nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Talca, diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, chilena, abogada, casada, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región del Maule, en representación, de nombre reservado, chilena, soltera, profesora, cédula nacional de identidad NºRUT reservado domiciliada en domicilio reservado, Región del Maule, quien deduce recurso de protección, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, RUT RUT reservado, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por nombre reservado, en su calidad de Gerente General, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Funda la petición en que, con fecha 24/09/2021, la recurrente suscribió el pagaré N°012CON103068591 por la suma de $7.327.367 por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº18.010. Dicha obligación debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $203.646.-, venciendo la primera de ellas, el día 30 de noviembre de 2021 y, la última el día 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, transcurridos unos meses, por causas ajenas a la voluntad de nombre reservado, fue desvinculada de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, no pudiendo cumplir con la obligación pactada en el numeral 1 de esta presentación, cayendo, por tanto, en mora. En diversas ocasiones la recurrente se dirigió a las sucursales de la recurrida a intentar regularizar la situación, sin embargo, la única opción que ofrecieron era repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva, no pudiendo acceder aquello, porque el incrementó era demasiado, añadido, que era imposible pagar aquellas sumas, ante lo que se iniciaron las acciones judiciales en su contra. Así las cosas, la recurrida declinó de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado, lo que se encontraba dentro de las condiciones pactadas entre las partes. En consecuencia, La Caja de Compensación Los Andes interpuso la demanda ejecutiva con fecha 24 de noviembre de 2022, quedando legalmente emplazado de la misma el 28 de noviembre de ese año, todo esto en causa Rol C-1771-2022, seguida ante el 1º Juzgado de Letras de Talca.

Alega que nombre reservado se encontraba trabajando como docente en el Liceo el Sauce, camino a San Clemente, pero lamentablemente fue desvinculada y es en virtud de lo anterior, y para total sorpresa de la recurrida que recibió de pago por su liquidación de sueldo del mes de agosto del presente año el monto de $ 133.821 ya que aparecía un descuento efectuado por Caja de Compensación Los Andes por el ,monto de $263.756, tal y como se observa del mismo documento, y por lo mismo la recurrente concurrió al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la ciudad de Talca, en busca de una respuesta, conversando con la jefa de recursos humanos, teniendo recién acceso a su liquidación con fecha 11 de septiembre del presente año indicándole que la retención fue hecha por voluntad y autorización de la recurrida. El actuar de la recurrida es un acto sumamente arbitrario, antojadizo y caprichoso, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener al empleador. Es más, dicho descuento se trata sin duda del ejercicio de la anacrónica autotutela, pues haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades, descuentan una suma antojadiza de la remuneración de mi representada, en paralelo al cobro judicial tendiente a embargar y rematar bienes, constituyéndose en un doble pago.

Estima que, el actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad de su representada, en lo relativo a su remuneración, atentando con ello contra el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho.

Expone que el artículo 22 de la ley Nº18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, hay que tener presente que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de las derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere. El acto de autotutela efectuado por la recurrida, consistente en el descuento ilegal y arbitrario de una suma completamente antojadiza desde la remuneración de nombre reservado, sin explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto, no es sino una vulneración explicita a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. El ejercicio de dicha garantía se encuentra resguardado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, mediante el Recurso de Protección y se encuentra dentro de plazo legal, toda vez que la deducción se realizó respecto del mes de agosto de 2024, pagadero los primeros días de septiembre de este año. Así las cosas, sufrió un acto ilegal y arbitrario que la privó y perturbó de su derecho de propiedad sobre $263.756 de su remuneración. Sobre la arbitrariedad del acto que vengo en recurrir, vale recalcar que la recurrida al momento interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que también implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas. En consecuencia, resulta del todo caprichoso y arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, y estando ello en tramitación en sede civil, Caja Los Andes ordene retención de montos cercanos al de una cuota. En palabras simples, la recurrida inicialmente priva a su representada de seguir pagando sus cuotas como fue estipulado inicialmente, y luego, mientras exige el total por vía judicial, de forma paralela y por vías de hecho obtiene un pago parcelado y mensual semejante y superior a un pago en cuotas, todo esto, a su conveniencia.

Finalmente, acota, queda demostrar que este tipo de actuar por parte de las Cajas de Compensación se han efectuado sistemáticamente a lo largo del tiempo, y ha sido conocido en reiteradas ocasiones por la Corte, con fallos a favor de los recurrentes. Cita también, a título ejemplar, fallo de la Primera Sala en causa Rol de ingreso 70.389-2018, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la acción deducida; y fallo de la Sexta Sala en causa número de ingreso Rol 63774-2018, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Pide, acogerlo en todas sus partes, y declarar arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho:

1. Que, la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de las remuneraciones del recurrido.

2. Que, deberá reembolsar los montos indebidamente descontados en la liquidación de sueldo del mes de agosto 2024 en adelante, en un plazo de 5 días hábiles o del que mejor se estime.

3. Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, a folio 8, Inés Riquelme Arao abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, Rut Nº RUT reservado, evacúa el informe solicitado en atención a los antecedentes de hecho y derecho que expone:

Indica que la Caja de Compensación con fecha 24 de septiembre 2021 otorgo a la señora nombre reservado la operación de crédito código N°012CON103068591, por un capital inicial de $7.327.367.-, a una tasa de Interés mensual de 1.10%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $203.646, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de noviembre 2021. Las cuotas de los meses noviembre 2021 a febrero 2022, cuotas N°1 a N°4, fueron pagada con fecha 10 de diciembre 2021 a 10 de marzo 2022. La cuota del mes de marzo 2022, cuota N°5, fue diferida a posterior de la última cuota pactada. La cuota del mes de abril 2022, cuota N° 6, fue pagada con fecha 10 de septiembre 2024. A la fecha, la presente operación de crédito presenta morosidad en las cuotas de los meses de mayo 2022 a agosto 2024, N°7 a N°34. Si bien es cierto que su representada inicio una demanda en contra de la recurrente lo hizo por una obligación legal que establece el compendio de normas que regula a las Cajas de compensación, obliga a ellas a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora. En consecuencia, en la especie, se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

Expresa el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y mecanismo de cobro según el artículo 22 de la ley n°18.833. En sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales. En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Esos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Recuerda que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella. Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

Estima que, en base a todo lo anterior, queda claro que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ tiene varias particularidades que no se deben perder de vista al momento de decidir sobre este asunto:

a.- Se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador;

b.- Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales;

c.- Con todo, es muy importante que S.S. entienda que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833, el que transcribe. Lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio, el que también transcribe.

d.- Es también preciso que quede establecido que el trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y e. Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la CAJA LOS ANDES, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que mi representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

Agrega que la obligación es actualmente exigible – la prescripción debe ser declarada judicialmente. Tal como ha señalado anteriormente en esa presentación, su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre mi representada y el recurrente. Como bien se sabe, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Ese punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, el que transcribe.

Insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, considera que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, enfatiza en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales”. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Luego cita jurisprudencia; fallo de fecha 07 de febrero de 2024, La I. Corte de La Serena rechaza recurso de protección Rol 2343-2023; sentencia de fecha 23 de enero de 2024, la cual esa misma Corte rechaza el recurso de protección; fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel en recurso de protección Rol 131 – 2024; fallos de la Excma. Corte Suprema de justicia, bajo Rol 6890-2024; fallo de fecha 29 de febrero, del Excmo. Tribunal que confirmó la sentencia que rechazo dicho recurso; fallo en Rec. Rol 87663-2023, confirmó sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (ROL 374-2023) que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de Caja Los Andes.

Pide, tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él qué por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En el presente caso, del derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que respecto del objeto del presente recurso, este pretende cautelar el derecho de propiedad sobre su patrimonio, alegando, en síntesis, que la recurrida ha realizado descuentos de sus remuneraciones por crédito contratado con ella, en circunstancias que dicho crédito ya estaba en cobro judicial ante el Primer Juzgado de Letras de Talca.

Sobre el particular, consta de los antecedentes allegados al presente recurso que la Caja de Compensación Los Andes interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, tal cual lo ha expresado y reconocido en su informe, señalando que dicha demanda cumple con las exigencias legales.

Conforme con lo anterior, se debe establecer que no está en cuestionamiento las facultades de la recurrida para realizar el descuento por planilla, ella está autorizada para aquello, como tampoco se cuestiona que aquellos créditos que se constituyan en mora, puedan ser cobrados por la vía judicial, lo que constituye una facultad que puede, o no, ejercer la recurrida, y que en el presente caso, la recurrida reconoce que hizo efectiva tal facultad, dándose inicio causa ejecutiva.

Así, al ejercer la facultad de hacer efectiva la acción ejecutiva, como lo ha hecho la recurrida, ha hecho uso de la opción legal que tenía de judicializar el cobro de la deuda, opción que implica, una renuncia al derecho de ejercer el descuento legal, por cuanto no puede cobrarse una deuda por dos vías paralelas cuando ellas no son compatibles. En efecto, desde el momento en que se opta por una solución judicial, se ha reconocido que la vía administrativa ordinaria no ha dado solución a la deuda, judicializando el cobro de la deuda.

De esta forma, el actuar de la recurrida se torna ilegal y arbitrario, toda vez que, habiendo optado por la vía judicial, luego insiste, en paralelo, con el cobro por la vía administrativa, cobrando una misma deuda por dos vías de forma simultánea, en circunstancias de que al haber optado por la vía judicial, renunció a la facultad de hacer descuento por planilla, afectando con ellos el derecho de propiedad de la amparada sobre la integridad de sus remuneraciones, y con ello su derecho constitucional a la propiedad.

Por todas estas consideraciones, deberá acogerse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección de folio 1, sólo en cuanto se declara lo siguiente:

I. - Que se ordena cesar todo tipo de retención o descuento al recurrente sobre sus remuneraciones;

II. - Que se ordena restituir todos los descuentos ya efectuados, con posterioridad a la notificación de la demanda ejecutiva, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción;

III. - Que se condena en costas a la recurrida.

Redactó el ministro Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1943-2024 Protección.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Diego Palomo Vélez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por no encontrarse.