nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

Talca, catorce de enero de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado en representación de nombre reservado, haitiano, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción constitucional de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, debido a la excesiva dilación en emitir pronunciamiento entorno a la solicitud de nacionalización n°66664393, presentada el 21 de julio del 2023, lo cual carece de justificación razonable en atención al tiempo transcurrido, configurándose dicha omisión como arbitraria e ilegal, vulnerando el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la Republica.

En relación con los hechos fundantes del recurso de protección señala que nombre reservado, de nacionalidad haitiana, con intenciones de desarrollarse y además de aprovechar las oportunidades que le ofrece nuestro país, ingresó una solicitud de nacionalización el 21 de julio de 2023 (Numero de solicitud N°66664393).

Es así que, hasta la fecha no ha obtenido pronunciamiento alguno por parte del servicio recurrido, habiendo transcurrido más de seis meses desde la realización n de la solicitud, plazo fijado por la ley para resolver actos administrativos a la fecha de la formulación n de la misma.

En esta línea, cabe agregar que, a la fecha, el servicio recurrido no ha emitido respuesta alguna sobre su solicitud de nacionalización, lo cual la mantiene en un constante estado de tensión e incertidumbre dada la dilación n excesiva de dicho trámite administrativo.

Por tanto, en virtud de todo lo expuesto y en consideración al tiempo transcurrido, es que recurre a esta instancia, con el fin de que el Servio nacional de migraciones en conjunto con la Subsecretaria del Interior emitan pronunciamiento respecto de la solicitud de nacionalización, con la dictación del acto administrativo final, ya sea aceptando o rechazando dicho beneficio migratorio.

Considera que no dar avance a la solicitud de nacionalización ni haber emitido pronunciamiento alguno constituye una omisión que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en cuanto se configura una discriminación respecto a otros solicitantes que han podido tramitar debidamente sus beneficios migratorios.

Hace presente que esta situación mantiene al extranjero en un estado de permanente angustia y desesperación, con un gran detrimento en su integridad psíquica, dado que la actual falta de pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización por parte del servicio recurrido, no me permite efectivamente ejercer en el país ninguno de los legítimos derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Política de la Republica y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

Además. Reclama una vulneración a la igualdad ante la ley dado que, habiendo transcurrido más de seis meses, no se ha logrado tramitar la solicitud de nacionalización conforme a los plazos establecidos en la ley, en relación con otros trámites administrativos que ya han concluido sus trámites, obteniendo respuesta oportuna por parte de la autoridad administrativa.

En consecuencia, se le ha mantenido en una constante situación de tensión e incerteza, al no obtener pronunciamiento por parte de las entidades recurridas, ni poder concluir con la tramitación de la solicitud de nacionalización que he efectuado.

Las personas que adquieren la nacionalidad chilena no pierden la ciudadanía de su país de origen. Esto significa que Chile reconoce la doble nacionalidad, lo que es bastante positivo para quienes desean o necesitan conservar su ciudadanía original. Mas allá de esto, es importante saber que las ventajas de tramitar la nacionalidad chilena se traducen en los siguientes aspectos: Mejor la empleabilidad del interesado, ya que el hecho de ser ciudadano chileno aumenta su valoración para optar a otros puestos de trabajo tanto en el sector público como en el privado. Se puede postular a cargos de elección popular. El procedimiento para realizar trámites resulta más sencillo. Ya no es necesario renovar visados o documentación de residencia, dando certidumbre al solicitante.

En apoyo de sus alegaciones cita a la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha 20 de marzo del 2023, en autos Rol N° 115.064-2022, caratulados “nombre reservado/nombre reservado”, esta vez en su considerando décimo, refiere textualmente lo siguiente: “Sobre el particular, debe aclararse que lo que ha dicho esta Corte en relación a este plazo, es que el mismo fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios”.

Pues bien, para el caso concreto de autos, se ha transgredido claramente el artículo 27 de la Ley N° 19.880 al haber transcurrido ya más de seis meses, sin que el Servicio recurrido emita un pronunciamiento sobre la solicitud ingresada. Y sin perjuicio de que el máximo tribunal de la Republica ha sen alado que este plazo no es fatal, lo anterior, sin embargo, viola lo también señalado por la Excma. Corte Suprema, en cuanto a que la autoridad migratoria no ha resuelto aun la solicitud dentro de un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre al peticionario de autos, con todos los perjuicios que ello irroga en su vida cotidiana.

Solicita se acoja el recurso de protección, ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, resuelva la solicitud de nacionalización efectuada el 21 de julio del 2023, dentro de un plazo razonable, que no exceda de 30 días hábiles o lo que se estime, de conformidad con los principios impuestos y establecidos por su reglamentación en los artículos 37 de la Ley N° 21,325 y 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022.

SEGUNDO: Que, comparece el abogado Juan De Dios Cardemil Palacios en representación del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Indica que el parte recurrente postuló el 21 de julio de 2023 a solicitud de carta de nacionalización, según consta fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros.

La solicitud se encontraba en Estado: “Pendiente”, Etapa: “Solicitud de documentos adicionales por Clave Única”, desde el 18 de octubre de 2024 según fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros.

Posteriormente, en complementación de informe señala que la solicitud está pendiente, y en etapa de “primer análisis” desde el 5 de noviembre de 2024.

Respecto a las demoras de solicitudes de carta de nacionalización, hace presente que en la página web del Servicio Nacional de Migraciones (link: https://ayuda.serviciomigraciones.cl/es/support/solutions/articles/1 50000096586-preguntas-frecuentes-nacionalizaci%C3%B3n), se señala: Se indica “La nacionalización demora en promedio 3 años en su tramitación. Sin embargo, es una especial gracia que otorga el Estado, cuyo procedimiento de análisis debe realizarse de manera exhaustiva, siendo necesario proceder a la revisión de los documentos presentados en detalle y diferentes instancias, lo que significa en ocasiones, una tramitación más extensa de la esperada por los usuarios”.

Tal como se señala en la página web del Servicio Nacional de Migraciones en cuanto al plazo de tramitación de dicha gracia que otorga el Estado de Chile, esta requiere de un análisis exhaustivo, siendo indispensable para la pronunciación de dicho beneficio un análisis y revisión de documentos presentados por los recurrentes en detalle, lo que claramente requiere de un tiempo mayor de tramitación en relación con otros beneficios migratorios.

Es por lo señalado precedentemente, que el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de dicha solicitud de carta de nacionalización, a saber 21 de julio de 2023, hasta la presentación de este recurso de protección, es insuficiente para el análisis específico de la documentación que debe realizar la autoridad administrativa para emitir un pronunciamiento correcto y remitir los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el pronunciamiento final del beneficio otorgándolo o rechazándolo.

Además, es muy importante resaltar que los extranjeros recurrentes durante el tiempo de tramitación de sus cartas de nacionalización cuentan con residencia definitiva vigente, es decir puede desarrollarse en el país de forma plena sin ningún tipo de restricción por ejemplo para desarrollar un empleo, acceder a beneficios de salud, habitacionales, educación, invertir en el país, entre otros.

La parte recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Es imprescindible señalar que, para esta autoridad administrativa, no existen reales fundamentos normativos que sustenten, de manera alguna, la pretensión de la parte recurrente contenida en la presente acción constitucional, en especial porque, se recepcionó la respectiva solicitud, dándole el curso correspondiente.

Lo anterior nos permite concluir entonces que no se vislumbran antecedentes objetivos, de ningún tipo, que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja las garantías constitucionales estimadas como conculcadas por parte del recurrente.

En consecuencia, tampoco se distingue un acto u omisión ilegal o arbitrario, emanado de esta parte, por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado, de alguna manera, el derecho fundamental que se pretende cautelar por la presente acción de protección.

Considera que la parte recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esta autoridad en atención a que, no se ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados, todo esto conforme a las disposiciones de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esta autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En efecto, esta autoridad conforme a la normativa por la que rige en ningún momento ha dejado en un estado de indefensión migratoria a la parte recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permita realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista alguna limitación dentro de nuestro país.

En primer lugar, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile, según lo siguiente: “Artículo 10: Son chilenos:

1. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena;

2. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1°, 3° o 4°;

3. Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y 4. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.”

En segundo lugar, en cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales para dictar el Decreto recurrido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.” Que la delegación para ser firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, y en consecuencia la facultad de refrendar los Decretos de nacionalización, se encuentra consagrada en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966, la que señala que: “Las materias que a continuación se indican, podrán ser objeto de decretos o resoluciones expedidos por las autoridades que se señalan, con la sola firma del respectivo funcionario:

IV.- MATERIAS CORRESPONDIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR: Ministro.

4°- Otorgamiento o denegación de cartas de nacionalización.”

En cuanto a las causales y requisitos legales para dictar el decreto recurrido, los requisitos legales para solicitar la carta de nacionalización se encuentran consagrados en el artículo 2 del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, que señala los requisitos mínimos que los migrantes deben cumplir para presentar dicha solicitud ante la autoridad competente, agregando la forma y requisitos que la petición de nacionalización debe cumplir al ser presentada, lo que se encuentra contemplado en los artículos 4° y 5° del D.S. N°5.142 de 1960, ya señalado. Asimismo, el artículo 3° del mismo cuerpo legal señala los casos en los que no se podrá obtener esta gracia.

La nacionalización, es por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia.

Cabe tener presente, que la legislación se refiere a la carta de nacionalización como a una gracia. La Real Academia de la Lengua define gracia, en su tercera acepción, como un: “Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita.”(Diccionario de la Real Academia española, Edición tricentenario, actualización del año 2018, versión digital, pagina web: www. https://dle.rae.es/?id=JOCFpLb.) Que, en consecuencia, se trata de un privilegio o dispensa concedida por la autoridad competente.

La solicitud de nacionalización se encuentra consagrada en el artículo 10 N°3 de la Constitución Política de la República, que señala que “Son chilenos: 3. Los extranjeros que obtuvieron la carta de nacionalización en conformidad a la Ley. (…)” Y agrega en el inciso final del mismo artículo, que: “La Ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad Chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.”

Lo expresado anteriormente, hace referencia al Decreto N°5.142 de fecha 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior, el que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, que contempla en su artículo 2° los requisitos que deben ser cumplidos por los solicitantes para obtener la carta de nacionalización. Dicha norma señala que: “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva. (…)” agrega que la solicitud “(…) Estará dirigida al Presidente de la República, en un formulario que se proporcionará por la autoridad correspondiente, sin costo alguno para el extranjero. Se presentará con posterioridad a la calificación favorable que la autoridad haga de la solicitud de nacionalización.” Y finaliza el mismo artículo señalando que “(…) Corresponderá al Ministro del Interior calificar, atendidas las circunstancias (…)”.

Uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto 5142. Para elaborar su informe la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a esta autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto.

Artículo 5.o El Intendente o Gobernador remitirá la solicitud a la Unidad de Investigaciones de su jurisdicción o, a falta de ésta, a la de Carabineros. Inmediatamente de cumplido este trámite, el Intendente o Gobernador deberá dar cuenta de ello al Ministerio del Interior. La respectiva unidad policial enviará directamente la solicitud informada a Investigaciones de Chile, quien remitirá los antecedentes al Ministerio del Interior con los informes respectivos, debidamente ratificados y confirmados por ese Servicio. Las solicitudes presentadas directamente al Ministerio del Interior serán enviadas a Investigaciones de Chile para el informe pertinente. Investigaciones de Chile deberá necesariamente informar sobre los viajes que hubiere realizado el peticionario hacia o desde el territorio nacional, señalando las fechas de sus ingresos y salidas; y además, previa consulta al Gabinete Central de Identificación, sobre la circunstancia de que el solicitante tenga cónyuge o hijos chilenos.

Artículo 6.o Las Unidades de Investigaciones o de Carabineros, e Investigaciones de Chile, deberán evacuar los informes señalados en el artículo anterior de un plazo de quince días. En caso de excederse de tal plazo, las unidades mencionadas deberán dejar constancia en el respectivo informe de las causas que justifiquen el retraso y, si así no lo hicieren, éste se tendrá como negligencia del Jefe de la Unidad.

Según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de beneficios migratorios tramitados por este Servicio (específicamente referidos a solicitudes de residencia definitiva pero extensible a solicitudes de nacionalización), sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además asu respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

Cabe reiterar lo ya dicho por esta parte en esta presentación, en cuanto a la relevancia de lo dictaminado por nuestro Tribunal Supremo en la comentada sentencia, debido a que la materia discutida en ella es idéntica a la de la presente causa. Por lo demás, la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

“Artículo 57. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.”

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa, máxime cuando es pacífico que ha dado tramitación legal a la solicitud de carta de nacionalización recibida, sustanciando su tramitación, dándole el curso progresivo correspondiente.

Reclama que la acción de protección ha sido establecida como una acción constitucional, de naturaleza cautelar y de tramitación desformalizada, cuya interposición solamente es admisible verificándose una conducta que cumpla con dos requisitos copulativos: que sea una (i) conducta ilegal o arbitraria, y (ii) que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La pretensión de la contraria, manifestada en la presente acción de protección, es identificar la demora de la resolución de su solicitud de carta de nacionalización como una omisión por parte de esta autoridad que, por sí sola, traería aparejada una serie de perturbaciones y dificultades en su vida cotidiana y que ha subsumido como una amenaza o vulneración a sus garantías fundamentes.

La consecuencia lógica de todo lo anteriormente expuesto es que la presente acción de protección no puede prosperar debido a que no se verifica ninguno de los requisitos establecidos por la Constitución para su interposición:

i.- No existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por este Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración.

ii.- Ha quedado claramente establecido la mera tardanza en la resolución de una solicitud de nacionalización presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales, máxime si dispone de un certificado de residencia definitiva que acredita su residencia legal en el país.

Previa cita de jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones, solicita desde ya el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, no siendo procedente que esta parte sea condenada en costas.

TERCERO: Que, comparece la abogada María José Sotomayor Bueno, en representación de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, evacuando el informe requerido en autos.

Señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley.

Lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N° 4, de la ley N° 16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Por su parte, el artículo 157, N° 8, de la ley N° 21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago-aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N° 5.142,de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N° 21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del referido Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Precisado lo anterior, y en relación con el caso de autos, es posible informar a S.S.I. que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, tal como se indicó anteriormente, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, considera que la acción de protección de autos no sólo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, según los argumentos que se expondrán a continuación.

En primer lugar, es necesario señalar que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Cabe hacer presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

En segundo lugar, cabe recordar que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

Lo anterior significa que este tipo de solicitudes son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

En ese contexto, es útil precisar, a modo ejemplar, que sólo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio-3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que, anualmente, se han ingresado en los últimos años: el 2021, se contabilizaron más de 10.000; el 2022, más de 30.000; y el 2023, más de 40.000.

De ahí que corresponda desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino dela verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Por lo demás, y en relación con una supuesta ilegalidad relacionada con la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, cabe señalar que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la leyN° 19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como ambos organismos han razonado, en su sentencia ROL N° 115.064-2022 -la cual ha sido respaldada reiteradamente por dicha Excma. Corte, a modo ejemplar, en ROLES N° 252.117-2023, 190.711-2023, 182.755-2023, 147.371-2023y149.658-2023, entre otros-y en sus dictámenes N° 45.312, de 2013; N° 7.626, de 2014; y N° E170.194, de 2021, entre otros, respectivamente.

A mayor abundamiento, dicha Excma. Corte, mediante la sentencia ROL N° 115.064-2022, ha concluido que este tipo de procedimientos migratorios son reglados y constan de diversas etapas, por lo que la sola demora en la tramitación de las solicitudes respectivas no permite apreciar alguna vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a las personas, ni aún en grado de amenaza, razonamiento que ha sido confirmado recientemente mediante sentencia ROL N° 38.231-2023, de esa Excma. Corte.

Por lo mismo, y al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

Además, la parte recurrente debe explicar por qué, en este caso, la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, además de señalar expresamente cuál o cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían privadas, perturbadas o amenazadas por esa circunstancia y la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías, tal como acertadamente razona la Excma. Corte Suprema en el considerando primero de su sentencia ROL 10.494-2023.

Por lo mismo, no sería procedente -a modo ejemplar-, que la parte recurrente alegue vulneración de sus garantías constitucionales de integridad psíquica o igualdad ante la ley, sin aportar evidencia suficiente que permita apreciar que efectivamente se ha afectado su integridad, o cómo esta parte habría actuado de una manera distinta ante uno o más situaciones de hecho similares, todo lo cual, por cierto, no podría entenderse cumplido a través de meras alegaciones genéricas sin respaldo alguno.

El sólo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna. De ahí que sea improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias, tales com oen los ROLES N° 14.784-2024y 149.658-2023, entre otras.

Por ello, si la arbitrariedad o ilegalidad no son manifiestas, o si, en caso de serlo, no implican una privación, perturbación o amenaza ostensible de algún derecho o garantía de aquellas tutelables por esta vía, la acción de protección no puede prosperar.

Por otra parte, el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

Por todo lo anterior, solicita que la parte recurrente sea condenada en costas, al no poseer motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que, la acción de protección está destinada a la cautela de determinadas garantías constitucionales ante actos u omisiones, ilegales o arbitrarias que amenacen, priven o perturben estos derechos.

QUINTO: Que, en estos autos el recurrente alega la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de nacionalización, presentada ante el Servicio Nacional de Migraciones el 21 de julio de 2023.

SEXTO: Que, con el mérito de los antecedentes se establece que el Servicio Nacional de Migraciones ha dado la tramitación correspondiente a la solicitud de nacionalización, avanzando de etapa el 5 de noviembre de 2024, sin que el expediente se encuentra aún en estado de ser remitido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la dictación del decreto correspondiente.

SÉPTIMO: Que, por lo hasta aquí razonado y considerando especialmente que la nacionalización es una concesión graciosa de parte de la autoridad administrativa, no se advierte un retraso significativo en su tramitación, que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, y que vulnere alguno de los derechos fundamentales garantizados por vía de protección, debiendo desestimarse la acción impetrada en contra de los recurridos, tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; Ley N°21.325; Ley N°19.880 y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1956-2024/Protección.