riesgo a su salud física y mental, a su salud sexual y reproductiva, incurriendo en actos que pueden llevarlos a la muerte, a embarazos no deseados, abortos clandestinos y consumo de sustancias nocivas para su salud física y mental; y se perturba y amenaza directamente su derecho a la igual protección de sus derechos ante la ley, por cuanto se les expone a ser derivados a centros para ser protegidos por el Estado, que en la práctica y en la supremacía de la realidad no son protegidos, siendo finalmente, en el resultado, vulnerados y discriminados en sus derechos, por cuanto no se adoptan medidas eficaces para su protección, exponiéndolos a todas las humillaciones, vejaciones y explotación ilegal que implica la implementación del referido Plan, de forma ilegal y arbitraria.

Sostiene que en este sentido, el comportamiento del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, es del todo ilegal y arbitrario, por cuanto no cumple su función de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al infringir flagrantemente lo dispuesto en el artículo 1° de la ley mencionada, estando el recurrido especialmente obligado a cumplir con lo prescrito en la Convención sobre Derechos del Niño, que es Ley en Chile según el Decreto N° 830 de 27 de septiembre de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que en su artículo 4° prescribe que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”, el artículo 20 que señala que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”, y el artículo 27 que señala “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Por lo tanto, pretender implementar de forma ilegal y arbitraria el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 2023” del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, cuando en la especie esto solo debe limitarse que su programa educativo, deba incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados.”

Expone que se debe cautelar el prodigar a estos pequeños seres humanos, un programa de educación sexual, en que no se vulnere la norma y ha de acogerse esta acción imperativamente. Señala que por las radicales informaciones que se han sabido, la sistemática del desenvolvimiento de los hechos, se entiende de manera razonable que los niños y niñas del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, se encuentran no sólo bajo perturbación de sus derechos, sino que incluso bajo constante amenaza a los mismos, de manera que se trata de situaciones reiteradas y reiterables en el tiempo. En tal sentido, se debe recordar que la amenaza se refiere al hecho de sobrevenir, de modo inminente, una afectación de los derechos protegidos por esta acción cautelar.

Refiere que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución entendió que la idea de amenaza al legítimo ejercicio de un derecho se identifica con "peligro inminente”. Luego, la propia Corte Suprema ha fallado, en la causa rol 983-93, que es suficiente que exista un temor razonable de que pueda producirse un atropello a los derechos que la Constitución asegura para que pueda deducirse el recurso de protección. En este orden de ideas, y así lo establece, por lo demás, el artículo 19 de la Convención Americana que dispone que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Esta disposición debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial”. Es por ello que se deben adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para interrumpir los abusos a los que pueden ciertamente ser sometidos los niños y niñas del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó y poner término a la perturbación, privación y amenaza en vulneración de sus derechos.

Aduce que la ilegalidad o arbitrariedad de la conducta agraviante, los sujetos agraviados son todos y cada uno de los niños y niñas y adolescentes del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, son los sujetos de protección constitucional. Es así que pesa sobre los órganos del Estado no sólo un deber de tutela de los derechos fundamentales de todas las personas, sino que especialmente la tutela de los derechos de los niños se pondera con gravedad por su especial posición de dependencia del cuidado a los adultos de los órganos de la Administración del Estado de manera inmediata o de los financiados por estos o reciban recursos del estado para su financiamiento y, de manera mediata, del cuidado de los adultos que integran el Poder Judicial. Es así que la Convención de Derechos del Niño señala en su artículo 3: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, (…) Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”, siendo además el recurrente apoderado de dos alumnos en el establecimiento denunciado.

Manifiesta que en el caso de autos no sólo se trata de un acto u omisión agraviante a la indemnidad de los derechos de los niños y niñas del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, sino que la denuncia indica una intención arbitraria e ilegal de perversión de menores en su indemnidad sexual. En tal sentido, las conductas configuradas se han concretado en la perturbación, afectando el derecho a la integridad física y psíquica, y por la permanencia de la amenaza se configura la probabilidad de que ella se mantenga sobre las cabezas y cuerpos de los niños del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó.

Hace presente que los derechos objeto de tutela están en el artículo 19 n°1 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física, en particular en su indemnidad sexual, de salud, y psíquica de todas las personas se encuentra violado de manera grosera y masiva por las conductas y omisiones reiteradas que señalamos. Denuncia como transgredido tanto como acto, tanto como omisión estatal e institucional, toda vez que requerido el establecimiento de una explicación al respecto esta se escuda en agentes del estado como el ministerio de salud, de educación y las respectivas superintendencias. Lo anterior en concordancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile que por mandato del Artículo 5 de la Constitución, donde todos y cada uno de los órganos del Estado debe respetar y promover y por ende las instituciones que se encuentran recurridas. También se infringe el principio de igualdad y protección de los derechos de estas víctimas desde el Estado, que les da un trato discriminatorio, y no vela por su vida, integridad, salud, indemnidad sexual. Ello implica para esta Corte una doble carga; en lo interpretativo, para dar una mayor protección y extensión comprensiva de los derechos y garantías de indemnidad a los niños y niñas, y en lo aplicativo, para que en la realidad los derechos y garantías indemnidad de los niños y niñas, se concretice; esto es, para que se detenga la perturbación y amenaza a los derechos de los niños y niñas del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó.

Consigna que en los derechos fundamentales de primer orden, como los señalados en este caso, se da dificultosamente un ejercicio legítimo, frente a la próxima y aparentemente inevitable implementación de forma ilegal y arbitraria un plan de Sexualidad, Afectividad y Género 2023” por parte del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, el cual priva perturba y amenaza los derechos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento, de manera que se cumple este requisito. La ilegalidad o arbitrariedad de la conducta agraviante por implementación del Plan por parte del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó, en los términos denunciados, implica un acto de ilegalidad y arbitrariedad, no sólo porque se obra contra la ley sino porque carece de toda razonabilidad someter a los niños y niñas a semejantes vejámenes a los denunciados, que es considerada una forma moderna de esclavitud, explotación y violación de el bien jurídico protegido de la indemnidad sexual de los menores, y no aparece con justificación ninguna de las omisiones o falta de diligencia del Estado de Chile, en sus órganos para la tutela de los niños y niñas de este establecimiento. En tal sentido, la gravedad de los hechos hace del todo manifiesta la antijuridicidad que el examen de la conducta de la denunciada y recurrida, teniendo sobre sí el peso del principio del interés superior del niño, contemplado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, lo que a todas luces aparece como una falta de diligencia injustificable de todos los involucrados en no poner coto a la situación.

Sostiene que parte de los requisitos es si la Corte puede brindar protección a los derechos conculcados o amenazados y si ya está cubierto por otra jurisdicción. En tal sentido, debe recordarse que, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte, el recurso de protección es una acción cautelar para la protección urgente de los derechos fundamentales, y no para otros efectos, como cumplimientos de contratos, constitución de relaciones o declaración de derechos. Esto significa que la pretensión primaria de la protección constitucional, el objeto pedido, es la protección o tutela de los derechos conculcados o amenazados. Pero precisamente, si para algo existe la acción de protección, con su carácter urgente, protector y tutelar de los derechos fundamentales, es para este tipo de casos paradigmáticos donde la más grave violación a los derechos fundamentales, se cierne actualmente sobre seres humanos con doble estándar de protección, en tanto seres humanos y en tanto niños: los niños y niñas y adolescentes del centro educativo Colegio San Marcos de Curicó.

Dice que dada la ocurrencia de los hechos, tanto la Administración del Estado, del establecimiento educacional, como las vías ordinarias han fallado en el restablecimiento del Imperio del Derecho. Entonces, si pese a las reclamaciones de este recurrente no han podido reestablecer el Estado de Derecho, frente a las actuales vulneraciones de los niños, es menester entonces que un magistrado de la república, se aboque incluso a examinar y denunciar ante otros órganos internacionales, las violaciones a los Derechos Humanos de los niños, por la inacción o negligencia del Estado de Chile, es porque en concreto los derechos de los niños y niñas no se encuentran amparados aun por la vía institucional ordinaria. Lo anterior implica que debe evaluarse en concreto la tutela efectiva de las vías ordinarias para la procedencia de la acción constitucional de protección, y no en abstracto —ya que la tesis abstracta ha mostrado que ha fallado rotundamente en la práctica, y es precisamente lo que ha generado la vulneración concreta de los niños del Colegio San Marcos. Además, la razón de procedencia se encuentra en un elemento técnico sistemático de la Constitución. Por una parte, efectivamente la Constitución contempla en su artículo 20 que el recurso de protección procede sin perjuicio de las vías ordinarias y sin perjuicio no debe sólo implicar un asunto de especialidad, sino que se traslapa con el de subsidiariedad, porque el principio de especialidad implica una evaluación abstracta de las competencias, que se ha visto impotente frente a este caso junto con arriesgar la responsabilidad internacional del Estado chileno, sino porque la propia noción de justicia implica una justicia “al caso concreto”, que siempre puede implicar un defecto de lo abstracto —como en este caso de tanta gravedad—. Por ello es que la técnica de la Constitución de construir un recurso especial para reestablecer el imperio del derecho, con potestades más amplias que las del juez judicial ordinario. La Constitución en esta instancia ha actuado doblemente: ha investido a las Cortes de la calidad de funcional constitucional, con poderes exorbitantes para la función reestablecer el imperio del Derecho Constitucional, en su punto de inflexión ante los derechos fundamentales, y les ha asignado un poder de mandamiento o “mandamental” —que implica amplios poderes—, muy amplio y superior al juez judicial. Se trata, en suma, de una jurisdicción especial para casos especiales urgentes y graves paradigmáticamente, adecuados justamente para este tipo de casos como el sub lite. Además, una tercera razón de procedencia de la acción constitucional se debe a que dicho recurso de protección, contiene la “auctoritas” del involucramiento de las dos más altas jerarquías del Poder Judicial en el restablecimiento del Imperio del Derecho. En efecto, es la autoridad de la Corte de Apelaciones de Talca y de la Corte Suprema en apelación, la que se compromete con el resguardo o la falta de cuidado de la indemnidad de los niños y niñas del Colegio San Marcos De Curicó y pesa sobre los hombros de la institucionalidad superior del Poder Judicial, dar amparo y cautelar por los derechos fundamentales de cada uno de los derechos fundamentales de los niños del Colegio San Marcos de Curicó, e implica hacer vale el peso de éstos sobre el resto de los órganos del Estado. Por lo demás, corresponde que las máximas autoridades del Poder Judicial se hagan cargo directamente mediante la vía institucional adecuada al efecto del problema de la indemnidad de los derechos fundamentales de los niños, y no dejar la solución a los órganos inferiores del sistema judicial. Esta triada de razones son las que justifican la intervención de la Corte de Apelaciones de Santiago (sic) y eventualmente la Corte Suprema en su calidad de corte constitucional funcional, para la salvaguarda de los especialísimos derechos constitucionales de los niños y niñas del Colegio San Marcos de Curicó, por sobre cualquier otra jurisdicción. Una solución técnico constitucional de emergencia, para una crisis de emergencia humanitaria y frente a la eventual responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del establecimiento educacional mencionado, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, decrete de manera urgente las siguientes medidas:

a) La suspensión temporal del “Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 2023” del Colegio San Marcos de Curicó, impidiendo que se imparta a los niños, niñas o adolescentes, en tanto no se asegure una normal y segura protección para los menores.

b) Ordenar la custodia policial frecuente en el establecimiento educación denunciado y lugares a los que puedan ser derivados, para impedir el accionar de terceros.

c) Toda otra medida que US. Iltma. Estime procedente, para el resguardo de los derechos indicados y para el restablecimiento del Estado de Derecho.

Segundo: Que el abogado Rigoberto Galdámez Castro, por la recurrida Corporación Educacional Colegio San Marcos de Curicó, evacuando el informe requerido a su respecto, pide el rechazo en todas sus partes de esta acción.

En lo pertinente, hace presente que en virtud de Ordinario Nº00364 de 21 de febrero de 2023, que acompaña,, cuya Materia es “Solicita envío de Programas y Planes de Sexualidad, Afectividad y Género a través de drive digital, antes del 15 de abril 2023”, enviado por la Dra. nombre reservado Noguera-Secretaria Ministerial de Salud Región del Maule a Francisco Varela Miranda-Secretario Regional Ministerial de Educación Región del Maule, se establece que “en el marco del Plan de Trabajo de la Mesa Regional Intersectorial de Sexualidad que requiere dar cumplimiento a las normativas, Ley Nº20.418, artículo 1 y el Decreto Nº206 en sus artículos 14, 15 y 16 y compromisos de Género del Ministerio de Salud, solicito a Ud. y a sus equipos, remitir los Planes y Programas de Sexualidad, Afectividad y Género de los Establecimientos Educacionales de su jurisdicción a ejecutarse durante el año 2023 a través del siguiente drive…..”

Refiere que dichos programas obedecen a trabajos intersectoriales Seremi de Salud y Seremi de Educación, razón por la cual, su representada necesariamente debe adoptar las medidas conducentes para la ejecución y cumplimiento de dicha normativa, que en ningún caso infringe flagrantemente lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°20.843, como alega el recurrente y, en consecuencia, su representada con la ejecución de dicho “Programa de Sexualidad, Afectividad y Género 2023”, en ningún caso actuó de forma ilegal y menos arbitraria. En dicho orden de ideas, señala que “El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género”, es una herramienta de gestión, basada en la Ley de Salud N°20.418, que se promulgó en el año 2010, cuya finalidad es “fijar normas sobre información, orientación y prestaciones en material de regulación de la fertilidad que obliga a los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a implementar un Programa de educación sexual para educación”.

Dice que en el marco de dicha ley, el Ministerio de Educación apoya y orienta a los establecimientos educacionales para que puedan abordar la formación en sexualidad, afectividad y género con sus estudiantes, a través del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando el acceso a una educación oportuna, que les proporcione una información oportuna y sin sesgo, clara y veraz, y que les permita desarrollarse integralmente. Recibir formación en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas de autocuidado en salud mental y física, de hacerse responsables de las propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo y de estar más en sintonía con sus emociones y corporalidad. El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y el fortalecimiento de la autoestima, así como comprender la importancia de la afectividad, lo espiritual y lo social para un sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de aprendizaje expresados en la Ley de Educación Sexual Integral.

Refiere que el concepto de género se refiere a los atributos sociales y culturales asociados a lo femenino y masculino y las relaciones entre los géneros. La Ley de Educación Sexual Integral establece la necesidad de incluir una perspectiva de género en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La educación con enfoque de género, amplía la posibilidad de que los estudiantes adquieran una mirada crítica de la cultura inclusiva en la que se desenvuelven y de los estereotipos que esta propone. De esta manera, se fortalecen actitudes como el respeto y la tolerancia consigo mismos y con los demás, evitando, entre otros, situaciones de violencia derivadas de la discriminación por género. En general, el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género se alinea con la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Sexual Integral, las cuales establecen la importancia de garantizar la educación integral en sexualidad y la inclusión de una perspectiva de género en el sistema educativo. el objetivo general de dicho plan, es “Propiciar una educación integral en sexualidad, afectividad y género que promueva el conocimiento, el desarrollo de habilidades y actitudes respetuosas y equitativas hacia todas las personas, independientemente de su género u orientación sexual, en el marco de una sociedad inclusiva y diversa. Cada actividad está enfocada de acuerdo con la etapa de desarrollo correspondiente a cada nivel”. En tanto, que los objetivos específicos, son: Para nivel Pre kínder a 2° básico: ● Trabajando las emociones queremos promover habilidades sociales, emocionales y cognitivas, tales como la comunicación, el autocontrol emocional y la resolución de conflictos, que favorezcan el desarrollo de relaciones interpersonales saludables y respetuosas. Para nivel de Educación Básica (3° a 6°): ● Desarrollar habilidades para reconocer y comprender la diversidad y el respeto a los demás. ● Fomentar el conocimiento personal y social, a través del desarrollo de habilidades para la comunicación, la toma de decisiones y la prevención de situaciones de riesgo. ● Promover el desarrollo de actitudes y valores de respeto hacia la diversidad. Para nivel de Educación Media (7° a 4° medio): ● Propiciar la reflexión crítica sobre la construcción social del género y la diversidad sexual, y fomentar la valoración y el respeto hacia las diferencias culturales y de género. ● Desarrollar habilidades y actitudes para el ejercicio de la sexualidad de manera responsable y saludable, incluyendo la prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. ● Promover la adopción de actitudes y valores de equidad de género, inclusión y respeto hacia la diversidad sexual y la identidad de género, incluyendo la prevención de la discriminación y la violencia.

Indica que en agosto de 2023 su representada informó a la comunidad escolar que “Diseñó un Plan de Sexualidad, Afectividad y Género para ser implementado durante el segundo semestre de 2023, en todos los cursos y niveles, desde Pre kínder a 4° medio, por una única vez dentro de una hora pedagógica de una clase curricular formal”. Ello, conforme a lo mandato por la autoridad ministerial de educación. Para tal efecto se informó a los padres y apoderados lo siguiente: Departamento de Orientación y Convivencia Escolar Colegio San Marcos “Informativo Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 2023 Estimados padres y apoderados, como ya es de su conocimiento, el Colegio diseñó un Plan de sexualidad, afectividad y género para ser implementado durante el segundo semestre de 2023, en todos los cursos y niveles, desde Pre kínder a 4° medio, por una única vez dentro de una hora pedagógica de una clase curricular formal. Esto conforme a la ley que nos mandata realizar dicha temática de formación para nuestros estudiantes. Es por esto, que informamos que: - Ya se encuentra disponible en la página del colegio, tanto el video explicativo de este plan, como también el Plan completo con las actividades a desarrollar en cada curso, de manera clara, para que ustedes puedan revisarlo y tomar conocimiento del mismo. - Asímismo, se informa que se adjuntará en la agenda escolar de cada estudiante, la autorización de parte del apoderado, para que su hijo/a participe de esta actividad. Si ustedes como padres, no autorizan a su hijo/a a que participe, esperamos que asuman por su parte, como familia la formación integral de su hijo/a en esta temática, debido a la importancia en todo desarrollo integral y formación de cada persona. Les saluda afectuosamente. nombre reservado y Lillo Directora Colegio San Marcos Pedro nombre reservado y Encargado de convivencia Escolar Colegio San Marcos Andrea Castro Psicóloga Colegio San Marcos Curicó, Agosto 2023”- Expresa que complementando lo anterior, su representada en el mes de agosto de 2023, consultó a cada uno de los padres y apoderados, si autorizaban o no autorizaban a su pupilo(a) a participar del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, el cual se implementaría en el Segundo Semestre del año 2023, a saber: Departamento de Orientación y Convivencia Escolar Colegio San Marcos. En relación a lo que expone el recurrente y que origina su reclamo ante dicha Corporación, hace presente que por un error involuntario se citó por parte de su representada, “la ley 26.150 que aplica únicamente y exclusivamente, para la gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, de la República De Argentina”, lo cual fue subsanado a la brevedad por parte de su representada, y que fuera informado oportunamente a la comunidad educativa y en particular al recurrente, en virtud de la siguiente Fe de erratas: Fe de erratas. Estimados/as apoderados/as, esperando se encuentren muy bien, y que hayan tenido unos buenos días de Fiestas Patrias, les saludamos cordialmente. A través del siguiente, se da a conocer que en el plan de Afectividad, Sexualidad, y género se actualiza la ley Chilena que lo indica. Lo cual se encuentra en la página 3, de la fundamentación. Que indica lo siguiente: “FUNDAMENTACIÓN El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género es una herramienta de gestión, basada en la Ley de salud N°20.418, que se promulgó en el año 2010…”. Les saluda cordialmente nombre reservado y Lillo Directora Colegio San Marcos Pedro nombre reservado y Encargado de convivencia Escolar Colegio San Marcos Curicó, 25 de Septiembre de 2023. Dicho error involuntario, subsanado rápidamente, al citar erróneamente un cuerpo legal, en ningún caso transforman la conducta de su representada en ilegal y menos arbitraria, toda vez, que esta última con apego al ordenamiento jurídico y en particular a las directrices de sus Autoridades Superiores, ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en particular con la Ley N°20.418, que se promulgó en el año 2010, cuya finalidad es “fijar normas sobre información, orientación y prestaciones en material de regulación de la fertilidad que obliga a los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a implementar un Programa de educación sexual para educación”, tal como se refleja en el instrumento denominado El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género”, cuya copia acompaña en un otrosí.

Señala que su representada actuando en forma oportuna, precisamente el 29 de septiembre de 2023, entregó respuesta al recurrente en relación a sus inquietudes en relación a dicho programa, tal como se ilustra con la carta enviada a este, a saber: Departamento de Orientación y Convivencia Escolar Colegio San Marcos: “Estimado apoderado: Junto con saludar, me dirijo a usted con el propósito de responder a algunas inquietudes manifestadas por su persona en este último tiempo: - En primer lugar, agradecemos su positiva colaboración respecto al Plan de Afectividad, Sexualidad, y Género 2023. Error que se ha resuelto, enviando a la Comunidad Educativa, un informativo con la Fe de Erratas, para precisar la ley Chilena al respecto. - En segundo lugar, la implementación del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, no es decisión nuestra aplicarla o no, ya que es un mandato del MINEDUC, por lo tanto, debemos hacerlo. Respecto de ello, los apoderados tienen el derecho a decidir si autorizan o no, a sus hijos/as a participar de los talleres, para lo cual se envió a cada apoderado la solicitud de autorización. Cualquier otra duda, respecto de la implementación del Plan de Afectividad, Sexualidad, y Género, de la obligatoriedad de parte nuestra de implementarlo, previa autorización de cada apoderado. Le solicitamos realizarla a la Superintendencia de Educación. - En tercer lugar, en relación al proceso de vacunación de los estudiantes, informamos a usted que el establecimiento en conformidad a las Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Chile, trabajamos en redes de apoyo y colaboración mutua, en lo que son los operativos de vacunación aprobados por el Estado de Chile e implementado por los servicios de Salud local en coordinación con los establecimientos Educacionales. Ahora bien, respecto de esa situación es que usted podía autorizar o no a realizar dicha vacunación de sus hijos/as, lo cual está en todo su derecho. Pero lo que usted no puede hacer es confrontar inadecuadamente a un funcionario público, ni pasar a llevar la decisión del establecimiento respecto a una acción en conjunto del MINSAL y el MINEDUC. Si al respecto usted tenía alguna observación, dentro de su expertiz de abogado que fue dicho insistentemente por usted, por su nivel de educación también es esperable que lo haga de manera adecuada, ya sea en Dirección del establecimiento o con las autoridades del Centro de Salud Familiar Miguel Ángel Arenas al cual por territorio pertenece el Colegio. Desde dicho establecimiento de salud, fue manifestado directamente el malestar respecto de la situación generada por usted en esa ocasión, en la persona de la abogada penalista nombre reservado. Por lo que, solicitamos que este tipo de proceder no se vuelva a repetir de esta manera, y si no está de acuerdo con algo, pueda de forma adecuada manifestar su pensamiento a través de autorizar o no; pero solicitamos no entorpecer procesos importantes en bien de los estudiantes y apoderados/as que si autorizaron, y a generar un malestar de los funcionarios del Colegio y del Centro de Salud Familia, que solo están para aportar positivamente. Sin otro particular, le saluda cordialmente nombre reservado y Lillo Directora Colegio San Marcos Curicó, 29 de Septiembre de 2023.

Hace presente que el establecimiento Colegio San Marcos de Curicó, siempre ha actuado conforme a la ley y a la buena fe, respecto de los procesos que le son propios y los procesos que le vienen mandatados desde el Ministerio de Educación y conforme a lo que establece nuestra legislación, cuando un apoderado (a) matricula a su hijo (a) en un establecimiento educacional, debe realizarlo conforme a las indicaciones emanadas de Ministerio de Educación, lo que implica que se debe cumplir con lo mandatado por dicha autoridad ministerial, las cuales los establecimientos educacionales solo deben acatar y responder a ellas.

Aduce que no existe la vulneración de derechos que señala el recurrente, que importen una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Hace presente que el Recurso de Protección tiene por objeto principal la protección de determinados derechos y garantías fundamentales contemplados en la Constitución Política de la República y que por un Acto u Omisión Arbitrario o ilegal, se ve amenazado, perturbado o privado del ejercicio de dichos derechos y garantías. Conforme a lo expuesto por esa parte, no existe por parte de su representada un acto u omisión arbitraria o ilegal, que hubiera privado del ejercicio de un derecho al recurrente, toda vez, que al implementar dicho “Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 2023”, se ha dado estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, y en particular a lo establecido en la Ley Nº20.418.

Destaca que su representada solicitó oportunamente la autorización de los padres y apoderados, para efectos que pudieran manifestar su consentimiento libre y espontaneo de autorizar o no autorizar a sus pupilos (as) a participar de dicho Programa de Educación, razón por lo cual no se vislumbra una actuación arbitraria e ilegal por parte de dicho establecimiento educacional.

Finalmente, de acuerdo a lo expuesto, su parte solicita el rechazo absoluto de este Recurso de Protección, por ser este improcedente, y por no existir vulneración de derechos constitucionales por parte de su representada, con costas de la recurrente.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean conculcados.

Quinto: Que la acción de protección, como herramienta que salvaguarda los derechos fundamentales consignados en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, no constituye una acción popular que pueda ser utilizada por cualquiera persona, a nombre de terceros, respecto de los cuales carece de representación legal o convencional.

En el caso puntual de autos, el abogado recurrente Mauricio Corral Gallardo, deduce la presente acción constitucional de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el Colegio San Marcos de Curicó, administrado por la Corporación Educacional Colegio San Marcos de esa misma ciudad, sin invocar ninguna representación al efecto, por lo que lo impetrado al respecto será desestimado desde ya.

Sexto: Que, además, del extenso y confuso recurso entablado, se advierte que lo cuestionado por el abogado recurrente es el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 2023, y un video informativo del mismo plan, confeccionado por el Departamento de Orientación y Convivencia Escolar del Colegio San Marcos, sin que se avizore transgresión al artículo 1° de la Ley N° 20.843, que reconoce que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial, educación e información que deben entregarse por cualquier medio, de manera completa y sin sesgo, y abarcar todas las alternativas que cuenten con la debida autorización, y el grado y porcentaje de efectividad de cada una de ellas, para decidir sobre los métodos de regulación de la fertilidad y, especialmente, para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, y la violencia sexual y sus consecuencias, incluyendo las secundarias o no buscadas que dichos métodos puedan provocar en la persona que los utiliza y en sus hijos futuros o en actual gestación. El contenido y alcance de la información deberá considerar la edad y madurez psicológica de la persona a quien se entrega. Este derecho comprende el de recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones para la vida afectiva y sexual. Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, dispondrá el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el ejercicio de este derecho. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados.

Como se puede observar, la divulgación del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 2023 antes aludido, está relacionado con las materias que el texto legal precitado contiene y, este a su vez, está inserto en el proyecto educativo generado desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, por intermedio de las Seremías respectivas.

Séptimo: Que así entonces, el diseño del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género cuestionado, ha sido implementado dentro del proyecto educacional existente y conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, sin que el recurrente describa algún hecho específico, concreto o pormenorizado, donde se hubiere materializado algún acto vulneratorio de derechos fundamentales respecto de personas determinadas, que le fuere imputable al establecimiento educacional recurrido.

No está demás consignar, que dicho Plan fue comunicado a cada uno de los apoderados del colegio recurrido, como se constata de la documentación adjuntada por la entidad recurrida.

A la luz de lo antes señalado, forzosamente la acción constitucional promovida debe ser desestimada por carecer de todo sustento fáctico.

Octavo: Que del contexto de lo antes relacionado, es posible colegir que la acción de protección utilizada por el abogado recurrente Mauricio Corral Gallardo, es temeraria al imputar multiplicidad de delitos penales a la entidad educacional recurrida, al consignar que la actividad de la recurrida acarrea grave riesgo a la salud física y mental, a la salud sexual y reproductiva, incurriendo en actos que pueden llevarlos a la muerte, a embarazos no deseados, abortos clandestinos, consumo de sustancias nocivas para la salud física y mental, exponiéndolos a todas las humillaciones, vejaciones y explotación ilegal que implica la implementación del referido Plan, sometimiento a los niños y niñas a vejámenes, considerados en una forma moderna de esclavitud, explotación y violación del bien jurídico protegido de la indemnidad sexual de los menores.

En estas circunstancias, se infiere la ausencia de motivos plausibles para haber ejercido la acción constitucional de que se trata, Atento a lo reflexionado, el recurso que sobre el particular se ha promovido será desestimado, con costas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 144 del Código de Procedimiento Civil, 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Mauricio Corral Gallardo, en contra del Colegio San Marcos de Curicó, administrado por la Corporación Educacional Colegio San Marcos de Curicó.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol N° 1.970-2023.- Protección.- Redacción del Ministro Moisés Muñoz Concha.- Se deja constancia que no firma el Ministro Carlos Carrillo González y el Abogado Integrante Diego Palomo Vélez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, el primero, por encontrarse con permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y el segundo, por estar ausente.